Regasificadora: ¿nuevo escándalo?

ABDALA-PABLO

La herencia que el actual gobierno recibió del anterior está a la vista. También lo está que la misma se compone fundamentalmente de compromisos y gravámenes y que, por obvias razones, la nueva administración debió heredar sin beneficio de inventario. No solo no pudo rechazar la herencia, sino que debió hacerse cargo de ella sin chistar y, de ser necesario, disimulando contrariedades y enojos con su mejor sonrisa.

Sin embargo, los desórdenes presupuestales, el caos de las empresas públicas, las “desprolijidades” del Fondes, o la legalización de la marihuana (de difícil o imposible implementación) son algunos de los ejemplos más notorios de cuanto afirmamos. Vázquez no puede reconocer que tiene enormes diferencias con su antecesor en todos esos asuntos, como en otros, pero tampoco puede ocultarlas. Las tiene, y muchas. No sería de extrañar, además, que lo fastidien bastante los malos resultados que varios rubros de la vida de el país exhiben e, incluso, que muchos problemas que dejó planteados el gobierno anterior, le generen preocupación e inquietud.

Entre estos últimos hay uno – la construcción de la planta regasificadora – que en estos días, tras un largo proceso de especulaciones, marchas y contramarchas, se ha terminado de desvirtuar y complejizar. Lo que se suponía era una obra necesaria para diversificar las fuentes de energía, introducir definitivamente el gas natural en nuestra matriz y, concomitantemente, reducir los costos de generación, amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el país. Solo comparable a la liquidación de Pluna o a la quiebra técnica de Ancap.

El concesionario (GNLS) ha comunicado que no cumplirá con el contrato al que se obligó y, por lo tanto, la obra quedará inconclusa. Ante esa eventualidad finalmente concretada, el gobierno, haciendo alarde de una supuesta firmeza en defensa de la legalidad y del interés nacional, anunció que exigiría el cumplimiento del contrato y, en su defecto, ejecutaría la garantía de 100 millones de dólares.

El mensaje oficial, expresado por el propio presidente de la República, debería resultar confortable y tranquilizador. Con 100 millones no tendríamos regasificadora pero, al menos, no perderíamos dinero. Es más, eventualmente ganaríamos, porque además de ejecutar la garantía, quedarían para el Estado los bienes, activos e instalaciones ya construidos.

Los hechos empiezan a demostrar que no era así, y mucho nos tememos que, en el escenario de rescisión y muy probable conflicto que se nos viene, el país deba prepararse para recibir peores noticias. No lo decimos de mero agoreros, o con el propósito – que no tenemos – de que al país le vaya mal, sino exclusivamente porque hemos analizado el proceso licitatorio, estudiado el contrato de concesión y sus anexos, y observado algunos comportamientos (en especial, el de la empresa contratada).

Las cláusulas que vertebran la concesión de la obra a “Gaz de France” (GNLS) son draconianas, pero no en beneficio del Estado sino del privado. El estilo del vínculo está concebido sobre la base de que la totalidad de los riesgos los asume el Estado, y el concesionario no corre ninguno.

Veamos alguno de los contenidos para entenderlo bien. GNLS podrá ceder derechos sobre los activos a favor de sus acreedores, sin consentimiento de Gas Sayago (Ute y Ancap). Como consecuencia de ello, en caso de rescisión por incumplimiento de GNLS (el escenario actual), el Estado deberá pagar por los bienes y activos de la planta si están en garantía de los acreedores para hacerse de ellos. Por si fuera poco, el Estado central, por su lado, y Ute y Ancap, por el suyo, renuncian a la inmunidad soberana y extienden fianza solidaria y garantía soberana, en forma ilimitada, sobre todas las obligaciones.

Valgan estos elementos para entender por qué el concesionario se mostró desafiante y, en ocasiones, irreverente, desde que los trabajos se detuvieron en el mes de enero. Toda vez que los empresarios aparecieron en público – fuimos testigos de ello en las comisiones del Parlamento – lo hicieron desde una posición de fortaleza, dando muestras de saberse airosos, lejos de toda dificultad o debilidad. No es para menos.

La empresa incumplidora – vaya paradoja – tiene la inmejorable posibilidad de endosarle sus obligaciones con terceros al Estado uruguayo, por ejemplo, las contraídas con acreedores financieros. Lo sabe, y siempre lo supo. Ni siquiera está claro que la multinacional francesa deba responder jurídicamente por la filial uruguaya, ya que la razón social cambió varias veces, como la propia Gas Sayago oportunamente reconoció.

Todo es demasiado oscuro, y la ministra deberá darle explicaciones al Parlamento. Sobre lo que ya enunciamos en cuanto al contrato, pero también sobre aspectos sospechosos de la adjudicación. ¿Por qué se adjudicó la obra a la propuesta más cara, contra la opinión de una consultora externa que fue contratada por la propia administración? ¿Por qué se aceptó como parte del consorcio a una empresa constructora que estuvo directamente vinculada a casos de corrupción en el Brasil? Son preguntas que esperan y merecen respuestas.

Entretanto, la exposición de los uruguayos en esto es muy grande, y muy latente el riesgo de un grave daño económico para el país. El gobierno de Vázquez, mal que le pese, tendrá que hacerse cargo. Sin beneficio de inventario.

Dr. Pablo Abdala

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