El gobierno y el fin del “fetichismo”

Se ha puesto en duda si nos encontramos frente al fin de las ideologías. Sin entrar en discusiones de fondo, por lo menos, podemos afirmar que el fetichismo está en estado de extinción. La estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio único, el combate a la inflación, la necesidad de honrar el pago de la deuda externa, y la disciplina fiscal parecen fuera de discusión al inaugurarse esta nueva administración. El capitalismo, la ética del riesgo, la competencia, el mercado, la reforma del Estado, la limitación de los corporativismos son parte de una agenda compartida por todas las fuerzas políticas. La ley de zonas francas, la ley de reforma portuaria, la ley de inversiones, el régimen de la concesión de la obra pública y la participación de la inversión privada como el punto central del desarrollo del país, ya no son motivo de discusión, y los que durante años marcaron sus discrepancias, se incorporan pacíficamente a un camino que, por los obstáculos planteados, atrasó al país durante décadas en su proceso de modernización. La apertura económica y comercial ha reemplazado cómodamente al viejo modelo de sustitución de importaciones y los conceptos de productividad y competitividad se han instalado como las dos grandes columnas de la inserción comercial del país. El conocimiento y el valor agregado se relacionan ya con una visión moderna en la que la economía de los servicios integra el núcleo central del programa del nuevo gobierno.

En este contexto, las coincidencias entre el oficialismo y la oposición sobre temas como la educación, energía, medio ambiente y seguridad y la integración de los diversos organismos del Estado, se deben fundamentalmente a que el modelo de ruptura y de distanciamiento que la izquierda planteó durante tantos años, se ha visto superado por un corrimiento de su pensamiento hacia un punto facilitador de todos los acuerdos.

Esta conjunción de esfuerzos hace a la gobernabilidad del país; y las coincidencias no sólo deben encontrarse en su proyección estratégica, sino en aquéllos cambios estructurales que hasta ahora no han podido ser implementados. Las tan anunciadas reformas del Estado, y de la educación, sólo podrán concretarse si el gobierno enfrenta aquellos intereses que se han opuesto durante tantos años a su puesta en marcha. Y como el Frente Amplio ya no es más oposición, podrá contar con el apoyo de todos los demás partidos en esta tarea central.

Todo ello, va pavimentando un camino de entendimiento impensado años atrás. El nuevo gobierno ya no discute la importancia del desarrollo de la infraestructura y de los servicios asociados al transporte y al comercio; menos aún, la definición del rol geopolítico y geoeconómico de Uruguay como polo de integración y conectividad del Cono Sur. La puerta al Atlántico para Bolivia, Paraguay y el interior de Argentina y Brasil requiere la rehabilitación del transporte ferroviario, la mejora del sistema carretero y de las telecomunicaciones y de una importante inversión en infraestructura que sólo será viable por el aporte del capital privado. El acuífero Guaraní como recurso compartido entre varios países, el dragado de los canales de Martín García, la extensión de la plataforma continental, la navegabilidad del Río Uruguay y la posibilidad de la construcción de un puerto atlántico son prioridades que el gobierno ha venido asumiendo luego de años de intensas negociaciones comerciales y políticas relacionadas a una clara visión de administraciones anteriores.

Pero sin perjuicio de esta sintonía, el proyecto de país diseñado entre la oposición y el gobierno, pasa indefectiblemente por el rol y la gestión de las empresas públicas. Para ello, es importante destacar tres aspectos; el primero, que la cuestión esencial no es la propiedad estatal de las empresas públicas, sino la eficiencia y transparencia de su gestión, y la forma de relacionarse con el resto de las actividades económicas y en especial, con el contribuyente. El segundo, refiere a la necesidad de asegurar la prevalencia del Gobierno Central en la definición de las políticas, la planificación sectorial y el control de los operadores en los sectores de los servicios públicos básicos; y ello se refleja en que deben quedar claros los roles entre el Poder Ejecutivo, las unidades reguladoras y los operadores comerciales e industriales, en especial del sector público. El tercero, hace a la profundización de la competencia en las áreas en que operan las empresas públicas. En la medida en que debe procurarse que los monopolios legales o de hecho no se conviertan en una carga para los consumidores y se transformen en aislados objetivos de intereses corporativos.

Por otra parte, la participación de la oposición en los distintos organismos del Estado debe centrarse en sus funciones de control, en su capacidad de propuesta y en su decisión de dar a la administración, un sesgo de austeridad en la contención del gasto público y en el compromiso de acompañar algunas de las reformas estructurales pendientes. En otras palabras, el clima de relacionamiento debe ambientar acuerdos sobre el Presupuesto Nacional y metas fiscales que respondan a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica; y para ello, las discusiones sobre los objetivos fiscales para el próximo quinquenio, deberían tener en cuenta tres factores: en primer lugar, el aumento significativo del gasto público durante la administración que termina, que se expresa en un déficit fiscal de 2,1% frente al 0,4% previsto, y en particular en el gasto primario que alcanza un preocupante nivel del 26% del PIB. En segundo lugar, la necesidad de medir adecuadamente los ingresos y los egresos, ya que el resultado fiscal no tiene una relación directa con el PIB, sino con la recaudación ya que la diferencia entre aquellos está más allá del presupuesto, y puede ser objeto de seguimiento a medida que se produce. En tercer lugar, se debe asumir que las empresas públicas se vinculan a los resultados fiscales por dos elementos; uno, porque el Estado es propietario del capital, y recibe de aquéllas la parte de sus utilidades netas que no afecte su capitalización y capacidad de inversión; y otro, que los ingresos de estas empresas dependen fundamentalmente de las tarifas, que son fijadas por el Poder Ejecutivo. Y en tal sentido, lo razonable sería que las tarifas tiendan a reflejar los costos efectivos de la prestación de los servicios o los bienes que comercializa el Estado, y que esos costos se beneficien por la mejora de la eficiencia y por una mayor apertura hacia la competencia.

En este escenario, la participación de la oposición en las empresas públicas del Estado, no puede quedar desconectada de una visión general del país y de un objetivo de desarrollo manifestado en forma explícita. Una expresión integral vincula la reducción del déficit fiscal y el no incremento del gasto público con una meta presupuestal razonable que tenga en cuenta que los ingresos van a tender a estabilizarse por una reducción de las tasas de crecimiento de la actividad económica y porque la recaudación, más allá de su eficiencia, tarde o temprano tiene un límite. En otras palabras, sin perjuicio de las demandas que la educación, la seguridad y otras políticas sociales que legítimamente plantean, no puede ignorarse que el gasto actual tiene un tope, y que debe encararse con un exigente criterio de gestión y evaluación para no quedar expuesto a una simple tendencia incremental derivada de presiones corporativas.

En esta línea, el nuevo relacionamiento que se esboza implica descartar el viejo enfoque de reparto de cargos de base clientelista y la necesidad de designar para asumir responsabilidades en el sector público, no sólo a personas políticamente representativas, sino técnicamente idóneas en las materias en que deban desempeñarse.

Ya no se trata de una lucha por sacar ventajas partidarias puntuales sino de promover o defender las concepciones políticas que hacen a las distintas visiones que los partidos políticos tienen sobre la proyección del país. Pero a partir de esta administración, las coincidencias serán clave para que la Izquierda termine de expurgar el viejo fetichismo y comience a entender que la realidad y la historia, en particular en materia económica, le vienen marcando un rumbo que la acerca al viejo y cuestionado modelo liberal.

SERGIO ABREU para Economía y Mercado

El FMI sigue usando el ábaco

Se conocieron recientemente las conclusiones de la revisión periódica que el FMI realizó con relación a nuestro país en el pasado mes de septiembre, en el marco de una evaluación que realiza anualmente con todos los países miembros del organismo. El País publicó dos notas, el domingo 21 y el lunes 22, que ilustran cabalmente la visión de esa institución sobre la economía. Visión que, al menos en lo que a Uruguay refiere, para nada ha cambiado tras la gran crisis financiera de las economías desarrolladas, a pesar de todo lo que se ha dicho en los últimos años acerca de un aggiornamento del Fondo tras los múltiples traspiés que ha tenido en sus diagnósticos y recomendaciones de políticas.

En el caso de nuestro país, el FMI también quiso mostrar una nueva imagen y eso se tradujo en una notoria obsecuencia hacia las autoridades de turno, y en soslayar críticas que debió realizar ante desvíos fiscales e inconsistencias entre las políticas económicas. Ahora, con eufemismos, se suma a hablar de la herencia que un gobierno de izquierda le dejó al otro, y señala que “para el Presupuesto quinquenal las nuevas autoridades busquen retornar a objetivos (fiscales) más ambiciosos”, lo que “será importante para reducir la deuda pública a niveles más confortables”.

El Fondo está diciendo, en definitiva, que se llegó a resultados fiscales inconvenientes y que la deuda permanece en niveles poco confortables, pero no lo puede decir con todas las letras porque en los años pasados calló. Y, como es sabido, el que calla otorga.

Vuelve a plantear entonces una meta fiscal equivalente a un déficit de 0,4% del PIB, la misma que hubo en los años finales del gobierno Vázquez, y ahora lo hace a partir de 2011.

Para ello recomienda moderar los aumentos en el gasto público, particularmente en los salarios (y en las jubilaciones, que están indexadas a ellos). En el período que terminó, los salarios subieron a un ritmo de entre 4% y 5% anual por dos razones: primero, porque hubo un compromiso del gobierno, consistente en recuperar la pérdida de salario real que se había registrado en el gobierno Batlle, debido a la crisis que vivió el país; segundo, porque el mundo nos generó una situación económica extraordinaria que permitió generar los recursos para pagar esa cuenta. En el nuevo período, ya no existe la primera de las razones y es imposible prever que se dé la segunda. En este contexto los salarios deberían subir a una tasa del orden de la mitad de la registrada en el período anterior. En esto el Fondo tiene razón.

Pero no la tiene al fijar el objetivo fiscal que establece, un déficit de 0,4% del PIB para cada año desde 2011. Acá tenemos al mismo FMI de siempre, que aplica reglas rígidas independientemente de la coyuntura. ¿Es lo mismo llegar a un déficit de 0,4% del PIB con la economía creciendo al 2% anual que al 4% o al 6%? ¿Dónde está el concepto de ajustar los números fiscales por el ciclo económico? Si para algo deberían servir organismos como el FMI para países como el nuestro es para asistirnos técnicamente en el diseño de instituciones fiscales de segunda generación, en lugar de seguir utilizando el ábaco. Precisamente por tener objetivos fiscales poco ambiciosos es que estamos donde estamos: el FMI mantuvo el objetivo de un déficit de 0,4% del producto aún cuando la realidad superaba las mejores expectativas y el mundo nos permitía crecer al 7% anual en vez de al proyectado 4% anual. Y esa meta era tan rígida como el propio Fondo y dio lugar, implícitamente, a que se gastara todo el aumento de recaudación más allá del previsto con un crecimiento normal. Y si en la cresta de la ola apenas rozamos el equilibrio fiscal, no debe sorprender que cuando la ola perdió fuerza termináramos en un déficit de 2,3% del PIB en 2009, de acuerdo a los últimos datos fiscales divulgados al cierre de febrero.

Si bien los técnicos del FMI no plantean la creación de un “fondo anticíclico”, al menos sugieren la creación de un “fondo de energía” para minimizar los efectos fiscales de las sequías que con recurrencia debemos enfrentar, mientras no se solucione el problema de fondo o estructural que consiste en aumentar la capacidad de generación. Plantean la creación de una suerte de adicional a la tarifa para conformar aquel fondo, la que seguramente no se sentiría en los bolsillos en tiempos de abundante generación y permitiría ser utilizada en tiempos de escasa hidraulicidad de nuestras represas. Lamentablemente estamos muy lejos de llegar a esa solución ya que estamos en la situación exactamente opuesta: venimos de años de fuertes déficit financieros en UTE, que dieron lugar a una acumulación de deudas por cientos de millones de dólares. Ahora tendremos que pagar más tarifas que las que surgen directamente de la coyuntura para ir tapando ese agujero y recién después de tapado se podrá pensar en seguir pagando de más para elaborar el fondo que recomienda el Fondo. Siempre y cuando en el camino no nos tropecemos con otra sequía como las que hemos tenido en tres de los últimos cinco años.

Pero el viejo FMI vive y lucha, una vez más, cuando habla de competitividad. Según El País del lunes 22, el “FMI descarta baja de competitividad” y si bien admiten que el “peso uruguayo se ha apreciado desde 2003, no hay evidencia de problemas de competitividad” ni de un “potencial desalineamiento del tipo de cambio real”. El informe señala que tres de los cuatro modelos de estimación utilizados “revelan que el peso necesitaría apreciarse ligeramente para alcanzar su valor de equilibrio”.

Como referí al principio, la misión del FMI hizo su visita a Uruguay en septiembre y si bien no se dice de cuándo datan las estimaciones realizadas en base a modelos, es evidente que de septiembre a acá nuestra moneda se apreció más que ligeramente (13% en septiembre-enero). Hoy tenemos el mismo tipo de cambio nominal de mediados de 2008, pero con los precios de exportación más de un 20% por debajo de los de entonces. Las propias series del BCU muestran mes a mes un fuerte deterioro acumulado en el tipo de cambio real contra todo el mundo menos Brasil y hoy estamos con índices similares a los de inicios de 2002 y bajando.

De acuerdo con los datos difundidos por el BCU al cierre de febrero, correspondientes al mes de enero, el tipo de cambio real de Uruguay con relación al resto del mundo se ubica 18% por debajo del nivel promedio de la serie publicada por el Central y que se inicia en 2000. El promedio de un extenso período constituye una buena referencia y los principales resultados no cambian si se consideran períodos aún más largos, desde 1977. El “atraso cambiario” con relación a fuera de la región llega al 26% y se ubica entre 17% y 39% con relación a todos los países considerados por el BCU excepto Brasil, con el que tenemos un tipo de cambio real 4% mayor al promedio del período.

Finalmente, y esto sí es novedoso, cabe destacar que el FMI señala que “reducir más la pobreza sigue siendo un desafío” y propone “promover la inclusión social de segmentos desfavorecidos de la sociedad (lo que) permanece como una meta clave en Uruguay”. La verdad, esto sí es nuevo en los “papers” del Fondo, que hasta parece progresista y todo. Cosas veredes.

JAVIER DE HAEDO para Economía y Mercado

Carta al Presidente

El pasado 1º de marzo nuestro país se mostró una vez más como ejemplo democrático y republicano para el mundo. A la asunción de nuevas autoridades, se le sumó un hecho nada menor, el 25° aniversario del retorno a la Democracia. Este tiempo nos enseñó a los uruguayos, que las rencillas domésticas no conducen a las soluciones, sino a la fragmentación de la sociedad. Por eso el mayor reconocimiento a quienes han dedicado la vida a custodiar los valores e instituciones democráticas, con respuestas que hagan del ser humano su centro.

La Democracia no se agota en las formalidades. Por supuesto “la forma” democrática es trascendente. Provengo de una colectividad política que ha ofrendado hasta la vida de sus integrantes para consolidar procesos electorales con garantías y justicia, y también por asignarle a la “forma”, una “sustancia”. Pero hace falta más: democracia para votar pero también democracia para comer y educarse. Es aquí donde adquiere dimensión ética el referente político.

La política está hermanada a la democracia. La política permite administrar el disenso y la discrepancia; como señala el sociólogo chileno Fernando Mires, “no hay democracia sin conflicto pero conflicto sin democracia es un infierno”. Es básico que los políticos nos desprendamos de los radicalismos, de los sectarismos. Hay intereses mayores que no admiten la distracción en enfrentamientos. Si la política pierde ese sentido, si las colectividades descuidan ese objetivo, terminarán en meros esqueletos, en cáscaras, sin carne ni alma.

Eso no lo queremos.

Por esto valoramos las palabras del Sr. Presidente en su discurso frente a la Asamblea General en oportunidad de hacer la promesa de respeto y sujeción a la Constitución.

Saludamos la convocatoria a acuerdos conducentes a Políticas de Estado, en particular en el orden educativo. Coincidimos y nos entusiasma la prioridad absoluta a la educación. Ella constituye un instrumento de libertad, que habilita a los hombres a construir su propio destino, con independencia y autonomía. Como señaló en su discurso, la educación es “la vacuna contra la pobreza del futuro”. Adherimos incluso al ejercicio de “la plana”, diaria y cotidiana, que nos recuerde a los políticos que debemos “ocuparnos de la educación”.

Pero si no hay correlato entre la proclama, y lo concreto y palpable, corremos el riesgo de recaer tan sólo en una declaración más, divorciada de la realidad. Si el gobierno quiere construir políticas de Estado, si quiere concurrir a entendimientos con actitud complementaria donde unos aporten “tornillos” y otros las “tuercas”, ¿cómo es posible que a la oposición se le pretenda asignar un solo cargo, de los 11 que integran la representación entre Codicen y Consejos desconcentrados?

No venimos a “cargosear” ni a reclamar cargos o posiciones. Planteamos coherencia entre el discurso y los hechos, entre la consigna y la práctica. No incurramos en las medias tintas, en los “gre, gre” para decir Gregorio, no sigamos dándole vueltas al mate, porque se lava. Las cosas como son y por su nombre.

Sí queremos construir políticas educativas de Estado ¿cómo podemos continuar con una Ley de Educación que fue aprobada al amparo exclusivo de una mayoría parlamentaria, desconociéndose a la mitad del sistema político, desoyendo a quienes representan a la mitad de la población del país?. ¿Ese puede ser el puntapié para las políticas de Estado? Si no anclamos en la práctica esa declaración de buenas intenciones, estamos hipotecando el futuro de la sociedad. Seguiremos teniendo hijos y entenados.

Presidente, estamos a la orden para construir. Para ayudar, para romper las maneas que inmovilizan desde hace años. Acompañaremos cualquier medida que favorezca la igualdad en el acceso a la educación, que garantice la equidad, porque sin esa posibilidad, la manida frase de “distribución de la riqueza” quedará agotada en un eslogan panfletario.

Lo que necesitamos es una “distribución justa e igualitaria de las oportunidades educativas”. Un sistema que privilegie la inclusión social. Justicia e igualdad en el acceso a la educación, porque sin ella no hay equidad ni porvenir. Apoyamos la extensión del sistema de escuelas de tiempo completo, porque los resultados favorecen a quienes más lo necesitan. Hablamos de esto en agosto de 2007 en el Departamento de San José. Avancemos sobre acuerdos marco, cuestiones centrales; de lo contrario, los rehenes serán los más débiles. Es éticamente insoportable que tengamos una educación para ricos y otra para pobres. Sino mejoramos el sistema vamos a reproducir pobreza, los pobres seguirán sumergidos y sin posibilidades de superación.

Los hijos de los uruguayos más humildes no pueden esperar. Un pueblo educado será más libre, verdaderamente libre, apreciando todas las dimensiones de la libertad. Un pueblo educado aprecia la democracia. Nuestra democracia es un valioso legado. Por eso es de justicia valorar la labor de quienes, y por encima de diferencias de enfoque, fueron pilares -con aciertos y con errores- en construcción y sostenimiento de estos cinco lustros de Democracia: los Presidentes Sanguinetti, Lacalle, Batlle y Vázquez.

También es imposible soslayar inmensas figuras, que se entregaron a la lucha cívica por la libertad. Nos referimos al General Líber Seregni y a quien consideramos nuestra inspiración permanente, Wilson Ferreira Aldunate.

Merecen, en primer lugar, el reconocimiento del que gozan en el corazón de los orientales; en segundo lugar, la recordación permanente, para que las nuevas generaciones se impregnen de sus valores cívicos y espíritu democrático y sobre todo, que quienes tenemos responsabilidades políticas, procuremos construir un país más justo, el país que se merecen nuestros compatriotas, y que ellos soñaron.

No me gusta molestar asiduamente, no me gusta abusar de las prerrogativas de la amistad, no soy amigo del palmoteo, no ando en el entorno del poder, no estoy en condiciones de dar consejos, pero le sugiero Presidente Mujica, cuando supere la urgencia inicial, que convoque a dos o tres dirigentes por partido, en torno a un mate, un café o un vaso de agua, para ponernos de acuerdo sobre la educación de los uruguayos.

Presidente escriba la primera plana, lo vamos a seguir todos en el pedido de “ocuparnos de la educación”, porque sin educación nos vamos al tacho.

Por eso lo voy a molestar.

JORGE LARRAÑAGA

Universidad en el interior

Salvo el mantenimiento de un monopolio centralista, no hay explicación alguna para oponerse a una universidad en el interior del país.

La Universidad de la República no ha sabido o no ha podido descentralizarse. Es la universidad de Montevideo, no la del Uruguay. Gobernada desde la capital, de acuerdo a los intereses de un mundo académico que vive aquí y de aquí depende en su mundo laboral desconociendo las necesidades y las realidades locales. Algunos servicios universitarios en pocos lugares del interior operan más como sucursales de la casa matriz que como verdaderos ejemplos de descentralización.

La negativa del Consejo Directivo Central a que comenzaran los cursos de la Facultad de Medicina en Salto es la prueba del nueve de la vocación centralista. El argumento fue procesal: no se había consultado a una comisión de burócratas que para la Udelar es el peaje a pagar para descentralizar.

En el fondo es un tema de poder, la Universidad de la República quiere ejercer el control monopólico de toda la enseñanza universitaria pública. Este exclusivismo es lo único que permite el deterioro de nivel académico en que está sumergida. Al no haber otra posibilidad en el ámbito público, nada obliga a exigirse y mejorar. La competencia siempre es enemiga de la mediocridad.

Este monopolio se ejerce en detrimento de las familias del interior. No es verdad que la Universidad sea de acceso libre. Para los estudiantes del interior y sus familias supone un sacrificio que solo quienes lo sufren saben lo que supone. En mi época de estudiante de medicina mientras yo concurría caminando o en ómnibus a la Facultad, mis compañeros del interior dormían en una pensión, calentando con un primus la comida que venía en una encomienda. Para mí ser universitario era mucho más fácil, que para mis compañeros del interior. Esto tiene costos materiales muy grandes, pero también otros, como el desarraigo, que no me miden en dinero.

Acá hay un tema de justicia y de equidad. La educación universitaria pública discrimina a los uruguayos en virtud de su lugar de nacimiento. Si se nace en el interior hay que venir a Montevideo a estudiar, pero además hay que tener posibilidades económicas para poder hacerlo. Sentados en 18 de Julio y Eduardo Acevedo estas cosas no se ven. Es muy fácil hacer discursos seudoprogresistas cuando no se sufre la separación y el desarraigo material y espiritual. Cuando una llamada de celular o un mensaje de texto es el vinculo habitual que mantiene, a la distancia, comunicada a una familia con sus hijos estudiando aquí.

El 1° de marzo presentamos nuevamente el proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional del Uruguay, pública y con sede en el interior. Lo hicimos, como lo habíamos hecho en 2007 con el respaldo de toda la bancada nacionalista, ahora impulsados por las señales positivas que el presidente Mujica dio en este sentido.

Académicos uruguayos de prestigio internacional han avalado esta necesidad, sin embargo no haría falta ello.

Alcanza con conocer la realidad y dejar chacras de lado para hacer justicia y progresismo enserio.

“La Universidad pública discrimina a los uruguayos en virtud de su lugar de nacimiento”.

JAVIER GARCÍA

Que se comprometa

El senador Jorge Larrañaga dijo a Montevideo Portal que le va a pedir a José Mujica que “haga un pacto nacional sobre la educación” reclamando el compromiso para instalar escuelas de tiempo completo. Aseguró que “la bancada oficialista se equivocó” al rechazar pronunciarse sobre las libertades en Cuba y dijo que mas adelante opinará sobre la crítica que un senador hizo de Luis Alberto Lacalle.
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Larrañaga dijo que él y sus correligionarios quedaron “muy contentos” tras la reunión de este jueves de todos los candidatos de Alianza Nacional a las intendencias del país. Aseguró que su sector “tiene enorme experiencia en desarrollo municipal”, cuenta con “una visión social” y los candidatos tendrán “un discurso muy cercano a la gente”.

El senador blanco dijo que comparte con el presidente la importancia de instalar escuelas de tiempo completo y también la de reclamar eficacia en los servicios del Estado pero aclaró que le “vamos a solicitar a Mujica que haga un pacto nacional sobre la educación porque es un tema fundamental para todos los uruguayos”.

Sobre este punto aclaró, que le va a solicitar “algún tipo de entrevista” para plantearle esta inquietud pero además le va a transmitir la intención “de trabajar en forma conjunta” en esta política de estado.

Por otra parte, Larrañaga dijo que fue “una equivocación de la bancada oficialista” rechazar la declaración política que reclamaba al gobierno de Cuba que garantice las libertades, al debatir sobre la muerte del cubano Orlando Zapata Tamayo.

Además aseguró que en el Partido Nacional “condenamos todas las violaciones de los derechos humanos y es evidente que en Cuba hay violación”. Pero el resultado de lo que ocurrió en la Cámara de Senadores “postergó el tratamiento de ese tema”.

Larrañaga entiende que eso ocurrió pues “se confunde la política con el Derecho Internacional”, y aseguró que lo que prima son “lealtades-amistades y no lealtades-adversario en función de los intereses políticos”.

En otro orden y sobre el documento que presentó el senador Eber da Rosa, en el que realiza una fuerte crítica a la figura de Luis Alberto Lacalle como candidato, Larrañaga dijo que éste “es un elemento más para el análisis”. Agregó que va a “opinar en función del sector que integro, cuando sea el tiempo de la autocrítica” y señaló que aún “no hay fecha prevista para evaluar eso”.

A pesar de ello, el mismo senador Da Rosa aseguró que ese documento es “de análisis en Alianza” y también a la interna del Directorio del Partido Nacional que “se comprometió a hacer una autocrítica interna después que pasen las elecciones municipales”.

Montevideo Portal

La IMM y ADEOM

Durante el inicio de la actual campaña preelectoral hacia la IMM, se me ha preguntado más de una vez acerca del sindicato ADEOM, y el relacionamiento que tendremos en el caso de ser electo Intendente.

Este tema está permanentemente sobre la mesa y en las preguntas de los periodistas, debido a la elevada injerencia que ese sindicato ha tenido en la gestión municipal en los últimos años. Injerencia debida no a acciones de gobierno sino a declaraciones, planteos y reclamos a las autoridades municipales, pero que en última instancia terminan condicionando las acciones de gobierno.

Son preguntas cantadas de los periodistas en las entrevistas de esta campaña. ¿Cómo piensa relacionarse con ADEOM? ¿Qué opina de la actuación del sindicato municipal? ¿Va a tener diálogo con ellos? Y tantas otras por el estilo.

Lo primero que hay que tener presente es el rol de cada uno en esta historia. El Intendente Municipal es elegido por más de un millón de ciudadanos para gobernar. El sindicato es elegido por sus afiliados (la mayoría de los casi nueve mil funcionarios) para representarlos. La función de gobierno es indelegable y no es compartible, aún cuando hubiera afinidades políticas y partidarias con el sindicato o con cualquiera otra corporación.

En mi opinión los gobiernos municipales del Frente Amplio no definieron claramente esos roles, quizá por afinidad partidaria, y se entró en una zona de confusión, por lo que hubo por momentos una especie de cogobierno.

Sin embargo esa estrategia (si lo fue) o esos hechos consumados (si lo fueron) no parecen haber dado buenos resultados ya que ha habido una avalancha de reclamos en forma permanente y hasta juicios hacia la IMM correligionaria.

Yo sé dialogar con los sindicatos. En 1990 encabecé, por el lado del gobierno del Partido Nacional, un diálogo inicialmente secreto con el PIT-CNT, diálogo que culminó con acuerdos de mediano plazo de recuperación salarial con resultados extraordinarios. Mi contraparte fue mi apreciado colega Juan Manuel Rodríguez y también muchos y muy importantes dirigentes sindicales de la época pueden dar fe de ello.

Pero dialogar no es confundir los roles. Dialogaremos hasta las últimas consecuencias. Pero no delegaremos en modo alguno la función de gobierno ni cederemos en absoluto en el ejercicio del principio de autoridad.

Los buenos funcionarios municipales pueden estar tranquilos que con nosotros les irá bien. Mejor que ahora. Habrá un sistema de incentivos que premie el esfuerzo y los resultados para los montevideanos que pagan sus impuestos y esperan un retorno acorde con ese pago. Construyamos una Intendencia al servicio de los vecinos y no tengamos más a los vecinos al servicio de la Intendencia.

Javier de Haedo para Montevideo.comm

Es necesario un mayor análisis

En un seminario que organizaron el Banco Mundial y el MEF a finales de mayo de 2007, titulado “Uruguay: ¿Qué aprendimos de la crisis financiera de 2002?”, algunos de los panelistas invitados hicimos referencia a la necesidad de tener siempre presente, a los efectos del cálculo de algunos indicadores económicos y financieros, el valor del PIB ajustado por el tipo de cambio real (TCR) y por el ciclo económico. El fundamento de ese planteo consiste en que se puede comprobar que a lo largo del tiempo tanto el TCR como el PIB oscilan en torno a niveles de equilibrio de largo plazo o de tendencia, ciertamente mucho más el primero que el segundo. Por momentos esas oscilaciones se vuelven muy significativas, como ocurrió en particular en los años del entorno de la crisis.

En aquel ámbito me referí, en ese sentido, a la evolución del PIB en dólares corrientes entre 1998 y 2002, período en el cual el PIB en dólares cayó 46%, mientras que en términos reales sólo se redujo un 15%. La diferencia entre ambos porcentajes se debe al abaratamiento en términos de dólares que se registró en la economía entre los años referidos, desde un nivel de precios muy alto en términos de dólares en 1998, a un aterrizaje forzoso en 2002.

En ese contexto, señalaba que la mera consideración del PIB en valores corrientes era engañosa, ya que, por ejemplo, los indicadores de deuda sobre PIB se calculaban con un PIB “inflado” coyunturalmente, como sin dudas sucedió en los años previos a la crisis. Claramente, si se estimaba ese mismo indicador pero con el PIB ajustado por el TCR, la realidad era bien distinta.

El PIB de 1998 fue de aproximadamente US$ 25.400 millones, pero ajustado por TCR, fue del orden de US$ 16.450 millones. Esta situación se mantuvo hasta las vísperas de la crisis: en 2001, la deuda pública neta de activos externos era de 31,7% del PIB en dólares corrientes, pero trepaba hasta 45,5% con el PIB ajustado por TCR.

En el cuadro adjunto presento un conjunto de indicadores para 2004 y 2009: PIB en dólares corrientes, y ajustado por TCR, por el ciclo económico y por ambos factores, deuda pública e indicadores fiscales. Interesa ver los años referidos, por corresponder al final de los últimos dos gobiernos y, especialmente, porque entre ellos se dio una vez más el fenómeno de las fuertes oscilaciones en el TCR y el PIB, que ciertamente afectan los indicadores según cuál sea la definición que se tome sobre el PIB, y junto con ellos, afectan también las conclusiones que se puedan extraer sobre resultados de gestiones de gobierno.

Entre 2004 y 2009 el PIB en dólares sube 138%, pero su volumen físico “sólo” sube 34%. Se pasa de un año en el que estábamos muy baratos en dólares, apenas salidos de la crisis, a uno en el cual estuvimos muy caros. Esto último no sólo en términos absolutos sino especialmente en términos relativos, comparados con el resto del mundo y en particular con la extra región. El TCR con fuera de la región cae 35% entre los promedios de ambos años, es decir que nos encarecemos muchísimo más que esa zona, que vaya si se encarece en dólares en ese período. Al mismo tiempo, se pasa de un nivel del PIB ubicado por debajo del nivel de la tendencia de largo plazo, a uno claramente por encima de ella.

Parados en 2009, y con una lectura poco exigente de los números, parecería que estamos en el mejor de los mundos. La deuda pública neta (definida como la deuda pública total menos los activos externos netos de los depósitos en el BCU) se ha venido “pulverizando” en los últimos años con relación al PIB, y pasó de 87% a 43% entre esos dos años, es decir que cayó a la mitad en términos del producto. Sin embargo, ni aquel 87 era tan 87 ni el actual 43 es tan 43. Aquel 87% surgía de considerar un PIB desinflado, en un país pos crisis que estaba muy barato en dólares y con los motores recién encendidos. Este 43% (calculado con el dato de la deuda a septiembre, pero que estimo en 46% del producto a diciembre) surge en cambio de tomar un PIB en dólares muy alto tanto por lo caro que estamos en dólares en términos relativos como por el nivel del PIB con relación al de la tendencia.

Si se corrigen los PIB de ambos años tanto por el TCR como por el ciclo, la caída en el indicador de la deuda entre 2004 y 2009 es bastante menor: de 66% a 56% (y a 60% con la deuda que estimo había a diciembre, unos mil millones de dólares más que al cierre de septiembre).

Entiendo que estas cifras puedan llamar la atención por ser tan distintas a las “observadas”, y admito que pueda haber otras opiniones en parte de lo aquí considerado. No en cuanto a la necesidad de ajustar las cifras en función del TCR y el ciclo, ya que creo que esto es conceptualmente indiscutible. Pero sí en cuanto a cuál es el TCR relevante y a cuál es la brecha del producto con relación a la tendencia de largo plazo. En este último caso, en el período considerado el PIB de tendencia creció, según mis cálculos, al 3,5% promedio anual. Es posible que otros colegas puedan entender que se debe considerar una cifra mayor, pero nunca mayor al 4% o a lo sumo 4,5% anual, lo que no cambia significativamente los resultados aquí expuestos. En el caso del TCR, si se toma el global en vez del extra regional, la caída entre 2004 y 2009 es menor, de 23% en vez de 35%, pero en este caso no tengo dudas en optar por el extra regional ya que la historia muestra que es el de referencia a la larga, cuando las cosas vuelven a su cauce después de períodos fuera de él.

También se puede llegar a conclusiones diferentes a las que se sacan con los números “observados” en materia fiscal, como en el caso del tamaño del gasto en relación al producto, como surge del cuadro, aunque en este caso sólo corresponde efectuar el ajuste por el ciclo y no por el TCR. A diferencia de lo que sucede entre la deuda y el producto, donde las respectivas estructuras difieren en cuanto a la relevancia del peso y el dólar, en el caso del gasto, eso no sucede. Pero sí cabe ajustar el producto por el ciclo a efectos de analizar la evolución del gasto público en términos más “estructurales”.

En este sentido, si se considera el gasto primario del sector público no financiero (excluyéndose los pagos de intereses), los números “observados” muestran que entre 2004 y 2009 se pasó de 24,1% a 26,5% del producto. Mientras tanto, si se compara el mismo gasto con el PIB de la tendencia de largo plazo en cada uno de esos años, se pasa de 22,5% a 28,0%, lo que por otra parte resulta bastante más aproximado a lo que la intuición nos diría.

Como tantas veces desde esta columna, he querido aportar una visión alternativa a la convencional en materia de indicadores. Visión que pretende “agregar valor” interpretativo a partir de lo que uno va aprendiendo de la experiencia.

JAVIER DE HAEDO para E&M

Parlamento

La instalación del parlamento fue una ceremonia formal, constitucional y esta sí, austera. Sin empresarios financiando cosas que no deben, ni nadie pidiéndoles que lo hagan. Otro 15 de febrero, éste, veinticinco años después de aquel torrente de alegría que recorrió el Uruguay en 1985, luego de la larga oscuridad.

Los discursos de buenas intenciones, que en estas ocasiones se pronuncian, serán anécdotas dentro de 5 años. Para el Legislativo lo importante es que el recuerdo no sea la fiesta de asunción sino el último día de su gestión, por haber cumplido una actividad digna y haber dejado al país un poco mejor que el primer día. El parlamento tiene un desafío particular y es el de recobrar su independencia como Poder del Estado. No es poca cosa recobrar la razón de existir.

Estos últimos cinco años Uruguay, en los hechos, funcionó con dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial. Habitualmente, y con razón, se reclama por la independencia de este último, como si fuera el único que debiera tenerla y reivindicarla.

La característica de cada uno debe ser la independencia, que se pierde cuando alguno de ellos se somete al imperio de otro, generalmente al Poder Ejecutivo. Es la tentación de los gobiernos sobre el Poder Judicial, no solo en Uruguay, y fue lo que pasó en este período con el parlamento que fue sometido a la jurisdicción del Poder Ejecutivo. La mayoría absoluta que tuvo el oficialismo se entendió como la llave que tenía el Ejecutivo para disponer que el Poder Legislativo simplemente se remitiera a homologar las iniciativas del Presidente.

Reiteradamente legisladores del FA debieron callar sus opiniones y levantar sus manos para refrendar propuestas que no compartían. Un aislado episodio en la última semana de actividad de la anterior legislatura llamó la atención y fue que se levantara un veto del Ejecutivo por unanimidad, fue la excepción que confirmó la regla.

Un Parlamento como Poder del Estado, o como extensión del Ejecutivo, es una diferencia institucional no menor. Reivindicamos la independencia de la Justicia y cabría igual reclamo por el Legislativo.

Cuando el Poder Legislativo simplemente se remite a votar con mano enyesada las iniciativas del Ejecutivo, deja de existir. Es más, el FA mientras fue oposición impulsó decenas de comisiones investigadoras, cosa que le negó a la oposición sistemáticamente dándole cobertura al Ejecutivo.

Las dictaduras tienen presidente, pero nunca Parlamento. Es la grifa de la democracia, si el parlamento molesta es porque la democracia vive.

Si es verdad, y queremos que así sea, la voluntad de acuerdos entre los partidos expresada el día de inicio de la legislatura y proclamada por Mujica, esto debe verse en los hechos y va a significar que el Legislativo retome su autonomía y no solo sea una polea de transmisión del Ejecutivo.

Significará, quizás, dilatar algunas aprobaciones en vez de los yesos rápidos y mecánicos, pero los acuerdos cuando se logran construyen políticas duraderas y de más calidad. Por ahora son todos discursos, primero, como el refrán, hay que fritar la grasa y después ver cuántos chicharrones quedan.

JAVIER GARCIA “PARLAMENTO”.EDITORIAL DIARIO EL PAIS.

Eber Da Rosa (PN): “Gobernabilidad no es firmar un contrato de adhesión”

El senador por Alianza Nacional Eber Da Rosa se mostró de acuerdo con la propuesta del vicepresidente electo, Danilo Astori, con respecto a que la oposición asegure la gobernabilidad en los entes autónomos, empresas públicas y servicios descentralizados a cambio del cogobierno, pero advirtió que eso supone discutir los temas en actitud de diálogo y apertura por parte del gobierno. “Tampoco se trata de firmar un contrato de adhesión”, puntualizó. Entrevistado por En Perspectiva, el legislador agregó que la función de la oposición debe ser “controlar, pero también adoptar decisiones” y vislumbró un ambiente más propicio para la negociación por los cargos que el planteado al comienzo de la actual administración, cuando no se llegó a un acuerdo. “Parecería que todos los actores, tanto del gobierno como de la oposición, hemos aprendido de aquella situación”, indicó.

EMILIANO COTELO:
Los principales líderes de la oposición, Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional (PN) y Pedro Bordaberry del Partido Colorado (PC), recibieron con reparos la propuesta de la administración entrante de no limitarse a controlar en los entes autónomos, empresas públicas y servicios descentralizados, sino también cogobernar a cambio de asegurar la gobernabilidad.

Todo vino a partir de declaraciones que formuló el viernes el vicepresidente electo Danilo Astori luego de la reunión que junto con José Mujica mantuvo con quienes integrarán la bancada del oficialismo en el nuevo Parlamento.

(Audio Danilo Astori.)

“Yo creo que hay que iniciarla con mucha apertura, intentando conciliar dos criterios muy importantes para nosotros. En primer lugar, que las definiciones a las que lleguemos aseguren la gobernabilidad de las empresas y los entes, esto es que no haya posibilidades de utilizar criterios político-partidarios para dificultar esa gobernabilidad. Y por otro lado, el derecho que tiene la oposición no solo a controlar, que es un derecho importante que queremos que se practique, sino además a cogobernar.”

(Fin.)

EC – Dice hoy el diario El Observador que detrás de este planteo está el análisis que se hace en el futuro gobierno en cuanto a que puede no llegar a tener mayoría en los directorios de algunos lugares claves como el Banco de Previsión Social (BPS), el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Administración Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En el Codicen son cinco integrantes, de los cuales dos van a ser electos por los docentes, y quedan tres para designación política; si el gobierno cede uno de esos tres lugares a la oposición, se quedará solo con dos cargos en cinco. Lo mismo ocurrirá en ASSE, en que dos de los cinco directores son elegidos por los trabajadores y los usuarios. Y en el directorio del BPS son siete miembros, tres representantes de los sectores sociales y cuatro políticos; si el gobierno cede uno de estos cuatro a la oposición, se queda solo con tres en siete.

Por eso, según El Observador, Astori ofrece a la oposición gestionar en estos lugares además de controlar, pero a cambio de asegurar gobernabilidad.

***

EC – El doctor Luis Alberto Lacalle aseguró que la participación de la oposición en entes y empresas públicas es un derecho y no una regalía del gobierno, “no se trata de un premio a la buena conducta”, advirtió el ex presidente en respuesta a las declaraciones de Astori, cuando fue consultado por El Observador.

¿Cómo se ve el tema en Alianza Nacional (AN)?

Vamos a conversarlo con el senador Eber Da Rosa.

¿Usted va a estar involucrado en estas negociaciones por los directorios de los entes?

EBER DA ROSA:
No sé, lo ignoro, habrá que decidir en la interna del partido cómo se va a instrumentar este diálogo y quiénes van a participar. Después de que conversemos de estos temas en la interna del partido y en particular en AN, veremos quiénes participarán en la negociación.

EC – ¿Cómo observa las últimas novedades?

E da R – Con expectativa ante un gobierno que se inicia, partiendo de la base de que la participación de la oposición en los entes públicos es un derecho que está consagrado en la Constitución y que la función debe ser por supuesto controlar, pero también adoptar decisiones. No advierto una minoría de la oposición integrando los entes públicos simplemente para estar en una actitud pasiva de contralor, sino que creo que habrá lugar naturalmente para la discusión de los temas que asegure la conducción y la eficiencia en la gestión del gobierno por parte del directorio de cada una de las empresas. Eso es natural y formará parte del diálogo que tiene que haber entre oposición y gobierno.

EC – ¿No ve entonces un inconveniente en el planteo que hace Astori?

E da R – Depende de cómo se haga. Yo entiendo lo de la gobernabilidad, no estaría de acuerdo con una representación de la oposición simplemente para poner trabas o para estar en una actitud pasiva de control y nada más. Pero depende de a qué se le llame gobernabilidad; eso supone discutir los temas, supone una actitud de diálogo y de apertura de parte del gobierno, de los representantes del gobierno, para entender los argumentos y los criterios que sostenga la oposición, porque tampoco se trata de firmar un contrato de adhesión, se trata de participar en decisiones del gobierno. Desde ese ángulo entiendo que cuando se habla de gobernabilidad se trata de darle eficiencia a la gestión de gobierno partiendo de la base de que también se han de respetar, discutir y tener en cuenta los criterios de los representantes de la oposición. Eso es lo obvio del ejercicio democrático.

EC – En especial, en los ejemplos que se manejan en esta nota –y que han estado en otros artículos en la prensa en el fin de semana–, el Codicen, ASSE y el directorio del BPS, podría ocurrir que si de los cargos que son de designación política se entrega una parte a la oposición el oficialismo quedara en algunas circunstancias sin la mayoría. ¿Qué reflexión le merece este tipo de desafíos?

E da R – En esos casos primero habrá que articular y discutir el tema internamente entre los representantes políticos, los representantes del gobierno y los de la oposición. Porque también parece claro que esos entes deben ser conducidos por representantes del gobierno o políticos –no necesariamente solo del gobierno–, y no dejar que la conducción quede en manos de organizaciones corporativas. Lo primero es un diálogo entre representantes políticos para articular posiciones, y luego la discusión con los representantes de las organizaciones o corporaciones que van a integrar los organismos.

EC – Es interesante que uno de los casos sea el del Codicen, que hace cinco años fue motivo de cortocircuito en las negociaciones entre el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que entonces estaba por instalarse, y la oposición. Hubo dos casos críticos, los organismos de la enseñanza y el directorio del Banco de la República (BROU).

E da R – Es verdad, y esperemos que no se repita la historia, que tanto el gobierno como la oposición hayamos aprendido de la experiencia vivida hace cinco años para saber sortear con mayor éxito la situación.

EC – Por ejemplo, hace cinco años el oficialismo estaba dispuesto a darle a la oposición solo un cargo de cinco en el directorio del BROU para asegurarse determinadas mayorías que se requieren en situaciones especiales. Eso llevó a que el PN se retirara de las negociaciones.

E da R – Sí, ese fue un factor, y luego el factor desencadenante, la gota que derramó el vaso y determinó que las negociaciones se interrumpieran totalmente fue aquel emplazamiento hecho por el presidente de la República al PN en un discurso que realizó en Zapicán.

EC – Da la impresión de que esta vez el ambiente es otro.

E da R – Parecería que sí, parecería que todos los actores, tanto del gobierno como de la oposición, hemos aprendido de aquella situación y de aquel desencuentro y ahora tratamos de sortear esta nueva instancia de negociación con mejores posibilidades de entendimiento.

***

Transcripción: María Lila Ltaif para espectador.com

Futuro y hora de balance.

Ayer me preguntaron ¿qué balance hacía de la gestión de Giachetto?

Siempre dije lo mismo, y sostengo ahora, con mucho respeto por su persona, que su gobierno es “poco audaz y con miedos de gestión”, “responsable, pero alejado de la gente”, “administra, pero no gobierna un territorio”. “Se pierde el tren del desarrollo”, por lo tanto, no agregó nada espectacular en 5 años. Es lo mismo, que cualquier otro gobierno. Pero, aumentó el défict acumulado. Va a dejar una “herencia maldita igual o mayor”, siendo un “mal endémico” de todos los gobiernos departamentales generado por el gobierno nacional.

¿Por qué digo ésto? Veamos.

1. Él y su Partido habían tenido una iniciativa: El Fondo de Solidaridad de la Emergencia Social que se formaba con parte de su sueldo y de los directores. Yo, en cambio, le propuse el “Peso Solidario Voluntario” de todos los contribuyentes (lo hice en el 2003, en la campaña y luego durante su primer año). José Miguel también lo hizo en su campaña. Nunca quiso nuestro apoyo y en el 2006 PROMESA INCUMPLIDA. Dijo: “No se puede implementar”. ¿Quién lo asesoró para decir tal disparate? Pobre, lo dejaron regalado. “Poco audaz y miedos en la gestión”. No sacó un peso para ese Fondo, nunca se creó. PROMESA INCUMPLIDA. De todos modos, me parece una buena idea y yo la voy a seguir promoviendo.

2. Le presentamos y le dejamos trabajos completos de Desarrollo, Políticas Sociales y Planes de Ordenamiento Territorial. Permanente “ninguneo”. No sé que hicieron con todo eso. No hicieron casi nada. Un ejemplo: Contratan a un excelente académico y un equipo para REVISAR TODO LO REALIZADO EN PLANTES TERRITORRIALES Y PROPONER NUEVOS PLANES. No hicieron casi nada. El académico se acaba de ir por que tuvo diferencias con la jerarquías y no le dieron apoyo para hacer los trabajos. No se aprovechó el trabajo del 2000, no se utilizó los recursos del Ministerio que vinieron. No cumplimos con la útlima ley 18.308 de OT donde se debe categorizar el suelo. ¿O No hay capacidad de gestión o hay demasiados intereses que no se quiere tocar? Por lo tanto, “administra pero no gobierna”. Una consultora internacional critica eso.

3. El déficit acumulado, las pérdidas y los impuestos altos que siempre criticaron de otros gobiernos, siguen del mismo modo. El déficit acumulado es de U$S 4.000.000 más, uno por año de gestión. No fue más, por que recibió mucho más recursos nacionales. Hicimos una propuesta nueva: “Déficit cero y Responsabilidad Fiscal Penal para el Intendente si no controla el déficit” en el año 2008. No aceptaron el desafío, no contestaron nada. Se fueron al mazo. El problema sigue siendo una “herencia maldita”. “Sigue habiendo miedos”. La propuesta me sigue gustando y la voy a seguir sugiriendo a quien la quiera aplicar, pues buscamos eliminar el servicio de deuda en forma definitiva. Así pagamos menos impuestos los floridenses.

4. La descentralización desde que 1988 la presentó Wilson, en Florida, hemos realizado varias propuestas. En 1997, luego de la Reforma del 96, propusimos una “Alcaldía Piloto en un BArrio”. Nadie la voto. Ni siquiera el Frente. Durante nuestra gestión en el 2000-2004 dejamos el Sistema de Centros de Barrios, Comisiones Electivas en los pueblos, Coordinadoras. Casi nada de eso se continuó. ¿Por qué? No lo sabemos. Ahora, todos apresurados, tenemos que organizar las Alcaldías y que no se puede. Nuevamente, “es una gestión con miedos”, “administra, pero no gobierna”. Es falso que no se puede. Hay recursos, se van a votar recursos y va a existir apoyo nacional e internacional. Si quieren una verdadera descentralización se debe perder burocracia en el Estado Central y pasar los recursos a los departamentos. No se animaron a dejar parte del IVA, IRPF e IMESI en el Interior. Si no se hace eso van a fracasar. También ya propusimos nuestra colaboración.

5. El tema de Políticas Sociales es el mayor déficit. Dicho y reconocido por el MPP. Con eso es suficiente. Se debió haber coordinado más con el MIDES, MTSS y otros organismos nacionales. Pero se debió elaborar políticas sociales focalizadas propias sin esperar del gobierno nacional. Durante nuestra gestión en el 2000 elaboramos un Plan Local de Vivienda coordinado con DINAVI. Se concretaron, en 5 años y con crisis, 160 soluciones habitacionales y regularizaciones (PIAI e INUNDADOS EN FLORIDA). En este período, sólo 16 viviendas y con las promesas no iniciada del Sitio de Pintado de 104 viviendas. Cinco años de promesas que no se hizo y con muchos problemas sociales por no intervenir desde la Intendencia. Lo de arriba “administra pero no gobierna el territorio”, “tiene miedo de gestionar”. No le dan la solución concreta y rápida a la gente.

6. No cumple Proyectos previstos en su PROPIO Presupuesto Quinquenal y lo único que hace son los previstos en los Planes de Ordenamiento Territorial que hicimos en 2000-2004. En el año 2008 NO SE EJECUTÓ Y ESTABA PREVISTO PARA EL DICHO AÑO, O DICHO DE OTRA MANERA, NO SE INVERTIERON U$S 1.067.949. No se hizo: la compra de tierras para la Cartera de Tierras, la obra en el Tomás González, la mejora en el Barrio de la Cooperativas, el Microcentro (se atrasó), el Concurso del Predio Histórico, no se hizo el nuevo Relleno Sanitario, las obras de desagues, las obras de infraestructura para viviendas. Así es facil administrar, pero nunca se gobierna el territorio.

7. Hacia el año 2007 propusimos trabajar con el tema de Cambio Climático con el Proyecto de Mecanismos de Energía Limpia. Le llevamos las ideas del Biodiesel de José Miguel, como otras sobre proyectos de financiamiento internacional por el tema del Protocolo de Kioto. Había recursos. Energía eólica, solar, el tema alumbrado, y vertederos. En Uruguay, las Intendencias de Montevideo, Maldonado y Rocha captan recursos. Nos recibieron bien, pero no siguieron el tema. “Seguimos perdiendo el tren del desarrollo”.

Lo más triste, es que siempre presentamos nuestra mano tendida.
Siempre presentamos ideas y propuestas.
Siempre dejamos nuestros trabajos y nunca pedimos nada a cambio.

Nos quedó la sensación de que molestamos, de que no era bueno que fueramos innovadores, de que fueramos proactivos, que era mejor “ningunearnos”, y los desconcertamos con tantas propuestas. El resultado, es triste, se fue alejando de la oposición constructiva, se fue alejando de la gente.

Como todo gobierno, hizo las mismas cosas, se encerró en sí mismo, pero, además, no devolvió nuestra señal de hacer “Mesas de Diálogos” con todos, como lo hicimos con ellos del 2000 al 2004. Es una lástima. Pudimos haber avanzado más.

Si no cambiamos de actitud, vamos a seguir haciendo “política tradicional y mediocre”. Lo mismo que se criticaba. Nosotros vamos a estar con ideas y dispuesto al diálogo. Puertas Abiertas, Despacho en los barrios y en los pueblos, con la camiseta albirroja, con la Bandera de Florida que promovimos en el año 1990.

Gervasio Martínez
Reflexiones para el Futuro

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