Proyecto blanco intenta evitar clausura de caso Peirano Basso.

Larrañaga quiere interpretar la derogación del artículo 76 de la ley 2.230

El senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, junto a los senadores de su sector, está preparando un proyecto de ley para “rehabilitar” la causa de los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso, clausurada por la derogación del artículo 76 de la ley 2230, relacionada con el fraude.

La eliminación de ese delito fue incluida en una ley de 2008, dirigida a acelerar la entrada en vigencia de un nuevo procedimiento de quiebras. Uno de sus autores, el senador blanco Sergio Abreu, dijo que lo hizo a sugerencia del ex canciller frentista Gonzalo Fernández, algo que este niega.

El semanario Búsqueda informó ayer que la esposa del ex canciller, Cecilia Salom, incluyó a Fernández como abogado en la defensa de uno de los ex ejecutivos del Banco Montevideo. La publicación incluso dijo que la Justicia indaga si Fernández incurrió en el delito de “conjunción del interés personal y del público” al haber promulgado, como canciller, la ley que derogó el artículo 76 y que a la postre derivó en la clausura de la causa de los hermanos Peirano Basso. Esa clausura fue apelada.

Ley Larrañaga.
En tanto, el sector blanco Alianza Nacional está culminando la redacción de un proyecto de ley interpretativo del Código Penal y del Código del Proceso Penal para corregir “las dificultades interpretativas” provocadas por la derogación de la ley de fraude del artículo 76, dijo Larrañaga.

El líder blanco, junto a los senadores Carlos Moreira, Heber Da Rosa y Sergio Abreu, se ha estado reuniendo con especialistas para redactar el articulado.

“El proyecto de ley tiene por consecuencia la rehabilitación de los procesos penales clausurados, todo ello actuando en el plano que le corresponde al Parlamento sin vulnerar a la Justicia”, dijo Larrañaga.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry se refirió a la nueva información sobre Fernández, que a su juicio le “tomó el pelo” al Parlamento cuando se deslindó del caso Peirano Basso. “En este tema hay que manejarse con cuidado porque se trata de hechos muy graves que, de confirmarse, van a tener consecuencias de todo tipo”, agregó. Dijo incluso que “Fernández no fue leal”.

Fuente: El Observador

Moreira: Pluna es un deudor ‘muy comprometido’.

Pintado reconoció que último balance cerró con déficit

El senador nacionalista Carlos Moreira, cuestionó ayer duramente en la comisión de Transporte del Senado la gestión de Pluna S.A. y sobre todo el arrendamiento que hizo bajo la modalidad de fletamento a la empresa argentina Aerovip durante diez meses.

El legislador citó al directorio de Pluna Ente Autónomo y al Ministerio de Transporte para que informaran sobre la situación actual de Pluna. “Nos encontramos que aún se le deben US$ 9 millones a Ancap, US$ 16,7 millones al Banco República. Y fíjense que Pluna S.A. está calificado por el Banco Central en la categoría 4 de deudor muy comprometido”, afirmó.

Sin embargo, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, aclaró que la empresa está al día “cumpliendo” con sus deudas tanto con Ancap como con el República. Precisamente ayer la empresa envió un comunicado informando que pagó la segunda cuota por US$ 9 millones del crédito otorgado por el Scotia Bank que financió la compra de los nuevos aviones.

Moreira dijo que si bien las autoridades actuales no tienen responsabilidad en la firma de algunos contratos, “es evidente que algunos han dejado al Estado muy desprotegido”, como es el caso de Aerovip que fue un “negocio muy desafortunado”.

No obstante, en la comisión, las autoridades de gobierno defendieron este convenio e informaron que a Pluna le ingresaron US$ 1,5 millones por rentar un avión a Aerovip, según comentó a El País un legislador.

“Por suerte parece que las nuevas autoridades se dieron cuenta que no era un buen negocio y cortaron con el fletamento”, señaló Moreira. Agregó que durante los diez meses que duró la modalidad de fletamento a Aerovip -que la arrendaba un avión a Pluna- transportó más de 100.000 pasajeros en la malla de vuelos de Pluna.

Déficit. Consultado por El País sobre el último balance de la aerolínea que cerró el pasado 30 de junio, el ministro Pintado dijo que si bien la empresa pudo “reducir” las pérdidas respecto al ejercicio anterior, el balance operativo 2009/10 terminó con un “déficit” pero que la tendencia es a una “reducción” del mismo.

En tanto, Moreria recordó que desde que Leadgate tomó la gestión de Pluna perdió US$ 25 y US$ 22 millones en los dos primeros años y que “ahora continúa con pérdidas; creo que solamente dio ganancias en enero”, comentó.
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Fuente: El País

18.08.2010 Ministro de Transporte y Directorio de Pluna en Comisión de Transporte del Senado

Convocado por el Senador de Alianza Nacional Carlos Moreira, Presidente de la Comisión de Transporte del Senado, concurrirá este miércoles 18 a las 14 y 30 el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas Enrique Pintado y el Directorio de PLUNA Ente Autónomo, a efectos de brindar información sobre la situación económico -financiera de PLUNA S.A. y otros aspectos relacionados con la operativa comercial de la aerolínea.

Lugar: Sala de Ministros del Palacio Legislativo

Moreira destacó avances en la multipartidaria de seguridad. Dura critica al gobierno por anuncio de liberación de presos

EL senador Carlos Moreira destacó a La Democracia los “avances” alcanzados en la Comisión Multipartidaria sobre Seguridad, aunque remarcó que existen diferencias importantes con el gobierno, particularmente ante el anuncio de una nueva liberación masiva de presos.

“Ha habido reconocimientos y hay coincidencia en muchos puntos pero el documento (del grupo de trabajo, creado a instancias del presidente José Mujica) queda muy abierto y ios partidos conservan sus posturas originales”, explicó Moreira.

El senador comentó que el Partido Nacional dejó en claro su intención de fortalecer la Guardia Republicana con efectivos de las Fuerzas Armadas; extender de cinco a diez años la responsabilidad penal por delitos gravísimos cometidos por menores de 16 a 18 años, tomar en cuenta los antecedentes de los adolescentes infractores y la prohibición de la huelga policial.

En estos puntos, que integran el programa de gobierno del Partido Nacional, no hubo acuerdo con el oficialismo. Paralelamente, ante el anuncio del ministro Eduardo Bonomi, de que se procederá -seguramente a partir de noviembre- a la liberación de reclusos que superan los dos tercios de la pena mínima prevista en el delito por el que fueron procesados y no tienen condena, Moreira marcó un firme rechazo. “Discrepo radical y absolutamente con esta medida, equivocada, que no rinde ningún efecto positivo. Ya sucedió hace cuatro años y hoy estamos mucho peor”, remarcó. “Esto es un parche que no soluciona ei problema y acrecienta el nivel de inseguridad”, agregó el legislador.

A juicio del senador, las soluciones al problema del hacinamiento carcelario pasan por una ley de penas alternativas y por ia construcción de nuevas plazas.

«El gobierno anterior prometió que enviaría al Parlamento un proyecto de penas alternativas y nunca lo hizo. Este gobierno también hizo anuncios de ese tipo y tampoco los ha cumplido», expresó. El gobierno estima que serán unos dos mil presos lo que se podrán acoger al plan de liberación anticipada, e incluye a reclusos que cumplieron con los dos tercios de la pena, primarlos menores de 28 años, anclanos, personas con enfermedades terminales y mujeres embarazadas o madres recientes.

Bonomi reiteró que muchos presos que tengan los requisitos para ser excarcelados no saldrán en libertad porque cometieron delitos inhabilitantes (como homicidios, copamientos y tráfico de drogas). Además, señaló que ios presos liberados serán controlados por la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas (OSLA) y el Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados, y llevarán brazaletes electrónicos.
Estos dos organismos cuentan con unos 70 funcionarios y recibirán refuerzos presupuéstales y de recursos humanos para atender la liberación de presos, según se informó. Por otro lado, Bonomi dijo que hay «luz verde» en el gabinete para comenzar a trabajar en una «experiencia piloto» que implemente un «pueblo penitenciario en las chacras».

Es decir, que los presos puedan trabajar y vivir con sus familias mientras dure su pena y que, cuando queden en libertad, dejar su lugar a otro interno.

Fuente: La Democracia

Partidos firman hoy acuerdo por seguridad.

La oposición tiene salvedades

EL GOBIERNO y la oposición firmarán esta tarde el documento referido a la seguridad pública. Sin embargo, blancos y colorados dejaran constancias de puntos planteados, pero que no fueron recogidos.
El directorio del Partido Nacional y el Comité Ejecutivo del Partido Colorado dieron aprobación al documento ayer según informaron a Ultimas Noticias el senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) y el dirigente colorado Alberto Iglesias.
El senador Eber da Rosa (Alianza Nacional) manifestó a Ultimas Noticias que en los documentos programáticos del nacionalismo se plantea la transferencia de efectivos militares hacia la Guardia Republicana.
Moreira indicó que -de manera que calificó de indirecta- habrá una transferencia de efectivos de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior en la medida que la guardia perimetral de las cárceles pase a ser realizada por efectivos militares.
También señaló el legislador que los nacionalistas dejarán constancia de que consideran ilegal la huelga de los efectivos policiales por considerar que debe primar el principio de jerarquía y porque es un servicio que no se puede interrumpir. La tercera diferencia pasó la penalización de delitos cometidos por menores pero mayores de 16, aunque Moreira aclaró que no se trata de un pedido de rebaja de la imputabilidad y que hay acuerdos en otros puntos que hacen a la problemática. Para Moreira, existe coincidencia entre gobierno y oposición en la creación de centros de rehabilitación, uno para mayores y otros para menores. No obstante, acotó que el Partido Nacional quiere modificar el límite máximo para casos de delitos graves, llevándolo a los diez años, para que el juez de menores pueda aplicar mayor severidad.
La firma del documento entre los representantes partidarios y el ministro Eduardo Bonomi, precisó Moreira, no quita que haya rechazo a otras iniciativas que no figuran en el acuerdo, como la liberación de reclusos. Además, los blancos aspiran a que los antecedentes de menores que hayan cometido delitos graves se mantengan para no considerarlos primarios cuando delincan como mayores, como indica el proyecto del diputado Luis Lacalle Pou.

Extracto de Últimas Noticias

Senador Moreira: ‘interna bastante complicada’ en el oficialismo

El senador del PN, Carlos Moreira, dijo a Montevideo Portal que 18 años es una edad adecuada para ejercer derechos como el voto y el casamiento sin autorización de los padres. Subrayó que “para tocar esas piedras angulares de nuestro sistema jurídico, hay que pensarlo dos veces”. El presidente José Mujica lanzó la idea de rebajar ese límite a 16 años. Preocupación por política antitabaco.

Moreira explicó que “a priori”, no se animaría a tomar una posición sobre la idea lanzada por el presidente José Mujica para rebajar a 16 años el límite legal para poder votar, casarse sin consentimiento de los padres e ingresar al mercado de trabajo formal.

El senador del Partido Nacional y vicepresidente de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara alta, opinó que para rebajar la edad, “habría que revisar el Derecho Comparado. Creo que los 18 años no es una edad equivocada, a pesar que la sociedad sin duda evolucionó. Pero para tocar esas piedras angulares de nuestro sistema jurídico, hay que pensarlo dos veces. No es cuestión de decir ´vamos a cambiar en esa materia´, porque esos cambios luego repercuten en muchas áreas”.

En el Gabinete Social

Según información que publica el diario Últimas Noticias, “el presidente José Mujica disparó un debate a la interna del gobierno sobre las responsabilidades judiciales a partir de los 16 años, al tiempo que se mostró a favor de que a esa edad los jóvenes puedan votar, casarse sin consentimiento de sus padres o trabajar”.

A la salida del Gabinete Social, el presidente Mujica dijo que “a los 16 años un jovencito ya es un hombre, ya es una mujer y tiene edad para discernir”. Según el matutino, el presidente estableció que está de acuerdo en que a los 16 años un joven pueda ejercer el voto, casarse sin el requisito del consentimiento de sus padres o trabajar dentro de los marcos legales. Agregó que sobre la responsabilidad judicial prefería no pronunciarse, pero dijo creer que “hay que avanzar para facilitar estas cosas”.

“Desconozco si eso se va a traducir en un proyecto de ley. El tema de la imputabilidad penal de los menores siempre es un tema que va y viene. El ex presidente Tabaré Vázquez dijo en su momento que se podría abrir una discusión sobre ese punto. Es un asunto de onda significación y hoy puede ser un tema muy polémico”, explicó Moreira.

Seguridad pública

Consultado sobre la posibilidad de reducir a 16 años la edad de imputabilidad, Moreira consideró que es el aspecto “más delicado” y que “más está en la opinión pública”.

Según el legislador nacionalista, “hoy hay un reclamo de por lo menos, poner coto a esta situación. Una de las medidas podría ser bajar le edad de imputabilidad. El Partido Nacional tiene una posición mixta, en la medida que no habla de la rebaja de imputabilidad en cuanto someter a los menores a la justicia común. Nosotros creemos en establecer una franja entre 16 y 18 años, en donde se pueda imponer una pena de privación de libertad de 10 años para delitos gravísimos. Hoy tiene un máximo de cinco años. Pero siempre sometido a la justicia de menores. Hoy hay un reclamo de la sociedad de imponer penas más severas y que además se asegure que las penas se cumplan, y los menores no se escapen a la media hora”.

Polémica por campaña antitabaco

Ayer se confirmó que el Partido Nacional piensa convocar al ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, a la comisión del área parque explique “los pasos que piensa seguir sobre la política antitabaco que inició Tabaré Vázquez en la anterior gestión”. La información fue difundida por el portal Observa, en base a declaraciones del propio senador Moreira, integrante de la comisión de Salud Pública.

Consultado sobre el tema, el senador del PN dijo a Montevideo Portal que quieren saber “hacia dónde se dirige el gobierno en esta materia. No es un tema menor y fue un buque insignia durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Su propia reacción esta semana, nos hace pensar que hay una interna bastante complicada”.

Fuente: Montevideo comm

Carlos Moreira: “Hay una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias”

La Cámara de Senadores votará la Ley de Emergencia Carcelaria que tiene un carácter de urgencia y ya fue aprobada por Diputados. Entrevistado por En Perspectiva, el senador por Alianza Nacional Carlos Moreira señaló que seguramente la iniciativa se sancione por unanimidad: “Fue acordada en una comisión multipartidaria reducida antes de que se remitiera al Parlamento”, por tanto “imagino que hoy no habrá nadie que vaya a objetar”. El legislador aseveró que la “población carcelaria viene creciendo a un ritmo prácticamente inamovible de un 10% anual”, lo que implica “una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias”. “Todavía faltan 2.500 plazas”, agregó.

EMILIANO COTELO:
Esta mañana se votará en el Senado la Ley de Emergencia Carcelaria que cuenta con la media sanción de Diputados.

Tal como sucedió en la Cámara Baja se espera que la votación sea por unanimidad dado que el proyecto fue previamente negociado por todos los partidos.

EC – Estamos en comunicación con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional (PN), con quien hemos conversado otras veces sobre estos asuntos. ¿No hay sorpresas previstas?

CARLOS MOREIRA:
Esperamos que no porque esto fue acordado en una comisión multipartidaria reducida antes de que se remitiera al Parlamento. Fue votado en Diputados y hace un par de semanas también fue votado en la Comisión de Constitución con el voto de todas las colectividades políticas. Me imagino que hoy no habrá nadie que vaya a objetar este proyecto de ley.

EC – Recordemos que el artículo 1º dice: “Autorizase al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2010 con carácter extraordinario por única vez a recurrir a las fuentes de financiamiento necesarias hasta un monto de 292:192.931 pesos que conforme a lo establecido por los procedimientos previstos por el Tocaf sean utilizados exclusivamente con los siguientes fines: 1. Construcción, instalación, reciclaje, readecuación y en general toda modificación edilicia en edificios e instalaciones penitenciarias; 2. Realizar contratos de compraventa o contratar en régimen de arriendo o comodato locales destinados a prisiones o penitenciarias; 3. Adquirir el equipamiento necesario para los edificios e instalaciones penitenciarias a efectos del cumplimiento de los cometidos previstos en la ley; 4. Los gastos derivados del realojamiento de los reclusos así como los destinados a su alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud”. Por un lado hay permiso para manejar recursos con agilidad, ¿no?

CM – Correcto. Porque como lo dice la exposición de motivos y como se viene diciendo por parte de la oposición y del Comisionado Parlamentario hay una necesidad imperiosa de nuevas plazas carcelarias. Ayer estuve releyendo los informes del Comisionado del año 2005-2006, en ese momento había 2.700 plazas que figuraban en el sistema carcelario nacional para 7.200 reclusos; una situación de hacinamiento crítico prácticamente la mitad de las cárceles de Uruguay. Hacinamiento crítico que después se fue agudizando durante los años sucesivos porque no ha parado de crecer la población carcelaria de aquellos 7.200 a pesar de que la llamada Ley de Humanización del Sistema Carcelario liberó como 830 y pico de reclusos en un mes. Hoy tenemos más de 9.000 y la población carcelaria viene creciendo a un ritmo prácticamente inamovible de un 10% anual.

En la actualidad a pesar de que se han creado algunas nuevas plazas y que se está readecuando algún local militar (la cárcel de Punta Rieles, se están construyendo nuevos módulos en Las Rosas en Maldonado que fue escenario de cosas muy violentas y sangrientas hace cinco o seis meses), todavía faltan 2.500 plazas.

La ley pretende, con carácter de urgencia, tratar de remediar ese problema y por eso van a hacer esa inversión de 14 millones de dólares, y el nombramiento de funcionarios porque no alcanza…

EC – …Sí, en cuanto a la parte edilicia también hay que tener en cuenta el artículo 2 que es el que autoriza con carácter extraordinario y hasta el 31 de diciembre del año 2012 salvo que se encuentren disponibles antes los centros penitenciarios con capacidad para albergar la totalidad de los reclusos a alojar a estos en instalaciones militares bajo la custodia interna del Ministerio del Interior y externa del Ministerio de Defensa Nacional.

CM – Claro. Téngase presente que habla de instalaciones militares no como nosotros en algún momento le propusimos destinarlas exclusivamente a establecimientos carcelarios y que no fueran más instalaciones militares. Estas son instalaciones militares en funcionamiento, que van a seguir funcionando como tales, pero que van a tener esta característica: en una parte de ellas se van a alojar reclusos. Esto sí que señala un cambio evidente en la dirección y en la óptica que tienen los actuales titulares del Ministerio del Interior.

El PN propuso asignar efectivos militares para tareas de seguridad, no pensábamos en guardias carcelarios, acá ya se están usando instalaciones militares. Hay un cambio muy evidente en aceptar cosas que antes parecían absolutamente inaceptables para el partido de gobierno.

EC – Y hablando después de “personal” también el proyecto incluye disposiciones a efectos de reforzar la plantilla en las cárceles.

CM – Faltan 1.500 cargos en el Ministerio del Interior porque a medida que usted desconcentra y hace cárceles más pequeñas necesita mucho más personal. Esto lo he conversado con personal de custodia y técnicos dedicados a tareas de rehabilitación. Ellos me constataron que todo esto fundamentalmente está fallando y falla en detrimento del futuro de los reclusos pero sobre todo en detrimento de la seguridad pública es la rehabilitación de los reclusos es decir que las cárceles sirvan para rehabilitar, que sean la profilaxis del delito como establece la Constitución y para que nosotros no tengamos un país donde hoy la reincidencia alcanza niveles cercanos al 70%.

EC – Para estos cargos que se van a proveer en establecimientos carcelarios, ¿se está previendo además retribuciones atractivas? Porque no son puestos que generen una demanda importante, ¿no?

CM – No. Sobre todo ese puesto de guardia carcelario es, quizás, el puesto más duro que hay en el Ministerio del Interior: a veces con horarios de 48 horas sin parar. Por eso mayormente quienes están llenando las vacantes de la Dirección de Cárceles son gente proveniente de los departamentos del norte del país donde hay menores posibilidades laborales. Es gente que viaja y se pasa una semana en Montevideo y vuelve una semana, por ejemplo, al departamento de Rivera o Artigas.

EC – ¿Eso se ha conversado con el gobierno en estos contactos de la comisión multipartidaria?

CM – Por supuesto. La idea es que si es una tarea dura que se compense debidamente para que resulte atractiva. Hay una gran migración de personal del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior, generalmente no migra, o a veces no migra, a este tipo de dependencias de la Dirección de Cárceles, pero hay una migración porque hoy los salarios, por lo menos en el Ministerio del Interior, son más atractivos que en el Ministerio de Defensa.

Hemos hablado en la multipartidaria y así se ha puesto en el documento, además hablado no sólo de los guardias carcelarios sino de todos los policías, que se piense en duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior en estos cinco años de gobierno. Y que esto tendrá que dirigirse básicamente a las funciones más sacrificadas una de las cuales es esta, la de guardia carcelario.

EC – A propósito de personal para las cárceles, no sé si usted está al tanto de esta otra idea que está manejando el Poder Ejecutivo, que ayer se conversó con diputados y senadores del oficialismo: que los militares que vigilan el exterior de las cárceles también pasen a desempeñar otra función: inspeccionar a todas las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios.

Dice la nota de El Observador que: “entre las autoridades existe preocupación porque han encontrado en poder de reclusos armas de grueso calibre como pistolas 9 milímetros que advierten no pueden ser ingresadas únicamente por familiares de los presos, entonces ante la sospecha que hubo o hay policías involucrados en el ingreso de armas y drogas el gobierno se propone reforzar el sistema de vigilancia poniendo a cargo de esa tarea a militares”. ¿Cómo lo ve usted?

CM – Sí, lo veo bien. Lo que veo es una enorme contradicción entre lo que se decía antes y lo que se hace ahora porque cuando nosotros hablamos de eso de la transferencia se está haciendo lo mismo en forma indirecta porque en definitiva se le está asignando a la guardia perimetral de los 28 establecimientos carcelarios, hay 28 cárceles en el Uruguay, ahí van a haber sin duda cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas, quizás 1.000 efectivos que estén en ese tipo de funciones: primero guardia perimetral en las casetas en el exterior pero ahora también en las tareas tan delicadas como es la revisación del propio personal policial o la revisación quizás de la visita, porque se ha señalado y eso lo ha dicho reiteradamente el actual ministro Bonomi que en eso ha sido absolutamente claro y sincero que ingresan a los establecimientos carcelarios armas, droga, celulares, todo tipo de cosas que están absolutamente prohibidas…

EC – …Sí, no es nuevo eso, viene de añares atrás…

CM – …No, es más viejo, el sistema de transas dentro de las cárceles es algo muy viejo, sin ninguna duda. Y el hecho de que haya algunos funcionarios desleales también, seguramente son la minoría pero los hay. Si usted lee los informes del Comisionado e incluso escucha al ministro Bonomi le va a decir que la mayor parte de la población reclusa es adicta y sigue consumiendo dentro de las cárceles…

EC – …Así que ustedes están de acuerdo con este nuevo traspaso de responsabilidades a los militares.

CM – Debe de hacerse con mucho cuidado…

EC – …Es otro proyecto de ley, no es el mismo este que venimos comentando.

CM – …Porque hay que cambiarle el estatuto jurídico porque a los militares hay que darles determinadas facultades para que puedan hacer esas cosas. De ahí a que después pasen directamente a ser funcionarios de la Dirección de Cárceles me parece que queda poco camino; nos vamos acercando hacia eso. Es una realidad que se ha ido imponiendo y además con carácter como lo dice la propia ley de emergencia, la emergencia hace que tengamos que adelantarnos a la ley de presupuesto porque el contenido de esto es mucho más presupuestal que otra cosa, nos hemos tenido que adelantar por fuerza de las circunstancias. Lamentablemente, se ha demorado mucho tiempo en el período pasado. Por supuesto que el tema carcelario no es un tema nuevo, esto viene de hace muchos años, pero ahora la sociedad y el gobierno tiene que poner el máximo empeño en remediar esto porque esto tiene una afectación absoluta y directa sobre los niveles de inseguridad que vive hoy Uruguay.

EC – Volviendo al proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria efectivamente hoy en el Senado se lo va a votar pese al clima de ansiedad por el partido de la tarde, ¿a qué hora sesionan?

CM – Usted se imagina que el debate tampoco va a ser tan largo como para que nos aproximemos a las 15.30 de la tarde, esa es una cita de honor…

Fuente: El Espectador

Diputados dio el sí a la ley de emergencia carcelaria

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley de emergencia carcelaria por unanimidad.

La iniciativa, luego, deberá ser votada en la Cámara de Senadores, donde se prevé una rápida sanción.

El proyecto de ley de emergencia carcelaria destinará 15 millones de dólares de rentas generales para la construcción y refacción de centros de reclusión. Además, de la contratación de 1.500 funcionarios para custodiar los centros de reclusión.

Desde el Partido Nacional, el senador Carlos Moreira dijo a El Espectador, que en el momento que el proyecto ingrese a la cámara alta, será votado rápidamente “Nosotros ya coincidimos en la mayor parte del contenido de la ley. Se ha votado, prácticamente, sin cambios. (…) Seguramente tendrá un trámite de rápida aprobación porque estamos ante una situación de absoluta emergencia en materia carcelaria. Además, hubo una inacción total en la administración del doctor Tabaré Vázquez en este tema ”.
(…)
Si bien aun no esta claro cuando ingresará el proyecto a la Cámara de Senadores, se estima que será la próxima semana.

Intervención del Diputado Javier García a propósito del “PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA CARCELARIA”.

SEÑOR GARCÍA.- Señora Presidenta: estamos discutiendo un capítulo de un vasto tema; importante, pero solo un capítulo.
En el día de hoy discutimos un proyecto de ley que, como bien informaron algunos integrantes de la Comisión, hace a la emergencia carcelaria. Sin embargo, el tema de fondo, lo que está considerando la Cámara hoy es el problema de la seguridad pública.
Digo que se trata de un capítulo porque, además, este tema refiere al fracaso de una política. Cuando dos Gobiernos, seguidos, del mismo partido político, deben declarar la misma situación de emergencia ‑como lo hizo el anterior Gobierno el propio 1º de marzo de 2005 y ahora, en estas circunstancias, en el 2010, este Gobierno que preside José Mujica‑ es porque en alguna de las dos circunstancias la política falló, y obviamente falló en la primera circunstancia. Si no hubiera sido así, hoy no se estaría estableciendo la situación de emergencia que por segunda vez se declara en cinco años.
Además, se ha fracasado porque la política que se llevó adelante para atender la emergencia carcelaria a todas luces fue errónea. Hace cinco años se decía que para abordar los temas de la seguridad pública, que incluía el fenómeno de la emergencia carcelaria, primero debían atacarse las causas que generaban el delito para luego atender los fenómenos que hacen al delito, que primero habría que atacar las situaciones de pobreza porque ello llevaba de la mano una disminución del delito y una mejora de la seguridad pública. La realidad es que cinco años después tenemos en nuestro país menos pobreza, pero más delito y más violencia. Hace pocas horas, en los medios de prensa se revelaron cifras de lo que estoy diciendo.
El viernes pasado intenté investigar en la página web del Ministerio del Interior, en el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, cuáles eran los índices de delitos, y no pude llegar a ellos. Los periodistas tuvieron la sagacidad de obtener estas cifras. Se establece claramente que en los primeros cuatro meses de este año hay un 25% más de rapiñas y casi un 17% más de copamientos que en el mismo período del año 2009.
Y decía, como es notorio ‑porque el propio oficialismo dio cuenta de ello y, además, creo que debe ser motivo de satisfacción para todos los uruguayos, independientemente del partido político en el que militemos y por el que votemos‑, que la situación de pobreza en el Uruguay disminuyó, pero ‑según la teoría que se planteó hace cinco años‑ eso también debía llevar de la mano la disminución del delito y la violencia, y esta segunda parte de la afirmación no es o no fue cierta. Es más: hace cinco años, cuando se discutió la ley de descongestionamiento carcelario, aquí en Sala se dijeron cosas que hoy probadamente se demuestra ‑como lo sostuvimos en aquel momento desde el Partido Nacional‑ que no iban a conducir a buen resultado.
En el año 2005 el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo de la época sostenía en el numeral 4) del Capítulo III de su exposición de motivos: “En este sentido, las propuestas de combatir el conflicto construyendo más cárceles y tipificando nuevas conductas delictivas, no resisten el menor análisis, pues se orientan a las consecuencias y no al origen [...]“. Resulta que cinco años después un Ministerio del Interior del mismo partido político que decía estas cosas remite un proyecto de ley al Poder Legislativo solicitando recursos para construir más cárceles. Lo que no resistía el más mínimo análisis hace cinco años ‑y así está afirmado en tono ciertamente despectivo‑ es hoy el motivo de análisis que nos propone el actual Poder Ejecutivo.
Se decía después en Sala por parte de algunos de los legisladores de la bancada oficialista ‑no voy a decir los nombres para no aludir‑ que el proyecto que en aquel momento se nos proponía se podía calificar de histórico. La historia fue corta, señora Presidenta, porque cinco años después estamos tratando de resolver el mismo problema que hace cinco años el Poder Ejecutivo no pudo o no supo resolver.
En aquel momento, cuando toda la bancada nacionalista sostenía que Uruguay tenía un serio problema que hacía a una crisis de seguridad pública, se nos decía que esto no era así, que simplemente era ‑todos ustedes lo saben‑ un problema de sensación térmica. Nunca sentí mejor descrita la sensación térmica que en las palabras dichas por un legislador del oficialismo de la época que nos enseñaba qué era eso. Este legislador del oficialismo que no está en Sala porque hoy ocupa un lugar importante en el Gobierno decía ‑esto figura en la página número 132 del Diario de Sesiones de ese día‑: “[...] En cuanto a la seguridad ‑algún señor Diputado preopinante lo señaló; inclusive, yo lo he dicho en la prensa y en el debate, puesto que este proyecto de ley lo hemos discutido hasta el hartazgo en la opinión pública‑, ella tiene una similitud con la temperatura. Existe una seguridad objetiva y una temperatura objetiva; existe una sensación térmica obviamente de la temperatura ‑tal como todos lo escuchamos en los informativos‑, y existe una especie de sensación térmica de la inseguridad [...]“. Se puede terminar con la cita, pero creo que alcanza con lo que en aquel momento se nos decía de la bancada oficialista con respecto a la seguridad pública y a la necesidad de aprobar un proyecto de ley que nosotros, desde el Partido Nacional, sosteníamos que era una iniciativa que conducía al fracaso.
Si en aquel momento no se abordó ‑como debió abordarse‑ este asunto, creo que fue por un tema que tiene raíces ideológicas, y es que desde el oficialismo no se entendía que hay causas de la inseguridad que son estructurales y que hay instrumentos que tiene la seguridad que deben aplicarse independientemente de quién esté en el Gobierno y de cuál sea se consideración.
Hoy, Uruguay ha cambiado; los uruguayos nos hemos visto en la obligación de cambiar absolutamente nuestra dinámica de vida como consecuencia de no haber abordado ‑como debió abordarse‑ los problemas de seguridad pública. Quienes somos padres de familia y nos gusta el fútbol hoy pensamos dos veces antes de llevar a nuestros hijos a un estadio, porque es un peligro ir a un estadio. Pero ahora también es un peligro ir a una pizzería; es un peligro hacer las cosas habituales que cualquier uruguayo y uruguaya hacen y han hecho en un país que se caracterizó por garantizar ciertos derechos humanos esenciales, es decir, condiciones mínimas de seguridad indispensables para desarrollar su vida en libertad.
Hoy los padres muchas veces temen cuando sus hijos van a los liceos. Quienes recorremos Montevideo, que es el lugar donde ejercemos nuestra vida pública, y hablamos con los vecinos de los barrios, escuchamos lo que frecuentemente muchos de ustedes escuchan, y es que en los barrios es absolutamente imposible esperar tranquilos en la casa que la hija llegue del liceo, y hay que ir a buscarla a la parada del ómnibus que está a dos cuadras porque el peligro es que, en el mejor de los casos, la muchacha llegue sin su campera y sin sus championes, cuando no violentada. Estas cosas son las que hacen a la vida real de los uruguayos y a las que no se les prestó la atención indicada para enfrentarlas con decisión y sin anteojeras ideológicas.
Nos pareció oportuno pedir al Comisionado Parlamentario, doctor Álvaro Garcé, que nos brindara una opinión sobre este proyecto, entre otras cosas porque cuando el Poder Legislativo analiza un proyecto de ley vinculado con lo carcelario es imposible no consultar a quien ha sido designado por el Poder Legislativo como su Comisionado para el tema penitenciario.
Leíamos la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración en la que consta que el señor Diputado Borsari Brenna había hecho mención a la necesidad de contar con esa opinión, pero por razones de tiempo no fue posible.
El día viernes, por correo electrónico, pedí al Comisionado Parlamentario su opinión acerca de este proyecto de ley, y él tuvo a bien responderme por escrito. Adelanto que voy a solicitar a la Secretaría que fotocopie el documento con su opinión para que sea repartido a los señores Diputados, porque creo que es un insumo importante para todos. Además, debo decir que estoy autorizado, porque le dije al Comisionado Parlamentario que si él lo tenía a bien lo iba a repartir.
En este informe se dicen cosas que creo que son importantes; me refiero a la situación carcelaria de hoy. Voy a leer lo que me parece sustancial; el resto del informe va a quedar a disposición de los legisladores. El doctor Garcé dice que hoy están alojados: “[...] unos 9.100 internos, cifra nunca antes alcanzada. Al declararse la ‘emergencia humanitaria’ dentro de las cárceles (01/03/2005), se hallaban en estas unas 7.200 personas. Al año siguiente (fines de 2006), como resultado de la aplicación de la ley 17.897 ‑liberación de 830 internos‑ se registraban 6.300 personas privadas de su libertad.- A partir de entonces, el incremento de la población encarcelada no ha conocido interrupciones.- A fines de 2007, hallaban encarceladas 7.100 personas; sobre finales de 2008, la cantidad ascendía a 7.700. Al mes de setiembre de 2009, se reportaba un total de 8.475 privados de libertad”. Más adelante expresa: “En caso de mantenerse la actual tendencia el año próximo se estará sobrepasando el límite de las 10.000 personas dentro del sistema penitenciario”. Y concluye: “Nuestro sistema carcelario cuenta con unas 6.100 plazas; ello significa un faltante, al día de hoy, de 3.000 plazas”.
Las obras que se están previendo ‑que recién señalaba el señor Diputado Borsari Brenna‑ implicarían unas 1.500 plazas. Ahora bien, si se da el incremento de la población carcelaria ‑tal como se prevé‑, esta carencia ascendería a las 3.000 plazas; quiere decir que estarían faltando otras 1.500 plazas.
Estas circunstancias que hoy estamos analizando hacen indispensable que se tome la decisión, como se está haciendo hoy, de pedir recursos a fin de mejorar y construir una mayor cantidad de alojamientos en el sistema carcelario, y también para retomar la autoridad del Estado dentro de las cárceles. El señor Ministro Bonomi dijo en Comisión una frase muy sugestiva: que el COMCAR estaba perforado. Y lo que quiere decir es que dentro del COMCAR no existe la autoridad del Estado. Si en una cárcel los presos transcurren, sin ningún tipo de limitante, de un lado para el otro, dentro de esa cárcel el Estado no está presente. Si hoy en día existe contención, en buena medida es por la guardia perimetral que se está proveyendo en las penitenciarías de Montevideo y en Libertad, y que el Ministro del Interior adelantó que iba a solicitarla para el resto del sistema penitenciario.
Señora Presidenta: reiteramos que la decisión a la que hoy está abocado el sistema político uruguayo, y dentro de este el Poder Ejecutivo es, de una vez por todas, comenzar a ejercer la autoridad. Y ejercer la autoridad sin miedo, porque lo que está arriba de la mesa es, efectivamente, un problema de derechos humanos. Sí: de derechos humanos de los reclusos, ¡claro que sí!, y también de derechos humanos de la inmensa mayoría de los uruguayos que están en libertad en teoría, pero están presos dentro de sus casas.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Perdone que lo interrumpa, señor Diputado, pero el plazo de que disponía ya ha finalizado.
Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Saravia.
SEÑOR SARAVIA.- Señora Presidenta: …
SEÑOR GARCÍA.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR SARAVIA.- Sí, señor Diputado.
SEÑORA PRESIDENTA (Passada).- Puede interrumpir el señor Diputado.
SEÑOR GARCÍA.- Gracias señor Diputado Saravia; gracias señora Presidenta.
Decía que ese es el primer problema que tenemos arriba de la mesa: devolver la plena vigencia de los derechos humanos a los uruguayos para que puedan desarrollar su vida en libertad. Para que esto suceda, entre otras cosas, hay que tener un sistema carcelario que cumpla con lo que establece la Constitución de la República, es decir que sirva para rehabilitar y que no sea un posgrado de delincuencia; que el Estado vuelva a estar presente en el ejercicio de la autoridad dentro del sistema carcelario y que se tenga desde el poder político, primero que nada desde el Poder Ejecutivo, la decisión y la valentía necesarias para ejercer la autoridad que la Constitución y la ley le confieren, con los límites que la Constitución y la ley le ponen.
En el día de ayer el país entero fue testigo de un hecho importante. Yo no soy de hablar de hechos históricos, porque eso se evalúa después, pero de un hecho importante desde el punto de vista político, sí. Me refiero al acuerdo de todos los partidos políticos para llevar adelante una serie de iniciativas en distintos ámbitos de la vida nacional; uno de ellos, el de la seguridad pública.
El oficialismo ha desperdiciado cinco años de la vida de los uruguayos para tomar las medidas necesarias tendientes a recobrar esta seguridad y a otorgarles estos derechos humanos ‑ahora vulnerados. Ahora el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la actitud que se constató en el día de ayer y la voluntad de diálogo y de cooperación del resto del sistema político. Pero como en cualquier relación humana, si eso no lleva de la mano la concreción de las propuestas y de las políticas, son relaciones que se desgastan. Si el Poder Ejecutivo y el oficialismo no aprovechan este momento, no podrán decir dentro de un tiempo que la oposición habla de inseguridad pública sin haber colaborado. Estamos en actitud de cooperar, porque si hay un tema del que no se puede hacer política menor es el de la seguridad pública. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de aprovechar este tiempo y de poner arriba de la mesa, con la urgencia necesaria, todas las medidas que se precise para devolver estos derechos humanos.
Reconquistar los espacios públicos; reconquistar el clima de convivencia; reconquistar el respeto entre las personas. Estas cosas llevan trabajo, no son de un día para otro y requieren, antes que nada, de la decisión de un Gobierno que haga respetar los derechos de las personas.
Decía que se perdieron cinco años. En este tema concreto de la emergencia carcelaria, este mes se cumple la pérdida de dos años concretos. El 29 de mayo del año 2008, los Senadores Larrañaga, Moreira y quien habla visitamos al entonces Ministro de Defensa Nacional, doctor José Bayardi, en su despacho de la Cartera para plantearle la utilización de unidades militares. Concretamente, la primera que le planteamos, fue la de Punta de Rieles para alojar presos primarios y de baja peligrosidad. Reitero que eso fue el 29 de mayo de 2008. Tres días después, el 2 de junio de ese mismo año, la misma delegación visitó a la entonces Ministra del Interior, la actual Diputada Daisy Tourné para plantearle la misma iniciativa. Y el 16 de junio de ese año 2008 ‑es decir que en veinte días se hizo toda la ronda‑ visitamos al Comandante en Jefe del Ejército, quien en la actualidad desempeña el mismo cargo. En aquel momento, señora Presidenta, se nos dijo de todo. Podría, inclusive, mostrar algunos recortes de prensa con los análisis hechos sobre la propuesta que nosotros llevamos adelante, pero no viene al caso. Y no viene al caso porque lo importante es que se haya aceptado la propuesta, que se haya comprendido su bondad, y que hoy se estén pidiendo las autorizaciones legales para desarrollar esa misma iniciativa.
Vamos a votar, no solo porque el proyecto de ley que está a consideración es fruto de un acuerdo interpartidario, sino porque es un primer gesto hacia un fin mucho más importante que la iniciativa de hoy, hacia el objetivo de reconquistar un derecho humano esencial como es la seguridad de cada ciudadano.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——Lo vamos a votar y luego en la discusión particular sugeriremos algún pequeño cambio de redacción que nos parece oportuno y que puede mejorar el proyecto. Pero también lo vamos a votar con la esperanza de que a partir de este proyecto de ley el oficialismo comprenda que quienes son víctimas de la inseguridad no pertenecen a un partido político en especial; quienes sufrimos la inseguridad somos los uruguayos todos y quien tiene el derecho y la obligación ‑más la obligación que el derecho‑ de defender ese derecho humano, es el Poder Ejecutivo, que debe conducir los destinos del país.
Muchas gracias, señora Presidenta.

Fuente: Actas Parlamentarias y Espectador.com

Carlos Moreira: “Hay que recurrir a medidas extraordinarias” por la situación carcelaria

Una comisión integrada por el oficialismo y la oposición evaluó ayer un proyecto de ley sobre la emergencia carcelaria. La intención es alojar reclusos en centros militares bajo custodia policial. El senador de Alianza Nacional Carlos Moreira dijo a En Perspectiva que “estamos de acuerdo que hay que terminar con esta situación de emergencia que es un verdadero caos”. El doctor recordó que el Partido Nacional había “propuesto el albergue en instalaciones ya prácticamente en desuso, sin militares dentro, como Punta de Rieles que se está reciclando para ese fin”. “Hoy seguramente el partido se va a pronunciar” sobre las modificaciones planteadas en la evaluación de ayer, agregó el senador.

EMILIANO COTELO:
“Reclusos de baja peligrosidad serán alojados en cuarteles”, ese es el título con el que presenta hoy El Observador, en su página 6, la crónica respecto de las últimas alternativas en el diálogo gobierno-oposición, a propósito de la emergencia carcelaria.

“El gobierno albergará reclusos en instalaciones militares hasta tanto se encuentren disponibles los centros penitenciarios con capacidad para alojar a la totalidad de los presos. Según consta en el proyecto de ley denominado de Emergencia Carcelaria, y que ayer se aprobó en una comisión integrada por el gobierno y la oposición, se alojarán reclusos en instalaciones militares bajo la custodia del cuerpo policial, según dice el artículo 2º de ese texto”.

Ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a En Perspectiva que “el presidente José Mujica ha planteado la posibilidad de tener una cárcel piloto en la órbita del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa prepararía a los soldados para esta tarea, eso es lo que estamos conversando como urgencia”, explicó.

Luego, en declaraciones que formuló a otros medios, por ejemplo en Radio Nacional, Bonomi dijo que “se trasladará a los cuarteles a los presos más livianos, con delitos más leves, aunque no necesariamente sean primarios. No puede seguir pasando que se mezcle en una misma celda a personas con delitos muy distintos porque eso deriva en que compartan esas vivencias y en vez de rehabilitarse el preso termina aprendiendo a mejorar su delito”, afirmó.

El ministro planteó también para el futuro, no ya como parte de la situación de emergencia, la posibilidad de que toda la guardia externa de las cárceles pase a depender de militares. “Si se hacen todas las guardias perimetrales con efectivos militares se libera una cantidad importante de policías que pueden cumplir otras funciones”, explicó.

¿Cómo se están viendo estas ideas en esa comisión que reúne a representantes del Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI)?

***

EC – Para eso le damos la bienvenida al doctor Carlos Moreira, senador de Alianza Nacional, PN. ¿Cómo marcha el abordaje de esta emergencia carcelaria?

CARLOS MOREIRA:
En términos generales viene marchando bien. A mí me sorprenden un poco esas declaraciones porque este borrador de proyecto que nosotros tenemos habla del alojamiento con carácter extraordinario, hasta tanto se encuentren disponibles los centros penitenciarios, en instalaciones militares. No queda claro allí si es instalaciones militares en desuso o con militares adentro, parece…

EC – …El artículo 2 dice textualmente: “Autorízase con carácter extraordinario, y hasta tanto se encuentren disponibles los centros penitenciarios con capacidad para albergar a la totalidad de los reclusos, se autoriza a alojar a estos en instalaciones militares bajo la custodia del cuerpo policial”.

CM – Así es. No hemos hablado largamente de ese tema, incluso en la primera reunión que hablamos de eso con la presencia del ministro, se nos pidió reserva sobre ese punto. Es un punto delicado, sin ninguna duda, porque es una cosa inusual. Una cosa es la guardia perimetral que en este país hace años que se presta en los grandes establecimientos carcelarios y otra cosa es albergarlos dentro. Nosotros habíamos propuesto el albergue en instalaciones ya prácticamente en desuso, sin militares dentro, como Punta de Rieles que se está reciclando para ese fin.

EC – La posibilidad de utilizar edificios que requieran reformas implica tener que esperar. ¿Esta otra alternativa permitiría que en algunos cuarteles se emplearan dependencias que ya están prontas para recibir presos?

CM – Sí, parece que fuera así por las declaraciones del ministro. No hablamos mucho de eso en la comisión, se trató en una sesión, pero lo analizaremos. Yo creo que la emergencia es absolutamente así, que hay que recurrir a medidas extraordinarias. Este es un tema bastante delicado porque una cosa es instalaciones en desuso y otra es una instalación con personal militar dentro. Allí estarían los policías tomando medidas y teniendo competencias dentro de los locales coexistiendo con militares, pero se puede analizar.

Es una situación excepcionalísima. No lo hablamos concretamente en detalle pero seguramente lo hablaremos, está como un artículo allí, incluso le reitero que se nos pidió un poco de reserva, ahora el ministro evidentemente redondeó la idea pero lo volveremos a conversar mañana.

Nosotros ayer en la reunión que tuvimos en la comisión no hablamos prácticamente de ese punto, hablamos de los otros puntos sobre todo del tema jurídico…

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El ministro hablando fuera de micrófonos ayer aquí En Perspectiva decía que no está definido si van a ir pocos reclusos a muchas dependencias o muchos reclusos a una dependencia. Además, dijo que se trata de una definición técnica, que es a nivel técnico que se va a resolver esto. Agregó que es una posibilidad lo que pretende el gobierno permitiendo que a través de esta Ley de Emergencia Carcelaria se habilite esta opción, lo que no quiere decir que se efectivice.

CM – Sí, así lo dice el texto en parte: “siempre que sea necesario”. Esperemos que no sea necesario y que puedan construirse con la velocidad pertinente los centros. Punta de Rieles creo que va a quedar pronta en un mes o algo así, ya las obras comenzaron hace bastante tiempo así que quizás no haya que recurrir a eso.

EC – Punta de Rieles permite realojar 800 presos.

CM – ¿Punta Rieles?

EC – Sí.

CM – Creo que un poco menos, me parece que algo así como 500. Pero el tema es que se necesitan de inmediato 2.500 plazas por el hacinamiento crítico que hay y esto va a demorar. Se necesita la construcción de por lo menos tres módulos más. El ministro dijo un año, a veces estos plazos se alargan, usted sabe que no es tan fácil construir módulos carcelarios, son instalaciones muy especiales.

EC – A efectos de construcciones y reformas es que está previsto el artículo 1º de este proyecto de ley de Emergencia Carcelaria: “Autorízase al Poder Ejecutivo con carácter extraordinario por única vez y habida cuenta de que se cumplen los supuestos previstos por el Tocaf en materia de causales de excepción a realizar la contratación en forma directa de las siguientes obras, actividades, operaciones, y equipamientos, hasta un monto de…”, el monto falta todavía definirlo…

CM – …No se ha llenado.

EC – Pero esto se refiere a: “Primero: construcción, instalación, reciclaje, readecuación y en general toda modificación edilicia en edificios e instalaciones penitenciarias. Segundo: contratar en régimen de arriendo o comodato locales destinados a prisiones o penitenciarias. Tercero: adquirir el equipamiento necesario para los edificios e instalaciones penitenciarias a efectos del cumplimiento de los cometidos previstos en la ley. Cuarto: los gastos derivados del realojamiento de los reclusos así como los destinados a su alimentación, cobertura de necesidades básicas, higiene y salud”. ¿Ustedes están de acuerdo con flexibilizar?

CM – Este artículo yo ni siquiera lo tengo, yo tengo el anterior. Esto fue producto de la reunión que tuvimos ayer. Le pedí un informe jurídico al doctor Dellpiazo y me decía que para apartarse del procedimiento de contratación normal que es la licitación pública, porque acá hay montos cuantiosos en juego, es necesario para recurrir al artículo 33 la excepción del literal 1º del 33 del Tocaf hay que probar y hay que justificar que existan razones de urgencia cosa que no estaba en el proyecto original. Esto es una sugerencia nuestra y creo que está bien porque yo coincido en que hay evidentes razones de urgencia en este caso pero hay que indicarlo porque si no hay que hacer licitación pública que es el procedimiento normal, acá va a ser contratación directa.

EC – ¿Acá lo que se está pidiendo es permiso para hacer contratación directa?

CM – Para hacer contratación directa y ampararse en el 33 del Tocaf que habla de “cuando medien probadas razones de urgencia”, y creo que acá existen probadas razones de urgencia cosa que hay que ponerlo en el proyecto. Esto fue producto de la reunión que tuvimos ayer.

EC – ¿O sea que por este camino hay coincidencia en que se puede ir?

CM – Sí, si no estaríamos esperando años. Usted sabe que la licitación pública es muy garantista pero también es muy lenta y si cumplen todos los procesos estaríamos hablando de por lo menos un par de años; acá se quiere concretar esto que las obras estén prontas en un año. Sí, en esto estamos de acuerdo. Incluso se nos ofreció en un momento el participar en una especie de comisión de seguimiento para asegurar la transparencia de procedimientos que van a insumir una erogación económica cuantiosa.

EC – ¿Está previsto que la oposición controle estos procedimientos extraordinarios?

CM – Así se nos propuso, no llegamos a…

EC – …Es una buena idea.

CM – A mí me parece bien porque tranquiliza a todo el mundo, que no pase ninguna cosa rara que después haya reclamación de algún tipo aunque las haya igual.

EC – Paso ahora al artículo 3º de este proyecto tal cual quedó redactado ayer en comisión. Dice: “A los efectos de la asignación personal para cumplir funciones de personal penitenciario autorízase al Poder Ejecutivo a: Primero: crear hasta 1.500 cargos en el Ministerio del Interior, inciso 04, unidad ejecutora 26, Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación. Segundo: transformar vacantes existentes en el Ministerio del Interior, inciso 04, para satisfacer las necesidades de personal penitenciario excepto los cargos a proveerse por ascenso”. ¿Cómo ven esto?

CM – Está bien también, se nos habló de que era necesario más gente. Si se hace una descentralización en esto evidentemente se necesita mucho más personal porque cuando usted concentra mucha gente en un solo establecimiento como el COMCAR que hay 3.000 los maneja con mucho menos gente que si usted a los 3.000 los pone en seis lugares diferentes. Y el hecho de desconcentrar, que a mi me parece absolutamente imprescindible, requiere más personal, es obvio que eso tiene que ser así. Además ahora hay déficit de personal para el estado actual de situación, si esto lo desconcentramos de este modo es absolutamente imprescindible contratar más guardia cárceles y creo que va a ser así.

EC – El ministro decía ayer que en la actualidad el Ministerio del Interior tiene unas 2.000 vacantes, pero que no corresponden a este tipo de cargos en penitenciarías.

CM – Porque además el tema es que este es quizás el destino policial menos deseado, menos requerido. Normalmente quienes trabajan en la Dirección de Cárceles en Libertad o en Santiago Vázquez es gente que viene de aquellos departamentos que tienen problemas de ocupación más serios y a veces hacen turnos semanales, trabajan una semana sí, una semana no; vienen de la frontera con Brasil, especialmente de los departamentos fronterizos y entonces no se llenan las vacantes, ha pasado. En el gobierno pasado estuvo mucho tiempo sin llenarse las vacantes porque es una tarea dura, la del personal penitenciario es quizás de las tareas policiales más duras. Seguramente va a tener que recibir luego una retribución especial realmente, es muy difícil trabajar de guardia cárcel.

EC – ¿Y esas retribuciones especiales podrían ya manejarse ahora para proveer estos puestos?

CM – No, ahora eso no está previsto en este momento; eso sí, tendrá que ser objeto de una previsión presupuestal. Porque incluso en la comisión multipartidaria se está hablando de sacar las cárceles del Ministerio del Interior, o crear un instituto de rehabilitación que ya está creado por la Ley de Emergencia Carcelaria del año 2006 pero que nunca se aplicó. Nosotros podemos coincidir en el principio de que quien aprehende a los delincuentes no sea luego quien lo custodie y crear un instituto parte, con personal especializado idóneo que reciba por ello también una retribución especial. Pero eso sin duda hay que analizarlo con mucho mayor detenimiento en la Ley de Presupuesto; me parece que no es el momento este con una ley excepcional como esta.

JAE – ¿Qué falta para que esto se convierta en proyecto de ley?

CM – Acá se nos ha hablado de abreviar los trámites y los días. Estas modificaciones que contiene este proyecto yo las envié ayer a senadores y diputados del PN y seguramente hoy se va a llegar a un acuerdo. En términos generales estamos de acuerdo, yo hablé con el doctor Larrañaga, con el doctor Lacalle, con varios senadores, y en principio hay acuerdo así que hoy seguramente el partido se va a pronunciar sobre esto.

En términos generales le adelanto que hay coincidencia en esto porque estamos de acuerdo que hay que terminar con esta situación de emergencia que es un verdadero caos.

JAE – Ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que se podía pedir una entrevista con Mujica por parte de la oposición para en definitiva respaldar esta iniciativa que surge del Poder Ejecutivo.

CM – Se nos ofreció ayer por el diputado Orrico el concurrir a hablar con el presidente de la República para concretar la coincidencia sobre estos términos. Eso lo tendrá que decidir hoy la agrupación parlamentaria del PN en lo que atañe a mi partido.

JAE – ¿Y hay plazos comprometidos una vez que se presente el proyecto?

CM – No. Esto va a ser muy rápido, nosotros en principio quedamos de responder mañana sobre decir que sí o que no, yo creo que va a ser que sí. Esto necesita iniciativa del Poder Ejecutivo sin duda porque hay muchos gastos, hay erogaciones, entonces creo que se remitiría de inmediato para su consideración de inmediato también.

Nosotros coincidimos en el concepto de urgencia de esto y el otro día le manifestábamos al ministro Bonomi que veíamos una saludable reacción de parte del gobierno respecto al gobierno anterior que no aceptaba esta situación de colapso del sistema carcelario en el sentido de decir “vamos a tomar el toro por las guampas y vamos a tomar las medidas extraordinarias para remediarlo, o empezar a remediar esto”.

EC – ¿Le parece bien por ejemplo la idea que también manejó el ministro Bonomi ayer de que la guardia perimetral de las cárceles pase a ser desempeñada exclusivamente por soldados para liberar los policías que todavía se ocupan de esa tarea en algunos establecimientos?

CM – Puede ser atendible, el problema que tenemos que quizás en algunas cárceles no haya unidades militares tan cerca pero se pueden trasladar.

Ahora, nos venimos acercando a aquello que nosotros habíamos propuesto de transferir efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) para cumplir funciones policiales. Venimos en esa dirección, porque nosotros decíamos “no se puede esperar, mejor hacemos esto, tenemos la urgencia”, y ahora estamos recurriendo a las FFAA, de otra forma pero en definitiva es el mismo principio.

EC – Lo que pasa es que hay números que mandan evidentemente…

CM – …Claro, es lo que nosotros decíamos…

EC – …Tenemos un presupuesto de FFAA probablemente excesivo, tenemos más soldados de los que precisamos para las tareas que le corresponden a los efectivos militares y por otro lado estamos necesitando crear cargos y contratar funcionarios policiales.

CM – Claro, nosotros decíamos “vamos a economizar, vamos a hacerlo rápidamente y las circunstancias exigen rapidez y no andar esperando llenado de vacantes y toda la burocracia y los trámites burocráticos”, se nos decía “no”. Pero mire que vamos en ese camino, venimos en ese camino.

***

EC – Ayer el ministro Bonomi en la entrevista manejó números: 70 millones de dólares que podían ahorrarse si se empleaba a soldados para la custodia perimetral. ¿Cómo era esto?

JAE – Sí, fue una cifra que se manejó ayer en la prensa, el ministro no confirmó ni desmintió esta cantidad, pero de todas maneras lo que sí dijo es que ese ahorro puede implicar ayudas para construir nuevas cárceles, que es en definitiva el problema de fondo: la falta de cárceles.

Fuente: El Espectador

Acuerdan crear Instituto de Rehabilitación fuera de la órbita policial.

Tendrá competencias sobre establecimientos de menores

El gobierno y la oposición acordaron, en la comisión interpartidaria de seguridad, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación: organismo descentralizado, por fuera de la órbita de la Policía Nacional, que tendrá competencia sobre el establecimiento de detención de mayores y menores y con personal especializado en la materia.

EL TRABAJO multipartidario en materia de seguridad ciudadana continúa en avance y con resultados concretos. Al final de la sesión de ayer se redactó un documento, fruto del acuerdo entre todos los partidos, en el que se deja constancia de la conformidad común para la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación. El senador nacionalista, Carlos Moreira, dijo a Ultimas Noticias que se trata de la creación de un servicio descentralizado que se encargará no sólo de la gestión de los establecimientos carcelarios para mayores en todo el país sino que también se incorpora a los menores infractores. El diputado frenteamplista, Jorge Orrico, lo explicó a Ultimas Noticias como el establecimiento de una “superintendencia” que tendrá como competencia “el establecimiento de detención de adultos y de adolescentes”. Sin embargo, aclaró que se mantienen los regímenes diferentes que hoy existen para mayores y menores en lo penal y administrativo. En este sentido, manifestó que organismos como el Inau seguirán funcionando con sus atribuciones actuales. “El Instituto Nacional de Rehabilitación coordinará como una forma de darle unidad al tema. El mantenimiento, la hotelería y la alimentación estarán a cargo de la superintendencia”.
Sin embargo, para Moreira el hecho de que este organismo asuma competencias sobre los menores “da por sentado” que en algún momento le dirá al Inau que “sólo se ocupen de los chicos que se portan bien”.
Otro punto innovador, en el que hubo acuerdo total, es que el personal que trabaje en la rehabilitación de los reclusos estará sometido a una instrucción específica. El argumento compartido es que la persona (el policía) que detiene no puede ser el mismo que se encarga de rehabilitar. Por este motivo es que se estableció un personal especializado, con estatuto jurídico especial, y del cual dependerá la rehabilitación en todos los centros.
Tanto Moreira como Orrico subrayaron que en ningún momento se acordó sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. “Que las cárceles salgan de la Policía Nacional es una cosa diferente al Ministerio del Interior”, afirmó el legislador frentista.

CONSTRUCCIÓN
La construcción de nuevos recintos carcelarios es un hecho primordial para el gobierno. Se piensa en la construcción de establecimientos con capacidad para 300 personas. En la reunión multipartidaria el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que consiguió dinero que podrá utilizar para la construcción de cárceles. Se trata de entre 12 o 13 millones de dólares. Con los recursos disponibles, Bonomi está intentando ver los posibles mecanismos para acelerar el trámite burocrático y el proceso licitatorio. Intentarán hacer en un año lo que generalmente lleva dos.
La posibilidad de que la construcción de esos recintos caiga en manos de privados está presente por parte del gobierno. El Estado daría la construcción de la cárcel a una empresa y pagaría un canon durante 30 años. “Esto no significa que el Estado pierda un ápice de su deber esencial”, afirmó Orrico. El secretario de Estado ya mantuvo conversaciones con empresas chilenas que se dedican a este tipo de obras. Pero pueden surgir problemas de “escala”, en la medida que algunas empresas necesitan una construcción de determinadas dimensiones para que les sea rentable, según explicó Moreira a este medio. Alguna de las empresas con las que Bonomi dialogó hablaba de cárceles con 800 plazas.

Fuente: Últimas Noticias

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