Ribeiro (BCU): “El tipo de cambio actual no va a generar un incremento de la inflación”

Recientemente asumido como integrante del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), el nacionalista Washington Ribeiro aseguró que trabajará con lealtad hacia la institución y hacia su partido, “siendo consciente de que soy el único representante de la oposición” en la entidad bancaria. Entrevistado por En Perspectiva, consideró poco probable un aumento inflacionario pero advirtió con respecto a un posible sobrecalentamiento de la economía. El economista sostuvo que la intención del gobierno de mantener el valor del dólar entre 21 y 22 pesos es legítima pero no asegura la competitividad. Además, explicó cómo piensa colaborar en el aumento de la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno, así como en el “cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas”.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Desde la semana pasada, un integrante de la oposición forma parte del equipo económico de gobierno.

Se trata del economista Washington Ribeiro, flamante director del Banco Central del Uruguay (BCU). Un hombre de confianza del senador blanco y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, integra el directorio del organismo responsable, entre otras cosas, de fijar la política monetaria para combatir la inflación, regular y supervisar el sistema financiero y, para muchos integrantes del Poder Ejecutivo, vigilar el valor del dólar frente al peso uruguayo.

Ribeiro tiene 38 años, se graduó en la Universidad de la República, ha sido asesor en temas de política económica, inserción internacional y estrategias de desarrollo en AN, el sector liderado por Jorge Larrañaga, entre 2002 y 2010.

JAE – Un nombre que ya se había manejado en el anterior período para la integración de la oposición en el BCU. Eso finalmente no prosperó, pero ahora sí, vuelve su nombre y se concreta con este acuerdo entre gobierno y oposición.

¿En qué temas se ha especializado o ha hecho hincapié en estos años como economista?

WASHINGTON RIBEIRO:
En los últimos años, si bien he mantenido el ejercicio de mi profesión, sobre todo me he dedicado a la actividad política en cuanto a asesorar a AN y al doctor Larrañaga no exclusivamente en temas económicos, sino también en cuestiones políticas. Básicamente hemos hecho el seguimiento del presupuesto quinquenal pasado, de las sucesivas rendiciones de cuentas y de todas aquellas leyes que tuvieran alguna incidencia sobre la actividad económica, junto con otros compañeros ya sea de AN o de la Fundación Ferreira Aldunate.

JAE – Entonces el enfoque no necesariamente va por el lado de la política monetaria, algo específico del BCU, sino que ha sido algo más general.

WR – Sí, habría sido muy restrictivo enfocarse exclusivamente en la política monetaria, que es uno de los componentes de la política económica. Pero en particular en el quinquenio anterior la política fiscal tuvo una importancia relativa mucho mayor y por eso el sistema político le prestó más atención. Recordemos la reforma tributaria y una serie de leyes que implicaron cambios importantes.

JAE – ¿Qué lo llevó a aceptar el ofrecimiento para integrar el directorio del BCU?

WR – Es un orgullo y una satisfacción enorme que en un partido con infinidad de economistas como pueden ser Javier de Haedo, Gustavo Licandro, Andrés Pieroni se me designe a mí para ocupar esta responsabilidad. No hay lugar a pensarlo, no se trató de aceptar o no aceptar, simplemente ante el ofrecimiento una satisfacción enorme y un orgullo impresionante.

EMILIANO COTELO:
De hecho, su cargo será el más importante para la oposición en los temas económicos. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo será su papel? ¿Será un papel por el lado del control? ¿Será un papel por el lado de las propuestas?

WR – El doctor Larrañaga nos dijo no solo a mí sino a todos los que propuso para integrar los entes y las empresas públicas: “Controlar sí, pero colaborar también”. Y esa colaboración se traduce en llevar adelante iniciativas de nuestro sector político. No sé si es el cargo más importante en la política económica, convengamos que la política del país es un conjunto de elementos, y si bien sí en la política monetaria mi participación, o la del BCU, es fundamental, en Uruguay las empresas públicas en general tienen un rol muy importante, por tanto UTE, ANCAP, el propio Banco República tienen una incidencia muy importante.

JAE – El BCU forma parte del equipo económico pero no define la política general, entonces ¿cómo imagina el peso que tendrá su lugar, su puesto en el ejercicio del poder?

WR – Con lealtad hacia la institución y hacia el partido que me puso, siendo consciente de que soy el único representante en el banco de la oposición, por lo cual no voy a ser un representante de los demás partidos políticos pero sí un colaborador en tanto se me requiera y en tanto yo pueda, y ante todo, seguir la evolución de las variables económicas, las decisiones que vaya tomando el gobierno, en particular en las instancias de coordinación que el BCU tiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a partir de allí ejercer el rol de oposición cuando estimemos que sea conveniente o cuando el partido lo estime conveniente, y sobre todo el de hacer propuestas, como decía al principio.

JAE – Hay un comité que se reúne cada tres meses horas previas al Comité de Políticas Macroeconómicas (COPOM), que es el encuentro entre el BCU y el MEF. Hasta ahora nadie de la oposición se había integrado a esas conversaciones.

WR – Claro, por la conformación del propio elenco de gobierno y del BCU. A partir de la próxima reunión nosotros vamos a participar y allí se verá. Es la instancia que el BCU, y en particular la oposición, va a tener de emitir su opinión sobre la política fiscal, más allá de los controles legales que establece el propio Parlamento.

EC – Hay unos cuantos temas que han puesto al BCU en la agenda informativa desde que comenzó este segundo período de gobierno del Frente Amplio (FA).

JAE – Empecemos por el tipo de cambio, que es de los últimos, y son sobre todo cambios que implican por un lado un rol menos activo o menos frontal del BCU en la compra de dólares, pasando esa responsabilidad al MEF. Pero por otra parte, el subsecretario de Economía ha dicho que el dólar tiene que estar entre 21 y 22 pesos, que ese es el punto de equilibrio que el gobierno va a tratar de mantener. ¿Cómo observa este tipo de mensajes de la autoridad monetaria, el hecho de que haya una definición pública expresa de un valor del dólar?

WR – En Uruguay existe un régimen de tipo de cambio flexible, por lo cual el valor resultante del tipo de cambio es producto de la política monetaria que se lleva adelante, entre otros factores. La decisión es prevalente a mi integración al BCU, pero el cambio en la participación en el mercado de divisas del BCU en beneficio del MEF se debe a un tema de composición de cartera. El MEF, el gobierno, el Estado uruguayo tienen endeudamiento en dólares, por lo cual se estima que es más conveniente que ese tipo de operaciones las realice el propio gobierno por medio del ministerio y el BCU.

JAE – Usted comparte eso.

WR – Sí, claro, porque el hecho de que lo hiciera el BCU implicaba una serie de pérdidas bastante altas en función de la composición de activos y pasivos del propio banco. Y que el subsecretario adelante, prevea o diga que el tipo de cambio tiene que estar en tal o cual valor se asume como una meta del gobierno y es legítimo. Yo creo que el tipo de cambio no es el único instrumento para manejar la competitividad del país.

EC – El propio gobierno lo ha sostenido desde siempre; en estos dos períodos del FA se ha insistido mucho con eso, pero al mismo tiempo en los últimos meses se ha reconocido que el valor había alcanzado el dólar en su pendiente ya empezaba a ser preocupante.

WR – Sin duda que el valor del dólar importa en la competitividad, pero en el corto plazo. En el largo plazo hay otros aspectos que son mucho más importantes, como el manejo de las tarifas públicas, el manejo de la productividad o aquellos elementos que generen mayor productividad –para este año se estima un 3-4% de crecimiento–, factores como la calificación de la mano de obra, la educación, la flexibilidad y las normas en el mercado de trabajo, la institucionalidad del país. El tipo de cambio debe ser manejado en el corto plazo a la espera de generar estructuras o reformas que impliquen una mejora en la competitividad perdurable en el tiempo. Un valor del tipo de cambio de 19 seguramente era preocupante para el sector exportador; no sé si un tipo de cambio de 21-22 resuelve la competitividad del país o le garantiza competitividad al país. En definitiva es una discusión del gobierno.

JAE – Pero se ha sostenido, de repente simplificadamente, que hay una especie de choque entre ese objetivo de sostener la competitividad por el lado del dólar y el objetivo inflacionario, que un objetivo incide sobre el otro en forma negativa, porque el BCU mantiene esa objetivo de mantener la inflación a raya. ¿Cómo ve este conflicto? ¿Hay riesgo de problemas por el lado de la inflación a partir de estas otras medidas que se toman para sostener o para levantar la competitividad?

WR – El control de la inflación y en particular la estabilidad de precios es un mandato que la ley le da al BCU entre sus cometidos y finalidades. Según el régimen y la política monetaria definidos en el país se establece un rango de inflación, que es de 3 a 7% para los próximos 18 meses, y dentro de ese rango el BCU establece una tasa de interés de referencia compatible con la meta buscada. Básicamente no creo que haya discrepancias. Esto se decidió en la reunión del COPOM, por lo cual no veo la discrepancia.

JAE – ¿No ve sombra, riesgo de problemas de inflación? Porque algunos han sostenido que la economía está muy activa, que va a crecer 6,5% o por arriba, que hay riesgo de recalentamiento. ¿La inflación lo preocupa?

WR – La inflación siempre es preocupante en tanto perjudica sobre todo a las clases más bajas de la sociedad. Creo que el tipo de cambio en el nivel que está hoy no va a generar un incremento de la inflación en lo más mínimo, y el riesgo de sobrecalentamiento es posible, es a cuidar, y por eso hay que llevar adelante medidas que estimulen la inversión para evitar que eso ocurra.

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EC – En su discurso de asunción usted abogó por el equilibrio entre la política fiscal y la monetaria, y dijo que el gasto en el período pasado fue “excesivo”. ¿Qué va a proponer en ese sentido? ¿Qué puede hacer desde el BCU?

WR – El gasto en el período pasado evidentemente fue excesivo en tanto el país creció como nunca había crecido en su historia al cabo de cinco años seguidos, y aun así no se alcanzó un equilibrio fiscal. La importancia del superávit fiscal está dada en la utilización de los recursos genuinos que el país genera. Puede aplicarse a la reducción de deuda, a la reducción de impuestos, y después se discutirá si es mejor bajar el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado o aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones. Eso es una discusión posterior, pero un país es como una familia, debe mantener sus cuentas equilibradas no puede gastar permanentemente más de lo que recibe como ingresos, porque eso genera un elevado endeudamiento.

EC – Es una costumbre nacional.

WR – Tal vez haya sido la necesidad, no sé si es un tema de costumbre. Pero en años de bonanza hay que aprovechar para generar un cierto equilibrio fiscal y a su vez un colchón fiscal con políticas anticíclicas que permitan hacer frente a problemas en el empleo y a otro tipo de dificultades que se presenten en épocas de vacas flacas. Esa fue en general la principal crítica que la oposición le hizo a la administración anterior, veremos en la instancia presupuestal cuál es la evolución prevista para el gasto público. En cuanto a qué se puede hacer…

EC – ¿Usted tiene capacidad de incidencia?

WR – No, por supuesto que no. Tengo capacidad de propuesta como un miembro más del directorio del BCU en alguna instancia de coordinación con el MEF. La propuesta y el control efectivos los va a hacer el Parlamento, que es el ámbito natural de discusión del presupuesto.

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JAE – Al asumir, usted planteó el interés en colaborar en el proceso de aumentar la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno. ¿En qué medidas piensa para fomentar la inclusión financiera?

WR – Sobre todo en la forma en que se haga la bancarización, que es un proceso que no es nuevo en Uruguay, se desarrolló mucho durante los años noventa y se vio postergado por la crisis de 2002. Pero en general es un proceso que se ha dado en todo el mundo, que genera importantes beneficios en cuanto a la formalización de la economía, si se hace bien. Si se hace mal puede llegar a generar exclusión social en la medida en que ciertos sectores de la población no accedan al sistema financiero y por tanto a la economía formal.

Uruguay tiene la ventaja de que buena parte de la población está bancarizada mediante los planes del MIDES, en el BROU. La incidencia o la importancia de la oposición, en este caso mía, es en cuanto a la forma en que se dé y en aportar a la discusión con propuestas. Este es uno de los ejemplos claros en que vamos a tener una participación seguramente más activa.

EC – ¿Puede mencionar algún otro ejemplo?

WR – Por ahora no, estamos viendo con la Superintendencia de Bancos los mecanismos que piensa llevar adelante. Pero por ejemplo, el desarrollo de la inserción del sistema financiero en el sistema educativo, en la escuela o en los liceos, no en régimen de materia obligatoria pero sí alguna carga horaria, aunque sea mínima, para aumentar el grado de responsabilidad de los jóvenes en el cumplimiento de sus obligaciones en términos económicos durante su madurez.

EC – Usted habla de crear una cultura de la bancarización.

WR – Para ser honestos, no hablo yo, es algo en lo que se venía trabajando en los servicios del banco y que yo veo bien.

EC – Sí, el presidente del BCU, Mario Bergara, ha hablado de eso.

WR – Sí, claramente es un ejemplo. La cultura no solo de bancarización sino de cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas.

EC – ¿Otros ejemplos?

WR – Otro ejemplo puede ser la inclusión del sistema de cooperativas o de microcréditos con algún tipo de regulación específica destinada a ello, con un régimen regulatorio tal vez un poco más flexible. Son temas que hemos venido hablando con la Superintendencia y que seguramente seguiremos hablando, cómo reglamentar el sistema de tarjetas de crédito. Son elementos que estamos viendo en la interna del banco y que seguramente en el futuro se irán desarrollando.

EC – ¿En qué aspectos se piensa esa reglamentación de las tarjetas de crédito?

WR – En general en el marco contractual. Ya existe una reglamentación, pero si se va a expandir habrá que buscar la forma de que el manejo de instrumentos de medios de pago electrónicos redunde en una reducción de nivel de precios para la población, ya sea reduciendo el impuesto al valor agregado (IVA) mediante esas transacciones o algún otro tipo de impuestos, o con precios diferenciales a los efectos de generar estímulos para la población y a su vez un beneficio para los usuarios.

JAE – Ya hay varios mecanismos en ese sentido, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando uno paga con tarjeta se le devuelven 9 puntos de IVA, el consumo de combustibles en estaciones de servicio en frontera también tiene una devolución equivalente a tantos puntos del IMESI. Ese es un camino, usted dice que se puede generalizar por esta vía de modo que este proceso beneficie a la población.

WR – Esa es la gracia, si hay bancarización obviamente van a ganar los bancos en tanto habrá mayor nivel de actividad, obviamente van a ganar los empleados bancarios en tanto habrá más puestos de trabajo; y también tienen que ganar los usuarios del sistema, que es la población en su conjunto, por medio de menores costos de los bienes que quieran adquirir.

EC – En medio de ese proceso de bancarización, ¿cómo observa la decisión que se tomó hace muy pocas semanas, la publicación de la Central de Riesgos del BCU, que contiene datos de 540.000 deudores del sistema financiero? Dentro del propio sistema bancario varias instituciones observaron esta resolución como una medida a contramano, y directamente la cuestionaron.

WR – Primero, la medida no viola el secreto bancario y da cumplimiento a una ley. En el mostrador del BCU cualquier ciudadano podía con su cédula o el número de cédula de otro ciudadano averiguar los antecedentes en el sistema financiero. El BCU hizo mucho más pública esa información. Yo personalmente creo que es una violación de la privacidad de las personas, y lo he dicho en el banco, pero es mandato y cumplimiento de una ley. Creo que hacer tan público ese tipo de información de la vida privada de las personas y las empresas viola la privacidad de los individuos.

JAE – ¿No hay riesgo allí de demandas contra el BCU por llevar adelante esto?

WR – No, porque es en cumplimiento de una ley.

EC – ¿El tema no está abierto a discusión? ¿Usted cuando ingresó al directorio lo replanteó?

WR – Fue una decisión de la Superintendencia; se lo planteé al superintendente. Lo que se va a hacer, no necesariamente a raíz de mi planteo sino porque el banco ya era consciente del problema, es generar algún tipo de restricciones, mantener la libertad de acceso a la información pero generar algún tipo de restricciones y controles extra para que no cualquiera se informe acerca de las deudas de otra persona.

JAE – Al menos pedir información de quién solicita el dato.

WR – Eso seguro. Hoy queda registrada la cédula; se va a pedir alguna información adicional y se van a generar algunos mecanismos informáticos de control para que un individuo no tenga libre acceso a las cuentas de los demás.

EC – Es una resolución que se basa en una ley, tiene sustento legal. Pero casi al mismo tiempo se envió al Parlamento un proyecto de ley que también ha sido cuestionado por el sistema bancario, sobre todo teniendo en cuenta ese proceso de bancarización en el que se supone que se está.

JAE – El caso del secreto bancario directamente, la flexibilización, porque no es el levantamiento sino la flexibilización, la posibilidad de que mediante un pedido de información de la autoridad tributaria, pongamos por caso de la DGI, ante la justicia finalmente se levante ante la presunción, no con alguna prueba ya entre manos, sino ante la presunción de evasión fiscal, se pueda acceder a la información de la cuenta bancaria. ¿Cómo ve este tema?

WR – Esto se da en el marco de cambios en el sistema tributario y en particular en la búsqueda de generar una mejor calificación del país en foros internacionales y ante la calificación que la OCDE en particular hace de paraísos fiscales. Yo creo que el secreto bancario como está en Uruguay hoy es más que suficiente. El gobierno dice, y es razonable, que si les vamos a otorgar potestades especiales a administradoras tributarias de otros países, también tenemos que tener derecho nosotros. El proyecto está en discusión en el Parlamento, y creo que podría acotarse a los casos en los cuales administraciones tributarias de otros países soliciten información, no generalizarlo.

EC – ¿Cómo es eso?

WR – Claro, vamos a intentar desarrollar un ejemplo. Si yo, administración tributaria de Suiza, país con el que Uruguay puede llegar a tener un convenio, les solicito información a la administración tributaria y al BCU sobre Emiliano Cotelo, me la tienen que dar por el convenio. Lo que se establece en el proyecto de ley es que si la administración suiza tiene esa potestad, que la administración tributaria uruguaya también la tenga, pero no exclusivamente sobre Cotelo, que es el supuesto problema en este caso, sino sobre toda la población uruguaya. Esto se puede acotar a los casos en los cuales la administración tributaria del tercer país solicite información, sobre esa persona.

EC – Que las autoridades tributarias uruguayas también tengan la posibilidad de pedir información bancaria sobre una determinada persona si sobre ella pesa una solicitud que venga de fuera.

WR – Exacto, por el régimen nuevo, que es el de presunción y no exclusivamente de evasión. Esa puede ser una forma de acotarlo.

JAE – Eso inhabilitaría a la DGI a pedir información ante la presunción a nivel local sobre tal persona y sobre la situación.

WR – Sobre el universo de personas. Es una opción. Repito, está en tratamiento parlamentario, y tengo entendido que esas son algunas de las iniciativas que se le van a plantear a la bancada de gobierno.

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JAE – El BCU tiene además un rol de supervisión del sistema financiero. ¿Cómo evalúa la situación del sector, cuando los bancos a veces se quejan de la regulación, dicen que cada vez les piden más controles, lo que les genera más costos y les corta la posibilidad de ofrecer más servicios al público?

WR – El sistema financiero es mucho más que el sistema bancario, incluye otra serie de agentes, entre los cuales están la Bolsa de Valores, las empresas de intermediación financiera, claramente los bancos, las administradoras de crédito, las administradoras de seguros, las AFAP, infinidad de agentes. Es cierto que a raíz de la crisis de 2002 y de una tendencia internacional el sistema regulatorio es cada vez más complejo y seguramente les genera más costos a las instituciones. La regulación tiene el sentido de proteger a los ahorristas, y la forma de subsanar eso es generar mayor actividad. En un país en crecimiento debemos estimular líneas de crédito, líneas de financiamiento a largo plazo –que tal vez sea uno de los déficits que el país tiene–, y eso pasa por estimular a la Bolsa de Valores para apalancar proyectos de inversión en infraestructura y de otro tipo que vengan a generar mayor competitividad en el país. Un mayor nivel de actividad va a generar mayor renta, con lo cual esos costos se van a diluir.

JAE – Pero la Bolsa de Valores ha criticado enormemente la nueva regulación, dice que deja a muchísimos pequeños corredores de bolsa fuera de la posibilidad de seguir operando por la cantidad de controles, porque incluso se exige que se graben conversaciones telefónicas de clientes con el corredor a efectos de dejar registro de los movimientos que el cliente quiere hacer.

WR – Reconozco que la nueva reglamentación, que ya tiene dos o tres meses, es muy compleja y exhaustiva. Pero pasa por generar mayor volumen de negocios, que viene dado por la necesidad mayor de financiamiento que el país tenga en proyectos de inversión a largo plazo.

JAE – ¿Cómo se hace? ¿Se requiere alguna otra norma para apuntalar esta idea? Porque da la impresión de que con la situación tal como está las cosas no se generan solas.

WR – Por supuesto que no se generan solas. También va en un aspecto cultural, el uruguayo no tiene cultura de ir al mercado de valores, al mercado de capitales para obtener financiamiento. Seguramente será un proceso lento, el país y la regulación bancaria y financiera se están modernizando y adecuando a la tendencia internacional. Es cierto también que muchas veces lo que se les exige a los países chicos como Uruguay no se cumple en los países de origen, los países que nos califican, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea; ya hemos visto lo que pasó con una crisis impresionante. Son esos países los que nos exigen mayores controles a nosotros. Forma parte de la relación y la negociación internacionales que el país como país tenga con esas economías. Y hay que generar medidas que alivien el exceso de regulación y de costos producto de una mayor regulación en la economía doméstica.

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JAE – Se maneja que en el final de este año 2010 los bancos van a empezar agresivamente a ofrecer créditos para pequeños operadores, pequeños clientes, para el consumo doméstico. ¿Cómo ve esto?

WR – ¿Créditos al consumo o microcréditos?

JAE – Hay de todo, vivienda, automóviles.

WR – Lo veo bien, no puedo juzgar la política comercial de un banco. En la medida que esté dentro de las normas y de las reglas que se establecen, bienvenido sea el desarrollo del sector.

JAE – ¿Efectivamente es esperable una mayor oferta de crédito?

WR – Eso forma parte de la política comercial de uno o varios bancos y será producto de la competencia que se dé en el mercado. No puedo prever las políticas comerciales de instituciones privadas.

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Transcripción: María Lila Ltaif para El Espectador

Se debe repensar el Presupuesto

Es tan evidente que las modificaciones a la política cambiaria (y, más precisamente, el salto inducido desde el gobierno en el tipo de cambio) no estaban en los planes del equipo económico, que sólo hace pocas semanas se difundieron las pautas para el presupuesto quinquenal con un tipo de cambio, para todo el quinquenio, inferior al que ahora se señala como el objetivo de corto plazo, de entre 21 y 22 pesos por dólar (se lo estimaba en $ 21,20 en 2014). El ajuste en el tipo de cambio, aunque es menor e insuficiente para corregir el atraso cambiario, obliga al equipo económico a volver a efectuar las proyecciones presupuestales, dado que hay pagos en dólares, como notoriamente es el caso de los intereses, que ahora van a representar más pesos y una proporción mayor del PIB.

Es posible que también se aproveche para ajustar la trayectoria esperada para el PIB, que en las pautas de hace un mes y medio fue estimado creciendo 5,1% este año, 4,2% el próximo y 4,0% luego. Los datos sobre el comportamiento del nivel de actividad económica que se difundieron a mitad de este mes hacen pensar en un crecimiento cercano al 7% para el año en curso y ya se puede asegurar un piso de 5,3% para el caso en que el producto se mantuviera en el resto del año en el nivel alcanzado en el primer trimestre.

Creo que se trata de una buena oportunidad para que el equipo económico reflexione a propósito del escenario externo sobre el cual se está elaborando el presupuesto para los próximos cinco años dado que se está trabajando sobre bases optimistas, que no se condicen con la gran incertidumbre que hay en el mundo. Y también para que repiense el presupuesto en su conjunto, en particular la magnitud del gasto y su rigidez, así como los objetivos en materia fiscal.

La situación actual me recuerda lo ocurrido entre mediados de 2007 y mediados de 2008, cuando la bomba ya había explotado en las economías avanzadas pero las emergentes seguíamos aprovechando de una situación extraordinariamente positiva en materia de precios de commodities y de paridades cambiarias. En esos tiempos la palabra que más se escuchaba era “desenganche” o, más precisamente, su traducción al inglés, “decoupling”. Con ese término se aludía al hecho de que las emergentes parecían haberse desenganchado de la crisis que sacudía a las economías avanzadas y todos nos preguntábamos si esa situación podría sostenerse en el tiempo. Poco tiempo después se vio que no se pudo sostener y los precios de los commodities se desplomaron y las paridades cambiarias se alteraron significativamente, con un mundo que se abarató en dólares súbitamente.

Es cierto que para las economías emergentes, como la nuestra, el sacudón duró poco y fue más leve de lo que se temía. Y rápidamente se volvió a ingresar en un proceso como el que terminó en julio de 2008, de suba de los precios de los commodities y caída del dólar frente a casi todas las monedas del mundo, aunque sin llegar a los niveles extremos de aquel mes. Esta resurrección se originó en el optimismo sobre la salida de la crisis financiera de las economías avanzadas en 2007.

No obstante, si bien en los Estados Unidos las cosas marchan bien, en Europa la crisis no se termina de resolver y nuevos coletazos se suceden casi sin interrupciones. Varios países han venido quedando expuestos en situaciones críticas, mientras que el conjunto debate una salida al mismo tiempo efectiva y equitativa hacia su interior. Europa debe abaratarse y en particular lo deben hacer los países que están en mayores dificultades. Lo primero se logra con la devaluación del euro; lo segundo, dada la existencia de la moneda común, con deflaciones diferentes, mayores en los países con problemas. Deflaciones que son posibles por ejemplo con el recorte de salarios y pensiones y ajustes fiscales por el lado del gasto público. Deflaciones que duelen especialmente en sociedades que estaban viviendo por encima de sus posibilidades.

Mientras tanto, por acá andamos fenómeno, enganchados a la locomotora brasileña. Las emergentes vuelven a vivir a contramano del Hemisferio Norte, aunque en este caso sea sólo de una parte de él. ¿Cuánto tiempo puede durar? Hablando en plata, ¿cuánto puede durar el dólar en Brasil en R$ 1,80 con el euro en caída? Hasta mediados de 2008, el dólar bajaba en Brasil pero se mantenía estable en torno a R$ 2,70 frente al euro. Ahora se ha estabilizado en R$ 1,80 frente al dólar, pero está en sólo R$ 2,20 frente al euro. Brasil no ha recuperado competitividad frente al dólar y la ha perdido notoriamente frente al euro.

Si hay una cosa que hemos aprendido de la realidad, es que con los shocks externos positivos debemos ser desconfiados, y eso implica que debemos considerarlos como transitorios y no como permanentes, porque si nos equivocamos en el diagnóstico, el error es menos serio que si lo asumimos como permanente. Sin embargo, da la impresión que el equipo económico está trabajando con el supuesto de que es permanente. Que esta vez la burbuja no se va a pinchar. Y siempre se pinchan, porque está en su naturaleza.

El gobierno parece actuar de ese modo cuando presenta pautas para el presupuesto que le restan todo tipo de margen de maniobra, con un objetivo fiscal muy poco ambicioso y con el gasto absolutamente rígido a la baja, como vimos en columnas anteriores.

El día que se difundieron los nuevos datos sobre el PIB, correspondientes al primer trimestre, el vicepresidente Astori expresó la necesidad de mantener la calma y la prudencia en el ámbito fiscal. Eso significa que el mayor crecimiento que se ha comprobado no debería trasladarse al presupuesto sino a un objetivo fiscal más ambicioso. Entre el mayor crecimiento económico y algo más de inflación que vamos a tener por el mayor tipo de cambio, la recaudación nominal resultará superior a la esperada y dado que el gasto está dado, habrá un mejor resultado fiscal. Por otro lado, los números siguen andando muy bien en la UTE y a pesar de que posiblemente habrá alguna rebaja de tarifas a los efectos de que el IPC no suba demasiado, también por acá habrá mejores números al final del año. No es para nada imposible pensar en llegar al equilibrio fiscal este año y en ese caso, el objetivo debería ser mantenerlo en el resto del período.

Al presidente Mujica le preocupa el tipo de cambio. Tiene razón y la tuvo especialmente cuando hace algunas semanas mandó al equipo económico a hacer algo al respecto. Pero para que ese algo que se pueda hacer sea relevante, y no sólo una acción sobre las expectativas, debe haber dinero con el cual hacerlo. Y ese dinero, genuinamente, sólo puede salir del resultado fiscal. El objetivo del gobierno debe ser por lo tanto volver lo más rápido que sea posible a poder comprar los dólares que necesita para pagar los intereses, unos mil millones anuales, con pesos obtenidos en su gestión fiscal y no mediante deuda.

Los temas de la economía están ligados entre sí y no se ubican en compartimentos estancos. El atraso cambiario que heredó el actual gobierno se debió a la inconsistencia de las políticas económicas en que incurrió el anterior, especialmente cuando apretaba monetariamente mientras que expandía fiscalmente y lo financiaba con más deuda, lo que sucedió en los últimos dos años. El actual gobierno debe antes que nada evitar que esa situación se mantenga, lo que agravaría las cosas. Pero debe también tratar de corregir la situación que heredó. Para poder hacerlo en forma sostenida y genuina, y evitar que un buen día se caiga la estantería, hay que mejorar fiscalmente cuanto antes y en forma permanente. La instancia presupuestal es clave para ello.

JAVIER DE HAEDO

Un proyecto con luces y sombras

Me propongo, aquí y ahora, efectuar algunas consideraciones y reflexiones sobre las normas propuestas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria y de secreto bancario, que se conocieron en su versión final hace dos semanas. En el respectivo proyecto de ley se plantean modificaciones a los impuestos a la renta y al patrimonio, por las cuales se pasa a gravar los activos financieros radicados en el exterior, de las personas físicas residentes. En el caso del secreto bancario, se facilitan las condiciones para su levantamiento por la vía judicial con fines tributarios.

Se trata de cambios importantes e inesperados. Por lo tanto no llama la atención que en forma inmediata a la difusión de una versión inicial del proyecto, se precipitaran comentarios y análisis críticos sobre la iniciativa. Dicha versión inicial iba más lejos que el proyecto definitivo, ya que también ampliaba la tributación a las personas jurídicas, lo que fue removido seguramente como consecuencia de las reacciones provocadas. Pero la intención inicial del gobierno quedó en evidencia, lo que contribuyó a exacerbar los temores que en diversos ámbitos causan cambios como los propuestos.

También coadyuvó a generar temores y dudas sobre el futuro, el hecho de que estas propuestas resulten contradictorias con el discurso y la acción del gobierno Vázquez, y con las contundentes afirmaciones realizadas en su momento tanto por el entonces Presidente, como por su Ministro de Economía, el actual Vicepresidente. Es posible que el notorio cambio de postura de Astori, quien es visto en importantes círculos como el garante de cierto status quo, y proclamado líder del actual equipo económico por el propio Presidente, haya complicado aún más las perspectivas para muchos de quienes se manifestaron opuestamente al proyecto de ley en cuestión, que creen que se ha abierto una Caja de Pandora de la que, auguran, seguirán saliendo peligrosas novedades en el futuro.

Pero resulta que ahora el Presidente es Mujica, y no ya Vázquez ni Astori, quien perdió la interna con Mujica. Y éste expuso el año pasado, en tiempos de la campaña, una visión más afín con lo que ahora se propone.

También creo que hay que ver las tendencias que prevalecen en el mundo en la materia. Hace una semana escribí que no comparto el argumento de que cambiar las reglas de juego es siempre malo y negativo. Hay cambios en usos y costumbres, hay avance del conocimiento y de la tecnología, hay nuevos marcos globales, en fin, puede haber numerosas razones que justifiquen cambios en las reglas de juego.

Y en este caso, guste o no, hay cambios importantes a nivel global. La tendencia mundial es ir hacia una uniformización de los regímenes fiscales en materia de transparencia e información y a que no haya perforaciones al sistema tributario a nivel global, como indudablemente las son los casos de baja o nula tributación. Esto es una realidad aunque resulte falaz el argumento que se incluye en la exposición de motivos del proyecto de ley, que expresa que “la reciente crisis financiera internacional ha dejado en evidencia las deficiencias de las administraciones tributarias para controlar la tributación de los flujos de capitales colocados en el exterior. La enorme materialidad de las cifras que escapan al control de las referidas administraciones, ha sido calificada como una de las principales causas de la crisis financiera”. En realidad la causa de la crisis fue la existencia de controles malos o nulos en los sistemas financieros del Hemisferio Norte. Pero más allá del fundamento equivocado, el mundo va para ese lado.

Y esa tendencia también existe en nuestro país, como la misma exposición de motivos se encarga de destacar, con varios ejemplos: la derogación del régimen especial de tributación de las SAFIs, la creación del IRPF y el IRNR, el levantamiento del secreto bancario en una instancia penal tributaria, la posibilidad de celebrar convenios de intercambio de información para la aplicación del régimen de precios de transferencia.

Veamos ahora las normas concretas que se proponen.

Primero, encuentro razonable que se iguale el tratamiento tributario de los activos financieros de las personas físicas residentes independientemente de que dichos activos estén radicados en Uruguay o en el exterior. Si pagamos IRPF e IPAT sobre depósitos y otros activos que tenemos en nuestro país, no veo argumentos para no tratar de igual modo a los depósitos y otros activos que tengamos afuera. Hablando en plata, en el caso de una persona que tenga un millón de dólares en el exterior a una tasa del 6%, a lo sumo pasaría a tributar US$ 11.200 de los US$ 60 mil que percibe anualmente como renta. Es el caso extremo, con el ajuar al 20% y la tasa máxima del IPAT, de 2%. Es decir que equivaldría a una reducción del retorno del 6% referido, al 4,88% anual.

Segundo, si bien es técnicamente inobjetable, no encuentro sentido a tratar de modo desigual a los extranjeros residentes en el país según sea el caso del IRPF y el del IPAT. En el IRPF se considera a los residentes fiscales en el país mientras que en el IPAT se considera a esos residentes, pero si también son ciudadanos uruguayos. Más allá de que se genera un incentivo perverso, a querer perder la ciudadanía o a no procurar obtenerla, sería conveniente que las mismas condiciones que se requieran para el IPAT se apliquen también al caso del IRPF. Es decir que también se requiera la ciudadanía uruguaya para ser sujeto pasivo del IRPF.

Tercero, en este contexto, el gobierno debería volver a plantearse para el IPAT su utilización como un “impuesto de control” como propuso inicialmente el gobierno Vázquez. La tasa del IPAT debería ser única y muy baja, casi nula pero sin llegar a serlo. En todo caso, el gradualismo previsto para su reducción debería acelerarse. Dado que las medidas propuestas no tienen un propósito fiscal, podría utilizarse la mayor recaudación que se obtuviera, para abatir el IPAT del modo indicado.

Cuarto, si no se procediera de ese modo con el IPAT, la mayor recaudación obtenida debería aplicarse a subir el mínimo no imponible del IRPF. Sería razonable que se incluyera esta norma en el proyecto de ley a efectos de que quede claro que las normas se plantean por razones conceptuales y no fiscales.

Quinto, en el caso de la flexibilización del secreto bancario, la DGI aprovecha a equiparar a sus contribuyentes a los de los países con los que Uruguay tenga convenios de intercambio de información. En el marco de un acuerdo con otro país, Uruguay debe cooperar enviando la información solicitada, previo levantamiento del secreto bancario por la vía judicial. En aquel país se habrán cumplido previamente los procedimientos que estén establecidos en su derecho positivo. Pero eso no es extrapolable a los contribuyentes de la DGI, máxime cuando aquella situación apenas comprende a un puñado de países y es hoy la excepción y no la regla. En Uruguay ya rige un mecanismo para levantar el secreto bancario a efectos tributarios, en caso de defraudación. Extender esto a situaciones de mera fiscalización por parte de la DGI es un exceso evidente.

Sexto, si se optara por mantener la idea de levantar el secreto bancario ante un simple pedido de la DGI, se debería generar una instancia no civil, como está previsto, sino de juzgados especializados en materia tributaria. Y debería vincularse la vigencia de estos cambios a la existencia de dichos juzgados.

JAVIER DE HAEDO

De todo como en botica

Desde mi columna anterior en Voces, la primera, a hoy, han surgido numerosos temas, lo que me lleva a querer tratarlos a todos, aún a riesgo de ser escaso en el análisis de cada uno, antes que a priorizar a uno por sobre el resto. Por eso el título elegido.

Primero, la marcha de nuestra relación con Argentina. Transcurrió un nuevo encuentro presidencial sin conclusiones claras para el público, pero, como expresé aquí hace dos semanas, debemos todos asumir que hay aspectos que no trascienden y que seguramente no tenemos toda la información para juzgar el desempeño de nuestro Presidente. Esta vez asomó un camino de solución, en la medida en que se expresó por la delegación argentina que si hubiera un fallo judicial que lo ordenara, se desalojaría el piquete en Puerto Unzué. Y, más aún, se estaría en las cercanías de un fallo judicial en la sede de Concordia que habilitaría ese proceso.

Segundo, la Asamblea General, con los votos del Frente Amplio, aprobó una fórmula para la integración de la delegación uruguaya en el Parlamento del Mercosur. Este órgano puede decidir su propia integración y los países de mayor tamaño y población impulsan una “representación proporcional atenuada”, es decir que se les reconozca más bancas que a los países de menor tamaño y población, pero no en proporción estricta con las respectivas poblaciones. En las elecciones de octubre el Frente Amplio no llegó al 50% de los votos. En el Parlamento sí tiene mayoría en ambas cámaras pero no la suficiente como para quebrar una proporción de paridad entre oficialismo y oposición si el número de bancas en disputa, como en este caso, es par, ya que son 18. El Frente Amplio impuso por mayoría simple su propia fórmula, con 10 bancas para sí mismo y ocho para la oposición (cinco para el Partido Nacional y tres para el Colorado), que no guarda relación con la realidad política del país. Creo que el Frente perdió, una oportunidad para dar una señal de que es partidario de políticas de Estado en temas como el de la política exterior, que es precisamente y por su naturaleza, uno cantado para el consenso nacional. Debería haber cedido una banca al Partido Independiente de modo que todos los partidos con representación parlamentaria local estuvieran representados en el del bloque. Tercero, he visto que la profesora Olivera ha vuelto a señalar, ahora electa, que no podrá bajar las patentes en Montevideo cuando sea Intendenta y que en todo caso sólo podría hacerlo si recibiera mayores transferencias desde el Gobierno Central. Si hay una cosa que le reconozco a Olivera es su previsibilidad: no se podía esperar otra cosa de ella. Así que de la situación actual, en la que los montevideanos huyen en la búsqueda de lugares donde pagar menos patente, porque en Montevideo es cara por la extraordinaria magnitud de su presupuesto, sólo se puede salir pidiendo a los ciudadanos del Interior que paguen más impuestos para que en Montevideo las patentes puedan bajar. En fin, ¡qué cinco años que nos esperan en la Capital! Cuarto, el Presidente manifestó su preocupación por la baja cotización del dólar, en su audición del viernes 4. Dijo que el aumento de la productividad no alcanza para compensar la caída del dólar.

Recientemente el Presidente del BCU acudió a indicadores alternativos a los convencionales, sobre tipo de cambio real, para relativizar la situación. Sin embargo, los indicadores que el propio BCU publica en su Web muestran una considerable pérdida de competitividad con todos los mercados excepto Brasil y niveles de tipo de cambio real muy inferiores en esos casos a los promedios históricos. El “atraso cambiario” con relación a los promedios históricos llega a superar el 20% con el resto del mundo y el 35% con fuera de la región.

Siguiendo la tradición de pegarnos al más caro del barrio, nos hemos ligado en esta oportunidad a Brasil, que es objeto de una burbuja financiera que tiende a fortalecer su moneda. El lunes 7 el MEF anunció que reforzará las compras de dólares a partir de la emisión de papeles en moneda nacional. O sea, más de lo mismo de lo que se venía haciendo por el BCU. Es el mismo perro con distinto collar. Las medidas deberían ir por el lado monetario, reduciendo al mínimo las tasas de interés que paga el Estado por papeles en moneda nacional, y también reduciendo al mínimo la emisión de esos papeles, que en mayo, sin ir más lejos, fue de unos US$ 140 millones netos de vencimientos. Alta oferta de papeles con tasas altas incentiva la entrada de capitales especulativos y tiende a deprimir más el tipo de cambio. Y debería evitarse entrar en el camino de las devaluaciones fiscales, mediante medidas tributarias sectoriales que compensen el bajo nivel del tipo de cambio para sectores concretos.

Quinto, y quizá el tema que más ha estado en el tapete en las últimas dos semanas, las modificaciones anunciadas a la tributación al IRPF y al régimen de secreto bancario. Sin entrar hoy al análisis de lo que se ha anunciado, creo que hay un elemento que no ha sido mencionado y viene al caso. Se ha dicho por parte de funcionarios del Gobierno que el propósito de la reforma en el IRPF no es “fiscalista” o recaudatorio, sino de tipo conceptual. Estimaciones privadas sitúan en unos US$ 30 millones al posible aumento de la recaudación que se puede obtener una vez que estén vigentes las nuevas normas tributarias. Sea la cifra que sea, y para reafirmar el propósito no recaudatorio de las medidas, haría bien el Gobierno en comprometerse a que todo peso que se recaude por esa vía se destine a reducir el mismo impuesto para quienes menos niveles de ingreso tienen. En este sentido,, sería pertinente que el Gobierno se comprometiera a subir el mínimo no imponible del IRPF y el IASS por un importe equivalente al de la mayor recaudación obtenida.

Por último, he leído y escuchado comentarios y análisis que advierten sobre algunos peligros implícitos en diversas acciones, omisiones, medidas o políticas que impulsa el Gobierno. Se habla de que el Gobierno tiende a ceder en materia de soberanía y a avanzar en materia de meterse en la privacidad de las personas. Ha habido connotadas figuras públicas que han coincidido en ese sentido, y enumeran “perlas” de un collar que a su juicio ya ostenta demasiadas.

Quienes sostienen que el Gobierno cede soberanía, señalan que se afloja ante la OCDE en materia de secreto bancario, que no se hace frente con firmeza ante la actitud del gobierno argentino con relación al conflicto binacional que ya lleva varios años, y que, como en el caso aludido del Parlamento del Mercosur, se cede ante los países más grandes en su pretensión de tener una mayor representación en ese órgano. También consideran que se avanza en cuanto a meterse en la privacidad de las personas, cuando se propone la flexibilización del secreto bancario, o la obligación de declarar activos financieros en el exterior, o la difusión por parte del BCU de la categorización y montos de deudas de las personas, o la eventual difusión de deudores de la DGI. Es cierto que todo ese collar, así planteado, es preocupante, pero en él hay de todo, ya que contiene cosas más o menos compartibles. En cualquier caso, no deja de ser una luz amarilla que se ha encendido y respecto de la cual deberemos estar muy atentos.

Javier de Haedo

Larrañaga afirmó que el ‘atraso cambiario en el país es grande’

Oposición política espera acciones más concretas.

Las reacciones negativas desde la oposición política por las medidas para frenar la caída de la moneda norteamericana no se hicieron esperar.

CUANDO el gobierno era consultado por las sucesivas caídas del dólar los integrantes del equipo económico afirmaban que el mercado monetario “era seguido desde cerca” y no eran tiempos de aplicar medidas. En ese momento los dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado aseguraban que el Uruguay vivía una época de atraso cambiario.

El viernes las autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por el primer mandatario, José Mujica, salieron a decir que se iban a anunciar medidas para evitar que la competitividad de los exportadores uruguayos siga cayendo frente a los principales mercados del mundo. La reacción instantánea de la oposición política fue: “Nosotros los veníamos advirtiendo”.
Ayer cuando el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dio a conocer la política “más agresiva” para sacar dólares del mercado y así lograr que el precio en pizarras suba, los líderes de la oposición manifestaron su descontento con la decisión. Algunos dijeron que es una decisión equivocada, otros que son medidas insuficientes, y otros salieron a consultar a sus asesores económicos para tomar una posición más sólida.

El secretario general del Partido Colaborado, Pedro Bordaberry, dijo a la salida de la presentación de los acuerdos multipartidarios en el Palacio Legislativo que el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solucionara el problema de fondo y por el contrario generará problemas en las cuentas públicas.
“Es muy malo lo que anunció el ministro (Lorenzo) porque está dispuesto a emitir deuda en pesos, lo que implica generar déficit y generar préstamos y actuar a partir de superávit. Me parece que el presidente le pidió al ministro algo más concreto: le dijo que el dólar así no tenía que seguir pero así no lo va a parar”, manifestó el líder colorado a la prensa.

Para Bordaberry, aún con la decisión del Poder Ejecutivo de comprar dólares, la moneda norteamericana seguirá bajando. Para él, Lorenzo “se debe poner las pilas” porque de lo contrario los sectores productivos y los sectores exportadores van a registrar prejuicios en la rentabilidad de sus negocios.

“Ven que sus ingresos bajan porque exporta en un dólar que baja mientras sus costos en pesos siguen en subida”, afirmó el secretario general del Partido Colorado. A su vez, manifestó que no se debe dejar de tener en cuenta los posibles efectos de la crisis europea en el país: “Tendría que trabajar más y buscar soluciones a partir de superávit y no de déficit. Hay que atender la competitividad que estamos perdiendo. Europa está enfrentando momentos difíciles y hay que prepararse. Zafamos de la última crisis, que fue fundamentalmente de empresas, y parece que por eso a esta no le prestamos atención”, concluyó el senador Bordaberry.
Por su parte el senador de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, expresó que el atraso cambiario en el país es “grande y el gobierno debe definir elementos fuertes para frenar el fenómeno”.

“Hay un atraso cambiario manifiesto y notorio que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Espero que las medidas puedan fructificar. Vamos a ver que impacto van a tener, vamos a consultar a especialistas para tener una expresión más acabadas de este conjunto de medidas”, manifestó el líder nacionalista.

Fuente:Últimas Noticias
Video gentileza del Centro Montecarlo de Noticias

Dólar: el gobierno se quedó solo

En recientes presentaciones públicas, el presidente del BCU, Mario Bergara, se refirió al mercado cambiario uruguayo de una forma muy gráfica y acertada. Dijo que dicho mercado consiste en que el Estado le compra anualmente dólares al sector privado por unos 10 puntos del PIB, unos US$ 3.000 millones, mientras que la desdolarización, al ritmo que se viene procesando, agrega que se vendan dólares por otros cinco puntos del PIB anuales.

Lo que Bergara describe acertadamente es una realidad estructural de nuestro mercado de cambios, más allá de los números involucrados. Dejando de lado por el momento el efecto de la desdolarización, es evidente que en nuestro país el sector privado es generador neto de divisas y por lo tanto participa en la oferta de dólares, mientras que el sector público es demandante neto de dólares. ¿Por qué demanda dólares el Estado? Muy sencillo: es obvio que no los produce, ya que sus ingresos, es decir los impuestos o los ingresos de las empresas públicas, son en moneda nacional, mientras que tiene egresos en dólares por intereses, petróleo, maquinaria y equipos importados y, en los últimos años, electricidad.

Por fin aparece un funcionario de alto nivel describiendo esa realidad estructural de nuestro mercado y que viene a explicar implícitamente que no toda compra de dólares por el Estado es para “sostener” el tipo de cambio o “defender” el precio del dólar, como equivocadamente leemos y escuchamos casi a diario. Queda claro que hay una cifra extraordinaria de dólares que compra el Estado porque debe hacerlo y punto. Obsérvese que 3.000 millones en 240 días hábiles dan un promedio de US$ 12,5 millones por día.

Pero este punto nos lleva inmediatamente a otro que ni Bergara ni otros funcionarios han señalado como deberían haber hecho. ¿Qué pasa cuando el Estado no compra esos aproximadamente 3.000 millones? Porque precisamente esto es lo que ha venido sucediendo desde 2008. El Gobierno Central no ha venido generando el superávit primario en pesos que necesita para comprar genuinamente los casi mil millones de dólares que le insume la cuenta de intereses. ANCAP y UTE, mientras tanto, tampoco han estado comprando con pesos los dólares necesarios para pagar sus importaciones. ¿De dónde han salido entonces los dólares que el Gobierno Central, ANCAP y UTE han utilizado para pagar sus intereses, petróleo y electricidad? Simplemente de más deuda pública. En el caso del gobierno es obvio, ya que no ha realizado las compras habituales en el mercado y ha pagado puntualmente los intereses. En el caso de las dos empresas públicas referidas, se acumularon deudas por cientos de millones de dólares, alcanzando cifras de endeudamiento considerables a finales de 2009, más de 500 y de 800 millones de dólares respectivamente.

Ahí es donde empiezan los problemas. Al salir parcialmente del mercado el demandante neto de dólares, mientras que el oferente neto sigue ahí, se produce un desequilibrio en el mercado que tiende a la caída del precio del dólar. Esto es tan viejo y conocido en nuestro país, como pocas cosas: si en vez de comprar dólares con recursos genuinos el Estado se endeuda, genera atraso cambiario.

Quienes generan dólares y los quieren convertir en pesos para realizar las transacciones domésticas, van a ir al mercado a ofrecerlos y esta vez no van a encontrar al comprador habitual y principal. Entonces aparece el BCU “defendiendo” el precio del dólar, sólo en apariencia. Y compra dólares y emite Letras en pesos para sacar los pesos que inyectó con la compra de dólares. Y son muchos dólares y las tasas son altas. Y con tasas altas, hay incentivos para “desdolarizar” depósitos o activos financieros locales y también para quienes especulan desde afuera como suelen hacer cada vez que en algún lugar del mundo se les da la oportunidad de ganar dinero fácilmente. No se trata en su mayor parte de una desdolarización auténtica sino espuria, pero tiene el mismo efecto y ahí están los cinco puntos adicionales del PIB a que alude Bergara.

En definitiva el Estado no está comprando los dólares que debería comprar y con los recursos que debería utilizar para ello, y en cambio aparece comprando los dólares por otra vía, que le resulta extraordinariamente costosa y que contribuye a agravar el problema en la medida en que incentiva un cambio de portafolios adicional al que quizá naturalmente se daría.

Lo que no es cierto ni justo es que aparezca, en este contexto, el BCU como el bueno de la película porque defiende un tipo de cambio determinado. Y exhibe millonarias compras de dólares como justificación de su acción, lo que es creído como cierto hasta por el Ministro de Ganadería y Agricultura, que termina apoyando una política monetaria y cambiaria que afecta más que a ninguno, a su propio sector productivo, el más exportador de todos.

Felizmente el gobierno se va quedando sólo en esa visión y colegas que hasta hace poco tiempo la compartían y por lo tanto le daban sustento a la posición oficial ya se han dado vuelta, incluso hasta los más monetaristas. En un reciente foro de economistas se escucharon cosas muy fuertes en ese sentido: que no nos podemos pegar a Brasil porque allí se está generando una burbuja excepcional de precios en dólares; que de hecho el BCU trabaja con un tipo de cambio fijo; que los diferenciales entre las tasas de títulos en pesos y en dólares estimulan la entrada de capitales y eso a su vez pronuncia más la baja del tipo de cambio; que la situación actual se parece a las de 1979 y 1998; que la política monetaria no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar fenómenos de expansión del consumo que presionan al alza al peso uruguayo; que se requieren esfuerzos en el terreno fiscal y en la política salarial; que debería llevarse a cero la tasa de interés de corto plazo; que los fundamentos cambiarios del actual precio del dólar son tramposos; que por ser una economía altamente dolarizada se debería poner mucho mayor énfasis en el papel contra cíclico de la política fiscal para evitar que el esfuerzo antiinflacionario recaiga excesivamente en el tipo de cambio.

En fin, una batería de argumentos que no es nueva, al menos para los lectores de esta columna, pero que viniendo ahora del destacado conjunto de colegas que la sostiene adquiere una fuerza considerable. Esperemos que desde el gobierno se escuche más y se hable menos y que, especialmente, se empiece a trabajar para que este esquema perverso se sustituya por uno virtuoso, donde el Estado compre dólares con superávit y donde deje de estimular al alquiler transitorio de la confianza en el peso, que distorsiona la visión sobre la verdadera y saludable desdolarización de la economía.

Mientras tanto, mes a mes se sigue deteriorando el tipo de cambio real. Ahora se conocen los datos oficiales a abril, producidos por el mismo BCU que preside Bergara, y que muestran que se está más de 20% por debajo del nivel de tipo de cambio real promedio histórico con relación al resto del mundo y casi 35% por debajo, con relación a fuera de la región. Con el resto del mundo estamos igual que en el segundo trimestre de 2002 y con fuera de la región, igual que en el trienio 1998-2000. Tenemos el mismo tipo de cambio nominal de agosto de 2008, pero con precios internos 12% más caros y salarios más de 20% superiores. Mientras tanto, nuestros precios de exportación están un 20% por debajo de los de entonces. ¿Qué más evidencia se necesita?

JAVIER DE HAEDO

Pudo y debió terminar mejor

Con el final de marzo llegaron los últimos indicadores de 2009, referidos a las cuentas nacionales, la balanza de pagos y la deuda pública. También se conocieron los números fiscales al mes de febrero, último mes del gobierno anterior. De este modo se tiene la película completa de lo sucedido en los cinco años, más allá de que su final fue el previsto desde hace bastante tiempo. En particular, me interesa detenerme hoy en el área fiscal, que incluye el comportamiento de las finanzas públicas así como el del endeudamiento.

Para seguir con la imagen fílmica, esta película comenzó muy bien, partiendo de una herencia complicada tras la crisis de 2002. En su primera mitad la gestión fiscal fue impecable, ya que al mismo tiempo se fueron mejorando las finanzas y se fue aumentando con gradualidad el presupuesto con foco en lo social. En esa etapa se hizo una extraordinaria gestión de la deuda, estirando plazos, cancelando anticipadamente deuda corta y ligada a condiciones de políticas y desdolarizando significativamente la deuda. Además, se preparó al país notablemente para enfrentar circunstancias mundiales negativas que luego vinieron.

La segunda mitad de la película ya no fue tan buena como la primera y en el epílogo se retrocedieron varios casilleros, notoriamente en los números de deuda. Desde el año 2007 el gasto primario adquirió mucha fuerza y creció a tasas inconsistentes con la referencia que se elija. Más allá del “shock externo” negativo que se recibió en materia de clima y precio del petróleo y con impacto en los números de UTE, el desempeño fiscal del propio Gobierno Central, ajeno a ese shock, refleja un deterioro extraordinario.

En esta etapa final, la administración de la deuda pública estuvo doblemente condicionada: primero, por el cambio de escenario mundial y segundo, por la propia situación fiscal en deterioro. Los resultados en materia de deuda no son atribuibles en esta etapa a la gestión de la misma sino a la fiscal (mayor déficit) y a las inconsistencias entre las políticas económicas que dieron lugar a un creciente atraso cambiario, con impacto en los números de deuda, como veremos el lunes próximo.

Lo primero que es necesario señalar es que el PIB creció 34,5% entre los años 2004 y 2009. En principio esa debería ser una referencia para cotejar las variaciones de los diferentes rubros del balance fiscal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a lo largo de esos cinco años se pasó de estar por debajo del PIB de tendencia a estar por encima de él. Creo, por lo tanto, que es necesario ajustar aquella variación a los efectos del propósito referido. En este sentido, me parece pertinente considerar la variación del PIB entre el nivel observado en 2004 y el nivel de la tendencia en 2009, lo que estimo algunos puntos por debajo de la cifra expresada, en 29,2%.

En materia fiscal, el gobierno terminó con el mismo resultado que empezó: un déficit de 1,8% del PIB. Pero eso es en lo único en que se parecen el inicio y el final del gobierno: el PIB final es más de un tercio mayor al de inicio; la cuenta de intereses representa ahora la mitad de la de entonces; las empresas públicas (EEPP) tienen hoy un resultado financiero peor al de hace cinco años; y tanto los ingresos como todos los rubros de egresos tuvieron crecimientos extraordinarios en términos reales, a precios constantes.

Veamos primero los ingresos, que se pueden dividir en dos grandes rubros: los del Gobierno Central y el BPS, que subieron 33,4%, y el resultado primario y corriente (antes de inversiones e intereses) de las EEPP, que cayó 4,6%. Es decir que los ingresos ligados al PIB, crecieron como el PIB mientras que el resultado de las EEPP se deterioró como consecuencia de lo ya referido sobre la UTE, situación que de la mano de la normalización de las lluvias, viene mejorando rápidamente. Pero que mantiene una espada de Damocles sobre las finanzas públicas en la medida que nuevas faltas de lluvias reiteren el impacto fiscal negativo anterior.

En el caso de los egresos del sector público no financiero (Gobierno Central, BPS e inversiones e intereses de las EEPP), se observa un crecimiento de 35,6% en el gasto total entre febrero de 2005 y febrero de 2009. O sea, una tasa superior a la del PIB y más aún a la del PIB ajustado al nivel de tendencia en el final del período (29,2%). Pero al hablar del gasto total se esconde una realidad más relevante: el gasto primario (sin intereses) subió 46,9% en el período referido.

Miembros del gobierno anterior pueden expresar que se aprovechó el ahorro de intereses para aumentar otros gastos necesarios, y esto es en parte correcto. La cuestión es a qué se debe el ahorro de intereses, cuya cuenta bajó 21,4% en términos reales en los cinco años y casi a la mitad en términos del PIB (de 5,2 a 2,8 por ciento del PIB). Una parte de ese ahorro es permanente, ya que el cupón de la deuda en UI es inferior al de la deuda en dólares. Pero otra parte es transitoria ya que la mayor parte de los intereses se refiere a deudas en dólares y el dólar está hoy en nuestro país considerablemente por debajo de su nivel de equilibrio. El “ahorro” de intereses generado por el atraso cambiario no debe ser considerado permanente sino transitorio y no debió gastarse. Y no me expido sobre el carácter transitorio o permanente de la reducción de tasas de interés mundiales que hubo a lo largo de estos años, ya que si bien se revertirá, tardará en que ello ocurra.

Es previsible, en el mediano plazo, por un lado un dólar bastante más alto que el actual, pero al mismo tiempo un nuevo avance en materia de desdolarización de la deuda, con un saldo que seguramente será una cuenta más abultada de intereses que la actual.

¿Y el resto del gasto, es decir, el gasto primario del sector público no financiero? Casi todo subió mucho más que el PIB en cualquiera de las versiones referidas al principio. Las transferencias (principalmente en el ámbito del BPS) más que se duplicaron en términos reales en cinco años, subiendo 101,6%. Las inversiones subieron 81,4%. Las remuneraciones aumentaron 44,9% (59% en los organismos docentes y 39% en la Administración Central). Finalmente subieron menos que el PIB el gasto en pasividades, 24,6%, y los gastos no personales, 23,7%.

El deterioro fiscal en la etapa final del gobierno anterior se explica en parte por lo de la UTE y en parte por el Gobierno Central. Y en este caso, por el aumento del gasto primario a tasas demasiado elevadas, que terminaron dando lugar a un aumento acumulado de ese gasto del 46,9% en los cinco años. Obsérvese que en los últimos tres años el gasto primario real subió respectivamente al 9,0%, al 10,5% y al 8,7%, todas tasas muy superiores a las del crecimiento del PIB tanto observado como de tendencia. De este modo, no puede sorprender que el gasto primario como porcentaje del PIB, que se mantuvo incluso hasta fin de 2008 por debajo del 25%, trepara en 2009 por encima del 27%. Esos dos puntos del producto son una mochila pesada y que debe intentarse revertir desde ahora mismo. Los excesos fiscales del gobierno anterior deben ser compensados con mayor prudencia por el actual, que sólo podrá subir el gasto a una tasa inferior a la del PIB de tendencia.

La semana que viene hablamos de la deuda pública.

JAVIER DE HAEDO para Economía y Mercado

Abreu quiere una regla fiscal.

Se lo planteará al Ministro Lorenzo en el Senado

El senador nacionalista, Sergio Abreu planteará al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, cuando éste comparezca ante la Comisión General el 7 de abril, la creación de una regla fiscal que elimine el déficit fiscal, que hoy se encuentra en un 2%, un porcentaje “bastante alto”.
A su vez, propondrá, si existe espacio fiscal para hacerlo, la creación de un fondo anticíclico con el que se puedan manejar situaciones distintas y complicadas de la economía.
Estas habían sido dos ideas manejadas por el Partido Nacional durante la campaña electoral, considerando que el establecimiento de un tope al déficit fiscal ayudaría a imponer un marco de políticas contracíclicas que ayudaran a crear un escenario más confiable para el inversor.
Abreu también sugerirá que el gobierno asuma el compromiso de mejorar la calificación del riesgo país, más allá de la administración de turno. En este sentido, explicó que es necesario que la clasificación de riesgo -inversión vuelva a hacer del tipo triple A, que es la mejor y laque más atrae a los inversores. Uruguay obtuvo esta calificación durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, siendo ministro de Economía el Ec. Luis Mosca.
“Hoy la deuda externa ha crecido en capital y en intereses y lo único que tiene como elemento positivo es un porcentaje diferente entre el producto interno y la deuda, pero está afectando la calificación de riesgo. Hay que volver a la calificación triple A para que el inversor vea que Uruguay en materia internacional está calificado”, señaló el senador.
Por último, Abreu le consultará a Lorenzo qué proyección real tiene sobre el tipo de cambio y sobre la inflación y cómo el gobierno va a manejar estos dos factores.

Fuente: Últimas Noticias

El FMI sigue usando el ábaco

Se conocieron recientemente las conclusiones de la revisión periódica que el FMI realizó con relación a nuestro país en el pasado mes de septiembre, en el marco de una evaluación que realiza anualmente con todos los países miembros del organismo. El País publicó dos notas, el domingo 21 y el lunes 22, que ilustran cabalmente la visión de esa institución sobre la economía. Visión que, al menos en lo que a Uruguay refiere, para nada ha cambiado tras la gran crisis financiera de las economías desarrolladas, a pesar de todo lo que se ha dicho en los últimos años acerca de un aggiornamento del Fondo tras los múltiples traspiés que ha tenido en sus diagnósticos y recomendaciones de políticas.

En el caso de nuestro país, el FMI también quiso mostrar una nueva imagen y eso se tradujo en una notoria obsecuencia hacia las autoridades de turno, y en soslayar críticas que debió realizar ante desvíos fiscales e inconsistencias entre las políticas económicas. Ahora, con eufemismos, se suma a hablar de la herencia que un gobierno de izquierda le dejó al otro, y señala que “para el Presupuesto quinquenal las nuevas autoridades busquen retornar a objetivos (fiscales) más ambiciosos”, lo que “será importante para reducir la deuda pública a niveles más confortables”.

El Fondo está diciendo, en definitiva, que se llegó a resultados fiscales inconvenientes y que la deuda permanece en niveles poco confortables, pero no lo puede decir con todas las letras porque en los años pasados calló. Y, como es sabido, el que calla otorga.

Vuelve a plantear entonces una meta fiscal equivalente a un déficit de 0,4% del PIB, la misma que hubo en los años finales del gobierno Vázquez, y ahora lo hace a partir de 2011.

Para ello recomienda moderar los aumentos en el gasto público, particularmente en los salarios (y en las jubilaciones, que están indexadas a ellos). En el período que terminó, los salarios subieron a un ritmo de entre 4% y 5% anual por dos razones: primero, porque hubo un compromiso del gobierno, consistente en recuperar la pérdida de salario real que se había registrado en el gobierno Batlle, debido a la crisis que vivió el país; segundo, porque el mundo nos generó una situación económica extraordinaria que permitió generar los recursos para pagar esa cuenta. En el nuevo período, ya no existe la primera de las razones y es imposible prever que se dé la segunda. En este contexto los salarios deberían subir a una tasa del orden de la mitad de la registrada en el período anterior. En esto el Fondo tiene razón.

Pero no la tiene al fijar el objetivo fiscal que establece, un déficit de 0,4% del PIB para cada año desde 2011. Acá tenemos al mismo FMI de siempre, que aplica reglas rígidas independientemente de la coyuntura. ¿Es lo mismo llegar a un déficit de 0,4% del PIB con la economía creciendo al 2% anual que al 4% o al 6%? ¿Dónde está el concepto de ajustar los números fiscales por el ciclo económico? Si para algo deberían servir organismos como el FMI para países como el nuestro es para asistirnos técnicamente en el diseño de instituciones fiscales de segunda generación, en lugar de seguir utilizando el ábaco. Precisamente por tener objetivos fiscales poco ambiciosos es que estamos donde estamos: el FMI mantuvo el objetivo de un déficit de 0,4% del producto aún cuando la realidad superaba las mejores expectativas y el mundo nos permitía crecer al 7% anual en vez de al proyectado 4% anual. Y esa meta era tan rígida como el propio Fondo y dio lugar, implícitamente, a que se gastara todo el aumento de recaudación más allá del previsto con un crecimiento normal. Y si en la cresta de la ola apenas rozamos el equilibrio fiscal, no debe sorprender que cuando la ola perdió fuerza termináramos en un déficit de 2,3% del PIB en 2009, de acuerdo a los últimos datos fiscales divulgados al cierre de febrero.

Si bien los técnicos del FMI no plantean la creación de un “fondo anticíclico”, al menos sugieren la creación de un “fondo de energía” para minimizar los efectos fiscales de las sequías que con recurrencia debemos enfrentar, mientras no se solucione el problema de fondo o estructural que consiste en aumentar la capacidad de generación. Plantean la creación de una suerte de adicional a la tarifa para conformar aquel fondo, la que seguramente no se sentiría en los bolsillos en tiempos de abundante generación y permitiría ser utilizada en tiempos de escasa hidraulicidad de nuestras represas. Lamentablemente estamos muy lejos de llegar a esa solución ya que estamos en la situación exactamente opuesta: venimos de años de fuertes déficit financieros en UTE, que dieron lugar a una acumulación de deudas por cientos de millones de dólares. Ahora tendremos que pagar más tarifas que las que surgen directamente de la coyuntura para ir tapando ese agujero y recién después de tapado se podrá pensar en seguir pagando de más para elaborar el fondo que recomienda el Fondo. Siempre y cuando en el camino no nos tropecemos con otra sequía como las que hemos tenido en tres de los últimos cinco años.

Pero el viejo FMI vive y lucha, una vez más, cuando habla de competitividad. Según El País del lunes 22, el “FMI descarta baja de competitividad” y si bien admiten que el “peso uruguayo se ha apreciado desde 2003, no hay evidencia de problemas de competitividad” ni de un “potencial desalineamiento del tipo de cambio real”. El informe señala que tres de los cuatro modelos de estimación utilizados “revelan que el peso necesitaría apreciarse ligeramente para alcanzar su valor de equilibrio”.

Como referí al principio, la misión del FMI hizo su visita a Uruguay en septiembre y si bien no se dice de cuándo datan las estimaciones realizadas en base a modelos, es evidente que de septiembre a acá nuestra moneda se apreció más que ligeramente (13% en septiembre-enero). Hoy tenemos el mismo tipo de cambio nominal de mediados de 2008, pero con los precios de exportación más de un 20% por debajo de los de entonces. Las propias series del BCU muestran mes a mes un fuerte deterioro acumulado en el tipo de cambio real contra todo el mundo menos Brasil y hoy estamos con índices similares a los de inicios de 2002 y bajando.

De acuerdo con los datos difundidos por el BCU al cierre de febrero, correspondientes al mes de enero, el tipo de cambio real de Uruguay con relación al resto del mundo se ubica 18% por debajo del nivel promedio de la serie publicada por el Central y que se inicia en 2000. El promedio de un extenso período constituye una buena referencia y los principales resultados no cambian si se consideran períodos aún más largos, desde 1977. El “atraso cambiario” con relación a fuera de la región llega al 26% y se ubica entre 17% y 39% con relación a todos los países considerados por el BCU excepto Brasil, con el que tenemos un tipo de cambio real 4% mayor al promedio del período.

Finalmente, y esto sí es novedoso, cabe destacar que el FMI señala que “reducir más la pobreza sigue siendo un desafío” y propone “promover la inclusión social de segmentos desfavorecidos de la sociedad (lo que) permanece como una meta clave en Uruguay”. La verdad, esto sí es nuevo en los “papers” del Fondo, que hasta parece progresista y todo. Cosas veredes.

JAVIER DE HAEDO para Economía y Mercado

Es necesario un mayor análisis

En un seminario que organizaron el Banco Mundial y el MEF a finales de mayo de 2007, titulado “Uruguay: ¿Qué aprendimos de la crisis financiera de 2002?”, algunos de los panelistas invitados hicimos referencia a la necesidad de tener siempre presente, a los efectos del cálculo de algunos indicadores económicos y financieros, el valor del PIB ajustado por el tipo de cambio real (TCR) y por el ciclo económico. El fundamento de ese planteo consiste en que se puede comprobar que a lo largo del tiempo tanto el TCR como el PIB oscilan en torno a niveles de equilibrio de largo plazo o de tendencia, ciertamente mucho más el primero que el segundo. Por momentos esas oscilaciones se vuelven muy significativas, como ocurrió en particular en los años del entorno de la crisis.

En aquel ámbito me referí, en ese sentido, a la evolución del PIB en dólares corrientes entre 1998 y 2002, período en el cual el PIB en dólares cayó 46%, mientras que en términos reales sólo se redujo un 15%. La diferencia entre ambos porcentajes se debe al abaratamiento en términos de dólares que se registró en la economía entre los años referidos, desde un nivel de precios muy alto en términos de dólares en 1998, a un aterrizaje forzoso en 2002.

En ese contexto, señalaba que la mera consideración del PIB en valores corrientes era engañosa, ya que, por ejemplo, los indicadores de deuda sobre PIB se calculaban con un PIB “inflado” coyunturalmente, como sin dudas sucedió en los años previos a la crisis. Claramente, si se estimaba ese mismo indicador pero con el PIB ajustado por el TCR, la realidad era bien distinta.

El PIB de 1998 fue de aproximadamente US$ 25.400 millones, pero ajustado por TCR, fue del orden de US$ 16.450 millones. Esta situación se mantuvo hasta las vísperas de la crisis: en 2001, la deuda pública neta de activos externos era de 31,7% del PIB en dólares corrientes, pero trepaba hasta 45,5% con el PIB ajustado por TCR.

En el cuadro adjunto presento un conjunto de indicadores para 2004 y 2009: PIB en dólares corrientes, y ajustado por TCR, por el ciclo económico y por ambos factores, deuda pública e indicadores fiscales. Interesa ver los años referidos, por corresponder al final de los últimos dos gobiernos y, especialmente, porque entre ellos se dio una vez más el fenómeno de las fuertes oscilaciones en el TCR y el PIB, que ciertamente afectan los indicadores según cuál sea la definición que se tome sobre el PIB, y junto con ellos, afectan también las conclusiones que se puedan extraer sobre resultados de gestiones de gobierno.

Entre 2004 y 2009 el PIB en dólares sube 138%, pero su volumen físico “sólo” sube 34%. Se pasa de un año en el que estábamos muy baratos en dólares, apenas salidos de la crisis, a uno en el cual estuvimos muy caros. Esto último no sólo en términos absolutos sino especialmente en términos relativos, comparados con el resto del mundo y en particular con la extra región. El TCR con fuera de la región cae 35% entre los promedios de ambos años, es decir que nos encarecemos muchísimo más que esa zona, que vaya si se encarece en dólares en ese período. Al mismo tiempo, se pasa de un nivel del PIB ubicado por debajo del nivel de la tendencia de largo plazo, a uno claramente por encima de ella.

Parados en 2009, y con una lectura poco exigente de los números, parecería que estamos en el mejor de los mundos. La deuda pública neta (definida como la deuda pública total menos los activos externos netos de los depósitos en el BCU) se ha venido “pulverizando” en los últimos años con relación al PIB, y pasó de 87% a 43% entre esos dos años, es decir que cayó a la mitad en términos del producto. Sin embargo, ni aquel 87 era tan 87 ni el actual 43 es tan 43. Aquel 87% surgía de considerar un PIB desinflado, en un país pos crisis que estaba muy barato en dólares y con los motores recién encendidos. Este 43% (calculado con el dato de la deuda a septiembre, pero que estimo en 46% del producto a diciembre) surge en cambio de tomar un PIB en dólares muy alto tanto por lo caro que estamos en dólares en términos relativos como por el nivel del PIB con relación al de la tendencia.

Si se corrigen los PIB de ambos años tanto por el TCR como por el ciclo, la caída en el indicador de la deuda entre 2004 y 2009 es bastante menor: de 66% a 56% (y a 60% con la deuda que estimo había a diciembre, unos mil millones de dólares más que al cierre de septiembre).

Entiendo que estas cifras puedan llamar la atención por ser tan distintas a las “observadas”, y admito que pueda haber otras opiniones en parte de lo aquí considerado. No en cuanto a la necesidad de ajustar las cifras en función del TCR y el ciclo, ya que creo que esto es conceptualmente indiscutible. Pero sí en cuanto a cuál es el TCR relevante y a cuál es la brecha del producto con relación a la tendencia de largo plazo. En este último caso, en el período considerado el PIB de tendencia creció, según mis cálculos, al 3,5% promedio anual. Es posible que otros colegas puedan entender que se debe considerar una cifra mayor, pero nunca mayor al 4% o a lo sumo 4,5% anual, lo que no cambia significativamente los resultados aquí expuestos. En el caso del TCR, si se toma el global en vez del extra regional, la caída entre 2004 y 2009 es menor, de 23% en vez de 35%, pero en este caso no tengo dudas en optar por el extra regional ya que la historia muestra que es el de referencia a la larga, cuando las cosas vuelven a su cauce después de períodos fuera de él.

También se puede llegar a conclusiones diferentes a las que se sacan con los números “observados” en materia fiscal, como en el caso del tamaño del gasto en relación al producto, como surge del cuadro, aunque en este caso sólo corresponde efectuar el ajuste por el ciclo y no por el TCR. A diferencia de lo que sucede entre la deuda y el producto, donde las respectivas estructuras difieren en cuanto a la relevancia del peso y el dólar, en el caso del gasto, eso no sucede. Pero sí cabe ajustar el producto por el ciclo a efectos de analizar la evolución del gasto público en términos más “estructurales”.

En este sentido, si se considera el gasto primario del sector público no financiero (excluyéndose los pagos de intereses), los números “observados” muestran que entre 2004 y 2009 se pasó de 24,1% a 26,5% del producto. Mientras tanto, si se compara el mismo gasto con el PIB de la tendencia de largo plazo en cada uno de esos años, se pasa de 22,5% a 28,0%, lo que por otra parte resulta bastante más aproximado a lo que la intuición nos diría.

Como tantas veces desde esta columna, he querido aportar una visión alternativa a la convencional en materia de indicadores. Visión que pretende “agregar valor” interpretativo a partir de lo que uno va aprendiendo de la experiencia.

JAVIER DE HAEDO para E&M

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