Columnas

Otra vez Ancap

abdala_pablo@20110806175815Terminan de conocerse las cifras de Ancap correspondientes al ejercicio 2014. Son tan –o más– escalofriantes como las del balance de 2013, que tomaron estado público el año pasado y dieron lugar a intensos debates, no exentos de ribetes escandalosos. Tal vez estas sean aún más impactantes que las anteriores, por la sencilla razón de que son peores pero, además, porque en aquel momento las autoridades aseguraron que la situación mejoraría, y no ocurrió. Es más, aconteció exactamente lo contrario.

Alguna de esas autoridades –en particular, el presidente del ente– tendrá que volver a la Comisión de Industria el próximo miércoles, y otra lo hará por primera vez –la ministra Cosse– para informar sobre el tema. A ambos ya los habíamos convocado al Parlamento cuando los datos se hicieron públicos, porque con bastante anticipación el señor Coya había anunciado que no habría buenas noticias y que el déficit aumentaría, en una especie de declaración preventiva.

Las cuentas de Ancap, sin exagerar, describen una realidad francamente alarmante. El resultado económico negativo superará los 320 millones de dólares, el endeudamiento es de más de 2000 millones y la pérdida de valor patrimonial del 50 por ciento. El patrimonio neto de la empresa era de 1150 millones de dólares hace dos años y hoy, prácticamente, es la tercera parte de eso, pues apenas supera los 400.

No debiera ser necesario siquiera recordar que Ancap es monopólica, y que en esa condición fija, con el Poder Ejecutivo, precios administrados, que son los que rigen el consumo de combustibles en un mercado cautivo. Por esa posición de dominio y de privilegio, tradicionalmente alcanzó con manejar las tarifas dentro de ciertos márgenes de costo y rentabilidad, para que los estados de resultados arrojaran ganancias que permitieran, incluso, la transferencia de recursos a rentas generales.

Sustituir ese escenario histórico por el actual, signado por las pérdidas, el deterioro progresivo, la multiplicación del pasivo y los precios altos, demanda una gran irracionalidad en la conducción y en la planificación. Es de toda evidencia que eso fue lo que hubo, y de manera abundante, a lo largo de la década pasada, y especialmente en los últimos cinco años. En la administración de las empresas públicas, en general, y en la de Ancap, muy particularmente.

Es muy difícil recordar, en la historia económica del país y, aún, a escala universal, un ejemplo de empresa que pierda dinero y se encuentre técnicamente quebrada, aún sin correr a priori el más mínimo riesgo. En régimen de monopolio y exclusividad, fijando precios y condiciones a su necesidad y gusto, y manejando un mercado compuesto por usuarios que tienen a la suya como única e ineludible opción. Por más que pueda descubrirse algún antecedente, demasiado grandes e importantes deben ser el destino, la imprudencia, el yerro o la negligencia para que algo así pueda suceder. En el asunto que nos ocupa, de todo eso un poco hubo.

Desde el punto de vista político, la realidad que estamos comentando admite valoraciones diversas. En primer lugar, cuestiona severamente el discurso histórico del Frente Amplio referido a los entes industriales y comerciales del Estado, contra las privatizaciones y en defensa del patrimonio público. Según el mismo, las empresas públicas, a partir de un desarrollo empresarial autónomo y eficiente, deberían contribuir al crecimiento con equidad y, por ende, a la pública felicidad. Tal el modelo que con tanta insistencia y durante tanto tiempo se preconizó, como progresista, desarrollista y de izquierda.

¿Fue eso lo que finalmente aconteció? Los hechos, con terca y hasta exagerada elocuencia, parecen estar indicando que no. No solo con relación a Ancap, porque Antel también tiene déficit. El nuevo equipo económico y la OPP cuestionan el manejo que de las llamadas “vacas sagradas” se ha hecho, y se lamentan por la escasa o nula contribución que a las cuentas públicas las mismas vienen realizando.

Ancap tal vez sea el caso emblemático o el ente modelo, aunque desde una visión más apocalíptica, porque es una empresa enteramente fundida que, si no se ha presentado a concurso, es por la exclusiva razón de que su único accionista es el estado uruguayo. Los estados no quiebran pero, sin perjuicio, pueden llegar a hacerle un daño grave a la economía de los países y, en especial, a consumidores y contribuyentes, lo que acontece en este caso, pues los uruguayos estamos pagando los combustibles más caros de nuestra historia.

Por otro lado, es obvio que el fracaso llamado Ancap tiene responsables directos, fácilmente identificables. Se podrá decir que la responsabilidad política recae en el Frente Amplio, por ser el partido de gobierno, o en los sucesivos ministros de industria, por el vínculo institucional con el ente, o en los distintos directorios que lo condujeron, por tratarse de un órgano colegiado, y todo eso es verdad.

Sin embargo, es inevitable concluir, cualquiera sea el ángulo desde el cual esta situación se analice, que el actual vicepresidente de la República Raúl Sendic es quien aparece más comprometido con la política llevada a cabo y sus resultados. Esto es así porque así son los hechos, y porque a la vista está la información –el país entero la conoce– y no porque la oposición quiera obtener réditos políticos, dada la representatividad del implicado, como frecuentemente se insinuó.

Tampoco será esa nuestra intención cuando comparezca la ministra a comisión, la próxima semana, y le reclamemos –como le vamos a reclamar– que asuma la responsabilidad objetiva que le corresponde como ministro del ramo. Nuestra obligación como partido de oposición es la de no admitir eufemismos o deliberadas distracciones. No toleraremos, por lo tanto, que la Ing. Cosse diga, como ha dicho, que Ancap está en vías de “racionalizar sus esfuerzos”. La gravedad de la situación exige definiciones precisas y, sobre todo, que el Poder Ejecutivo no nos trate como tontos (a los legisladores y a la población).

Tal vez allí radique una de las mayores bondades de la democracia. Los gobiernos –aún los que ostentan mayorías parlamentarias– deben dar respuestas. Y hacerse cargo.

Diputado Pablo Abdala