En la jornada de hoy, el Senado de la República recibe a los Ministros de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social en régimen de Comisión General, para analizar el contrato firmado entre el Estado y UPM.
Al respecto, y haciendo uso de la palabra, el senador Jorge Larrañaga, expresó que “el gobierno ha equivocado el camino, una negociación de estado la ha manejado como una negociación de gobierno. Y hay asuntos que exceden los gobiernos”, agregó que “no era necesario ampararse en la confidencialidad. Y aún con ella, tenía maneras para informar en tiempo real de las negociaciones”.
Falta de equivalencia entre las partes
Con respecto al contrato firmado, indicó que hay una marcada falta de equivalencia entre las obligaciones asumidas por las partes. “El gobierno ha negociado desde la necesidad. Incluso han incorporado esa necesidad al texto de este documento firmado. Una cosa insólita. Uruguay carga con una serie de obligaciones y UPM, no”.
Destacó también que “esto es un contrato de adhesión, la Decisión Final de Inversión es absolutamente discrecional de UPM y será tomada y comunicada finalmente el 15 de febrero de 2020. Hasta esa fecha no hay garantías de nada, incluso se deja a salvo cualquier tipo de responsabilidad en caso de que UPM tome la decisión de no invertir a pesar de que Uruguay haya cumplido con todo lo necesario”.
“Cuando hayamos invertido miles de millones de dólares en infraestructura y venga –ésta u otra empresa a pedir más, tendrán que reabrir la negociación. Por tanto, el gobierno, ningún Ministro de los presentes puede asegurar que esto sea todo.”.
Larrañaga sostuvo que al gobierno no les quedó nada por resignar: “desde lo tributario, le dan todo a UPM, todo lo que no tienen las empresas locales. Aquello de la inversión nacional y la extranjera se lo guardaron. Si viene un nacional y pide un porcentaje de lo que se le está dando a UPM ni le abren la puerta y a la inversión extranjera –como a ustedes antes les gustaba criticar- no les ha quedado beneficio por darles”
El líder nacionalista celebró los cambios educativos que se vienen anunciando a requerimiento de la empresa finlandesa: “Ojalá UPM hubiera pedido más en materia educativa”.
Capítulo laboral. Regulación de las ocupaciones
En el contrato firmado con la empresa finlandesa hay un capitulo que refiere a las relaciones laborales, y del mismo se desprende que deberán regular las ocupaciones.
Al respecto señaló: “Nos parece bien, pero no solo puede haber un marco laboral para UPM, debe ser para todos”.
Sobre este punto el senador Larrañaga presentó un proyecto de ley estableciendo que lo que el gobierno acordó con UPM, que la ocupación no es extensión de derecho de huelga, se extienda a cada sector de actividad: “estarán todos en situación de igualdad: El Estado, para el cual no se aplica el criterio de extensión, UPM, y también el resto de empresas nacionales”.
En el proyecto de ley presentado por el líder nacionalista se expresa que a su criterio “el derecho de huelga no incluye la posibilidad de ocupar los lugares de trabajo ni la realización de los denominados piquetes” y argumentó que “en el sentido de respetar la libertad de trabajo es que venimos a proponer el presente proyecto”.
El proyecto presentado se basa en un estudio y proyecto realizado por el experto laboralista Nelson Larrañaga Zeni.
Rentabilidad ambiental.
Larrañaga hizo especial hincapié y se mostró realmente preocupado, por el tema ambiental. Sostuvo que “el Río Negro no tiene precio y el Río Negro y el medio ambiente necesita estar garantizado en su protección”.
Citó informes de los científicos Luis Aubriot y Guillermo Chalar de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, e indicó que los mismos expresan que “el río Negro está en una situación ambiental “crítica”.
Creación de Agencia de Monitoreo Ambiental para monitoreo: “Controles e institucionalidad del primer mundo para inversiones del primer mundo”.
Frente a esta realidad, Larrañaga propuso la creación de una “Agencia de Monitoreo Ambiental” totalmente independiente, con plena autonomía técnica y también con un fondo de financiamiento propio que ayude a esa autonomía, a efectos de fortalecer la acción pública en lo que refiere a la protección del Medio Ambiente.
“Una agencia independiente que se encargue preponderantemente del análisis, estudio y monitoreo de la situación ambiental, particularmente de ríos y cuencas. Nos parece necesario crear una institucionalidad nueva y con un enfoque específico en el monitoreo y evaluación ambiental. El país tiene en sus recursos naturales un riqueza a preservar, tanto hídrica como hidrobiológica”.
Sostuvo que “esta nueva institucionalidad contaría con plena independencia técnica y financiera para afrontar los cometidos asignados”
El proyecto agrega que “el rol de monitoreo y contralor que planteamos para la Agencia es la de un tercero independiente que sea una garantía para a los ciudadanos y que se realice de manera independiente de Dirección Nacional de Medio Ambiente y de otras unidades ejecutoras del Poder Ejecutivo implicadas en la problemática ambiental”.
Explica también que la asignación de competencias para la nueva Agencia pasarían por monitorear el estado de ríos y cuencas, realizando las investigaciones, mediciones y estudios que garanticen la mayor protección de los recursos. A juicio de Larrañaga la misma deberá tener una integración plural, y deberá contar también con un representante del Congreso Nacional de Intendentes. “proponemos que sea integrada por representantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a los efectos de considerar la investigación científica que allí se realiza y también de los gobiernos departamentales, y claro, agentes del Gobierno. Si queremos inversiones de primer mundo, tenemos que tener controles e institucionalidad del primer mundo”.
Comisión de Seguimiento
Larrañaga también planteó la creación de una Mesa de Seguimiento de la Obra para que a partir de ahora, donde el gobierno ya no opondrá la confidencialidad, se haga un seguimiento “en tiempo real” de la obra “integrando a los gobiernos departamentales involucrados, el Parlamento y la Academia, por ejemplo a través de la Facultad de Ciencias”.
