“Si hubiera sabido que se iba a armar este lío, no proponía lo de los coordinadores”, admitió ayer a las risas el presidente José Mujica a los senadores blancos. El mandatario hizo una visita sorpresa al Parlamento y negó que haya un cargo para Alianza.

La última sesión del Senado antes de Navidad transcurría sin sobresaltos cerca del mediodía cuando llegó una llamada telefónica inesperada: Mujica, que un día antes se había reunido con sus legisladores, quería pasar a saludar a la oposición y sobre todo a la bancada del Partido Nacional.

Lo recibió el presidente de la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que se reunió unos diez minutos con Mujica en una pequeña sala junto al ambulatorio. Mujica saludó a Larrañaga por el reciente fallecimiento de su madre. Hablaron de seguridad pública, de la sequía y del viaje a Brasil por el cambio de mando (ver nota aparte). Bromearon sobre las declaraciones del diputado del MPP Edgardo Rodríguez, que sugirió que el acuerdo entre Mujica y Larrañaga implica que el cargo de coordinador regional para el norte del país sea de Alianza. Mujica ratificó que eso no es así, dijo Larrañaga a El País.

“¿Y el resto de los muchachos está por acá?”, preguntó Mujica al senador blanco. Larrañaga entró a sala y salió con los senadores nacionalistas presentes: Eber Da Rosa, Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés, Carlos Moreira y Sergio Abreu. El ex presidente Luis Alberto Lacalle se había retirado unos minutos antes. Allí se armó una improvisada e informal ronda.

“¡Mirá en los líos que me metés!”, le dijo Larrañaga, que participó en un debate a través de Twitter con el senador colorado Pedro Bordaberry por los cargos de coordinador.

Mujica sonrió y respondió que “si hubiera sabido el lío que se iba a armar, no hubiera propuesto lo de los coordinadores”. Siguiendo con la broma, pero evidenciando cierta molestia, admitió: “Si siguen jorobando nombro seis coroneles”. El presidente descartó de plano el rumor que desparramó su diputado de Tacuarembó, respecto al cargo para Alianza Nacional. “Es una versión ridícula”, opinó.

Hablaron del decreto sobre desalojo de edificios públicos que permitió que Adeom de Tacuarembó, donde hay referentes del MPP, desalojara la Intendencia de ese departamento. “Primero hay que ser duro con los nuestros”, aclaró Mujica.

Mucho más breve y protocolar fue la charla con los colorados. Mujica le pidió al secretario de bancada del Frente, Velarde González, que llamara al senador Ope Pasquet, que salió al ambulatorio. “Me preguntó cómo andaba. Me saludó y me deseó buen año. Nada más. Fueron 30 segundos”, relató Pasquet a El País.

En ese momento había pocos senadores colorados en sala. Pedro Bordaberry y José Amorín estaban con licencia

La polémica por los coordinadores también generó ayer una reflexión de Da Rosa en su muro de Facebook. Allí escribió que “el diputado Rodríguez (MPP) discrepa con la conducción del Gobierno, pero no lo dice porque los votos son de Mujica” y “se desquita lanzando rumores”. También criticó a Bordaberry: “Se vale de esta falsedad para insistir sobre supuestos repartos de cargos. Otra vez se confirma la historia de que los extremos, derecha e izquierda, se juntan”.

En tanto, el ex diputado y actual asesor de la Intendencia de Tacuarembó Fernando Saralegui, mencionado por Rodríguez como eventual candidato al cargo, dijo a El País “que el diputado se quede tranquilo” porque no le ofrecieron “nada” y “tampoco lo aceptaría”.

S. CABRERA / D. ISGLEAS para El País

EMILIANO COTELO:
En el Partido Nacional (PN) se propondrán modificaciones a la ley de Presupuesto a efectos de limitar las funciones de los nuevos coordinadores regionales, representantes del gobierno que van a crearse para mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios del Poder Ejecutivo en el interior del país.

Ayer nos ocupábamos del asunto dialogando con el senador Eber Da Rosa, de Alianza Nacional, a propósito de la reunión sorpresiva que el día anterior había tenido lugar entre el presidente José Mujica y el senador Jorge Larrañaga. Un encuentro en el que el primer mandatario mostró una flexibilización del proyecto original que habla de la posibilidad de crear 18 coordinadores departamentales. Mujica dijo anteayer que no se llegará a ese extremo y que quizá la mejor solución sea pensar en coordinadores regionales; seis para cumplir la misma función pero cada uno de ellos en un conjunto de departamentos y en una zona del país.

La sugerencia había surgido desde la propia Alianza Nacional y fue divulgada en la prensa en el fin de semana por el propio senador Da Rosa. Larrañaga dijo que veía con buenos ojos esa aproximación de posición.

En Alianza Nacional el diputado Jorge Gandini ha redactado un artículo que extiende a estos coordinadores las incompatibilidades que tienen hoy los directores de entes autónomos para hacer política y las incompatibilidades que tienen los directores del Banco de Previsión Social para ser candidatos en las primeras elecciones posteriores al ejercicio de su cargo.

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EC – La noticia la da a conocer hoy El Observador en su página 3. Estamos en contacto con el diputado Gandini. ¿Cómo hay que entender este nuevo ajuste al tema de los coordinadores?

JORGE GANDINI:
Al PN no le convence desde el origen la iniciativa. En la primera conversación que tuvieron Larrañaga y Lacalle con Mujica le advirtieron que íbamos a tener un lío en esta materia porque no considerábamos necesario ni conveniente introducir estos cargos que cumplen una función constitucionalmente otorgada para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Esto tiene olor a actividad política y genera mucho rechazo en el Partido.

Para nosotros lo mejor es que no existan los coordinadores departamentales ni regionales. En la medida en que el Gobierno ha dado marcha atrás: primero eran delegados presidenciales, cuando llega el proyecto de Presupuesto ya se habla de coordinadores departamentales (sin incidencia en los asuntos municipales); estamos pensando en mejorar esta propuesta.

EC – Que sean coordinadores regionales ataca una de las inquietudes que había surgido tanto en el Partido Nacional (PN) como el Partido Colorado (PC) que era la cantidad de cargos que se estaban creando, el riesgo de aumento de la burocracia. ¿Ahora usted da un paso más y avanza hacia otra de las objeciones?

JG – En la medida en que el Gobierno insiste con este tema tenemos que ser realistas -tienen los votos para sacarlo-, por lo pronto tenemos que tratar de mejorarlo. Subyace una suspicacia en todo el sistema político de que este coordinador tenga un rol político con proyección político-electoral.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Usted dijo dos veces: “esto tiene olor a política” y luego añade: “subyace la suspicacia de que puede…”, ¿en qué parte del proyecto se desprende una cosa de ese tipo? ¿Cómo se llega a esa conclusión?

JG – Por la definición específica: es un cargo de particular confianza política del presidente de la República.

JAE – ¿Podría ser alguien que efectivamente cumpla el rol de coordinador y no tenga filiación política?

JG – Y podría no serlo. Como está redactado un intendente que perdió la elección reciente puede ser coordinador departamental. Eso molestaría a mucha gente. Estarían colocando en ese lugar a un actor político de relevancia con una función que podría ser relevante. Quizá esa nueva figura obtenga respuestas que el propio legislador departamental del Frente Amplio (FA) no logra captar.

No es un técnico, no es un cargo de alta especialización, no es la OPP que es la que tiene que hacer esta tarea. Es un cargo de particular confianza política del presidente de la República con roles que el propio artículo dice: “se determinarán por la reglamentación después”.

EC – ¿Usted lo que prefiere es que esa suspicacia directamente se elimine porque haya una norma que prohíba que el paso siguiente de ese funcionario sea la carrera electoral?

JG – Si el gobierno está afirmando que no es para lo que estoy diciendo, pongámoslo. El artículo 126 de la Constitución de la República permite que todas las incompatibilidades y prohibiciones para cargos que así están determinadas se pueden extender a otros e incluso incorporar nuevas por ley. Propongo que los coordinadores tengan las mismas prohibiciones e incompatibilidades dispuestas por el artículo 77, literal 4, que es la imposibilidad de hacer política que tienen los directores de entes autónomos. Hoy los directores de entes autónomos sólo pueden emitir el voto, no pueden integrar clubes, actividades políticas, actos; no pueden hacer política. Lo mismo ocurre con el artículo 195 de la Constitución que establece que los directores del Banco de Previsión Social no podrán ser candidatos a cargos electivos en el período siguiente.

EC – ¿Con un mecanismo así Alianza Nacional ya acompañaría? ¿Usted está hablando por Alianza Nacional, está hablando en nombre individual, qué sabe del PN? Porque en Unidad Nacional –el otro sector blanco- la resistencia sigue siendo muy fuerte.

JG – Todos resistimos a esta idea, a ninguno nos gusta y todos la votaríamos en contra. Es mejor que no existan los coordinadores ni departamentales ni regionales, no vemos que aporten nada y van a traer conflictos institucionales diversos y más según la personalidad de los coordinadores que se nombre. Preferimos que no existan.

EC – ¿Usted ha hablado con los otros sectores del PN?

JG – Es un tema que se está conversando. El FA tiene en la cámara de diputados 50 votos y si los pone al servicio de la idea obtiene los 18 coordinadores departamentales. Tenemos que ver en qué medida podemos ser realistas y sacarle las aristas más complejas a esta propuesta que el FA quiere llevar adelante.
Si logramos que sean regionales y que no puedan hacer política, ni puedan ser candidatos, creo que mejoramos mucho.

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EC – En el PC la posición sigue siendo netamente contraria, incluso después de los cambios que se anunciaron esta semana. El secretario general, senador Pedro Bordaberry, dijo al diario El País que “estas idas y vueltas con los coordinadores demuestran que el gobierno no tiene claro qué es lo que quiere. Primero eran 19 delegados del presidente, después fueron 18, y ahora son 5 o 6, cuyos cometidos y potestades se van a establecer por reglamento 180 días después de la aprobación de la ley”, indico. “Da la sensación de que no se sabe qué es lo que se quiere, de nuevo siguen agregando cargos, ahora en lugar de segundos intendentes ponen gobernadores regionales y creo que eso siempre tiene un olor a política y no otra cosa”, sostuvo Bordaberry.

Fuente: El Espectador

Escuche el audio:

En el Partido Nacional se propondrán modificaciones a la ley de presupuesto para limitar las funciones de los nuevos coordinadores departamentales, una suerte de representantes del gobierno en el interior del país.

El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) redactó un artículo que extiende a estos coordinadores las incompatibilidades que tienen hoy los directores de entes autónomos para hacer política y los del Banco de Previsión Social (BPS) para ser candidatos en las primeras elecciones posteriores al ejercicio de su cargo.

La incorporación de este artículo al proyecto del gobierno intenta evitar que un coordinador haga carrera política en un departamento (o región) en nombre del gobierno, con el objetivo de convertirse en candidato a intendente y disputarle así la comuna a la oposición.

El Partido Nacional está “básicamente” en contra de la creación de estos representantes, explicó Gandini a El Observador. Pero dado que el Frente Amplio tiene mayorías suficientes como para crear estos cargos, los blancos quieren modificar sus potestades para impedir que hagan política. Si el oficialismo coincide con este cambio, entonces el Partido Nacional (al menos el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga) votará la creación de los coordinadores. Alianza Nacional intenta convencer por estas horas al sector del ex presidente Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional) de que acompañe la iniciativa de Gandini. Unidad Nacional se opone de plano a los delegados presidenciales. Todo esto sobre la base del acuerdo al que llegaron el presidente José Mujica y Larrañaga el martes, cuando resolvieron que en vez de un coordinador por departamento (hasta 18), se crearán cinco o seis, solo por regiones.

Fuente: El Observador
Foto: Océano FM

- ¿Qué piensa del anuncio de un coordinador presidencial para los departamentos?

- Es una decisión política del Presidente porque fue anunciada luego de una entrevista con la Mesa Política del FA. No se sabe hasta dónde es una decisión suya o es un planteo que vino desde la orgánica del Frente Amplio a causa de los resultados de las elecciones de mayo pasado.

- ¿Alianza Nacional se opondrá en el Parlamento o negociará una salida intermedia?

- Así no la acompañamos. Pero si el Presidente entiende que esa figura es necesaria para la mejor coordinación, se podría justificar que esos coordinadores tengan una jurisdicción regional más que departamental. Hablo de cuatro o cinco coordinadores en todo el país, por regiones. Eso es más justificable: generaría menos gasto y burocracia. Sería admisible una solución así.

- ¿Eso se va a plantear en la discusión del Presupuesto?

- Lo podemos conversar con el gobierno. Yo ya lo he anunciado en la bancada del Partido Nacional como una idea para no ir al rechazo directo del proyecto. Vale la pena discutirlo. En Uruguay tarde o temprano va a plantearse la discusión de ir a una distribución territorial más basada en regiones que en departamentos. Es un tema de larga data, muy discutido. Quizás sería bueno que el gobierno dé un primer paso estableciendo coordinadores regionales, más que departamentales.

- El Presidente dice que se mejorarán los servicios del Estado y la coordinación entre sí. ¿Qué le parece?

- No, porque no tiene justificación real. El mayor problema de la falta de coordinación entre los servicios del Estado es la burocracia de la Administración Central y no de las oficinas en cada departamento, que son pequeñas y donde es fácil coordinar con los gobiernos departamentales.

- El gobierno dice que hay una experiencia similar en Bolivia. ¿Está de acuerdo?

- No creo que sea una feliz comparación. En Bolivia hay una realidad político institucional muy distinta. Bolivia tiene una debilidad muy grande en sus instituciones, y hasta no hace mucho había fuertes conflictos entre el gobierno y la oposición. Acá no hay una fragilidad institucional ni existe una oposición en actitud de desestabilizar.

- ¿La oposición se opone a esta medida por temor a que aparezcan en los departamentos figuras políticas del Frente Amplio que opaquen a intendentes blancos y colorados?

- No. Con el Plan de Emergencia el Frente creó los coordinadores del Mides en varios departamentos y electoralmente no dio resultados. Pero la existencia de un coordinador en representación del Presidente le dará una significación muy fuerte porque en Uruguay la institución presidencial tiene peso fuerte. El hecho de que haya un delegado presidencial lo llevará a transformarse de hecho -no de derecho- en un centro de poder. Y va a debilitar a los diputados del gobierno. Las fuerzas vivas acudirán al coordinador por ser una conexión directa con el Presidente.

Fuente: El País Digital

A dos días de comenzar el proceso de reflexión o autocrítica sobre los resultados del proceso electoral pasado, el presidente del directorio del PN, Luis Alberto Lacalle, y el presidente de la Agrupación Parlamentaria, Jorge Larrañaga, mostraron sus coincidencias ayer tras la reunión, en la que transmitieron las aspiraciones de sus intendentes para la elaboración del presupuesto nacional y la oposición a la idea de instalar un delegado presidencial en cada departamento.

Ambos destacaron que la entrevista fue “muy cordial”, de “coincidencia altísima” y que existe “muy buena sintonía” con el Poder Ejecutivo. En particular, Lacalle celebró el “pragmatismo” de Mujica al evaluar las opciones para la refacción y mantenimiento de la caminería rural. “Hoy estamos cerca de una suerte de colapso del sistema vial nacional, con riesgos en ese sentido”, advirtió Larrañaga, y Lacalle explicó que le propusieron al presidente instrumentar un mecanismo de leasing para la compra de maquinaria vial para las intendencias, así el Estado “no tiene que gastar la totalidad de la compra”.

Según Lacalle, Mujica recibió “con alegría” la sugerencia: “Hemos oído de labios del presidente, y nos alegra que tengamos ese grado de pragmatismo, que no va a ser posible encarar la obra pública que el país necesita sin la intervención de privados”, contó, y agregó: “Me congratulo de que la realidad haya operado sobre el pensamiento ortodoxo de la izquierda para darse cuenta de que el tema no es quién haga la carretera, sino que esté hecha cuanto antes y en la forma más económica”.

Además, los senadores reclamaron que las decisiones presupuestales relativas al Fondo de Desarrollo del Interior pasen “inexorablemente” por la comisión sectorial de descentralización, integrada por representantes del Congreso de Intendentes y del Poder Ejecutivo, que las intendencias pasen a pagar 7,5% de aportes patronales, como lo hacen los entes autónomos y empresas públicas, y no 16,5%, como ahora, y que sean consideradas como “grandes consumidores” por UTE al momento de pagar por el alumbrado público.

“El presidente está viviendo -y conocemos esa experiencialos momentos del embudo presupuestal, cuando faltan pocos días y se acentúan los reclamos”, reconoció el ex presidente Lacalle en el entendido de que estos planteos influyan negativamente en las cuentas estatales, pero recalcó que “la responsabilidad del gobierno no es nuestra, somos la oposición. El gobierno tiene mayoría parlamentaria para aprobar el presupuesto que quiera”.

Los que faltan:

La educación fue otro de los temas que estuvieron sobre la mesa. Larrañaga exigió que se cumpla el acuerdo multipartidario sobre enseñanza, en el sentido de que se asegure en el presupuesto la construcción de 300 escuelas de tiempo completo en el período, y desarrolló su intención de abrir las escuelas los 365 días del año para que cumplan una función “sanitaria y de ayuda a la comunidad”.

Por otra parte, Lacalle y Larrañaga le manifestaron a Mujica su descontento por las demoras en la integración de la oposición en los organismos estatales, en particular, de los tres secretarios adjuntos, u observadores con voz pero sin voto, en los consejos desconcentrados del Codicen (Primaria, Secundaria y UTU). Según dijo a la diaria la vicepresidenta del organismo, Nora Castro, el tema no ha sido tratado “ni está en el orden del día. Cuando venga veremos”.

“Cuando se acuerda con un gobierno el PN parte de la base del cumplimiento de los acuerdos, serán más fáciles o más difíciles, pero la palabra está dada”, enfatizó Lacalle, indicando que la preocupación está “sobre todo en los que hay demoras”. El senador herrerista insistió que “cuando se da una palabra es meditada, sopesada, pero una vez dada hay que cumplirla”.

Las dependencias en las que se constata esta realidad son, además de en la enseñanza, las comisiones administradoras del Río Uruguay y del Río de la Plata, República AFAP, la Ursec y la Ursea.

Fuente: La Diaria

Escuche el audio de la conferencia:

Vea el documento entregado:
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Según las previsiones que ANEP hizo para la ley de Presupuesto, las nuevas escuelas de tiempo completo se ubicarán en las zonas de contexto desfavorable de Montevideo y el interior del país.

De las 2.300 escuelas que hay en todo el país, al día de hoy 132 son de tiempo completo y otras 33 ya están programadas y cuentan con presupuesto.

“Nos parece absolutamente prioritaria la inversión educativa y en escuelas de tiempo completo”, dijo el senador Larrañaga a El País.

El dirigente nacionalista ha venido pregonando por la ampliación de la cantidad de escuelas de tiempo completo desde el año 2007.

El objetivo de cumplir con esta meta, ha quedado acordado por todos los partidos en el documento sobre educación que alcanzó la multipartidaria.

El martes 17, Larrañaga hará una exposición en el Senado acerca de incrementar las escuelas de tiempo completo.

“La escuela pública no puede terminar siendo una consecuencia residual de la escuela privada”, dijo el senador.

FUente: El País

El líder de Alianza Nacional dijo que si bien aprueba las medidas gubernamentales a favor de la cultura, este espacio estaba destinado por ley a la construcción de un centro de hospedaje para alumnos que vinieran del interior del país a estudiar.

“Sucede que para la ex Cárcel de Miguelete hay otro destino, de indudable necesidad social y de una importantísima consecuencia cultural. En la ex Cárcel de Miguelete se instalaría una ciudad universitaria, para albergar a unos 1.000 estudiantes del interior del país que viene a realizar sus estudios en Montevideo”.

La idea, originaria del Congreso Nacional de Intendentes del período 1995-2000, fue incorporada en la LEY DE PRESUPUESTO No. 17296, estableciendo que: “la Comisión Honoraria que administra el Fondo verterá partidas anuales al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la financiación de las proyecciones, refacciones, reparaciones y construcción de la ciudad universitaria a instalarse en el predio de la ex cárcel de Miguelete”.

La ciudad universitaria es por tanto, ley.

En 2005, apenas asumía el nuevo gobierno, el Ministro del Interior José Díaz planteó retornar el predio al destino carcelario, en base a la inflación de la población carcelaria, pero luego el propio ministro, al conocer que el destino legal del predio era otro, modificó el criterio, y para la sobrepoblación carcelaria adoptó un camino diferente.

Sobre el por qué del replanteo del tema, el líder de Alianza Nacional explicó:

“Replanteamos el tema porque es un reclamo de miles de muchachos del interior, a los que se les promete descentralización educativa, cursos en el interior, pero esas soluciones Sr. Presidente siguen sin llegar, o lo hacen muy lentamente.
Hoy no sólo no se cumple la ley, sino que se destina el predio a otros fines. Aplaudimos toda medida que suponga un crecimiento de los espacios culturales, y de difusión del arte. Hacía –y hacen falta- más espacios donde el artista nacional pueda difundir su oficio, que no es otra cosa que difundir aspectos de la identidad nacional.”
Quizás desde la capital no se valore la medida, se piensa que con Internet, que con cursos a distancia, que con las aulas virtuales de Antel, es suficiente.
Sin embargo todo ello, sin ser excluyente, no se acerca a la oportunidad de que un muchacho venga a Montevideo y curse una carrera terciaria en igualdad de condiciones con quienes tienen acceso a los medios para hacerlo.
La educación es un derecho y, como tal, el Estado tiene la obligación de hacerla accesible a todos los uruguayos”.

“La ciudad universitaria puede representar la diferencia para los que menos tienen” y “el camino de salida de una situación de dificultad”, explicó el legislador.

Escuche el audio:

El intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, manifestó que la administración central debe otorgar partidas para los gastos de las alcaldías ya que, de otra forma, el esfuerzo económico recaerá enteramente sobre las intendencias. “Esto tendría que haber estado previsto en la ley [de Descentralización]. Pero como fue una ley muy apurada, que ni siquiera está reglamentada, se genera toda esa problemática”, señaló a En Perspectiva. En tanto, consideró que el Consejo de Intendentes, ámbito creado por el Partido Nacional para que los jefes comunales de dicha colectividad política puedan trabajar en conjunto y más directamente, facilitará también la coordinación con el directorio blanco, algo que –en su opinión– aún no se había logrado.

EMILIANO COTELO:
Los intendentes electos del Partido Nacional (PN) plantearon la necesidad de que el gobierno asuma los gastos correspondientes a los sueldos de los nuevos alcaldes y sus secretarías.

La propuesta se hizo en esta reunión que los 12 futuros jefes comunales blancos mantuvieron ayer con el directorio del PN; una instancia en la que quedó instalado oficialmente el llamado Consejo de Intendentes.

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EC – Estamos con Guillermo Besozzi, que fuera intendente de Soriano en el período que está culminando, que luego renunció para intentar la reelección y que ahora se dispone a asumir nuevamente. ¿Qué importancia tiene este Consejo de Intendentes? ¿Ya había sesionado en el PN?

GUILLERMO BESOZZI:
Siempre ha habido contacto y comunicación, tal vez no tan fluida como la que se pretende de aquí en más, no solamente con el directorio sino también con los legisladores. A los intendentes a veces nos falta comunicación más directa. Entonces la idea del directorio y de su presidente fue esa, armar un consejo en el seno del directorio donde los intendentes podamos trabajar y estar mucho más en contacto con el directorio, que yo creo que a veces por distintas razones…

EC – …Algunas fuentes blancas nos señalaban fuera de micrófonos que en el período que acaba de terminar habían notado con preocupación que en el Congreso de Intendentes los intendentes frenteamplistas iban con posiciones coordinadas mientras que los blancos llevaba cada uno su propia postura. ¿Algo de eso está de telón de fondo?

GB – Puede ser en algún tema, pero fueron los menos; por ahí si me hablás del tema de la patente había a veces alguna descoordinación, pero si no, no. Los intendentes siempre tratamos de estar coordinados, pero es cierto que no con el directorio. No nos olvidemos que hubo una Ley de Descentralización, donde hoy están las alcaldías, donde se trabajó mucho, y capaz que ahí faltó un poco de coordinación con los legisladores. Pero la idea es buscar de aquí para adelante que la cosa funcione mejor.

EC – Uno de los puntos que ustedes trataron ayer fue la preocupación por los vacíos legales que entienden dejó la Ley de Descentralización. ¿Qué tipo de vacíos concretamente?

GB – Hay varios, fue una ley que fue sacada a los ponchazos, a las apuradas. No están claras ni las funciones ni los recursos del alcalde. Ayer fui a la Junta Departamental aquí en la ciudad de Mercedes y la Junta estaba votándole el sueldo a los alcaldes. Se generaron algunas diferencias entre las bancadas por el sueldo, un sueldo del que ellos decían “estamos poniéndole el sueldo a alguien cuando ya está electo incluso”, cosa que es cierta. Hay más que vacíos legales, falta reglamentación de la ley.

Por eso digo, es algo que ha salido un poco a los empujones. Hay que ir transitando, trabajando y tratando de terminar e ir haciendo lo mejor. No va a ser fácil si hay alcaldes o intendentes que no entienden que hay que trabajar en conjunto para que esto marche. Sería lo peor para una ciudad o para un barrio que el intendente y el alcalde estén desencontrados. Porque pueden ser de distinto color, no tiene nada que ver, pero hay que tratar de trabajar en conjunto para que la cosa funcione, en una ley que le falta mucha terminación a mi entender.

EC – ¿Usted es de los que cree que el gobierno nacional debe hacerse cargo de los sueldos de los alcaldes y sus secretarías?

GB – Yo soy de los que cree que el gobierno nacional tiene que tener un presupuesto para esas alcaldías, porque si no todo este aumento de gastos recaería en las intendencias. Los gobiernos departamentales también tenemos que hacer nuestro aporte a las alcaldías, pero ni que hablar que el gobierno nacional tiene que presupuestar unas partidas. Partidas que serán para los sueldos, para las secretarías, para un montón de cosas, y creo que tienen que ser para mucho más que para eso que estamos hablando.

EC – Algo de eso está previsto en la ley.

GB – Algo de eso está previsto, pero no está claro al día de hoy qué ni cuánto. Lo que estamos tratando es de mejorar el camino al andar, nada más, en esta ley que, como dije anteriormente, tiene sus problemas.

EC – ¿Cada departamento va a poder fijar sus propios sueldos para los alcaldes, habrá realidades diferentes departamento a departamento?

GB – Totalmente. En Soriano, el alcalde de Cardona y el alcalde de Dolores ganan distinto, sin duda. Justamente, en el día de ayer no se logró votar los sueldos del alcalde porque no hubo acuerdo entre las bancadas sobre lo que tenían que ganar los alcaldes de Cardona y de Dolores.

EC – ¿Y por qué las diferencias?

GB – Primero porque las ciudades son distintas, hay una que tiene 18.000 habitantes, otra tiene 7.000 habitantes, la cosa es distinta, cambia. Entonces yo creo que tienen que ganar diferente; los intendentes no ganamos todos lo mismo…

EC – …Claro, los intendentes no ganan todos lo mismo, eso es cierto, pero la ley no establece criterios para la fijación de los sueldos.

GB – No, exactamente, ahí tenemos una de las problemáticas de la ley, ¿cómo no va a fijar el sueldo de los alcaldes? Yo creo que lo tendría que haber fijado, y hoy le tiramos el fardo a las juntas departamentales para que, en conjunto con el intendente, lleven adelante el tema del sueldo del alcalde.

EC – Pero si ustedes están reclamando que el gobierno nacional se haga cargo de esos gastos, ¿tiene sentido que el gobierno nacional tenga que encargarse de lo que arbitrariamente resuelva cada departamento, si además dentro de cada departamento a su vez hay sueldos diferentes según las localidades?

GB – Esas son las controversias de la ley. Esto tendría que haber estado previsto en la ley y en la reglamentación de la ley para que hoy no estuviéramos hablando de estos temas. Pero como fue una ley muy apurada, que ni siquiera está reglamentada, a la que hoy se le están cambiando artículos bastante seguido, se genera toda esa problemática y se da lo que se está dando.

EC – ¿Pero se pasó en limpio ya un planteo a propósito de esta serie de preocupaciones?

GB – Sí, el planteo es que queremos que haya presupuesto para las alcaldías, no sé por qué se está hablando de sueldo y de secretaría.

EC – ¿Otros puntos que se trataron ayer en esta primera reunión del Consejo de Intendentes blancos?

GB – Toda la problemática presupuestal de las intendencias. Estamos arrancando un nuevo período y aproximadamente el 50% de los ingresos de las intendencias a nivel económico vienen del gobierno nacional, por lo tanto son temas importantes. Pero todo en una buena, el Congreso trabaja orgánicamente y ahí los colores políticos se dejan totalmente de lado para tratar de conseguir frente al gobierno que esté, del color que sea, lo mejor para los gobiernos departamentales para que se vea reflejado en la sociedad.

EC – ¿En el gobierno que pasó se cumplió desde el Poder Ejecutivo con las partidas que correspondía remitir a las intendencias?

GB – Sí, totalmente. Con el gobierno que pasó el Congreso consiguió un montón de cosas que a veces eran impensables, como el 30% en el alumbrado público para aquellas intendencias que estaban al día, y si no iban a la deuda. Se consiguieron un montón de cosas trabajando el Congreso con el gobierno nacional del señor Tabaré Vázquez. Y estoy seguro de que ahora se seguirán consiguiendo cosas que irán a favor de las sociedades de los distintos departamentos.

Fuente: El Espectador

Cuando estudiamos sociología en la Facultad de Derecho, allá por los años setenta, leíamos con cierto asombro que Uruguay era considerado uno de los países de mayor “macrocefalismo” en el mundo y advertíamos que uno de los tantos problemas profundos del país era una mala distribución poblacional. Ese problema se ha multiplicado infinitamente en los tiempos que vivimos y es a su vez causa esencial de muchos de los problemas de exclusión social, de marginalidad, de asentamientos irregulares, de marginación cultural, de inseguridad y de violencia que advertimos como males de nuestra sociedad contemporánea, particularmente en el ámbito urbano y más particularmente en la sociedad montevideana. No vamos a entrar aquí a reiterar las causas y los factores que a lo largo del siglo XX fueron siendo determinantes de esta nueva realidad sociológica en Uruguay. Pero creo que resulta cada vez más claro en el pensamiento nacional, más allá de partidos o de corrientes de pensamiento, que al agotarse el viejo modelo de sustitución de importaciones y de concentración de la actividad industrial en el ámbito urbano montevideano, nos hemos quedado con los problemas y los dolores pero sin los medicamentos ni los instrumentos para calmarlos. El proceso de traslación poblacional siguió agravándose y con ello además sus consecuencias, como el empobrecimiento, el crecimiento desproporcionado de la marginalidad al incrementarse el promedio de hijos sin familia, la desestructuración de la familia, la abrupta caída de los niveles de enseñanza y aprendizaje, y tras todo ello la frustración, el odio y el ánimo violentista que explota fácilmente por los más diversos motivos, sea en una concentración popular, sea a nivel individual o vecinal o familiar, sea frente a las autoridades o elementos civilizadores que puedan intervenir desde afuera. Frente a ello todos los días nos preocupamos y tratamos de acordar formas o políticas para enfrentar esa situación, lo que está muy bien, sea a nivel del desarrollo social, sea a través de la educación, sea a través de las mejoras de las condiciones de vida en materia de alimentación, vivienda o salud.

Pero el gran problema es que seguimos con una población mal distribuida, con un país ahuecado, donde la cuestión del desarrollo integral y la generación de oportunidades sigue siendo un objetivo estratégico del cual estamos muy lejos. Creo que un paso muy importante es que hemos aprendido a ver estas cosas más allá de los dogmatismos ideológicos, todos, seamos del partido que sea, tenemos una visión mucho más pragmática y sabemos que lo que importa es atacar el mal más allá de que los instrumentos o las herramientas a utilizar tengan o le pongan el rótulo que quieran ponerle. Es decir, ya sea a través de la inversión privada, extranjera o nacional, sea a través de políticas estatales, sea a través de formas mixtas de cooperación entre capital privado y capital del Estado, lo importante es apuntar al crecimiento y a la generación de puestos de empleo y oportunidades para los hijos de este país.

Y es así que debe concebirse un desarrollo integral del país. De tal forma que la acción del Estado a través de la inversión pública o a través de instrumentos como la ley de promoción de inversiones, el régimen de zonas francas o las políticas promocionales que desarrollan los gobiernos departamentales para la radicación de emprendimientos o mediante las señales de confianza y seguridad que en el plano jurídico y en el plano de las reglas de la economía demuestre el gobierno nacional, debe buscar generar los equilibrios en el conjunto del territorio nacional para que aquellas zonas más deprimidas o con menos capacidad de atracción de inversiones privadas no queden marginadas y condenadas a seguir expulsando población, desaprovechándose así el potencial que el país tiene en el conjunto de su territorio, a diferencia de tantos otros países que frente a las dificultades con las que los marcó la naturaleza han tenido que ingeniarse para hacer rendir al máximo cada pequeño rincón que se pueda desarrollar en su territorio.

El desarrollo de varias inversiones emprendidas en los últimos años en el interior y lejos de la capital ha demostrado que mucha gente que no encuentra inserción en los ámbitos donde la población está más concentrada se traslada hacia esos nuevos polos de desarrollo, y que no es cierto lo que algunos muchas” veces han afirmado de que “la gente no quiere salir de donde está”. Es por ello, entonces, que el desarrollo integral del país es un concepto importante no sólo para la economía, sino para empezar a restablecer ciertos equilibrios demográficos y tratar de evitar el agravamiento de ciertos males que no basta con diagnosticar, sino que tenemos que tratar de corregirlos en pos de un ideal de paz social, de igualdad de oportunidades que forma parte de una personalidad muy propia de Uruguay y de su proceso histórico. Es bueno recordar que en el siglo XIX, por 1860, don Bernardo Prudencio Berro, uno de los pocos presidentes blancos que ha tenido Uruguay, ya advertía el riesgo de los desequilibrios poblacionales y del excesivo centralismo que en torno al puerto y en el marco de muchas políticas desarrolladas en el país a lo largo de su historia fueron generando las causas de varios de nuestros males de hoy. Por eso es qué Berro señalaba como objetivo estratégico para Uruguay, ya por ese entonces, la radicación de centros poblados y la instalación de condiciones mínimas de estabilidad para esas poblaciones radicadas lejos de la capital. Hoy, con los matices que puedan plantearse en toda corriente de opinión o expresión partidaria, parece cada vez más claro que ese objetivo estratégico constituye un pilar funda mental para sostener la estabilidad política y combatir los males de la exclusión social y de la concentración de la pobreza.

Es una torpeza plantear este tema dentro de una visión superada en conducente de confrontación capital interior, es en realidad un objetivo estratégico para Uruguay como país.

Eber da Rosa

Presentación Intendente y suplentes

La Lista 2004 (que agrupa unas 7 listas de Alianza Nacional) realizó el lanzamiento con el Esc. Hermógenes Fernández de la lista 55.

Se presentaron tres nombres de la 2004 en la lista de suplentes: Dr. Carlos Córdoba (Casupá), Dra. Natalia Castro (Mendoza y de la juventud) y Guillermo Montaño (ciudad de Florida) teniendo una fuerte representación y apoyo de los representantes de Jorge Larrañaga en Florida.

Además, se está organizando una fuerte lista a ediles departamentales que la encaberarían el Esc. Jesús Bentancor y el Sr. Guillermo Montaño, actuales ediles departamentales y hombres comprometidos con la propuesta de Jorge Larrañaga para Florida.

Echeverría candidato a alcalde Sagra y equipo.

Por otra parte, eso se acompaña con la definición de candidaturas a Alcaldes por el sector con el Dr. Arturo Echeverría (veterinario y edil de la Junta Local de Sarandí, ex Presidente de la Junta Departamental) con un fuerte arraigo en dicha localidad. En el caso de Casupá, se ha seleccionado al prestigioso médico y actual edil departamental de Alianza Nacional de Florida, Dr. Carlos Córdoba.

En ese sentido, la parte programática es de gran importancia con claros aportes de las propuestas y asesoramiento de Gervasio, en base a su vasta experiencia local, departamental, nacional e internacional.

En base a ello, van las Primeras Ideas para una Propuesta de Alcaldías con la idea de “Sarandí y Casupa Productivos”
1. Descentralización económica profundizando la política. (Obtención de más recursos de la cooperación nacional e internacional)
2. Propuesta de aplicar la metodología de Desarrollo Económico Local en la zona para generar un verdadera articulación de actores locales (Antecedentes de la Coordinadora y la Fiesta de la Miel en Sarandí y la Redes Sociales para las Tareas Comunitarias)

Los candidatos a Alcaldes con Hermógenes

3. Diseño de proyectos y la concepción de Trabajo para un Municipio Saludable.
4. Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil para promover la participación ciudadana en las propuestas, en los planes quinquenales y en el acompañamiento de la gestión local.
5. Coordinación para Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que zonifiquen un buen crecimiento local y la radicación de inversiones. (Tarea ya elaborada en el período 2000 – 2004 y que queda pendiente)
6. Aplicación de los servicios municipales con la motivación al funcionariado y a la población para hacer un verdadero “Gobierno de Proximidad”.
7. Plan de Obras Quinquenal para el Gobierno Departamental, el Fondo de Municipios y el Fondo de Desarrollo del Interior de Presidencia de la República.
8. Trabajo de promoción de servicios solidarios y comunitarios con las escuelas, liceo, otros centros educativos ysociales para complementar recursos y propuestas.

Esc. Jesús Bentancor 1º Edil de la 2004

Toda esta estrategia es acompañada por los dirigentes departamentales de la Agrupación Alianza Nacional de Florida: Mtro. Gervasio Martínez y José Miguel Hansz.