Da Rosa: Propone cambios a sistema de fueros

Habilita a que vayan a declarar aun sin desafuero

El senador Eber da Rosa (Alianza Nacional) presentó un proyecto de ley modificando el mecanismo para la solicitud de desafuero de un legislador.

El artículo 114 de la Constitución establece que ningún legislador, desde el día de su elección y hasta su cese, puede ser acusado criminalmente si no es ante su respectiva Cámara, y ésta a su vez tiene que resolver por mayoría especial de dos tercios si “hay lugar a la formación de causa” y si le levanta los fueros parlamentarios para que comparezca ante la Justicia.

El proyecto de ley de Da Rosa interpreta este artículo, y establece que cuando se habla de “formación de causa” se refiere al inicio del proceso al cabo del cual se dilucidará, en forma definitiva la responsabilidad del legislador.

En tal sentido la solicitud del juez deberá ser debidamente fundada y puesta en conocimiento de la Cámara correspondiente del Poder Legislativo, a través de la Suprema Corte de Justicia.

Toda actividad previa que implique incluso la convocatoria del legislador a declarar en la instancia del presumario, incluso en calidad de indagado, no requerirá la solicitud de desafuero, salvo que siendo convocado a prestar declaración el legislador se negare a ello o en caso de que no responda a una citación judicial, luego de haber sido la misma reiterada.

Fuente: El País

Larrañaga: “Nosotros somos la gran reserva del Partido Nacional y seremos la alternativa al Frente”

Encuentro. El sábado pasado en la chacra de Jorge Larrañaga, los intendentes de Alianza Nacional trazaron estrategias para enfrentar a la izquierda

El líder blanco Jorge Larrañaga se calzó la boina, se acomodó para la foto y elogió: “¡Qué equipo!”. El “clic” sonó el sábado 21 en la chacra El Arriero que Larrañaga tiene en las orillas del arroyo Grande de Flores, y a su lado posaron casi todos los intendentes que hoy ejercen el poder en varios departamentos del interior del país y que, en el futuro, pretenden poner el hombro para desalojar del gobierno central al Frente Amplio.
Participantes de la reunión dijeron a El Observador que hubo coincidencia acerca de la necesidad de crear “una alternativa republicana y democrática seria” dentro del partido que tenga como columna vertebral a la actual estructura de Alianza Nacional.

“Nosotros somos la gran reserva del Partido Nacional y seremos la alternativa al Frente Amplio en las próximas elecciones. A la izquierda se le gana por el centro y hacia allí tenemos que apuntar”, dijo Larrañaga antes de entrarle al cordero que fue asado por su amigo Walter “Mininga” Tacain.

Pero, además, los dirigentes de Alianza coincidieron acerca de que tampoco deben resignar en favor del Frente Amplio el término “progresista” ya que -se dijo- hubo gobiernos y dirigentes en la historia del país que fueron “más de izquierda” que el Frente Amplio. Se mencionó, por ejemplo, al presidente colorado José Batlle y Ordóñez y a los caudillos blancos Aparicio Saravia y Wilson Ferreira Aldunate.

En la reunión estuvieron los intendentes Guillermo Besozzi (Soriano), Sergio Botana (Cerro Largo), Wilson Ezquerra (Tacuarembó), Walter Zimmer (Colonia), Bertil Bentos (Paysandú), Omar Lafluf (Río Negro) y Dardo Sánchez (Treinta y Tres), el senador Eber Da Rosa, y el director de ANCAP, Carlos Camy. La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, faltó a la cita por problemas de salud.

Bajo el alero de El Arriero se comió cordero deshuesado a la parrilla, Martín Fierro de postre, y se bebieron vinos de la bodega Falcón de Paysandú.

También se habló sobre asuntos locales de cada departamento, de la reforma educativa que impulsa el gobierno y de los problemas de seguridad pública (ver apunte).

Propuestas

Larrañaga propicia estos encuentros para escuchar las propuestas de sus dirigentes. En los próximos días organizará otro asado para conversar con los senadores y los diputados de Alianza Nacional. Desde las pasadas elecciones nacionales, los blancos se sumieron en una autocrítica acerca del resultado de aquellos comicios y han evaluado en varias oportunidades la mejor forma de pararse ante el gobierno de Mujica.

Mientras que el ex presidente Luis Alberto Lacalle (Unidad Nacional) impulsa una oposición más férrea, Larrañaga sigue creyendo que es mejor colaborar con el Poder Ejecutivo si con ello se logra influir en sus políticas públicas. Desde esa posición, Alianza Nacional ha logrado introducir cambios en asuntos vinculados con la reforma tributaria, con las condiciones de vida de los trabajadores del interior del país y con las políticas de seguridad pública.

Una reciente encuesta realizada por la empresa Factum indicó que la mayoría de los simpatizantes blancos están de acuerdo con el “apoyo crítico” que Larrañaga le está prodigando al gobierno del Frente Amplio.

La seguridad y la educación

La dirigencia de Alianza Nacional realizó el sábado 21 una evaluación negativa de la política educativa y de seguridad pública del gobierno de José Mujica. Se consideró que el Frente Amplio no está cumpliendo con los compromisos políticos pactados para adoptar medidas contra la delincuencia. Además, se entendió necesaria la derogación de la ley de Educación porque “el país no tiene futuro sin una mejor enseñanza y esa reforma no ayuda al objetivo planteado”.

Delegados regionales

Decisión. El líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que no existe ninguna posibilidad de que su sector forme parte de los de los coordinadores regionales que designará el presidente José Mujica en el interior del país. Mujica había previsto nombrar 19 delegados, pero tras negociaciones con Larrañaga aceptó bajar a seis la cantidad de estos funcionarios que coordinarán tareas con el Poder Ejecutivo. Luego de esas negociaciones el líder colorado Pedro Bordaberry dijo que el acuerdo suponía un reparto de cargos.
Incluso en el Ejecutivo se esperaba que Larrañaga aportara algún nombre. Pero el líder blanco fue tajante. “Ninguno de los delegados regionales puede ni debe ser del Partido Nacional. Eso es terminante”, afirmó.

Fuente: Leonardo Pereyra para El Observador

Da Rosa: “Si se está maduro para ir preso también para casarse o votar”

El grave problema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia juvenil en Uruguay

Eber da Rosa Vázquez, miembro del Partido Nacional y senador uruguayo, ha contado en exclusiva para EVD, cómo se está trabajando desde el gobierno y la oposición para ofrecer medidas inmediatas que solucionen el problema de la inseguridad en las calles de Montevideo.

La violencia juvenil en Uruguay es un problema de difícil solución, a la falta de recursos y de centros de rehabilitación, se suma una marginalidad en aumento agravada por las migraciones del campo a la ciudad, el fácil acceso a las drogas y el escaso nivel educativo de los jóvenes. En Uruguay el 50% de los menores de edad no terminan la enseñanza secundaria. Durante más de 30 años a los jóvenes con delitos penales se les internaba en albergues donde convivían con niños huérfanos o abandonados. La falta de seguridad en estos centros provoca que se fuguen con mucha facilidad y que vuelvan a delinquir.

Para Da Rosa el problema de la inseguridad ciudadana que se vive en este momento es porque institucionalmente se ha dejado de lado durante muchos años, “confiando el problema a una dependencia estatal que no fue creada para ello, el viejo Consejo del Niño”. El senador explica que, ni estos centros ni el personal que trabaja en ellos están preparados para ser un establecimiento de reclusión. “Una cosa es ser una casa de protección y otra un ámbito de reclusión para menores que han cometido delitos como homicidios, violaciones, robos, etc.”

Existe un proyecto de ley del Partido Nacional, presentado el pasado año, en el que se incluye la creación de centros especializados en delincuencia juvenil, el senador nos detalla que sería “un centro de reclusión, donde además se apunte a la asistencia psiquiátrica, psicológica y docente para tratar que ese menor, cuando vaya a integrarse a la sociedad, no sea un delincuente proclive a seguir delinquiendo, si no que sea alguien que pueda integrarse en la sociedad”.

El proyecto de ley se ha presentado recientemente en una Asamblea General donde los 4 partidos uruguayos se han comprometido a sacarlo adelante antes del 31 de mayo. También se incluyen otras medidas como el mantenimiento de los antecedentes penales cuando cumplen los 18 años, el establecimiento de la pena de tentativa y la coparticipación en los hurtos. “Todo ello va a estar incluido en una ley en la que nos hemos comprometido a dar un trámite parlamentario rápido y que antes del 31 de mayo esté aprobada y vigente, y que el poder ejecutivo lo pueda empezar a implementar” apunta Da Rosa.

En relación a la parte económica, la partida necesaria para la creación del Instituto de Rehabilitación ya está contemplada y dispuesta. Da Rosa señala que “fue una iniciativa del Senador Jorge Larrañaga, cosa que es muy importante porque es ganar tiempo. Cuando se apruebe la ley, ya se puede poner en marcha”.

¿16 o 18?

Una de las iniciativas más polémicas y que más debate han suscitado en Uruguay ha sido la propuesta para bajar la edad de imputabilidad, de los 18 que actualmente recoge la Constitución, a los 16 años.

Para el senador Eber da Rosa esta medida por sí sola no es una solución. En primer lugar porque hay que reformar la Constitución, para lo que hay que hacer un plebiscito, y el plebiscito, la misma Constitución manda que se haga en la próxima instancia electoral, que será en el año 2014. Esto quiere decir que el proyecto, aun siendo ratificado y que el pueblo lo apruebe y lo incluya como norma en la constitución entraría en vigor en el 2015. “Y si estamos tan preocupados y tan sensibles con el problema de la seguridad yo creo que quien firma eso, de alguna manera dice, bueno podemos esperar hasta el 2015”.
Da Rosa enfatiza la importancia de dar respuestas de inmediato “a esto apunta este proyecto de ley, que toca todos los demás temas menos la imputabilidad, porque ya viene fijada en la Constitución”.

En el supuesto de un acuerdo social y político para aprobar la bajada de edad a los 16 años Da Rosa lo tiene muy claro “si se está maduro para ir preso, también se está maduro para casarse, para ir a votar, firmar contratos o asumir actos de responsabilidad civil”. En caso de votar una reforma constitucional en el 2014 Da Rosa la apoyaría, siempre y cuando sea una reforma global que incluya responsabilidades cívicas, civiles y familiares. “En una solución exclusivamente penal no, porque creo que no va a solucionar mágicamente el problema de la inseguridad y porque además va a crear una especia de estigma, o de condena a los jóvenes porque serán aptos para ir presos pero no para ejercer como un mayor de edad, como es casarse o votar”.

En relación a la recogida de firmas en la calle para la bajada de la edad de imputabilidad el senador cree que es un desahogo de la gente. Los ciudadanos no firman por la bajada de la edad o la reforma constitucional en 2015, firman por la seguridad y “¿quién no va a firmar por la seguridad?” afirma.

Educación y represión

Eber Da Rosa y el Partido Nacional consideran que hay que trabajar en dos aspectos necesarios para dar soluciones a corto y largo plazo, por un lado proyectos educativos y por otro endurecimiento de las leyes.

“Yo no comparto las tesis de algunos legisladores de izquierdas que ponen mucho énfasis en el tema educativo (…) y que dicen que hay que ser tolerantes”. Para Da Rosa también es importante la represión y la disuasión. “yo creo que el tema no pasa ni por un extremo ni por el otro, ni por la represión pura ni por pensar que mientras educamos que todo el mundo haga lo que quiera”. Para ello, el senador apuesta por trabajar por los dos sentidos y pide, además del endurecimiento de las políticas penales, medidas de disuasión “hemos reclamado un incremento de personal policial para lograr más presencia en las calles”.
El senador concluye asegurando que la responsabilidad en este caso está en encontrar medidas a corto plazo, no para el 2015.

Cristina Ruiz, exclusivo para EVD

Perfil del entrevistado

Eber da Rosa Vázquez, Tacuarembó, Uruguay-2 de Julio de 1956, abogado y político perteneciente al Partido Nacional
Graduado como abogado en la Universidad de La República en 1983, desde entonces ejerció su profesión, además de la docencia de Historia y Sociología.
Electo edil en su departamento natal para el periodo 1985-1989; en 1986 preside la Junta Departamental. Electo Diputado Nacional en 1989, ocupa la banca en 1990-1995. Dos veces Intendente del Departamento de Tacuarembó en los periodos 1995-2000 y 2000-2004. Durante su primer periodo como intendente trabaja junto a Jorge Larrañaga integrando el “Grupo de los Intendentes” que con el tiempo daría génesis a la agrupación Política Alianza Nacional. En la campaña de 2004 resulta electo Senador para el periodo 2005-2010.
En las elecciones nacionales de 2009, Da Rosa se postula como segundo titular al Senado por la lista de Alianza Nacional. Nuevamente es proclamado Senador de la República por el periodo 2010-2014.

Fuente: El Vínculo Digital

Senador Da Rosa (PN) presenta proyecto para fortalecer la evaluación en la enseñanza

El senador del Partido Nacional (PN) Eber Da Rosa promueve una serie de cambios en el Instituto de Evaluación Educativa, entidad cuya creación fue dispuesta por la Ley General de Educación hace dos años pero que todavía no está en funcionamiento. Entrevistado por En Perspectiva, el legislador del sector Alianza Nacional explicó los lineamientos principales de su propuesta: fortalecer las atribuciones y la independencia de este organismo, hacer obligatoria la existencia de pruebas sometidas a estándares internacionales y modificar la integración de la Comisión Directiva del instituto, para que en su dirección haya profesionales propuestos por los partidos políticos que luego sean designados por el presidente de la República. “Creemos que es fundamental dar participación a los partidos políticos, que son los canales de representación de la ciudadanía”, señaló.

EMILIANO COTELO:
En la ley de educación promulgada en el 2009 se dispuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un organismo que tiene entre sus cometidos –como lo dice su nombre– la evaluación de la calidad de la enseñanza que se imparte en los niveles inicial, primario y medio.

Dos años después de la entrada en vigencia de aquella norma, ese instituto todavía no fue instalado porque, según las fuentes de Gobierno que consultamos, se está trabajando en aspectos reglamentarios para ponerlo en funcionamiento en los próximos meses.

En medio de las demoras de su puesta en práctica, desde la oposición se promueven cambios en el texto que fue aprobado en su momento. En esa dirección va un proyecto que ha preparado el senador de Alianza Nacional Eber Da Rosa, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara alta.

Entre otras cosas, en ese proyecto se dispone que en la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa debe haber representantes de la oposición y además se establece la obligatoriedad de la participación de nuestro país en pruebas de evaluación internacionales, como por ejemplo las pruebas PISA, tan comentadas a fines del año pasado.

¿Por qué se presenta esta iniciativa en este momento? ¿Cuáles son las propuestas que tiene previsto presentar Alianza Nacional el 14 de febrero, fecha en que el Gobierno organizará una cumbre con las autoridades de la educación?

De estos temas vamos a charlar en los próximos minutos con el senador Eber Da Rosa.

***

La ley de educación (18.437), aprobada durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, fue una ley que provocó discrepancias fuertes entre el Frente Amplio (FA) y la oposición. Sin embargo, algunas de sus disposiciones lograron consenso. Ese fue el caso, por ejemplo, de los artículos que crean el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Por qué, entonces, usted propone ahora cambios justo en ese capítulo?

EBER DA ROSA:
En realidad lo que pretendemos no es cambiar para limitar o detener el curso de lo que la ley ha establecido. Lo que pretendemos es reforzar el papel del Instituto Nacional de Evaluación que está creado en la Ley General de Educación que se votó en el 2008.

Con el proyecto apuntamos básicamente a tres cosas. Por un lado, a fortalecer las atribuciones en cuanto a las facultades de control de resultados, que nosotros entendemos son muy importantes dentro de la educación. Tiene que haber un medidor que permita ver hasta qué punto la educación tiene procesos de deterioro y en qué medida –en tanto se van tomando ciertas decisiones de cambio– ese deterioro se revierte o logra comenzar a transformarse en un proceso de mejora de la calidad educativa.

En segundo lugar, buscamos hacer obligatoria la existencia de las pruebas sometidas a criterios o estándares internacionales de medición. Que deje de ser una cuestión que dependa de la discrecionalidad o de la mayor o menor voluntad del jerarca de turno. Es conocida la posición de algún miembro del Consejo de Educación Secundaria, que representa al sindicato de profesores de secundaria, que hace un tiempo expresó que estas pruebas no eran adecuadas para el caso de Uruguay, que en realidad tendríamos que ser medidos en comparación con la situación de otros países de América Latina, de África, o de Asia, y no con países europeos o con Estados Unidos.

EC – Usted está aludiendo a las declaraciones que hizo, luego de conocido el último informe PISA, el profesor Daniel Guasco, representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria.

EDR – Sí. Creemos que es fundamental mantener la participación del país dentro de esos niveles de medición y dentro de esas pruebas de nivel internacional. Entre otras cosas para tener una justa medida y una justa dimensión de cuál es el nivel que el país tiene en esta materia.

EC – Debo deducir entonces que aquellos comentarios del profesor Guasco dispararon por lo menos una parte de su proyecto.

EDR – No, en realidad mi proyecto fue redactado y presentado en el mes de octubre, y las declaraciones de Guasco fueron después de las últimas pruebas PISA que se divulgaron a fines de noviembre, así que fue previo, pero ya…

EC – …¿Pero su texto ya preveía la obligatoriedad de la participación del país en pruebas internacionales?

EDR – Exactamente. El texto ya lo preveía y con esa intención es que lo creamos, más allá de las declaraciones de algún jerarca de la educación, en el sentido de que no debe depender de la discrecionalidad de un jerarca sino que para el país debe ser preceptiva la participación en esas pruebas de evaluación a nivel internacional.

Y el tercer punto es una modificación en cuanto a la integración de la Comisión Directiva de ese Instituto Nacional de Evaluación. Creemos que es fundamental dar participación a los partidos políticos, que son los canales de representación de la ciudadanía. Hoy más que nunca, en muchos aspectos de la educación hay que tener presente el principio de que la soberanía radica en la nación, de que es el pueblo el soberano y que más allá de los márgenes de autonomía, que son legítimos y que están protegidos en la Constitución de la República, debe tenerse en cuenta siempre en concomitancia o en relación, y respetando esos márgenes de autonomía, el principio constitucional de que el soberano es el pueblo. El pueblo es el que elige al Gobierno, el pueblo es el que elige al Parlamento y por tanto el pueblo tiene que saber a través de representantes cuál es el nivel de aprendizaje de sus hijos, de los educandos, cuál es el nivel de enseñanza. Por ello entendemos que es fundamental –junto a la representación que ya está prevista en el texto actual aprobado por el parlamento en la Ley General de Educación– que además de los representantes de los organismos docentes, que en definitiva van a ser los evaluados, existan determinadas personas que, como lo dice el texto del proyecto, con autoridad y trayectoria en el campo de la educación sean propuestas por los partidos políticos y designados por el presidente de la República. Es aquello de buscar fortalecer la idea de evaluación y no de que los evaluados sean al mismo tiempo los evaluadores de los resultados.

EC – Sí, son varias preguntas que tengo a propósito de este punto de su proyecto, sobre la modificación que usted propone a la forma de integración de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación. Voy a la ley vigente, el artículo 114 dice lo siguiente: “El Instituto será dirigido y administrado por una Comisión Directiva integrada por siete miembros: uno designado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que lo presidirá; tres designados por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública; dos designados por la Universidad de la República (UdelaR), y uno por la educación privada inicial, primaria y media habilitada”. ¿Esta integración se discutió en comisión y en el Parlamento o no?

EDR – Se discutió naturalmente dentro del ámbito de la Comisión de Educación cuando se aprobó la ley. Lo que nosotros estamos proponiendo ahí…

EC – …Porque es muy diferente a la que usted ahora está planteando…

EDR – …Tiene una diferencia, que en vez de tres representantes de los órganos de gobierno de la enseñanza planteamos la presencia de dos representantes. Y planteamos que no haya un representante de la UdelaR –que en este asunto tiene poco que ver porque aquí estamos hablando de un instituto de evaluación en el marco de una ley que regula los procesos de educación inicial, primaria y secundaria, no la educación universitaria. Lo que pretendemos con esto es fortalecer la presencia de personas que con notoria jerarquía y trayectoria en el ámbito de la educación no necesariamente pertenezcan a los órganos de gobierno dentro de la educación y participen dentro de la comisión directiva de este instituto de evaluación.

EC – Sí, llama la atención que de un plumazo se elimine la participación de la UdelaR, que esto se pueda aceptar.

EDR – Será cuestión a discutir, pero es como que si en lo que refiere a los organismos de evaluación de los niveles universitarios –que es algo que también se va a discutir este año, el proyecto de la agencia de acreditación ya está en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, es un tema que ya se empezó a debatir a fines del año pasado– digamos que tiene que haber representantes del Codicen, de la educación media o de la educación primaria, me parece que son temas diferentes. Aunque todo lo de la educación está concatenado es evidente que aquí estamos hablando del ámbito de la educación inicial, primaria y media, no estamos hablando de la educación universitaria. Este instituto de evaluación no se refiere a la educación universitaria ni va a evaluar ningún nivel de calidad desde el punto de vista universitario.

EC – Así que entonces usted propone otra integración de siete miembros: uno designado por el MEC que presidirá la comisión, en eso no hay cambios; tres que serán propuestos al Poder Ejecutivo por los partidos políticos representados en el parlamento nacional…

EDR – …Y designados por el presidente…

EC – …Dos designados por el Codicen y uno designado por la educación privada inicial, primaria y media habilitada. Usted recién explicaba por qué entiende conveniente que haya representación de los partidos políticos, me gustaría profundizar en esa idea. Lo que usted está procurando de algún modo es que en un organismo de este porte y con una responsabilidad tan importante como la de evaluar la calidad de la educación no se instale un funcionamiento corporativo, que la propia educación no se evalúe a sí misma, ¿es así?

EDR – Si queremos fortalecer el papel evaluador de este organismo, que en definitiva esa es su tarea, tenemos que fortalecer su independencia desde todo punto de vista para que tenga la jerarquía y dé las seguridades que corresponde. Para eso no se me ocurre mejor mecanismo de representación de la ciudadanía –que es la que en definitiva tiene que saber qué es lo que pasa con la educación– que la representación de los partidos, que es lo que la ciudadanía tiene en nuestro sistema democrático republicano. Lo que estamos planteando es que los partidos propongan nombres y que quien designe esos nombres sea el presidente de la República.

EC – ¿Pero detrás de esa decisión suya hay una preocupación por el corporativismo?

EDR – En parte por el corporativismo pero fundamentalmente porque creo que es una cuestión esencial. Me parece fundamental asegurar la presencia directa de representantes de los partidos que no estén comprometidos con la gestión de los organismos docentes, porque los organismos docentes son precisamente los evaluados.

EC – Ahora, entendiendo la filosofía de esta modificación que usted propone también hay que mirar la otra lectura posible. Con esta incorporación de representantes de los partidos políticos se corre el riesgo de politizar la evaluación de la calidad educativa.

EDR – Sí, ese es un riesgo y hay que tenerlo presente. Por eso el proyecto dice que han de ser personas de notoria versación y trayectoria en el ámbito de la educación los que deben ser propuestos por parte de los partidos políticos al presidente de la República…

EC – …Sí, esa es otra modificación que usted introduce, porque en el texto original no está establecido en esos términos. Usted pone: “Estos [todos los integrantes de la comisión directiva] deberán ser designados entre personas de nivel universitario relevante, que por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual período manteniéndose en los mismos hasta la designación de quienes deberán sucederlos”.

EDR – Fíjese que en el proyecto ni siquiera estamos planteando el tema de si deben ser designados por mayorías especiales o no, sino que damos la suficiente flexibilidad para que el presidente de la República, que es quien designa a los integrantes de este organismo, sea quien tenga la última palabra en lo que tiene que ver con esa designación. Riesgos siempre hay. Por un lado se puede decir que hay riesgo de politización, por otro lado se puede decir que hay riesgo de corporatización, por otro lado se puede decir que hay riesgo de que la evaluación no sea lo suficientemente objetiva porque la representación de las autoridades está conformada exclusivamente por personas que están integrando en ese momento los órganos de gobierno de la educación. Naturalmente siempre existe riesgo en toda institución humana, en toda creación humana.

EC – Por un lado usted propone eliminar ese representante de la UdelaR que está previsto en el texto de la ley vigente, pero por otro lado, cuando establece estas condiciones de formación con las que deben cumplir los integrantes de la comisión directiva, pone el piso muy alto. Dice que tienen que tener formación universitaria, que “deben ser designados entre personas de nivel universitario relevante”…

EDR – …Porque precisamente lo que buscamos ahí es que no baje el nivel y que entremos en un ambiente donde predomine más la cuestión política sobre la cuestión educativa.

EC – Pero puede ocurrir que personas con amplia experiencia en los asuntos educativos y que podrían ser útiles en esa comisión directiva pero que no tienen título universitario queden afuera.

EDR – No, lo que buscamos es que el nivel de esos representantes sea precisamente de máximo nivel, que tengan un nivel universitario y que tengan trayectoria en el campo de la educación. Precisamente porque lo que buscamos evitar es la politización, buscamos darle el máximo nivel de calidad porque en el máximo nivel de calidad que tenga la dirección de este organismo nos va, ni más ni menos, que el nivel de evaluación de calidad y eso es muy importante para el país. Es una tarea muy delicada e importante.

***

EC – Una de las cláusulas de su proyecto avanza en el detalle del tipo de pruebas y actividades que debe realizar este instituto, ¿por qué?

EDR – Aclaremos que desde el momento en que esto es un proyecto de ley y que va a comisión naturalmente es susceptible de modificaciones. Quizás entramos en un exceso de detallismo. Pero precisamente lo que buscamos es asegurar que en la ley queden establecidas las condiciones mínimas o las condiciones esenciales para que exista una adecuada evaluación.

EC – Por un lado establece, como ya comentamos, la obligación del país en cuanto a la participación en pruebas internacionales y por otro dice: “En consecuencia deberá: A) Evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, preescolar, primario y medio. A tales efectos se implementarán pruebas de evaluación en gran escala aplicadas alternadamente a 4to. y 6to. grado de educación primaria, último grado de primer ciclo de la educación media y último grado de la educación media superior. Las mismas deberán ser administradas y calificadas de acuerdo a instrucciones precisas que emanen del instituto. B) Aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad. C) Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas. D) Favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación. E) Aportar información acerca de los niveles de aprendizaje de los educandos. F) Evaluar la funcionalidad y adaptabilidad de los correspondientes currículos a nivel de los diferentes tipos de alumnados, en particular en cuanto a los objetivos de la enseñanza impartida y las expectativas en cuanto a los niveles de aprendizajes obtenidos. G) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del sistema nacional de educación en los niveles inicial, preescolar, primario y medio. H) Asesorar al MEC y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación”.

Esto es lo que yo mencionaba en la pregunta, todo este detalle que usted pone en su proyecto.

EDR – No es otra cosa que corroborar y de alguna manera explicitar más claramente algunos cometidos que ya están establecidos en la Ley General de Educación. Es decir, en ese aspecto quizás hay una mayor precisión en cuanto a detalles de lo que deben ser esos mecanismos de evaluación, pero no hay modificaciones sustanciales respecto a lo que ya está establecido dentro de la Ley General de Educación, y que nosotros compartimos, como cometidos que deben ser cumplidos por este instituto a los efectos de lograr los resultados que se buscaron cuando se crearon dentro de esta ley. No estamos creando un nuevo organismo, simplemente estamos modificando algunos artículos en lo que tiene que ver con la integración de la comisión directiva y con la preceptividad de las pruebas y reafirmando las facultades de control de calidad de los niveles de enseñanza impartido.

EC –Para terminar con el contenido del proyecto, en una de sus disposiciones se agrega a lo que dice la ley vigente que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa “gozará de la más amplia autonomía funcional técnica administrativa y financiera”. ¿Por qué esta disposición?

EDR – Precisamente para lograr que este instituto tenga la jerarquía adecuada y tenga la independencia necesaria de los poderes políticos, de los propios organismos de gobierno de la educación, de modo que cumpla la tarea de evaluación que se le encomienda.

EC – ¿Era una omisión grave en el proyecto original?

EDR – No, porque el proyecto ya consagraba la existencia de un margen importante de autonomía. Lo que nosotros hacemos en todo caso es poner el énfasis en cuanto a la autonomía financiera, a que maneje recursos propios, porque en eso también le va la vida a la propia función independiente y de alto nivel técnico que tiene que cumplir este organismo para que su función sea en serio.

EC – ¿Ha hecho algún tipo de sondeos?

EDR – El proyecto fue presentado en la comisión. En aquel momento en el Senado estábamos comenzando el tratamiento del tema del Presupuesto y además ya estaba en carpeta el inicio del tratamiento del tema de la agencia de acreditación y control del nivel de la educación terciaria. De manera que este proyecto quedó en segundo lugar después de tratar el tema universitario.

Hay algunos senadores que manifestaron su interés en discutir el tema, algunos me han expresado más simpatía, otros no me han dicho nada. Pero es un tema que naturalmente va a ser discutido y eventualmente será objeto de modificaciones, porque tampoco es un proyecto cerrado. Puede haber modificaciones en lo que tiene que ver con el contenido, siempre que se preserve la filosofía original del proyecto.

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EC – Usted ponía mucho énfasis en la importancia que le asignan usted y su sector político a la evaluación de la calidad de la educación, para poder encaminar ese rubro que a su vez es determinante para el futuro del país.

Ahora, el capítulo de la ley de educación que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dice en el artículo 116: “La política de difusión de esta información sobre la calidad educativa resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación”. En particular, esto significa que no se van a conocer resultados por instituto. Las veces que hemos mencionado el tema, tanto en las tertulias como en la reacción de la audiencia esto da pie a opiniones divididas. Hay quienes dicen que está bien y hay quienes dicen que no, que los padres y alumnos tienen derecho a saber cómo está una institución educativa en comparación con otra. ¿Qué dice usted de este punto?

EDR – Yo comprendo el punto en la redacción que tiene la ley, en el sentido de que seguramente lo que se buscó fue manejar esta información con la suficiente seriedad y discreción, a los efectos de que las correcciones se hagan dentro de los ámbitos del gobierno de la educación y de las instituciones, y no que sean temas que estén manejándose con intenciones que no sean precisamente las de mejorar la eficiencia y la calidad de los niveles de enseñanza. Pero creo que en estas cosas debe tenerse en cuenta un principio esencial: que el depositario de la soberanía en el país es el pueblo, es la gente. Y la gente tiene que saber cuáles son los resultados de esas evaluaciones.

EC – ¿Y tiene que saber eso instituto por instituto?

EDR – Yo no diría instituto por instituto, pero sí tiene que saber por lo menos en reglas generales cuáles son las tendencias, los problemas, los niveles…

EC – …Se lo pregunto porque usted no modifica este artículo en su proyecto…

EDR – …No, porque es un tema muy polémico y porque no quiero dar pie a que mañana se diga que lo que se pretende es transformar al Instituto de Evaluación en una especie de comidilla. Usted sabe que a la información se le da el manejo que quiere el que maneja esa información, entonces no quise entrar en ese terreno. Creo que es un tema que lo podrá reglamentar y determinar el propio Instituto de Evaluación en la medida que entienda hasta dónde es pertinente esa información, hasta dónde es pertinente que esa información se maneje en forma reservada y no pública, porque también hay posibilidades de brindar información que no tiene por que manejarse públicamente pero sí brindarse a personas interesadas en el conocimiento de estos temas, o determinada información que se maneje exclusivamente a nivel de los organismos de educación por lo delicada que es.

EC – ¿Tiene algo que ver el hecho de que este proyecto suyo que es del año pasado reaparezca ahora en la agenda política con el hecho de que la semana que viene tendrá lugar una cumbre educativa a la que ha convocado el presidente José Mujica donde en el Consejo de Ministros se intercambiará con la UdelaR y con el Codicen?

EDR – El proyecto fue presentado en octubre cuando ni siquiera se conocían los resultados de las últimas pruebas PISA. Fue presentado siguiendo una preocupación en esta materia que viene de mucho tiempo atrás, pero que naturalmente se engarza con toda esta discusión sobre la educación. Desde Alianza Nacional siempre hemos dicho que nos preocupa mucho el tema de la educación. En el período pasado empezamos a hablar –cuando nadie lo hacía–de dar prioridad a las escuelas de tiempo completo, un tema que venía de la época de Germán Rama en el Codicen, que después había sido dejado de lado en las administraciones de Jorge Batlle y de Tabaré Vázquez, y que nosotros entendíamos que debía ser retomado como un elemento muy importante en la base de la educación y en la lucha contra la marginalidad y la exclusión social.

EC – Con esos antecedentes, ¿con qué expectativa se planta Alianza Nacional ante esta cumbre educativa? Recordemos que por una gestión del senador Jorge Larrañaga la convocatoria original se modificó, no va a estar solo el presidente del Codicen sino que van a estar todos los integrantes del Codicen, por lo cual estará el profesor Daniel Corbo, que de los consejeros es el único representante de la oposición.

EDR – Vamos con el mismo espíritu constructivo con el que hemos estado trabajando. Sabemos que somos parte de la oposición y que naturalmente cumplimos el rol que tenemos que cumplir en esa materia, pero con un criterio constructivo. Siempre hemos dicho que hay formas y formas de hacer oposición. Hay otros como el senador Pedro Bordaberry, que entiende que hay que oponerse a todo, pero son formas de encarar la manera de hacer oposición…

EC – …El senador Bordaberry le va a contestar que ni él ni su sector político se oponen a todo…

EDR – Pero es notorio que él es permanentemente crítico de todo, lo percibimos a través de la prensa todos los días, no precisa que yo lo diga, basta simplemente sintonizar los programas periodísticos, los informativos, para escuchar lo que dice Bordaberry. Son formas de encarar la oposición. En este tema, como en tantos otros que hemos encarado, vamos con un criterio constructivo y con el propósito y la sana ilusión de encontrar algunos caminos que nos permitan mejorar los niveles de la educación, porque creemos que la educación no es un tema de partidos políticos sino un tema de Estado.

EC – Cuando usted dice “nosotros” está aludiendo al profesor Daniel Corbo…

EDR – Naturalmente, y me refiero a Alianza Nacional…

EC – …Corbo pertenece a Alianza Nacional y es el representante de la oposición en el Codicen…

EDR – …El profesor Daniel Corbo también ha hecho algunos aportes e iniciativas importantes. Ha presentado algunos proyectos como el de aumentar la autonomía de los liceos en la conformación de los planes de estudio como forma de fortalecer la relación entre el instituto de enseñanza y el ámbito socioeducativo circundante. Son aportes hechos con un sentido constructivo y positivo. La educación es un tema demasiado importante como para manejarlo exclusivamente desde ángulos político-partidarios. La gente quiere respuestas serias y constructivas del sistema político y tenemos que ser conscientes de ello.

Escuche la entrevista a Eber Da Rosa:

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Fuente: espectador.com

“Cumbre Educativa”

Nunca fui partidario, en aras de los resultados concretos que se buscan, de grandes nombres rimbombantes para determinadas instancias de diálogo profundo y que, debe ser fecundo. Pero no se si por iniciativa de algún jerarca de gobierno o por mero propósito sensacionalista de algún medio de prensa así se ha llamado a la reunión que ha convocado el Poder Ejecutivo con algunos representantes del CO.DI.CEN y los Presidentes de los Consejos desconcentrados de la educación.

De cualquier forma nos parece trascendente la convocatoria y la preocupación expresada por las más altas autoridades del gobierno respecto del nivel actual de nuestra educación a la luz de los resultados de las pruebas PISA divulgados a fines del año pasado en lo que refiere a lectura, ciencias y matemáticas, además de problemas ya conocidos como el altísimo grado (más del 50%) de deserción en la educación secundaria, de repetición en la educación primaria y de carencias de infraestructura en una gran cantidad de escuelas y liceos de todo el país.

En realidad como lo dice el Dr. Leonardo Costa en un reciente reportaje: “la única revolución que existe es lograr la excelencia del conocimiento. Si yo a un individuo le doy plata pero no le enseñé a ser un mejor ser humano, se va a gastar el dinero y eso no es justicia social, eso es simplemente asistencialismo”, compartimos totalmente dicho concepto. Es de acuerdo a los niveles de educación y aprendizaje en una sociedad que se genera en distintos grados la llamada igualdad de oportunidades, cuestión esencial para alcanzar justicia social y una más adecuada y “verdadera” redistribución de la riqueza.

De verdad fue una enorme frustración el llamado Debate Educativo, convocado allá por el año 2006 por la administración anterior del Frente Amplio puesto que en vez de abordar en profundidad el tema de la matriz y el contenido de nuestro proceso educativo que tiene ya más de setenta años, se quedó exclusivamente en la agenda de los sindicatos de la enseñanza referidas a los porcentajes de recursos económicos a ser volcados dentro del presupuesto para la educación y al gobierno, sobretodo a la participación de los sindicatos en los órganos de gobierno de la educación.

No estoy de acuerdo con la postura de algunos, dentro de mi propio partido que asumen simplemente una actitud de cerrada crítica y de echarle todas las culpas del problema a la actual administración y a la anterior del Frente Amplio. Los problemas en la educación suelen tener raíces mucho más profundas y los resultados de las políticas aplicadas suelen verse recién después de diez o quince años. Pero también es verdad que el Frente Amplio que tanto alentó los reclamos de los gremios de la enseñanza y las posturas de autonomía casi lindantes con el reclamo de independencia y de fraccionamiento de poder del Estado, se quedó en los meros reclamos corporativos sin haberlos siquiera atendido plenamente y hoy el propio Ministro de Educación tiene que anunciar que el Poder Ejecutivo esta dispuesto a ejercer su autoridad hasta los límites mismos que permite la Constitución de la República en cuanto al respeto a las autonomías de los organismos de la enseñanza.

Todo ello entonces constituye el marco en el cual debemos reflexionar. Tenemos a favor un amplio consenso de todos los partidos políticos en cuanto a la importancia de vigorizar la educación y de encarar reformas acordes a los nuevos tiempos. Algunas de ellas como la de darle un fuerte impulso con recursos presupuestales, a las llamadas “escuelas de tiempo completo”, que fueron planteadas en el Uruguay y comenzadas a implementar en tiempos en que el Profesor Rama ejercía la presidencia del CO.DI.CEN, digámoslo sin tapujos y reconociendo las cosas como fueron. Después nuestro sector político Alianza Nacional hizo un fuerte planteo reivindicando esa iniciativa dejada de lado en las administraciones de Batlle y de Vázquez. Y con beneplácito hemos acompañado la iniciativa de la administración Mujica de volver a impulsar ese instrumento para mejorar la calidad de la educación y para combatir la marginalidad y la exclusión social. Con el mismo espíritu el consejero Daniel Corbo, miembro de la oposición dentro del CO.DI.CEN ha planteado, contado con el respaldo de los consejeros de dicho organismo, la iniciativa de fortalecer la autonomía de programas educativos y de gestión a nivel de las direcciones de los liceos, teniendo en cuenta la diversidad del entorno socio económico y geográfico de cada uno de ellos.

Es necesario además aplicarse urgentemente a introducir nuevos programas de capacitación de docentes pues como lo dijera nuestro compatriota el Cr. Enrique Iglesias en el reciente Tercer Foro Iberoamericano por la Educación celebrado en Buenos Aires en el mes de noviembre pasado, al que asistimos junto con parlamentarios y especialistas del tema educación de toda América Latina y la Península Ibérica, estamos en el umbral de un nuevo tiempo en el que las nuevas tecnologías y los nuevos léxicos generados por los propios educandos (internet, telefonía celular, informática) hacen que en vez de abuelos que enseñan a nietos o padres que enseñan a hijos como lo fue siempre en el pasado, son hoy los nietos los que muchas veces enseñan a los abuelos o los hijos a los padres y tenemos entonces que generar una educación que a su vez prepare a los alumnos a saber racionalizar y administrar los nuevos conocimientos que como una especie de “bombardeo” les llega a través “de la compu” o “de la ceibalita”.

Ni que hablar sobre la necesidad de poner en marcha rápidamente institutos creados en la Ley General de Educación 18.347 del año 2008, como el Instituto Universitario de Educación y el Instituto de Evaluación Educativa. En este sentido es que hemos presentado un Proyecto de Ley en octubre del 2010, actualmente en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, tendiente a reforzar los poderes de evaluación y de medición de resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel de nuestra educación inicial, primaria y media; a establecer como obligatorias para el país la participación en pruebas de medición a nivel internacional para que no sea una cuestión de mera discrecionalidad de las autoridades de turno; y que integre en el Consejo Directivo de dicho Instituto de Evaluación a representantes propuestos por los Partidos Políticos y designados por el Presidente de la República, además de quienes sean designados por las respectivas autoridades de la educación, siempre que sean personas de notoria versación y trayectoria en el campo de la educación a los efectos de que los evaluadores no sean solo representantes de los órdenes evaluados.

Creo que estamos en un tiempo fecundo para ello y creo que a los efectos instrumentales sería bueno que el Poder Ejecutivo además de hacer partícipe al Parlamento, a los órganos de la enseñanza y a los sindicatos de trabajadores de la educación, debería conformar como lo dejé planteado en algún artículo escrito en el mes de enero, una comisión de técnicos especialistas en temas educativos de todos los Partidos Políticos y los integrantes del actual CO.DI.CEN como órgano superior dentro de la educación para redactar un proyecto o borrador de reformas profundas en la matriz y los contenidos de los programas educativos, impulsando una educación más incluyente, más motivadora para alumnos y docentes y adecuada a los nuevos tiempos. Sería imperdonable que nos quedáramos en los meros reproches y ajustes de cuentas, denunciando las cosas que hoy están mal y otros recordando las culpas del pasado. El asunto es como dicen en mis pagos “pa´delante estan las casas” y hacia ello tenemos que mirar. En ello nos va, “pavada de caramelo” ni más ni menos que la suerte de las futuras generaciones y la soberanía misma del país.

Eber da Rosa

Túnica blanca: Blancos proponen revisar integración del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que tenga representantes políticos

Blancos proponen revisar integración del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para que tenga representantes políticos

El presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Eber da Rosa (Partido Nacional), pretende modificar algunos aspectos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), creado en 2008 mediante la Ley General de Educación y entre cuyos objetivos se encuentra “evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio”.

Según explicó Da Rosa a la diaria, su proyecto de ley establece tres puntos esenciales: el fortalecimiento de los cometidos de control de calidad de evaluación de los distintos niveles de enseñanza; hacer obligatoria mediante una ley determinadas pruebas internacionales a las que el país ya se somete y modificar la comisión directiva del instituto. El proyecto de Da Rosa agrega que “se implementarán pruebas de evaluación, en gran escala, aplicadas alternadamente a cuarto y sexto grado de educación primaria, último grado del primer ciclo de la educación media y último grado de la educación media superior”; también establece que el objetivo del instituto será no sólo “evaluar” sino también “monitorear la calidad de la educación nacional”, “a través de la administración de pruebas de rendimiento educativo y el desarrollo de líneas de investigación de interés en materia educativa”.

Además, el proyecto considera que el instituto “participará, gestionará o colaborará en distintos proyectos internacionales”, entre los que se enumeran “el tercer estudio internacional sobre matemáticas y ciencias, el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa de la Oficina Regional de Unesco para América Latina y el Caribe (OREALC) y el programa PISA de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)”.

En cuanto a la integración de la Comisión Directiva, la Ley de Educación prevé que haya siete miembros: uno del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), tres por el Codicen, dos por la Universidad de la República (Udelar) y uno por la educación privada inicial, primaria y media habilitada.

La alternativa de Da Rosa consiste en eliminar del consejo a los dos representantes de la Udelar y a uno de los del Codicen e incorporar “tres que serán propuestos al Poder Ejecutivo por los partidos políticos representados en el Parlamento Nacional”. Según Da Rosa, la Udelar no tiene nada que ver con temas de educación media y primaria”, en tanto que también se buscó “fortalecer la presencia de personas idóneas y ajenas al ámbito de la enseñanza,”"El objetivo es también que los evaluadores no sean los mismos que los evaluados”, sostuvo.

Extractado de La Diaria

“Hay que colaborar con una política de estado en materia educativa”

Propuestas para discusión sobre educación

El sector Alianza Nacional presentó un programa con ideas que apuntan, entre otras cosas, a mejorar la autonomía de gestión y pedagógica de los centros educativos.
El programa apunta a enfrentar la crítica situación que atraviesa la Enseñanza Media. Entre las medidas se proponen mejorar la autonomía de gestión y pedagógica de los centros educativos, la concentración de horas de un docente en un mismo liceo y evitar la rotación de los mismos.

También se cree conveniente la creación de una nueva categoría de docentes, “los profesores referentes o coordinadores de asignatura”.

El encuentro tuvo lugar en el Anexo del Palacio Legislativo, con los líderes de Alianza Nacional, los Senadores Larrañaga y Da Rosa y los Diputados Gandini y Mañana a efectos de precisar su posición ante la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a una Cumbre Educativa.

Esta mañana, Alianza Nacional dio a conocer las iniciativas que el consejero nacionalista en el Codicen, Daniel Corbo, propone como forma de enfrentar la grave situación de la Educación Pública.

Larrañaga confirmó que en una conversación mantenida el miércoles entre el senador y el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, y el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrich, ambos ratificaron la invitación a Corbo a la cumbre.

Para Larrañaga, esta cumbre es oportuna, dada la situación de emergencia que atraviesa la educación.

La batería de medidas que Corbo presentará para modificar la matriz de la educación pública tiene 13 puntos. Larrañaga manifestó que se pretende “apuntalar algunas iniciativas del licenciado Corbo. Creemos que hay que impulsar propuestas destinadas a reformular el modelo centenario de la Educación Media, modificar la matriz de la educación pública. Es central otorgar una autonomía de gestión y pedagógica a los centros educativos, los directores tendrán que disponer de márgenes de decisión para conformar un equipo docente imbuido de una cultura muy fuerte en cuanto al compromiso educativo”

Algunas de las medidas destacadas son concentrar las horas del profesor en un centro educativo en un proceso hacia el cargo docente y evitar la rotación de profesores todos los años en distintas instituciones.

También se destaca la propuesta de que todo centro educativo deberá, a partir de un diagnóstico institucional que identifique sus debilidades, elaborar un plan estratégico de mejora educativa a largo y mediano plazo. Este deberá estipular objetivos, metas e indicadores de logro anual por lo menos en tres áreas: gestión institucional, convivencia y valores, resultados de aprendizaje en lengua, matemática y ciencias experimentales.

Se entiende, por parte de Corbo, que el elevado número de asignaturas anuales (13) “constituye un factor desquiciante de las formaciones básicas que deben adquirir los alumnos y es uno de los elementos determinantes de los fracasos y abandonos”.

También propone que en cada liceo se constituya una categoría nueva de docentes, los profesores referentes o coordinadores de asignatura. Se comenzaría por tener, por lo menos, un profesor referente en lenguas, matemáticas, ciencias experimentales. Estos profesores se seleccionarán mediante concurso entre los mejores calificados. Actuarían con los docentes de la materia del liceo, acordarían metas de aprendizaje, criterios de trabajo y evaluación de los aprendizajes, elaborarían recursos didácticos, apoyarían a docentes noveles o con carencias y realizarían programas de apoyo a estudiantes con dificultades.

Para el senador Larrañaga, el modelo educativo hay que modificarlo en forma urgente dado los pésimos resultados que está exhibiendo. El hecho de que el 70 % de los uruguayos no terminó el bachillerato posiciona a nuestro país en el peor lugar en el Mercosur detrás de Paraguay, que tiene al 63.3% de sus ciudadanos sin haber terminado el liceo. Estos datos se desprenden de la encuesta ampliada de Hogares del 2009 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Para el líder de Alianza Nacional, “la gran revolución es la educación, la gran revolución en el tejido social del país para vencer a la pobreza, es el conocimiento que da la educación y estas propuestas son básicas para poder concretarlo”. Asimismo, sostuvo que “esos cambios son fundamentales para transformar la educación nacional para que sea un verdadero instrumento que iguale y no que se transforme en una educación pública residual de la educación privada, donde obviamente la educación privada es de mucho mayor calidad que la pública. Queremos volver a una educación pública con resultados, con equidad, que apueste al desarrollo del conocimiento de nuestros jóvenes para que el país pueda tener futuro”

El Dato:
Uruguay es el peor posicionado en el Mercosur entre quienes no alcanzaron a concluir la secundaria básica (tercero de liceo); el 48.1% no aprobó.

Escuche las declaraciones de Jorge Larrañaga

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Descargue el documento de Daniel Corbo

Propuesta educación-Corbo febrero-2011

Crónica extractada de El Espectador

Da Rosa pidió restituir sede del Ministerio de Defensa a la Intendencia de Tacuarembó

Predio. Había sido adquirido en 1970 por el ex intendente Chiesa; la dictadura lo destinó al Esmaco

El senador Eber da Rosa (Alianza Nacional) planteó al Poder Ejecutivo que estudie la restitución a la Intendencia de Tacuarembó de la sede del Ministerio de Defensa (Montevideo) como forma de corregir “esta arbitrariedad cometida en tiempos de la dictadura”.

El inmueble podría ser utilizado como un Hogar para estudiantes de Tacuarembó que deben residir en Montevideo.

La propuesta de Da Rosa fue efectuada el pasado martes durante la media hora previa de la Cámara alta al expresar Da Rosa que el Ministerio de Defensa está evaluando mudarse para el centro de Montevideo. “Todos sabemos la importancia que tiene para los hijos de familias pobres y de escasos recursos provenientes del interior ­sobre todo, de los departamentos más alejados de la capital del país­, la existencia de los llamados hogares estudiantiles, que son casas que proporcionan las Intendencias para que ellos puedan residir mientras continúan sus estudios en la capital”, dijo el parlamentario de AN. Da Rosa recordó que “en 1970, el entonces intendente departamental de Tacuarembó, don Pedro María Chiesa, sensible a esta realidad, adquirió un inmueble en Montevideo con el propósito de dar alojamiento a estudiantes provenientes de dicho departamento, para que pudieran cursar sus estudios en la capital del país”. Sin embargo, “ese inmueble, que fue adquirido con recursos de la Intendencia de Tacuarembó, con aportes de los ciudadanos de ese departamento, en realidad, le perteneció por un efímero período porque en el comienzo de la dictadura del régimen militar se procedió, por parte de las autoridades de la época, a presionar u obligar a las autoridades departamentales para que esa casa ubicada en la Avenida 8 de Octubre ­que había sido adquirida por una importante suma de dinero­ fuera entregada para instalar allí el Esmaco, es decir, el Estado Mayor Conjunto, donde luego se ubicó lo que hoy es el Ministerio de Defensa Nacional”. Aludió a que “a cambio de ese inmueble, se entregó a la Intendencia de Tacuarembó una vivienda en muy precarias condiciones y en estado ruinoso, en donde funcionaría el hogar estudiantil. Se trata de un predio ubicado en la calle Uruguay, al lado de la Embajada de Francia, que nunca pudo ser reciclado por parte de la Intendencia de Tacuarembó, y por lo tanto, nunca pudo ser usado para un fin útil”. En la actualidad “continúa siendo una especie de pesada carga para la Intendencia de Tacuarembó, que no tiene ninguna utilidad, que molesta en la ciudad, que significa un foco de riesgo y sobre el que más de una vez se han recibido quejas de la Embajada de Francia por su estado ruinoso”.

El senador blanco solicita la restitución a la comuna de Tacuarembó de la sede que hoy ocupa el Ministerio de Defensa y que esta devuelva los inmuebles precarios que le fueron entregados por el gobierno de la época”.

Fuente: La República

Proyecto para mejorar evaluación de enseñanza

El senador nacionalista Eber Da Rosa presentó un proyecto de ley tendiente a mejorar los mecanismos de evaluación de la enseñanza.
Proyecto para mejorar evaluación de enseñanza
La iniciativa propone una serie de modificaciones al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creado en la Ley General de Educación.

En su proyecto, el senador de Alianza Nacional plantea que esa institución pueda “gestionar o participar a nivel de distintos proyectos o pruebas de evaluación a nivel internacional a efectos de conocer, con resultados concretos, los niveles de los alumnos uruguayos en comparación con alumnos de otros países”.

Ampliaremos…

Fuente: El Espectador

23.10.10 – Reunión de la Agrupación de Gobierno y campamento de la Juventud

La Agrupación de Gobierno de Alianza Nacional sesionará este sábado 23 de octubre de 2010 a partir de las 10:30 horas en el Centro de Reuniones del Hotel y Complejo Turístico Palmar, localidad de Palmar, Departamento de Soriano.

Dentro del orden del día figura el debate sobre temas de actualidad política: ley de caducidad, coordinadores regionales, modificaciones al sistema tributario, proyectos de ley sobre seguridad pública y régimen penal juvenil

En dicha ocasión además se recibirán a las nuevas autoridades de la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate y se definirá la nueva estructura organizativa de Alianza.

Luego de la reunión, se acompañará a la juventud del sector en el campamento que, durante la jornada del sábado y domingo, estará desarrollándose en la zona, como puntapié inicial para las elecciones de juventud a realizarse el año próximo.

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