Cómo vamos a abatir la pobreza

Comencemos estableciendo con claridad una referencia indiscutible: ya lo hicimos una vez.

Al iniciarse el último gobierno del Partido Nacional en 1990, la población en situación de pobreza se situaba en cerca del 30%. Al finalizar el mismo, en 1994, había descendido a la mitad: 15%. Nunca más, incluso luego del actual gobierno, el cual ha tenido a su favor una coyuntura internacional como no conocíamos desde la guerra de Corea, hemos podido alcanzar un guarismo similar. Hoy nos encontramos en el 21%.
Mas un veintiuno, o un quince por ciento, es demasiado.

Una sola familia sería demasiado.

Es necesario actuar con urgencia y, no menos importante, con eficacia.
¿Cuáles deben ser los criterios rectores?
Uno: “Nadie sin oportunidades, todos con derechos y todos con responsabilidades”. Es una de la bases de nuestro Programa de Gobierno, bien titulado “Un país independiente, justo y próspero”, y es una convocatoria inclusiva, pero también exigente, para todos.
Dos: “Gobernar es hacer”. También está en nuestro Programa, y refiere a la necesidad imperiosa de pasar de los dichos a los hechos, en un país en que se habla y se habla, y en el que es más fácil publicar un libro de 250 páginas plagado de disparates y que sea un best-seller, que formular un conjunto de propuestas coherentes.
Por tanto, un compromiso inclaudicable con los compatriotas postergados, y una amplia batería de medidas concretas que mejoren la red de apoyo social, atiendan las necesidades de la infancia y la adolescencia, promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso a la vivienda y a la salud, y mejoren sustantivamente la seguridad de los ciudadanos.

Veamos tres de ellas, como ejemplo.

Se propone ampliar y reforzar los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF). Es una experiencia uruguaya exitosa, bien valorada desde el exterior, que combina la acción del Estado, el cual fija las políticas rectoras, aporta parte de los recursos y evalúa los resultados, con la ejecución práctica de los programas por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta experiencia positiva de trabajo conjunto público-privado se pretende expandir a otras áreas, de enorme trascendencia actual y de gran sensibilidad social: rehabilitación de adictos a las drogas, rehabilitación de menores infractores, inclusión de niños en situación de calle y apoyo a embarazadas adolescentes. Estamos convencidos que en estos temas, si bien el compromiso político del Estado resulta esencial, la llama de la esperanza sólo volverá a encenderse en estos compatriotas si alguien con real vocación de servicio actúa de sostén y guía.
Otra propuesta: concientes que la educación es un factor clave para el desarrollo humano (la mayor exclusión es la carencia de educación), proponemos entre otras medidas, una fuerte apuesta a las Escuelas de Tiempo Completo. En concreto, pasar de las actuales 140, a un total de 500 al finalizar el período. Los hechos han demostrado la validez de este modelo que provee no sólo más educación, sino también mejor contención y alimentación, favoreciendo la inserción social de los niños en contexto crítico.
Una tercer propuesta: regularizar la propiedad de los inmuebles de los asentamientos. Personalmente sostengo que el ahorro privado invertido en la construcción de viviendas en los asentamientos por parte de ciudadanos pobres en estas últimas dos décadas, es de una magnitud más que considerable. Pero padece de un terrible talón de Aquiles: la precariedad. Salvo unas pocas situaciones que se han regularizado, en la inmensa mayoría de los casos, legalmente hablando, nadie es dueño de nada. Y los uruguayos, que son propietaristas (no hay sueño mayor que el techo propio ni anhelo más noble que dejarle algo a los hijos), sienten una tremenda inseguridad. Sospechan que nadie les va a enviar un buldózer a derribarle la casa, pero en realidad no lo saben con certeza y terminan rehén de la autoridad política de turno.
Ahora bien: hemos efectuado los cálculos, y no es en absoluto una meta inalcanzable resolver la propiedad (sea esta actualmente pública o privada) de los terrenos y transferírsela a sus ocupantes. Sería una pequeña revolución. Esto sí: es necesaria una ley que sea pareja para todos y evite discrecionalidades.
Habría muchas medidas más para mencionar, pero entendemos que estas son suficientes para dar cuenta de nuestra grave preocupación por el tema. La pobreza no sólo afecta a quienes la padecen, sino que rebaja la calidad de vida de todos. Bien lo ha dicho Martín Luther King: “cualquier forma de injusticia constituye una amenaza para todos. Lo que afecte a uno de modo directo, afecta a todos indirectamente”.

Ing. Ruperto Long