Educación, seguridad y salud: Tres herencias malditas que nos dejó Vázquez

De cada 100 muchachos que ingresan a un liceo en barrios como Marconi, Casavalle, Borro, egresan sólo 5; en Punta Carretas o Pocitos, egresan 87. A nivel general de cada 4 muchachos que empiezan el liceo 3 no lo terminan. Con esas cifras, el diputado Javier García sintetizó la inequidad que caracteriza actualmente a la educación en el Uruguay. En materia de política exterior, el legislador afirmó a La Democracia que el gobierno uruguayo vive, “una situación de fantasía”, y que “el Presidente de la República cree que con sonrisas y con abrazos se puede defender los intereses del país.” Abogó por un Montevideo limpio, justo y seguro y adelantó novedades en cuanto a la vacuna contra el cáncer de útero, que la Organización Panamericana de la Salud nos estaría ofreciendo a la décima parte del actual precio de plaza.

En los últimos días ha ocurrido una serie de acontecimientos vinculados con las relaciones internacionales del Uruguay. ¿Qué lectura hace de todo eso?

Hasta hace poco tiempo todos reconocíamos que la política exterior era una política de Estado. Desde la restauración democrática, todos los partidos políticos y todos los uruguayos coincidíamos en eso.
Si algo queda claro ahora también es que ya no tenemos más política exterior. No es que no haya una política exterior de Estado. Es que no tenemos cancillería.
Es lamentable la posición del Uruguay y la defensa de los intereses nacionales que hace el gobierno.

Frente a las acusaciones del presidente de Francia, ¿cree que la diplomacia uruguaya no reaccionó correctamente?

En el episodio de Sarkozy, comparemos cómo reaccionó Panamá y cómo reaccionó Uruguay. Hemos abandonado al país a su buena suerte, con una cancillería que es amateur y que está más entregada a su interna política y al reparto de cargos y de embajadas en el seno del partido de gobierno que a la defensa de los intereses nacionales.

¿Y en cuanto a las relaciones con Argentina?

El problema con Argentina ya es un tema de dignidad nacional. El Presidente de la República cree que con sonrisas y con abrazos se puede defender los intereses del país.
En el caso del conflicto por la planta de Botnia (hoy UPM), es insólito que un tema medioambiental que llevó a que el Uruguay fuera bloqueado durante años con Argentina, que se laudó en la Corte Internacional y cuyo arreglo del conflicto fue el monitoreo conjunto, ahora, como los resultados (lo sabemos extraoficialmente) dan bien para Uruguay mal para Argentina, el gobierno argentino sea quien decida que no se publiquen.
¿Desde cuándo el conocimiento de la calidad de nuestro medio ambiente depende del gobierno argentino? En aguas que están en nuestra jurisdicción, o sea en nuestra soberanía. Creo que el papel que está jugando la cancillería en materia de política exterior es lamentable.

¿Cuál debería ser la actitud del gobierno y la cancillería en relación con las observaciones de la OCDE, las acusaciones de Sarkozy, la indiferencia del Mercosur, etc.?

Lo primero que hay que entender es que el gobierno uruguayo vive, en materia de política exterior, una situación de fantasía, no de realidad.
Fíjese, qué increíble. Mientras nosotros estamos, por un lado, con esta situación de que el gobierno argentino traba la publicación de los resultados de los monitoreos de las aguas del Río Uruguay, y mientras Sarkozy dice lo que dijo, (nos califica como paraíso fiscal) y el Mercosur mira para el costado, porque ni Argentina, que fue quien le dio manija a Sarkozy, ni Brasil, salen en defensa de Uruguay, en el senado uruguayo, a instancias del oficialismo, se aprueba el funcionamiento del Parlamento del Mercosur.
El oficialismo tiene desesperación por confirmar una institución que no existe, que no tiene respaldo constitucional para el Uruguay, en la que nuestro país juega un mero papel de reparto, y que, en todo caso, entrega más espacios de Poder a aquellos países que son los que a nivel internacional nos perjudican y nos agravian.

¿Habría que replantear nuestra pertenencia al Mercosur?

Lo que hay que replantear es nuestra política exterior. Y lo primero que hay que hacer es devolverle a la política exterior el rol fundamental de defender los intereses nacionales.
En todo caso, la política exterior del Uruguay se ha transformado en la defensa de intereses ideológicos, en una asociación de partidos políticos cuya afinidad ideológica lleva a que tengamos una política exterior con complejo de petizo.
El gobierno uruguayo actual, con el presidente Mujica y el canciller Almagro, piensa que nuestra condición de país pequeño nos obliga a tener que pasar pidiendo disculpas a nuestros hermanos más grandes, desconociendo la tradición internacional del Uruguay que, a pesar de su extensión territorial, ha sido un país muy respetado en el mundo.

¿Qué resultados tuvo el pedido de informes sobre el tema del monitoreo de las aguas del Río Uruguay?

Todavía ninguno. Lo que nosotros pedimos, es el derecho a conocer algo tan esencial como la calidad de nuestro medioambiente. Y que no dependamos de un gobierno extranjero para conocer algo que hace a nuestra soberanía. Y hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

Cambiando de tema, ¿en que situación se encuentra tu iniciativa relacionada con la vacunación obligatoria y gratuita contra el cáncer de útero?

Tengo la plena convicción de que, tal cual le pedimos al Ministro de Salud Pública y él nos lo confirmó, antes del mes de marzo esté resuelta su inclusión en forma gratuita y obligatoria para todas las mujeres. Este es un tema que hace a la justicia y a la igualdad.
Es un cáncer que mata a 150 mujeres uruguayas por año y del cual se diagnostica un nuevo caso todos los días. Además se está viendo que cada vez son más jóvenes las mujeres afectadas por cáncer de útero.
Es absolutamente inconcebible que siendo el único cáncer que tiene una vacuna que lo previene, sólo puedan acceder a ella quienes tienen 500 dólares para comprarla. Es un tema de justicia que todas las mujeres, todas las niñas y adolescentes, tengan la posibilidad de acceder a esta vacuna que podría salvar la vida de 150 compatriotas por año.
Cuando se habla de justicia, no se puede hablar en forma abstracta, sino en cosas concretas. En materia de salud pública, lo concreto es que es una inequidad que el límite para tener o no tener un instrumento para luchar contra el cáncer, sea el bolsillo de una familia.
Todo el Partido Nacional hizo en el período pasado una gran militancia juntando firmas para que se autorizara el ingreso al país de esta vacuna. El Ministerio de Salud Pública de la época, la ex ministra Muñoz, no estaba de acuerdo.
Logramos que se autorizara el ingreso al país. Ahora que está en el país, sólo está accesible para quienes tienen esa cantidad de dinero.
Por eso presentamos un proyecto de ley con el respaldo de toda la bancada del Partido Nacional y citamos hace pocos días a todas las voces científicas, la academia, la Sociedad de Ginecología y Adolescencia del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el jefe de infectología pediátrica del Pereyra Rossell, el profesor Pons de ginecología. Todos vinieron a la Comisión de Salud del Parlamento y unánimemente dijeron que era recomendable que se incluyera esta vacuna en el certificado de vacunación.
En un momento se alegó en el gobierno que esto no se hacía por un problema de plata, lo que nos pareció descabellado.
Con la montaña de dinero que se gastan en cosas improcedentes que no tienen ningún tipo de resultados y lo que se gasta en cargos políticos de particular confianza, que se ponga un argumento de dinero parecía inconcebible.
Propusimos incluso un sistema de financiamiento, para que esto no fuera un obstáculo.
La semana pasada estuvimos con nuestro compañero el diputado Antonio Chiesa, reunidos con el Ministro de Salud Pública para pedirle una fecha. Se comprometió con el Partido Nacional que antes del mes de marzo esté la vacuna. Pero, aparte, obtuvimos allí una documentación que ratifica que todo lo que sostuvimos durante tanto tiempo era correcto. En las actas de reuniones de grupos de trabajo del Ministerio de Salud Pública, la mayoría de los técnicos del ministerio coinciden con la posición del Partido Nacional en el sentido del beneficio que significaría esta vacuna.
También coincide con lo que veníamos diciendo: que no puede ser el dinero un impedimento.
Según técnicos del Ministerio de Salud Pública que hablan en esas mismas actas, la Organización Panamericana de la Salud nos estaría ofreciendo la vacuna a la décima parte del actual precio de plaza. O sea que por un precio muy módico podría cubrirse todas las necesidades en esa materia con lo que se salvarían 150 vidas por año.

Un tema que se ha instalado con fuerza en la opinión pública es el de la educación. ¿Cómo estás viendo la actual problemática?

Hay que reconocer en esto el papel que ha jugado el Dr. Larrañaga. Creo que todo el Partido Nacional y la sociedad en su conjunto debe reconocer el liderazgo que tuvo Larrañaga para poner sobre la mesa un tema que hace a la agenda, no de este período, sino de los próximos 20 o 30 años.
Desgraciadamente, el Uruguay consolidó un sistema educativo que, de no modificarse, va a sellar un país partido en dos: el Uruguay de aquellas familias que pueden pagar colegios privados y maestros particulares, y el otro Uruguay. Y no son dos mitades, sino que una inmensa mayoría debe recurrir a la educación pública, que es de muy baja calidad. Entonces es un tema que hace a la justicia social.
Me parece que hay que decir claramente que esto es parte de la herencia maldita del gobierno de Tabaré Vázquez. Tres herencias malditas nos dejó Vázquez: educación, seguridad y salud.

¿Son los temas fundamentales que deberá encarar un próximo gobierno?

Si. Pero hay que ver qué se puede hacer en este mismo período.

Volvamos a la educación.

Si. Quería dar alguna cifra muy elocuente. Y ni hablemos de las pruebas Pisa.
De cada 100 muchachos que ingresan a un liceo en barrios como Marconi, Casavalle, Borro, egresan sólo 5.
De cada 100 muchachos que ingresan al liceo en Punta Carretas o Pocitos, egresan 87.
Aquí en el Palacio Legislativo estamos a mitad de camino: a 15 minutos de cualquiera de esos puntos. No estamos hablando de lugares remotos.
Hoy tenemos un sistema educativo en el cual –doy otro número importante- a nivel general de cada 4 muchachos que ingresan al liceo 3 no lo terminan.
El presidente Vázquez se dedicó a repartir ceibalitas, pero eso es tecnología, no es enseñanza. Si algo garantizó la gestión anterior, es que los pobres iban a tener una pésima educación.
El acierto de haber logrado instalar en la agenda este tema de la educación, es que va a la base de los problemas sociales que tiene el Uruguay.
En el mundo de la revolución tecnológica, de la revolución de las comunicaciones, donde el conocimiento se duplica cada cinco años, nosotros tenemos que de cada 4 muchachos que van al liceo, 3 no lo terminan. Esto es pobreza, es marginación y es desigualdad.
Estos son los temas del Partido Nacional. Son los temas de la justicia y de la igualdad.
A veces los políticos nos quedamos en los titulares del día. No nos damos cuenta que la función de los dirigentes políticos es poder hacer los titulares de los diarios de dentro de 10 o 15 años. Tenemos en nuestras manos decidir si los titulares van a decir que Uruguay cae en las pruebas Pisa, aumenta la diferencia entre los más ricos y los más pobres, aumenta la desigualdad, o van a informar sobre uruguayos que triunfan en el país y en el mundo por haber recibido una educación de excelencia.
Es terrible que una senadora del oficialismo haya dicho que el problema no es la calidad de la educación, sino cuántos pasan de año. O sea, que no es importante lo que aprenden, sino que pasen.
Entonces, destaco la actitud que ha tenido el Partido Nacional. Es el único que ha tenido propuestas.
Tenemos un gobierno que ha logrado 10 años de mayorías absolutas en el parlamento y que se ha beneficiado de la mayor bonanza económica que se recuerde y con todos esos recursos no ha logrado impedir que la calidad de la educación caiga.
Con 1.800 millones de dólares destinados a la educación tenemos mayor deserción y caída en las pruebas Pisa.
Ese es el logro de este gobierno. Sin embargo, las únicas propuestas que hubo en materia educativa, surgieron del Partido Nacional.
Daniel Corbo en el Codicen, con la propuesta del Plan Promejoras, mientras la Fenapes y Secundaria parece que estuvieran a favor de “Propeoras”.
En materia universitaria, la propuesta de crear una segunda universidad pública en el Interior de la República también es del Partido Nacional.
El gobierno, con todos sus recursos no pudo consolidar un proyecto educativo. Y, sobre todo a instancias del gobierno pasado, consolidó el corporativismo en la educación.
Y no es un problema de docentes, que el Uruguay los tiene excelentes, sino de algunos pocos dirigentes que confunden el interés general con los intereses de ellos. Se ha desatado una lucha por el poder que ha abandonado los intereses de los niños y de las familias.
Son unos poquitos que hacen de la lucha política una lucha por el poder personal.
Reitero que hay que reconocerle a Larrañaga haber logrado agendar este tema que será uno de los temas de la próxima campaña electoral.

Hablando de campañas, últimamente el Partido Nacional ha pensado mucho sobre la necesidad de votar mejor en Montevideo e incluso de competir por la Intendencia capitalina. ¿Qué opinión tienes tú, con tu experiencia de haber sido candidato a Intendente de Montevideo?

Yo tuve el honor de representar en 2005 a todo el Partido que me eligió por unanimidad. Mi experiencia en tal sentido me dice que primero se requiere un gran compromiso político de todo el Partido Nacional. Yo creo en las candidaturas que se generan con la participación de la gente y que no pasan por proyectos personales.
El Partido debe asumir que estamos en inmejorables condiciones de ganar la Intendencia de Montevideo, aunque parezca una quimera lo que estoy diciendo.
Hay dos formas de abordar la próxima campaña electoral. Una es a partir de los errores y horrores del Frente Amplio y del desgaste que ha sufrido en 25 años de gobierno departamental, (¡un cuarto de siglo!). La otra, a partir de los méritos que podemos generar nosotros sobre la base de una propuesta diferente. Yo me vuelco hacia la segunda opción.
Creo que estamos bien encaminados. La Convención Departamental del Partido inició este camino, a partir de una propuesta que hicimos nosotros, de establecer un centro de ideas para el cambio en Montevideo, con participación de técnicos, militantes y compañeros que quieran aportar, para definir un programa de todo el Partido Nacional.

¿Cuáles serían los ejes centrales de ese programa?

Creo que no se debe hablar de todo. Se debe poner el énfasis en lo que creemos fundamental. Hay claramente tres elementos que hacen a la esencia del discurso y de la propuesta para ganar Montevideo: Un Montevideo limpio, un Montevideo, justo y un Montevideo seguro.
La intendencia prácticamente ha abandonado la limpieza. Montevideo es una mugre. No puede ser que el único discurso que tenga la intendencia sea acusar a los montevideanos de ensuciar la ciudad.
Tabaré Vázquez comenzó diciendo que antes de tapar un pozo iba a alimentar un niño. Pero, desgraciadamente, ni tapó el pozo ni alimentó al niño.
Hay que recobrar las funciones esenciales de la Intendencia. Los montevideanos no se merecen una ciudad tan sucia con los impuestos que pagan.
Eso me lleva a la segunda consigna: un Montevideo justo. Debe ser justo en lo que devuelve de servicios a los montevideanos con relación a lo que pagan.
El Frente Amplio asumió la Intendencia recaudando de los ciudadanos 90 millones de dólares. Hoy recauda 550 millones de dólares. Multiplicó por más de 5 lo que saca de los bolsillos de los montevideanos. ¿Multiplicó por 5 la calidad de los servicios? No. Por el contrario, los servicios son mucho peores.
En la Intendencia de Montevideo no funciona nada, salvo la caja recaudadora.
Y un Montevideo seguro, porque la Intendencia no puede evadirse de su responsabilidad en ayudar a la seguridad.
Los montevideanos se merecen tener, por ejemplo, una guardia municipal, que ayude en el control y cuidado de los espacios públicos, los parques, las plazas, dotada de buenas comunicaciones para pedir la intervención policial cuando sea necesario.
Entonces, no debemos quedarnos en la crítica de lo que no se hace o se hace mal. Como partido, debemos ofrecerle a los montevideanos un discurso nuevo, moderno, que apunte a las soluciones que el ciudadano está reclamando.
Me parece que el Partido Nacional, en ese sentido, está haciendo las cosas bien. Quedó demostrado en la reciente elección de concejales, en la que muchos vecinos nacionalistas fueron electos con gran respaldo, por ser buenos vecinos.
Cuando decimos que el Partido tiene que renovarse, en realidad los que nos tenemos que renovar somos los dirigentes. La gente está mucho más renovada de lo que nosotros pensamos.
Entonces, todo ese entramado social riquísimo que tiene el Partido, hay que hacer que se refleje en la expresión electoral. Hay que mostrar que detrás de la propuesta hay un partido. Luego si es una candidatura única y son varias, será parte de la estrategia electoral. Pero la sustancia es una propuesta que enamore a los Montevideanos.

¿Y en cuanto a propuestas de acumulación con otros partidos, por ejemplo?

Considero que las propuestas de algunos compañeros están muy bien intencionadas. Pero yo creo en otro tipo de propuestas. Por ejemplo me gustaría el balotaje a nivel departamental. Que haya una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Por Aníbal Steffen para La Democracia

Jorge Gandini: “No estamos en contra de la participación sino a favor de mejorar el sistema”.

El sistema no es transparente y privilegia los aparatos políticos.

Las cifras del desinterés de los montevideanos por los Concejos Vecinales y el Presupuesto Participativo no pueden ser más explícitas.
Mientras que en el año 2008 votó el 7,3% de los habilitados, este año sólo lo hizo el 5,5% de los habilitados.
Se inscribieron sólo 972 candidatos a concejales. No alcanzan a cubrir los 1.126 cargos en disputa. Muchos titulares trabajarán sin suplentes lo que “augura bajo quorum y pronta desintegración de los Concejos”, dijo el diputado Jorge Gandini a La Democracia.
“La intendenta Olivera no ha logrado convencer a los vecinos ni siquiera con el dinero que se dispone para el Presupuesto Participativo”.
“Si los vecinos siguen sintiendo que son parte de un decorado político, que se los usa para el discurso de descentralización pero que su esfuerzo honorario es inútil y estéril, la descentralización será, cada vez más, un título vacío”, agregó.

El 30 de octubre Montevideo eligió los Concejos Vecinales de los 18 Centros Comunales Zonales (CCZ) y las propuestas de Presupuesto Participativo que se ejecutarán en los ocho municipios del departamento.

Votaron 72.473 personas, un 5,5 % de los 1.300.000 habilitados.

El objetivo de la Intendencia, que aspiraba a no bajar la cantidad de votantes con respecto a la elección anterior (del año 2008) no se cumplió.

Recordemos que en el año 2008 concurrieron a votar más de 74.000 personas, un 7,3% de los habilitados en ese momento.

La caída en la participación de electores y candidatos ha sido constante desde que se instauró el sistema. A pesar de que desde el año 2008 se puede votar el presupuesto participativo a partir de los 16 años de edad y de que un reciente decreto de la Junta Departamental determinó un mínimo de 15 integrantes para los Concejos Vecinales, en lugar de 25.

Según el diputado Jorge Gandini, más que la elección hay que analizar el objetivo. Si fue exitoso o no, y todo indica que fue un consenso agotado y desgastado.

En momentos en que la gestión de la Intendenta Ana Olivera registra un 52% de desaprobación, el proceso de descentralización llevado adelante por la administración frenteamplista es visto en forma crítica por el Partido Nacional. En declaraciones a La Democracia el legislador explicó que el Partido apoyó desde un principio la descentralización y el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en la organización departamental y municipal. Sin embargo, entiende que el modelo de descentralización puesto en práctica por la intendencia capitalina “debe revisarse, porque ya no quedan inventos por hacer para motivar a que la gente participe en este tipo de convocatorias”.

En su opinión, el presupuesto participativo entusiasma a mucha gente, moviliza a muchas organizaciones, y es una manera que tienen los ciudadanos de ser parte de los recursos que aportan con sus impuestos hacia obras que como vecinos entienden que son prioritarias. “A pesar de que a veces son obras que corresponden al presupuesto de la intendencia, que deberían hacerse obligatoriamente. Pero la gente tiene un mecanismo para priorizar desde su punto de vista”.

A pesar de esto, “cada vez es menos la gente que vota en general (presupuesto participativo y concejales vecinales), menos la que en particular vota para elegir concejales. Y menos gente interesada. ¡Hay que ver que se inscribieron como candidatos menos gente que la necesaria para cubrir los cargos que se eligen!”, subrayó Gandini.

En opinión del diputado, “la intendenta Olivera no ha logrado convencer a los vecinos ni siquiera con el dinero que se dispone para el Presupuesto Participativo”. “Los vecinos deberán disponer la aplicación de siete millones y medio de pesos por municipio, y ni aún así se motivan. Este año es la ocasión en la que se presentaron menos propuestas, y sólo se eligió entre 530 proyectos. El menor número desde que se creó el sistema”, agregó.

Con respecto a la falta de interés de los ciudadanos para presentarse como candidatos a concejales vecinales, Gandini argumentó que la gente no sabe para qué es el concejal, para qué sirve. Además “los que han sido concejales habitualmente se retiran antes de terminar su mandato, desilusionados y desencantados porque de poco sirve el ámbito en el cuál trabajan”.

Por otra parte, “los concejos no tienen un rol claro, ni una incidencia definida, ni la voz de los vecinos es suficientemente escuchada por la administración. Eso hace que los candidatos sean cada vez menos y los que votan también. Es un dato central del problema que hay que corregir, por eso se ha ido desgastando y cada vez participa menos gente”, acotó.

Más allá del desinterés por participar, la publicidad oficial no ha logrado revertir el desconocimiento generalizado en relación a las elecciones de concejos vecinales y presupuesto participativo.

Si bien no hay datos oficiales, en anteriores ediciones se ha gastado entre 10 y 12 millones de pesos en campañas mediáticas de difusión.

Según Gandini, el sistema de elección es tan complejo que nunca le llega al ciudadano con claridad. Entonces la gente no sabe cómo tiene que votar. Se va enterando en ese lugar. “Es un sistema que quedó reservado nada más que para los militantes. Por eso vota tan poca gente. Hay que ser militante de alguna organización política o social para entender y estar motivado para ir a votar. Si no, no se va a votar”.

Por eso insistió en la importancia de abrir el sistema a los ciudadanos comunes, no sólo a los militantes, y hacer que los recursos que la intendencia gasta lleguen a la gente a modo de información. “Hay que poner esos recursos a disposición. La intendencia gasta 200 mil dólares en los funcionarios que pone en las mesas. Poniendo uno en cada mesa y dándole seis días de licencia pasa los 4 millones de pesos de costo. Y todos esos costos son costos de aparato. No son costos que se estén utilizando para difusión”.

Hay que revisar todo

“Hay que revisar el modo de participación, el modo de organización, la referencia institucional, y el modo de elegir”, afirmó Jorge Gandini.

Los Concejos Vecinales pertenecen a los CCZ, no a los municipios que fueron recientemente creados. En virtud de que actualmente los CCZ “casi no existen”, el legislador entiende que los Concejos Vecinales necesitan un referente, que deberían ser los municipios.

El modo de elección tiene que cambiar, según Gandini, para que la forma de elección sea transparente, los vecinos y su función sean conocidos. Que se pueda votar por listas, o con listas individuales. Que el régimen dé garantías, la Corte Electoral lo supervise, haya suficiente información y se sepa para qué se eligen los concejales vecinales.

En opinión de Gandini el procedimiento de votación no es del todo democrático y es muy poco representativo. Porque el sistema que se ha inventado, de votar por cruces, con varios votos por cada votante, que son diferentes según el lugar donde le toque votar, determina que en algunos lugares el votante puede votar a dos personas, en otro puede votar a diez. De manera que en algunos lados tiene dos votos y en otros diez.

En algunos lugares vota dentro de su zona y además puede votar algunos de fuera de su zona. En algunos son muchos de fuera de su zona, en otros es nada más que uno.

“Todo eso hace a una enorme distorsión que no controla la Corte Electoral, en un régimen que privilegia los aparatos políticos. Se parece más a la forma en que los comités de base eligen a sus delegados al Plenario, que la de un sistema transparente de representación proporcional al que está acostumbrado a votar el uruguayo”.

“Es esa idea de que los más chiquitos tienen más influencia que los más grandes. Entonces no vota listas, vota personas con crucecitas, y eso da para todo tipo de alianzas y negociaciones que no reflejan exactamente lo que la gente quiere votar. Eso surge de las resoluciones del gobierno departamental y de las ordenanzas que lo regulan”, señaló.

Gandini sostuvo que la crisis es evidente, y si se quiere trabajar en la calidad democrática, se debe abandonar el método que prioriza la influencia de los aparatos políticos y pasar a una verdadera descentralización con una auténtica participación ciudadana, donde los vecinos opinen, influyan en las decisiones y vean los resultados concretos de su participación, en lugar de ser utilizados como argumento de una administración progresista.

Desde su punto de vista es imprescindible que la gente participe en un ámbito institucional eficaz y creíble. Y que la tarea del vecino se vea reflejada en una influencia relevante a la hora de tomar decisiones. Porque con eso se avanza muchísimo en el proceso. Más allá de que la descentralización real pasa por desconcentrar y descentralizar recursos y servicios.

“Los órganos descentralizados, en particular los Municipios deben tener más recursos y más funciones para que estén más cerca de la gente. Y trabajar con una suerte de legislativo de consulta que debería ser ese Concejo Vecinal”.

La realidad de los Concejos Vecinales y el Presupuesto Participativo

El 2 de setiembre venció el plazo de inscripción para candidatos a los Concejos Vecinales. Debieron elegirse 1.126 cargos (563 titulares y sus respectivos suplentes) para ser distribuidos en los Concejos de cada uno de los CCZ.

El número de miembros de cada Concejo es variable, entre un mínimo de 15 (eran 25 hasta el 15 de setiembre) y un máximo de 40.

Ante el bajo número de candidatos inscriptos, la Junta Departamental de Montevideo emitió un Decreto que modificó -a la baja- el mínimo de integrantes de los Concejos Vecinales. De esa forma se cubrieron aquellos Centros Comunales Zonales donde no se logró alcanzar ni siquiera el número de cargos titulares preexistentes con los candidatos efectivamente inscriptos.

A pesar de esto, se inscribieron sólo 972 candidatos, que no alcanzan a cubrir los 1.126 cargos en disputa. Sólo en 3 de los 18 Centros Comunales Zonales se alcanzan a cubrir los cargos existentes con los postulantes anotados.

En conclusión, según explicó Gandini, “en la gran mayoría de los Concejos Vecinales muchos titulares actuarán sin suplentes, lo que -por tratarse de cargos honorarios-, augura bajo quorum y pronta desintegración de los Concejos”.

Si bien los datos disponibles son oficiales, es posible que el número de candidatos haya variado en menos luego de la inscripción inicial debido a algún impedimento administrativo que haya descalificado a algunos. (Ver cuadro 1)

La periodicidad de las elecciones de concejos vecinales es diversa. Cada dos años, cada tres, todos los años y la última hace tres años. Pero desde el año 1993 el número de candidatos y en el número de votantes no ha dejado de caer.

En el Presupuesto participativo cada vez se presentan menos propuestas.

En el año 2006 la Intendencia incorporó la elección de propuestas de Presupuesto Participativo a la instancia de Elección de Concejos Vecinales. No obstante, el número de votantes sigue disminuyendo en las ediciones sucesivas.

En el año 2008 se modificó la edad mínima para votar en la elección, estableciéndose en 16 años. Aún con ese nuevo intento de estimular la participación de los vecinos, vuelve a caer la cantidad de electores.

Mientras que en el año 2006 los vecinos presentaron 2198 propuestas, de las cuáles 888 participaron de la selección luego de un proceso de análisis, este año el número de propuestas bajó a 1115 y las que participan de la elección son 530.

Un tema que ha contribuido al descreimiento y el fracaso del proceso es cuántas de estas iniciativas elegidas han sido efectivamente ejecutadas y en qué lapsos.

Propuestas alternativas

“Pasada esta elección en la que lamentablemente los pronósticos de fracaso se han cumplido, vamos a proponerle a la intendenta y a las autoridades municipales una revisión completa del régimen de descentralización capitalina. Así no se puede seguir. Ya no quedan inventos por hacer para disimular el desinterés ciudadano. Si queremos que la gente participe, su dedicación y su tiempo tienen que valer y tener sentido”, afirmó Gandini.

El legislador manifestó a La Democracia que si los vecinos siguen sintiendo que son parte de un decorado político, que se los usa para el discurso de descentralización pero que su esfuerzo honorario es inútil y estéril, la descentralización será, cada vez más, un título vacío.

“Nosotros estimulamos a nuestros compañeros que participen. No estamos en contra de la participación sino a favor de mejorar el sistema. De hecho hay compañeros que militan en el Partido, que se han presentado como candidatos a través de las organizaciones sociales que los presentan con las firmas de sus vecinos. Y votaron muy bien

En todo caso se podría decir que buena parte de esa votación magra que han obtenido depende de que los blancos les hemos dicho a nuestros militantes que como vecinos tenían que estar allí. Y respondieron.

Varios incluso han ganado la presidencia de sus Concejos Vecinales porque han sido los más votados en sus respectivos Centros Comunales Zonales Y no es poca cosa ser el vecino más votado de un CCZ en los que hay habilitados más de 100 mil ciudadanos. Por eso yo creo que hay una base buena, y una idea rescatable detrás de este proceso, pero hay que dotarlo de nuevas propuestas”.

“Hemos sido leales institucionalmente apoyando un proceso que hemos acompañado aunque con sentido crítico. Pero si los resultados son los que pronosticamos, deberá cerrarse una etapa y empezar a crear otra. O nadie más nos creerá cuando los convoquemos a participar y les hablemos de descentralización”, advirtió.

Al ser consultado sobre si tienen sentido los concejos vecinales en el marco del tercer nivel de gobierno, Jorge Gandini expresó que sí, si realmente son ámbitos vecinales.

Al respecto explicó que las alcaldías, o los concejos municipales son producto de la elección de los partidos políticos, y quienes están allí representan el respaldo partidario que han tenido. Si tuviéramos un ámbito de participación real, dinámico y eficaz creo que colaboraría mucho con la verdadera descentralización. Pero para eso la gente tiene que sentir que vive en un determinado municipio, y tiene que sentir que vale la pena hacerse representar.

Los candidatos tienen que sentir que su accionar, que es honorario y que es totalmente vocacional tiene alguna incidencia en la toma de decisiones por los administradores municipales o departamentales. Si no, no va a suceder.

Con el objetivo de cooperar en el proceso de descentralización del departamento de Montevideo, el diputado le trasladará formalmente a la Intendenta de Montevideo una propuesta destinada a instalar un ámbito de debate. “Que podría ser la convocatoria a un nuevo Montevideo en Foro. Para discutir los actores políticos, los actores sociales, los actores vecinales, los Concejos Municipales un nuevo diseño de participación ciudadana para que sea más real y más eficaz. Sin perjuicio de reconocer el valor que sí tienen, por lo menos para un grupo reducido de vecinos, la elección de obras a través del Presupuesto Participativo. Que creo que está más a salvo del desgaste que la elección de los concejos vecinales”.

Fuente: La Democracia

Diputado Cr. Rodrigo Goñi: “La descentralización al revés”

“Ya pasó aquella época de la descentralización burocrática. Lo que hace falta es la descentralización del dinero. Y en realidad estamos en un proceso aún más centralizador del dinero”, afirmó el diputado Rodrigo Goñi a La Democracia. Agregó que el gobierno pretende recaudar en el Norte pobre para volcarlo en el Sur rico. “Es la descentralización al revés”, explicó.
En materia electoral Goñi propuso que el Partido Nacional se presente en las próximas elecciones internas con una candidatura presidencial única para que “los de afuera, los que no nos van a votar en octubre, no terminen decidiendo la elección por nosotros”, como “ocurrió en la última elección”.

En Salto, el trasiego de votos entre partidos tradicionales le ha dado la victoria en las elecciones departamentales al Partido Colorado y ha tenido como consecuencia política natural la coparticipación del Partido Nacional en el gobierno comunal. ¿Cómo ha funcionado esa experiencia en lo que va del período?

Seguramente a principios de noviembre vamos a reunirnos con el Intendente. Es una experiencia interesante pero no vemos que nuestra participación esté teniendo el debido equilibrio dentro del poder municipal. Y eso nos compromete muchísimo, porque sin duda el Partido Nacional al aceptar integrar el gabinete municipal hace un esfuerzo superior y arriesga desdibujar su imagen. Pero lo hicimos en el entendido de que íbamos a tener realmente una participación en el poder municipal y en cómo se iba a estar distribuyendo y asignando recursos, y en cómo se iba a estar, en definitiva, gobernando.
Eso, a un año, lo estamos viendo muy limitado.

¿Por qué ocurre eso?

Yo tengo la sensación de que realmente los intendentes son una figura de un poder muy grande, concentradora de poder. Tienen gran autonomía y discrecionalidad dentro del Departamento y dentro de la esfera municipal.
Me parece que esa propia dinámica esté limitando el compartir el poder.

¿Van a intentar alguna solución?

Si vamos a tratar de corregir…. De hecho vamos a tener una entrevista con el Intendente para tratar de incidir en algunos temas que nos parecen claves, y que hasta ahora no lo hemos logrado.

¿La experiencia política de Salto, si terminara siendo exitosa, sería extrapolable al ámbito nacional?

Son realidades distintas. A nivel departamental, partimos de la base de que los intendentes tienen mayoría propia en forma automática. Eso incide muchísimo en ese gran poder que el intendente tiene. Y que si uno no busca de antemano este tipo de acuerdos y de participación que se ha logrado hoy en Salto, son imposibles después, porque la propia dinámica lleva a que el Intendente tenga su respaldo propio en el legislativo comunal.
A nivel nacional, es otra historia. El Parlamento cumple cabalmente la función de contralor y eventualmente de coordinación de los acuerdos políticos que puedan lograr los liderazgos.
De manera que es posible pensar en acuerdos parlamentarios que luego sean extrapolables al Poder Ejecutivo, pero que no necesariamente tenga la misma correlación que con lo municipal.
En el parlamento, cuando nadie tiene la mayoría propia automática, los otros grupos parlamentarios que puedan integrar un acuerdo, tienen real poder. Que no es el caso a nivel departamental.

Mirándolo desde el punto de vista de las estrategias electorales, ¿esos entendimientos deben darse por generación espontánea o debería institucionalizarse una arquitectura electoral que permita a la oposición acumular para enfrentar al actual oficialismo?

Pienso que con el sistema constitucional electoral que tenemos se da naturalmente. Con la representación proporcional que tenemos a nivel parlamentario y con el sistema de balotaje que hemos instaurado, me parece que con eso es una estructura institucional más que suficiente.
Fue, además, el objetivo que buscó esa estructura institucional que no tiene tanto tiempo; apenas 15 años. Entonces me parece que no es necesario ahondar en más cuestiones.
¿Qué sentido tendría buscar acuerdos previos a la elección parlamentaria si después, por la lógica de los hechos, los acuerdosse van a dar naturalmente de cara al balotaje.
Claro que esto requiere, además, de un convencimiento de cómo funciona el sistema.
El otro día escuchábamos al intendente Malaquina decir, en una radio Salteña, que enseguida de las elecciones de octubre de 2009 concurrió al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, del cual él fue Secretario General, nada menos, y que allí, el grupo mayoritario de Vamos Uruguay sostuvo la posición de que “nosotros no tenemos nada que ver en el balotaje; ésta no es nuestra elección”. Lo decía el ciudadano Malaquina, tres veces intendente de Salto. Una figura preponderante dentro del Partido Colorado.
Entonces, cuando uno analiza las consecuencias políticas de eso, comprende por qué, de pronto, hubo tanto voto colorado que no fue hacia el doctor Lacalle en noviembre. Pero eso hace a la madurez que tengan los dirigentes políticos.
Cuando se está buscando el interés personal –que es muy legítimo pero quizás no el más conveniente desde el punto de vista de la república- sucede este tipo de cosas.

¿Cómo se imagina las próximas internas del Partido Nacional después del retiro del doctor Lacalle?

Es probable, aunque no seguro, que se consolide dentro del Partido Nacional el liderazgo del doctor Larrañaga. Sin desmedro de lo cual, considero lo mejor para el Partido que vayan buscando su lugar y eventualmente consolidándose también otros liderazgos nacionales. Me parece que es lo mejor que le pude ocurrir al Partido.
Ahora, desde el punto de vista electoral, el Partido Nacional tiene una peculiaridad, que es la de estar integrado realmente por gente libre. En donde el concepto de la libertad individual y el criterio personal de cada uno de los blancos y blancas es llevado a un extremo que ha complicado a veces la historia del Partido.
Creo que es un gran atributo ese apego a la libertad. Pero a veces se convierte en una especie de bumerang de cara a las instancias electorales.
Entonces, me parece que el Partido debería buscar un equilibrio en el que cada uno canalice su propio sentimiento de la cosa política, pero ya es hora de que los blancos comprendamos que tenemos que tener cierta unicidad electoral que no nos enfrente.
En los últimos años la hemos canalizado bastante bien. Pero muchas veces ocurre que determinadas pasiones hacen que terminemos menoscabando la fuerza del que va primero, sacrificando las posibilidades de que gane el Partido.

¿Cómo se logra ese equilibrio?

Quizás sea hora de que podamos presentarnos en las elecciones internas con una candidatura fuerte apoyada por todos los sectores y que en las líneas de abajo haya multiplicidad de listas al Senado y a la Cámara de Diputados, que permita ese fermento, pero en la elección de octubre. No, como hasta ahora, que el fermento mayor es en la interna, lo que nos ocasiona un desgaste económico, psicológico y político fenomenal, y llegamos a octubre exhaustos.

¿Candidatura única en las internas?

Si, no me molestaría. Un gran acuerdo entre los dos sectores hoy mayoritarios.

¿No cree que eso le quitaría encanto a la elección interna? ¿Qué incentivo hay para ir a votar con un solo candidato?

¿Qué incentivo ha tenido el Frente Amplio?

El Frente Amplio es otro fenómeno.

Es cierto. Pero somos todos uruguayos, hijos de la misma escuela.
Y en el Partido Colorado ¿Qué incentivo ha habido cuando se sabía de antemano el resultado de la interna en el 2009? Era casi voto cantado.
Yo creo que hay otras alternativas de incentivo interno en el Partido. Pero mostrando un gran mascarón de proa.
Y si no se logra, bueno, iremos a una interna con varios candidatos. Hasta ahora, el único que ha tenido internas realmente ha sido el Partido Nacional.
Pero se da un fenómeno que es inevitable: que los de afuera, los que no nos van a votar en octubre, nos terminan decidiendo la elección a nosotros. Ocurrió en la última elección.

¿Por ejemplo?

Hubo departamentos en donde, en la interna, las listas del doctor Lacalle sacaron más votos que los que después sacaron en octubre. ¿Cómo se puede explicar eso? Que en la interna –en la que vota la mitad de los uruguayos- una candidatura tenga más votos que lo que finalmente tiene en octubre.

¿Cuál es su explicación?

Bueno, la explicación que encuentro es que allí hubo gente de fuera del Partido que incidió en nuestra interna.
La democracia, ya lo sabemos, es el mejor sistema que hemos encontrado hasta ahora, aunque no sea perfecto. Pero naturalmente para los blancos la libertad y la elección son conceptos casi bíblicos.

Le cambio de tema. ¿Cree que el retiro de Vázquez es definitivo?

No. En absoluto. Es un amague más.
¿Por qué dijo lo que dijo es ese colegio? Algún por qué tuvo. Me da la impresión de que responde más que nada a problemas de la interna del Frente Amplio. Y como el tema se le volvió muy en contra, lo liquidó con esto otro, esta pausa en su actividad pública.
Pero ayer estuvo en Salto haciendo campaña electoral. Lo hizo desde la regional Norte. Pero a los efectos es lo mismo.

En la hipótesis de que el retiro fuera definitivo, ¿el escenario político sin Vázquez, sería muy distinto?

Sin duda. Hacer un candidato a la presidencia no es una tarea sencilla. Lleva tiempo, dinero y además hay que encontrar la persona que de la talla. No es cualquiera que da esa talla.
En ese sentido, Vázquez es un candidato probado que corre con el caballo del comisario.
En cualquier caso, tengo el convencimiento de que en la medida que se vayan agotando las reservas nacionales de dinero, también se va agotando la izquierda.
Es un fenómeno mundial. La izquierda anda muy bien cuando lo que sobra es plata. En los momentos de dificultades, la izquierda jamás funciona. Porque no es capaz de gobernar con el criterio de buen padre de familia. La izquierda es muy generosa con el dinero ajeno, con el dinero de todos. Pero cuando tiene que acotarse a espacios económicos reducidos, cuanto se achican los famosos espacios fiscales del Cr. Astori, la izquierda también se achica.

¿Cómo se percibe desde Salto el desarrollo integral del país?

Es importante primero admitir que el Uruguay es un país agropecuario, -aunque la enorme mayoría de los uruguayos parece no saberlo ni creerlo- que tiene por su posición geográfica y por una buena cultura ancestral, que lamentablemente hoy está muy venida a menos, una gran capacidad de brindar servicios. Ya sean turísticos, financieros, logísticos, portuarios… Esas son las dos grandes ramas del Uruguay económico.
La crisis del 2002, fue una crisis del sector financiero, pero se comenzó a gestar en el sector productivo. La década de los 90 fue nefasta para el sector productivo nacional, con el atraso cambiario y el enorme problema del precio de los commodities, que era muy bajo. Todo eso fue revertido, del 2003 en adelante en base a una explosión de la producción agropecuaria que en cuatro o cinco años, del 2003 al 2007 o 2008, catapultó al Uruguay.
Se pasó de una agricultura de 50 mil hectáreas a un millón. Una cosa impresionante. Se multiplicó por 20 la capacidad agrícola. Con una inversión desde el exterior que fue el pilar fundamental para lograrlo.
Hoy, el país ha comenzado a estancarse. Tenemos menos hectáreas agrícolas en producción y menor producción pecuaria; el sector productivo hoy está estancado.
Y las señales que emite el gobierno son muy encontradas.
Por supuesto que para el Estado cuando más bajo esté el dólar, mejor, porque es el gran endeudado en dólares. Pero eso mismo nos quitó competitividad y nos sigue quitando competitividad con el resto del mundo. Seguimos siendo de los países más caros. ¿Cómo puede pretender el país venderle al mundo siendo tan caro? Es un contrasentido que no se sabe explicar.
Pero para volver a la pregunta concreta, lo cierto es que lo que vemos desde el interior es que nuestro diario vivir se va resintiendo. Por mi actividad y por mi profesión de contador tengo gran contacto y conocimiento con las empresas de mi departamento y puedo asegurarle que hay una gran caída de ingresos. Falta dinero.

¿Qué está pasando con la producción en el departamento?

Por ejemplo, la citricultura, para la ciudad representa unas 10 mil fuentes de trabajo. Lo que significa que tal vez una cuarta parte de la fuerza laboral depende de la citricultura, actividad que en este momento pende de un hilo.
En los mercados europeos nos compiten Perú y Chile que tienen tratados de libre comercio. A nosotros el tren nos pasó por encima y no hicimos el tratado de libre comercio con Estados Unidos. En consecuencia tampoco le podemos vender la naranja y eso nos complica enormemente.
Si miramos el sector ganadero y agrícola con este panorama estancado, nos preguntamos cuál es el desarrollo del Interior. ¿Dónde está? ¿Por dónde va a venir? Seguramente no será por el tren que se inauguró con bombos y platillos por los presidentes de Argentina y Uruguay. Un tren que no funciona, que no corre, que no existe. Un panorama realmente complicado.
Para colmo, tenemos una gran capital y su entorno que requieren de mucho dinero. Dinero que sale de lo que producimos. Y lo que producimos hoy está estancado.

El eterno reclamo de la descentralización sigue siendo materia pendiente…

Claro. Si uno plantea políticas de descentralización de la economía, del dinero, se encuentra con una barrera muy fuerte. Cuando se habla de descentralización, ya pasó aquella época de la descentralización burocrática. Lo que hace falta es la descentralización del dinero. Y en realidad estamos en un proceso aún más centralizador del dinero.
Nos pasó ahora con la ley de fomento de la granja.
Pedimos una ayuda para reconstruir el capital de trabajo de las empresas citrícolas y no fue aceptado. Pedimos ayuda para incorporar a la ley una central de servicios para todo el sector de la granja del Departamento de Salto, que abastece el 50% del consumo de verduras de todo el país. Nos dicen que si, que queremos tranquilos que va a haber. Pero no nos dejaron ponerlo en la ley porque la mayoría del Frente no lo aceptó. Algo que ya estuvo en el año 2004. Fue quitado y ahora no lo dejan incorporar.
Por otro lado tenemos medidas que nos dejan perplejos.
Un fideicomiso del gas oil para el transporte de pasajeros. Fantástico. El 70% del gas oil se usa en el Interior. Quiere decir que el 70% del fideicomiso lo pagamos los habitantes del interior. ¿Dónde se vuelca ese fideicomiso? La inmensa mayoría acá, en el área metropolitana. O sea, el Interior pobre subsidia a la metrópolis más rica.

¿Qué opina del impuesto a las grandes extensiones de tierra?

En el Norte se sabe que están las tierras menos fértiles. Hay una producción extensiva que es la manera de producir.
No es tan sencillo intensificar la producción. Los que lo han intentando, asumiendo riesgos económicos muchas veces terminan con las ruedas para arriba. La escala es importante.
El 60% de las explotaciones agropecuarias de más de 2.500 hectáreas están en el Norte. Acá, en la medialuna desde Maldonado a Colonia, creo que hay sólo una que tiene más de 2.500 hectáreas. Todas las demás son más chicas.
Quiere decir que se va a recaudar en el Norte pobre y se va a volcar en el Sur rico. Es la descentralización al revés.
Cuando uno ha planteado estas cosas y lo hemos discutido mucho en los presupuestos y demás, sentimos que no se comprende. Y, desde el lejano Norte, como nos gusta llamar a toda aquella zona, sentimos que la capital está de espaldas a nosotros. El gobierno central está de espaldas a nosotros.

Fuente: Por Aníbal Steffen para La Democracia

Larrañaga: “El Frente Amplio va a llegar al 2014 con un proyecto político agotado y desgastado”

El Senador Jorge Larrañaga afirmó que al Presidente Mujica “lo veo solo” (…) “muchas veces obligado a atajar penales” y vaticinó que las contradicciones internas del Frente Amplio van a generar “un proceso de crisis” en esa fuerza política. Vaticinó a La Democracia que en 2014 ningún partido va a tener mayorías y que “el único que constituye la alternativa para ganarle al Frente Amplio, es el Partido Nacional. No hay otro”.
Dijo que “hoy la educación es una máquina de exclusión, de inequidad, de injusticia, de rompimiento del principio de igualdad de oportunidades”, y que, al igual que los servicios de salud, se ha convertido en un coto del sindicalismo radical, “que es la principal máquina de impedir que tiene el gobierno para avanzar en una mejor gestión”.
Criticó la conducción económica diciendo que “es muy difícil de sustentar que no se haya guardado, en tiempos de bonanza, para tiempos de dificultades que pueden avecinarse y para que las turbulencias no nos encuentren con las fragilidades actuales.”

Por Aníbal Steffen

¿Cómo estás viendo al país al año y medio del actual gobierno?

El país tiene problemas muy importantes: seguridad, educación, salud, política exterior, fragilidad en la situación económica con relación al contexto mundial, diría que son los temas de la agenda del país y del sistema político uruguayo.

Comencemos por la primera: seguridad.

En esa materia, las únicas soluciones que ha impulsado este gobierno, han provenido del Partido Nacional y, básicamente, de Alianza Nacional. Es la realidad, casi indiscutible.
Menciono algunos logros importantes como el tema de la Guardia Nacional Republicana, el pasaje de militares a policías, la transformación de cuarteles en cárceles, ahora la creación de la ley de crea el instituto de responsabilidad penal juvenil, las disposiciones con respecto al mantenimiento de los antecedentes –aunque no era todo lo que deseábamos-, y otras disposiciones en materia de seguridad que todavía faltan impulsar en un tema tan complejo que involucra aspectos sociales, económicos, fenómenos como la marginalidad, la pobreza y la exclusión.

En materia de Salud Pública, en cambio, el gobierno parece menos dispuesto a escuchar a la oposición.

El estado de la salud pública es realmente preocupante. El Partido Nacional va a interpelar al ministro del ramo. Es decisión tomada, según me lo expresó el Presidente del Directorio, Luis Alberto Heber. Y nosotros la vamos a respaldar porque hemos visto que Salud Pública –o más concretamente ASSE- es una especie de coto sindical que se apoderó de esa parte de la salud que tiene de rehén a miles de uruguayos. Allí, la mala gestión y actos que no voy a calificar, señalan una pésima administración.

En esta revisión sintética de los temas principales ¿qué dirías de la educación?

Reitero algo que he dicho y escrito: la educación no puede esperar. Y debe ser un tema de acuerdo. Porque si no puede esperar, no debemos generar confrontación, porque estaríamos agregando frustración y descreimiento por falta de soluciones.
Hoy la educación tiene un colapso. Está asistiendo a una emergencia nacional. Hoy la educación es una máquina de exclusión, de inequidad, de injusticia, de rompimiento del principio de igualdad de oportunidades.
Mi posición sobre este tema quedó exhaustivamente expuesta el pasado martes en el Senado. (N. de R.: Una síntesis de esa exposición se publica en las páginas 10 y 11 de esta misma edición).
Tengo la sensación de que en este tema, al igual que en el de la salud, el gobierno está preso de los sindicatos; es rehén de corporativismo sindical radical. Es la principal máquina de impedir que tiene el gobierno para avanzar en una mejor gestión tanto de la salud como de la educación.
Ya es inaceptable como excusa la herencia de gobiernos anteriores. El Frente Amplio está cumpliendo 7 años de administración. Y éste gobierno, de los 60 meses que le corresponden, ya lleva transcurrido el 33%; va en el mes 20.
Como no ha obtenido resultados se impone un acuerdo nacional.

¿A que te referías concretamente cuando mencionaste la fragilidad económica?

Me refiero a la fragilidad de la situación económica en el espejo de la realidad mundial. Tenemos la fragilidad de un creciente gasto público, de un creciente proceso inflacionario, de la pérdida de competitividad en relación a terceros países. Y un agravante que es la disminución de los precios internacionales de nuestros principales productos exportables.
En ese contexto, la rigidez del gasto público, presenta enormes interrogantes.
No quiero hacer liturgia dramática; no quiero ser agorero de situaciones que no deseo para mi país, porque nunca me he afiliado al “cuanto peor mejor”. Siempre he sostenido que lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional.
Nadie podrá cobrarme ser un especulador político.
Cuando Wilson apoyó la gobernabilidad, en el primer gobierno de Sanguinetti, no estaba apoyando a Sanguinetti sino al Uruguay.
Cuando el Partido Nacional y Lacalle apoyó a Batlle en su gobierno, también estaba apoyando al país, al Uruguay. Y nosotros, cuando hemos tenido propuestas en este gobierno del Frente Amplio, actuamos en nombre y por el interés de todos los uruguayos.
Per no puedo dejar de ver que en materia económica, el excesivo gasto público, la rigidez del gasto público, no son compatibles con un buen propósito.
Es ilógico que desde el 2003 – 2004 tengamos un crecimiento importante de la actividad económica y estemos hoy en un incremento del déficit fiscal, cuyo pronóstico se estabiliza en 1.6% del producto.
Es muy difícil de sustentar que no se haya guardado, en tiempos de bonanza, para tiempos de dificultades que pueden avecinarse y para que las turbulencias no nos encuentren con las fragilidades actuales.

¿Tú, que has cultivado cierta relación personal con Mujica, como ves hoy al Presidente?

Lo veo solo. Lo veo muchas veces obligado a salir a atajar penales y dificultades de todo tipo, porque no puede superar las contradicciones del Frente que, en todos los temas, tiene dos o tres posiciones, por lo menos.
Esto ha pasado sistemáticamente a lo largo de todo este gobierno y me parece que va a generar un proceso de crisis en el Frente Amplio.
El presidente tiene dificultades porque no tiene ejecutores; tanto en los ministerios como en distintas reparticiones públicas. No tiene gente que de respuestas rápidas a los temas.
Por el contrario, los temas se dilatan en el tiempo. Y muchas veces se resuelven por explosión o por implosión. O simplemente por el principio de los hechos consumados. Así no se puede gobernar.
Entonces, veo a un presidente complicado, que muchas veces quiere y no lo dejan.
Veo aun presidente que tiene intenciones de llevar adelante determinadas políticas, pero encuentra los contrapesos, ya sea del sector radical o del sector moderado, según para dónde se incline, para dónde sea la guiñada.
Le está pasando lo que muchas veces dije en campañas electorales: el Frente Amplio en muchos temas saca el señalero para la izquierda y dobla para la derecha.

¿Cómo se explica que un gobierno que despertó tantas expectativas, al no cumplir con esas expectativas no pague los costos políticos que cualquier otro gobierno pagaría en cualquier parte del mundo?

Por ahora…
Yo creo que el primer problema es que el Frente Amplio no sabe gobernar. Si este tsunami económico favorable que recibió el país y la región termina por no aprovecharse, será una pérdida de oportunidad para el Uruguay.
¿Por qué, en principio, parece que no le genera costos? Creo que es una apreciación equivocada.
En el 2014, habrán pasado 10 años de gobierno nacional del Frente Amplio, 25 años de gobierno municipal en Montevideo y 10 años de gobierno departamental en Canelones.
Yo creo que el Frente Amplio va a llegar al 2014 con un proyecto político agotado y desgastado. Ahí se va a medir el desgaste del Frente Amplio. Con Vázquez o sin Vázquez.
Además creo que el mejor Frente Amplio ya pasó. La mejor performance del Frente fue en 2004.
Allí se sumaron tres factores. Primero: deseo de ganar, por parte de la izquierda, acumulados en 30 años. Segundo: crisis económica del 2002. Tercero: desgaste de los partidos tradicionales.
Con todo eso a favor, más el derrumbe del Partido Colorado en 2004, apenas lograron evitar la segunda vuelta por 9 mil votos.
En 2009, del 50,5, pasaron al 48 y fracción, y obtuvieron la banca número 50 en tercer escrutinio y con el régimen más favorable de conteo de votos.
Entonces, en 2014, lleven a quien lleven de candidato, -tengo mis dudas de que Vázquez termine queriendo ser candidato-, ¿quién puede asegurar que la performance del FA va a ser mejor que los episodios anteriores?
Es más. Tengo la absoluta certeza de que en 2014 ningún partido va a obtener mayorías parlamentarias. Y si el Frente no tiene mayorías parlamentarias, pierde la elección.
Y el único partido que constituye la alternativa para ganarle, es el Partido Nacional. No hay otro.

¿En que se basa esa convicción?

El Partido Colorado tiene techo. El Partido Nacional, no.
En la primera experiencia de la reforma constitucional del 99, el Frente pasó, sin mayorías parlamentarias, a la segunda vuelta y perdió la elección. Y ahora en el 2014 le va a volver a pasar lo mismo. Si el Frente no gana en primera vuelta, pierde la elección en segunda.
Que ahora no se perciba en los procesos de medición de opinión pública… bueno, estamos a 37 meses de la elección.
La gente todavía no saca conclusiones. Va recibiendo una acumulación de mensajes y recién en el año de la elección pasa raya. Allí se verá la realidad desnuda, que va a plasmar lo que te acabo de expresar.

En política juegan factores subjetivos. ¿Cómo se hace para que el Partido Nacional sea percibido por la población como real alternativa?

Es un proceso. La percepción de la gente se va construyendo en un proceso que no se agota en un mes, en una semana, o en un año.
Es un proceso de construcción de credibilidad, legitimidad y esperanza, ingredientes vitales para que un partido pueda ser opción de gobierno.
Esto me parece central. Y por eso, yo he sostenido la posición que defiendo a ultranza: una oposición constructiva, de equilibrio. Por una razón elemental: aspiro a que mi partido sea gobierno.
Para que mi partido pueda ser gobierno y tenga legitimidad y credibilidad, para que pueda después pedir apoyaturas para construir un gobierno nacional, tuvo que haber estado dispuesto a ofrecerlas cuando era oposición.
Uno tiene que tener la credibilidad y la legitimidad suficiente para aspirar al gobierno, siendo una oposición dispuesta a arremangarse y a trabajar en los principales temas del país.
No se debe confundir oposición con decir que no a todo. O con andar etiquetando las acciones del gobierno de manera sistemática y permanente.
El Wilson del 84 en adelante no hizo eso, y por ello el Partido, preparado por Wilson, terminó, nada más ni nada menos, con la explosión de victoria del 89. De no haberse muerto, no tengan la menor duda que Wilson hubiera sido el presidente de la República.
Por eso yo creo que este es el posicionamiento que nos coloca en posición de sacarle un pedazo del costillar del otro 50% del Frente Amplio.

¿A qué te refieres con el otro 50% del FA?

¿El Frente Amplio qué es? La acumulación de miles de compatriotas que pertenecían a los partidos tradicionales.
Entonces, no doy por sentado que el Frente Amplio tiene el respaldo rígido del 50% del electorado. Ya no lo tiene. Y no lo va a tener en el 2014. Y nosotros no podemos resignar la posibilidad de ser el centro posible, nacional, popular, wilsonista, abarcativo, inclusivo, del espectro político uruguayo.

¿No crees en la necesidad de algún tipo de estrategia que pase por alianzas o arquitecturas electorales que están siendo propuestas o sugeridas desde diversos ámbitos, incluso desde sectores del Partido Nacional?

Varias veces me lo has preguntado, a través de este querido medio de La Democracia, y mi respuesta ha sido contundente, clarísima: yo no creo en las familias ideológicas. No creo que exista la familia ideológica entre blancos y colorados.
Nosotros somos los blancos. Somos los nacionalistas. No creo que haya que llevar adelante una suerte de concertación…

¿Tampoco a nivel de elecciones departamentales?

Tampoco a nivel municipal.

Te lo preguntaba pensando fundamentalmente en Montevideo y Canelones.

Yo discrepo con esas iniciativas. Todo lo que se hace en contra de, termina perdiendo.
Nosotros tenemos que tener una estrategia electoral para Montevideo y Canelones -para el área metropolitana-, diferente. Sobre la base del lanzamiento de candidatos o candidatas a partir del año 2012 o 2013, que se vayan transformando en grandes referentes de Montevideo, Canelones, Maldonado, que hagan sinergia con el Partido en lo nacional.
Ir lanzando con mucho tiempo esas postulaciones para las municipales de 2015, en el contexto de la construcción de un gran proyecto para esos departamentos. Es así como hemos ganado otros departamentos.
Tenemos que ir a la conquista de Montevideo… a la reconquista de Montevideo. Tenemos que tener una relación con el votante montevideano. Que no significa dividir los discursos, porque hay componentes urbanos de Montevideo que son el resultado de la emigración del Interior hacia la Capital. Pero que sintonice con una problemática montevideana desatendida, olvidada, que ha generado la existencia de varios montevideos, en una sociedad uruguaya que, a su vez, tiene varias sociedades. Donde las brechas sociales se profundizan, en un país pequeño y en una ciudad, como Montevideo, que nuclea a casi el 50% de los uruguayos.

Fuente: La Democracia

Iturralde (PN): “El escudo de las patrias chicas tiene que ser siempre el derecho internacional”

El diputado Pablo Iturralde, del Partido Nacional, presentó ayer en la Cámara baja una moción para discutir las declaraciones de Tabaré Vázquez en las que el expresidente reconoció que pidió apoyo a Estados Unidos ante un eventual conflicto bélico con Argentina por la instalación de plantas de celulosa. Consultado por En Perspectiva, el legislador nacionalista dijo que “si había una hipótesis de ese tipo, lo que debimos hacer era recurrir a los organismos internacionales y multinacionales” y no “a una potencia que muchas veces ha actuado en forma imperial”. El representante agregó: “El escudo de las patrias chicas tiene que ser siempre el derecho internacional; no puede ser la amenaza del uso de la fuerza de una potencia extranjera a la región”. Y remarcó: “Hay que recordar que también desde la Argentina se señala, por parte de quienes el doctor Vázquez hoy califica como ex potenciales agresores de Uruguay, que ellos financiaron su campaña política y que además tenían como contrapartida la promesa de frenar las obras de Botnia”.

EMILIANO COTELO:
Después de haber recibido todo tipo de críticas de los partidos de la oposición, y también cuestionamientos del entorno del presidente José Mujica, Tabaré Vázquez confirmó ayer que durante su Gobierno llegó a manejar la posibilidad de que el conflicto con Argentina por la instalación de plantas de celulosa derivara en un enfrentamiento bélico.

El exmandatario sostuvo que “todos los presidentes de la región consideraban esa hipótesis de conflicto, aunque otra cosa es que se lo admitiera”.

La polémica se inició este martes, cuando el portal del diario El Observador informó sobre una charla que Vázquez había dado ese día, para exalumnos del Colegio Monte VI. Durante ese encuentro, el expresidente reveló que “en el pico conflictivo con la administración Kirchner, pidió a los mandos militares que consideraran una hipótesis de guerra”. Y agregó que en un viaje a Washington le solicitó respaldo político al gobierno de George W. Bush para desalentar una eventual acción armada de parte de Argentina.

(Audio Tabaré Vázquez)

Dijo Vázquez: “Yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Ustedes dirán ‘¡Qué locura!’ pero mi responsabilidad era planteármelo. ¿Tenía argumentos para hacerlo o estaba dramatizando? Yo creo que no estaba dramatizando. ¿Qué pasaba con las demostraciones del ejército argentino del otro lado, frente a Paysandú, que nunca las habían hecho y las hicieron e hicieron un despliegue? ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los tres comandantes en jefe y les planteé ese escenario”.

Cuenta Vázquez que “el comandante en jefe de la Fuerza Aérea me respondió: ‘Tenemos cinco aviones y combustible para 24 horas. Si salen nuestros cinco aviones, no vuelve ninguno’. Estábamos en un estado de indefensión”, continuó diciendo el expresidente, según la grabación en video que se ha conocido de esa charla.

Luego Vázquez relató cómo fue que solicitó apoyo al Gobierno de Estados Unidos.

(Audio Tabaré Vázquez)

“Fui a Estados Unidos a tratar de mejorar el intercambio comercial entre nuestros países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ella lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay era un país amigo y socio de Estados Unidos. Y que le pidiera al presidente Bush, si era posible, que dijera lo mismo. Y así fue, y dijeron: ‘Uruguay es un país socio y amigo de Estados Unidos’ y se aplacaron todos los anuncios. Se aplacaron”, recalcó Vázquez.

Las derivaciones han sido de todo tipo. En nuestro panorama nacional ustedes escuchaban algunas de las respuestas que Vázquez recibió desde el propio martes cuando comenzaron a circular sus dichos, hasta el día de ayer. Escucharon, por ejemplo, lo que han dicho dirigentes del Partido Nacional (PN), como Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga. Escucharon los comentarios de Pedro Bordaberry, del Partido Colorado (PC). Escucharon lo que desde adentro del Frente Amplio (FA) también se ha señalado, por ejemplo desde el MPP con Lucía Topolanski y Ernesto Agazzi, que han sido particularmente críticos y han estado entre sorprendidos y francamente discrepantes con lo dicho por Vázquez.

Escucharon también las repercusiones que esto ha tenido del otro lado del río, donde quizás lo más duro vino del excanciller Rafael Bielsa: “Vázquez ha rebajado aún más su inexistente estatura de estadista”, dijo Bielsa en declaraciones que publica hoy el matutino El País.

El asunto creció tanto que llegó incluso a la Cámara de Representantes. El diputado nacionalista Pablo Iturralde presentó ayer en la Cámara baja una moción para que se discutiera a propósito de los dichos del exmandatario. Pero no prosperó, porque el FA no aceptó que ese texto se tratara.

Diputado Iturralde, ¿cuál era exactamente su intención, qué texto estaba proponiendo?

PABLO ITURRALDE:
Lo que nosotros poníamos arriba de la mesa era una discusión que culminaba con una declaración en la que se rechazaba los dichos del expresidente de la República doctor Tabaré Vázquez. Uruguay tiene una larga tradición con relación a los principios fundamentales de actuación en la comunidad internacional, el respeto por el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Nos parece que en pleno siglo XX hablar de cosas que están absolutamente desencajadas de lo que pueda ser la realidad, pensar en que los problemas con Argentina se iban a solucionar con una guerra, no venía al caso y no se iba a dar para nada. Uruguay…

EC – …Lo que Vázquez dice es que tuvo que considerar todas las hipótesis posibles, y una era la de que viniera una acción bélica desde Argentina.

PI – Si lo que había era una hipótesis de ese tipo, lo que debimos hacer era recurrir a los organismos internacionales y multinacionales, concurrir a la ONU, la OEA, al Consejo del Mercado Común del Sur. Se debía recurrir a todos los mecanismos y tratar de solucionar las cosas como corresponde. No concurrir a una potencia que muchas veces ha actuado en forma imperial. Además, recordemos que en ese momento [Estados Unidos] estaba desarrollando una guerra ilegítima en Irak, de acuerdo al concepto del Consejo de Naciones Unidas. Y la administración Bush no ha sido precisamente recordada por el respeto de los derechos internacionales. Entonces, pensar que nosotros vamos a solucionar los problemas trayendo al ejército de Estados Unidos no sé, me hace pensar en cosas que me resultan risueñas…

EC – …El doctor Vázquez aclara que él no dialogó con las autoridades estadounidenses de la época para pedirles un apoyo militar. Lo mismo puntualizó ayer Rodolfo Nin Novoa, entonces vicepresidente de la República, quien dijo que lo que se solicitó fue un “apoyo político que desalentara una eventual acción bélica” de Argentina. Por eso lo que se pidió fue que existieran esos pronunciamientos de Condoleezza Rice y de George W. Bush diciendo que Uruguay era un país amigo y socio de Estados Unidos, según aclararon.

PI – No es lo que surge del contexto de sus declaraciones. A mí me gusta ver al presidente de mi país actuando en un contexto en el que haya una defensa irrestricta de la solución pacífica de las controversias, que apelemos a la Carta de Naciones Unidas, a la Carta de la OEA, al Pacto de Bogotá, a los tratados internacionales que tenemos con todos los países de la región.

Y me parece insólito que queramos solucionar las cosas así con un país hermano como la Argentina, más allá de que eventualmente podamos tener diferencias.

Hay que recordar que también desde la Argentina se señala, por parte de quienes el doctor Vázquez hoy califica como ex potenciales agresores de Uruguay, que ellos financiaron su campaña política y que además tenían como contrapartida la promesa de frenar las obras de Botnia.

Me parece que en defensa de la soberanía y de la dignidad nacional tenemos que recurrir a mecanismos internacionales que pasen por lo que [se proponía] desde la época de [Frank Billings] Kellogg y [Aristide] Briand, que eran respectivamente el secretario de Estado norteamericano y el canciller francés en 1928: transitar la solución pacífica de las controversias. No podemos recurrir a un mecanismo en el cual nosotros vamos a una fuerza que ha actuado tantas veces en toda Latinoamérica en forma ilegítima. Y siempre ha sido llamada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llamarlos para que se instalen acá y vengan por las dudas, por si Argentina nos va a invadir? Yo no recuerdo haber vivido nunca esto, más bien recuerdo haber vivido con preocupaciones esas sensaciones que nos dice el doctor Vázquez.

Además, si fue así, ¿lo consultó con todo su gabinete? Yo no he escuchado absolutamente a nadie señalar que hubiera tratado ese tipo de cosas con el doctor Vázquez. ¿Lo consultó con la fuerza política? Me parece que en ese tipo de cosas hay que lograr la unidad nacional.

Además no puede decirlas en este momento, no tiene ningún sentido alentar hoy una relación de enfrentamiento por lo que pasó en aquel momento con el conflicto de Botnia, cuando el país lo encamina de otra manera.

EC – Usted pretendía que este tipo de consideraciones se debatiera ayer en la Cámara de Diputados pero su planteo no prosperó, ¿qué pasó?

PI – No prosperó porque el FA no quiso votarlo. Vamos a insistir la semana que viene. Primero, porque tenemos un mandato de la Constitución, que en su artículo 6 nos dice que Uruguay tiene que tratar que las diferencias políticas que surjan entre las partes contratantes se decidan siempre por el arbitraje u otros medios pacíficos. Queremos discutir y saber qué opina la fuerza política que hoy es gobierno…

EC – …Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer?

PI – Vamos a presentar una declaración rechazando las declaraciones del doctor Tabaré Vázquez. El escudo de las patrias chicas tiene que ser siempre el derecho internacional; no puede ser la amenaza del uso de la fuerza de una potencia extranjera a la región. Yo creo aquello que decía Wilson, que el Uruguay forma parte del sindicato de los pueblos pobres. No creo que tenga que unirme a una potencia que muchas veces ha actuado por fuera del derecho internacional público. Creo que la solución de las controversias tiene que darse de esa manera y que el Uruguay tiene que mantener esa rica tradición que siempre ha tenido y que ha sido uno de los artífices de la construcción de un derecho internacional, como corresponde a las patrias chicas.

EC – ¿Entonces es el PN el que va a emitir esa declaración?

PI – Sí, señor. Ayer consultamos con todo el PN y todas las fuerzas políticas del PN estuvieron de acuerdo en que teníamos que hacer una declaración de este tipo. Y creemos que no pasa por una declaración del partido sino por una declaración del Parlamento. El Parlamento tiene que reafirmar una vez más que la actuación de la república y la comunidad internacional tiene respetar el derecho internacional y no…

EC – …¿Y cuál es el camino que se va a seguir?

PI – El camino va a ser volver a plantear el tema el martes de la semana que viene a través de una declaración.

***

EC – De las declaraciones que han venido del PN me llamó la atención la de Luis Alberto Lacalle, líder del Herrerismo y de Unidad Nacional, que en sus consideraciones pone su experiencia como presidente de la República.

Lacalle discrepa con lo dicho por Vázquez, pero lo hace con algunos matices interesantes. Lacalle calificó de “inconveniente” haber hecho público ese momento de tensión que se vivió con Argentina: “Quienes han ejercido la presidencia saben que hay episodios que se deben mantener en reserva, no digo en secreto. Quizás, cuando un presidente escribe sus memorias, 20 o 25 años después, esas cosas se pueden contar”.

Sin embargo, Lacalle justificó que “un país pequeño como Uruguay, con dos vecinos que no siempre nos han tratado bien, no descarten la estrategia de buscar apoyo en un aliado circunstancial y poderoso. De todos modos, resulta pintoresco que luego de años de vociferar contra Estados Unidos sea él precisamente quien haya evaluado esa medida”, agregó Lacalle.

Ayer, la producción de En Perspectiva procuró una entrevista con el doctor Tabaré Vázquez para conocer algunos detalles a propósito de sus comentarios del martes que por lo menos a mí me quedan oscuros. Vázquez prefirió no dar más entrevistas, según nos explicaban ayer en su secretaría. Decidió hablar solo con el diario El Observador, que era quien había estado en la charla del colegio Monte VI y había publicado la primera crónica, y dijo que no iba a dar más reportajes.

De todos modos, a mí me quedaron algunas interrogantes abiertas. Por ejemplo, esto que surgía recién en la entrevista con el diputado Iturralde, lo que el Gobierno de la época evaluó y gestionó: ¿fue solamente un apoyo político de Estados Unidos? ¿Fue solamente ese par de declaraciones que hicieron Condoleezza Rice y George W. Bush diciendo que Uruguay era un país amigo y socio de Estados Unidos? ¿O también se habló de la posibilidad de una intervención militar norteamericana en caso de que ocurriera esa hipótesis de acción bélica de parte de Argentina? De ese punto no hemos tenido precisiones por parte del doctor Vázquez.

La otra pregunta que queda pendiente es justamente la que aparece en los comentarios del doctor Lacalle. Suponiendo que hubiera que ir a pedir apoyo político de un país poderoso a efectos de desalentar alguna intención bélica que pudiera haber desde el otro lado del Río de la Plata, ¿por qué a Estados Unidos? ¿Por qué un Gobierno del FA decide recurrir al de Estados Unidos, nada menos, teniendo en cuenta las discrepancias y los cuestionamientos de todo tipo que ha hecho tradicionalmente la izquierda a la política exterior intervencionista de ese país? Me quedan esas dudas, y me queda la interrogante a propósito de si el tema se discutió en el gabinete y con quiénes.

Y me queda como pregunta también por qué Vázquez decide hablar de esto ahora. Porque hay momentos y momentos para hacer las revelaciones, y alguna intención tiene que haber para que lo haya dicho ahora. Algún análisis hizo el doctor Vázquez antes de hablar, antes de relatar estos hechos en este momento.

Vázquez sabía que lo que estaba diciendo allí podía trascender a una simple reunión y conversación con exalumnos del colegio Monte VI. Sabía que había una cámara de televisión que lo estaba filmando. Tengo entendido que también sabía que había periodistas, pero por lo menos sabía que había una cámara que lo estaba grabando, al punto de que las imágenes pudieron verse ayer en distintos canales de televisión.

¿Por qué Vázquez sale a decir esto en este momento? ¿Qué cálculo hizo de cómo podía incidir en su camino hacia una nueva candidatura presidencial en el FA? ¿Cómo puede repercutir en la relación de mejoramiento que está gestándose entre Uruguay y la República Argentina? Es un misterio por qué Vázquez habla y cuenta esto en este momento. Hubiera sido bueno poder preguntárselo.

***
Escuche la entrevista a Pablo Iturralde

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Fuente: espectador.com

Daniel Corbo (Codicen): hay que combinar voluntades políticas para transformar la Educación

Ayer el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) aprobaron en el Senado una declaración por la cual pretenden coordinar acciones para lograr una mejora en la “calidad y equidad” de la Educación. En conversación con En Perspectiva, el licenciado Daniel Corbo, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), opinó que “ayer fue un día importante para la República” porque “se debatió, se intercambiaron ideas y se asumieron compromisos”. Corbo, quien además es asesor del senador Jorge Larrañaga, dijo que el objetivo del encuentro en la Cámara de Senadores fue “colocar a todo el sistema político atrás de los cambios necesarios para desbloquearlos”. En este sentido, reflexionó que si bien “hay importantes coincidencias en todos los partidos y en los actores institucionales”, existen “bloqueos que están impidiendo ir adonde hay que ir”. El especialista expresó que uno de los caminos para avanzar en la transformación de la Educación “pasaría por construir una agenda de cambio, que luego sería analizada y respaldada por todos los partidos políticos del país con representación parlamentaria y por el propio Gobierno”.

EMILIANO COTELO:
Había gran expectativa, parecía el día D para la educación. Finalmente, los tres partidos políticos con representación en el Senado aprobaron ayer en esa Cámara una declaración en la que manifiestan su “voluntad de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la Educación en calidad y equidad” y su “voluntad de estimular también un acuerdo institucional”.

La sesión de ayer, donde Jorge Larrañaga había convocado al ministro Ricardo Ehrlich y a las autoridades del Codicen, dejó sobre la mesa, además de esta declaración de consenso, un documento de Alianza Nacional (AN) que incluye 12 propuestas y dos proyectos de ley, y dos informes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC): uno que resume los avances en la puesta en marcha del acuerdo interpartidario sobre educación firmado el año pasado y otro con el detalle de 42 medidas que está previsto implementar entre 2011 y 2012.

En la declaración suscrita por frenteamplistas, blancos y colorados se establece “una hoja de ruta” para enfrentar esta nueva etapa: se fija un plazo de 45 días para que el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) diseñe “una Agenda para la Mejora Educativa” y se la presente al presidente de la República, para que este a su vez convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para su consideración. Se sugiere además que, en forma simultánea, el mandatario llame “a los actores sociales vinculados con la educación” para examinar esa misma agenda. Y se consigna la “ voluntad de dar seguimiento a través de las Comisiones Parlamentarias de Educación, al Plan Nacional acordado, así como la evaluación de los resultados que se obtengan”.

Tuvimos más temprano algunas lecturas sobre lo que ocurrió ayer en el Senado, escuchamos al senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio, y después tuvimos el análisis en la Tertulia.

Ahora vamos a charlar con el licenciado Daniel Corbo, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), el único representante de la oposición, y asesor por otro lado del senador Jorge Larrañaga.

¿Quedó conforme con la presencia de este debate instalado ayer con tanta fuerza en la Cámara Alta?

DANIEL CORBO:
Sí, ayer fue un día importante para la República, para las instituciones republicanas, porque allí en la Cámara Alta, con la institución más elevada del Parlamento Nacional y la institucionalidad educativa representada por el Codicen y el ministro de Educación como representante del Gobierno, se debatió, se intercambiaron ideas y se asumieron compromisos.

Y creo que eso es un paso adelante, porque este tema de la educación hace a la construcción del futuro de oportunidades para los jóvenes, hace al futuro también del entramado de convivencia del país, al tejido de integración social, hace al desarrollo nacional, todo eso está implicado. La educación es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de todos, y está muy bien que los poderes públicos ventilen una discusión de esta naturaleza, que además arroja un saldo que habíamos previsto, que es que, más allá de matices, también existen muchas coincidencias, muchas convergencias en las miradas, en las visiones, tanto en el diagnóstico como también en el rumbo futuro.

EC – Por ejemplo, el ministro fue muy enfático en su exposición en detallar lo que se está haciendo; medidas ya puestas en marcha y otras que están en preparación en lo que entiende es cumplimiento del acuerdo multipartidario al que se llegó el año pasado. ¿Cómo ve ese saldo de ese lado?

DC – El ministro presentó un informe pormenorizado de la situación en la visión del Gobierno. Me parece que era una mirada importante. Esto permitió que también estuvieran las otras miradas, y el reconocimiento del ministro de que estamos haciendo cosas, pero hay lentitud o estamos atrasados en cosas, hay cosas a las que tenemos que imprimirles un ritmo diferente, una convicción más fuerte, ir más lejos, eso también estuvo. De manera que ayer todas las partes admitieron que había problemas estructurales en la educación y problemas de gestión. Todo eso estuvo sobre la mesa, las distintas miradas ayudan a enriquecer la visión conjunta.

EC – Fue importante la manifestación expresa que hizo el ministro de la voluntad del Poder Ejecutivo de trabajar en busca de un acuerdo multipartidario, de la renovación del respaldo político de todos los partidos a una serie de cambios.

DC – Efectivamente, porque hay una situación de opinión crítica, de estado crítico en el país sobre la educación, y esas expresiones muchas veces terminan debilitando o deslegitimando a la autoridad para conducir los cambios. Ayer todos nos dimos una oportunidad, decía el senador Larrañaga y creo que tiene razón, porque el Parlamento se dio la oportunidad de presentarle al país una vocación de reflexionar y analizar en profundidad un gran tema nacional. El Gobierno se dio la oportunidad de expresar lo que estaba haciendo, pero también de recoger lo que otros entienden que hay que hacer, las cosas que están faltando, luces y sombras decía el ministro. Y la institución educativa también pudo, por medio del Codicen, manifestar dónde está, qué está haciendo, pero también el camino que tiene por delante recorrer, en el que hay bloqueos, hay dificultades. Creo que uno de los objetivos de la jornada de ayer y de este intento de acuerdo nacional es colocar a todo el sistema político atrás de los cambios necesarios para desbloquearlos, para hacer un blindaje a la convicción y a la acción de los cambios y las transformaciones que el país necesita.

EC – Me parece que ese punto hay que explicarlo, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las observaciones y dudas que surgían hace un rato en la Tertulia. Decían algunos de los integrantes de la mesa: “Acuerdos ya hemos visto tantos, y parecería que las coincidencias sobre qué es lo que hay que hacer no son nada misteriosas. El problema es que se haga”. El problema es que se haga, se necesita ejecutividad, ¿y para eso el acuerdo político puede a su vez ayudar? ¿Cómo es el mecanismo que se está pensando?

DC – Sí, lo que se pensó, lo que ha estado en la motivación de esta convocatoria realizada por el senador Larrañaga, es la visualización de que existe un rumbo en el país, de que hay importantes coincidencias en todos los partidos y en los actores institucionales, sin embargo hay bloqueos que están impidiendo ir adonde hay que ir o se está haciendo ese viaje muy lento, con muchas dificultades.

EC – ¿Puede manejar algún ejemplo?

DC – Por ejemplo, el profesor cargo, la idea de terminar en la enseñanza media con los profesores taxi, profesores que tienen disueltas sus horas en varias instituciones, que por lo tanto no pueden comprometerse con ninguna comunidad educativa, con ningún proyecto institucional, con ninguna propuesta pedagógica, desarrollar un sentido de pertenencia. Todos estamos de acuerdo en que hay que pasar de horas sueltas a un cargo donde se concentre al profesor en una institución. Eso incluso fue objeto de una negociación con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, llegó a firmarse un acuerdo sobre eso, pero a la hora de implementarlo, a la hora de definir cómo sería el profesor cargo, cuáles serían sus perfiles, sus tareas y todo lo demás, Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria) ha rechazado su aplicación. Y también la aplicación de otra medida muy importante que es evitar la elección de horas todos los años, lo cual implica que todos los años los profesores rotan.

Y sin esas dos cosas no podemos constituir comunidad educativa en las instituciones, porque comunidad educativa significa que yo trabajo en un lado y no en 10; que no cambio todos los años sino que permanezco y por lo tanto puedo construir una visión compartida de lo que queremos hacer en esa institución.

EC – Acaba de mencionar dos ejemplos de bloqueos. En ese caso por resistencia de la Fenapes. ¿Qué otro?

DC – Otro muy importante es la carrera docente. Tenemos que introducir en la carrera docente un mecanismo distinto del que ha operado hasta ahora, que se basa casi unilateralmente en la antigüedad calificada del docente. La idea es colocar la posibilidad de concursos para los profesores que tienen formaciones, que se han capacitado, que tienen buenas prácticas, que consiguen buenos resultados, en definitiva premiar al que hace bien las cosas y que se forma y se profesionaliza. Eso se pudo implementar, se está empezando a implementar en primaria.

EC – Es una buena noticia de los últimos días, la conversábamos con el presidente del Consejo de Primaria, Óscar Gómez.

DC – Sí, pero solo se pudo hacer en primaria. En secundaria y UTU no se ha podido implementar porque ha habido resistencia.

EC – Resistencias ¿de quién?

DC – También a nivel de los sindicatos. Entonces los consejos no tienen disposición de ir a la aplicación de estas cosas sin alcanzar un acuerdo con los sindicatos. En definitiva, todas estas cosas están imprimiendo un freno, un bloqueo a cosas centrales que hay que hacer. Tenemos que desarrollar la profesionalidad de los docentes, tenemos que formar comunidad educativa.

EC – ¿Cómo funcionaría ese blindaje político del cual usted hablaba recién a efectos de lograr que estos temas se muevan y se puedan implementar?

DC – Pasaría por construir una agenda de cambio, que luego sería analizada y respaldada por todos los partidos políticos del país con representación parlamentaria, y por el propio Gobierno. Eso significaría un respaldo político, y para nosotros los partidos juntos es la República entera atrás de los cambios.

EC – ¿Qué hay que entender? ¿Que si una determinada medida demuestra que tiene el apoyo de todos los partidos políticos, presidente de la República incluido…?

DC – Eso le da una capacidad para llevar a cabo esos cambios.

EC – ¿Piensan que en esas condiciones va a aflojar la resistencia que pueda estar poniendo un determinado sindicato?

DC – No, tal vez no, pero las condiciones de fuerza cambian, porque allí no están solamente las autoridades educativas, sino que atrás están el Parlamento Nacional, el Gobierno de la República elegido por el pueblo, los partidos políticos que representan a la ciudadanía. Esa es una cosa muy importante. Pero a su vez este acuerdo abre un camino de negociación con el área social, empresarios…

EC – Eso iba a preguntarle. El procedimiento que se establece en la declaración que se aprobó ayer es: se le pide al SNEP que elabore una Agenda para la Mejora Educativa en los próximos 45 días, “a presentar al señor presidente de la República su aspiración a que el señor presidente de la República convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que consideren esa Agenda presentada por las autoridades educativas, y en forma simultánea convoque a los actores sociales vinculados con la educación para considerar la agenda planteada”. ¿Cómo sería esto?

DC – Tampoco queremos dejar a ningún actor de la sociedad uruguaya afuera. La idea es convocarlos para considerar esa agenda, en la idea más bien de construir hacia delante otra cosa de que ayer hablábamos, que son las bases para un Plan Nacional de Educación. Diríamos que hay un acuerdo sobre dos tiempos. Un tiempo que son las medidas que tenemos que tomar ahora, las acciones que necesariamente hay que realizar y no pueden esperar, algunas que son más coyunturales y otras que son cambios de envergadura pero que no pueden esperar.

Pero a su vez sentimos que esa transformación que requiere el sistema educativo tiene que ser radical, exigente, de toda su matriz, de todo el modelo de diseño institucional, y eso requiere una acción de largo aliento, un horizonte temporal amplio, que va mucho más allá de una administración. Sostener en el tiempo ese proceso de cambio y ese rumbo requiere un plan nacional que logre grandes entendimientos nacionales. Hacia la construcción de ese entendimiento nacional es que va este diálogo con actores sociales además de los actores políticos en la construcción de una visión del conjunto de la sociedad.

EC – Pero ¿cuánto tiempo lleva llegar a los acuerdos? La Agenda de Cambios la propone el SNEP, integrado por el MEC, el Codicen y la Universidad de la República. En 45 días está pronta esa agenda, llega al presidente de la República, este convoca a los partidos… ¿y qué pasa?

DC – La idea es que los partidos, que ya hemos estado conversando, que tenemos también acuerdos de base, porque en el país han pasado cosas positivas; a veces uno tiende a cargar mucho las cosas sobre lo negativo pero también han pasado algunas cosas positivas. Una es que en el país ha permeado un sentido de cuál es la realidad de la educación, porque antes teníamos una visión idealizada de que estábamos muy bien, lo que era una falsedad, era una imagen del pasado. Hoy somos conscientes de cuál es la realidad, primera cosa importante.

Una segunda cosa importante es que hemos avanzado en un entendimiento común, a partir de muchos diagnósticos, de cuáles son las razones de ese estado de la educación, por qué estamos como estamos. Y a partir de ello también empiezan a existir confluencias muy fuertes en torno al rumbo a dar a la educación.

EC – Ustedes suponen que la agenda que va a venir del SNEP está en sintonía con esas inquietudes.

DC – Sí, en las propuestas se vio ayer que no hay cosas tan originales que uno diga “mirá qué carta sacó, mirá qué propuesta desconocida sacó”. No hay eso, hay que caminar sobre un trillo ya hecho, y para hacerlo se requiere conjuntar voluntades políticas para darle un ritmo a ese cambio, a esa transformación más acelerada, más contundente, una voluntad más clara y un compromiso más fuerte.

EC – Usted estima que la agenda que venga en esos 45 días del SNEP va a andar muy cerca de lo que los partidos están reclamando.

DC – Efectivamente, por lo que se discutió ayer.

EC – Los partidos, por tanto, aprobarían o darían su visto bueno en pocos días, no sería que ahí empezaría otro plazo de 60, 90, 180 días. Usted entiende que ahí se iría rápido. Pero ¿cómo entrarían en este esquema los actores sociales?

DC – Ahí también se empieza una discusión más amplia.

EC – Pero la agenda de cambios ¿se aprueba allí, se aprueba simplemente entre todos los partidos políticos?

DC – Ahí ya hay un acuerdo. Ese acuerdo luego puede ser ampliado y la legitimidad de ese cambio abordada por otros actores sociales, que pueden ser los sindicatos de la enseñanza, puede ser el PIT-CNT, pueden ser las cámaras empresariales, que también tienen mucho que ver con la educación en tanto cualquier proceso de desarrollo nacional necesita una articulación con la calificación de los recursos humanos del país.

Si eso permite una ampliación, una legitimación más amplia de esa agenda de cambio, bienvenido, pero a su vez todos esos actores van a traer sus otros temas, sus otras miradas, sus otras propuestas, y todo eso va a ir acumulando hacia un escalón más allá, que es sentar las bases para un Plan Nacional de Educación a 15 o 20 años. Eso también es un horizonte importante. Esta es una construcción en etapas.

***

EC – El consejero Corbo estuvo ayer en el Senado en una doble condición: como integrante del Codicen, que estaba convocado, y al mismo tiempo como asesor del doctor Jorge Larrañaga. Usted ha trabajado mucho con el doctor Larrañaga en los planteos que hizo ayer en su presentación.

DC – Efectivamente, a veces esas situaciones se dan. Pero lo importante aquí, más allá de actuaciones personales, es que se vio en la jornada de ayer a partidos que representan distintas tradiciones de pensamiento comulgando un compromiso común. Eso cambia absolutamente el panorama de oportunidades en la educación, y eso es lo que se quiso producir.

EC – Quizás ya estuvo dicho en las respuestas anteriores, pero desde la audiencia Mercedes pregunta: “¿El ministro tiene autoridad sobre la ANEP?”. No la tiene, entonces, ¿cómo juega el tema de las autonomías en lo que viene ahora?

DC – Constitucionalmente el ministro no tiene autoridad. Ayer comenzamos nuestra intervención con este tema, y planteamos cómo las cuestiones que hacen a toda la ciudadanía, que hacen a fines y valores de toda la sociedad, son cuestiones que se resuelven en los poderes públicos y requieren una conducción nacional. No hay que confundir la especialidad orgánica de un ente, la autorregulación o autolegislación que un ente se da, con las políticas públicas que se definen en materias nacionales como la educación.

Ayer se pudo apreciar al Codicen discutiendo con el Ministerio, es decir con el Gobierno, y con el Parlamento, trabajando juntos, y eso se da también mediante el SNEP. La idea es encarar esto como un trabajo conjunto, como un esfuerzo nacional. No podemos seguir poniendo fronteras, trincheras para justificar por qué no hacemos las cosas.

EC – ¿En ese esfuerzo están todos los integrantes del Codicen? Por ejemplo, hoy en la prensa se menciona que durante los días previos la consejera Nora Castro tenía reservas, por no decir directamente discrepancias, con la idea de un acuerdo multipartidario y nacional en esta materia. ¿Qué pasa por otro lado con los consejeros que desde la última ley de educación, la del período pasado, representan a los docentes? ¿Cómo está funcionando el Codicen en esta sintonía de la que usted habla?

DC – Ayer el Codicen se expresó como órgano, más allá de las posiciones individuales, más allá de “me gusta esta idea o no me gusta”, se expresó como órgano por medio de su presidente de una forma muy categórica, muy contundente en el sentido del compromiso de trabajar juntos en la solución que el Senado resolviera ayer, de recorrer este camino, que habíamos hablado. A algunos miembros les gusta un poco más, a otros un poco menos. A mí me entusiasma, porque yo quiero cambiar, quiero transformar. Para eso fui al Codicen, para transformar positivamente esta realidad. En ese sentido me parece que no puede haber fronteras entre instituciones, y yo no quisiera tener tampoco fronteras entre partidos, quiero trabajar con todos.

EC – Ayer durante el debate, el senador Jorge Larrañaga manejó una serie de propuestas para el Acuerdo Nacional por la Educación. Por ejemplo, presentó 12 medidas. ¿Cómo encajan estas medidas en el proceso que viene ahora?, ¿qué es lo que ustedes conciben?

DC – Las medidas, o lo que sería un contenido posible para una Agenda de Cambio, son un insumo y un aporte que está en sintonía con las cosas que se vienen conversando y las que ayer se discutieron. Hay algunas cuestiones de esa agenda que están en trámite, pero están frenadas en la instancia parlamentaria, por ejemplo. El Instituto Universitario de Educación requiere una ley orgánica para que se le dé estatuto universitario a la formación de los docentes. El Instituto de Evaluación Educativa tiene un proyecto de ley que está trancado. El proyecto del Instituto Terciario Superior también se presentó y no hemos avanzado.

EC – Ahí tenemos tres ejemplos en los cuales quien está en deuda es el Parlamento.

DC – Efectivamente, por eso mismo es un compromiso múltiple. La educación reconoce que hay cosas que hay que hacer más rápido, que hay que ir más lejos, y el Parlamento reconoció que tiene cosas por resolver. Por eso el compromiso que está en el primer punto de la voluntad de los senadores de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la educación en calidad y equidad. Lo que pretende con este impulso el senador Larrañaga es que en corto plazo –y él plantea allí algunos tiempos– esto esté aprobado, tenga una sanción parlamentaria, legislativa, y sea ley y que empiece a funcionar un Instituto Terciario en materia tecnológica, que esté funcionando un Instituto Universitario que otorgue títulos universitarios a la formación docente, con las formaciones académicas correspondientes, y tengamos un Instituto de Evaluación que sea un factor muy importante en este proceso de transformación para monitorear los cambios, para verificar dónde hay problemas y dónde hay que cambiar, dónde hay que meter la mano y avanzar.

EC – Otras medidas propuestas en el documento de Larrañaga no son de responsabilidad del Parlamento. Ahí ya entran en juego el Codicen y los consejos desconcentrados.

DC – Por eso se plantean 45 días para una agenda. Hay planteos que están en sintonía con cosas que se vienen discutiendo, como la autonomía y el protagonismo de los centros y las instituciones de educación media. Las instituciones de educación media serían una sustitución del liceo y la escuela técnica por una institución de educación media básica que conjugue las tradiciones académicas de secundaria con las tradiciones tecnológicas y de talleres de la UTU para conformar una nueva propuesta educativa.

La autonomía de los centros es una cuestión muy trascendente en términos de cambio del sistema educativo, permitiría darles diversidad a las propuestas educativas, permitiría que los centros tuvieran margen para construir una protesta pedagógica propia, contextualizada en la realidad de sus alumnos, enmarcada en un plan nacional y una vocación universalista, permitiría construir comunidades educativas.

Y algunas medidas están orientadas a estas cosas que hablábamos que están trancadas, que están frenadas, con la idea de decir: esto lo colocamos en una agenda pública, esto lo refrenda el Gobierno, esto lo refrenda el Parlamento. Atrás de esto están los partidos políticos, la República entera, para que efectivamente tenga un impulso, un fortalecimiento.

Creo que el senador Larrañaga no ha pretendido ser original sino ser un agente transformador de esta realidad, para ayudar a transformar la realidad educativa.

EC – Vayamos por ejemplo a la escuela pública. Dice el documento de AN: “Proponemos una política social de base territorial con centro en las escuelas públicas, abriendo sus locales los 365 días del año y haciendo de la escuela de los niños una escuela de toda la familia”. ¿Esto está en consideración hoy?

DC – Hay una pequeña experiencia a nivel de liceos o de educación media, en la que están colaborando la ANEP, el INJU y el Mides. Es una idea que inicialmente planteó Unesco en Brasil y que ha tenido un impacto muy importante en el descenso de los valores de violencia en los lugares donde se ha aplicado. El senador Larrañaga ha planteado esto por lo menos desde el año 2007. Desde entonces viene insistiendo en esta idea de tomar la escuela pública, que es un centro de referencia para todas las familias en todos los barrios, que tiene además una infraestructura muy desarrollada en todo el país, y usar esa infraestructura que hoy se abre 180 días solamente en el año, porque 180 días permanece cerrada por los períodos de vacaciones, sábados y domingos. Usar la capacidad de convocatoria que tiene la escuela pública para desarrollar una serie de espacios de recreación, de socialización sana y de capacitaciones dirigidas por ejemplo a los jóvenes que están fuera del sistema educativo, a los adultos, para ayudarlos a generar mayores oportunidades de inserción laboral, de desarrollo personal.

EC – ¿Usted dice que hay alguna experiencia corriendo?

DC – Empieza a haber una experiencia corriendo, se está trabajando en ello.

EC – ¿Dónde?

DC – En liceos y escuelas técnicas. El proyecto está aprobado y empieza una experiencia piloto el próximo año.

EC – ¿Se pretende que esta medida incluida ahora en este documento de AN venga en la agenda que van a discutir dentro de 45 días?

DC – Sí.

EC – ¿Se pretende que se implemente a corto plazo?

DC – Claro, la idea es tratar de desarrollar un plan que permita una implementación progresiva. Aquí no está desarrollado, pero la propuesta del senador Larrañaga tiene unos indicadores sociológicos que permiten establecer una progresión con una selección de algunos territorios donde hay mayor dificultad en términos de fragilidad familiar. La idea es que la escuela de los niños se convierta en la escuela de los niños y de la familia entera, y que sea un factor para promover, para concentrar allí políticas sociales. No necesariamente tiene que estar en el local escolar, a lo mejor una actividad puede ser deportiva y estar en un club deportivo de la zona, pero la escuela tiene que ser el centro donde se articulen a nivel de micropolítica acciones territoriales de políticas sociales.

***

EC – En el documento presentado por AN ayer hay, además de los que ya conversábamos, dos nuevos proyectos de ley. Obviamente, pasan a consideración del Parlamento. Veamos uno de ellos. Punto uno, modifica algunos artículos de la Ley General de Educación, entre ellos aspectos de la conducción de la educación pública y de los cometidos del Codicen. Usted integra el Codicen, ¿puede explicar de qué se trata, cuál es la inquietud en esta materia?

DC – Sí, puedo informar el contenido de la propuesta; no me puedo expedir sobre ella, porque ya es un nivel político que no me corresponde. La propuesta básicamente plantea ampliar el concepto de laicidad retomando la visión que estaba en la ley anterior, porque se entiende que falta la asunción de que los profesores van a actuar con imparcialidad al exponer sus lecciones, sus temas, y falta también algo que estaba en la ley anterior en el sentido de que no harán proselitismo en ninguna clase, en el ejercicio de sus funciones. Allí se intenta reafirmar un principio que creo que todos compartimos.

Un segundo punto tiene que ver con devolverle al Codicen algunas potestades que tenía, que le permitan, según dice el proyecto, conducir la política nacional dentro de la ANEP, porque al quedar hoy distribuidas esas potestades entre los consejos de Primaria, Secundaria, Universidad del Trabajo y Formación en Educación, se termina encapsulando un poco el sistema y faltan condiciones para que exista una conducción unificada de todo el organismo. Esto tiene que hacerse en la construcción de un conjunto de acuerdos entre los consejos, lo cual representa todo un proceso de tiempo.

EC – Aquí queda de manifiesto que el diagnóstico incluye que una parte del problema está en la falta de sintonía, la falta de coordinación que ustedes perciben se está dando entre el Codicen y algunos de los consejos.

DC – En cualquier caso el sistema tiene un problema de fragmentación y encapsulamiento por subsistemas, y si uno quiere tener una orientación de política común, compartida, necesita una política de conjunto, una visión de conjunto. Eso se vio, por ejemplo, en la última Rendición de Cuentas, en que la sumatoria de las propuestas dio una cifra inalcanzable, faltó una visión compartida, una visión común. Eso se aprecia cuando en primaria uno propone a los muchachos que tengan un solo maestro durante todos sus cursos, incluso en sexto año, pero al pasar al siguiente nivel pasan a tener 13 profesores, 13 materias. Ahí hay ausencia de visión compartida. Para esto se ha formado ahora una comisión de interfase que va a ayudar a pensar en común esos tránsitos, porque allí uno ve claramente la fragmentación y el encapsulamiento.

Y un tercer elemento es renovar o rediscutir…

EC – El artículo 2 dice: “El Poder Ejecutivo deberá asegurar la pluralidad política en la integración del Consejo Directivo Central y de los órganos directivos de los consejos desconcentrados”. ¿En qué se piensa?

DC – Plantea que exista un acuerdo político sobre cómo integrar los órganos. Esto abre una ley que está cerrada, pero que tiene muchas críticas, muchos cuestionamientos desde muchas partes. No eliminamos la ley, sino que vamos a conversar ciertas cosas de nuevo para buscar unos equilibrios que tal vez estén faltando en las soluciones que la ley da por ejemplo en este punto.

EC – Usted alude a los cambios que se introdujeron en la Ley General de Educación votada en el período de Gobierno anterior cuando se incorporó la participación de representantes de los docentes tanto en el Codicen como en los consejos desconcentrados. ¿Es así?

DC – Se está aludiendo a qué representación tiene el Gobierno, qué representación tiene la oposición, qué representación tienen los educadores, cómo se equilibra ese juego de modo que no sea un factor que impida la gobernanza de la educación, que impida tener una gobernabilidad adecuada, una ejecutividad como necesita el estado de la educación.

EC – Yo le preguntaba ayer al senador Jorge Larrañaga si lo que AN propone es eliminar esa representación de los docentes que se incorporó en la última ley, y Larrañaga contestaba: “Nosotros tenemos una propuesta, pero no queremos hacerla pública en este momento. Lo que sí buscamos es que se discuta”.

DC – El elemento que pesó allí fue decir: si ponemos una propuesta, automáticamente parecería que cerramos la propuesta. La idea es que hay algo que está cerrado, la ley que está cerrada; abrámosla, volvamos a discutir este punto. Uno de los problemas de la ley es que salió votada por un solo partido, por la mitad del país, y la otra mitad quedó afuera. Entonces, busquemos ahora rediscutir este tema, busquemos equilibrios. El senador Larrañaga adelantó ayer que su posición no es que se excluya a los educadores.

***

EC – Veamos el otro proyecto de ley nuevo que introdujo el senador Larrañaga en la sesión de ayer, un proyecto de “fortalecimiento y protagonismo de los centros educativos de la ANEP”.

DC – De esto estuvimos hablando hace un rato, cuando hablamos de darles a los centros educativos capacidades, márgenes para a partir de un currículo mínimo común generar una propuesta pedagógica contextualizada en su realidad, ajustada a las condiciones de sus alumnos. Esto también significa dar espacios para la innovación, atender la diversidad como contextos que pueden facilitar, potenciar las respuestas educativas, porque llegamos todos a la conclusión –fue afirmado ayer por todos los partidos– de que una política única, un camino único como se ha establecido hasta ahora, una sola propuesta uniformizada, termina generando más inequidades. Las brechas sociales en el país son enormes, la inequidad en el sistema educativo es impresionante, termina siendo un actor activo en la reproducción de las desigualdades sociales. Para evitar eso, necesitamos fortalecer los centros educativos.

EC – ¿Y por qué se precisa una ley? Se lo pregunto teniendo en cuenta que desde que usted asumió, e impulsado por usted, según recuerdo, hay en ejecución en el Codicen un programa que va en esta dirección.

DC – Efectivamente, empezamos por una experiencia piloto, pero hemos encontrado algunas dificultades importantes de resistencias, y se ha considerado que esto es darle un estatus legal, una forma de fortalecer una transformación del sistema educativo en que el centro no serían la autoridad central, las inspecciones, sino las comunidades educativas, a las que se empodera para que generen respuestas, construyan propuestas pedagógicas, desarrollen un plan de mejora tanto en gestión como en convivencia, como en aprendizaje, que exista en la institución un sistema de autoevaluación, de monitoreo de su desarrollo que permita fortalecer el protagonismo de los centros y capacitarlos para una transformación positiva.

EC – Para eso se precisa una ley.

DC – En este caso se entiende que una ley puede dar un marco más sólido, más fuerte para esta transformación, que implica incluso trasladar recursos a cada uno de estos centros educativos, darles la capacidad de hacer convenios con las intendencias para solucionar problemas edilicios, por ejemplo.

EC – ¿La ley también permitiría vencer las resistencias de las que hablaba?

DC – Efectivamente, si se convirtiera en un texto legal sería de aplicación determinada.

EC – ¿De quiénes son las resistencias?

DC – Las resistencias siempre vienen en este caso de la Fenapes, que desde el primer momento ha intentado frenar este proceso y ha convocado a los docentes a no participar en esta experiencia, intentando evitar que se elabore un proyecto piloto para verificar si esta es una dirección adecuada, positiva, si da resultados o no. Una ley permitiría darle una fortaleza, un blindaje a esto que me parece que ayer todos los partidos acordaron que era absolutamente imprescindible.

EC – Este fue otro punto de coincidencia.

DC – Sí, darle protagonismo a los centros, apostar a la diversidad dentro de la universalidad. En ese sentido le dejo un documento que presentamos, donde argumentamos la necesidad de recrear las políticas universalistas en el país a partir no de una visión uniformizante, sino de una visión que atiende y solventa, incorpora, la diversidad como parte central.

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Transcripción: María Lila Ltaif
Fuente: Espectador.com

Jorge Larrañaga: “Demostraremos si el gobierno quiere cambiar o no”

Los acuerdos sobre educación de 2010 no se han cumplido, según Larrañaga, quien además descartó que su convocatoria al Parlamento sea una “movida política” en respuesta a la campaña de firmas que anunció Pedro Bordaberry.

-¿En qué pretende avanzar más allá de los acuerdos educativos de la comisión multipartidaria de 2010?

-Los acuerdos programáticos sobre la educación del 2010 en buena medida no se han cumplido. Es necesario dar este paso porque lo anterior es insuficiente. Porque nosotros sentimos que el sistema político perdió la conducción de la educación. Hay una suerte de divorcio del sistema político y la conducción de la educación.

-¿Qué es lo que aspira obtener, concretamente, de este encuentro?

-Esperamos lograr un fuerte compromiso de cambio por parte del gobierno y de las autoridades de la educación. Vamos a intentar demostrar con claridad y contundencia si el Poder Ejecutivo y el resto de la institucionalidad de la educación quieren cambiar o no.

-Algunos consideran que su convocatoria es una movida política, en respuesta a la iniciativa de Pedro Bordaberry de juntar firmas para impulsar cambios educativos.

-Yo vengo reclamando esto desde el arranque del gobierno. Además, estamos ante una extraña paradoja. Frente a la emergencia nacional de la educación, debiera ser el gobierno, que tiene mayorías parlamentarias, quien esté intentando un gran acuerdo nacional con el resto de los partidos políticos. Por el contrario, es un senador de la oposición quien le pide al gobierno un acuerdo nacional sobre educación. Entonces, ¿de qué movida estamos hablando? No entendió nada el que dijo eso. Y creo que no va a entender nunca nada. Porque no entiende que un político de la oposición pueda tener la buena fe y el deseo superior de buscar un acuerdo nacional.

-Eso no quita que tenga motivaciones políticas.

-Y si fuese así, ¿qué? ¿Todo lo político es espurio? ¿Tenemos derecho a seguir esperando? ¿Vamos a tener mayor credibilidad y legitimación si lo que podemos hacer ahora lo prometemos dentro de 30 meses cuando venga la campaña electoral próxima? Seríamos unos mentirosos y unos enormes hipócritas. Yo creo que se pueden hacer cosas en el país. Y lo digo de manera terminante: yo no me muevo en función de los demás. Yo no diseño mi accionar político en función de la estrategia o de lo que haga el resto de los políticos.
Cambios en la ley educativa

Uno de los proyectos que presentará el Partido Nacional busca modificar la ley de Educación para cambiar la integración de los consejos desconcentrados. También se propone modificar la definición sobre laicidad en la ley, para darle “un alcance mucho más firme y preciso”, según Larrañaga, y también cambiar los cometidos del Codicen, para “retornarle potestades” de la ley anterior.

El otro proyecto busca plasmar en ley la autonomía de los centros educativos.

12 puntos para un acuerdo

1. Autonomía: Otorgar autonomía y protagonismo a los centros de enseñanza, con la posibilidad de configurar un proyecto pedagógico propio.

2. Escuela pública:Apertura de los locales los 365 días del año. Desarrollar políticas para abordar los factores que inciden sobre el fracaso escolar.

3. Educación media:Combinar tradiciones educativas de secundaria y educación técnica. Construcción de 29 nuevos liceos en 2013.

4. Infraestructura: Política de adquisición de tierras; relevamiento de la infraestructura disponible; programas de mantenimiento y construcción de obra nueva.

5. Instituto tecnológico: Establecimiento del Instituto Tecnológico Superior (ITS), con una ley orgánica a aprobarse en 2012.

6. Alta tecnología: Crear centros de investigación y desarrollo, concebidos en conexión con polos de desarrollo regional. El primero debería funcionar en 2013.

7. IUDE:Aprobar la ley orgánica del Instituto Universitario de Educación para jerarquizar la carrera docente.

8. Estatuto docente:Reformar el texto actual para que incluya incentivos efectivos y justos y para cambiar la asignación de horas docentes, entre otros puntos.

9. Evaluación:Aprobar en un plazo de 180 días el Instituto de Evaluación Educativa, externo al sistema.

10. Ley de educación:Reforma para incluir cambios en la integración de los órganos de conducción.

11 y 12. Universidad: Creación de una Universidad en el interior del país, reformar la Ley Orgánica y crear una Ciudad Universitaria.

El País Digital

Javier García: “Mujica resolvió el directorio de ASSE por cuota política y no por capacidad”

El diputado de Alianza Nacional Javier García convocó a la comisión de Salud de la Cámara de Representantes al ministro del ramo, Jorge Venegas, y al director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por la situación de “caos” planteada en esa institución. En diálogo con En Perspectiva, el legislador sostuvo que en ASSE “se da una paradoja difícil de resolver”, ya que cuenta con “el mayor presupuesto de su historia” y “el menor número de pacientes” y sin embargo presenta “la peor gestión” en años. “Es decir que no hay un problema de recursos, hay un problema de mala gestión. Y entre otras cosas es porque el presidente Mujica resolvió el directorio de ASSE por cuota política del Frente Amplio y no por capacidad”, manifestó. “En el tema de la salud, como en tantos otros, no importa qué lista vota el director, importa si sabe o no sabe gestionar, si es capaz o tiene los conocimientos para hacerlo”, señaló.

EMILIANO COTELO:
“El presidente José Mujica reconoció que en ASSE existieron problemas de gestión, pero también cuestionó los corporativismos y dijo que la oposición falló al no realizar los controles debidos”.

Así encabeza su crónica el diario La República a propósito de lo que es sin duda uno de los temas del día. Durante el Consejo de Ministros de ayer, en la residencia de la avenida Suárez y Reyes, Mujica realizó especial hincapié en el conflicto en ASSE, en virtud de la decisión de los funcionarios no médicos de iniciar una huelga –que podría levantarse hoy– a raíz de una propuesta que fue acordada con el Gobierno y que dejó como corolario la destitución del gerente general de ASSE, Enrique Buccino, y del gerente administrativo, César González.

Pocas horas después de la sesión del gabinete ministerial, el mandatario habló del asunto en forma pública, en un acto que tuvo lugar en la embajada de Corea. En las dos ocasiones –en la reunión del Consejo de Ministros y en esos comentarios públicos– Mujica hizo mención a algunos aspectos del conflicto en el sector de la salud. Reconoció que debió remover a los gerentes de ASSE por disconformidad con la gestión, aunque de todas maneras consideró que se trata de un organismo colectivo, donde hay una dirección colectiva, a la que se le escaparon algunas cosas. Por un lado, advirtió que en una administración colectiva como ASSE muchas veces existen ciertos intereses corporativos, lo que a su juicio podría perjudicar el funcionamiento. En tal sentido, Mujica adelantó que a la brevedad se reunirá con los representantes sindicales.

Los cuestionamientos realizados por el jefe de Estado llevaron a que más de un ministro hiciera mención a que algo similar está sucediendo en los organismos de conducción de la educación, donde los sindicatos desempeñan un papel preponderante y en ciertas circunstancias tienen una actitud corporativa. La alusión, muy clara, tenía como destinatario a Alfredo Silva, director de ASSE en representación de los funcionarios.

En cambio, se manejó como un ejemplo a seguir el correcto funcionamiento del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), un organismo en el cual los representantes de trabajadores responden a la central sindical y no estrictamente al gremio del BPS.

Pero después, en horas de la tarde, Mujica expresó en los medios de comunicación su malestar con el papel de la oposición en ASSE. La responsabilizó de mirar para el costado: “¿Y la oposición estaba presente en la dirección de ASSE y miraba al costado?”, dijo el mandatario. Agregó que “los hechos responden a la dirección colectiva, a la que se le escaparon algunas cosas. No es que no cumplieron, es tan grande el asunto que se les fue”.

En cuanto a las reivindicaciones de los funcionarios no médicos de ASSE, que pedían contratar 2.500 empleados, Mujica consideró que “el problema es que se gastó muchísima plata, que estaba asignada para otra cosa, en aquel asunto de los anestesistas. Esa plata habría que haberla gastado en la contratación de las 700 vacantes pero lo gastamos en los anestesistas, es bravo”, añadió Mujica.

En línea está el doctor Javier García, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional (PN).

Usted ha convocado al ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, hoy a comisión de la cámara.

JAVIER GARCÍA:
Efectivamente. El ministro y el director de ASSE están convocados desde hace un mes. El ministro estaba fuera del país así que se concretó hoy…

EC – …Pero no es por estos temas que están ahora en el tapete.

JG – [El llamado] fue hecho en virtud de lo que sucedió un mes atrás, en el sentido del caos que estaba planteado en ASSE por las demoras en operaciones, demoras en consultas, la crisis de gestión que se estaba dando, como lo dice la propia convocatoria. Y obviamente que hoy se le suman todas estas situaciones planteadas en las últimas horas.

EC – ¿Usted entonces va a aprovechar la oportunidad para formularle preguntas al ministro y al director de ASSE sobre estos últimos temas?

JG – Sí.

EC – ¿Puede hacer eso?

JG – Sí, por supuesto. Sería una irresponsabilidad que no lo hiciéramos. Incluso las cosas que salen hoy son las mismas que veníamos diciendo hace poco más de tres meses, cuando convocamos al ministro de aquel entonces, Daniel Olesker, por la crisis sanitaria. Por eso me llama mucho la atención que el presidente de la República no haya seguido la información con detenimiento. Las mismas cosas que están planteadas hoy las habíamos planteado ya en el verano pasado.

EC – ¿A qué alude concretamente?

JG – Cuando se planteó todo el tema de la emergencia sanitaria yo cité dos veces a la comisión de Salud al ministro Olesker y a autoridades de ASSE. Yo planteé que se estaba faltando a la verdad con respecto a los números de las operaciones que se estaban diciendo –creo que usted mismo me entrevistó–, dije que en el Parlamento me habían mentido.

No sólo eso, en materia financiera, en materia de recursos, yo dije en aquel entonces una frase que la levantaron varios medios. Yo dije que con la emergencia sanitaria estaban haciendo de Robin Hood al revés, le estaban sacando a los pobres para darle a los ricos. Y eso es lo que está diciendo ahora el presidente Mujica. Por eso me llama la atención que el presidente utilice un recurso insólito como lo es echarle la culpa a la oposición. El presidente Mujica es una persona inteligente, pero no podrá pensar que haya un solo uruguayo en el país que le pueda creer el razonamiento que está haciendo. El directorio de ASSE tiene cinco miembros, el presidente Mujica propuso a cuatro de ellos y dice que la culpa la tiene el quinto, el que propuso la oposición.

EC – ¿Pero qué actitud tuvo el director Alejandro Draper, que justamente es nacionalista e integra el directorio de ASSE?

JG – Según lo que me informó el propio escribano Draper, en varias de las resoluciones votó en contra en virtud de que no tenían informe de las gerencias técnicas correspondientes –administrativas, financieras, etcétera–, incluso en alguna de las que más le preocupan al presidente Mujica. Cuando no tenían informe técnico correspondiente no se votaba. Por eso me llama poderosamente la atención este razonamiento insólito del presidente. El presidente Mujica debería reconocer que se equivocó, que designó en el directorio de ASSE a alguna gente que no tenía capacidad para estar gestionando la salud de 1.300.000 uruguayos y que los designó estrictamente por cuota política. Al ex presidente Córdoba de ASSE ¿quién lo designó? ¿La oposición? No, lo designó el presidente Mujica, que como mayor mérito dijo que era un poeta, con el mayor respeto a quienes se dedican a ello.

EC – Un “poeta de la medicina”, dijo.

JG – Exactamente. Ese fue el mayor mérito que encontró cuando desde la oposición arreciaban las críticas. Entonces que no le eche las culpas a la oposición de haber designado por esos criterios. Cuatro de los cinco miembros los propuso el presidente Mujica y ahora para el presidente Mujica la culpa la tiene el quinto.

La última vez que hablé con usted de este tema le dije que en ASSE había una situación escandalosa, un caos administrativo, un caos financiero y un caos de gestión.

Y se está dando una paradoja difícil de resolver: tenemos el mayor presupuesto de la historia de ASSE –que es el actual, de 650 millones de dólares, cuatro veces más que hace quince años– con la menor cantidad de pacientes de la historia, porque 400.000 uruguayos menos se atienden en salud pública. Eso quiere decir que hay más plata para cada uno de los que se atiende porque hay menos pacientes. Sin embargo, con el mayor presupuesto de la historia y la menor cantidad de pacientes hay la peor gestión de la historia. Con más plata peor gestión. Eso es imposible de resolver.

Es decir que no hay un problema de recursos, hay un problema de mala gestión. Y entre otras cosas es porque el presidente Mujica resolvió el directorio de ASSE por cuota política del Frente Amplio (FA) y no por capacidad.

En el tema de la salud, como en tantos otros, no importa qué lista vota el director, importa si sabe o no sabe gestionar, si es capaz o tiene los conocimientos para hacerlo.

El presidente se equivocó, y me parece que es de vieja política echarle la culpa a los otros sin hacer una autocrítica y reconocer que uno se equivocó. Es lo más sencillo, lo más humano.

EC – También es un hecho que el propio presidente Mujica ha tomado decisiones drásticas en ASSE: le pidió la renuncia a Córdoba, un hombre que como usted acaba de recordar tenía su plena confianza, y ahora acaba de ordenar la remoción de dos gerentes, Enrique Buccino y César González, también del propio MPP.

JG – Los destituyó porque nunca los debió haber designado. Corrigió lo que nosotros –desde la oposición que al presidente tanto le molesta– le veníamos diciendo que había que hacer desde hace tiempo. Se caía de maduro que había que hacerlo.

Entonces creo que la actitud más sencilla, de más humildad, es decir me equivoqué, punto, ya está, vamos a empezar de vuelta, borrón y cuenta nueva, tenían razón cuando me decían que estaba equivocado en las designaciones y cuando las hice por cuota política porque eran del MPP. Como dice él, “eran de los míos”, y los designó porque eran de los de él.

Esto no se resuelve de acuerdo al cariño que se le tiene a las personas sino por si son capaces o no para administrar una cosa que no es fácil, la salud de 1.300.000 uruguayos.

EC – Por lo que dicen las crónicas de prensa, ayer en el Consejo de Ministros también se mostró preocupado por el tema de la calificación de los directores, pero aludiendo al representante de los trabajadores en el directorio de ASSE: “Los trabajadores tienen que entender que hay que poner gente calificada, no a cualquiera porque sea sindicalista”, señaló. ¿Qué dice usted de ese tipo de observaciones?

JG – Que el presidente de la República tiene que resolver desde hace un año y medio –desde el momento que asumió, el 1º de marzo del año pasado– un problema que todavía no ha resuelto: que la ley que crea la institucionalidad de ASSE, que es de agosto de 2007, da seis meses para que el Poder Ejecutivo –es decir el presidente de la República– dictamine el reglamento para que los directores sociales sean electos y no designados, para que se diga cómo se van a elegir. Hace tres años que están afuera de la ley. Tenemos dos directores que son de facto, que deben ser electos y sin embargo hace tres años que no son electos y están allí. Y al que la ley que votó el Parlamento encomienda que diga cómo deben ser electos es el Poder Ejecutivo, que está en omisión desde hace tres años. De esos tres años, uno y medio corre por el gobierno de Tabaré Vázquez y uno y medio corre por el presidente Mujica. Así que tampoco se podrá decir que la oposición tiene la culpa de no ejercer el Poder Ejecutivo, me imagino que no dirá eso el presidente Mujica.

EC – ¿Usted tiene un cuestionamiento particular a la gestión de Alfredo Silva?

JG – Yo lo que digo es que se tiene que cumplir la ley, y si la ley dice que los directores sociales deben ser representativos y para ello deben ser electos, deben ser electos. De lo contrario, esto se transforma en una lucha de poder, que es lo que ha pasado en ASSE. Hay instalada una lucha por cuotas de poder político entre el oficialismo y alguna corporación sindical –que no son los trabajadores, son algunos que utilizan esto como lugar de ejercicio de poder– que provoca que en ASSE se designen directores porque pertenecen a una lista del FA y se destituyan a otros porque pertenecen a otra lista del FA. Y yo pregunto: ¿cuándo se van a dedicar a atender a la gente? Se han dedicado tanto a la política que se han olvidado de atender a la gente.

EC – ¿Qué otros planteos va a hacer hoy cuando el ministro de Salud Pública y el director de ASSE comparezcan en comisión de la cámara?

JG – Los que eran originarios en el planteo que le formulamos al ministro. Primera cosa, la crisis de gestión que está planteada en ASSE y cuáles son los cambios que se van a operar. Porque la convocatoria la hicimos a la semana de que se destituyó al ex presidente Córdoba y se designó a la nueva presidenta, la doctora Silva. Y se prometieron cambios de gestión. Queremos saber cuáles son los cambios de gestión para que no se vuelva a reiterar esta situación planteada en ASSE, por la cual teniendo el mayor presupuesto de la historia hay una crisis cada dos meses en materia de gestión y de asistencia.

Emergencia sanitaria en diciembre, emergencia sanitaria en abril, demoras de ocho meses y un año en el Pereira Rossell para que un niño vea un oculista para hacerse los lentes. En el Uruguay del siglo XXI, con 650 millones de dólares un niño puede tardar un año para hacerse los lentes en el Pereira Rossell, ¿le parece que eso es hacer las cosas bien? Estas cosas fueron las que motivaron el llamado original, son las que están planteadas. Los problemas en el CTI, los problemas de la cobertura de guardias pediátricas, un problema tras otro cada dos meses. Esto pone a ASSE –que se tiene que dedicar a la atención de la gente que se atiende en Salud Pública– en la palestra pública cada dos meses por un caos administrativo y de gestión absolutamente inexplicable. Bueno, en principio inexplicable.

Escuche la entrevista a Javier García

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Fuente: espectador.com

Sergio Abreu: “Estamos pagando costos absolutamente desmesurados por una banda ancha lenta”

El Partido Nacional (PN) solicitará una reunión a la Presidencia de la República para conocer la política que el Gobierno está manejando en materia de telecomunicaciones. En particular, la oposición reclama saber hacia dónde apunta el país en este asunto. Para averiguar más sobre las inquietudes del PN, En Perspectiva conversó con el senador de Alianza Nacional (AN) Sergio Abreu, quien dijo que la preocupación de su sector se enfoca en conocer, además de las políticas, los operadores y la regulación del sistema. En este sentido opinó que “ha cambiado la naturaleza de las unidades reguladoras”. El legislador añadió que “la regulación tiene que asegurar eficiencia económica, condiciones para inversión y calidad de vida para el ciudadano”. Por otro lado, Abreu consideró que Uruguay está “pagando costos absolutamente desmesurados por una banda ancha lenta”, teniendo en cuenta que nuestro país se ubica en el puesto 126 de 172 en cuanto a la bajada de datos.

EMILIANO COTELO:
¿Cuál es la política que tiene el Gobierno en materia de telecomunicaciones?
Eso es lo que el Partido Nacional (PN) quiere saber, y por eso solicitará una reunión a la Presidencia de la República.

Hace pocos días, Antel anunció que entre setiembre y octubre duplicará el ancho de banda que sus clientes tienen para el acceso a Internet. Mientras tanto continúa con el tendido de fibra óptica puerta a puerta en Montevideo. A partir del 2012 esa red se extenderá al interior del país.

¿Cómo ve estos anuncios el PN? ¿Qué les preocupa de las políticas de telecomunicación? ¿Qué planteos le van a realizar al presidente Mujica? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos en entrevista con el senador de Alianza Nacional (AN), Sergio Abreu.

Concretamente, ¿cuál es el planteo? ¿Por qué esta reunión con el presidente Mujica?

SERGIO ABREU:
Saber hacia dónde se va con este tema. Acá hay tres aspectos. Uno es la política nacional de telecomunicaciones que alguien tiene que definirla y está en el ámbito del poder Ejecutivo. La regulación de este sistema, que para eso existen oficinas reguladoras con características y competencias especiales y los operadores, es decir públicos y privados, que tienen que funcionar en un determinado mercado. Debemos saber realmente qué es a lo que el Gobierno está orientado.

EC: ¿Ustedes entienden que no hay una política clara en esa materia?

SA: Es que no la sabemos. No la tenemos clara, porque en realidad hay decretos que se aplican que se van manejando en forma cruzada. Hay una política de Antel que se anuncia, como usted acaba de decir, que se va a duplicar el ancho de banda. Pero el tema nuestro es lo que al ciudadano le vamos a decir: Yo soy un ciudadano, un joven o cualquiera que está utilizando internet o lo que fuera. ¿Qué es lo que dice? Que está pagando más por menos. Sabe que de alguna manera la banda no es ancha sino que es lenta. Y por otro lado que paga muchísimo más en comparación con lo que se paga en otros países. Muy bien, este es un tema. ¿Quién es el que establece las restricciones para prohibir los precios excesivos? ¿Quién es el encargado de decir “defiendo al ciudadano y aseguro un margen de competencia que vaya de la mano del aumento de la competitividad y de la tecnología y no exclusivamente de una determinada posición dominante de una empresa pública”? También es cierto que debe manejarse dentro de las reglas, que no sabemos cuáles son; las que define el Poder Ejecutivo. En materia de telefonía fija hay monopolio; en materia de móviles hay competencia con dos empresas; en materia de Internet el 94% lo tiene Antel. Muy bien, queremos saber en esa posición dominante de trasmisión de datos, de internet y todo lo demás qué es lo que va a tener. En el espectro radioeléctrico y todo lo demás, ¿el Poder Ejecutivo sabe lo que quiere de este tema?¿Tiene algunas bases? Y si supiera, que todavía no sabemos, ¿cómo es posible para ayudar o participar en la definición de una política de estado en materia de telecomunicaciones. En materia de garantía al ciudadano en particular, que es el que utiliza, y que además en Uruguay el 40% de la población utiliza Internet. Es una cifra importante. Pero sobre todo definir: ¿es el Ministerio de Industria, es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones la que se queda en manos de Antel?

EC: ¿Ustedes entienden que de hecho es Antel el que termina definiendo esa política, eventualmente hasta por omisión del Poder Ejecutivo?

SA: Ah, sí. Yo creo que en este momento ha cambiado la naturaleza de las unidades reguladoras. La unidad reguladora Ursec, Ursea y todo lo demás, la naturaleza del derecho comparado es independencia funcional y técnica. Pero acá se le ha puesto ahora bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Pero la regulación tiene que asegurar eficiencia económica, condiciones para inversión y calidad de vida para el ciudadano. Hay una Ley de Competencia, por ejemplo, en la que debería estar quien paga precios excesivos en la competencia. Cuando usted ve lo que pagamos nosotros por internet, en comparación con los demás y los números de subida y bajada, nos damos cuenta de que en Uruguay estamos detrás de lo que significa una señal de avance tecnológica.

EC: ¿A qué números se refiere? Porque ha habido varios estudios, algunos recientes a propósito de esa comparación.

SA: Uruguay está en la posición 126 de 172 en bajada. Le voy a dar un dato claro. Uruguay tiene un quinto de la velocidad del promedio mundial, que es unos 8,75 o 9 Mbps (mega bytes por segundo ndr). En la unión europea tienen 12 y el Uruguay tiene 1,73 con Paraguay. Esto quiere decir que de la velocidad de subida y de bajada que existe en Internet, Uruguay tiene un quinto. Usted imagínese no solo lo que es social, sino también en la decisión económica y en todos los temas que hacen a la prestación de servicios donde Uruguay quiere desarrollarse.

EC: Eso en cuanto a velocidad. ¿Y en cuanto a precios?

SA: Fíjese que en telefonía el apagón tecnológico, que está previsto para el 2008 ( 2012 ndr) en EEUU, nosotros en Antel 0,23 dólares online, digamos la línea internacional, en Skype 00,2. Ni siquiera tenemos una competencia en un monopolio fijo que defienda al consumidor. Después usted lo sube a las distintas comparaciones que se pagan tres veces más que Chile y Argentina por velocidades de bajada y de subida muchos menores.

EC: Ahora está hablando no de llamadas telefónicas internacionales sino del acceso a Internet.

SA: ¿Usted dice que Uruguay está en condiciones de pagar tres veces más que Chile y Argentina en velocidades de bajada y de subida? Paga 50% por los cinco millones de GPS que los 10 en Brasil. Es decir, estamos pagando costos absolutamente desmesurados en una banda lenta.

EC: Antel permanentemente anuncia mejoras en ese tema. Por ejemplo, ahora anuncia esto de que se va a duplicar el ancho de banda de manera generalizada. La inversión que se está haciendo en fibra óptica. Para que cada domicilio, cada empresa pueda tener acceso a un servicio obviamente de mejor calidad, de mejores prestaciones que se vería reforzado, además, por esta conexión por debajo del Río de la Plata.

SA: ¿Quién es el que defiende al ciudadano para saber que su tarifa equivale a un costo razonable? ¿Antel está dispuesta a estar sometida, como el caso de UTE o de Ancap y todos los demás en la regulación a que las tarifas no sean abusivas? ¿Cuál es el costo de una tarifa y cuál es lo que paga por encima o por debajo? Ese ciudadano, que somos todos nosotros, no tenemos sindicato. Entonces, si Antel va a seguir, establece la fibra óptica e invierte 500 millones de dólares, ¿de dónde es que invierte 500 millones de dólares? De la plata que le saca a los uruguayos por tarifas. Entonces, la tarifa telefónica hoy está financiando el Internet gratis. Muy bien, entonces vamos a ver. En ese cruce, lo que queremos saber es si Antel y compitiendo con los demás sectores privados, ¿cuál es el mejor servicio que se presta a un ciudadano que tiene que tener costos menores y mejor calidad de servicio? Eso es lo que a nosotros nos preocupa y no sabemos realmente adónde va el Gobierno.

EC: En esta inquietud a propósito de políticas de telecomunicaciones, está claro y usted ya lo mencionó, incluyen acceso a Internet y llamadas telefónicas internacionales. ¿También figura el rubro televisión para abonados?

SA: Ahí está el otro tema. En televisión para abonados y cables, con los permisos que se extendieron que ahora se han suspendido. Mientras avanza Antel en todo lo que es la fibra óptica, a los que ya han hecho inversiones importantes en fibra óptica no se les otorgan los permisos. Yo no digo que se les deba otorgar en forma caprichosa pero por lo menos definir una política comercial, después que se habilita que se hacen inversiones muy importantes o por lo menos que incluso en inversiones nacionales compiten con grandes empresas transnacionales. Tenemos el triple play famoso que todavía en Uruguay no está funcionando.

EC: ¿Qué es triple play?

SA: Internet de datos, más la telefonía y más la TV ¿Usted recuerda que yo insistí mucho en la televisión digital? Bueno en la televisión digital que nosotros tomamos la definición por Europa y después nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y el Gobierno llegó a Brasil, Japón. Bueno, esa televisión digital tiene la capacidad de poder trasmitir a través de la fibra óptica no solamente comunicaciones, sino también imágenes. Entonces ya viene un tema de una gran tecnología donde nosotros tenemos que saber quién trasmite los cables, la fibra óptica. ¿Los trasmite Antel? ¿Con quién se asocia? ¿Qué precio va a tener? ¿El resto de las empresas privadas lo pueden hacer? Dentro de poco tiempo todos vamos a tener la televisión en la que vamos a tener telefonía, internet, información, algo absolutamente moderno y en el que queremos tener un servicio que vamos a pagar. La pregunta nuestra es para el Gobierno. ¿Qué hacemos para trabajar en conjunto y garantizar que Juan, Pedro y María tengan un servicio adecuado y que paguen los precios adecuados y no los que pagan hoy, que son absolutamente disparatados y desiguales en el ámbito regional y mundial? Esta es la preocupación. Ahora no sé qué es lo que quiere el Gobierno en estos temas, como en tantos otros, les diría. Entonces digo: vamos a preguntarle qué es lo que quiere. Nosotros queremos ayudar para que usted defina una política nacional, le dé fuerzas a la regulación y a los operadores los haga trabajar en competencia, incluso Antel, pero no con factores dominantes donde no sabemos cuáles son las garantías para el usuario.

EC: Está claro que ustedes tienen una serie de preocupaciones, varias de las cuales han sido analizadas públicamente por distintos especialistas. ¿Ustedes tienen también propuestas en cada uno de esos temas?

SA: Si la propuesta es de base que la política de telecomunicaciones la definan y la bajen. Hoy se sabe que la política de telecomunicaciones está basada en al ley de 1974 de la dictadura, cuatro años antes que un celular y 20 años que un Internet comercial. Le vamos a decir que vamos a utilizar las mejores prácticas universalmente aceptadas. Por ejemplo, evitar que haya factores dominantes, monopolios que regulen los precios y una transferencia de costos. ¿Usted va a definir esa política? Muy bien, después baja. ¿La unidad reguladora va o no a participar? ¿Y la empresa Antel? Tenemos que defenderla porque no es atacarla. ¿Tiene que jugar sobre la base del monopolio del factor dominante o va a ser un actor más en la competencia nacional? Y si es un factor más en la competencia nacional muy bien, pero que no sea a costa en este momento que es el usuario que no sabe que está pagando más por un servicio que es malo, o por lo menos lento. Ese es el tema. No es un tema filosófico, es de ejecución. Un problema que tiene el Gobierno es de administración, de ejecución y de liderazgo en estos temas. Todos los días vamos a tener una posición diferente. Al director nacional de Telecomunicaciones lo acaban de destituir. Algunos dicen que es porque se peleó con la presidenta de Antel, Carolina Cosse. A mí no me interesan los temas personales. Lo que a nosotros nos interesa son las políticas nacionales. Todos los días aparece una rencilla personal y alguien que cae en el camino, en la cuneta de la mortandad política, adentro del propio Gobierno. Todo muy bien, pero ¿quién define las políticas? ¿quién da la permanencia? La seguridad jurídica en este tema como en tantos otros, ¿está de la mano de una política de Gobierno? ¿O está, por ejemplo, del capricho, o de la agenda de un día o de una declaración del presidente que siempre las hace, a veces todos los días o en forma esporádica? Tiene alguna nueva idea que confunde o que crea expectativas que se disipan a los pocos días. Este es un tema serio del el futuro del país, de la modernidad, de la competencia. Ahí queremos saber qué quiere el presidente de la República en materia de telecomunicaciones. Nosotros vamos a decirle nuestras principales ideas básicas en competencia. Igualdad y sobre todo en defensa del ciudadano indefenso, ese que todavía no sabe cuánto está pagando por servicios que no sabe tampoco cómo es que se elaboran en la competencia.

EC: Desde la audiencia le preguntan cómo figura en esta presentación del PN el antecedente del propio Gobierno del PN a la hora de conceder los permisos de televisión por cable aquí en Montevideo, donde no se permitió una competencia mayor y se limitó a otorgar permisos básicamente a quienes ya tenían los permisos de televisión abierta.

SA: Eso está muy bien en la competencia y si hay que buscar un nuevo sistema lo buscamos.

EC: ¿Usted tiene una visión crítica de cómo se opero en aquel momento?

SA: Yo creo que se debe dejar de lado la discrecionalidad y la personalización de los permisos, eso está claro.

EC: ¿Qué quiere decir eso?

SA: No puede ser un clientelismo político pero tampoco puede ser un clientelismo ideológico. Las dos cosas son peligrosas. Darle al amigo y darle al socio ideológico. Lo que hay que buscar es un criterio objetivo. Es decir, vamos a distribuir sobre determinados criterios técnicos, pero vamos a hacerlo en competencia

EC: Justamente a propósito de la concesión de los permisos de televisión para abonados en el Gobierno del Dr Lacalle, la crítica que se ha hecho fue que se consolidó un oligopolio.

SA: Exacto, y ahora ese oligopolio se va a enfrentar a una tecnología que realmente lo supera. El criterio que tenemos que definir no es el criterio de la personalización. Debemos ser más objetivos. Si tenemos que asumir nuestros riesgos, nuestras críticas, perfecto. Aquí, hoy el nuevo sistema, la tecnología ha avanzado en forma irreversible, tal es así que en ese Gobierno la telefonía fija de Antel se defendió a muerte. Usted recordará por la Ley de Empresas Públicas con el famoso criterio de las joyas de la abuela. Pero ahora no están ni las joyas ni la abuela. Entonces, las circunstancias cambiaron y nosotros queremos saber que en una política de telecomunicaciones asumiendo cada uno su crítica. Tampoco esto de que todo lo que hacen los demás está mal. Definamos la política con un criterio moderno, sobre todo de competencias y garantías para el señor ciudadano. Eso es un tema que tenemos que trabajarlo y ayudarlo, asumiendo también que cada uno en su propia fragilidad y sus debilidades. Yo digo que no hay otra en este tema, como en tantos otros, pero este es esencialmente sensible.

EC: ¿Ustedes ya pidieron esa reunión con el presidente Mujica?

SA: Sí, con el presidente del partido, Luis Alberto Heber. Ayer conversamos con el diputado Delgado y con la diputada de Montevideo Verónica Alonso. Ahí ya estuvimos trabajando sobre ese tema. Vamos a pedir la entrevista y vamos a tenderle la mano a decirle “Sr. Presidente, ¿en qué lo podemos ayudar?” Después, eso se va a traducir en algunos otros aspectos de adónde vamos. Pero enterarnos por proyectos de ley o por decisiones que después son parte de una discusión, como es ahora, afuera llegan los proyectos consolidados porque se han negociado por la fuerza política que gobierna en los andariveles de comités y después no se pueden tocar porque es como agarrar la lata de debajo de arvejas del supermercado y que se caiga todo. Nosotros pedimos una autorización, que lo vamos a hacer ahora en octubre, una exposición en el Senado sobre la política de telecomunicaciones que pedí y que la voy a hacer yo, sobre todo participando con el Partido. Una cosa bien fundada para que se sepa que la preocupación no es una visión de oposición destructiva, sino que es como le pedimos al Gobierno que defina adónde quiere ir.

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Fuente: espectador.com
Escuche la entrevista a Sergio Abreu

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Dr. Javier García: “El Frente Amplio no se da cuenta que la seguridad es un tema de los derechos humanos”

El diputado nacionalista, doctor Javier García, en visita a nuesra ciudad visitó la redacción de 10minutos para dialogar sobre diversos temas de su función legislativa y aspectos políticos del quehacer nacional.

García dijo que “es importante este tipo de recorridas porque es un momento muy bueno para hacer política, hay dos etapas, la última es juntar votos y lo primero es sembrar. Hablar de los temas que interesan y proponer ideas y soluciones si es que es posible. Por eso hacemos esta visita y una asamblea en la noche para los dirigentes y simpatizantes por esa invitación de las Listas 50 y 10″.

Destacó que el presidente Mujica “ayer planteó seis temas distintos. Está bravo llevarle la agenda. Lo del puesto a la tierra es un invento del presidente del Frente Amplio para tamar la macana dela Leyde Caducidad. Hubo dos pronunciamientos populares que se saltaron y el 20 de mayo se dio por tierra con la posibilidad de anularla, y el 25 de mayo a la salida de una reunión con el embajador argentino, tira este tema porque necesitaba desviar la atención”.

García estableció, por otro lado, que “el Frente Amplio no cree en el tema de la seguridad, los dirigentes. Ellos ven un policía o un militar en la época de la dictadura. No se dieron cuenta que la seguridad es un tema de los derechos humanos, ya no es de las grandes ciudades, hoy ya no hay puertas abiertas y quienes más sufren la inseguridad son quienes menos tienen. El más humilde es quien más sufre el problema. Por eso alguna vez se habló de la inseguridad pública y cuando se llega tarde a los problemas, se abordan mal”.

Enfatizó en que se vive en una sociedad que perdió respeto por los límites, “no hay que tener miedo a prevenir, es disuadir en su momento pero se debe dar respuesta”.

En cuanto a la patente única aprobada por el Congreso de Intendentes, García dijo que “el acuerdo del congreso fue ayer a la tarde y luego pasará al parlamento. Está muy bien la voluntad de buscar un acuerdo pero ahora deberemos preocuparnos por una ley justa que no beneficie a las intendencias de Montevideo y Canelones. Vamos a mirarlo con mucho respeto pero también con lupa para que no se termine pagando subsidios que no corresponden”.

García agregó que “este gobierno tiene tendencias centralizadora. Es peligroso ese camino y se está agravando, hay un discurso que dice ser descentralizador y sin embargo genera lo inverso”.

Fuente: http://www.10minutos.com.uy/

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