Larrañaga satisfecho tras lograr acuerdo educativo.

Mediante la propuesta de modificación de la ley de educación “Vázquez”, con doble voto del Presidente y la sugerencia por parte de la oposición de incorporar un nuevo integrante en el Consejo Directivo Central, la política reasume la conducción de la educación.

El líder de Alianza Nacional, en conferencia de prensa junto al Presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, destacó el acuerdo en la redacción final del documento “Fortalecimiento de Autonomía de Centros Educativos”, tal cual viene propugnando desde el 19 de marzo de 2010, tras haber sido el primero de los lideres de la Oposición en reunirse con el -a esa fecha- recientemente electo Mujica.

Ambos destacaron el pleno acuerdo en el programa “Pro Mejora”, que se instrumentará para toda la enseñanza primaria y secundaria.

El Partido Nacional respaldó además la propuesta de transformación del Instituto Tecnológico Superior en Universidad Tecnológica del Uruguay como Ente Autónomo, a instalarse en el Interior del País y al servicio del país productivo.

Por otra parte hubo conformidad en la entrega por parte del Primer Mandatario de un “Plan evaluación de obras”, que describe 219 centros con problemas edilicios, con más de la mitad sin problemas para comenzar el año lectivo.
Larrañaga se mostró satisfecho a la salida de la reunión. El acuerdo significa un mojón fundamental en la lucha de Alianza nacional por más y mejor educación.

El rol de oposición constructiva que viene desarrollando el sector, conjuntamente con el llamado a sala al Ministerio de Educación y Cultura y el Codicen por parte del propio Larrañaga, han sido claves para desembocar en las tres reuniones multipartidarias que han permitido arribar al acuerdo de hoy, lo cual, ratifica y reivindica así el accionar de Alianza Nacional.

Foto: El Observador

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

Larrañaga renuncia al Honorable Directorio

Andresito, 18 de enero de 2012

Sr. Presidente del Honorable Directorio
del Partido Nacional
Luis Alberto Heber
Presente
De mi mayor consideración:

Quiero comunicarle mi renuncia al Cuerpo y a la vez, la ratificación de un inquebrantable compromiso de lucha por la Colectividad que mejor entiende al Uruguay.

Ingresé al Directorio en julio de 1999, hace 12 años y medio, por mandato de las urnas. Fui su Presidente cuando me tocó ganar, y vocal cuando perdí.

Siempre procuré servir a mi Partido desde todas las posiciones en que fui reclamado, como lo haré hasta el último día de mi vida.

Como a Usted le consta, hace tiempo considero que terminó una etapa; hechos y circunstancias fueron dilatando esta resolución inmodificable que ahora se concreta.

Pertenezco a un nacionalismo sin ataduras.

Únicamente me rige el deber con mi Patria, mi Partido y mis Convicciones, por incómodas que resulten.

No hago política especulando porque siempre he considerado que primero está la gente, los problemas que no tienen color político y que éticamente tenemos que resolver. No en la promesa quinquenal electoral, sino
todos los días, nunca creyéndome dueño de la razón, sino constructor de soluciones.

Mi único compromiso es con todos los uruguayos, mi nacionalismo es de respuestas, dignidad y sentido del honor, porque no vivimos solamente en una sociedad de derechos sino también de deberes.

Permanecen en este Honorable Cuerpo grandes ciudadanos, que junto a Usted, lo guiarán al destino que presidió toda nuestra historia.

En consecuencia presento mi renuncia indeclinable al Directorio y consecuentemente lo haré a la Presidencia de la Agrupación Parlamentaria.

Mi lucha continuará, en la trinchera sectorial –con la permanente vocación por el crecimiento partidario-, y buscando en la diversidad, la anhelada Unidad, que nos lleve a la inexorable victoria del Partido Nacional.

El Uruguay precisa impostergablemente un gobierno blanco, nacional, Wilsonista y popular que haga realidad todas las dimensiones de la libertad y la justicia social.

Cuente Ud. con mi aprecio y apoyo, y el Cuerpo, con el respaldo Institucional desde mi condición de nacionalista inclaudicable, dispuesto al esfuerzo y sacrificio que se me pida y necesite.

Hasta cualquier momento.

Jorge W. Larrañaga

Larrañaga emplaza al gobierno a un acuerdo.

Aventuró que la relación cambiará si el diálogo fracasa

El Partido Nacional presentará al gobierno una contrapropuesta para cambiar el rumbo del sistema educativo, basada en diez puntos a ser implementados de forma inmediata, anunció anoche el líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, al cabo de una reunión con la agrupación de gobierno del sector.

Larrañaga quiere que el documento tenga el consenso partidario, por lo cual en estas horas lo someterá a consideración de Unidad Nacional, el otro bloque el Partido Nacional que lidera el senador Luis Alberto Lacalle.

De los diez puntos de la contrapropuesta que se presentará el jueves 15 en la cumbre política a la que convocará el presidente José Mujica, uno es la aprobación antes de abril próximo de la ley de los centros educativos y otra es la reforma de la ley de Educación en el sentido de que los órganos desconcentrados tengan otra integración para evitar el contralor sindical de las mayorías, adelantaron a El País fuentes de Alianza Nacional.

En el mensaje que brindó durante el encuentro con los integrantes de la agrupación de gobierno aliancista, Larrañaga fijó un plazo máximo del 10 de enero para negociar con el gobierno tratando de implementar un acuerdo político que asegure los cambios.

“Si no se hace el acuerdo, la responsabilidad será de un gobierno que tuvo todo y no quiso, o no supo hacerlo”, destacó el senador nacionalista.

El eventual fracaso de un acuerdo político en este tema, que Larrañaga ha levantado como bandera de su sector político, tensará al máximo las relaciones del gobierno con el Partido Nacional, anticipó Larrañaga. Unidad Nacional, el otro gran bloque del partido, no tiene buena relación con el Poder Ejecutivo y hasta ahora el gobierno del presidente José Mujica se ha apoyado en Alianza Nacional para tratar de sumar los apoyos que de cuando en cuando necesita.

Larrañaga se mostró conforme por haber colocado al gobierno en la disyuntiva de modificar el rumbo de la educación o ser dominado por los corporativismos.

“O el gobierno cambia el curso de la educación nacional o quedará preso de dictaduras sindicales que han desvirtuado el interés general”, sostuvo.

Dijo que la oposición y la mayoría de los sectores que conforman el gobierno quieren los cambios propuestos, y que si el gobierno no los aplica “perderá legitimidad” porque “habrá resignado la oportunidad de lograr acuerdos para que la educación sea motivo de inclusión y de justicia”.

“Alianza Nacional hasta allí llegó si no hay acuerdo en la educación; las cosas con el gobierno cambiarán definitivamente”, advirtió.

El documento que presentaron la semana pasada el Ministerio de Educación, la ANEP y la Universidad de la República tiene “vaguedad, extensión y poca contundencia”, dijo Larrañaga, que calificó el material de 96 páginas como “una base insuficiente”.

Larrañaga puso como fecha el 10 de enero para conseguir el acuerdo político y pidió al gobierno “que no le dé más vueltas al asunto” y que no sea “rehén de sindicatos de pensamiento único”.

Fuente: El País

Vea las declaraciones de Jorge Larrañaga

Jorge Larrañaga en “Claves Políticas”

El senador Jorge Larrañaga dijo que si no se introducen cambios al proyecto de ley sobre patente única, no está dispuesto a votar el texto que ya tiene sanción de Diputados. Entrevistado en “Claves Políticas” de Nuevo Siglo TV, Larrañaga dijo que a su entender, el proyecto es inconstitucional y que para que Alianza Nacional acompañe la votación es imprescindible que se hagan los ajustes. “Si lo quieren sacar de prepo, no va”, dijo el líder blanco.
Larrañaga se mostró confiado en la suerte electoral del Partido Nacional para 2014 y dijo que en la competencia del Partido Colorado, no le preocupa el plebiscito por la seguridad pública sino sus convicciones personales. Dijo que no acompaña esa campaña y que en el plebiscito no va a ensobrar la papeleta del “Si” a esa enmienda constitucional
El senador blanco reivindicó su estrategia de relación con el gobierno y también habló de la interna del Partido Nacional, incluso sobre el caso de un senador de su sector. “(Sergio) Abreu ha elegido el camino de constituir un sector, y me parece legítimo que lo haga”, dijo Larrañaga. .
Consultado si debido a esta tensión interna, el senador que fue compañero de fórmula presidencial en las elecciones de 2009, Larrañaga fue contundente: “Yo creo que el senador Abreu por decisiones personales y políticas es claro que está afuera de Alianza Nacional”.

A continuación algunos tramos destacados de la entrevista, y al final, el texto completo de la nota que se emite esta noche en “Claves Políticas” por Nuevo Siglo TV con repetición mañana martes.

-¿Cómo ve la relación de Alianza Nacional con el gobierno de Mujica?

-Nosotros hemos querido marcar una oposición diferente, una oposición que critica pero que también ofrece, que también propone, por aquello que yo estoy absolutamente convencido que va a acontecer, que en la próxima elección ningún partido va a tener mayoría parlamentaria en la primera vuelta. Si eso es así, van a ser necesarios caminos de diálogo y de entendimiento.
Entonces como integro un partido que aspira a ganar el gobierno de la República, nadie puede después en el gobierno reclamar lo que no estuvo dispuesto a ofrecer desde la oposición. Y nosotros hemos ofrecido ideas, respuestas, soluciones.
Se me ha criticado pero no me importa, porque si en su momento se criticó nada menos que a Wilson Ferreira, por aquel camino de gobernabilidad, que no era para Sanguinetti, sino para el país y los uruguayos.
Yo creo que también se dan las condiciones para que desde el centro del sistema político podamos intentar equilibrios, respuestas. Por ejemplo el caso más claro es el tema que vincula a la seguridad pública.

¿Cuántas cosas el gobierno tomó desde nuestras propuestas? Ahora en el tema que vincula a la educación, si hay diálogo educativo ha sido por nuestra pertinaz forma de ser de seguir insistiendo, de sugerir este camino el año pasado y comienzos de este año, hasta que el 11 de octubre impulsamos la convocatoria al ministro de Educación al Senado, y logramos una moción del Senado prácticamente por unanimidad, sugiriendo a la institucionalidad educativa un plazo de 45 días que ahora se prorrogó por siete, para concretar un acuerdo nacional sobre la educación. No un acuerdito, porque yo no estoy dispuesto a llevar frente a los graves problemas de la educación un acuerdito más, quiero cambios en la educación, porque la educación pública está rezagándose de manera notoria y notable, y esto me parece que es el peor camino, porque es injusto, porque no incluye el principio de igualdad de oportunidades por lo menos en el arranque para miles de compatriotas.

-Y en ese estilo de relación, el balance hasta ahora ¿cuál es?

-Van 20 meses de 60, la tercera parte. El balance lo estimo positivo de esa forma de reracionamiento, más allá de que apunto en el debe del gobierno desorden, falta de liderazgo e ineficacia en el gerenciamiento de las políticas públicas.
Pero encuentro positivo este camino sino de lo contrario el otro ¿a qué conduce?, ¿a enfrentamientos?, ¿a vías muertas?
En un momento donde el gobierno tiene enormes contradicciones que explicar, donde hay más nítidamente dos equipos económicos, donde el gobierno va para un lado y el presidente para el otro.
Donde el gobierno va para un lado y fuerzas del gobierno van hacia otro lado. Entonces, yo creo que le aportamos un diferencial al sistema política.

-¿Y en el trato personal siente que ha sido correspondido, porque para usted ha sido un costo político?

-Creo que se valora nuestra palabra, más allá de que después en los hechos se recorra otro camino. Pero sentimos que podemos incidir, que somos respetados, que se respeta este posicionamiento. ¿Si esto me trae costos políticos? Bueno, terminemos con esa ecuación de pretender llevar adelante solamente acciones políticais que intenten conducir a obtener logros positivos, porque sino en el medio queda la gente, y los políticos ¿tenemos derecho a cuidar en nuestros mezquinos intereses personales en función de cómo nos va en el camino político sin preocuparnos del ciudadano? Yo no tengo ningún problema en expresar que hago lo que pienso y digo lo que siento, y así me he procurado conducir en la vida política, más allá de los costos, que nunca se saben en definitiva hacia dónde se va. Yo construyo un camino, me parece que es firme, no por dialogar se es más débil.

-¿Y con el dirigente más barrial y departamental qué sintonía tiene con el tema?

-Hay de todo. Por supuesto que siempre hay compañeros que reclaman posturas más firmas y duras en la oposición, pero ni bien uno explica el por qué de nuestra actitud, se entiende. Yo creo que también se valora la posibiliad de obtener respuestas y soluciones para los grandes temas del país, más allá de que no tenemos la responsabilidad de gobierno. Yo podría recorre el camino de decir “lo que quiero que
salga ahora lo prometo para dentro de tres años en la próxima campaña electoral”. Me parece que no es ético, le da más fuerza, más veracidad, credibilidad, puede llegar a inspirar más confianza si lo que puedo proponer hoy después puedo prometerlo en la próxima instancia electoral.

-Uno de los temas que lo ha ocupado es el de patente única. Ahí el Frente Amplio vota en bloque, pero en la oposición hay distintas visiones de compañía o no ¿cómo se llega a la instancia decisiva?

-Nuestros compañeros en Diputados algunos votaron a favor pero reclamándole en la segunda instancia de Senado cambios al régimen de patentes. El plazo constitucional vence esta semana por ser de urgente consideración. Yo creo que hay que salvarle a la ley determinadas inconstitucionalidades. Yo estoy dispuesto a respaldar a los intendentes, pero es sustancial que la fuerza política que tiene mayorías parlamentarias entienda que hay objeciones constitucionales que salvar. El tema de la intervención de las Juntas Departamentales debe salvarse a texto expreso. Que no se me venga con interpretaciones leguleyos que no son compartidas por la inmensa mayoría de los juristas en este país.

-¿Y eso permitiría que entre en vigencia a partir del primero de enero?

-Yo creo que sí. Nada impide porque si hay Juntas que confirieron autorizaciones genéricas a las intendencias, en las otras se puede pasar, pero un régimen de estas características, que no fue resuelto ni siquiera en tiempos de la dictadura, debe impulsarse de manera de que pueda tener un blindaje jurídico y político que no lo haga perforable de ciudadanos que tengan interés legítimo para tachar de inconstitucionalidad.

-Si se hacen estos cambios usted lo vota, ¿pero sino?

-Si se hacen esos cambios yo soy proclive a acompañar. Si sigue como en Diputados, soy partidario de no acompañar. Es una definición.

-Mujica había pedido amplias mayorías

-Pero la mayoría que tiene en el Parlamento el FA tiene la responsabilidad de ser más flexibles para buscar entendimiento. Si lo quieren sacar de prepo, no va.

….

-Hasta ahora teníamos dos figuras claras con Larrañaga y por el otro Lacalle. Ahora una de esas dos figuras sale del Partido Nacional como candidato ¿eso como deja a su partido?

-En 2004 fui candidato único a la Presidencia por el PN y tuvimos la mejor votación que el partido haya registrado desde 1985 a la fecha, aún perdiendo, con más de 35%. Y cuando muchos especulaban con fuga de votos para la derecha, estuvimos a apenas 9.000 votos de la segunda vuelta, con un Partido Colorado que votó apenas 10%. Yo creo que el Partido Nacional es la gran alternativa al FA.
Después de 25 años de gobierno frentista en Montevideo, después de 10 años de gobierno frentista en lo nacional, luego que converjan una cantidad de problemas que van a incidir, como seguridad, salud y educación, la gran alternativa va a ser el Partido Nacional. Nadie va a tener mayoría y eso nos va abrir la posibilidad de ganar la elección en segunda vuelta.
El partido que tiene el techo más alto es el PN de los partidos de la oposición, y tiene amplio abanico. En definitiva en el partido se conjuga la expresión de que las urnas son las que construyen dentro del Partido Nacional

-¿Pero cómo impacta el alejamiento de Lacalle de la candidatura?

-No sé, yo creo que cada uno es dueño de sus acciones y de sus decisiones. Se determinara en los próximos tiempo, yo creo que el PN va a tener elecciones internas, y como en el fútbol son goles, en la política son votos. Y entonces de la interna emergerá el candidato único del Partido Nacional.
Yo no creo que afecte en cuanto a los bloques partidarios. No creo que tengamos fuga de votos por esa realidad. No la tuvimos antes, no la vamos a tener en 2014.
En consecuencia el partido, y lo están demostrando las encuestas, y estoy persuadido que por el pensamiento de los uruguayos el partido que es la alternativa del FA para la próxima elección se llama PN, y en ese tránsito es que vamos caminando con tranquilidad.

-Usted había sugerido explorar la posibilidad de acordar antes de las internas una candidatura única ¿en qué quedó?

-La realidad es que el único partido que tuvo internas desde el 96 es el PN, y eso genera desgaste. Pero es complejo decirle a prestigiosos compañeros y compañeras que pretenden tener una postulación, bájese de tal iniciativa o proyecto para encolumnarse detrás de una candidatura única. Me parece que eso quizá no sea posible, y más allá que queda mucho tiempo, las internas desgastan. Tenemos que ver cómo desgastan menos y cómo el PN sufre menos los embates externos.

-El episodio con Sergio Abreu, que aparece saliendo de Alianza Nacional, ¿no puede dar la sensación de debilidad del sector?

-No, creo que no hay inconveniente de clase alguna. Abreu ha elegido el camino de constituir un sector, y me parece legítimo que lo haga. Alianza Nacional va por otro andarivel, tiene su expresión, y quedará fuera de Alianza Nacional y formará su sector y trabajará.

-¿Ya ha quedado afuera de Alianza?

-Yo creo que el senador Abreu por decisiones personales y políticas es claro que está afuera de Alianza Nacional.

-Había problemas en Alianza con Abreu …

-No es problema de bronca, es problema de posicionamientos. Entonces cuando un compañero elige un posicionamiento hay que respetarlo. El partido deberá recoger la expresión del esfuerzo de los compañeros en todo el país. Y esto quedará reflejado en Alianza, donde importan las personas, los votos, las actitudes, el compañerismo. Tenemos una solidez de pensamiento, de actuar y nos sentimos muy contentos. Yo nunca fui en una lista con el dedo de nadie, todo lo construí sobre la base de esfuerzo, lucha, perseverancia, de recorrer, y es lo que voy hacer.

….

-El Partido Colorado ha quedado con la bandera en defensa de la seguridad con la baja de la imputabiliad, ¿cómo lo ve?

-Ha quedado con la bandera de la baja de la imputabilidad, no con la seguridad, porque Alianza Nacional fue quien más propuestas elevó al gobierno y tomó. Trasladamos muchas iniciativas a un gobierno del FA que algo mejoró en el tema seguridad, si lo analizamos en perspectiva con gobierno de Vázquez. El tema de la imputabilidad me he manifestado en contra, no es solución, y más incorporar ese tema a una reforma constitucional. Es un error.

-En esta campaña entonces vamos a tener elección simultánea, en el Partido Colorado van a estar ensobrando por el plebiscito y en el Partido Nacional algunos van a estar ensobrando…

-Yo no firmo y no voto, y no es en contra de nadie. Me parece que no es solución.

-¿Por la presión de la gente en algunos lugares dirigentes no pueden ensobrar?

-Sí, eso es posible. Ahora, yo no me ensobro o dejo de ensobrar por conveniencia. Yo no voy a firmar, no voy a votar, no voy a ensobrar, voy a dar la discusión porque me parece que está en la tapa del libro que soluciones que no la son en otros países, se pretendan hacer en la Constitución, mal redactada.

-Está clara su posición, pero todas las encuestas indican que la gran mayoría de la gente reclama bajar la edad de imputabilidad

-¿Y desde cuándo los políticos tenemos que actuar en función de las encuestas? Entonces gobernemos en función de las encuestas y no sobre lo que pensamos…

-Pero con el caso de la Caducidad también la oposición habla del pronunciamiento de la gente.

-Pero cuando se produzca la respetaremos, mientras tanto no me manejo con esas encuestas. Yo proyecto y pienso intentar modificar ese pensamiento de la gente, si la gente después resuelve en las urnas otra cosa, aplicaremos lo que la gente resuelva. Ahora, por encuestas no…

-¿Y la gente no le dice en la calle “Jorge, quiero bajar la edad de imputabilidad”?

-La verdad que yo no tengo esa suerte de acoso de la gente. Yo he explicado y cuando explico la gente entiende. No tengo esa premura. Es lo más fácil frente a la sensación de seguridad y miedo que hay en la gente, por supuesto que la gente dice que esa es la solución. Pero la seguridad transita por otro lado.

-Para muchos la imagen de Bordaberry en este tema es como en la carrera del gran premio, que viene por atrás y se cuela en la definición…

-Perdón, pero el disco está en el lugar que está, y no se puede mover, ni adelantar ni atrasar, y es en octubre y noviembre de 2014. Basta de la especulación, yo no estoy en posiciones en función de que me puedan generar mayor o menor rédito, ni tampoco hago imputaciones a quienes lo hacen. Pero yo creo que el otro tema que está cerca en los uruguayos es la educación.

Vea el video (53 minutos total)

Larrañaga lanzó su proyecto para los centros educativos

El senador nacionalista Jorge Larrañaga presentó este martes un proyecto elaborado por él y su sector que lleva el título de Fortalecimiento y Protagonismo de los Centros Educativos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Según expresó el propio Larrañaga, su propuesta “es una nueva señal para intentar reunir el sistema político por encima de las corporaciones porque la educación es de interés general y no de unos pocos”.

“Esta iniciativa le da autonomía y participación a los centros de enseñanza, y también le da participación a los padres, porque hay que recuperar los valores en todos lados”, declaró el senador opositor, “la educación pública no puede seguir siendo una educación residual de segunda jerarquía”.

Los pilares en los que se apoya el proyecto Larrañaga son: la autonomía pedagógica y de gestión de los centros, para adaptarse al contexto sociocultural, la formación de comunidades educativas, instituyendo la figura del profesor-cargo, la participación social, habilitando a la ANEP a celebrar convenios de cooperación con las Intendencias Municipales, la descentralización de recursos presupuestales y la evaluación y seguimiento de resultados.

Descargue el proyecto

Fuente: El Observador

“La política debe reasumir su rol conductor”

Escuche el audio de la intervención de Larrañaga:

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

A continuación, la transcripción de dicha intervención.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: estamos convocando a las autoridades de la enseñanza para tratar un tema central para el país: la educación, que es la que nos permite comprometernos con el modelo de sociedad que pretendemos tener.
La educación en el Uruguay ha sido, históricamente, un orgullo; sin embargo, ahora tenemos la percepción clara e inequívoca de que provoca exclusión, es injusta, no brinda oportunidades para la superación de los individuos, afecta el tejido social y constituye una limitante para el desarrollo nacional.
Siempre se ha dicho que sin educación no hay futuro –al menos no el que soñamos para nuestra gente–; y, además, sin educación legitimamos diferencias y exclusiones.
Señor Presidente: agradecemos la presencia del señor Ministro, de la señora Subsecretaria y demás autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, así como también del señor Presidente del Codicén y de sus integrantes, pues la consideramos importante y trascendente.
Frente a lo que muchas veces se ha expresado en el sentido de que en este Senado o en el Parlamento no se tratan los grandes temas de los uruguayos, creo que es importante que hoy en este marco analicemos, junto a los principales referentes de la oposición, al señor Vicepresidente de la República y a las autoridades de la Enseñanza, una cuestión vital y fundamental como es la educación uruguaya.
Realizamos esta convocatoria con la mejor disposición de ayudar al país a retomar un rumbo que nunca debió perder; no la impulsamos para tener una fugaz aparición en los medios de comunicación, sino que la hacemos de buena fe y asumiendo el compromiso inquebrantable que nos conduzca a buscar respuestas sobre la calidad educativa del Uruguay.
En lo personal, quiero ayudar y colaborar con la mayor transformación que una sociedad puede generar: la revolución educativa, la revolución de las oportunidades y la revolución de la esperanza. En definitiva, de eso se trata cuando hablamos de educación.
Decía Mandela: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, y creo que es así. Tenemos esa extraordinaria herramienta; solo falta que se transforme en algo beneficioso para la vida de los uruguayos.
Compartimos –creo hablar por todos en esta Sala– el espíritu con que el Presidente José Mujica concurrió el 1º de marzo de 2010 a la Asamblea General a manifestar que todos los gobernantes debíamos ocuparnos de la educación, que debíamos llenar planas, como en la escuela, y escribir cien veces: “Debo ocuparme de la educación”. Estoy en este Senado procurando ocuparme de la educación y tratando de que se den las respuestas que el país necesita. Es con este espíritu de construcción nacional que nos encontramos aquí, por supuesto si es que ello se nos permite, siempre en función de lo que se conteste ante una requisitoria de estas características. Entendemos que la contestación que nos puedan dar los integrantes del Gobierno es tan vital como la que pueda surgir de quienes están al frente de la Enseñanza.
El 17 de agosto de 2010, en esta misma Sala, nos dirigimos al Cuerpo y realizamos una exposición sobre el tema: “Educación de tiempo completo, escuela pública y situación social”. Por ende, quizá no exista novedad alguna en las palabras de alerta que pronunciaremos sobre la delicada situación en la que nos encontramos, porque tampoco la hay en cuanto a los problemas generados. Pienso que tenemos problemas y, si los tenemos, creo que la mejor manera de enfrentarlos es estando juntos, porque eso hace al diferencial del sistema político del Uruguay.
A mi juicio, se sigue sin ejercer el liderazgo de la educación por parte del poder político. Consciente de que esta apreciación puede generar diferencias, esto es lo que, al igual que muchos en esta Sala, pienso sobre el tema.
La educación no marcha bien. La educación flota en medio de dificultades y con respuestas que no son acordes a la alta inversión que el país lleva adelante. Es más, se viene consolidando un fenómeno –que denomino “de privatización de las oportunidades”– que hace que la gente perciba dificultades y reclame soluciones inmediatas.
Días pasados, una empresa que recaba datos de la opinión pública informó que una importante mayoría de uruguayos percibe que la Educación Primaria y Secundaria ha empeorado en los últimos diez años. Todos sabemos que no vamos bien y que esto tiene que cambiar. Hace falta una verdadera operación de rescate y salvataje de la educación uruguaya, así como un “plan libertad” para niños y jóvenes que asegure respuestas concretas en la materia. Podríamos decir que lo que define a un país es la capacidad de generar expectativas y oportunidades para la sociedad. Ahora bien, creo que tener más recursos para alcanzar peores resultados constituye en el Uruguay de hoy una triste ecuación de rezago.
Me pregunto –como seguramente se preguntarán todos–: ¿tenemos desde la educación la capacidad de generar sueños y esperanzas como sociedad? Hay interrogantes y preocupaciones que queremos trasladar a las autoridades de la Educación, que creo son las mismas que en su oportunidad le planteamos al señor Presidente de la República, como representante del Poder Ejecutivo.
Hemos venido a esta sesión del Senado no solo con diagnósticos sino también con propuestas, pues creemos que lo antes posible deberíamos pasar de los diagnósticos a las respuestas, de las palabras a los hechos. Entendemos a las políticas no como un escenario de negación del otro, sino de reconocimiento y, por tanto, de acuerdos. Tenemos la voluntad de impulsar acuerdos y entendimientos que, por supuesto, se cumplan, porque de lo contrario quedaremos en el camino de la frustración y de la falta de credibilidad. Como político, como representante y como Senador de la República no quiero quedarme de brazos cruzados. En esta sesión debemos analizar el estado de la Educación, su gestión y los resultados alcanzados. Es evidente que las causas que actualmente impactan en ella son multidimensionales. Aclaro que no deseo hablar de cuentas viejas –quisiera no aludir a ellas, pues quizás todos seamos deudores de esas cuentas o corresponsables–, sino que quiero referirme al presente, al futuro, porque eso nos hace mejor a todos los que estamos en este recinto y hace que podamos alcanzar respuestas positivas que redundarán en un cambio imprescindible.
Tenemos la convicción de que hay problemas en la gestión de la educación uruguaya que están impactando en sus resultados y, a lo largo de esta presentación, pretenderé señalar algunas consideraciones sobre la situación que muchos coinciden en catalogar de emergencia. Analizaremos evidencias de dicha emergencia, cómo impacta en nuestra sociedad y cómo lo hará en el futuro, y también estudiaremos las alternativas, porque deben existir para la situación actual. Es con ese sentido positivo que consideramos esta comparecencia.
Debemos apreciar la situación de la Escuela Pública uruguaya y de la Educación Secundaria, donde se agudizan los mayores problemas, como veremos más adelante. Ante este estado de situación, debemos reseñar que en el sistema educativo uruguayo estudian 984.825 alumnos, de los cuales el 90% lo hace en la órbita pública, lo que configura un dato no menor. Por tanto, el futuro de casi 900.000 niños y adolescentes está supeditado a las respuestas del Estado. Todos los uruguayos hacemos un gran esfuerzo y se asignan muchos recursos a la Educación, pero ese esfuerzo requiere o, mejor dicho, exige, mejores resultados.
Reconocemos que la evolución de la inversión educativa a partir de 2004 se ha incrementado; eso nadie lo discute. En el año 2010 se invirtieron US$ 1.800:000.000 en la Educación, lo que significa una enorme inversión. También tenemos algunas cifras respecto de los resultados de la Educación Primaria. Hoy asisten a la escuela aproximadamente 310.000 niños, y la cobertura educacional primaria está cercana al 100%. Si bien la cobertura es alta, en su interior esconde graves problemas, como son la repetición, la extraedad y los pases sociales. Según datos del Observatorio de Educación, a mejor contexto socioeconómico del alumno, mayor es el porcentaje de aprobación. En el ámbito urbano, la no aprobación para los contextos más desfavorables fue de 9,9%; y para los muy favorables, de 3,2 %, es decir que, si comparamos los extremos, vemos que la repetición es tres veces superior. Y este es un dato realmente preocupante. Tenemos que imaginar que estas cifras son relevantes porque los resultados desfavorables en Primaria condicionan los resultados en Secundaria. De cierta manera, se puede hablar de una acumulación de fracasos que lleva a la inequidad y a la exclusión. Obsérvese que entre 2003 y 2008 se registró un descenso sistemático de la repetición escolar, pero los registros se estancaron. El 23% de los niños que egresan del ciclo primario repitió algún año –principalmente primer grado– y sólo uno de cada diez de los que repitieron luego termina la Educación Secundaria. Por tanto, en cada niño que repite en Primaria, hay una predeterminación sobre la probabilidad de egreso de la Educación Media.
Como ya veremos, en Enseñanza Secundaria las cosas empeoran. La repetición y el abandono en los liceos públicos pasó de 21,3% en 2004 a 27% en 2010, mientras que la repetición en los liceos privados ronda el 4%. A nuestro juicio, esto es preocupante y alarmante. Tengamos presente que según el informe PISA, Uruguay es el cuarto país del mundo con mayor repetición a los 15 años entre los estudiantes escolarizados; un 13% de los que culminaron Primaria el año anterior no termina el primer año de Educación Media, y esto demuestra lo crítico de la transición entre el pasaje de Primaria al liceo.
Ahora daré otro dato: solo el 30% de los que comienzan el bachillerato en un liceo público lo termina. Según la Encuesta de Hogares, solo el 71,8% de la población urbana logra completar el Ciclo Básico; y el 38,5%, el bachillerato, lo que apenas nos ubica en el promedio general de América Latina, pero muy por debajo del promedio de otros países como Chile y Argentina, según datos de Unicef del año 2009. En este estado de situación, también debemos hacer mención a las brechas sociales existentes en la culminación de Secundaria. La relación entre las tasas de egreso de la Educación Media para los quintiles más pobres y más ricos muestran que Uruguay presenta una de las brechas sociales más amplias. La primera diferencia se observa entre el sistema de gestión estatal con un 27% de repetición, mientras que en la gestión privada el porcentaje es de 3,9%. Entre los más pobres, egresan del Ciclo Básico el 34,1%, pero, en contrapartida, entre los más ricos el porcentaje pasa al 95,5%, según un informe de Cepal de 2008. Los resultados de la prueba PISA confirman estos datos: Uruguay fue el país que presentó en dichas calificaciones la mayor desviación estándar entre todos los países que se presentaron, es decir, un alto nivel de inequidad en los resultados de aprendizaje entre los estudiantes uruguayos. Si consideramos las tres pruebas –lengua, matemáticas y ciencias–, veremos que el 30% de los jóvenes uruguayos escolarizados de 15 años se ubica por debajo de ese umbral mínimo de competencia. Esto significa que tres de cada diez jóvenes están en riesgo de ser excluidos, pues no han adquirido ese mínimo de competencias básicas para integrarse a la sociedad y al mercado de trabajo.
En la prueba PISA del año 2003, los jóvenes uruguayos por debajo de ese umbral mínimo eran el 21%, pero ese guarismo está creciendo. La edición 2009 de las pruebas confirma que Uruguay se ha estancado, y esa desigualdad de aprendizaje reproduce las desigualdades sociales, lo que termina generando exclusión e inequidad, como ya lo expresamos. En casi dos décadas se ha visto un estancamiento en las tasas de egreso.
Según Cepal –datos de 2008–, en 1990 el país se ubicaba en los primeros puestos de la región, detrás de Chile y Argentina, con una tasa de egresos de la educación media superior, de jóvenes de entre 20 y 24 años, del orden del 32%, tasa que en el año 2006 apenas creció a 39% –incluso, en 2008 desciende–, mientras en igual período varios países de la región vieron cómo se incrementaba notablemente su tasa de egreso. El cuadro es chico, pero cabe destacar que en Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador la tasa de egreso es superior a la que registra nuestro país. Como consecuencia de esta evolución entre los años 1990 y 2006, Uruguay descendió del cuarto puesto al lugar número diez en la región.
Pensemos que los que no estudian ni trabajan, los excluidos de hoy, son los marginados del mañana, y se convierten en la cara más visible y preocupante, a nuestro juicio, del fracaso del modelo educativo.
En el año 2010, el 12,4% de los jóvenes de entre 15 y 20 años de edad no asistía a un establecimiento educativo, no trabajaba y no buscaba trabajo. La fuente de estos datos es el trabajo titulado “Logro y nivel educativo de la población. 2010”, del Ministerio de Educación y Cultura.
El panorama de UTU también es tremendamente preocupante; la matrícula creció de manera insignificante –apenas un 2%, según creo–, pero no voy a dar muchas cifras porque tampoco las hay. Simplemente quisiera mencionar que la repetición y la deserción alcanzan niveles del 40%. Repito: la deserción y la repetición en UTU alcanzan el 40% y se incrementan entre estudiantes extraedad, llegando al 60%. A su vez, tenemos que analizar la relación con los niveles de ingreso, porque también hay desigualdades en función de los términos educativos. Según datos del Ministerio de Educación y Cultura, al considerar grupos con mejor nivel de ingreso se puede constatar que aumentan las tasas de culminación. Todos sabemos que la transición de la educación al mercado laboral resulta particularmente difícil para los sectores de población que abandonan los estudios.
Precisamente, el documento “Logro y nivel educativo de la población. 2010”, ya mencionado, consigna que el logro educativo –cito textualmente– : “es indicativo, entre otros aspectos, de las oportunidades que una persona tiene, de ocupar una determinada posición en la estructura social”. No logramos equidad entre los distintos grupos de ingreso. El documento continúa: “Podríamos hablar de una ‘simetría de la desigualdad’:” –entre los más ricos– “una de cada dos personas acceden al nivel terciario entre los más pudientes y 6 de cada 10 no llegan a educación media entre los más desposeídos”. Señor Presidente: por supuesto que esto no comenzó el 1º de marzo de 2010, pero el informe es categórico: “En este sector de la población, entre 2006 y 2009, se registra un empeoramiento relativo pero constante en los niveles educativos alcanzados”. En el Uruguay de hoy las desigualdades sociales reproducen desigualdades educativas y, por ende, se limitan las oportunidades.
Fíjense cuál es la conclusión del trabajo: “El conjunto de estos elementos permiten completar el mapa de la relación existente entre un sistema universalista y una estructura social en la que se desenvuelve con bastante incomodidad. Estructura que resiste los esfuerzos que apuestan por transitar el camino hacia la equidad y la inclusión educativa”. Estos resultados tienen efectos y demuestran la profunda crisis de calidad que afecta a nuestro sistema educativo, y tenemos que hacernos cargo de ella.
Simplemente y a modo de síntesis voy a reseñar expresiones formuladas por el Profesor Renato Opertti en su trabajo “Cambiar las miradas y los movimientos en Educación: ventanas de oportunidades para el Uruguay”, donde se refirió a tres órdenes de problemas básicos que jaquean nuestra educación desde larga data: calidad deficitaria, intolerable inequidad y excelencia marginal.
Otra consecuencia es que los significativos niveles de fracaso de la educación media indican que en las últimas décadas Uruguay ha realizado, de hecho, una selección temprana del alumnado. En nuestro país la educación media funciona como un nivel seleccionador, ya que egresa de dicho ciclo tan solo un tercio de los jóvenes. Estos elevados índices de repetición y desafiliación significan una fuerte limitación para el desenvolvimiento de las potencialidades personales.
Según el Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT: “en 2010 los ocupados que en su ocupación principal no alcanzaron un ingreso líquido mensual de $ 10.000 fueron 813.000, lo que representa un 52,6% del total”. De ellos, “mientras el 37% tiene hasta primaria completa, un 43% no logró concluir el nivel secundario”. Por ende, es fácil entender que se está afectando el entramado de integración social, así como la forma futura de convivencia, estableciendo un freno para ese desarrollo nacional concebido en términos de valor agregado al conocimiento. Creo que la viabilidad del país, su integración social y su posibilidad de desarrollo humano dependen de la mejora de los resultados y de la calidad de los aprendizajes en la educación media, y de la educación en general.
Por lo tanto, señor Presidente, ¿cuál es la explicación de esta situación? Me parece que ella reside en que asistimos a un fracaso de la matriz educativa; y si hay un fracaso del modelo, hay que cambiarlo. Fundamentalmente el modelo de la educación secundaria fue concebido hace casi un siglo, para una sociedad, una cultura y un tipo de alumno que hoy no existe. Hay que superar esa concepción envejecida y antigua del sistema educativo; tenemos que modernizarnos y transformar el modelo educativo uruguayo porque, de lo contrario, nos estamos rezagando.
Los resultados vienen a evidenciar que esta emergencia nos complica desde todo punto de vista. Además, cabe formularnos otra pregunta: ¿podemos aspirar a competir en la era del conocimiento con estos guarismos? Nuestra economía no puede aspirar a crecer y desarrollarse cuando estamos enviando al mercado de trabajo personal sin la adecuada calificación. Esta no es una postura economicista. El Uruguay ha venido creciendo en guarismos importantes a partir del año 2004, pero el crecimiento económico no es compatible con un sistema educativo obsoleto y antiguo. Además, sin desarrollo sustentable no puede haber distribución de la riqueza. Si no mejoramos la educación uruguaya no podremos mejorar los niveles de distribución de la riqueza. Más aun, estamos legitimando exclusiones que impactan en el modelo de convivencia ciudadana. Hay una suerte de ruptura social que comienza a alumbrar un proceso de formación de subculturas, con identidades y expectativas propias y diferenciadas. Me parece que esto es tremendamente impactante para el tejido social de los uruguayos, para el tejido social del país. No lo digo como acusación a la fuerza política que gobierna, sino para expresar que todos tenemos que hacer un análisis importante para ver cómo cambiamos este estado de situación que impacta negativamente sobre el país.
Hace 2.500 años Pitágoras enseñó que había que educar al niño para no castigar al hombre. Esto nos impone la reacción y la necesidad de cambiar.
Pero antes de hablar de alternativas tenemos que hacer referencia a la infraestructura y a la autonomía, dos condicionantes importantes que tienen una incidencia singular. Respecto a la infraestructura nos preguntamos: ¿es posible enseñar a niños y muchachos en aulas que se llueven, que no tienen luz ni agua potable, con baños en mal estado, o con todos estos problemas juntos? ¿Podemos aspirar a lograr un nivel de excelencia con la actual infraestructura educativa? Todos los días la prensa señala una cantidad de situaciones de esta naturaleza. Los padres de los alumnos hacen este reclamo.
Recuerdo que hace unos cuantos años, en aquel proceso de consolidación de las escuelas, se quiso cerrar la escuela de Colonia La Paz, en el departamento de Paysandú, por el simple hecho de que había cinco alumnos y el edificio escolar tenía problemas. En ese entonces era Intendente Municipal y dije: “¡No; la escuela no se cierra, la construye la Intendencia!”. La escuela fue construida por la Intendencia; en la actualidad tiene más de 20 alumnos y sigue siendo un centro que irradia políticas sociales. Me parece que es trascendente.
La edificación escolar es vital, porque hay problemas edilicios que repercuten en el proceso de aprendizaje. Pero no quiero hacer pie en la infraestructura como un problema en sí mismo, porque estoy convencido de que aun con los edificios en buen estado los problemas de la enseñanza seguirían perdurando, puesto que el problema es de modelo, el problema es de gestión, el problema es de resultados, el problema es de evaluación, y no puedo soslayar esto.
Recientemente se ha firmado un fideicomiso entre la ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Según nos consta, se tardó seis o siete meses en firmarlo –si no me equivocó se firmó el 8 de setiembre– porque se estuvo discutiendo el porcentaje que le correspondía a la Corporación Nacional para el Desarrollo para llevar adelante la implementación de las obras. Esto habla de un problema ejecutivo y de gestión para dar respuesta. Por este motivo, llevamos adelante esta iniciativa.
Fíjense, que hasta el 31 de agosto de 2011 la ANEP había ejecutado el 37,5% del dinero destinado a inversiones, poco más de un tercio de los fondos. La ANEP remitió a la Corporación Nacional para el Desarrollo un plan de obras que marca 315 edificios que se encuentran en situación deficitaria. Muchos de los Senadores recorremos el país y vemos cómo los Gobiernos Departamentales colaboran activamente con la educación en sus departamentos; sin embargo, la realidad pasa incluso estas cifras. La advertencia de lo que hoy sucede en los edificios escolares o liceales es muy clara y nítida; estamos asistiendo a una suerte de colapso edilicio en lo que refiere, precisamente, a los centros de enseñanza.
También haremos referencia al tema de la autonomía.
En un hecho tan importante como los Acuerdos del año 2010 se habló de la designación de una representación del sistema político integrando los organismos de enseñanza, y solamente se cumplió con la parte vinculada al Codicén, con un único representante en 14 cargos, que es el Licenciado Corbo. La otra parte de lo acordado no se cumplió. Es decir, el sistema político acordó y aprobó algo que desde el sistema educativo, que se afilió a la autonomía, no se cumplió.
Voy a referirme al tema de la autonomía porque considero que es uno de los aspectos importantes y trascendentes. Pivel Devoto, en una comparecencia ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, analizaba el concepto de autonomía con la precisión y exactitud que lo caracterizaba y decía que jurídicamente suponía el traspaso de determinados poderes jurídicos desde el Estado central a una persona jurídica menor; que la enseñanza constituye un inmenso patrimonio, pero que no es exclusivo de los docentes sino que es patrimonio de la Nación misma y esta se expresa legítimamente a través de los órganos representativos de su voluntad. Agregaba que al cuerpo técnico le corresponde estimular y enriquecer, pero no es posible admitir la elitista pretensión de que estos grupos técnicos constituyan una suerte de liderazgo social nutrido de una concepción científico-docente, porque la experiencia de los valores esenciales de la sociedad laboral no acontece en un laboratorio cultural o en privilegiados cerebros. Esta acertada y preclara noción de autonomía de Pivel Devoto es la que sostenemos desde el Senado. Pero, en los hechos, en materia educativa la autonomía se ha transformado en un obstáculo para los cambios.
En este sentido, recuerdo que el pasado 22 de junio compartimos con el Consejero Corbo la mesa de expositores de la Conferencia “Desafío del cambio. La Nueva Educación”, organizada por la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate, y también estuvieron el Vicepresidente de la República, el señor Ministro de Educación y Cultura, el señor Secretario General del Partido Colorado y el señor Presidente del Partido Independiente. En esa oportunidad, el señor Presidente del Senado dijo algo con lo que estoy de acuerdo y que muchos ciudadanos compartimos. Entre otros conceptos, expresó: “Tiene que haber una conducción nacional de la educación en el país”; “el sistema educativo de un país no es un conjunto de autonomías; es un sistema en el que cada nivel, cada rama, cada espacio de la formación del ser humano cumple un papel”; “la autonomía no puede ser un límite a la construcción de una política educativa nacional”. Pero me parece que esto no se está aplicando integralmente, porque la autonomía ha pasado de ser una fortaleza para convertirse en una debilidad del sistema. Estamos trabados y la autonomía oficia de excusa para los cambios o bien de obstáculo en otras oportunidades. Incluso, el propio Ministro, en una entrevista para el semanario “Búsqueda”, señaló que “el Poder Ejecutivo trabajará al límite de la autonomía educativa para que se superen los problemas del sistema”. Ahora bien, la autonomía no puede suponer un divorcio de las necesidades del país; en un sistema democrático, representativo y republicano, las necesidades y los objetivos son definidos por la ciudadanía junto con los Partidos Políticos.
A nuestro juicio, en la gestión de la educación existen trabas de nivel corporativo –esto lo tenemos que señalar– y con el freno de mano puesto no se puede avanzar. Indiscutiblemente, esto habla de la necesidad de llevar adelante cambios en la conducción de la educación, conducción que debe ser nacional. Un sistema político no puede quedar al margen de las decisiones que impactan sobre todo el país; eso no es posible. En aras de preservar la autonomía, no se la puede llevar hasta límites que generen una suerte de chacra que excluya a buena parte de la sociedad de un tema que nos involucra a todos los uruguayos, estemos o no dentro del sistema político.
Mediante la Ley General de Educación –Nº 18.437– se opera una transferencia de poderes para la conducción de la educación pública a favor de una posición proclive a la representación social. A mi juicio, la sobrerrepresentación de poderes sindicales en la dirección de la educación ha significado una sectorización de los poderes públicos, así como la pérdida de pluralismo político e ideológico en los Consejos Desconcentrados, donde la oposición –que representa al 50% de la ciudadanía– no tiene presencia. Esto es real: la oposición no tiene presencia; no la tuvo en el Gobierno anterior y en el actual Codicén tiene solamente un representante en cinco.
Señor Presidente: estamos reclamando que la política, como instrumento de dilucidación y administración de los intereses públicos, reasuma su rol conductor del proyecto país. Se podrá decir que en los anteriores Gobiernos –en los de los Partidos tradicionales– parte del país no estuvo representado; es posible que haya sido así, no voy a ser tan obtuso como para negarlo. Pero por el hecho de haber actuado de esa forma en anteriores oportunidades, ¿ahora hay que conducirse igual, en una suerte de revancha? No avalo ese tipo de situaciones; tampoco planteo suprimir la representación social de la educación. Pero no quiero que la representación del interés general quede diluida por los intereses sectoriales ni corporativos; ¡no lo quiero! ¡No lo quiere el país ni lo quieren los beneficiarios del sistema educativo, que son los que lo soportan con las cargas públicas! Creo que no lo quiere la inmensa mayoría de los uruguayos. No estoy en contra de nadie, ni de sindicalismos ni de gremialismos. ¡No! Sí estoy en contra de que los intereses sectoriales estén por encima del interés general, porque la autonomía no puede servir para cumplir con cualquier objetivo que no vaya en línea con el interés general. A mi juicio, la representación social tiene un papel específico, pero no puede conducir la educación. En una democracia representativa la educación debe tener una conducción nacional con participación del sistema político. Esto es así; por supuesto que debe haber participación de la institucionalidad educativa, pero también tiene que haber una conducción política. Por eso queremos el cambio, pero para que haya un cambio tiene que haber participación del resto del sistema político. El Gobierno –el Frente Amplio– no puede hacer esta tarea solo. Hay que llevar adelante cambios que beneficien al sistema y por eso debemos preguntarnos ¿qué vamos a hacer desde los Partidos Políticos? ¿Qué vamos hacer desde el Gobierno? ¿Qué vamos a hacer desde la institucionalidad educativa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a resignar? ¿Vamos a admitir con pasividad que la educación continúe bloqueada?
Creo que desde nuestras filas estamos ofreciendo lo que el país precisa, y miren los señores Senadores la paradoja que está planteada: los problemas de la educación son tan pero tan importantes que el Gobierno debería tener iniciativa para impulsar un acuerdo nacional con el resto de los Partidos Políticos. Sin embargo, la situación se da a la inversa: el acuerdo se está pidiendo desde la oposición. Esta es la paradoja.
Me parece que los problemas que aquejan a la educación son de todos, pero la responsabilidad de intentar solucionarlos es de la fuerza política que gobierna. Ya han transcurrido veinte meses desde que asumió este Gobierno y le quedan cuarenta meses más; van ochenta meses de gobierno del Frente Amplio y a medida que se incrementa la inversión, lamentablemente, aumentan los resultados negativos. Más allá de que pueda o no gustarnos, esto es indiscutible y es lo que pienso. Vengo al Senado con buena fe, con disposición de aportar y alertar sobre lo que esto significa; de lo contrario, simplemente me hubiera quedado en las trincheras políticas con cualquier micrófono que se me presentara en el país, sin contradictor y sin nadie que me contestara. Además, de haber tenido otra intención, esta no sería una sesión en régimen de Comisión General, sino directamente una interpelación con señalamientos.
Sin embargo, estamos proponiendo lo que creo define al Uruguay; esto es el Uruguay. Yo me siento orgulloso de este país y del diferencial de su sistema político, y lo defiendo porque me parece que estamos en condiciones de llevar adelante este tipo de entendimientos que le hagan bien al país.
Además, cuando demandamos un cambio no estamos solos. Desde la propia fuerza política de gobierno se percibe el problema; varios de sus sectores y Partidos han emitido declaraciones radicalmente críticas. No se trata del antojo de este Senador que viene aquí a hacer críticas al Gobierno; no es así.
Desde el propio Frente Amplio se han efectuado señalamientos. Por ejemplo, un documento del Nuevo Espacio, preparatorio del Plenario del Frente Amplio del 4 de setiembre pasado, establece que, ante la penosa situación de un altísimo porcentaje de jóvenes que desertan, se hace imperativo pensar en el cambio de nuestro sistema educativo público y llevarlo a la práctica cuanto antes.
Hace pocos días, también la Vertiente Artiguista hizo recomendaciones sobre cambios en la educación. Asimismo, el Partido Socialista ha presentado un documento para el cambio educativo; el Frente Líber Seregni ha declarado lo mismo; el Partido Colorado ha presentado cincuenta medidas; el Partido Independiente se ha manifestado reiteradamente en el mismo sentido y ha promovido iniciativas para generar cambios educativos.
Por lo tanto, la conciencia con respecto a la necesidad de cambio es transversal al sistema político. Pero en los hechos, señor Presidente, lamentablemente han sido discursos en paralelo. Esto ya lo he expresado varias veces; creo que este planteo relativo a la educación no puede esperar.
Podemos pelearnos sobre lo que concierne a la seguridad, a la ley de salud sexual y reproductiva, con respecto a si liberamos o no la marihuana y sobre muchísimos temas, pero pelearnos sobre la educación es agregarle frustración. Confrontar es generar frustración, desencanto para las soluciones que los uruguayos están esperando.
Por eso nosotros hablamos de un acuerdo nacional. Se lo planteamos al señor Presidente el 18 de marzo de 2010 en la Torre Ejecutiva; también lo hicimos el 6 de junio pasado cuando, junto con el señor Diputado Mañana y el señor Senador Da Rosa, le presentamos un documento como agenda positiva de cambios en la educación pública nacional. Quiere decir que no lo estamos haciendo por un impulso de momento; no se nos ocurrió hacer esta convocatoria de la noche a la mañana, simplemente por hacer una más. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de este tema, de la necesidad de los cambios. Aceptamos que no conocemos todas las respuestas, que quizás no tengamos toda la razón y lo que hemos expresado puede ser opinable en varios aspectos.
¿Quién es el dueño de la verdad? Personalmente, creo que no existe. Pero nos parece que es necesario realizar un nuevo acuerdo nacional. Precisamos un nuevo contrato de los uruguayos con la educación, un cambio potente que tenga cimientos firmes, una política de Estado que opere como blindaje de la agenda de cambios, como protección, no en contra de nadie, sino como una política nacional perdurable en la cual la institucionalidad educativa tenga un papel gravitante, pero donde no se deje ahogados al sistema político nacional y al blindaje social que el país precisa para tener un modelo educativo de quince o veinte años.
Considero que esto no necesita la unanimidad, pero sí mayorías categóricas y plurales. Sin ellas no se puede garantizar ningún cambio.
La dimensión de la tarea, la urgencia de la hora, el futuro de los hijos de los uruguayos hacen necesaria la reforma que estamos proponiendo para que se produzca ese cambio. Creo que los componentes del acuerdo deberían integrarse con un entendimiento sobre el contenido del cambio y un acuerdo sobre el gobierno de la enseñanza, para fijar un rumbo y, simultáneamente, un elenco director de la enseñanza comprometida con él.
Considero que tiene que haber una hoja de ruta que, antes de pasar a los elementos centrales de nuestra propuesta, tenga tres partes: institucionalidad educativa, gobierno y partidos políticos que definan un programa conjunto de cambios, porque es una etapa representativa.
Una segunda etapa buscará ampliar las bases del acuerdo, procurando alcanzar consenso para el cambio con las cámaras empresariales y con el movimiento de trabajadores organizados en el PIT-CNT y otros colectivos de la sociedad organizada.
A partir de allí estaríamos en condiciones de elaborar las bases para un futuro Plan Nacional de Educación, que tenga como horizonte mínimo el 2020.
Vamos a reseñar –seguramente va a ser repartido– el contenido del acuerdo y las reformas estructurales y de gestión que estamos proponiendo.
En primer lugar, debemos destacar el protagonismo de los centros. Necesitamos una nueva arquitectura de gestión del sistema público donde las instituciones sean el eje de la mejora y el cambio; donde se otorguen espacios de autonomía y protagonismo a los centros de enseñanza y espacios para la diversidad, la innovación y la contextualización, así como para configurar un proyecto institucional y pedagógico propio.
Estas propuestas deberán responder a objetivos nacionales, a un plan curricular mínimo común y a una vocación de universalidad e inclusión.
Creo que el ejercicio de esta autonomía va a fortalecer y a trasuntar una mejora educativa en contrapartida; además, se va a estimular la creación de verdaderas comunidades educativas de aprendizaje. Para ello, los docentes estarán concentrados en un solo centro y de esa forma se evitará la rotación anual. Hay que pasar –esto ya fue mencionado en acuerdos del año pasado– del “profesor taxi”, que va de un centro a otro, al “profesor cargo” asentado en un centro educativo, construyendo permanencia con el centro y con el alumno, el gran destinatario de toda la cadena y que muchas veces es el gran olvidado del sistema uruguayo.
Asimismo, hay que tener en cuenta que no se plantea la misma situación en un liceo ubicado en la ciudad de Tacuarembó que en otro emplazado en Las Toscas de Caraguatá, o en un liceo de Malvín que en uno del Cerro. Sin duda, las comunidades educativas son distintas.
Desde la propia autonomía de la comunidad educativa pueden construirse respuestas más positivas para el modelo de enseñanza y para la comunidad a la que se pretende servir; esto es central.
En segundo término, queremos referirnos a la escuela pública. Proponemos una política social de base territorial con centro en las escuelas públicas, abriendo sus locales los 365 días del año y haciendo una escuela de los niños y de toda la familia.

En el 2003, la Unesco, en Brasil, generó la idea de abrir las escuelas los sábados y domingos para la población de zonas pobres, quizás no solamente como elemento de instrucción educativa, sino para que puedan servir también para la atención sanitaria, el control social y la diversidad didáctica; es por esto, incluso, que hay más de 5.000 escuelas de este tipo en San Pablo, al igual que en Guatemala. Sabemos que en nuestro país existe, en este sentido, alguna experiencia piloto que valoramos como positiva, con liceos abiertos en los que el INAU y el INJU coordinan actividades.
Todo esto me parece bien; creo que es una buena línea que la escuela pública sea el centro de las políticas sociales, y sería algo verdaderamente transformador, porque estaríamos aprovechando una infraestructura edilicia de enorme trascendencia para cometidos educativos, pero también sociales, mejorando la comunidad, los barrios y la familia, hoy en crisis. Considero que este aspecto es central, señor Presidente.
Además, me parece que es necesario un uso más intensivo de las escuelas y liceos, que hoy en día permanecen abiertos sólo 180 días al año; precisamos más días de clase en esos locales educativos. Esto también es de trascendencia y se ha hablado del tema por parte de integrantes calificados del sistema político; debemos propender a ello, porque es tremendamente positivo para la vida nacional y permitirá que desde la escuela pública también se pueda cumplir con las metas, ampliar la cobertura de la educación inicial y alcanzar la universalización en cuanto a la escolarización de los niños de cuatro años de edad, asegurando su asistencia sistemática a los centros educativos.
A su vez, consideramos que se debe dar cumplimiento a los acuerdos de la multipartidaria sobre extensión de la cobertura y fortalecimiento del modelo pedagógico de Escuelas de Tiempo Completo –que sabemos han hecho disminuir la deserción y repetición escolares– y que hay que desarrollar políticas públicas para abordar los factores que inciden en el fracaso escolar, de modo que en el quinquenio se pueda abatir en un 50% el nivel de desempeño insuficiente en lectura, matemáticas y ciencias.
En el tercer punto de nuestra propuesta hablamos de la creación de instituciones de educación media. Pensamos que hay que combinar las tradiciones educativas de la educación secundaria y la técnica y, en este sentido, proponemos que los campos formativos del plan curricular se organicen en cuatro bloques: uno de propuestas académicas clásicas; otro de propuestas tecnológicas y talleres; un tercero que apunte a la socialización, recreación y actividades de expresión de los jóvenes; y, finalmente, un bloque de emprendedurismo y desarrollo de proyectos personales, espacio en el que se probarían vocaciones y actitudes de los estudiantes. Hay algunas experiencias al respecto en el estado brasileño de Pernambuco, que se están extendiendo a otros estados de Brasil; se trata del “laboratorio de sueños” por aquello de “¿qué quiero ser?” y, en ese sentido, tenemos metas.
Nos parece que para el 2013 se deben construir 29 liceos, es decir, el 50% de lo acordado en mayo de 2010. A su vez, estamos reclamando que la mitad de los liceos puedan contar con docentes cargo para fines de ese año.
Para el año 2012 el Codicén debería contar con una política orgánica con el fin de abatir el ausentismo docente, y en ese mismo año deberían comenzar las experiencias de las instituciones de educación media con un nuevo plan curricular.
Como cuarto punto de nuestra propuesta figura lo relativo a la infraestructura. Consideramos que se debe formular y poner en ejecución un plan que comprenda programas específicos de política de adquisición de tierras, de relevamiento de la infraestructura disponible, de reparaciones, de mantenimiento programado de locales antes de su ingreso a un estado de colapso, así como de construcción de obras nuevas, para otorgar respuestas eficaces en esta materia. Estamos previendo que el Codicén pueda suscribir convenios con las intendencias, tal como se ofreció por parte de Intendentes nacionalistas que participaron en la reunión de la regional suroeste del Sistema Nacional de Educación Pública, en Trinidad, en setiembre de este año.
Como meta planteamos algo que no es imposible: solucionar los problemas edilicios. En marzo del año próximo, cuando comience el año lectivo, los centros educativos tienen que estar en condiciones para el cumplimiento de las tareas para las que fueron concebidos.
Como quinto punto hablamos del Instituto Tecnológico Superior. Precisamente, planteamos acordar en el Codicén un plan y cronograma para iniciar y desarrollar el proceso de transición hacia el establecimiento del Instituto Tecnológico Superior, con un diseño institucional y académico que amplíe el espacio para recoger el aporte histórico realizado por la UTU.
Nos parece clave que en la discusión política de la ley de creación del ITS se consideren dos cuestiones que, a nuestro juicio, son fundamentales: a) el nivel superior a otorgar al Instituto, es decir, si debe ser terciario o universitario, y b) que en su diseño institucional y académico se amplíe el espacio para recoger el aporte histórico realizado –como ya lo expresé– por parte de la UTU.
Creo, señor Presidente, que en el primer semestre del año 2012 debe estar aprobada esta ley orgánica. No se trata de fijar una meta de imposible cumplimiento; la establecemos porque nos parece imprescindible alcanzarla.
En sexto lugar hablamos de centros polivalentes de alta tecnología en conexión con el país productivo, que integren educación y capacitación con investigación y desarrollo, y concebidos en línea con polos de desarrollo regional, con el objetivo de generar escenarios productivos y de evolución tecnológica. Creo que esto apunta a la formación continua de los recursos humanos calificados que estamos precisando; grandes emprendimientos reclaman esto porque lo están necesitando, al igual que la investigación en sus dos expresiones: aplicada y de producción de tecnología. Con estos centros se apunta, también, a las actividades de extensión del mundo académico al productivo; creo que en el año 2013 algunos de ellos deberían estar en funcionamiento.
Es imprescindible la jerarquización del docente y, por ello, en el punto séptimo de nuestra propuesta hablamos del Instituto Universitario de Educación. Los docentes son el corazón de los procesos de mejora educativa; tenemos docentes de alta calidad y consideramos que es necesario avanzar hacia un sistema de formación inicial de profesores de nivel universitario, jerarquizando la función y capacitación docente. Creemos que en 180 días debería aprobarse la ley orgánica de este Instituto, estableciéndose la conversión automática de los títulos de formación docente por títulos universitarios, de manera que en el 2012 todos puedan disponer de estos últimos. Consideramos que esa ley se puede aprobar.
También por ley se debería habilitar a que las universidades del país que estén en condiciones puedan impartir formación docente, cumpliendo los requisitos de calidad de su oferta educativa. Apuntamos a la jerarquización docente que, además, va de la mano de la formación docente.
Además, hay que repensar el Plan 2008, porque excluye a los alumnos y está fracasando, ya que se aprecian niveles de deserción y de rezago en los jóvenes que lo cursan.
Fíjense que, según las estadísticas que se reseñan a nivel de la prensa, en cuarto año del IPA solo hay 67 alumnos de los casi 2.000 que ingresaron en el año 2008. Sabemos que de los más de 300 alumnos que comenzaron a estudiar matemáticas en el año 2008, solo llegaron 7 a cuarto año. ¡De 300 llegaron solo 7! Esto habla de la necesidad de repensar este Plan.
El punto octavo tiene que ver con el Estatuto Docente, a través del cual debe llegarse al respaldo de un nuevo texto que recoja innovaciones e introduzca en el sistema aspectos dirigidos a: la atención y la reducción del ausentismo docente; la instrumentación de mecanismos específicos para priorizar la profesionalización de los educadores; la modificación de la carrera docente –teniendo en cuenta a los profesores referentes o comunitarios–; la aplicación de incentivos efectivos y justos para destacar a los docentes que logran buenas prácticas pedagógicas; y al cambio del sistema de asignación de docentes a los centros, generando fuertes incentivos para atraer a los mejores a las instituciones peor ubicadas y más débiles o con mayor fragilidad. Esta sería una innovación realmente importante.
En el punto noveno, hacemos referencia a la iniciativa que está en discusión a nivel del Parlamento, relativa al Instituto de Evaluación Educativa. La evaluación nos permite corregir y mejorar, y para ello es necesario aprobar la ley orgánica de creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Cabe acotar que el señor Senador Da Rosa ha elevado un proyecto de ley en este sentido. Asimismo, se han presentado algunas otras iniciativas en la Cámara de Representantes. El Profesor Opertti hizo referencia a la experiencia finlandesa de implementación de un mecanismo de rendición de cuentas, a través del cual los centros educativos se hacen responsables del resultado del aprendizaje, mientras las autoridades garantizan y fiscalizan esa consecución. Creo que sin evaluación externa no podemos apuntar a la calidad y no hay mejora del sistema educativo ni posibilidad de apuntar a la excelencia. Pensamos que no se puede ser juez y parte en la evaluación del sistema educativo y, por lo tanto, debemos aprobar esta ley en un plazo de 180 días. Esto nos parece central en cuanto a la oferta educativa, que además requiere la comparación a escala internacional, lo que consideramos totalmente imprescindible.
El punto décimo tiene que ver con la modificación de la última Ley de Educación que, como sabemos, se aprobó con el 50% de la representación parlamentaria. Creemos que hay que repensar –como ya señalamos en el capítulo relativo a la autonomía– la integración de los órganos de conducción educativos, fortaleciendo el rol de los poderes representativos de la ciudadanía y los cometidos del Codicén. La actual dispersión de cometidos atenta contra una conducción nacional de las políticas educativas.
En decimoprimer lugar, nos referimos a un proyecto presentado en el año 2006 por el señor Diputado Javier García, sobre la nueva Universidad pública del interior del país. Creemos que es de enorme importancia que se estudie la implementación de una segunda Universidad en el interior, que consideramos como gran inversión. Reseñamos como trascendentes e importantes los esfuerzos de la descentralización que ha hecho la Universidad; no los negamos ni cuestionamos. La regionalización es importante y representa avanzar en el tema. Las inversiones en ese sentido también son trascendentes, y aquí no estamos para negar lo positivo. Creemos que hay otros esfuerzos para hacer al respecto y que una Universidad pública del interior ampliaría la oferta y mejoraría sustancialmente todo lo que significa una educación pública que no puede ni debe ser residual a la privada. No queremos que la educación pública sea de segunda categoría. No estamos en contra de la enseñanza privada, pero queremos que la educación pública tenga excelencia y capacidad para llevar adelante soluciones y respuestas en este sentido.
Por último, deseamos aludir a la concreción de la Ciudad Universitaria en la ex cárcel de Miguelete. Varios de los señores Senadores que hoy integramos este Cuerpo aprobamos la Ley Nº 17.296 en el año 2001. Como vemos, esa norma lleva diez años sin ser cumplida. Creemos que en la vieja cárcel de Miguelete hay espacio como para llevar adelante la construcción de una Ciudad Universitaria para mil estudiantes del interior; sin embargo ha pasado una década de omisión de todos los gobiernos y de todos los partidos.
Queremos llegar a un acuerdo que se cumpla, pues –como ya se ha señalado– muchos de los aspectos convenidos en la Comisión Multipartidaria de Educación no se han concretado. Hay un nivel de cumplimiento insatisfactorio de los acuerdos de mayo de 2010. Alguien puede preguntarse para qué llegar a un nuevo acuerdo si no se ha cumplido el anterior, pero creemos que nunca serán suficientes los esfuerzos para avanzar en términos de entendimiento. ¡Nunca son suficientes! Sabemos que hay acuerdos que no se han cumplido en su integralidad, como lo muestra la lentitud en la construcción de escuelas y liceos, ya que del compromiso de llegar a 138 Escuelas de Tiempo Completo, solo 29 han sido transformadas o construidas. ¡Solo se han terminado 29 de las 138 Escuelas de Tiempo Completo a las que nos comprometimos, o se comprometió el Gobierno y la educación a través del Presupuesto!
Por otro lado, El Instituto Universitario de Educación todavía no se ha llevado a cabo, ya que el proceso para concretarlo se ha enlentecido. Tampoco se ha avanzado en el Instituto de Evaluación Educativa ni en el Instituto Terciario Superior. Si bien hay proyectos de ley a nivel del Parlamento, estos no avanzan y es necesario acelerar su proceso de discusión. A su vez, no se viene cumpliendo el objetivo de que los liceos tengan 600 alumnos en dos turnos, con grupos no mayores a 30 estudiantes por clase. No se logra la incorporación plena a la educación inicial de niños y niñas de cuatro y cinco años, y no se está cumpliendo la meta propuesta para la educación media básica de reducción de la repetición al 15%.
En fin, creemos que resulta evidente la necesidad de una agenda de cambios y es por ello que acompañamos la exposición que hoy hemos realizado ante los integrantes de este Senado y de los organismos de la enseñanza con dos proyectos de ley: una iniciativa de autonomía, conforme a la idea de creación de comunidades educativas; y otra relativa a modificar la última Ley de Educación. Apuntamos, pues, a que se exprese o se reafirme el principio de laicidad con un alcance mucho más firme, siendo preciso modificar la norma vigente en cuanto omite la obligación ética del docente de impartir enseñanza con imparcialidad, al igual que toda referencia a la prohibición de hacer proselitismo. También incorporamos al proyecto de ley la posibilidad de modificar los cometidos del Codicén, retornándole potestades que tenía según la Ley de Educación Nº 15.739.
Para finalizar, señor Presidente, digo que en esta presentación creemos haber puesto de manifiesto un estado complejo y grave de la educación nacional, que no solo hace a un tema de calidad y eficacia de gestión sino, fundamentalmente, a una cuestión moral, porque le inequidad en la distribución social de los aprendizajes refuerza la desigualdad entre pobres y ricos y contraría el espíritu democrático del país. En definitiva, creo que hoy la educación pública es una fábrica de exclusión. Las implicancias de esta crítica significan una pérdida de oportunidades de vida para numerosos estudiantes, un factor de debilitamiento del entramado social y de la convivencia, así como un techo al desarrollo nacional.
Entendemos que la crisis educativa es de carácter estructural y hace a la obsolescencia de la matriz centenaria que configuró nuestro sistema educativo, que hoy está envejecida y desajustada con respecto a las realidades de un tiempo nuevo, debido al cambio en la civilización. La crisis no puede superarse con medidas reparatorias o parciales, sino que requiere un cambio radical y una nueva visión de la educación pública. Ese cambio potente de la matriz del sistema requiere un gran entendimiento nacional para sostenerlo y propiciarlo, evitando frenos que han bloqueado durante décadas las transformaciones y han frustrado nuestro sistema de enseñanza pública.
Creo que no hay más tiempo que perder, ni dilatorias posibles a las decisiones que deben tomarse. Si el Gobierno hoy no estuviera dispuesto a asumir su responsabilidad primera, que es ponerse al frente de la transformación necesaria, y si titubeara en dar el paso para lograr un acuerdo efectivo y necesario entre todas las fuerzas políticas, el país y los uruguayos estaríamos perdiendo una enorme oportunidad. Como ya dije, a este Gobierno le quedan 40 meses y si no lo hacemos ahora entraremos en tiempos mucho más complejos y difíciles. Debemos tener altura de miras y grandeza para llevar adelante un entendimiento, por difícil que pueda ser.
En una cuestión en la que nos va el futuro nacional, señor Presidente, no vamos a titubear a la hora de hacer lo que hay que hacer y de reclamar las responsabilidades políticas que sean necesarias. Esta es una lucha que queremos dar, de buena fe, y lograr resultados. Creo que todos debemos actuar de buena fe y no estar de “pata arrollada”; no debemos actuar con celos de protagonismos inconducentes, sino con una vocación superior. Hemos asumido una oposición constructiva que pone por delante los intereses del país. Creemos haber aportado, desde la oposición, soluciones concretas a problemas que todos sabemos que no tienen color político. Hemos acordado toda vez que lo entendimos imprescindible para el interés nacional y para la suerte de los uruguayos, sin quedarnos nunca en la cómoda posición del refugio de los que dicen “no” simplemente por el “no” mismo, o en la postura de que el Gobierno se arregle, desinteresándonos de la ventura o desventura de nuestro pueblo. ¡Nunca hemos comulgado con ese pensamiento innoble de cuanto peor sea, mejor¡ ¡La visión nacional encarna en nuestro Partido, histórico y fundacional de la República, y levantamos nuestra voz y extendemos nuestra mano a las otras colectividades políticas, aportando ideas y soluciones y diciéndole al Gobierno que el futuro del país necesita imperiosamente de un entendimiento educativo!
En definitiva, señor Ministro, señor Presidente e integrantes del Codicén: queremos saber –y tenemos derecho– si en el Poder Ejecutivo, si en el gobierno de la enseñanza existe la convicción de que es imperioso promover un cambio radical y exigente del sistema de educación pública y si se acepta asumir un compromiso sólido, poniéndose al frente de esa transformación con la colaboración de todos los partidos. Queremos una respuesta en ese sentido. Por otra parte, queremos saber si para el Gobierno que usted representa, señor Ministro…
SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjase a la Mesa, señor Senador.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Me estoy dirigiendo a la Mesa, al mirar al señor Presidente. Por favor, no se me desalinee en el último minuto.
SEÑOR PRESIDENTE.- Lo escuché hablarle al señor Ministro.
SEÑOR LARRAÑAGA- ¡Y yo lo he escuchado tantas veces a usted! Me dirigí a usted, hablándole al señor Ministro. Estoy dentro del Reglamento y seguiré en esos términos.
SEÑOR PRESIDENTE.- Diríjase a la Mesa, señor Senador.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: queremos saber, señor Ministro –más allá de que mire al señor Presidente–, si para el Gobierno que usted representa, la propuesta de contenido para una agenda de cambio y las dos iniciativas legislativas que hoy presentamos –en sintonía con ella– son bases válidas para encontrar un acuerdo nacional en materia educativa, y si está dispuesto a respaldarla y a prestarle su concurso.
Por lo tanto, solicito las correspondientes reflexiones y respuestas del señor Ministro, del Codicén y del Consejero Corbo, que es el único representante de un Partido de la oposición. Por supuesto que, sin perjuicio de ello, el señor Corbo está en el mismo nivel de importancia que todos los demás representantes, a quienes desde ningún punto de vista quiero disminuir en ningún sentido ni en sus importantes responsabilidades.
Creo que debemos actuar y que nos urge estar a la altura de las circunstancias. La sociedad nos está pasando la cuenta y de otra manera seguiremos estando en deuda con el presente y el futuro de nuestros jóvenes. Cada día que pasa se está perdiendo porvenir de niños y jóvenes.
Nada más por ahora.
Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA PRESIDENTA (Lucía Topolansky).- Habiéndose agotado la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.
SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora Presidenta: creo que en la jornada de hoy nos hemos dado una oportunidad. Tienen una oportunidad el Gobierno de la República, el gobierno de la Educación y también el sistema político porque, además, termina esta jornada con un proyecto de declaración, que seguramente será leído por la Secretaría del Senado, con la firma de representantes de todos los Partidos. Estimo que eso es importante, trascendente, y un logro que importa porque, con mayor o menor énfasis, hemos coincidido en que la Educación tiene problemas: hay un problema de modelo y otro de gestión, por lo que debemos buscar resultados, respuestas.
Me quedo con lo que ha dicho el señor Ministro en cuanto a que es claro que la Educación necesita de un cambio, que ello constituye un desafío para el país y que es necesaria una confluencia de actores políticos, sociales y educativos para impulsar transformaciones de envergadura; que todo esto supone un compromiso nacional de Partidos y de actores sociales y que, obviamente, está convencido de la necesidad de un acuerdo nacional. Esas fueron expresiones del principal responsable del Poder Ejecutivo en el área de la educación, el Ministro de Educación y Cultura. Él habló de un plan nacional de educación que comprometa a todos porque un acuerdo político es vinculante, según sus propias palabras. A su vez, acordó la ruta porque considera que es un camino a recorrer para proceder a un acuerdo político más, a un acuerdo social.
Me quedo también con lo que afirmó en esta Sala el señor Presidente del Codicén; nada más ni nada menos que el jerarca más importante de la ANEP que, como es obvio, tiene la responsabilidad de conducir la institucionalidad educativa. Él afirmó, entre otras cosas: “Creemos posible la necesidad de coincidencias nacionales; tenemos una vocación constructiva; vamos a estar a la ruta que el Parlamento proponga; necesitamos un sólido acuerdo. Esta es una oportunidad histórica.”
Es más, al concluir su intervención afirmó que la respuesta del gobierno de la
Creo que estos son compromisos, como también lo es el proyecto de declaración acordado por los diferentes partidos en la tarde de hoy, donde se expresa la voluntad de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la educación en calidad y equidad; la voluntad de estimular un acuerdo institucional y una profunda convergencia social; la ratificación de los acuerdos interpartidarios realizados el pasado año y la necesidad de su cumplimiento; la petición de que el Sistema Nacional de Educación Pública elabore una Agenda para la Mejora Educativa en los próximos 45 días para ser presentada al Presidente de la República; la voluntad de que el Presidente de la República convoque a los partidos políticos; y la voluntad de que el Parlamento realice el seguimiento de los acuerdos que se puedan alcanzar.
Hemos llegado a un punto en el que todos tenemos responsabilidades pero, como expresaran mis compañeros en el Pleno del Senado, la responsabilidad mayor la tiene el Poder Ejecutivo y la institucionalidad educativa, para encontrar los caminos que propicien un cambio de modelo, un cambio de gestión para darle oportunidades al país entero.
Es cuanto quería expresar.

Blancos auguran enfrentamientos si la enseñanza no cambia

El 11 de octubre el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, elevará en el Parlamento su propuesta a autoridades de la Educación

Más explícito imposible. “Si luego del 11 de octubre el gobierno no toma medidas drásticas para mejorar la educación, vendrán tiempos de enfrentamientos. Lamentablemente, vendrán tiempos de enfrentamientos. No podemos esperar más”, dijo a El Observador el líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) para anunciar que, en pocos días, la relación de su sector con el oficialismo frenteamplista puede pegar un vuelvo inevitable.

Ese martes 11 de octubre, insistió Larrañaga, representará “un punto de inflexión, una jornada decisiva” en la que estará en juego el talante de su futura oposición al presidente José Mujica que, hasta ahora, ha sido la mas generosa de todos los líderes ajenos al oficialismo.

Ese día concurrirán al Senado el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y las autoridades del Codicen y escucharán de boca del dirigente blanco la propuesta de llegar a un “gran pacto nacional” sobre educación que englobe iniciativas tales como la multiplicación de las escuelas de tiempo completo y la creación de una Universidad pública en el interior del país.

Larrañaga ya se reunió el 6 de junio con el presidente Mujica para plantearle estas cosas y no descarta volver a hacerlo en los próximos días. Pero hasta el momento las respuestas han escaseado y en el Partido Nacional se empiezan a impacientar. “No nos vamos a quedar solo en el diagnóstico, vamos a establecer una hoja de ruta para un acuerdo nacional. Y si no hay respuestas rápidas que cada cual asuma las consecuencias”, sostuvo Larrañaga. Este “no va más” del líder de Alianza Nacional no significa que embestirá sin medida contra el gobierno de Mujica.

En ese sentido, el lunes 26 en Florida durante la reunión del directorio blanco, Larrañaga volvió a defender su tesitura de votar todas las cosas que al país le convengan aunque tenga costos políticos. “El Partido Nacional es la oposición y tenemos que convencernos de eso más allá de los diferentes tonos que le podamos ponerle. Porque quien aspira a gobernar debe tener la legitimidad y la credibilidad de haber dado su apoyo cuando correspondía”, señaló el parlamentario.

Pero, dijo Larrañaga a El Observador, el gobierno está haciendo muy poco para merecer una mano y, por tanto, está dispuesto a interpelar a las autoridades de la enseñanza si no se avanza en un acuerdo multipartidario. “Si no hay acuerdo sobre esto, el gobierno desperdiciará nuestros aportes y nuestro espíritu constructivo. Y, si eso es lo que quiere, si lo que elige es no escuchar ni ver, entonces se avecinan nuevos enfrentamientos”, insistió Larrañaga.

En los últimos meses Larrañaga fue una de las figuras con mayor exposición pública al convertirse en el representante más visible del rechazo a la campaña de recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad. Así, en este tema el líder blanco quedó del lado del gobierno lo que fue aprovechado por el líder colorado Pedro Bordaberry y sus dirigentes quienes lo encasillaron en el bando de los que “defienden a los delincuentes”.

Por otro lado, Larrañaga ha sido de los dirigentes políticos más preocupados por el estado de la educación uruguaya que, según considera, tiene jugada su suerte a la buena o a la mala de gremialistas demasiados corporativos y funcionarios bastante ineficaces.Pero, prontamente, Bordaberry salió con la idea de organizar una nueva juntada de firmas para instalar una universidad pública en el interior del país. Los blancos lo acusaron entonces de plagiar las ideas de sus rivales políticos sin adjudicarles el crédito correspondiente. Larrañaga consideró poco serio eso de andar juntando firmas para resolver asuntos que bien puede solucionar el Parlamento, y siguió adelante con su idea de cambiar radicalmente el sistema educativo. “Es un asunto que no tiene el gancho de la seguridad pública pero no es menos importante. Bordaberry agarró la bandera de la imputabilidad y Larrañaga agarró la de la educación”, dijo una fuente nacionalista.

El jueves 29 en El Observador el consejero del Codicen en nombre del Partido Nacional, Daniel Corbo, escribió: “La iniciativa del senador Larrañaga abre una oportunidad única para caminar hacia un acuerdo nacional, pero la palabra definitiva la tiene el gobierno, que es el responsable primero de la conducción de la enseñanza. En este juego es mano y tiene todos los comodines”.

Todo parece indicar que el 11 de octubre no será un día más en el Parlamento. Ni para la oposición ni para el gobierno que desde hace bastante tiempo viene legislando con los votos justos.

Leonardo Pereyra para El Observador

Por qué no firmo

El senador y líder de Alianza Nacional “sin especulaciones políticas, sin cálculos electorales, en ejercicio de lo que considera sus principios”, expone 12 argumentos por los cuales no acompaña la propuesta de Reforma Constitucional.

Afirma que “lejos de apuntar a solucionar el problema de la minoridad en infracción de la ley penal, la puede agravar”. “Creo que es errónea, ineficaz y peligrosa”-sentenció.

Vea el documento

La educación es innegociable

No hay derecho a hipotecar el futuro de los uruguayos. Los lectores perdonarán mi insistencia. Pero sucede que las cosas no cambian. Y como ilustra el aforismo latino: gutta cavat lápidem, la gota socava la piedra, y no lo hace por su fuerza sino por su constancia. Y es a base de la repetición e insistencia que queremos que se instale el tema educativo como problema nacional; que debe ser atendido con urgencia, no eludido y subvertido con displicencia y desdén.

El gobierno parece por algunos momentos sordo, y por otros, esquizofrénico. Sólo el fenómeno de la personalidad múltiple puede explicar sus señales contradictorias. Mientras parte del gobierno -el vicepresidente Astori- cuestiona a las autonomías educativas como obstáculo para los cambios, o algunos otros agentes del oficialismo cuestionan la “representación” social en algunos organismos como ASSE y la propia educación, desde el Ejecutivo se anuncia la convocatoria a otro Congreso de la Educación.

QUE NO CUENTEN CON NOSOTROS. Es más, estaremos en la vereda de enfrente. “EN LAS CUCHILLAS”.

No es un Congreso de corporaciones lo que la educación uruguaya necesita. Necesita rumbo.

No es superponiendo sobre la institucionalidad educativa, y la representatividad cívica de los partidos, al movimiento militante de los grupos radicales, que vamos a resolver los problemas de la educación. Estamos todos persuadidos del riesgo que supone mantener el statu quo educativo. Sabemos que hay que hacer cambios.

Nos alarma que se piense en un nuevo Congreso, que entraña, no una representación social como se “vende”, sino una auténtica “representatividad” corporativa, sectaria y sesgada.

Los ciudadanos uruguayos eligen sus representantes. Es la base de la forma republicana de gobierno en la que constitucionalmente se asienta nuestra Democracia. Los uruguayos eligen entre distintas visiones de la sociedad, entre diversos proyectos de país. ¿La educación puede estar al margen de este proceso? ¿Qué proyecto de país tienen esas corporaciones? Es que no le podemos exigir un proyecto de país a esos movimientos; de hecho, no están para ello. Están para defender sus intereses, -particulares y parciales-. Quien debe defender y velar por el interés general es el Estado, y al Estado no lo conducen las corporaciones. O al menos no lo deben conducir. La propia configuración como corporación invalida una representación abierta a otros intereses que no sean los propios. Estamos desde esta página reclamando que LA POLÍTICA, como instrumento de dilucidación y administración de los intereses públicos, reasuma su rol conductor del proyecto país.

No estamos ante disquisiciones teóricas. Tenemos un antecedente malo con el primer Congreso. De allí surgió una Ley de Educación que nadie quiere. Ni el gobierno, ni la oposición ni los propios sindicatos. Ahora nos plantean un segundo plato de esa agria sopa, que conduce al precipicio a generaciones de niños y jóvenes.

Oponernos a un Congreso Nacional no supone desconocer a los diversos sectores involucrados. Supone justamente asegurar que todos los intereses estén en consideración. No queremos desconocer a los gremios y sindicatos de la educación, tampoco queremos que se desconozca al resto de la sociedad, como el esquema actual propone. No puede estar el diseño de la política educativa desprendida de la visión política que es legítima depositaria de la representatividad ciudadana. ¿Para qué convocó Mujica a la Cumbre Educativa de febrero de este año? ¿Para esto?

El anuncio del Ejecutivo nos sorprende. Le sugerimos al Presidente la instrumentación de un PACTO NACIONAL EDUCATIVO, UN GRAN ACUERDO NACIONAL, donde coincidan las visiones de todos los involucrados y donde los partidos puedan otorgar un blindaje a las decisiones que aseguren su sustentabilidad.

Pensamos que el Ejecutivo actuaría en esta línea. Así se había asegurado. Fue el camino que saludamos cuando este Ejecutivo llamó a los acuerdos multipartidarios al comienzo de su gestión y que le devolvió a la Democracia uruguaya una perspectiva de nación y no de partido. La visión de partido podrá ser legítima, pero será, siempre renga y parcial. Lo que necesitamos en materia educativa es un abordaje nacional, compartido, generoso y plural.

Sin embargo, estos anuncios, indican que desde el Ejecutivo se da la espalda a un entendimiento y se lo sustituye por una acción unilateral que coloca decisiones claves del futuro nacional en manos innominadas y sin responsabilidad ante nadie.

Hacemos un llamado a la recapacitación de las autoridades. No se pueden esquivar las responsabilidades. El Poder Ejecutivo no puede ser rehén de los monopolios corporativos, debe defender el interés de todos.

SI NO HAY PACTO EDUCATIVO NACIONAL QUE NO CUENTEN CON NOSOTROS, PORQUE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS ES INNEGOCIABLE.

LA REVOLUCIÓN DE UN PUEBLO ES SU EDUCACIÓN, ES EL ARMA DE NUESTROS JÓVENES.

SEÑOR PRESIDENTE RECUERDE: “educación, educación, educación…” (1º de marzo de 2010).

Jorge Larrañaga

Larrañaga: “El Gobierno deja al país de rehén de sus disputas internas”

El senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, dijo a En Perspectiva que luego del debate sobre la anulación de la ley de caducidad el Gobierno abandonó su actitud de acercamiento a la oposición y tomó un “camino culebrero” que “dejó al país de rehén de sus disputas internas”. En ese sentido, el legislador agregó que sobrevino “un amontonamiento de temas” con iniciativas “lanzadas sin ningún tipo de debate, en una sucesión que pretendía ir generando otros ámbitos de discusión en vez de centrarse en buscar recuperar un camino que se está perdiendo”. En tanto, consideró que la política de oposición desplegada por su sector se ha revelado como correcta: “Los hechos demuestran que teníamos razón, que estaba bien respaldar cuando había que respaldar”, señaló. Por otro lado, realizó una advertencia por lo que consideró un crecimiento excesivo del número de empresas estatales que operan en el derecho privado “con capital de todos los uruguayos, escapando al control del Parlamento y del Tribunal de Cuentas de la República”. Con respecto a la interna del Partido Nacional luego de que Luis Alberto Lacalle anunciara que no se presentará a las próximas elecciones nacionales, aseguró que para Alianza Nacional “no cambia absolutamente nada”.

EMILIANO COTELO:
¿Cuál es la estrategia que lleva en la relación con el Gobierno? ¿Sigue optando por una oposición que realice aportes y no solo críticas? Y hacia la interna de su partido, ¿cómo se planta en este nuevo panorama, ya sin Luis Alberto Lacalle como su claro rival antagónico?

De esos temas vamos a conversar con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional (AN). El doctor Larrañaga es abogado, fue candidato a la Presidencia en 2004 y a vicepresidente en 2009. Antes había sido intendente de Paysandú entre 1990 y 1999.

En la campaña electoral y en los primeros tiempos de este Gobierno, usted y el presidente José Mujica se han reunido con frecuencia, está claro que existe una buena sintonía entre los dos. Por eso la semana pasada me llamó la atención un cuestionamiento muy frontal que le hizo al presidente en una entrevista en El Observador. Dijo: “El presidente empezó el gobierno dialogando con la oposición, buscando unidad nacional, ahora recorre un camino culebrero. No resuelve. En realidad, tapa un problema con otro y así los va acumulando”.

Para usted, ¿hay un antes y un después del debate sobre anular o no la ley de caducidad?

JORGE LARRAÑAGA:
Absolutamente, hay un antes y un después del proyecto anulatorio de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que determinó un antes y un después de la propia estrategia del presidente con la oposición. El presidente arrancó el gobierno el año pasado convocando a los restantes partidos a una unidad nacional, en muchos temas incluso visitaba el Parlamento para llevar adelante algunas iniciativas, como la Ley de Emergencia Carcelaria, conversada con legisladores de todos los partidos por el propio presidente. En muchas áreas recogió incluso reclamos de la oposición en la etapa presupuestal. Después del veto Semproni terminó en eso que yo expreso.

EC – “Veto Semproni”. Para usted el voto en contra o la no votación del proyecto anulatorio de la ley de caducidad por el diputado Víctor Semproni fue un veto. ¿Fue un veto pactado con el presidente?

JL – No estoy en condiciones de hacer una afirmación de esas características, pero luce como evidente, porque el propio presidente antes de la votación de Diputados concurrió a la agrupación de Diputados a pedirle que no se votara la ley anulatoria de la ley de caducidad. Y creo que el no voto del diputado Semproni obedeció a algún pedido del propio presidente. Pero eso está en el área de las conjeturas, lo importante es que hay un antes y un después de esa coyuntura.

EC – ¿Por qué? ¿Qué pasó después? ¿Qué destaca de lo que ocurrió después?

JL – El amontonamiento de temas, un Gobierno que deja al país de rehén de sus luchas intestinas, de sus disputas internas.

EC – Usted dice que el presidente tapa un problema con otro.

JL – Es lo que sucedió, inmediatamente después de terminado el episodio de la ley de caducidad salió el tema del impuesto a las extensiones de tierra, y después la discusión sobre Aratirí, y después los plebiscitos consultivos, y una cantidad de iniciativas que fueron lanzadas sin ningún tipo de debate en la interna del Gobierno en una sucesión que pretendía ir generando otros ámbitos de discusión en vez de centrarse en buscar recuperar un camino que me parece que se pierde. Cuando el presidente –o el Gobierno– preserva o intenta preservar la unidad interna, queda preso de los sectores radicales; cuando por el contrario, busca caminos de entendimiento en el país en grandes puntos, en grandes asuntos que hacen a la vida de los uruguayos, queda menos rehén de esos sectores más radicales.

Es lo que está pasando. Fíjese qué sucedió con la ley de asociación público-privada, la ley salió porque la oposición respaldó la iniciativa, nosotros trajimos al ministro de Economía a una reunión en el Parlamento con legisladores de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional (PN), hicimos sugerencias. En el trámite en Diputados aceptaron iniciativas de nuestros compañeros que trabajaron de manera estupenda, y en el Senado aconteció lo propio. Entonces casi no se notó el no voto del senador [Eduardo] Lorier. Se notó después, obviamente, cuando llegado el momento los votos que presentó el Frente para apoyar esa ley sumaron 15.

EC – Pero vio lo que dice el Partido Comunista (PCU): un asunto como este, de carácter estratégico, no puede abordarse sin pasar por los órganos de la estructura del Frente Amplio (FA). Es más, el PCU entiende que está en juego el cumplimiento del programa con el cual FA llegó al gobierno por segunda vez.

JL – Eso vale para el FA y para la orgánica del FA, pero no para el resto del sistema político, las decisiones del Parlamento uruguayo no pueden pasar por la orgánica del FA. A mí poco me importa la orgánica del FA, es como que al Frente le importara la orgánica del PN o del Partido Colorado (PC) o del Partido Independiente (PI).

EC – Pero cuando dentro del FA están planteadas posiciones como estas del PCU, con todas las ventajas que tiene negociar y acordar con la oposición, como usted mencionaba recién, se corre el riesgo de que las leyes –y sobre todo leyes importantes– salgan con el voto dividido del propio oficialismo. Es un escenario que siempre estuvo entre las posibilidades en la medida en que la mayoría que tiene el FA esta vez es muy ajustada, ahora después de que se fue el senador Jorge Saravia, en la Cámara alta hay solo un voto de margen para el FA. No es sencillo pensar que el presidente Mujica y el FA se conformen con seguir gobernando de esa manera, consiguiendo los votos con la oposición, resignando votos propios. ¿Usted ve que eso es factible, le parece que puede llegar a ocurrir de aquí en adelante?

JL – Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que pueda llegar a intentar el gobierno. Lo que debería ser es que el Gobierno transitara por un determinado camino y buscara amplios respaldos en el Parlamento para llevar adelante iniciativas, más allá de que algún sector de la propia interna del FA pueda no votar. Porque si no, toda una mayoría dentro del Gobierno y todo un Gobierno quedan de rehén de un voto, y esto me parece algo insólito. Una ley de asociación público-privada tiene valor para el país en tanto y en cuanto los inversores que puedan involucrarse en el procedimiento sepan que tiene un amplio consenso.

Hay temas que están quedando en el debate y que son vitales, el tema de la educación, un pacto nacional sobre la educación, un nuevo contrato de la sociedad uruguaya con la educación, porque hoy tenemos 35.000 muchachos de entre 15 y 22 años que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo. Es un fracaso educativo. Tenemos maestras que están trabajando por 10.000, 11.000 pesos por mes. Que alguien me diga que ganaban menos en los gobiernos de los partidos tradicionales; y yo digo ¿y a mí qué me importa? Es cierto eso, no lo voy a desconocer, pero porque antes estuviera mal ahora no puede seguir estando mal. El país necesita un pacto sobre la educación, una discusión en serio.

EC – Ese es un ejemplo de los temas que habría que priorizar en un diálogo Gobierno-oposición.

JL – Exacto.

EC – ¿Qué otros ubica en esa lista?

JL – El otro fue el tema de la seguridad. Yo convoqué a una asamblea general por el tema de la seguridad para sacar iniciativas que impulsen respuestas en el área de la seguridad, fundamentalmente de los adolescentes infractores. Por suerte logramos crear el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (IRPA), que va a ser una cárcel para adolescentes que pueda rehabilitar a los muchachos. Pero ahí el propio Frente queda atado por sus preconceptos ideológicos.

Otros temas fundamentales son el desarrollo nacional integral, la descentralización, la generación de inversiones. Hay temas que el país debe debatir en la construcción de políticas a las cuales todos tenemos que apostar, no a un país dividido, enfrentado. Ese es el problema central que estoy viendo.

¿Qué pasa? Al no tener rumbo, el Gobierno recorre un camino culebrero, sinuoso, porque un día va para un lado, otro día va para el otro, un día tantea esto, otro día discute y pierde el tiempo sobre si tiene o no que crearse un frigorífico nacional… ¿Cuánto lleva la discusión sobre el impuesto a la tierra?

EC – A partir de ese diagnóstico, que usted ha hecho público además, y la preocupación que tiene sobre lo que está implicando para el país lo que ocurre a nivel del Gobierno y dentro del partido, ¿ha hablado con el presidente Mujica, teniendo en cuenta esa relación que ustedes dos tienen?

JL – No, no hemos hablado porque no pretendemos meternos en una situación de esta naturaleza.

EC – ¿Está en juego el tipo de oposición que AN ha venido haciendo?

JL – No, los hechos demuestran que teníamos razón, que estaba bien respaldar cuando había que respaldar; que estuvo bien que en vez de hacer modificaciones erróneas y equivocadas en la flexibilización del secreto bancario, AN se metiera en el tema y buscara generar menos impactos dañinos para la generación de confianza; que cuando impulsamos la solución de transformar cuarteles en cárceles o pasar militares al Ministerio del Interior o crear la Guardia Nacional Republicana eran aportes orientados a aportarle al país respuestas y soluciones. No modifican en nada, teníamos razón y seguimos teniéndola.

De hecho, en este tema de ejemplos puntuales de leyes que se votan, está el IRPA, el tema de los adolescentes, más allá de que sea un tenue y tibio avance, supone otras iniciativas que deberían incorporarse a la legislación; está el pedido y la participación a partir de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, que hizo un estupendo trabajo, creó un seminario sobre educación al que convocó al vicepresidente de la República, al ministro [Ricardo] Ehrlich de Educación, al doctor Ope Pasquet y al doctor Pablo Mieres para hablar sobre la educación que nos debemos dar los uruguayos para quebrar una brecha cada vez más profunda en la sociedad uruguaya. Estos hechos demuestran que tenemos razón y que la política de confrontación no le sirve a la gente, no le sirve al uruguayo. Yo prefiero una oposición construyendo y no una oposición destruyendo y criticando. Cuando tengo que criticar critico y cuando tengo que apoyar apoyo, esa es la línea diferencial que nos permitirá construir una alternativa republicana desde nuestro sector político y desde nuestro PN.

***

EC – Usted estaba haciendo una puntualización a propósito de mi pregunta anterior.

JL – Que yo como uruguayo, como senador de la República, como integrante del PN, no estoy dispuesto a dejar a un Gobierno, aunque no sea de mi partido, preso de radicalismos que lo hagan recorrer caminos inconvenientes para la vida de todos los uruguayos. Además esto no es una crítica indirecta, usted me conoce muy bien, me ha interpelado, me ha hecho entrevistas de esta naturaleza en infinidad de oportunidades y sabe que soy muy frontal. Todos tenemos aciertos y errores, pero significa la tranquilidad que el país necesita de equilibrios en el sistema político para que la gente no sume descreimiento y falta de confianza.

EC – Una pregunta más en esta materia, en la relación AN-Gobierno. Usted lo dijo al pasar: uno de los temas que el presidente Mujica puso sobre la mesa hace poco, después del fracaso del proyecto de ley anulatorio de la ley de caducidad, es el de un incremento de la tributación de las extensiones de campo mayores a las 2.000 hectáreas índice Coneat 100 para desalentar la concentración de la tierra y destinar lo que se recaude a infraestructura en caminos vecinales. El asunto ha despertado una nueva polémica dentro del FA y el Gobierno, el Frente Liber Seregni no comparte el planteo inicial que hizo el presidente Mujica. Pero paralelamente usted ha estado cuestionando el proceso de concentración y extranjerización de la tierra que ha ocurrido en los últimos años. Lo ha hecho en algunas columnas, en algunos mensajes de Twitter. ¿Qué hay que entender? ¿Qué hay margen para un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y AN en esa materia?

JL – En primer lugar tenemos que saber cuál es el proyecto, nadie sabe cuál es el proyecto definitivo, y yo no puedo discutir en borrador ni por los medios sobre qué se va a hacer.

EC – Pero ¿le parece que habría que trabajar para desalentar la concentración de la tierra?

JL – La concentración se ha dado, según las solicitudes que se tramitaron ante el Instituto Nacional de Colonización (INC), en los últimos seis años se vendieron 1.217.000 hectáreas.

EC – Desde que gobierna el FA, usted marca ese límite.

JL – Qué paradoja. Y si sumamos las fracciones de menos de 500 hectáreas, que no necesitan autorización del INC, esa cifra trepa a casi el doble. Entonces quizás haya que legislar, pero no por la vía de la tributación ni de poner más impuestos.

EC – ¿Como han hecho otros países, poner límites, por ejemplo?

JL – Habrá que analizarlo, yo no voy a fijar una posición porque en primer lugar el Gobierno tendrá que fijar cuál es su iniciativa. Nosotros estamos dispuestos, como el resto del sistema político, a dar una opinión definitiva. En principio decimos que la vía impositiva no sirve, habrá que analizar otros esquemas, aun cuando a la tierra no se la llevan, hay que ver cómo produce esa tierra, hay que ver qué produce, hay que ver cómo compatibilizamos un avance de la sojización, de la forestación, ahora con el proyecto de desarrollo minero. Hay que ver cómo se compatibiliza todo eso con un desarrollo nacional integral que tenemos como proyecto de país y que es un proyecto de país wilsonista, de desarrollo nacional con verdaderas políticas para bolsones de territorio y de población importantes que se siguen postergando. Esto no se termina discutiendo, antes porque eran gobiernos de los partidos tradicionales teníamos centralismo, pero desde los últimos gobiernos frentistas seguimos teniendo centralismo y también acción centralizadora.

***

EC – En la agenda de debate público usted cada tanto hace referencia a “la reforma del Estado que no se ha hecho” o la forma como se ha resuelto encarar ineficiencias, trabas que el Estado tiene, por la vía de crear empresas estatales que operan en el derecho privado. ¿Por qué insiste tanto con ese punto?

JL – Porque el doctor Tabaré Vázquez hablaba de la madre de todas las reformas, refiriéndose a la reforma del Estado. Y han hecho la gran reforma del Estado, que es la privatización de bolsones enormes del Estado en donde el Parlamento está pintado. Algún jurista español habla –nos decía don Carlos Delpiazzo, ese gran jurista que tiene el país– de la huida del derecho público, de la huida del Estado de derecho. Esto es lo que ha pasado, tenemos 12 entes autónomos y servicios descentralizados, 36 personas públicas no estatales y decenas de sociedades anónimas que funcionan en el ámbito del derecho privado con capital de todos los uruguayos escapando al control del Parlamento y del Tribunal de Cuentas de la República.

EC – No fue un invento del FA, la tendencia viene de gobiernos anteriores.

JL – No fue un invento del FA, pero el FA la multiplicó, la triplicó, hizo una expansión notable. Si no, fíjense en algunos organismos públicos la proliferación de sociedades anónimas que funcionan en el derecho privado con capital de todos los uruguayos. ¿Cuánto del presupuesto quinquenal pasa por el control parlamentario? Una ínfima parte.

EC – ¿Y qué va a hacer como oposición, en ese plan de oposición constructiva que se ha fijado AN, en este asunto?

JL – Vamos a proponer en la Rendición de Cuentas tres o cuatro artículos para que en buena medida esas sociedades anónimas que funcionan como colaterales de las empresas públicas pasen por el control del Tribunal de Cuentas y por el Parlamento nacional. Esto me parece absolutamente imprescindible.

EC – ¿No lo ha hablado con el presidente Mujica?

JL – No, no lo hemos hablado, pero llegado el momento hay que hablarlo porque no es posible que escapemos del Estado de derecho de esta forma. Se están dando casos en los que sociedades anónimas que funcionan en el ámbito del derecho privado están perdiendo juicios enormes contra particulares y el Estado tiene que responder cuando la justicia falla en ese sentido. Mientras los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados tienen una cantidad de restricciones constitucionales y legales para el ejercicio de sus funciones, esos directores de sociedades anónimas que administran capitales de todos los uruguayos no tienen control ninguno.

Entonces también estamos en un tema extremadamente complejo, no podemos quedarnos presos de caminos claramente equivocados. En el tránsito de esta entrevista ya mencionamos temas en los que el Gobierno necesita entendimientos: educación, seguridad, desarrollo, Estado, derechos humanos. Ahora explota el tema de algo que sabemos todos, la situación carcelaria de nuestro país, que es denigrante. Cuando tratamos este tema en el 2008 nos trataron de golpistas, simplemente porque proponíamos soluciones que después terminó aplicando –por suerte– este gobierno del presidente Mujica, con racionalidad y con sentido común.

EC – Usted dice que ahora estalla el tema por la presencia la semana pasada acá en Montevideo del relator especial de la OEA.

JL – Ya había estallado por [Manfred] Nowak, aquel otro especialista de Naciones Unidas que estuvo en el 2008.

EC – El gobierno del presidente Mujica ha puesto en marcha una serie de reformas del sistema carcelario especialmente a partir del momento en este año en que ha contado con la vigencia del nuevo presupuesto.

JL – Es cierto, en este tiempo se ha hecho mucho más que los cinco años del doctor Vázquez. Estamos de acuerdo, no hay problema en reconocerlo, pero que también se reconozca que algunas iniciativas para ayudar han partido de la oposición y que si se hubieran animado a más habríamos tenido mejores respuestas en el ámbito de la seguridad. Precisamos una Guardia Republicana de 3.000 efectivos, no de 1.000 tibiamente, hecha por decreto. Precisamos respuestas mucho más contundentes. Precisamos que el IRPA se construya en un año, porque las instituciones del INAU no aguantan más.

EC – No es lo que está previsto, se habla de que es un proceso que va a terminar sobre finales de este período de gobierno.

JL – ¡Qué proceso ni ocho cuartos! Que se dejen de chichimoñas, como decíamos en campaña, que gasten los recursos en impulsar ese centro de rehabilitación que va a servir para contener los problemas de inseguridad pública que el país tiene hoy con 300 o 400 adolescentes infractores, que entran y salen y terminan después agitando y siendo utilizados por mayores en la comisión de delitos.

***

EC – Si miramos el interior de su partido, hace un mes exactamente, en la Convención del PN, el senador Luis Alberto Lacalle confirmó un anuncio del que se venía hablando desde hacía varios días: no va a competir por la candidatura presidencial en el año 2014, pero además deja –ya dejó– la presidencia del Directorio del PN. ¿Qué cambia esto, por ejemplo para usted? ¿Qué cambia para AN? ¿Cómo cambia el partido?

JL – Para nosotros no cambia absolutamente nada, tenemos una definición y una estrategia, tenemos un sector con una consolidación muy fuerte con diputadas, intendentes, ediles, senadores, que tienen una postura.

EC – Por ejemplo, la semana pasada en un reportaje en Últimas Noticias el diputado Jorge Gandini, de su sector, AN, decía que Lacalle “condicionaba” el crecimiento del PN y “generaba una expulsión de electorado blanco hacia otros partidos”. ¿Coincide con ese análisis?

JL – No voy a hacer manifestaciones con relación a las actitudes o acciones del doctor Lacalle.

EC – Pero a partir de lo que dice Gandini, ¿hay entonces mejores posibilidades para el PN en las próximas elecciones, va a recuperar determinados votos que había perdido?

JL – Si le contesto esa pregunta entro en una situación de polémica en la que no quiero entrar y no voy a entrar. Estoy convencido de que el PN es la alternativa republicana que el país tiene hoy, de equilibrio. El PN tiene un conjunto enorme de dirigentes en todo el país, de intendentes, de diputados, de senadores, de ediles, que configuran la más enorme renovación que pueda hacer partido político alguno. Usted relató mi carrera política, yo tengo 54 años y pude ser intendente de Paysandú a los 32, ya tengo una dilatada carrera política, ya fui candidato a la Presidencia de la República por mi partido en el año 2004 y lo llevé al 35 % con el respaldo de la gente y de los compañeros, que hicieron un gran esfuerzo. Entonces creo que luego de que se completen 25 años de gobierno frentista en Montevideo y 10 años de gobierno del Frente en lo nacional, va a haber un recambio y ese recambio se va a llamar PN.

EC – Pero la ausencia de Lacalle como referente de todo un sector del partido, UNA, el Herrerismo, etcétera, puede tener ventajas y puede tener inconvenientes. Por ejemplo, el politólogo Daniel Buquet ha advertido en distintas declaraciones acá mismo en la Tertulia que usted tiene que pensar, como representante de un sector de centro o de centroizquierda, que es importante que no le desaparezca la derecha porque en el futuro va a precisar esos votos. Y está todo lo que se ha dicho de la posibilidad de que votantes de Lacalle, al no estar ya Lacalle como candidato y como referente, se inclinen hacia el PC y en particular hacia Pedro Bordaberry. ¿Cómo analiza ese escenario?

JL – El Herrerismo, la UNA, es un sector muy fuerte, muy consolidado también, tiene importantísimos referentes, y luego de la situación que genera el paso al costado del doctor Lacalle seguramente va a tramitar un proceso de transformación muy fuerte.

EC – ¿O se va a una homogeneización mayor del PN, a una mayor aproximación, hasta por razones generacionales, entre la ubicación ideológica de UNA y AN?

JL – Puede haber aproximación, puede haber un clima que cambie en parte, y creo que va a haber una diversidad que va a permitir sustentar la unidad. Me parece tremendamente positivo que haya compañeras y compañeros que quieran competir. Nosotros impulsamos Nueva Fuerza Nacional en 1997, que después se transformó en AN. Yo nací a la política nacional en la peor elección de mi partido, en el año 1999, y con un puñado de dirigentes logramos 160.000 votos. Después con dos diputados y algunos intendentes obtuvimos la mayoría parlamentaria en la elección del 2004. Este partido tiene un enorme proceso y poder de renovación, y en esa diversidad de sectores y esa pluralidad de postulaciones va a dar cabida para recibir a miles de compatriotas que quizás sin ser blancos vean que el PN es la opción de confianza y de credibilidad para construir el futuro del país.

EC – Usted prefiere no entrar en el análisis de las diferencias entre los sectores en el PN.

JL – Quiero ser más contundente todavía: más allá de las izquierdas y de las derechas, del centro, del mediocentro, del mediocampo y de lo que quiera establecerse como definiciones, la gente en los partidos va a terminar haciendo opciones por referentes políticos que le despierten mayor credibilidad y confianza en cuanto a llevar adelante lo que dicen y lo que prometen frente a la opinión pública, como ha sido siempre. Estoy convencido de eso. Mujica fue en su momento mucho más que el FA, Tabaré Vázquez fue mucho más que el FA, el propio doctor Lacalle en el año 89 cuando ganó fue más que el PN, y pasó lo mismo con el PC. Entonces es importante entender los procesos que se generan en las sociedades para ponerle el oído a esa sociedad que va a reclamar certezas, que va a reclamar equilibrio, que va a reclamar reformas en serio que no terminen hipotecando el futuro de todos los uruguayos. Y la educación es lo más importante y trascendente, a lo que deberíamos abocarnos con urgencia porque en ello puede estar comprometido el futuro de miles de uruguayos.

***
Escuche la entrevista a Jorge Larrañaga

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

Fuente: espectador.com / Transcripción: María Lila Ltaif

Proxima Pagina »