Larrañaga: “No nos queremos quedar con los brazos cruzados frente a una interpretación contradictoria del artículo 2 de la ley nº 18.411″

Larrañaga presenta proyecto de ley que reactiva procesamiento de los Peirano

Alianza Nacional presentará esta semana un proyecto de ley con carácter interpretativo sobre los efectos de la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230. Jorge Larrañaga, líder de la agrupación, explicó a En Perspectiva el alcance de la iniciativa. “Pretendemos devolverle a la ley derogante su carácter general y abstracto, porque desde ningún punto de vista pudo haber sido la intención del legislador que por carambola se clausurara el procedimiento de los hermanos Peirano”, indicó. El senador también criticó la propuesta del Gobierno de crear la figura del delegado presidencial, una decisión “centralista” que “creará más burocracia” y “violará la autonomía de los gobiernos departamentales”, según expresó. Además, realizó comentarios sobre el pasado proceso electoral. “Es evidente que un Partido Nacional con la candidatura que se presentó en 2009 se mostró como una opción que se acercaba a un posicionamiento conservador”, manifestó.

EMILIANO COTELO:
Los primeros meses de este Gobierno estuvieron marcados por una cierta “calma” en el Parlamento. A diferencia de lo que sucedía en otras administraciones, se presentaron pocos proyectos de ley y por lo tanto las discusiones entre el oficialismo y la oposición fueron contadas.

Sin embargo, ese panorama ha ido cambiando en los últimos días.

Por un lado, en el Senado se ha resuelto crear una comisión investigadora sobre la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230, que este año derivó en la clausura de la causa de los hermanos Peirano Basso. Sobre este punto, además, desde el Partido Nacional (PN) se va a presentar esta semana un proyecto de ley interpretativa original, interesante, que va a dar que hablar.

Por otra parte, en las próximas horas comienza el estudio de la ley de Presupuesto, tema que, como sucede cada cinco años, va a ocupar gran parte del debate entre Gobierno y oposición. Además, dentro de ese proyecto hay un capítulo aparte, se consagra la idea del presidente José Mujica de un “coordinador territorial” en cada departamento del país, que ya ha generado una polémica fuerte entre el oficialismo y el PN y el Partido Colorado.

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EC – Para hablar de estos y otros temas, recibimos al doctor Jorge Larrañaga, senador y líder de Alianza Nacional (PN).

¿Por qué AN decide presentar un proyecto interpretativo sobre los efectos de la derogación del artículo 76 de la ley nº 2.230?

JORGE LARRAÑAGA:
Porque no nos queremos quedar con los brazos cruzados frente a una interpretación contradictoria del artículo 2 de la ley nº 18.411, que derogó el artículo 76 de la ley nº 2.230, porque es evidente que hubo contradicción entre el fallo del Juzgado Letrado y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

EC – Hubo una contradicción en cuanto al efecto, a si aquella derogación del artículo 76 conllevaba la clausura del proceso penal a los hermanos Peirano Basso y a otros ejecutivos del Banco Montevideo – Caja Obrera.

JL – Por eso mismo queremos presentar este proyecto de ley que tiene por finalidad realizar una interpretación auténtica del orden jurídico vigente al tiempo de sanción del artículo 2 de la ley nº 18.411. Las leyes interpretativas no son asépticas, intentan modificar realidades planteadas, y nosotros estamos absolutamente convencidos de que es totalmente pertinente la interpretación legislativa auténtica que determine que la voluntad del legislador pueda ser rectificar total o parcialmente la interpretación judicial de ese momento. Máxime cuando no atropella principios constitucionales, de que no hay delito ni pena sin ley que lo establezca, cuando no se atropella tampoco la retroactividad de la ley más benigna, porque no hay cosa juzgada sobre este auto de clausura de los procedimientos de los hermanos Peirano. Y queremos rescatar que esta ley pueda ser interpretativa del inciso 2 del artículo 15 del Código Penal y del inciso 2 del artículo 7 del Código del Proceso Penal, en cuanto no provoca la cesación del procedimiento si se suprimiese un delito por el cual se hubiera procesado a un sujeto, si al tiempo de la promulgación de la ley derogante este estuviese imputado de otro u otros delitos en la acusación fiscal. En buen romance, esto restablece, como ley interpretativa, la situación anterior a la derogación famosa del artículo 76 de la ley nº 2.230.

EC – El proyecto es muy breve, tiene dos artículos, el primero es el que usted acaba de leer. Estamos hablando de una ley interpretativa, no de la derogación que se votó en el año 2008. Usted y AN proponen una ley interpretativa de los artículos 15, inciso 2 del Código Penal, y 7, inciso 2, del Código del Proceso Penal. Es un proyecto interpretativo que va más allá del artículo 76 que se derogó en el año 2008.

JL – No se quiso optar por el camino de derogar la ley derogante del artículo 76 de la ley nº 2.230, se optó por la vía de una ley interpretativa, que es una facultad del legislador. Como ley interpretativa, innova y busca corregir las contradicciones que pudieran existir en la jurisprudencia, sin avanzar hacia el Poder Judicial, en el plano de las competencias del Poder Legislativo. Al Poder Legislativo le corresponden los casos generales, mientras que al Poder Judicial le corresponde el caso subjetivo. Con este proyecto de ley interpretativo pretendemos devolverle a la ley derogante, nº 18.411, que derogó el artículo 76 de la ley nº 2.230, su carácter general y abstracto, porque desde ningún punto de vista pudo haber sido la intención del legislador en su momento que por carambola de la revocación de la sentencia del Juzgado Letrado se terminara con la clausura del procedimiento de los hermanos Peirano. Esta es la realidad. Una iniciativa que pudo haber tenido juridicidad al amparo del objetivo de ordenar el sistema jurídico terminó en la aplicación concreta en un hecho por todos conocido que fue la clausura del procedimiento de los Peirano.

EC – En el artículo 1 se establece que no se produce la cesación del procedimiento penal si se suprime un delito por el cual se haya procesado a un sujeto, si al tiempo de la promulgación de la ley derogante este estuviese imputado de otro u otros delitos en la acusación fiscal.

JL – En ese caso se continúan los procedimientos.

EC – Eso es lo que estaba pasando con el caso de los hermano Peirano Basso, que estaban procesados por el artículo 76 de la ley nº 2.230 que se derogó, pero sobre ellos pesaba ya en ese momento una acusación fiscal por otro delito más grave, el de insolvencia societaria fraudulenta.

JL – Exactamente. Esto recobra la continuidad del procedimiento interrumpido y sus efectos sobre los encausados.

EC – El artículo 2 del proyecto que ustedes presentan dice: “Si hubiera ocurrido la clausura de un procedimiento penal que no hubiera correspondido de conformidad con la interpretación contenida en el artículo anterior, deberá continuarse con el procedimiento interrumpido y sus efectos sobre los encausados”.

JL – Además no hay retroactividad de la ley más benigna, no hay violación del principio non bis in ídem, no hay violación del principio nulla poena sine praevia lege, no hay violación de los derechos adquiridos, porque en último caso se trata de una sentencia interlocutoria –la de clausura– que todavía no pasó en autoridad de cosa juzgada en mérito de que está interpuesta de recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, está dentro de las potestades del legislador acudir, incluso por aplicación de las disposiciones del Código Civil, a una ley interpretativa de estas características. Quiero aclarar, porque yo soy abogado pero no soy especialista, lo tengo que reconocer en forma pública…

EC – …¿Quién redactó este proyecto?

JL – Este proyecto, quiero hacer justicia, fue redactado por el doctor Juan Andrés Ramírez, que es un conocido catedrático de nuestro país, un reconocido jurista, quien a su vez tuvo la consulta de otros especialistas en la materia. Esto no es el impulso de brutal ferocidad del senador Larrañaga, el senador Moreira, el senador Larrosa o incluso el propio doctor Sergio Abreu, que también va a ser firmante de esta iniciativa. Por el contrario, es una iniciativa estudiada, elaborada, discutida, que podrá generar controversia en función de la existencia de distintos pensamientos jurídicos sobre una ley de estas características, pero que pretende devolverle la condición general a aquella ley derogante que dos años después, por aplicación de fallos judiciales contradictorios, dejó al Parlamento en una posición de enorme fragilidad.

Yo podría haberme quedado con los brazos cruzados, podría decir incluso que soy doblemente responsable porque justo estaba en uso de licencia y ese día no estaba en la sesión, podría decir que esa sesión fue presidida por el hoy presidente de los uruguayos, José Mujica, pero me parece que no vale la pena, aquí lisa y llanamente se terminó, por derivación de estos acontecimientos, en una suerte de error que terminó en esa clausura so pretexto de ordenar el sistema jurídico. Ahora una ley interpretativa con alcance general –porque no solamente se va a aplicar al caso de los Peirano, que van a ser encausados, sino que va a aplicarse a todo otro caso similar– va a poder restablecer una situación jurídica para la cual el Parlamento tiene potestades y no viola preceptos jurídicos constitucionales.

EC – Dos o tres preguntas que me surgen y que seguramente van a formar parte de las discusiones en torno a este proyecto de ley que ustedes presentan. Primero, usted decía que no se trata de una ley interpretativa de la derogación que se votó en el año 2008, pero esta interpretación sí se aplica a los efectos de aquella derogación, con esta ley se dispone que continúe el proceso penal a los hermanos Peirano Basso. Entonces, ¿es bueno votar una ley con nombre y apellido? Porque usted decía recién que su alcance es general pero en particular se va a aplicar a este caso.

JL – Se trata de evitar que una incorrecta interpretación judicial de los artículos 15 del Código Penal y 7 del Código del Procedimiento Penal haya transformado el artículo 2 de la ley nº 18.411 en una ley con nombre y apellido. De alguna manera, aquella ley derogante que derogó el artículo 76 de la ley nº 2.230 terminó siendo una ley con nombre y apellido, entonces esta ley que pretende interpretar el inciso 2 del artículo 15 del Código penal y el inciso 2 del artículo 7 del Código del Procedimiento Penal va a ser una ley general, más allá de que va a tener aplicación concreta al caso de los Peirano. Hay que aceptarlo, pero tiene carácter general porque se va a aplicar a todo caso que esté en esta situación.

EC – Otra de las discusiones posibles: dentro de la población seguramente habrá unos cuantos que piensen “¿Cómo es esto? El Parlamento vota una derogación, pasa el tiempo, se arma un revuelo con aquella votación, y entonces se sale a votar un proyecto interpretativo…”. La gente puede concluir que en el Parlamento se vota cualquier cosa y después se ve cómo se la arregla.

JL – No es así. Ha sucedido también en otros tiempos. Incluso el artículo 13 del Código Civil le permite a la Suprema Corte de Justicia recurrir a la interpretación auténtica. Yo no digo que se vote cualquier cosa y después salimos a abrir el paraguas para arreglarlo. En el 2008 hubo una ley que derogó un artículo que terminaba siendo la base de acusación de un conjunto de encausados que a su vez tenían otros delitos determinados por la acusación fiscal. La interpretación que hizo el Juzgado Letrado a nuestro juicio fue la correcta y determinó que no se clausuraran los procedimientos. Después se apeló y el tribunal revocó diciendo que sí se tenían que clausurar los procedimientos. Entonces dictamos esta ley interpretativa para corregir, sin meternos en el Poder Judicial, esa doble interpretación para reordenar el sistema jurídico. Me parece que es procedente, constitucional y legítimo. También podríamos esperar tranquilamente que la Suprema Corte de Justicia arreglara este lío.

EC – Todavía tiene que expedirse.

JL – Si se aprueba esta ley, quizás no.

EC – Por otro lado, más de un oyente puede decir que AN da este paso, presenta este proyecto de ley interpretativa, porque tiene que poner a salvo al senador Sergio Abreu, perteneciente al sector y que estuvo muy involucrado en toda esta situación, ya que fue el redactor del proyecto derogatorio, aunque luego de conversaciones con el doctor Gonzalo Fernández, etcétera, pero fue el que jugó el papel de impulsor de la derogación.

JL – AN no hace esto para salvar a ningún legislador de sus responsabilidades, el doctor Sergio Abreu ya dio sus explicaciones en el Parlamento y su versión seguramente estará en la comisión investigadora. Impulsamos este proyecto porque entendemos que es lo correcto, porque si hay una contradicción –como decía Couture– entre el derecho y la justicia, deja el derecho y abrázate a la justicia. Acá lo justo es que los hermanos Peirano estén sujetos a procedimiento, y este proyecto de ley apunta precisamente a reordenar la interpretación de los artículos mencionados para de esa forma legislar en términos generales, más allá de que tenga una aplicación al caso concreto.

EC – Supongo que van a tratar de acordar con otros sectores y otros partidos. En el caso del PN, ¿ya ha habido conversaciones con Unidad Nacional (UNA)?

JL – Ya hemos trasladado a los compañeros el proyecto íntegro, en la tarde de ayer hicimos una explicación a la bancada de AN, lo vamos a trasladar mañana jueves a toda la Agrupación Parlamentaria que yo presido, y por supuesto lo vamos a trasladar a los otros partidos. Se inicia un procedimiento legislativo, hay una iniciativa, los partidos y los legisladores frente a esta situación recabarán la información correspondiente, los informes jurídicos, y veremos si alcanza las mayorías parlamentarias como para que pueda transformarse en ley.

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EC – La semana pasada el presidente Mujica cuestionó a la oposición por haber rechazado de plano su idea de crear los delegados presidenciales sin conocer exactamente el alcance de la nueva figura. Para empezar, en el Gobierno aclaran que el nombre que circuló está equivocado, que sería un “coordinador departamental”, es decir, un coordinador de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo que funcionan en cada departamento, en procura de mayor eficacia y eficiencia, una medida que, dicen, va en línea con la reforma del Estado que se está impulsando. Ahora que se conocen algunos detalles más, ahora que se lo incluyó en el proyecto de presupuesto, ¿usted sigue oponiéndose a esta posibilidad?

JL – Sí, está en el artículo 87 del proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. “Habilítase a la Presidencia de la República, a la Unidad Ejecutora 001, Servicio de Apoyo de la Presidencia de la República al Programa 481, Política de Gobierno, del inciso 2, Presidencia de la República, la creación de hasta 18 cargos de coordinador departamental de particular confianza”.

Después dice que “el coordinador departamental tendrá como cometido coordinar y articular las políticas nacionales en el territorio del departamento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas”.

No hace más que confirmar nuestras objeciones originales, se va a crear una burocracia. Estos coordinadores van a tener un sueldo superior a los 65.000 pesos, según me expresaron algunos asesores que pudieron leer rápidamente el proyecto de ley de presupuesto. Me parece que va a terminar violando la autonomía de los gobiernos departamentales, porque los gobiernos departamentales tienen sus competencias, y dentro de sus competencias tienen la relación directa con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y con el propio Poder Ejecutivo.

EC – Pero usted como intendente municipal que fue dos veces…

JL – …Sí, dos veces, 10 años fui intendente de Paysandú…

EC – …¿no observó que en su departamento, en Paysandú, se daba una descoordinación, una superposición incluso, o directamente contradicciones entre dependencias del Poder Ejecutivo?

JL – Es posible, pero eso no se arregla con un coordinador que va a terminar en una suerte de conflicto de competencias con los intendentes municipales.

EC – ¿Por qué podría darse un conflicto de competencias?

JL – Porque obviamente algunas competencias van a estar muy en el límite entre las competencias del gobierno nacional y las competencias de los gobiernos departamentales. Por ejemplo, no es competencia del intendente municipal el tema de las escuelas, sin embargo las intendencias municipales colaboran con el arreglo de escuelas e incluso otorgan partidas para el traslado de estudiantes. Y ahí va a estar el coordinador departamental del Poder Ejecutivo en cada departamento expresando “esto no se puede hacer”, “esto se puede hacer”, y va a generar dificultades, indudablemente. Me parece más que nada una decisión centralista, yo le dije al presidente Mujica cuando estuvimos conversando con el presidente del directorio en la Torre Ejecutiva que para mí era un lío que se compraba en lo interno y en lo externo del partido. Tampoco quiero hacer un corral de ramas y que la discusión del Presupuesto Quinquenal gire exclusivamente en torno a los delegados departamentales, porque seguramente tendremos que discutir todos los otros temas, que involucran la vivienda, la educación, la salud.

EC – Reforma del Estado en particular, hay reforma del Estado en la ley de Presupuesto.

JL – Sí, reforma del Estado para ampliarlo. Va a haber una creación muy importante de cargos de particular confianza que van a incrementar la burocracia. Yo no quiero emitir juicios apresuradamente, pero me parece que los delegados del Poder Ejecutivo afectan principios claros que se vinculan a la defensa de la autonomía de los gobiernos departamentales.

EC – Mujica ha rechazado eso terminantemente, dice que no está en sus objetivos. Ha dicho que incluso se podrían nombrar figuras de otros partidos para esos cargos.

JL – Ojalá, yo no le voy a atribuir al presidente una intención distinta de la que emerja de los hechos; si después en los hechos eso no se da, me parece bien, pero que no se diga que no le trasladamos genuinamente y de buena fe nuestro pensamiento, porque lo hicimos en forma directa. En esa reunión con el presidente manejamos argumentos de un lado y del otro en el sentido de que éramos contrarios a la creación de este coordinador departamental que va a tener un sueldo alto, va a precisar vehículo, va a precisar secretaría, va a precisar teléfono, va a precisar secretarios. Seguimos montando burocracias que no hacen al planteamiento directo. Fíjese qué contradicción, muchas veces como intendente municipal veníamos directamente a plantearle al ministro, al subsecretario, al director de la OPP los problemas del departamento, ¿y ahora vamos a tener que recorrer el camino de la burocracia del coordinador presidencial?

EC – Por ahí podría haber una ventaja: lo van a tener ahí mismo, en la ciudad capital del departamento.

JL – No es lo mismo, porque los intendentes municipales en su momento queríamos y ahora también quieren hablar directamente con el dueño del circo, con los ministros.

EC – El diputado de su sector Javier García anunció que está dispuesto a promover un referendo contra la ley que cree esos coordinadores departamentales. ¿Usted comparte ese camino?

JL – Hay que analizar todo este tema, hay que terminar de estudiar un texto jurídico que recién pude leer en el teléfono porque nos vino ayer al Parlamento. Ninguna herramienta jurídica se puede desechar, habrá que analizarlo, estudiarlo, ver incluso si tiene respaldo de todo el partido y de los otros partidos.

EC – El sábado 21 de agosto tuvo lugar la primera jornada organizada por el PN para analizar el resultado de las elecciones del año pasado, cuando volvió a ganar el Frente Amplio. Y este domingo usted escribió una columna en el diario El País titulada “Nuevo Partido Nacional”, en la que, casi al principio, dice:

“Debemos asumir con franqueza que nos equivocamos. Que la gente está primero, que tenemos responsabilidades que asumir sin cortapisas; no corresponde eludirlas. Por eso no acepto la tesis de lo inevitable del resultado de la elección del 2009. En lo personal, todos los días me siento responsable y lo asumo en mi cuota parte, no me hago el distraído”.

¿Qué fue eso? ¿Era un tiro por elevación al doctor Luis Alberto Lacalle, que fue el candidato presidencial que en la reunión de reflexión prácticamente no habló?

JL – No, no, yo no tiro tiros con comba, cuando tiro, tiro directo. Hablaba de mi persona y de mi responsabilidad como dirigente político. Creo que nos equivocamos, es una realidad. Un partido proyecta la imagen que proyectan sus dirigentes, un partido es sus candidatos, esto es claro. Entonces en la jornada de reflexión muchos esperábamos una intervención del presidente del directorio para hacer mención a la cuota parte de su responsabilidad, esperamos hasta lo último, y no hubo una intervención del doctor Lacalle vinculada a su responsabilidad o su cuota parte de responsabilidad.

EC – Entonces este párrafo de su artículo era una alusión a eso.

JL – No, no, no es una alusión. Los otros comentarios que realicé sí son una alusión directa a esa forma de actuar, porque además también está la tesis de que el triunfo de la izquierda en el 2009 era inevitable.

EC – Eso ha sostenido, por ejemplo, Correntada Wilsonista.

JL – También el doctor Lacalle. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación de que era inevitable el resultado de la elección de 2009. En su momento se me dijo, en algunos reportajes –creo que aquí en El Espectador y en el semanario Búsqueda–, que yo había sido duro porque asociaba al doctor Lacalle a la derecha, y que los conceptos de derecha e izquierda son conceptos vetustos. Sin embargo, el politólogo Zuasnábar en la reunión del sábado 21 hizo una explicación de cómo la gente percibía a los distintos referentes políticos, y ubicó al doctor Lacalle muy cercano al doctor Bordaberry en el plano de gradación de quién está más al centro, quién está más a la derecha, quién está más a la izquierda.

EC – ¿Cómo quedaba ubicado Lacalle en esa escala?

JL – Precisamente, quedaba cerca del propio doctor Bordaberry. Cuando lo dice Zuasnábar, Luis Alberto no se enoja, cuando lo dice Larrañaga, sí se enoja. Tenemos que borrar y empezar de vuelta, el partido necesita una transformación sobre la base incluso de nuevos actores que son trascendentes, como los intendentes municipales, que han ejercido un liderazgo local muy fuerte que permitió que el partido tuviera –lo tengo que reconocer en forma pública– un resultado muy bueno en 12 gobiernos departamentales del interior del país. El partido tiene que acercarse a la gente y no en un funcionamiento vertical sino en un funcionamiento horizontal.

Aquí va el sentido real de la autocrítica que tenemos que hacer, yo no me hago el distraído en cuanto a mi cuota parte de responsabilidad, y pretendo que los otros dirigentes políticos del PN, incluido el doctor Lacalle, asuman la propia. Porque algo sucedió, el 28 de junio luego de la interna cuando conjuntamos la fórmula Lacalle-Larrañaga en la propia noche de la elección surgió un sentimiento de esperanza en los nacionalistas y no nacionalistas de que el partido podía ganar la elección. Y fuimos cayendo entre el 28 de junio y el último día de octubre cuando se desarrolló la primera vuelta. Es una realidad, entonces hay que asumir este tema como algo concreto. Yo no estoy para aplicar la política del ñandú, de meter la cabeza debajo de la tierra.

EC – ¿El problema es que al doctor Lacalle la población lo ubica en el espectro ideológico volcado a la derecha, o el problema es un poco mayor? Porque en la reunión de evaluación varios dirigentes sostuvieron que el PN se había apartado de los sectores populares, que se lo veía como más representante de los empresarios que de los trabajadores, que había quedado identificado con los sectores más altos de la sociedad y que parece “poco confiable para los más humildes”.

JL – Todo eso se había dicho antes de la elección interna.

EC – El doctor Lacalle lo rechaza, cuando se lo preguntamos el lunes de la semana pasada en la entrevista aquí en En Perspectiva, contestó lo siguiente:

(Audio Luis Alberto Lacalle.)

“Me parece una equivocación tan, tan, tan grande y una falta de análisis mayor. Con todo respeto para los compañeros, tengo dos maneras de contestar eso: si al PN lo votó el 20% en la primera instancia, y en la segunda instancia el 43% votó al candidato del PN, quiere decir que es un corte vertical de la sociedad. Además, en la votación de todos los departamentos tenemos una captación social vertical muy propia de los partidos tradicionales. En nuestro partido conviven académicos y analfabetos, ricos y pobres, patrones y empleados, tenemos dirigentes sindicales. Es una simplificación que además perjudica…”.

(Fin.)

EC – ¿Doctor Larrañaga?

JL – Creo que no es una contestación del doctor Lacalle a lo que yo sostengo, sino a lo que sostuvieron incluso compañeros de su propio sector. Esta es la realidad. Buena parte de los primeros comentarios que usted mencionó fueron hechos por dirigentes de UNA. Entonces, más allá del argumento de que nos votó el 43% en la segunda vuelta, el PN descendió entre el 2004 y el 2009 del 35% al 29 y pico por ciento, es una realidad incuestionable, absolutamente objetiva. Todo lo que expresamos antes de la elección interna lamentablemente se terminó dando, la elección interna –el PN fue el único que tuvo elección interna– determinó quién era el candidato único a la Presidencia de cada partido. Y también tuvo directa incidencia en el resultado electoral que después se terminó dando. Un candidato proyecta la imagen de su partido frente a la sociedad, esto es indiscutible, no lo puede discutir nadie, y más allá de que el doctor Lacalle dice que somos un corte vertical de la sociedad, donde hay de todo y de todos los sectores de la vida nacional, es evidente que un PN con la candidatura que se presentó en 2009 se presentó como una opción que se acercaba a un posicionamiento conservador.

EC – El problema fue la candidatura.

JL – Hubo un problema de candidatura, hubo un problema de posicionamiento ideológico, hubo un problema de cómo nos miraba la gente y cómo miraba a los otros candidatos. ¿Por qué en la elección interna el que finalmente fue candidato único del PN sacó 270.000 votos y el candidato de la izquierda, José Mujica, que finalmente fue presidente y que en primera vuelta sacó 48%, en esa misma elección sacó 220.000 votos, menos votos que el que terminó siendo candidato único a la Presidencia por el PN? Hay una directa relación entre lo que sucedió en la interna y lo que después se desencadenó en la elección nacional. Lo tenemos que aceptar, es lo que tenemos que revisar.

EC – Ahora hay un problema, porque si hay que reformar al PN, si hay que corregir, por ejemplo, ese posicionamiento que de hecho terminó teniendo durante la campaña electoral, que en buena parte se debe a la imagen y a la historia, a los antecedentes de quien fue su candidato presidencial, ¿cómo se hace para encarar una renovación cuando quien preside el directorio del PN es esa figura que fue el candidato presidencial? ¿Cómo resuelven ese problema?

JL – Eso lo dirá la gente, el doctor Lacalle es presidente del directorio del PN no por voluntad divina sino por la voluntad de la gente. Esto tenemos que respetarlo, yo respeto esa institucionalidad.

EC – ¿Es viable una reforma del PN cuando los problemas que están de por medio por lo visto son los que usted acaba de describir?

JL – Tenemos problemas importantes que tenemos que resolver, habrá que ver cómo se reinserta el PN en toda la sociedad civil.

EC – Pero usted, que está en el otro sector del partido, en el que no encabeza Lacalle, ¿ve viable una modernización liderada por Lacalle?

JL – No creo que la modernización la lidere el doctor Lacalle, creo que la gente va a pasar por encima de los dirigentes, como decía Wilson Ferreira. Esto va a determinar un proceso de transformación hacia la construcción de ese nuevo PN del que algunos hablamos. Un nuevo PN con la gente, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales. Un partido con la gente, esa relación entre los partidos y la gente, entre los dirigentes y la gente es fundamental, y se va a dar más allá de quién pueda ocupar las posiciones de preeminencia al frente del directorio del partido, incluso por encima del propio directorio del partido. Se va a dar en la conformación de los proyectos políticos que se vayan construyendo dentro de nuestra colectividad.

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Transcripción: María Lila Ltaif – Fuente: El Espectador

Cdor. Rodrigo Goñi: “Poner un representante del ejecutivo en cada intendencia como pretende Mujica, es absurdo”

El diputado por el Partido Nacional, contador Rodrigo Goñi, dijo en la mañana de este jueves que “no vimos publicado en ningún lado el detalle del desfile del 25 de Agosto y el acto patriótico. A las autoridades no nos avisan, está bien, pero en la prensa no vimos nada, nos llamó la atención eso”.

El legislador agregó que “entendemos que en estos casos se debe promover una invitación protocolar, nunca se manda, es la norma, pero antes uno tenía la información a través de los medios y en este caso no pudimos acceder a nada de eso”.

Goñi estableció que la idea de Mujica de contar con un representante del ejecutivo en cada intendencia, es absurda, “hay un andamiaje legal con poder ejecutivo, legislativo, ministerios, intendencias, juntas, alcaldes, además el presidente necesita otros parámetros y me parece que esto no va a caminar y ojalá tenga razón yo. Este tema de los representantes de Mujica en los departamentos es anterior a los últimos acontecimientos, hace dos semanas comencé a hacer comentarios de este tema, nos parece que este tema sigue agrandando un sistema político, lo mismo que con los alcaldes cuando la gente nos pide descentralización, el sistema le da más cargos políticos. Son 84 alcaldes en todo el país y sin se genera dinero propio, hay que burocratizar todo el sistema por lo que suponemos que ese tema lo seguirá manejando por parte de las intendencias”.

Goñi destacó que en el problema Rilomán, cinco leyes se aprobaron “ampliando el seguro de desempleo y el año pasado AEBU forma una cooperativa para brindar servicios no se sabe de que tipo. Es una cooperativa que no tiene ingresos excepto los que los propios bancarios ponen a través del sindicato. Se ha generado una expectativa a los ex trabajadores de Rilomán de que son uno más dentro del sistema bancario y me da la sensación que AEBU quiere terminar este tema porque se le viene otro problema con el tema del Bandes. No puede ser lo que está ocurriendo y en mi racionalidad no entiendo todo lo que sucedió con este sistema y ojalá que el gobierno tenga más claridad que el propio AEBU”.

Fuente: 10 minutos

Jorge Larrañaga: “Estamos cerca de un colapso vial”

Los líderes nacionalistas Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga se reunieron con el presidente de la República, José Mujica. Entre las temáticas abordadas figura la eficacia de la caminería. Entrevistado por En Perspectiva, el presidente de la Agrupación Parlamentaria Blanca señaló: “Estamos cerca de un colapso vial”. El senador manifestó: “Le trasladamos al presidente la posibilidad de tener más recursos para los gobiernos departamentales”. En tal sentido, la respuesta fue: “[Mujica] dijo que iba a apelar a la asociación de lo público con lo privado”. “No basta tener producción si no podemos extraerla”, agregó.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga se reunieron ayer con el presidente José Mujica y le presentaron un documento, con ocho puntos, donde se mencionan aspectos vinculados a la descentralización, educación y caminería, entre otros temas.

EMILIANO COTELO:
El doctor Lacalle concurrió como presidente del directorio del Partido Nacional (PN), el doctor Larrañaga como presidente de la Agrupación Parlamentaria Blanca.

JAE – Estamos en comunicación con el senador Jorge Larrañaga para conversar sobre algunos aspectos puntuales que se manejaron ayer en este encuentro.
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JAE – La nota que se presentó hace referencia a algunos planteos bien puntuales. Tienen que ver con manejos de fondos que vierte el gobierno central a las intendencias y las intendencias aplican como parte de sus inversiones. Se menciona el tema de la caminería, también fue manejado en la conferencia de prensa que ustedes dieron en el día de ayer.

Casualmente en estas horas se conoció un informe del Banco Mundial (BM) que hace referencia a un hecho que debe llamar la atención. Según el BM no logran contrarrestar el ritmo de los daños causados por los camiones pesados que operan en los caminos primarios y secundarios en nuestro país. O sea, siguiendo las cosas tal como están van a empeorar cada vez más.

¿Cuál es el estado de situación en particular que ustedes están encontrando vinculado a esta situación?

JORGE LARRAÑAGA:
En primer lugar le quiero expresar que nuestra visita estuvo motivada por dos temas: por la descentralización y por el desarrollo productivo. Descentralización en cuanto los intendente puedan (a través de la comisión sectorial de descentralización la cual se integra por seis ministros, seis intendentes y un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) tener participación en la asignación del cien por ciento de los recursos que se establecen para el desarrollo del interior.

El desarrollo productivo lo planteamos por el tema de la vialidad nacional y la vialidad rural departamental que le compete a los gobiernos departamentales.

JAE – Eso sí.

JL – Hay varios intendentes municipales y personalmente que ando de manera sistemática por las distintas rutas del país tengo una opinión muy crítica del estado actual de las carreteras. Obsérvese que si antes pasaban diez camiones ahora están pasando quinientos camiones por las mismas carreteras, con cuarenta y cinco o cincuenta mil kilos.

Ojala que no se concrete, porque no quiero ser pájaro de mal agüero. Estamos cerca de una suerte de colapso vial: las rutas están muy malas y los caminos departamentales los intendentes hacen un gran esfuerzo para conservarlos.

Por esto le trasladamos al presidente la posibilidad de tener más recursos para los gobiernos departamentales, los que se han acordado no son suficientes, el presidente nos dijo que iba a apelar a la asociación de lo público con lo privado. Veremos en qué estado se da.

El país tiene una producción importante tanto del punto de vista cárnico, cerealero y forestal. Hay una situación extremadamente compleja porque los caminos no aguantan el tránsito tremendamente pesado que se da y que ocasiona daños que necesitan de reparación.

Los gobiernos departamentales tienen dificultades de recursos económicos para mantener esos caminos pero también de maquinaria vial en estado deteriorado. Por eso hablamos con el presidente la posibilidad de un leasing para la adquisición de maquinaria como forma de impulsar una descentralización que con instituciones departamentales frágiles, con poco financiamiento, no se puede concretar.

JAE – El informe del BM hace referencia a que es necesario restaurar los servicios ferroviarios y maneja un dato dice “si el mercado de productos forestales crece como está proyectado en los próximos años el número de camiones se vería triplicado causando un tráfico excesivo y un fuerte desgaste de la malla vial”. En este escenario, ¿qué cosas concretas han surgido de parte del gobierno en función de lo que usted planteando y de lo que dice el BM?

JL – Prevemos, de acuerdo al planteo de los intendentes, que dentro del Presupuesto Quinquenal del Ministerio de Transporte se den partidas excepcionales para caminería forestal. Hemos solicitado un incremento a la distribución de los aportes por concepto de kilómetros de caminería; este termina siendo insuficiente. Se otorgan 120.000 pesos por kilómetro de caminería departamental. Cada departamento tiene un entorno promedial de 3.000 kilómetros de caminería rural; se hace extremadamente complicado.

Los entes autónomos están pagando 7,5 de aportes patronales y las intendencias pagan 16,5. Estamos buscando que se de respaldo a todas las intendencias. El presidente Mujica coincide con que no hay descentralización sin la descentralización de la caja fuerte. Esto es vital para generar un desarrollo integral, no basta tener producción si no podemos extraer la producción.

JAE – Una crónica de El Observador dice que uno de los asuntos que insumió más minutos en la reunión de ayer fue la idea de Mujica de crear delegados presidenciales, para que ejecuten las obras financiadas con fondos del gobierno central en cada departamento. La nota dice que usted le dijo al presidente Mujica: “no te compres un lío, presidente”. ¿Qué quiere decir, qué cosas se están manejando, qué rol pasaría a ocupar este delegado presidencial, cómo se encaja en esto que se está mencionando de la descentralización?

JL – Con el presidente tengo confianza como para decirle que no es necesario lío por el tema de los delegados del Poder Ejecutivo. No se puede afectar la autonomía de los gobiernos departamentales. No se puede crear una figura con más burocracia en cada departamento que esté en soporte institucional del Poder Ejecutivo.

JAE – ¿Qué rol sería el de esta figura?

JL – Sería una suerte de coordinador del Poder Ejecutivo en cada departamento. Puede ser loable la intención. Desde ese punto de vista no emito juicios.

JAE – Coordinador tiene que ver con el uso de los dineros que el gobierno central le da a las intendencias
JL – …No se necesitan coordinadores porque los gobiernos departamentales están auditados por el Tribunal de Cuentas. Los gobiernos departamentales están controlados por la OPP. Los gobiernos departamentales participan de la comisión sectorial de descentralización. Crear estas figuras es crear un elemento que conspira contra lo que ha sido el resultado de la elección en los gobiernos departamentales. Incluso de las alcaldías, que es una figura de descentralización dentro de los departamentos. Es ir contra la propia elección de los diputados de todos los partidos.

No nos parece conveniente. Se crearía un centro de poder diferente y los intendentes municipales tienen legítimo derecho a tener un relacionamiento directo con los ministros, con los subsecretarios, con la OPP, con el Poder Ejecutivo, y no se necesita un filtro al medio.

No puede haber un árbitro en cada departamento que esté en la coordinación política, institucional, económica, y tácticamente equivocada desde el punto de vista de la administración de lo que puede ser las relaciones del gobierno nacional con los gobiernos departamentales.

JAE – En otro orden se manejó como tema de reunión la necesidad de cumplir con los acuerdos interpartidarios en la educación. Entre ellos tener 300 escuelas de tiempo completo. Se suma la escuela abierta los 365 días del año. ¿Por qué plantea este tema de las 300 escuelas si ya forma parte del acuerdo?

JL – Algunas declaraciones de integrantes del Codicen y de Primaria han puesto en duda que los recursos puedan alcanzar para la construcción, para completar en realidad, las 300 escuelas de tiempo completo. A mí me preocupa porque hoy la infantilización de la pobreza, hoy la pobreza tiene según guarismos claros rostros de niño y de mujer y esto es una realidad incuestionable. Las escuelas de tiempo completo tienen menor deserción escolar, tienen menor repetición escolar y forma parte también de un plan de atención alimenticio que es importante otorgar…

JAE – …¿Tienen cosas que no se cumplen con el acuerdo multipartidario?

JL – Se ha expresado y se ha aceptado que por parte del presidente de Primaria en algunos medios de prensa de que los recursos no serían suficientes por eso le volvimos a plantear el tema al presidente porque es vital.

Es como la escuela abierta que planteamos también. No es tirarle el fardo a Primaria. No es recargar al cuerpo docente que es estupendo por suerte en nuestro país, ni al personal no docente de Primaria; sino llevar adelante una colaboración interinstitucional para que la escuela que se utiliza solamente 180 días al año, como en Brasil en una experiencia de la Unesco exitosa, pueda ser un centro social donde se resuelvan las contingencias de la salud, de la educación, y de la propia contención familiar.

JAE – ¿El presidente qué dijo con respecto a estas dudas, el compromiso se va a respetar?

JL – El presidente dijo que los compromisos van a cumplirse, por supuesto, se van a hacer los máximos esfuerzos en la materia. El PN está dispuesto a colaborar porque la escuela pública es fundamental. Tenemos una escuela para ricos y una escuela para pobres, donde la pública es residual de la privada.

Con respecto a la experiencia de una escuela abierta es posible comenzar una experiencia. Los organismos de la enseñanza tienen muchos problemas entonces hay que ayudar, porque la educación es básica para la sociedad del país. Fíjese los guarismos: la universalización de la educación termina a los 17 años en los hogares ricos y a los 13 en hogares pobres entonces hay un rompimiento del principio de igualdad de oportunidades en el arranque y la educación es básico para corregir esas desigualdades.

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“UTE no debe canjear deuda de La República por publicidad”

El diputado Jorge Gandini advirtió que se sentaría un precedente negativo e ilegal si UTE autoriza pagar al “multimedio plural”, La República, AM Libre y Tv Libre, la deuda por más de 320 mil dólares que mantiene por el no pago de los servicios eléctricos en los últimos años.

El legislador reclamó al anterior directorio del organismo explicaciones para conocer por qué motivo no se le cortó el suministro antes, cuando se bloquea a cualquier ciudadano con dos meses impagos. Gandini se mostró preocupado porque que haya empresas, como el “multimedio plural”, que hayan dejado de pagar por tres años las facturas de UTE, acumulando deuda, sin que la autoridad competente hiciera nada.

El legislador dijo que esto es un trato diferente al que se le da un cliente común y afirmó que quiere ver las responsabilidades de la anterior administración.

“La administración anterior no hizo nada. Vino el nuevo directorio y cuando el nuevo presidente se enteró de esta situación, antes de que ingresara el director de la oposición, dispuso el embargo. Por lo menos cauteló los recursos del Estado. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades de la administración anterior que por omisión dejó que se generara esta situación. Y vamos a ver qué hace esta administración ahora con la integración de la oposición.

Yo [estoy]en contacto con el director nacionalista Enrique Antía para darle seguimiento a una situación complicada, sin importar quién es el cliente. A mi lo que me importa es la empresa y cómo la empresa cuida los recursos de todos y cómo trata por igual a todos”, explicó.

Este jueves el semanario Búsqueda informó que el gerente comercial de UTE, Luis Margenat, elevó un informe en el que sostuvo la necesidad de encontrar una solución final al tema. Las alternativas de cobro manejadas en el informe fueron dos. Una de ellas restaba las multas facturadas y mantenía los recargos, ajustando los saldos por inflación.

La otra propuesta fue promover los hábitos de lectura entre los jóvenes. Se trata de una edición de libros que se distribuiría gratis con La República. El costo es aproximado al valor de la deuda.

Gandini dijo que no le parece una medida sana que, acumulada esa deuda, a esta empresa se le compense canjeándole el importe de la misma por publicidad, ya que se violarían todas las normas vigentes. “¿El deudor se transforma en acreedor entonces? Y lo que fue el incumplimiento una obligación se transforma en un beneficio. Pero además se violarían todas las normas vigentes en materia de contratación pública. El Estado le contrataría sin ningún tipo de licitación ni observancia en la normativa a un medio y no a otros porque ese medio es el que debe y no porque es el mejor” afirmó el legislador.

Al mismo tiempo explicó que, de aceptar el canje, UTE abriría un antecedente “en el cual cualquier ciudadano que debe facturas de su casa, antes que le corten la luz, le ofrece un servicio al organismo para canjearle por la deuda. Si tiene un taxi le ofrece viajes [gratis] a cambio de pagar la luz. Esto es un antecedente, para las empresas y para el Estado, muy complicado pero además de corte ilegal”, manifestó. El legislador aseguró, además, que con este mismo criterio, todos los medios dejarían de pagar sus facturas y dentro de algunos años le pedirán a UTE que les compre publicidad por le monto que adeudan.

Fuente: El Espectador

Javier García: “Las decisiones administrativas en el Ministerio de Defensa han sido correctas”

La oposición respaldó la actuación del ministro de Defensa, Luis Rosadilla, en torno a las investigaciones en las Fuerzas Armadas. El diputado por Alianza Nacional Javier García señaló a En Perspectiva que las decisiones adoptadas por el Ministerio han sido las correctas, “tanto las que corresponden a las investigaciones administrativas como las que suponen las separaciones de algunos cargos”. En contrapartida, el representante aseveró: “En la administración anterior (…) este tipo de situaciones se les pasó por el jopo”. El legislador puntualizó que “en democracia arriba de los militares hay un ministro”, por tanto, “no puede ser que cuando hay este tipo de circunstancias las mismas [las Fuerzas Armadas] actúen sin control de ningún tipo”.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció los cambios inevitables en el Estado Mayor de la Armada luego de la renuncia de Óscar Debali al cargo de comandante en jefe de esa fuerza.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar en las primeras horas de la tarde de ayer, Rosadilla puso foco en el respaldo a la gestión de Debali. Dijo que incluso el presidente José Mujica se comunicó telefónicamente con el ex comandante para asegurarle que nadie pone en duda su honorabilidad. La renuncia de Debali está ligada con el procesamiento de un sobrino involucrado en una de las irregularidades detectadas en la Armada y por ese motivo decidió dar un paso al costado.

Blancos y colorados respaldaron la actuación del ministro, quien informó del estado de situación y los pasos a seguir.

****

JAE – Estamos en comunicación con el doctor Javier García, diputado de Alianza Nacional.

¿En particular dónde pone el foco el Partido Nacional (PN), y usted en cuanto a ese respaldo al ministro Rosadilla?

JAVIER GARCÍA:
Las decisiones administrativas en el Ministerio han sido correctas. Tanto las que corresponden a las investigaciones administrativas como las que suponen las separaciones de algunos cargos; las de trasladar funcionarios para que estén a disposición de él y de la Justicia. Tomó decisiones en este período diferentes a las que se adoptó en el período anterior. En el último caso no se tomaron en tiempo ni en forma. Hoy se está caminando por ese sentido.

Hay un marco de informar que me parece correcto, y por otro lado, hay también una actitud de escuchar. El ministro concurrió varias veces a las comisiones de Defensa, tanto en diputados como en Senado. Estas decisiones que ayer dio a conocer me las había comunicado la noche anterior en mi propio despacho junto al subsecretario. Es decir, hay un marco de apertura en la información y de comprensión acerca de la necesidad de que cuando hay situaciones de este tipo siempre es recomendable que el sistema político esté informado y se tome con una base amplia de respaldo.

JAE –En las últimas horas surge la posibilidad de actuación de la Justicia militar en algunos de los casos de irregularidades. Se dice que esta propuesta había sido planteada por el Partido Nacional en uno de los contactos que el ministro mantuvo en las últimas horas.

JG – La participación de la Justicia no está a disposición y a voluntad de los políticos. La intervención de la Justicia siempre tiene que estar enmarcada en la ley. No pasa por la voluntad de los hombres sino por las disposiciones legales.

JAE – …Porque hasta ahora está claro que es la Justicia ordinaria la que está trabajando en los casos que ha presentado el Ministerio de Defensa.

JG – Exactamente y la Justicia militar tiene también normas legales que disponen cuando intervienen y como corresponden intervienen. No hay [en ese accionar] decisiones personales que puedan acelerar ni impedir eso. Cuando corresponde se hace.

JAE – ¿En este caso de qué depende?

JG – De que el ministro en virtud de los hechos que tiene constatados y de la eventualidad de que él tenga elementos que hablen de que se puede haber cometido delitos en la esfera militar le de paso al órgano pertinente en la Justicia militar. Es una decisión administrativa que toma el ministro en virtud de la información que tiene.

JAE – ¿Decisión que toma el ministro y da pase de los antecedentes a la Justicia militar?

JG – Exactamente. Si nos quedamos –quienes participamos del sistema político y del Poder Ejecutivo en primera instancia porque tienen la responsabilidad de las decisiones administrativas- en las cosas que pasaron hay un peligro por delante y es que nos olvidemos dentro de un tiempo de las cosas que pasaron y puedan volver a suceder. Este tipo de situaciones tienen un pico de atención pública, de opinión, de difusión y después van decayendo con el correr de los días.

Aquí hubo todo tipo de cosas. En agosto de 2008 tuvimos episodios muy fuertes. Hubo una denuncia que salió del PN porque tenemos indicios de compras irregulares de lanchas, que ahora está en manos de la Justicia pero que ya lo habíamos sostenido. En aquel momento había una actitud desde el oficialismo y ahora es la contraria. El propio ministro Rosadilla, que actualmente toma estas decisiones correctas en aquel momento integraba la bancada oficialista, votó en contra de la creación de una comisión investigadora que proponíamos desde el PN con el diputado José Carlos Cardoso a los efectos de investigar si no había existido sobreprecios en las compras de lanchas.

En aquel momento se impidió, ahora se tomaron decisiones correctas. Habrá que tomar una medida para que en el futuro no vuelva a haber el ciclo de que cada dos años se repite. Casualmente en agosto. En agosto de 2007 hubo otro suceso que fue cuando señalamos que se iban a traer proyectiles en un barco de la Armada desde Venezuela participando de una triangulación que violaba todos los acuerdos, una triangulación entre Irán, Venezuela y Montevideo…

JAE – …¿Por qué menciona y hace foco en agosto, es casualidad o qué?

JG – Le estaba hablando de un caso de agosto de 2008 y ahora le nombro un caso de agosto del 2007. Por eso los agostos en Uruguay son fríos desde el punto de vista climático pero hay otros puntos que no son fríos. En agosto de 2007 hubo otra solicitud investigadora por un hecho gravísimo en donde se traían proyectiles de contrabando en un barco de la Armada participando en la triangulación que violaba todos los embargos que tiene Naciones Unidas y los cuales Uruguay -miembro parte se compromete a respetar-. Solicitamos otra investigadora y la bancada oficialista también votó en contra.

Hay que apoyar cuando se recorre actitudes como esta que son diametralmente diferentes a las anteriores. Le sugerimos al ministro Rosadilla, hace una semana en comisión, que tomara una medida concreta. Pueden tomarse varias pero hay una concreta que está incluida en la ley vigente de anticorrupción que establece en su artículo 23. Es un artículo muy sabio, sencillo pero sabio y es que los funcionarios públicos que están al frente de oficinas que compran bienes y servicios -o sea que manejan dinero- deben ser rotados periódicamente de sus funciones. Por razones obvias. Son áreas muy sensibles por las que circula mucho dinero y por donde las tentaciones están muy al alcance de la mano. No quiere decir que toda la junta pero es peligroso y pueden suceder cosas como las que eventualmente sucedieron.

JAE – No es lo que ha ocurrido. Uno ha leído los antecedentes y encuentra que hay figuras que hace mucho tiempo que están al frente de oficinas de compras.

JG – Al ministro le dijimos: “cuéntenos hace cuánto que estaban los encargados de compras de algunas de estas investigaciones y nos dijo uno hacía quince años, el otro hace cuatro o cinco años”. Lo que debiera hacer ahora es revisar hace cuánto tiempo están los encargados de compras en las armas: en el Ministerio de Defensa, en sus dependencias; también sería bueno en el resto del Estado pero estamos en el Ministerio de Defensa. Ver hace cuanto tiempo y aquellos que ya hace un tiempo prudencial que están en el mismo rótelos inmediatamente, evite que por allí pasen problemas y se constaten situaciones que son mejor evitarlas. Tenemos una institución en este caso la Armada nacional que está absolutamente fracturada en sus cimientos.

JAE – ¿Qué significa el pase a la Justicia militar en términos prácticos? Porque en algunos casos seguramente habrá conflicto entre la Justicia ordinaria y la Justicia militar.

JG – La Justicia militar lo que evalúa es la eventualidad de la existencia de delitos militares. Lo que son delitos independientemente de que la persona use uniforme o saco y corbata, delitos civiles, lo analiza la Justicia, el Poder Judicial uruguayo, civil por decirlo de alguna forma.

JAE – Porque parece importante esa precisión. O sea, ¿los casos vinculados a manejos de fondos ilegales y demás siguen a nivel de la Justicia ordinaria?

JG – Sí, no importa si el que los comete usa uniforme o usa remera, la eventualidad de ese delito está en la órbita civil del Código Penal. Lo que estamos hablando, lo que se habla en la esfera militar es la eventualidad de delitos de tipo militar que no evalúa la Justicia civil lo evalúa la Justicia militar.

EMILIANO COTELO:
En el diario El Observador de hoy aparece una reseña de cuáles pueden ser los delitos: delitos contra la administración, contra la Justicia, contra la seguridad, la salud, la documentación, los sellos, los distintivos y los instrumentos de autenticidad del ejército, la marina y la aeronáutica militar. De ese tipo de delitos podría tratarse y además el apunte de que en caso de que la Justicia militar verifique responsabilidad de este tipo puede sancionar, puede incluso hasta expulsar, puede tomar medidas de carácter pecuniario como la supresión de haberes de retiro aunque por otro lado en la esfera de la Justicia Penal no se tomen procesamientos ni condenas, ¿no?

JG – En virtud de su condición militar por eso es la diferenciación bien precisa que hace usted que ha relevado ahí el diario que no se cruza con el ámbito de la Justicia civil. Por eso son ámbitos diferentes que responden a códigos diferentes, en un caso el militar y en otro caso la Justicia ordinaria.

JAE – ¿Se tiene idea de qué magnitud tendrá en definitiva la participación de la Justicia militar en estos casos?

JG – No, porque eso lo deciden justamente los jueces militares y está en ese ámbito, no corresponde a nosotros.

JAE – Se lo pregunto porque como usted ha estado hablando con el ministro de Defensa de repente este tema ha estado arriba de la mesa.

JG – Claro, pero corresponde que lo evalúen los jueces militares. Me parece que habla bien de la independencia que tiene en este caso los ámbitos jurisdiccionales la Justicia civil del resto de los poderes. En lo personal me entero de las decisiones de la Justicia como corresponde cuando toman estado público, no me entero antes. Habla bien de lo que es el funcionamiento institucional del país, la Justicia tiene sus carriles independientes, sus tiempos, sus mecanismos, sus decisiones, y es independiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y salvo quienes son los administradores de Justicia el resto no debemos inmiscuirnos en ello ni tener contactos salvo que lo solicite la propia Justicia.

Corre por carriles absolutamente diferentes, acá hay tres -y eso me parece que hay que respetarlo y se viene respetando en lo que va del proceso y se deberá respetar en lo que sigue- independientes: la Justicia por un lado, la órbita administrativa que es lo que el Ministerio de Defensa ha llevado adelante en materia de investigaciones administrativas y en materia de separaciones de cargos y disposición de personas y tercero el ámbito político porque habrá que ver si hubo responsabilidades políticas porque vamos a entendernos estamos en democracia y en democracia arriba de los militares hay un ministro porque si arriba de los militares no hubiera un ministro que respondiera al sistema político no estaríamos en democracia.

No puede ser que nos olvidemos que existen responsabilidades desde el punto de vista de lo que significa la responsabilidad política sobre el Ministerio. Acá se están estudiando episodios que sucedieron en administraciones. En la administración anterior -lo digo con absoluta claridad- este tipo de situaciones se les pasó por el jopo.

JAE – ¿Qué sería en ese caso ir a las responsabilidades políticas?…

JG – Esta es la cara de las Fuerzas Armadas que nos preocupa a todos. Pero hay una cara que también nos reconforta, porque como toda institución colectiva tiene sus virtudes y sus miserias, todos las tenemos. También hay episodios donde Uruguay es reconocido, por ejemplo por la participación de sus Fuerzas Armadas (FFAA) en las misiones de paz, lo que significó la participación en los eventos en Haití, etcétera. Entonces, cuando hay una ceremonia de ese tipo, siempre hay un ministro político que está a la hora de los homenajes. Pero cuando existe este tipo de circunstancias que son preocupantes las FFAA son huérfanas de ministros…

JAE – …Claro pero en este caso los ministros no están más…

JG – …Por eso, en su momento parece que tampoco estuvieron; en ese momento eran huérfanos de ministro. Se ejerce el mando político sobre las FFAA siempre, en democracia y por suerte siempre. No puede ser que cuando hay este tipo de circunstancias las mismas actuaron y no hubo controles de ningún tipo.

En el período pasado el gobierno anterior pobló el Ministerio de Defensa de cargos políticos de particular confianza, designó más de quince cargos políticos, algunos de particular confianza política y otros que no tenían ese membrete pero eran designados por el dedo de la administración.

***
EC – El comandante en jefe que acaba de renunciar, Oscar Debali, había asumido el 1º de febrero de este año cuando pasó a retiro el jefe anterior, Juan Fernández Maggio, que era comandante desde el año 2007. La gestión de Debali debería culminar en febrero de 2011 cuando debía pasar a retiro obligatorio.

Escuche la entrevista:

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Fuente: El Espectador

“La libertad cultural y de conciencia de los alumnos, es lo que construye democracia”

“Tal vez mi mayor responsabilidad, es ser celoso custodio de que las aulas no se usen para introducir doctrinas en la conciencia del alumno que debe ser libre y autónoma”, afirmó Daniel Corbo a La Democracia. Pero en su afán de colaborar con el mejoramiento de la enseñanza, acaba de presentar, con vistas al Presupuesto, una propuesta que tiene que ver con el fortalecimiento de la convivencia educativa. El integrante nacionalista del Codicen cree que “los resultados de inmensos fracasos en el liceo se deben, en buena medida, a una institución que está obsoleta en su concepción, porque fue formulada para una realidad cultural, para un tipo de alumno, para un tipo de sociedad, que ya no existe. Adelantó su posición favorable a concentrar los esfuerzos en cinco o seis materias fundamentales, para el desarrollo intelectual de los alumnos, como ser las matemáticas, el lenguaje, la informática, etc.

Por Aníbal Steffen

¿Cómo se siente en esta soledad como único representante de la oposición en el Codicen?

Podría decir que como un navegante solitario. Pero la verdad es que valoro mucho el hecho de que la oposición esté presente en todos los organismos, porque revitaliza un principio fundamental de la democracia representativa uruguaya, que es el concepto de coparticipación. La sola presencia de personas de otros partidos en la administración, hace mucho a la construcción de un diálogo democrático.

Por ello, no me siento acosado. Pero sí lo siento como un gran desafío, porque, en este ámbito, me ha tocado la responsabilidad de expresar la voz y llevar la mirada de medio país que no está en el gobierno.

Yo vengo aquí a cumplir dos misiones fundamentales. Una que está ínsita en la Constitución, que es el ejercicio del contralor, esa especie de auditoría de gestión desde la oposición. Pero al mismo tiempo vengo a ayudar y a proponer todo aquello que pueda ser beneficioso para la educación.

¿Qué puedo poner en juego a pesar de mi inferioridad numérica? En primer lugar un conocimiento muy vasto del organismo. Aquí entré por primera vez en 1985, al retorno de la democracia, junto a figuras como Pivel Devoto, Aldo Solari, de quienes aprendí mucho en esta institución.

Estuve aquí por segunda vez, como consejero, en el gobierno del Dr. Jorge Batlle, en el marco de un gobierno de coalición. Y ahora estoy aquí por tercera vez. De manera que conozco las estructuras del organismo, así como al funcionariado, y ellos me conocen a mí, mis características, mis perfiles, mi apego a la institucionalidad y la forma en que quiero a este organismo.

Y en el campo educativo, he tenido una continuidad de veinte años, lo que me permite tener un conocimiento profundo como para aportar una experticia al funcionamiento de este directorio.

¿Le disgustó el hecho de que los integrantes de los consejos desconcentrados hayan sido designados antes de su llegada al Codicen?

Cuando llegué aquí plantee el tema porque me gusta ser muy franco y transparente. Expresé que me pareció un acto innecesario. Está claro que cuando hicieron la designación ya había un acuerdo entre los otros miembros del Consejo, de manera que mi voto no iba a incidir ni cambiar nada. Ni lo hubiera hecho, porque había un acuerdo político por el cual esos cargos eran para la fuerza de gobierno y yo no iba a provocar una ruptura de la unidad del Consejo.

Pero señalé que el haber tomado esa decisión sin tener el órgano integrado puede ser objetable desde la legitimidad de ese acto. La designación de autoridades correspondía ser hecha por un Consejo integrado en su totalidad.

También veo un inconveniente en la proyección futura, en cuanto yo he quedado libre de todo compromiso o responsabilidad sobre la gestión de las autoridades de los consejos, en tanto no he participado en el proceso de su designación. Creo que hubiera sido mejor que en vez de haber quedado con las manos tan libres en ese sentido, hubiera tenido un compromiso más fuerte con la gestión de las autoridades de los consejos.

La enseñanza ha sido uno de los campos preferenciales para el desarrollo de la estrategia política de la izquierda. Ahora que está en el gobierno y con la nueva ley de educación, ¿le parece que la situación es más propicia para alinear la educación con los intereses políticos del gobierno?

Cuando se procesó la ley, señalamos la inconveniencia de un procedimiento de constitución de autoridades que combinaba la representación política con una representación corporativa. Dada las características de la corporación de docentes, esto significaba que, ganara quien ganara el gobierno, siempre la izquierda tendría la mayoría en los órganos de dirección de la enseñanza.

Me parece que ésta no es una buena solución. Y sería aún más compleja si hubiera ganado otro partido, porque se podría dar un enfrentamiento entre la línea del gobierno, electo por el voto de la ciudadanía, y las autoridades de la enseñanza que no responderían a la concepción que emana de la expresión soberana en las urnas.

¿Y ante el hecho consumado, cual será su actitud?

Creo que hay que dar dos batallas. Una cultural, al favor del pluralismo; digamos a favor de una concepción que vea la diversidad como una forma de enriquecer la mirada nacional y como una oportunidad de construir un sistema educativo nacional en un horizonte amplio de tiempo, más allá de las administraciones y los gobiernos de turno, para determinar un rumbo educativo con continuidad. De lo contrario se crea una situación que es como la tela de Penélope: una administración teje en un sentido y viene otra y lo desteje.

Construir pluralismo y a partir del pluralismo y el diálogo democrático construir acuerdos nacionales en la educación, puede alentar posibilidad de que el sistema educativo quede menos agobiado por las visiones partidistas ideologizantes y refleje más la polifonía de voces de la sociedad.

La otra batalla, que es tal vez mi mayor responsabilidad, es ser celoso custodio de que las aulas no se usen para introducir doctrinas en la conciencia del alumno que debe ser libre y autónoma.

Hay un principio de laicidad reconocido y asumido históricamente por la educación uruguaya y en eso no voy a cejar. Voy a ser categórico en mi definición, porque la libertad cultural, la libertad de conciencia de los alumnos, es lo que construye luego democracia.

¿Si usted comparte la percepción de que nuestra sociedad vive una crisis de valores, cuál le parece que debería ser el papel de la enseñanza en este sentido?

Considero que la educación de valores y de ciudadanía democrática son mandatos muy fuertes de la Constitución y que las instituciones educativas deberían incorporar un eje transversal para tratar sistemáticamente este tipo de formaciones. Es decir, la integralidad que siempre hemos defendido en la educación significa que no solamente vamos a trabajar los aspectos cognitivos e instrumentales de la formación del alumno, sino que también vamos a trabajar aquello que tiene que ver con la conformación de su personalidad; con su ética personal, con su moralidad.

En otras épocas en que existían valores muy compartidos, sólidamente establecidos socialmente, la educación podía jugar simplemente con el aspecto socialización. Es decir, la sola presencia en las aulas, los mensajes de los docentes, alcanzaban para construir este sustrato ético en la personalidad de los alumnos. Cuando esto se ha perdido o se ha debilitado socialmente, es necesario que la institución educativa revea este enfoque tradicional para introducir otro que establezca una formación sistemática en valores.

No quiere decir una asignatura, sino un eje transversal, porque todo lo que ocurre en la institución educativa, desde que el alumno ingresa hasta que sale de ella, todo transmite valores. La actitud del profesor, la formas de relacionamiento, la forma de convivencia, los climas institucionales, todo ello pasa mensajes que construyen la personalidad.

En ese sentido, hoy mismo estamos presentando para el Presupuesto, una propuesta que tiene que ver con el fortalecimiento de la convivencia educativa.

¿Esa propuesta que implicaría?

De alguna manera revitalizar las formas instituidas por la Constitución y la ley, a través de un proceso de reflexión y diálogo con los actores educativos, que permita construir las normas de convivencia de la institución.

Las normas que regulan nuestra convivencia a nivel social general, tienen un carácter un poco abstracto. Muchas veces a los estudiantes se les da una orden, sin una explicación clara del por qué; de cuál es el motivo por el cual se debe actuar de ese modo y no de otro.

Lo que yo planteo es la necesidad de que haya un espacio de construcción de acuerdos con los estudiantes, en torno a normas y criterios para regular la convivencia. O sea que los estudiantes puedan reflexionar, discutir, proponer y comprometerse con determinados criterios.

Entonces, hay un trabajo a hacer de convivencia en los centros educativos que es el formato para luego convivir socialmente y para generar criterios de valor en la actuación de las personas.

Hay un paso previo a la educación del alumno, que es la formación del propio docente. La pregunta es un poco antipática: ¿Están preparados los docentes uruguayos para ser guías, ejemplos, tutores, del desarrollo cultural de los niños y los jóvenes?

Yo creo que, en ese sentido, hay fortalezas y debilidades. Hay que trabajar sobre esas debilidades.

Pero me parece que no se trata de estigmatizar al docente, sino proponernos un trabajo para fortalecer la profesionalidad del educador.

Esto pasa por jerarquizar la propia función docente; pasa por cambiar las reglas de la carrera funcional también. Pasa por la creación en las instituciones educativas de un espacio para que el colegiado docente, en la reflexión de sus propias prácticas, pueda construir guías didácticas, orientaciones de trabajo, cómo intervenir pedagógicamente en alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. Y reglas claras a los efectos de evitar el ausentismo que se da en las aulas.

Hay que rescatar algunos principios básicos. Uno es que los estudiantes concurran asiduamente. Y cuando concurran, encuentren al docente impartiendo la clase. Si no ocurren ambas cosas, se pierde el proceso educativo, se dispersan los alumnos y se pierde la continuidad del esfuerzo.

Hay mucho para hacer en este campo, porque sin buenos docentes no puede haber buena educación.

En materia de programas ¿no cree que habría que enfocarse un poco más en las materias clave como pueden ser las matemáticas y el lenguaje?

Aquí hay dos problemas. Si bien es cierto que los jóvenes hablan mal, también es cierto que la sociedad habla mal. El tema se ha vuelto más complejo porque hay otros lenguajes, otra dinámica cultural, a veces asentada en la existencia de tribus juveniles, jergas de grupos, que dificulta mucho la tarea.

También hay una presencia muy fuerte de la imagen; se habla mucho a través de la imagen, lo que debilita la construcción de conceptos, del pensamiento lógico, que se asienta en el lenguaje.

Pero si, efectivamente, pienso que la educación uruguaya, en muchos campos, peca por la diversidad y el enciclopedismo. Se quiere abarcar todo y en definitiva no se abarca nada bien.

En ese sentido, el plan de estudios de secundaria, el ciclo básico, es un contrasentido contra todo lo que se debería hacer. Porque cuando un niño tiene 11 o 12 años y está en sexto de escuela, consideramos que el mejor modelo de aprendizaje es que haya una sola maestra para ese alumno. Pero 6 meses después, consideramos que el mejor modelo para ese mismo niño es tener 13 profesores, 13 materias distintas, 13 pruebas, 13 cuadernos, 13 libros. Entonces, me parece que algo está funcionando mal. Hay un contrasentido en ese tránsito del medio escolar, que tiene contención, reglas claras, vínculo afectivo con la maestra, frente a una institución como el liceo que se caracteriza precisamente por ser relativamente despersonalizado, donde el alumno no encuentra un adulto que lo escuche. A su vez los docentes han sido conformados en una mentalidad asignaturista y enciclopedista, por lo cual generalmente miran por el ojo de la cerradura de su especialidad y no logran nunca ver al adolescente que tienen en frente, con todas sus demandas, sus necesidades, sus expectativas, sus miedos, etc.

Hoy todos los estudios nos demuestran que un adolescente de 12 o 13 años no ha terminado de conformar su socialización primaria. Por lo tanto los factores de afecto y de construcción de identidad son muy importantes. No lo eran tanto en otra época en que se pasaba casi de la niñez al mundo adulto. Y el que entraba al liceo, lo hacía con una socialización primaria prácticamente terminada. Por lo tanto podían dedicarse a las materias.

El tema es que hoy no es así y sin embargo seguimos con la misma oferta educativa, la misma propuesta pedagógica, y la misma forma de mirar la enseñanza que en esa época que ya no existe,

Los resultados de inmensos fracasos en el liceo se deben en buena medida a una institución que está obsoleta en su concepción, porque fue formulada para una realidad cultural, para un tipo de alumno, para un tipo de sociedad, que ya no existe.

¿Y que propone usted como solución al problema que está describiendo?

Reducir ese abanico tan amplio de asignaturas para centrarnos en aquellos aprendizajes más significativos, que tiene que ver con los lenguajes que abren el conocimiento general, que son lengua y comunicación, matemáticas, un segundo idioma, informática, luego las ciencias y la formación social.

Allí tendríamos cinco o seis área de trabajo en las que deberíamos centrar la formación de los alumnos. Es decir: menos diversidad, menos enciclopedismo, y más fortaleza, más profundidad, más horas dedicadas a esas áreas tan significativas. Con menos docentes. Pero con docentes que trabajan más horas con cada grupo.

Eso permitiría recuperar la idea del profesor – cargo. Es decir el profesor que concentra su trabajo en una institución y, por lo tanto, se compromete con ella, que tiene pocos grupos de alumnos con los cuales trabaja muchas horas. Evitar la rotación de docentes entre instituciones todos los años. Porque la permanencia permite construir equipos de educadores, colegiados docentes con permanecía, criterios compartidos, proyectos pedagógicos construidos colectivamente, que es esencial para darle fortaleza a la tarea educativa.

Eso se pierde en el maremágnum de asignaturas y docentes que circulan, en un contexto en el que los liceos se vuelven tierra de nadie, donde los propios alumnos no saben a qué atenerse, cuáles son las reglas. Las instituciones terminan de alguna manera conquistadas por otros formatos culturales juveniles y se debilita la capacidad de la institución de transmitir mensajes claros y coherentes.

Las disonancias entre los propios docentes transmiten incoherencias a los alumnos. Un profesor muy severo, otro muy permisivo; un profesor jerarquizador y verticalista y otro que es casi un amigo del alumno y casi ha perdido su rol de docente…

El estudiante pierde así la noción de cuál debe ser su comportamiento, cuales son los criterios que regulan la vida institucional, cuáles las exigencias… Porque el profesor muchas veces no viene. Entonces por qué va a tener autoridad para pasarle lista al alumno, para exigirle que venga y haga deberes cuando el profesor no cumple.

Todo esto hace a las condiciones de educabilidad. Antes de pensar en que materias hay que enseñar, es necesario que la institución sea capaz de recepcionar al alumno, pasarle mensajes claros, transmitirle orientaciones y criterios, de que haya un ambiente sosegado de trabajo, convivencia positiva. Sólo así habrá condiciones de empezar a trabajar en lo curricular.

¿Cómo evalúa el Plan Ceibal?

Me parece que hay dos cosas a considerar. Una puede ser una luz y otra una sombra.

La luz es que el Plan Ceibal, de alguna manera, permite conectar a todos los alumnos de toda condición social y geográfica del país en un lenguaje de la modernidad, del siglo 21. Sin lo cual, uno quedaría analfabeto, aun sabiendo leer y escribir, ya que no sería capaz de comunicarse fuera de la aldea o de encontrar los caminos para llegar a la información del mundo. Es, entonces, un elemento liberador que permite integrarse a una red capaz de promover cosas desde la ciudadanía.

Lo que me parece más discutible y que le faltó al Plan Ceibal, es que simplemente compró las computadoras y se las dio a los niños. Y no previó un programa pedagógico para el uso de las computadoras.

Es decir, no reflexionó sobre cómo incluir pedagógicamente este instrumento, que es apenas eso, un instrumento, una tecnología. El problema es que no se reflexionó sobre cómo usar adecuadamente esa tecnología.

No se preparó a los docentes, ni para el manejo ni para el desarrollo de programas didácticos que hicieran de este instrumento un factor favorable al desarrollo de la instrucción de los alumnos.

Tampoco se pensó en un programa que permitiera enfocar el desarrollo de los contenidos de las distintas materias a partir de una acción didáctica adecuada a la nueva tecnología.

¿Se está a tiempo de reparar esa omisión?

Claro, esta es una situación revisable. Si no se hizo antes todavía se está a tiempo de aprovechar debidamente la nueva tecnología.

Fuente: La democracia

Diputado Cr. Rodrigo Goñi: “La conveniencia electoral no es lo que está en juego hoy”

“Por pensar y poner por delante los intereses de la gente y del departamento”

En diálogo con EL PUEBLO, el diputado Rodrigo Goñi brindó su punto de vista sobre la participación del Partido Nacional (PN) en el gobierno de Germán Coutinho, donde aprovechó para aclarar que los blancos no ceden su derecho a seguir controlando al Ejecutivo, pero que en esta oportunidad no solo podrán hacerlo desde la Junta Departamental sino que también se podrá hacer desde el Ejecutivo mismo. Por otro lado, fue categórico al afirmar que los representantes del nacionalismo en el gobierno serán directos responsables si las cosas se hacen mal.

- ¿Comparte la decisión de la Comisión Departamental del PN de participar de esta nueva experiencia de gobierno multipartidario en Salto?

- Entiendo que si los compañeros que están a cargo del tema, con la evaluación que hicieron, encontraron que era positivo y teniendo en cuenta además, desde mi punto de vista, que el intendente Coutinho ofrece participar en una administración en ámbitos de gobierno aceptando bases programáticas muy claras, muy contundentes y no pone reparo alguno, entiendo que también sería hasta una falta de delicadeza, pero que en realidad, en términos políticos, sería darle la espalda a la política en si el haber dicho que no. No he encontrado razones para haber dicho que no, para habernos negado, ese es el pensamiento, pero sobre todo respetando además el ámbito de la autoridad partidaria que en ese aspecto es absolutamente representativo de todos los sectores partidarios.

- ¿Está de acuerdo con la denominación de gobierno multipartidario o este es el gobierno departamental del Partido Colorado (PC) con un nuevo formato?

- A ver, primero, yo no soy muy afecto a las denominaciones. En el anterior gobierno era el “Salto de todos” y en realidad sabemos que era solo el Salto del Frente Amplio, si nos vamos a guiar por eslóganes en la actividad política es muy difícil realizar las cosas. Yo entiendo que acá hay, en este Poder Ejecutivo departamental, por llamarlo de alguna manera, representantes de cuatro partidos políticos, de manera que se le podría dar esa denominación. Lo que importa es el resultado, no el nombre de las cosas.

- ¿Cede el PN su rol de partido de la oposición o se siente integrante del gobierno?

- No, el PN asume el rol permanente de buscar ser un medio para lograr cosas para el lugar donde está, sea el país o sea el departamento. Nunca el PN le dio la espalda al departamento de Salto, habremos sido muy pocas veces gobierno, es cierto, pero en el ámbito que nos tocó actuar en todas las décadas anteriores, el PN siempre estuvo proponiendo, siempre estuvo apoyando y votando infinidad de cosas con el partido que gobernaba que en general era el PC, y además ejercía una tarea de contralor desde la Junta Departamental hacia el Poder Ejecutivo. Esa tarea hoy de contralor, se va a hacer desde el ámbito de la Junta Departamental y a su vez tiene la posibilidad de controlar desde adentro del Ejecutivo, posibilidad que nunca habíamos tenido. De manera que, si se nos quiere tildar de opositores u oficialistas, volvemos a lo mismo, son denominaciones, son eslóganes, nosotros siempre mantenemos la misma conducta, trabajar por el departamento y controlar que las cosas se hagan de una manera correcta y de la mejor manera posible.

- Si las cosas le van bien a Coutinho en su gobierno, ¿de alguna forma se beneficiaría el PN?

- Ah mire, yo no soy afecto a ese tipo de interpretaciones futurológicas, yo que sé lo qué va a pasar. Fíjese que en octubre de 2009 el PN sale segundo y en mayo de 2010, siete meses después sale tercero. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Y bueno, si usted se anima a predecirlo, hágalo, yo no lo hago.

- Y si le va mal al gobierno de Coutinho, ¿podría perjudicar al PN?

- Mire, sin duda que un mal gobierno perjudica a los gobernantes, eso está claro, pero en lo que al PN corresponde y a quienes representan al partido en la administración, yo descuento que van a dejar lo mejor de sí para que el gobierno sea bueno. Los resultados, le reitero, se verán, yo confío en la gente que hoy nos representa allí.

- En caso que alguna de las áreas en las que hoy trabajan representantes del PN tenga dificultades, ¿quién sería responsable, el PN o el PC?

- No, mire, la responsabilidad es de quien lleva adelante el área, sin duda. Son nuestros representantes, el PN tiene allí representantes dentro de la administración, si las áreas que quedan bajo su órbita no funcionan o funcionan mal, el error claro es de quienes allí están comandando el área.

- ¿Hasta cuándo piensa que debería existir esta participación en el gobierno departamental o debería ser a término?

- Mire, lo que es seguro es que termina en cinco años, si termina antes, se verá el por qué. Yo no avizoro ahora razones para culminar antes, si las hubiera, naturalmente. Allí se está trabajando en términos políticos y todos saben que tienen una tuerca de fácil desenroscado para salir del sillón, no hay nadie que esté soldado al sillón.

- Más allá de las cuestiones coyunturales, pensaba en la próxima campaña electoral de 2014, sobre si ya habían pensado en algún momento el alejamiento del PN del gobierno de Coutinho.

- Si usted tiene alguna idea al respecto sobre conveniencia o no, lo podemos discutir en términos políticos, lo invitamos a que participe de alguna reunión de la Comisión Departamental y nos dé la idea. Nosotros estamos trabajando en absoluta buena fe para sacar adelante un gobierno y una administración que mejore a nuestro departamento, y eso no tiene cálculos políticos porque si los tuviera, naturalmente que uno podría actuar de manera distinta, debería actuar de manera distinta, pero nuestro partido se ha caracterizado por pensar y poner por delante siempre los intereses de la gente, del país, del departamento, de manera que la conveniencia electoral no es lo que está en juego hoy

Ribeiro (BCU): “El tipo de cambio actual no va a generar un incremento de la inflación”

Recientemente asumido como integrante del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), el nacionalista Washington Ribeiro aseguró que trabajará con lealtad hacia la institución y hacia su partido, “siendo consciente de que soy el único representante de la oposición” en la entidad bancaria. Entrevistado por En Perspectiva, consideró poco probable un aumento inflacionario pero advirtió con respecto a un posible sobrecalentamiento de la economía. El economista sostuvo que la intención del gobierno de mantener el valor del dólar entre 21 y 22 pesos es legítima pero no asegura la competitividad. Además, explicó cómo piensa colaborar en el aumento de la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno, así como en el “cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas”.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Desde la semana pasada, un integrante de la oposición forma parte del equipo económico de gobierno.

Se trata del economista Washington Ribeiro, flamante director del Banco Central del Uruguay (BCU). Un hombre de confianza del senador blanco y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, integra el directorio del organismo responsable, entre otras cosas, de fijar la política monetaria para combatir la inflación, regular y supervisar el sistema financiero y, para muchos integrantes del Poder Ejecutivo, vigilar el valor del dólar frente al peso uruguayo.

Ribeiro tiene 38 años, se graduó en la Universidad de la República, ha sido asesor en temas de política económica, inserción internacional y estrategias de desarrollo en AN, el sector liderado por Jorge Larrañaga, entre 2002 y 2010.

JAE – Un nombre que ya se había manejado en el anterior período para la integración de la oposición en el BCU. Eso finalmente no prosperó, pero ahora sí, vuelve su nombre y se concreta con este acuerdo entre gobierno y oposición.

¿En qué temas se ha especializado o ha hecho hincapié en estos años como economista?

WASHINGTON RIBEIRO:
En los últimos años, si bien he mantenido el ejercicio de mi profesión, sobre todo me he dedicado a la actividad política en cuanto a asesorar a AN y al doctor Larrañaga no exclusivamente en temas económicos, sino también en cuestiones políticas. Básicamente hemos hecho el seguimiento del presupuesto quinquenal pasado, de las sucesivas rendiciones de cuentas y de todas aquellas leyes que tuvieran alguna incidencia sobre la actividad económica, junto con otros compañeros ya sea de AN o de la Fundación Ferreira Aldunate.

JAE – Entonces el enfoque no necesariamente va por el lado de la política monetaria, algo específico del BCU, sino que ha sido algo más general.

WR – Sí, habría sido muy restrictivo enfocarse exclusivamente en la política monetaria, que es uno de los componentes de la política económica. Pero en particular en el quinquenio anterior la política fiscal tuvo una importancia relativa mucho mayor y por eso el sistema político le prestó más atención. Recordemos la reforma tributaria y una serie de leyes que implicaron cambios importantes.

JAE – ¿Qué lo llevó a aceptar el ofrecimiento para integrar el directorio del BCU?

WR – Es un orgullo y una satisfacción enorme que en un partido con infinidad de economistas como pueden ser Javier de Haedo, Gustavo Licandro, Andrés Pieroni se me designe a mí para ocupar esta responsabilidad. No hay lugar a pensarlo, no se trató de aceptar o no aceptar, simplemente ante el ofrecimiento una satisfacción enorme y un orgullo impresionante.

EMILIANO COTELO:
De hecho, su cargo será el más importante para la oposición en los temas económicos. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo será su papel? ¿Será un papel por el lado del control? ¿Será un papel por el lado de las propuestas?

WR – El doctor Larrañaga nos dijo no solo a mí sino a todos los que propuso para integrar los entes y las empresas públicas: “Controlar sí, pero colaborar también”. Y esa colaboración se traduce en llevar adelante iniciativas de nuestro sector político. No sé si es el cargo más importante en la política económica, convengamos que la política del país es un conjunto de elementos, y si bien sí en la política monetaria mi participación, o la del BCU, es fundamental, en Uruguay las empresas públicas en general tienen un rol muy importante, por tanto UTE, ANCAP, el propio Banco República tienen una incidencia muy importante.

JAE – El BCU forma parte del equipo económico pero no define la política general, entonces ¿cómo imagina el peso que tendrá su lugar, su puesto en el ejercicio del poder?

WR – Con lealtad hacia la institución y hacia el partido que me puso, siendo consciente de que soy el único representante en el banco de la oposición, por lo cual no voy a ser un representante de los demás partidos políticos pero sí un colaborador en tanto se me requiera y en tanto yo pueda, y ante todo, seguir la evolución de las variables económicas, las decisiones que vaya tomando el gobierno, en particular en las instancias de coordinación que el BCU tiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a partir de allí ejercer el rol de oposición cuando estimemos que sea conveniente o cuando el partido lo estime conveniente, y sobre todo el de hacer propuestas, como decía al principio.

JAE – Hay un comité que se reúne cada tres meses horas previas al Comité de Políticas Macroeconómicas (COPOM), que es el encuentro entre el BCU y el MEF. Hasta ahora nadie de la oposición se había integrado a esas conversaciones.

WR – Claro, por la conformación del propio elenco de gobierno y del BCU. A partir de la próxima reunión nosotros vamos a participar y allí se verá. Es la instancia que el BCU, y en particular la oposición, va a tener de emitir su opinión sobre la política fiscal, más allá de los controles legales que establece el propio Parlamento.

EC – Hay unos cuantos temas que han puesto al BCU en la agenda informativa desde que comenzó este segundo período de gobierno del Frente Amplio (FA).

JAE – Empecemos por el tipo de cambio, que es de los últimos, y son sobre todo cambios que implican por un lado un rol menos activo o menos frontal del BCU en la compra de dólares, pasando esa responsabilidad al MEF. Pero por otra parte, el subsecretario de Economía ha dicho que el dólar tiene que estar entre 21 y 22 pesos, que ese es el punto de equilibrio que el gobierno va a tratar de mantener. ¿Cómo observa este tipo de mensajes de la autoridad monetaria, el hecho de que haya una definición pública expresa de un valor del dólar?

WR – En Uruguay existe un régimen de tipo de cambio flexible, por lo cual el valor resultante del tipo de cambio es producto de la política monetaria que se lleva adelante, entre otros factores. La decisión es prevalente a mi integración al BCU, pero el cambio en la participación en el mercado de divisas del BCU en beneficio del MEF se debe a un tema de composición de cartera. El MEF, el gobierno, el Estado uruguayo tienen endeudamiento en dólares, por lo cual se estima que es más conveniente que ese tipo de operaciones las realice el propio gobierno por medio del ministerio y el BCU.

JAE – Usted comparte eso.

WR – Sí, claro, porque el hecho de que lo hiciera el BCU implicaba una serie de pérdidas bastante altas en función de la composición de activos y pasivos del propio banco. Y que el subsecretario adelante, prevea o diga que el tipo de cambio tiene que estar en tal o cual valor se asume como una meta del gobierno y es legítimo. Yo creo que el tipo de cambio no es el único instrumento para manejar la competitividad del país.

EC – El propio gobierno lo ha sostenido desde siempre; en estos dos períodos del FA se ha insistido mucho con eso, pero al mismo tiempo en los últimos meses se ha reconocido que el valor había alcanzado el dólar en su pendiente ya empezaba a ser preocupante.

WR – Sin duda que el valor del dólar importa en la competitividad, pero en el corto plazo. En el largo plazo hay otros aspectos que son mucho más importantes, como el manejo de las tarifas públicas, el manejo de la productividad o aquellos elementos que generen mayor productividad –para este año se estima un 3-4% de crecimiento–, factores como la calificación de la mano de obra, la educación, la flexibilidad y las normas en el mercado de trabajo, la institucionalidad del país. El tipo de cambio debe ser manejado en el corto plazo a la espera de generar estructuras o reformas que impliquen una mejora en la competitividad perdurable en el tiempo. Un valor del tipo de cambio de 19 seguramente era preocupante para el sector exportador; no sé si un tipo de cambio de 21-22 resuelve la competitividad del país o le garantiza competitividad al país. En definitiva es una discusión del gobierno.

JAE – Pero se ha sostenido, de repente simplificadamente, que hay una especie de choque entre ese objetivo de sostener la competitividad por el lado del dólar y el objetivo inflacionario, que un objetivo incide sobre el otro en forma negativa, porque el BCU mantiene esa objetivo de mantener la inflación a raya. ¿Cómo ve este conflicto? ¿Hay riesgo de problemas por el lado de la inflación a partir de estas otras medidas que se toman para sostener o para levantar la competitividad?

WR – El control de la inflación y en particular la estabilidad de precios es un mandato que la ley le da al BCU entre sus cometidos y finalidades. Según el régimen y la política monetaria definidos en el país se establece un rango de inflación, que es de 3 a 7% para los próximos 18 meses, y dentro de ese rango el BCU establece una tasa de interés de referencia compatible con la meta buscada. Básicamente no creo que haya discrepancias. Esto se decidió en la reunión del COPOM, por lo cual no veo la discrepancia.

JAE – ¿No ve sombra, riesgo de problemas de inflación? Porque algunos han sostenido que la economía está muy activa, que va a crecer 6,5% o por arriba, que hay riesgo de recalentamiento. ¿La inflación lo preocupa?

WR – La inflación siempre es preocupante en tanto perjudica sobre todo a las clases más bajas de la sociedad. Creo que el tipo de cambio en el nivel que está hoy no va a generar un incremento de la inflación en lo más mínimo, y el riesgo de sobrecalentamiento es posible, es a cuidar, y por eso hay que llevar adelante medidas que estimulen la inversión para evitar que eso ocurra.

***

EC – En su discurso de asunción usted abogó por el equilibrio entre la política fiscal y la monetaria, y dijo que el gasto en el período pasado fue “excesivo”. ¿Qué va a proponer en ese sentido? ¿Qué puede hacer desde el BCU?

WR – El gasto en el período pasado evidentemente fue excesivo en tanto el país creció como nunca había crecido en su historia al cabo de cinco años seguidos, y aun así no se alcanzó un equilibrio fiscal. La importancia del superávit fiscal está dada en la utilización de los recursos genuinos que el país genera. Puede aplicarse a la reducción de deuda, a la reducción de impuestos, y después se discutirá si es mejor bajar el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado o aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones. Eso es una discusión posterior, pero un país es como una familia, debe mantener sus cuentas equilibradas no puede gastar permanentemente más de lo que recibe como ingresos, porque eso genera un elevado endeudamiento.

EC – Es una costumbre nacional.

WR – Tal vez haya sido la necesidad, no sé si es un tema de costumbre. Pero en años de bonanza hay que aprovechar para generar un cierto equilibrio fiscal y a su vez un colchón fiscal con políticas anticíclicas que permitan hacer frente a problemas en el empleo y a otro tipo de dificultades que se presenten en épocas de vacas flacas. Esa fue en general la principal crítica que la oposición le hizo a la administración anterior, veremos en la instancia presupuestal cuál es la evolución prevista para el gasto público. En cuanto a qué se puede hacer…

EC – ¿Usted tiene capacidad de incidencia?

WR – No, por supuesto que no. Tengo capacidad de propuesta como un miembro más del directorio del BCU en alguna instancia de coordinación con el MEF. La propuesta y el control efectivos los va a hacer el Parlamento, que es el ámbito natural de discusión del presupuesto.

***

JAE – Al asumir, usted planteó el interés en colaborar en el proceso de aumentar la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno. ¿En qué medidas piensa para fomentar la inclusión financiera?

WR – Sobre todo en la forma en que se haga la bancarización, que es un proceso que no es nuevo en Uruguay, se desarrolló mucho durante los años noventa y se vio postergado por la crisis de 2002. Pero en general es un proceso que se ha dado en todo el mundo, que genera importantes beneficios en cuanto a la formalización de la economía, si se hace bien. Si se hace mal puede llegar a generar exclusión social en la medida en que ciertos sectores de la población no accedan al sistema financiero y por tanto a la economía formal.

Uruguay tiene la ventaja de que buena parte de la población está bancarizada mediante los planes del MIDES, en el BROU. La incidencia o la importancia de la oposición, en este caso mía, es en cuanto a la forma en que se dé y en aportar a la discusión con propuestas. Este es uno de los ejemplos claros en que vamos a tener una participación seguramente más activa.

EC – ¿Puede mencionar algún otro ejemplo?

WR – Por ahora no, estamos viendo con la Superintendencia de Bancos los mecanismos que piensa llevar adelante. Pero por ejemplo, el desarrollo de la inserción del sistema financiero en el sistema educativo, en la escuela o en los liceos, no en régimen de materia obligatoria pero sí alguna carga horaria, aunque sea mínima, para aumentar el grado de responsabilidad de los jóvenes en el cumplimiento de sus obligaciones en términos económicos durante su madurez.

EC – Usted habla de crear una cultura de la bancarización.

WR – Para ser honestos, no hablo yo, es algo en lo que se venía trabajando en los servicios del banco y que yo veo bien.

EC – Sí, el presidente del BCU, Mario Bergara, ha hablado de eso.

WR – Sí, claramente es un ejemplo. La cultura no solo de bancarización sino de cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas.

EC – ¿Otros ejemplos?

WR – Otro ejemplo puede ser la inclusión del sistema de cooperativas o de microcréditos con algún tipo de regulación específica destinada a ello, con un régimen regulatorio tal vez un poco más flexible. Son temas que hemos venido hablando con la Superintendencia y que seguramente seguiremos hablando, cómo reglamentar el sistema de tarjetas de crédito. Son elementos que estamos viendo en la interna del banco y que seguramente en el futuro se irán desarrollando.

EC – ¿En qué aspectos se piensa esa reglamentación de las tarjetas de crédito?

WR – En general en el marco contractual. Ya existe una reglamentación, pero si se va a expandir habrá que buscar la forma de que el manejo de instrumentos de medios de pago electrónicos redunde en una reducción de nivel de precios para la población, ya sea reduciendo el impuesto al valor agregado (IVA) mediante esas transacciones o algún otro tipo de impuestos, o con precios diferenciales a los efectos de generar estímulos para la población y a su vez un beneficio para los usuarios.

JAE – Ya hay varios mecanismos en ese sentido, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando uno paga con tarjeta se le devuelven 9 puntos de IVA, el consumo de combustibles en estaciones de servicio en frontera también tiene una devolución equivalente a tantos puntos del IMESI. Ese es un camino, usted dice que se puede generalizar por esta vía de modo que este proceso beneficie a la población.

WR – Esa es la gracia, si hay bancarización obviamente van a ganar los bancos en tanto habrá mayor nivel de actividad, obviamente van a ganar los empleados bancarios en tanto habrá más puestos de trabajo; y también tienen que ganar los usuarios del sistema, que es la población en su conjunto, por medio de menores costos de los bienes que quieran adquirir.

EC – En medio de ese proceso de bancarización, ¿cómo observa la decisión que se tomó hace muy pocas semanas, la publicación de la Central de Riesgos del BCU, que contiene datos de 540.000 deudores del sistema financiero? Dentro del propio sistema bancario varias instituciones observaron esta resolución como una medida a contramano, y directamente la cuestionaron.

WR – Primero, la medida no viola el secreto bancario y da cumplimiento a una ley. En el mostrador del BCU cualquier ciudadano podía con su cédula o el número de cédula de otro ciudadano averiguar los antecedentes en el sistema financiero. El BCU hizo mucho más pública esa información. Yo personalmente creo que es una violación de la privacidad de las personas, y lo he dicho en el banco, pero es mandato y cumplimiento de una ley. Creo que hacer tan público ese tipo de información de la vida privada de las personas y las empresas viola la privacidad de los individuos.

JAE – ¿No hay riesgo allí de demandas contra el BCU por llevar adelante esto?

WR – No, porque es en cumplimiento de una ley.

EC – ¿El tema no está abierto a discusión? ¿Usted cuando ingresó al directorio lo replanteó?

WR – Fue una decisión de la Superintendencia; se lo planteé al superintendente. Lo que se va a hacer, no necesariamente a raíz de mi planteo sino porque el banco ya era consciente del problema, es generar algún tipo de restricciones, mantener la libertad de acceso a la información pero generar algún tipo de restricciones y controles extra para que no cualquiera se informe acerca de las deudas de otra persona.

JAE – Al menos pedir información de quién solicita el dato.

WR – Eso seguro. Hoy queda registrada la cédula; se va a pedir alguna información adicional y se van a generar algunos mecanismos informáticos de control para que un individuo no tenga libre acceso a las cuentas de los demás.

EC – Es una resolución que se basa en una ley, tiene sustento legal. Pero casi al mismo tiempo se envió al Parlamento un proyecto de ley que también ha sido cuestionado por el sistema bancario, sobre todo teniendo en cuenta ese proceso de bancarización en el que se supone que se está.

JAE – El caso del secreto bancario directamente, la flexibilización, porque no es el levantamiento sino la flexibilización, la posibilidad de que mediante un pedido de información de la autoridad tributaria, pongamos por caso de la DGI, ante la justicia finalmente se levante ante la presunción, no con alguna prueba ya entre manos, sino ante la presunción de evasión fiscal, se pueda acceder a la información de la cuenta bancaria. ¿Cómo ve este tema?

WR – Esto se da en el marco de cambios en el sistema tributario y en particular en la búsqueda de generar una mejor calificación del país en foros internacionales y ante la calificación que la OCDE en particular hace de paraísos fiscales. Yo creo que el secreto bancario como está en Uruguay hoy es más que suficiente. El gobierno dice, y es razonable, que si les vamos a otorgar potestades especiales a administradoras tributarias de otros países, también tenemos que tener derecho nosotros. El proyecto está en discusión en el Parlamento, y creo que podría acotarse a los casos en los cuales administraciones tributarias de otros países soliciten información, no generalizarlo.

EC – ¿Cómo es eso?

WR – Claro, vamos a intentar desarrollar un ejemplo. Si yo, administración tributaria de Suiza, país con el que Uruguay puede llegar a tener un convenio, les solicito información a la administración tributaria y al BCU sobre Emiliano Cotelo, me la tienen que dar por el convenio. Lo que se establece en el proyecto de ley es que si la administración suiza tiene esa potestad, que la administración tributaria uruguaya también la tenga, pero no exclusivamente sobre Cotelo, que es el supuesto problema en este caso, sino sobre toda la población uruguaya. Esto se puede acotar a los casos en los cuales la administración tributaria del tercer país solicite información, sobre esa persona.

EC – Que las autoridades tributarias uruguayas también tengan la posibilidad de pedir información bancaria sobre una determinada persona si sobre ella pesa una solicitud que venga de fuera.

WR – Exacto, por el régimen nuevo, que es el de presunción y no exclusivamente de evasión. Esa puede ser una forma de acotarlo.

JAE – Eso inhabilitaría a la DGI a pedir información ante la presunción a nivel local sobre tal persona y sobre la situación.

WR – Sobre el universo de personas. Es una opción. Repito, está en tratamiento parlamentario, y tengo entendido que esas son algunas de las iniciativas que se le van a plantear a la bancada de gobierno.

***

JAE – El BCU tiene además un rol de supervisión del sistema financiero. ¿Cómo evalúa la situación del sector, cuando los bancos a veces se quejan de la regulación, dicen que cada vez les piden más controles, lo que les genera más costos y les corta la posibilidad de ofrecer más servicios al público?

WR – El sistema financiero es mucho más que el sistema bancario, incluye otra serie de agentes, entre los cuales están la Bolsa de Valores, las empresas de intermediación financiera, claramente los bancos, las administradoras de crédito, las administradoras de seguros, las AFAP, infinidad de agentes. Es cierto que a raíz de la crisis de 2002 y de una tendencia internacional el sistema regulatorio es cada vez más complejo y seguramente les genera más costos a las instituciones. La regulación tiene el sentido de proteger a los ahorristas, y la forma de subsanar eso es generar mayor actividad. En un país en crecimiento debemos estimular líneas de crédito, líneas de financiamiento a largo plazo –que tal vez sea uno de los déficits que el país tiene–, y eso pasa por estimular a la Bolsa de Valores para apalancar proyectos de inversión en infraestructura y de otro tipo que vengan a generar mayor competitividad en el país. Un mayor nivel de actividad va a generar mayor renta, con lo cual esos costos se van a diluir.

JAE – Pero la Bolsa de Valores ha criticado enormemente la nueva regulación, dice que deja a muchísimos pequeños corredores de bolsa fuera de la posibilidad de seguir operando por la cantidad de controles, porque incluso se exige que se graben conversaciones telefónicas de clientes con el corredor a efectos de dejar registro de los movimientos que el cliente quiere hacer.

WR – Reconozco que la nueva reglamentación, que ya tiene dos o tres meses, es muy compleja y exhaustiva. Pero pasa por generar mayor volumen de negocios, que viene dado por la necesidad mayor de financiamiento que el país tenga en proyectos de inversión a largo plazo.

JAE – ¿Cómo se hace? ¿Se requiere alguna otra norma para apuntalar esta idea? Porque da la impresión de que con la situación tal como está las cosas no se generan solas.

WR – Por supuesto que no se generan solas. También va en un aspecto cultural, el uruguayo no tiene cultura de ir al mercado de valores, al mercado de capitales para obtener financiamiento. Seguramente será un proceso lento, el país y la regulación bancaria y financiera se están modernizando y adecuando a la tendencia internacional. Es cierto también que muchas veces lo que se les exige a los países chicos como Uruguay no se cumple en los países de origen, los países que nos califican, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea; ya hemos visto lo que pasó con una crisis impresionante. Son esos países los que nos exigen mayores controles a nosotros. Forma parte de la relación y la negociación internacionales que el país como país tenga con esas economías. Y hay que generar medidas que alivien el exceso de regulación y de costos producto de una mayor regulación en la economía doméstica.

***

JAE – Se maneja que en el final de este año 2010 los bancos van a empezar agresivamente a ofrecer créditos para pequeños operadores, pequeños clientes, para el consumo doméstico. ¿Cómo ve esto?

WR – ¿Créditos al consumo o microcréditos?

JAE – Hay de todo, vivienda, automóviles.

WR – Lo veo bien, no puedo juzgar la política comercial de un banco. En la medida que esté dentro de las normas y de las reglas que se establecen, bienvenido sea el desarrollo del sector.

JAE – ¿Efectivamente es esperable una mayor oferta de crédito?

WR – Eso forma parte de la política comercial de uno o varios bancos y será producto de la competencia que se dé en el mercado. No puedo prever las políticas comerciales de instituciones privadas.

***

Transcripción: María Lila Ltaif para El Espectador

Laicidad: ‘No permitiré que se vulnere la conciencia moral y cívica de los alumnos’. Daniel Corbo

Integra el Consejo Directivo Nacional (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en representación del Partido Nacional. Es el único miembro de la oposición en el organismo, por lo que estará en minoría. El Codicen se completa con dos frenteamplistas (presidente y vice) y dos delegados de los docentes designados por los sindicatos. Corbo es crítico de la ley de Educación y de la integración de los representantes docentes en el Codicen. Y advirtió que no tolerará que los docentes tomen postura en los temas sometidos a diferentes visiones ideológicas. Propone un sistema de enseñanza secundaria con menos asignaturas.

-Usted es el único miembro de la oposición con voz y voto en todo el sistema educativo, ¿cuál será su labor?

-Trataré de reflejar a ese medio país que no está en el gobierno. Creo que mi sola presencia allí es muy importante y cambia absolutamente la ecuación. No por mí, sino por tener a alguien con una mirada distinta. Eso de por sí es un factor de fortalecimiento institucional. En estos días estaremos planteando acciones para jerarquizar al Codicen como organismo, que lo vemos un poco alicaído, un poco debilitado, y debe ser un referente directriz clave de la educación del país. Pero me veo haciendo una labor positiva. No me veo meramente como el controlador.

-¿Qué temas planteará con más urgencia?

-Un tema urgente es el presupuesto. Hay que definir las prioridades y para ello un elemento importante es el acuerdo alcanzado por todos los partidos en la comisión de educación que conformó el presidente. Fue un trabajo muy importante porque, superando cinco años de desentendimientos, los partidos se sentaron a dialogar. Y se alcanzaron acuerdos sustantivos, lo cual significa que había más entendimiento del que uno podía creer al principio. Es decir, no estamos tan lejos. En algunos temas como la ley de Educación o la enseñanza superior hay un poco más de diferencias. Pero en lo que tiene que ver con la educación básica, la educación media, la formación docente, los acuerdos son bastante sustantivos.

-Sin embargo, el gobierno no cumplió con ese acuerdo con respecto a la acreditación de la calidad de las universidades, al proponer solo controlar a las privadas. ¿Cree que es un mal precedente?

-El proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento claramente no refleja los acuerdos. De todos modos, el planteo que está haciendo el MEC es que se mandó el proyecto para que la discusión se dé en el Parlamento. Hubiéramos preferido que las cosas que están en el acuerdo estuvieran reflejadas desde ya. Pero de todas maneras, abrimos un compás de espera y los hechos nos dirán si efectivamente en los resultados se honran los acuerdos o no.

-¿En qué puntos hay discordancias con el gobierno?

-Obviamente que siempre hay desencuetros. Yo marqué que no se hubiera esperado a mi asunción para designar las autoridades de los consejos desconcentrados. No por un prurito personal, sino por el cuidado de la unidad institucional. De este modo, el consejero que no ha participado de esa designación no está comprometido con la gestión de esas autoridades. Mañana podré decir que yo no nombré a estas autoridades y que no soy responsable. Esto lo hablamos muy francamente con el presidente del Codicen, José Carlos Seoane, y llegamos a un razonamiento positivo.

-¿Qué propuestas tiene?

-Plantearé como meta que las escuelas de tiempo completo cubran al 100% de los niños en situación de pobreza, lo cual implica llevar las escuelas a unas 300, estamos en unas 130. Implica una inversión de US$ 300 millones, por lo cual no se podrá hacer en un período. Lo importante es darle un envión a esto. Todos los partidos estamos de acuerdo en las virtudes de este modelo y sin embargo ha faltado más énfasis para extender el número de las escuelas de tiempo completo.

-¿Y en cuanto a los liceos?

-También tendría que estar reflejado en el presupuesto la necesidad de construir unos 60 liceos, lo que supone tratar de incorporar una matrícula que no está incorporada o que se va perdiendo. Para ello se debe devolver a las instituciones educativas una relación personalizada. Hoy son liceos muy grandes y el número despersonaliza y hace difícil que se establezcan vínculos entre el docente y el alumno. Entonces esos liceos masificados son tierra de nadie donde no se consigue la condición de educabilidad necesaria.

-¿El Partido Nacional le dio algunas directivas específicas?

-El Partido en general siempre da a los hombres que elige mucha libertad de actuación. Somos un poco peleadores también, un poco desorganizados, ese es el lado malo. De todos modos conocen bien lo que pienso porque con un grupo de gente hemos discutido los temas de educación e intervenido en la elaboración de programas de gobierno. En general las directivas que llevo son los programas que he ido elaborando.

-¿Cuál es ese pensamiento concretamente?

-Por ejemplo, la protección de la conciencia moral y cívica de los alumnos para mí es una cosa fundamental, no voy a admitir que sea vulnerada. Tratándose de temas sometidos a controversia, opinables, transitados por visiones ideológicas y filosóficas, el profesor debe abstenerse de tomar postura para no inhibir a los estudiantes. El profesor siempre tiene que alentar a los alumnos en la búsqueda de la verdad, pero tiene que hacerlo sabiendo de que él mismo no tiene en sus manos toda la verdad, porque la verdad es inabordable. Yo veo que los dogmas son como las cenizas que apagan la luz de la verdad.

-Uno de los problemas más grandes en la educación está en la deserción y repetición liceal. ¿Qué propone en este sentido?

-Yo estoy proponiendo la necesidad de algunos cambios sustantivos en el sistema educativo. Uno de ellos es pasar de un sistema verticalista, centralizado, a un sistema que dé espacios para la diversidad, que permita la contextualización a las distintas realidades sociales. Concretamente, estaría planteando la necesidad de crear una unidad especializada de innovación en el marco del Codicen, para el mejoramiento de los centros. Cada instituto de enseñanza debería elaborar un plan estratégico. Habría que rediseñar el modelo institucional, la propuesta pedagógica tendría que ser con menos asignaturas.

-¿Cree que ese proyecto será bien recibido en el Codicen?

-Yo creo que sí será bien recibido, que se considere como la voluntad de un partido de la oposición que no solamente va a auditar sino también a presentar ideas. Hemos estado hablando con los miembros del Consejo, estas ideas son mías pero hay otras ideas muy interesantes que esbozaron otras autoridades.

-¿A qué cree que se debe la crisis en la enseñanza media?

-La explicación hay que darla desde una mirada integral, no es que fallen los docentes o que falle el programa, hay un conjunto de factores que dan ese resultado tan negativo. El modelo de liceo está concebido para una realidad que hoy no existe. Hay que salir de una abrumadora cantidad de asignaturas. Muchas veces los profesores ven al alumno solamente a través del agujero de cerradura de su asignatura. Y no ven al adolescente que tienen enfrente, con sus necesidades, sus vacíos, sus preocupaciones. En el sistema masificado, con 13 asignaturas, las instituciones se convierten en tierra de nadie. Es así porque hay poca presencia adulta vinculante, puede haber muchos profesores, pero en realidad no están vinculados con los alumnos. Entonces la cultura institucional es muy débil, no define valores con claridad. Lo que pasa entonces es que las instituciones son copadas por las subculturas juveniles. En estas bases no se dan las condiciones básicas de educabilidad. No estamos ni en el principio para poder enseñar.

-¿Es optimista con respecto a su próxima labor en el Codicen?

-Tengo la esperanza de hacer cosas positivas. Además yo quiero mucho a este organismo, esta es la tercera vez que voy, ya conozco a todos los funcionarios. Cuando fui presidente del organismo me tocó un momento difícil en la vida del país, se enfrentó la tremenda crisis del 2002, donde hubo que revisar todo lo que habíamos proyectado. Siempre recuerdo que nos visitó el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y nos dijo que tenía tanta cantidad de dinero, y quería ver con nosotros en qué usarlo. Y lo primero que le dije fue que se duplicaran los niños que van a comer. Ahí estaba la primera prioridad.

-¿Qué opina con respecto al Plan Ceibal?

-Considero que tiene una cosa muy positiva que es haber colocado a todos los niños y a los adolescentes de cara a las tecnologías de la información. Porque lo que antes se entendía por analfabetismo ha cambiado. También tiene algunas debilidades, como que se compraron las máquinas y no se hizo un trabajo previo en la elaboración de programas pedagógicos. Y creo que algunas quejas de los docentes con respecto al Plan Ceibal fueron acertadas, en el sentido de que no se los preparó para el uso del instrumento como herramienta pedagógica. Pero estamos a tiempo de volver sobre esto.

Corbo. Será el único miembro de la oposición con derecho a voto en toda la educación.

Nombre: Daniel Corbo

Nació: Montevideo

Edad: 55 años

Otros datos:
Es profesor y fue diputado.
Alumno de Pivel Devoto
Esta es la tercera vez que Daniel Corbo integrará el Codicen. Fue secretario docente y luego secretario general del organismo entre 1985 y 1990, cuando lo presidía Pivel Devoto, a quien Corbo considera su maestro. Entre 2000 y 2005 fue presidente del Codicen, y también presidió el Consejo de Educación Secundaria entre 1990 y 1995. Fue diputado (1995 -2000), cuando presidió la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Es licenciado en Ciencias Históricas, fue profesor de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Montevideo. Además, Corbo ha escrito varios libros. El más reciente, Cómo hacer presidente a un candidato sin votos, es una investigación sobre las elecciones de 1971 y la operación reeleccionista de Pacheco Areco que llevó a Juan María Bordaberry al poder. Corbo pertenece al sector Alianza Nacional del Partido Nacional.

Fuente: Pilar Besada para El País

Carlos Moreira: “Hay una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias”

La Cámara de Senadores votará la Ley de Emergencia Carcelaria que tiene un carácter de urgencia y ya fue aprobada por Diputados. Entrevistado por En Perspectiva, el senador por Alianza Nacional Carlos Moreira señaló que seguramente la iniciativa se sancione por unanimidad: “Fue acordada en una comisión multipartidaria reducida antes de que se remitiera al Parlamento”, por tanto “imagino que hoy no habrá nadie que vaya a objetar”. El legislador aseveró que la “población carcelaria viene creciendo a un ritmo prácticamente inamovible de un 10% anual”, lo que implica “una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias”. “Todavía faltan 2.500 plazas”, agregó.

EMILIANO COTELO:
Esta mañana se votará en el Senado la Ley de Emergencia Carcelaria que cuenta con la media sanción de Diputados.

Tal como sucedió en la Cámara Baja se espera que la votación sea por unanimidad dado que el proyecto fue previamente negociado por todos los partidos.

EC – Estamos en comunicación con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional (PN), con quien hemos conversado otras veces sobre estos asuntos. ¿No hay sorpresas previstas?

CARLOS MOREIRA:
Esperamos que no porque esto fue acordado en una comisión multipartidaria reducida antes de que se remitiera al Parlamento. Fue votado en Diputados y hace un par de semanas también fue votado en la Comisión de Constitución con el voto de todas las colectividades políticas. Me imagino que hoy no habrá nadie que vaya a objetar este proyecto de ley.

EC – Recordemos que el artículo 1º dice: “Autorizase al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2010 con carácter extraordinario por única vez a recurrir a las fuentes de financiamiento necesarias hasta un monto de 292:192.931 pesos que conforme a lo establecido por los procedimientos previstos por el Tocaf sean utilizados exclusivamente con los siguientes fines: 1. Construcción, instalación, reciclaje, readecuación y en general toda modificación edilicia en edificios e instalaciones penitenciarias; 2. Realizar contratos de compraventa o contratar en régimen de arriendo o comodato locales destinados a prisiones o penitenciarias; 3. Adquirir el equipamiento necesario para los edificios e instalaciones penitenciarias a efectos del cumplimiento de los cometidos previstos en la ley; 4. Los gastos derivados del realojamiento de los reclusos así como los destinados a su alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud”. Por un lado hay permiso para manejar recursos con agilidad, ¿no?

CM – Correcto. Porque como lo dice la exposición de motivos y como se viene diciendo por parte de la oposición y del Comisionado Parlamentario hay una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias. Ayer estuve releyendo los informes del Comisionado del año 2005-2006, en ese momento había 2.700 plazas que figuraban en el sistema carcelario nacional para 7.200 reclusos; una situación de hacinamiento crítico prácticamente la mitad de las cárceles de Uruguay. Hacinamiento crítico que después se fue agudizando durante los años sucesivos porque no ha parado de crecer la población carcelaria de aquellos 7.200 a pesar de que la llamada Ley de Humanización del Sistema Carcelario liberó como 830 y pico de reclusos en un mes. Hoy tenemos más de 9.000 y la población carcelaria viene creciendo a un ritmo prácticamente inamovible de un 10% anual.

En la actualidad a pesar de que se han creado algunas nuevas plazas y que se está readecuando algún local militar (la cárcel de Punta Rieles, se están construyendo nuevos módulos en Las Rosas en Maldonado que fue escenario de cosas muy violentas y sangrientas hace cinco o seis meses), todavía faltan 2.500 plazas.

La ley pretende, con carácter de urgencia, tratar de remediar ese problema y por eso van a hacer esa inversión de 14 millones de dólares, y el nombramiento de funcionarios porque no alcanza…

EC – …Sí, en cuanto a la parte edilicia también hay que tener en cuenta el artículo 2 que es el que autoriza con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre del año 2012 salvo que se encuentren disponibles antes los centros penitenciarios con capacidad para albergar la totalidad de los reclusos a alojar a estos en instalaciones militares bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa del Ministerio de Defensa Nacional.

CM – Claro. Téngase presente que habla de instalaciones militares no como nosotros en algún momento le propusimos destinarlas exclusivamente a establecimientos carcelarios y que no fueran más instalaciones militares. Estas son instalaciones militares en funcionamiento, que van a seguir funcionando como tales, pero que van a tener esta característica: en una parte de ellas se van a alojar reclusos. Esto sí que señala un cambio evidente en la dirección y en la óptica que tienen los actuales titulares del Ministerio del Interior.

El PN propuso asignar efectivos militares para tareas de seguridad, no pensábamos en guardias carcelarios, acá ya se están usando instalaciones militares. Hay un cambio muy evidente en aceptar cosas que antes parecían absolutamente inaceptables para el partido de gobierno.

EC – Y hablando después de “personal” también el proyecto incluye disposiciones a efectos de reforzar la plantilla en las cárceles.

CM – Faltan 1.500 cargos en el Ministerio del Interior porque a medida que usted desconcentra y hace cárceles más pequeñas necesita mucho más personal. Esto lo he conversado con personal de custodia y técnicos dedicados a tareas de rehabilitación. Ellos me constataron que todo esto fundamentalmente está fallando y falla en detrimento del futuro de los reclusos pero sobre todo en detrimento de la seguridad pública es la rehabilitación de los reclusos es decir que las cárceles sirvan para rehabilitar, que sean la profilaxis del delito como establece la Constitución y para que nosotros no tengamos un país donde hoy la reincidencia alcanza niveles cercanos al 70%.

EC – Para estos cargos que se van a proveer en establecimientos carcelarios, ¿se está previendo además retribuciones atractivas? Porque no son puestos que generen una demanda importante, ¿no?

CM – No. Sobre todo ese puesto de guardia carcelario es, quizás, el puesto más duro que hay en el Ministerio del Interior: a veces con horarios de 48 horas sin parar. Por eso mayormente quienes están llenando las vacantes de la Dirección de Cárceles son gente proveniente de los departamentos del norte del país donde hay menores posibilidades laborales. Es gente que viaja y se pasa una semana en Montevideo y vuelve una semana, por ejemplo, al departamento de Rivera o Artigas.

EC – ¿Eso se ha conversado con el gobierno en estos contactos de la comisión multipartidaria?

CM – Por supuesto. La idea es que si es una tarea dura que se compense debidamente para que resulte atractiva. Hay una gran migración de personal del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior, generalmente no migra, o a veces no migra, a este tipo de dependencias de la Dirección de Cárceles, pero hay una migración porque hoy los salarios, por lo menos en el Ministerio del Interior, son más atractivos que en el Ministerio de Defensa.

Hemos hablado en la multipartidaria y así se ha puesto en el documento, además hablado no sólo de los guardias carcelarios sino de todos los policías, que se piense en duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior en estos cinco años de gobierno. Y que esto tendrá que dirigirse básicamente a las funciones más sacrificadas una de las cuales es esta, la de guardia carcelario.

EC – A propósito de personal para las cárceles, no sé si usted está al tanto de esta otra idea que está manejando el Poder Ejecutivo, que ayer se conversó con diputados y senadores del oficialismo: que los militares que vigilan el exterior de las cárceles también pasen a desempeñar otra función: inspeccionar a todas las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios.

Dice la nota de El Observador que: “entre las autoridades existe preocupación porque han encontrado en poder de reclusos armas de grueso calibre como pistolas 9 milímetros que advierten no pueden ser ingresadas únicamente por familiares de los presos, entonces ante la sospecha que hubo o hay policías involucrados en el ingreso de armas y drogas el gobierno se propone reforzar el sistema de vigilancia poniendo a cargo de esa tarea a militares”. ¿Cómo lo ve usted?

CM – Sí, lo veo bien. Lo que veo es una enorme contradicción entre lo que se decía antes y lo que se hace ahora porque cuando nosotros hablamos de eso de la transferencia se está haciendo lo mismo en forma indirecta porque en definitiva se le está asignando a la guardia perimetral de los 28 establecimientos carcelarios, hay 28 cárceles en el Uruguay, ahí van a haber sin duda cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas, quizás 1.000 efectivos que estén en ese tipo de funciones: primero guardia perimetral en las casetas en el exterior pero ahora también en las tareas tan delicadas como es la revisación del propio personal policial o la revisación quizás de la visita, porque se ha señalado y eso lo ha dicho reiteradamente el actual ministro Bonomi que en eso ha sido absolutamente claro y sincero que ingresan a los establecimientos carcelarios armas, droga, celulares, todo tipo de cosas que están absolutamente prohibidas…

EC – …Sí, no es nuevo eso, viene de añares atrás…

CM – …No, es más viejo, el sistema de transas dentro de las cárceles es algo muy viejo, sin ninguna duda. Y el hecho de que haya algunos funcionarios desleales también, seguramente son la minoría pero los hay. Si usted lee los informes del Comisionado e incluso escucha al ministro Bonomi le va a decir que la mayor parte de la población reclusa es adicta y sigue consumiendo dentro de las cárceles…

EC – …Así que ustedes están de acuerdo con este nuevo traspaso de responsabilidades a los militares.

CM – Debe de hacerse con mucho cuidado…

EC – …Es otro proyecto de ley, no es el mismo este que venimos comentando.

CM – …Porque hay que cambiarle el estatuto jurídico porque a los militares hay que darles determinadas facultades para que puedan hacer esas cosas. De ahí a que después pasen directamente a ser funcionarios de la Dirección de Cárceles me parece que queda poco camino; nos vamos acercando hacia eso. Es una realidad que se ha ido imponiendo y además con carácter como lo dice la propia ley de emergencia, la emergencia hace que tengamos que adelantarnos a la ley de presupuesto porque el contenido de esto es mucho más presupuestal que otra cosa, nos hemos tenido que adelantar por fuerza de las circunstancias. Lamentablemente, se ha demorado mucho tiempo en el período pasado. Por supuesto que el tema carcelario no es un tema nuevo, esto viene de hace muchos años, pero ahora la sociedad y el gobierno tiene que poner el máximo empeño en remediar esto porque esto tiene una afectación absoluta y directa sobre los niveles de inseguridad que vive hoy Uruguay.

EC – Volviendo al proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria efectivamente hoy en el Senado se lo va a votar pese al clima de ansiedad por el partido de la tarde, ¿a qué hora sesionan?

CM – Usted se imagina que el debate tampoco va a ser tan largo como para que nos aproximemos a las 15.30 de la tarde, esa es una cita de honor…

Fuente: El Espectador

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