Las encuestas de expectativas

En mi columna de la semana pasada comenté el contexto externo en el cual, previsiblemente, se habrá de desempeñar nuestra economía en lo que resta de 2010 y en 2011. Veíamos allí que resulta relevante ver el desempeño previsto para los precios y las cantidades en el mundo y en la región para indagar acerca del comportamiento esperado para nuestros propios precios y cantidades. Cuando me refiero a precios, aludo a los precios en términos de dólares y cuando me refiero a cantidades, se trata del PIB. Vimos que tanto en la región como en el mundo, se espera que el actual nivel de precios en dólares, históricamente muy alto, se habría de mantener o acrecer aún más mientras que el actual nivel de actividad de la economía mundial, también considerable, seguiría creciendo a muy buen ritmo. Es decir que el panorama de “viento de cola” que hemos estado enfrentando se mantendría en los próximos años, incluso más allá de 2011.

Sin embargo, en lo personal no veo tan claro el panorama, porque no veo viable que pueda ser tan auspicioso en un contexto en el cual las economías avanzadas y las emergentes marchen divorciadas, en particular siendo que las primeras son las que van a los tropiezos. Las economías emergentes dependen más de las avanzadas que al revés y éstas constituyen hoy más un contrapeso que un motor. Mi pronóstico consiste en que tarde o temprano llegará el final de la fiesta en la que estamos, con monedas de economías emergentes apreciadas y fuerte afluencia de capitales especulativos con costo de oportunidad muy bajo, casi nulo, gracias a los bancos centrales de las economías avanzadas.

Hace tres años, cuando la gran crisis financiera, los bancos centrales inyectaban liquidez para sacar a sus países de la crisis y la liquidez iba a abastecer fondos que especulaban y formaban burbujas con precios de materias primas. Un año después se pinchó la burbuja. Ahora la liquidez viene a propiciar burbujas de activos financieros en países emergentes. Ya va a pincharse también.

Visto el panorama mundial y regional, veamos qué se espera para nuestro país y acudamos para ello a las encuestas de expectativas económicas que releva mensualmente el BCU, cuyos últimos datos publicados corresponden al mes de octubre, con cartas vistas de septiembre. Aunque resulte evidente, vale la pena señalar que las proyecciones locales tienen en cuenta el consenso en materia de perspectivas económicas mundiales y regionales. Los números referidos a continuación corresponden a las medianas de las respuestas a la encuesta, es decir las observaciones que dividen en mitades a la muestra.

Primero, en materia de crecimiento económico, para 2010 se espera un 8,2% y para 2011 un 4,7%. En lo que refiere al año en curso, la proyección viene mejorando mes a mes desde marzo, cuando la expectativa apuntaba a un crecimiento de 4,2%. Y para el año próximo el crecimiento de la proyección también ha venido siendo firme, desde el 4,0% de abril, al 4,7% actual. Es decir que el extraordinario desempeño que se está observando no fue previsto apenas unos pocos meses atrás. Ha tomado por sorpresa a todos, incluso al equipo económico que ha venido corrigiendo su proyección de crecimiento económico a los efectos del presupuesto quinquenal. Sin embargo, la misma magnitud de la corrección de la estimación de 2010 no se da en la de 2011, por lo que se asume que se vuelve a la normalidad, a tasas de crecimiento más en línea con la de largo plazo.

Segundo, en materia fiscal, se proyecta un déficit de 0,9% del PIB tanto para este año como para el próximo. En este caso, la proyección de 2010 había venido mejorando hasta el mes de agosto, cuando se ubicó en un déficit de 0,75% del producto, y luego subió a 0,9%. Para el año próximo, mientras tanto, las expectativas fueron mejorando hasta mayo, con un déficit de 0,5% del PIB, y empeoran desde entonces. En términos generales, las expectativas coinciden con la proyección establecida por el MEF en el presupuesto.

Tercero, en cuanto a la variación del número de personas ocupadas, se espera un aumento de 1,49% este año y uno de 1,4% el próximo. En el primer caso la evolución de la proyección ha sido estable y en el segundo, creciente. También en este caso las estimaciones son próximas a las del MEF para el presupuesto.

Cuarto, en materia de inflación, se espera una tasa de 7,0% para 2010 y una de 6,7% para 2011. En el primer caso la proyección coincide con el techo del rango objetivo establecido para este año por el BCU, de 3% a 7%. Mientras tanto, para 2011 la proyección queda por encima del rango, que para entonces será de 4% a 6%. Desde 2006, casi sin excepciones, la proyección de la encuesta ha estado a menos de 1% de distancia del techo del rango objetivo, ya sea por encima o por debajo de él.

Por último, las proyecciones de tipo de cambio: $ 20,05 al cierre de 2010 y $ 21,00 al final de 2011. En el caso del año en curso, la proyección ha sido estable: desde octubre del año pasado se ha situado entre $ 19,80 y $ 21,00. Lo mismo ha sucedido con la proyección del cierre del año próximo, que se releva desde enero, y se ha ubicado entre $ 20,90 y $ 21,91.

Como se puede observar, entonces, el panorama luce tranquilo y las proyecciones no aparecen muy divorciadas de las oficiales: la economía creciendo y creando empleos, un déficit fiscal moderado, una tasa de inflación ligeramente por encima del rango, pero nada dramática y un tipo de cambio estable.

Desde el mes próximo, con el propósito expreso de “aumentar el grado de transparencia” de la encuesta, el Banco Central cambiará la forma de difundirla, “incluyendo un detalle de las respuestas individuales de los distintos colaboradores”, según nos comunicó recientemente. En lo personal comparto ese propósito y consiguientemente ese cambio. Por lo que aprovecho a expresar a continuación cuáles fueron mis proyecciones para la encuesta de octubre cuyas medianas referí anteriormente.

En cuanto al PIB, proyecto tasas de crecimiento de 8,5% para 2010 y de 4,5% para 2011. En materia fiscal, déficits de 0,3% y 0,7% respectivamente. En este caso debo señalar que mi proyección de 2010 está ajustada por el Fondo de Estabilidad Energética que ha constituido la UTE, que no es déficit y que a agosto acumula 0,4% del PIB, por lo que para hacerla comparable con la estimación de mis colegas, se ubica en 0,7% del PIB. Mientras tanto estimo la inflación en 7,2% y 6,4% en 2010 y 2011 respectivamente y el tipo de cambio en $ 20,30 y $ 20,79 al cierre de cada año.

JAVIER DE HAEDO

Enseñanza: números y no palabras

Uno de los aspectos característicos de la discusión del presupuesto ha sido el planteo de elevar desde el 4,5% del PIB al 6,0% el gasto total en la enseñanza pública. Y ha sido muy significativo que el gobierno se plantara en el nivel alcanzado en el período anterior y no accediera a los reclamos de los gremios del sector.

En el período de gobierno anterior, el Frente Amplio hizo suyo el objetivo gremial de ir al 4,5% del PIB y, peso más peso menos, cumplió. No hizo lo mismo en esta oportunidad, con el 6,0%, seguramente por haber comprobado que aquello no había resultado de gran utilidad. Sólo sirvió para mejorar las retribuciones en el sector, que habían caído durante el período del presidente Batlle, al igual que lo hicieron todos los salarios, públicos y privados, debido a la crisis económica y financiera. Y de hecho subieron más de lo que entonces habían caído y más, también, que las otras remuneraciones en el Estado. Pero no sirvió para mejorar los indicadores de resultados y gestión de la enseñanza pública, lo que debió ser desde siempre el generador del mayor presupuesto y no una mera concesión sin contrapartida.

Es más, en algunas presentaciones que hizo el ministro Lorenzo, en la etapa previa a la presentación del presupuesto al Parlamento, se expresaron los lineamientos que el Ejecutivo elevaría al Legislativo y que se procuraría acordar con los organismos de la enseñanza, dejándose en claro que de no llegarse a un acuerdo, se elevaría al Parlamento el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, con las ideas de éste sobre la materia, en paralelo al de esos organismos, para que el Parlamento decidiera.

He estado revisando los indicadores fiscales referidos a la enseñanza pública. No los números del presupuesto sino lo ejecutado, a partir de las cifras que el MEF informa mensualmente sobre su gestión financiera. Y entre esos indicadores hay tres rubros en los que se desagrega la información referida a “organismos docentes” (ANEP y Universidad), de la correspondiente al resto del Gobierno Central: remuneraciones, gastos e inversiones.
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Debo hacer una necesaria precisión metodológica previa. A partir de los datos mensuales en pesos corrientes, elaboré series a precios constantes de septiembre de 2010. Es decir, corregí las series a precios corrientes por el IPC con base 1 en ese mes. A esos números, en millones de pesos de septiembre, los dividí entre 20, redondeando, para expresarlos en dólares, que es la unidad de cuenta en la que todos nos entendemos mejor. Por lo tanto las cifras que voy a manejar a continuación vienen a ser dólares de hoy día. Obviamente, a lo largo de los últimos años el dólar tuvo fuertes oscilaciones en el marco de una tendencia bajista, por lo que expresar las cifras en dólares corrientes sólo serviría para confundir, mezclándose los efectos de la variación real del gasto con el de la variación del valor real del peso uruguayo.

Hay otro aspecto a señalar antes de ver los números, que es relevante a la hora de analizar la evolución real de las remuneraciones. Lo que voy a considerar es el gasto total en salarios y no la evolución del salario real. Si se habla de la evolución del salario real, se refiere el comportamiento de un índice salarial que comprende una canasta de cargos o categorías laborales específicas, fija. Si se habla de gasto salarial efectivo, se refiere la evolución simultánea de tres factores: uno, el salario real; dos, la historia laboral de cada trabajador, que va subiendo de categoría laboral a lo largo de su vida; y tres, la cantidad de funcionarios. Muchas veces se da un aumento de salario real encubierto mediante la recategorización de los funcionarios o mediante la incorporación de partidas de naturaleza salarial que escapan a la medición del salario real y que dan lugar a aumentos de gasto en remuneraciones. La aclaración viene al caso porque es posible que algunos números de los que voy a mencionar no coincidan con la percepción que existe sobre la evolución del salario real.

Veamos los números, reitero, en dólares de hoy. En 1999 el gasto total en enseñanza pública (remuneraciones, gastos e inversiones) fue de US$ 638 millones. Mientras tanto, en 2004, alcanzó a US$ 559 millones, un 13% menos que cinco años antes. En los 12 meses finalizados en agosto de 2010, en cambio, se ubicó en 896 millones de dólares, un 60% por encima de 2004 y un 40% por arriba de 1999. La mejoría presupuestal es indudable y también lo es que ella ha ido mucho más allá de la pérdida que se dio durante el período que comprendió la crisis de 2002.

En el caso de las remuneraciones, los datos son aún más contundentes, debido a que la mayor parte de la mejoría presupuestal que se dio desde 2004, el 77%, se volcó a ese rubro. Mientras que entre 1999 y 2004 había caído un 8%, entre 2004 y agosto de 2010 subió 63%, por lo que el gasto en remuneraciones en los organismos docentes está hoy 50% por encima, en términos reales, del de 1999.

Viene al caso señalar, a efectos de verificar cuánto se ha priorizado la enseñanza pública, que en el resto del Gobierno Central las remuneraciones habían caído el doble (16% versus el 8% referido) en el período de Batlle, y que desde 2004 a hoy subieron menos que en los organismos docentes (43% versus el 63% señalado), por lo que hoy están 20% en términos reales por arriba de 1999, frente al 50% por encima en que se ubican las remuneraciones en la enseñanza pública.

En el rubro gastos, el aumento real en la enseñanza fue de 23% desde 2004 frente a un aumento de 36% en el resto del Gobierno Central. Y en el caso de las inversiones, mientras que la regla general fue un aumento real de 33% desde 2004 en los organismos docentes el aumento fue de 107% a precios constantes.

En definitiva, la mejoría presupuestal de la enseñanza pública es indudable e innegable. Hoy cuenta con un presupuesto que no tiene precedentes en el pasado reciente. El gobierno pasado tomó como propia la bandera reivindicativa que entonces tenían los gremios y cumplió con ese propósito. Pero es posible que algunos de los decisores de ese mayor gasto hayan caído, tarde, en la cuenta de que se perdió la oportunidad de pedir mejores resultados a cambio del mayor presupuesto. Hoy han reaccionado y mantienen el 4,5% y nada más (ni nada menos).

Sería bueno que desde la enseñanza pública se pudieran difundir números tan contundentes como estos, pero en materia de resultados y gestión. Quienes pagan impuestos los esperan.

Javier de Haedo

Secreto bancario: el FA y Alianza Nacional llegaron a un acuerdo.

Ayer votaron en Comisión del Senado la propuesta de reforma tributaria. Director de Rentas debe avalar el levantamiento del secreto sobre depósitos

Luego de varias semanas de negociaciones y de cambios en el espíritu y en la letra del proyecto de reforma tributaria, el Frente Amplio y los blancos de Alianza Nacional votaron ayer en la comisión de Hacienda la flexibilización del secreto bancario y la aplicación de Impuesto a la Renta a las cuentas en el exterior de residentes en Uruguay.
El acuerdo supuso que el oficialismo otorgara mayores garantías para que el levantamiento del secreto que pesa sobre los depósitos solo pueda ser pedido por el director de la Dirección General Impositiva (DGI) bajo ciertas premisas.

Asimismo, se estableció que esa información puede ser pedida “exclusivamente” por los países que hayan firmado con Uruguay tratados de intercambio de información tributaria que estén vigentes a la fecha de la solicitud.

Participantes de la negociación dijeron a El Observador que con este artículo se despeja la posibilidad de que países como Argentina desde donde llegan muchas inversiones y depósitos de dinero reclamen datos sobre el dinero de sus ciudadanos.

La iniciativa, que no fue respaldada por el Partido Colorado y los blancos de Unidad Nacional, serán aprobada la próxima semana en el plenario del Senado.

Idas y vueltas.

La semana pasada pareció que el acuerdo se diluía cuando desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llegó al Parlamento una nueva redacción para el artículo en el que se establecían las condiciones para el levantamiento del secreto bancario.

El senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional) dijo entonces que la propuesta dejaba el camino libre para que se exigiera información tributaria con cualquier excusa, y advirtió que no estaba dispuesto a votar dicha iniciativa. Finalmente, ayer se llegó a un acuerdo sobre la redacción de ese texto. “El juez solo hará lugar a la solicitud cuando la administración tributaria haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo, y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o la tipificación de infracciones”, dice el artículo acordado. En ese sentido, se establece que el pedido debe realizarse por “solicitud expresa” del director general de Rentas.

En cuanto a las solicitudes que lleguen desde otros países, el acuerdo entre los frenteamplistas y el sector que lidera Jorge Larrañaga señala que solo se les podrá dar andamiento “exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición”.

El gobierno uruguayo está firmando acuerdos de intercambio de información tributaria con Estados extranjeros a los efectos de poder salir de la “lista gris” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que castiga a las naciones que contribuyen escasamente con el combate al lavado de dinero.

Por otra parte, los nacionalistas decidieron no proponer la instalación de juzgados especiales para tratar estos asuntos ya que, entendieron, cuanto más cantidad de jueces se aboquen a resolver sobre el tema, “menos presiones” sentirán en el momento de tomar decisiones.

No obstante, insistieron y lograron que tras el pedido de levantamiento del secreto bancario deba existir una resolución expresa del juez para que se pueda acceder a la solicitud.

Además, la sentencia de la Justicia será apelable por cualquiera de las dos partes. El Frente Amplio pretendía que, de no existir una resolución expresa de la Justicia, se diera por bueno el pedido.

Fuente: Observa

BCU mandatado a controlar precios. Director blanco. El economista Washington Ribeiro explicitó política monetaria

El director del Banco Central, Washington Ribeiro, explicó cuál es la visión de coyuntura y de mediano plazo de la autoridad monetaria, en especial en relación a las presiones inflacionarias.

El novel director del BCU, en representación del Partido Nacional, explicó los fundamentos de la decisión de suba de tasa, que el Comité de Política Monetaria (Copom) adoptó la semana pasada para controlar la inflación.

Así como se explayó sobre las presiones que a mediano plazo podría sufrir nuestra economía con respecto al alza de precios. En tal sentido fue contundente al señalar que “el Banco Central hoy tiene un mandato, que es controlar los precios, y hacia eso va”. Estas declaraciones las realizó en entrevista al programa Claves Económicas que se emite por Nuevo Siglo TV.

Dos factores
Consultado por los elementos que pueden generar presiones inflacionarias, Ribeiro indicó “si bien estamos en un escenario de crecimiento y eso es saludable, y estamos con un desempleo muy bajo, puede ocurrir a través de dos factores: inflación internacional y que la oferta en algunos sectores no acompañen a la demanda y genere un alza de precios.

En función de las dos variables se decidió subir 0,25% la tasa como señal hacia el mercado sobre que el mandato del Banco Central es controlar el nivel de precios, y eso es a lo que se aboca y es su objetivo principal”

Problema de oferta
Interrogado respecto a cuales son los sectores que podrían presentar problemas de oferta el economista indicó que fundamentalmente se trata del sector agropecuario. Y agregó que “venimos de una sequía muy importante y eso ha reducido el stock ganadero, por lo que en el sector cárnico hay un elemento”. Pero también se refirió a algunos factores externos a nuestra economía como cierta suba del precio del petróleo, así como de otros precios internacionales. Dentro de esta dinámica signada por un fuerte crecimiento se generan desafíos para algunos sectores industriales en materia de inversiones que le permitan ampliar su oferta, en un contexto de expansión de demanda y de las exportaciones, explicó. En cuanto a los datos de inflación Ribeiro explicó que hoy la inflación está dentro del rango que llega al techo de 7% y las expectativas están en 7,09%. Hay un comité de evaluación cada tres meses, en principio se decidió esta suba de tasa de 0,25% para ubicarla en 6,5% para ser más contractiva la política monetaria y seguirá analizando. El 23 de diciembre es el próximo comité, y llegado el caso de que se evalúe no se ha resuelto la situación con la suba actual se tomarán algunas otras medidas.

Medidas adicionales
Consultado respecto a las posibles medidas el director del BCU indicó que el gobierno no descarta apelar a las tarifas públicas o precios administrados, herramienta “que no es perdurable ni efectiva en el largo plazo, pero puede ser una solución; también ayudar a la competitividad del sector exportador”. “Es una decisión que va a tomar eventualmente el Poder Ejecutivo y no le compete al Banco Central. Seguramente y si la evolución climática sigue siendo favorable y las cuentas de UTE lo permiten, haya algún tipo de reducción o por lo menos no aumento en el tema de tarifas energéticas y se puede ayudar”.

Dólar y cultura
Con respecto al dólar, Ribeiro señaló que la estrategia de desdolarización de la economía se mantiene y habrá que ver cómo evoluciona. La capitalización del Banco puede ayudar a través de generar un mercado secundario, a través de otro tipo de medidas. Yo creo que es un proceso donde también la cultura afecta mucho, no solo las tasas de rentabilidad. En el Uruguay la moneda fuerte sigue siendo el dólar y el débil el peso, más allá del cambio de portafolio, y seguramente la desdolarización de la economía lleve muchísimos años, porque afectan también factores culturales y psicológicos que van mucho más allá de la tasa de interés.

Ribeiro (BCU): “El tipo de cambio actual no va a generar un incremento de la inflación”

Recientemente asumido como integrante del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), el nacionalista Washington Ribeiro aseguró que trabajará con lealtad hacia la institución y hacia su partido, “siendo consciente de que soy el único representante de la oposición” en la entidad bancaria. Entrevistado por En Perspectiva, consideró poco probable un aumento inflacionario pero advirtió con respecto a un posible sobrecalentamiento de la economía. El economista sostuvo que la intención del gobierno de mantener el valor del dólar entre 21 y 22 pesos es legítima pero no asegura la competitividad. Además, explicó cómo piensa colaborar en el aumento de la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno, así como en el “cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas”.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
Desde la semana pasada, un integrante de la oposición forma parte del equipo económico de gobierno.

Se trata del economista Washington Ribeiro, flamante director del Banco Central del Uruguay (BCU). Un hombre de confianza del senador blanco y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, integra el directorio del organismo responsable, entre otras cosas, de fijar la política monetaria para combatir la inflación, regular y supervisar el sistema financiero y, para muchos integrantes del Poder Ejecutivo, vigilar el valor del dólar frente al peso uruguayo.

Ribeiro tiene 38 años, se graduó en la Universidad de la República, ha sido asesor en temas de política económica, inserción internacional y estrategias de desarrollo en AN, el sector liderado por Jorge Larrañaga, entre 2002 y 2010.

JAE – Un nombre que ya se había manejado en el anterior período para la integración de la oposición en el BCU. Eso finalmente no prosperó, pero ahora sí, vuelve su nombre y se concreta con este acuerdo entre gobierno y oposición.

¿En qué temas se ha especializado o ha hecho hincapié en estos años como economista?

WASHINGTON RIBEIRO:
En los últimos años, si bien he mantenido el ejercicio de mi profesión, sobre todo me he dedicado a la actividad política en cuanto a asesorar a AN y al doctor Larrañaga no exclusivamente en temas económicos, sino también en cuestiones políticas. Básicamente hemos hecho el seguimiento del presupuesto quinquenal pasado, de las sucesivas rendiciones de cuentas y de todas aquellas leyes que tuvieran alguna incidencia sobre la actividad económica, junto con otros compañeros ya sea de AN o de la Fundación Ferreira Aldunate.

JAE – Entonces el enfoque no necesariamente va por el lado de la política monetaria, algo específico del BCU, sino que ha sido algo más general.

WR – Sí, habría sido muy restrictivo enfocarse exclusivamente en la política monetaria, que es uno de los componentes de la política económica. Pero en particular en el quinquenio anterior la política fiscal tuvo una importancia relativa mucho mayor y por eso el sistema político le prestó más atención. Recordemos la reforma tributaria y una serie de leyes que implicaron cambios importantes.

JAE – ¿Qué lo llevó a aceptar el ofrecimiento para integrar el directorio del BCU?

WR – Es un orgullo y una satisfacción enorme que en un partido con infinidad de economistas como pueden ser Javier de Haedo, Gustavo Licandro, Andrés Pieroni se me designe a mí para ocupar esta responsabilidad. No hay lugar a pensarlo, no se trató de aceptar o no aceptar, simplemente ante el ofrecimiento una satisfacción enorme y un orgullo impresionante.

EMILIANO COTELO:
De hecho, su cargo será el más importante para la oposición en los temas económicos. ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo será su papel? ¿Será un papel por el lado del control? ¿Será un papel por el lado de las propuestas?

WR – El doctor Larrañaga nos dijo no solo a mí sino a todos los que propuso para integrar los entes y las empresas públicas: “Controlar sí, pero colaborar también”. Y esa colaboración se traduce en llevar adelante iniciativas de nuestro sector político. No sé si es el cargo más importante en la política económica, convengamos que la política del país es un conjunto de elementos, y si bien sí en la política monetaria mi participación, o la del BCU, es fundamental, en Uruguay las empresas públicas en general tienen un rol muy importante, por tanto UTE, ANCAP, el propio Banco República tienen una incidencia muy importante.

JAE – El BCU forma parte del equipo económico pero no define la política general, entonces ¿cómo imagina el peso que tendrá su lugar, su puesto en el ejercicio del poder?

WR – Con lealtad hacia la institución y hacia el partido que me puso, siendo consciente de que soy el único representante en el banco de la oposición, por lo cual no voy a ser un representante de los demás partidos políticos pero sí un colaborador en tanto se me requiera y en tanto yo pueda, y ante todo, seguir la evolución de las variables económicas, las decisiones que vaya tomando el gobierno, en particular en las instancias de coordinación que el BCU tiene con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a partir de allí ejercer el rol de oposición cuando estimemos que sea conveniente o cuando el partido lo estime conveniente, y sobre todo el de hacer propuestas, como decía al principio.

JAE – Hay un comité que se reúne cada tres meses horas previas al Comité de Políticas Macroeconómicas (COPOM), que es el encuentro entre el BCU y el MEF. Hasta ahora nadie de la oposición se había integrado a esas conversaciones.

WR – Claro, por la conformación del propio elenco de gobierno y del BCU. A partir de la próxima reunión nosotros vamos a participar y allí se verá. Es la instancia que el BCU, y en particular la oposición, va a tener de emitir su opinión sobre la política fiscal, más allá de los controles legales que establece el propio Parlamento.

EC – Hay unos cuantos temas que han puesto al BCU en la agenda informativa desde que comenzó este segundo período de gobierno del Frente Amplio (FA).

JAE – Empecemos por el tipo de cambio, que es de los últimos, y son sobre todo cambios que implican por un lado un rol menos activo o menos frontal del BCU en la compra de dólares, pasando esa responsabilidad al MEF. Pero por otra parte, el subsecretario de Economía ha dicho que el dólar tiene que estar entre 21 y 22 pesos, que ese es el punto de equilibrio que el gobierno va a tratar de mantener. ¿Cómo observa este tipo de mensajes de la autoridad monetaria, el hecho de que haya una definición pública expresa de un valor del dólar?

WR – En Uruguay existe un régimen de tipo de cambio flexible, por lo cual el valor resultante del tipo de cambio es producto de la política monetaria que se lleva adelante, entre otros factores. La decisión es prevalente a mi integración al BCU, pero el cambio en la participación en el mercado de divisas del BCU en beneficio del MEF se debe a un tema de composición de cartera. El MEF, el gobierno, el Estado uruguayo tienen endeudamiento en dólares, por lo cual se estima que es más conveniente que ese tipo de operaciones las realice el propio gobierno por medio del ministerio y el BCU.

JAE – Usted comparte eso.

WR – Sí, claro, porque el hecho de que lo hiciera el BCU implicaba una serie de pérdidas bastante altas en función de la composición de activos y pasivos del propio banco. Y que el subsecretario adelante, prevea o diga que el tipo de cambio tiene que estar en tal o cual valor se asume como una meta del gobierno y es legítimo. Yo creo que el tipo de cambio no es el único instrumento para manejar la competitividad del país.

EC – El propio gobierno lo ha sostenido desde siempre; en estos dos períodos del FA se ha insistido mucho con eso, pero al mismo tiempo en los últimos meses se ha reconocido que el valor había alcanzado el dólar en su pendiente ya empezaba a ser preocupante.

WR – Sin duda que el valor del dólar importa en la competitividad, pero en el corto plazo. En el largo plazo hay otros aspectos que son mucho más importantes, como el manejo de las tarifas públicas, el manejo de la productividad o aquellos elementos que generen mayor productividad –para este año se estima un 3-4% de crecimiento–, factores como la calificación de la mano de obra, la educación, la flexibilidad y las normas en el mercado de trabajo, la institucionalidad del país. El tipo de cambio debe ser manejado en el corto plazo a la espera de generar estructuras o reformas que impliquen una mejora en la competitividad perdurable en el tiempo. Un valor del tipo de cambio de 19 seguramente era preocupante para el sector exportador; no sé si un tipo de cambio de 21-22 resuelve la competitividad del país o le garantiza competitividad al país. En definitiva es una discusión del gobierno.

JAE – Pero se ha sostenido, de repente simplificadamente, que hay una especie de choque entre ese objetivo de sostener la competitividad por el lado del dólar y el objetivo inflacionario, que un objetivo incide sobre el otro en forma negativa, porque el BCU mantiene esa objetivo de mantener la inflación a raya. ¿Cómo ve este conflicto? ¿Hay riesgo de problemas por el lado de la inflación a partir de estas otras medidas que se toman para sostener o para levantar la competitividad?

WR – El control de la inflación y en particular la estabilidad de precios es un mandato que la ley le da al BCU entre sus cometidos y finalidades. Según el régimen y la política monetaria definidos en el país se establece un rango de inflación, que es de 3 a 7% para los próximos 18 meses, y dentro de ese rango el BCU establece una tasa de interés de referencia compatible con la meta buscada. Básicamente no creo que haya discrepancias. Esto se decidió en la reunión del COPOM, por lo cual no veo la discrepancia.

JAE – ¿No ve sombra, riesgo de problemas de inflación? Porque algunos han sostenido que la economía está muy activa, que va a crecer 6,5% o por arriba, que hay riesgo de recalentamiento. ¿La inflación lo preocupa?

WR – La inflación siempre es preocupante en tanto perjudica sobre todo a las clases más bajas de la sociedad. Creo que el tipo de cambio en el nivel que está hoy no va a generar un incremento de la inflación en lo más mínimo, y el riesgo de sobrecalentamiento es posible, es a cuidar, y por eso hay que llevar adelante medidas que estimulen la inversión para evitar que eso ocurra.

***

EC – En su discurso de asunción usted abogó por el equilibrio entre la política fiscal y la monetaria, y dijo que el gasto en el período pasado fue “excesivo”. ¿Qué va a proponer en ese sentido? ¿Qué puede hacer desde el BCU?

WR – El gasto en el período pasado evidentemente fue excesivo en tanto el país creció como nunca había crecido en su historia al cabo de cinco años seguidos, y aun así no se alcanzó un equilibrio fiscal. La importancia del superávit fiscal está dada en la utilización de los recursos genuinos que el país genera. Puede aplicarse a la reducción de deuda, a la reducción de impuestos, y después se discutirá si es mejor bajar el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado o aumentar la devolución de impuestos a las exportaciones. Eso es una discusión posterior, pero un país es como una familia, debe mantener sus cuentas equilibradas no puede gastar permanentemente más de lo que recibe como ingresos, porque eso genera un elevado endeudamiento.

EC – Es una costumbre nacional.

WR – Tal vez haya sido la necesidad, no sé si es un tema de costumbre. Pero en años de bonanza hay que aprovechar para generar un cierto equilibrio fiscal y a su vez un colchón fiscal con políticas anticíclicas que permitan hacer frente a problemas en el empleo y a otro tipo de dificultades que se presenten en épocas de vacas flacas. Esa fue en general la principal crítica que la oposición le hizo a la administración anterior, veremos en la instancia presupuestal cuál es la evolución prevista para el gasto público. En cuanto a qué se puede hacer…

EC – ¿Usted tiene capacidad de incidencia?

WR – No, por supuesto que no. Tengo capacidad de propuesta como un miembro más del directorio del BCU en alguna instancia de coordinación con el MEF. La propuesta y el control efectivos los va a hacer el Parlamento, que es el ámbito natural de discusión del presupuesto.

***

JAE – Al asumir, usted planteó el interés en colaborar en el proceso de aumentar la bancarización que quiere llevar adelante el gobierno. ¿En qué medidas piensa para fomentar la inclusión financiera?

WR – Sobre todo en la forma en que se haga la bancarización, que es un proceso que no es nuevo en Uruguay, se desarrolló mucho durante los años noventa y se vio postergado por la crisis de 2002. Pero en general es un proceso que se ha dado en todo el mundo, que genera importantes beneficios en cuanto a la formalización de la economía, si se hace bien. Si se hace mal puede llegar a generar exclusión social en la medida en que ciertos sectores de la población no accedan al sistema financiero y por tanto a la economía formal.

Uruguay tiene la ventaja de que buena parte de la población está bancarizada mediante los planes del MIDES, en el BROU. La incidencia o la importancia de la oposición, en este caso mía, es en cuanto a la forma en que se dé y en aportar a la discusión con propuestas. Este es uno de los ejemplos claros en que vamos a tener una participación seguramente más activa.

EC – ¿Puede mencionar algún otro ejemplo?

WR – Por ahora no, estamos viendo con la Superintendencia de Bancos los mecanismos que piensa llevar adelante. Pero por ejemplo, el desarrollo de la inserción del sistema financiero en el sistema educativo, en la escuela o en los liceos, no en régimen de materia obligatoria pero sí alguna carga horaria, aunque sea mínima, para aumentar el grado de responsabilidad de los jóvenes en el cumplimiento de sus obligaciones en términos económicos durante su madurez.

EC – Usted habla de crear una cultura de la bancarización.

WR – Para ser honestos, no hablo yo, es algo en lo que se venía trabajando en los servicios del banco y que yo veo bien.

EC – Sí, el presidente del BCU, Mario Bergara, ha hablado de eso.

WR – Sí, claramente es un ejemplo. La cultura no solo de bancarización sino de cumplimiento de los contratos y las responsabilidades en términos económicos de las personas.

EC – ¿Otros ejemplos?

WR – Otro ejemplo puede ser la inclusión del sistema de cooperativas o de microcréditos con algún tipo de regulación específica destinada a ello, con un régimen regulatorio tal vez un poco más flexible. Son temas que hemos venido hablando con la Superintendencia y que seguramente seguiremos hablando, cómo reglamentar el sistema de tarjetas de crédito. Son elementos que estamos viendo en la interna del banco y que seguramente en el futuro se irán desarrollando.

EC – ¿En qué aspectos se piensa esa reglamentación de las tarjetas de crédito?

WR – En general en el marco contractual. Ya existe una reglamentación, pero si se va a expandir habrá que buscar la forma de que el manejo de instrumentos de medios de pago electrónicos redunde en una reducción de nivel de precios para la población, ya sea reduciendo el impuesto al valor agregado (IVA) mediante esas transacciones o algún otro tipo de impuestos, o con precios diferenciales a los efectos de generar estímulos para la población y a su vez un beneficio para los usuarios.

JAE – Ya hay varios mecanismos en ese sentido, en el caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando uno paga con tarjeta se le devuelven 9 puntos de IVA, el consumo de combustibles en estaciones de servicio en frontera también tiene una devolución equivalente a tantos puntos del IMESI. Ese es un camino, usted dice que se puede generalizar por esta vía de modo que este proceso beneficie a la población.

WR – Esa es la gracia, si hay bancarización obviamente van a ganar los bancos en tanto habrá mayor nivel de actividad, obviamente van a ganar los empleados bancarios en tanto habrá más puestos de trabajo; y también tienen que ganar los usuarios del sistema, que es la población en su conjunto, por medio de menores costos de los bienes que quieran adquirir.

EC – En medio de ese proceso de bancarización, ¿cómo observa la decisión que se tomó hace muy pocas semanas, la publicación de la Central de Riesgos del BCU, que contiene datos de 540.000 deudores del sistema financiero? Dentro del propio sistema bancario varias instituciones observaron esta resolución como una medida a contramano, y directamente la cuestionaron.

WR – Primero, la medida no viola el secreto bancario y da cumplimiento a una ley. En el mostrador del BCU cualquier ciudadano podía con su cédula o el número de cédula de otro ciudadano averiguar los antecedentes en el sistema financiero. El BCU hizo mucho más pública esa información. Yo personalmente creo que es una violación de la privacidad de las personas, y lo he dicho en el banco, pero es mandato y cumplimiento de una ley. Creo que hacer tan público ese tipo de información de la vida privada de las personas y las empresas viola la privacidad de los individuos.

JAE – ¿No hay riesgo allí de demandas contra el BCU por llevar adelante esto?

WR – No, porque es en cumplimiento de una ley.

EC – ¿El tema no está abierto a discusión? ¿Usted cuando ingresó al directorio lo replanteó?

WR – Fue una decisión de la Superintendencia; se lo planteé al superintendente. Lo que se va a hacer, no necesariamente a raíz de mi planteo sino porque el banco ya era consciente del problema, es generar algún tipo de restricciones, mantener la libertad de acceso a la información pero generar algún tipo de restricciones y controles extra para que no cualquiera se informe acerca de las deudas de otra persona.

JAE – Al menos pedir información de quién solicita el dato.

WR – Eso seguro. Hoy queda registrada la cédula; se va a pedir alguna información adicional y se van a generar algunos mecanismos informáticos de control para que un individuo no tenga libre acceso a las cuentas de los demás.

EC – Es una resolución que se basa en una ley, tiene sustento legal. Pero casi al mismo tiempo se envió al Parlamento un proyecto de ley que también ha sido cuestionado por el sistema bancario, sobre todo teniendo en cuenta ese proceso de bancarización en el que se supone que se está.

JAE – El caso del secreto bancario directamente, la flexibilización, porque no es el levantamiento sino la flexibilización, la posibilidad de que mediante un pedido de información de la autoridad tributaria, pongamos por caso de la DGI, ante la justicia finalmente se levante ante la presunción, no con alguna prueba ya entre manos, sino ante la presunción de evasión fiscal, se pueda acceder a la información de la cuenta bancaria. ¿Cómo ve este tema?

WR – Esto se da en el marco de cambios en el sistema tributario y en particular en la búsqueda de generar una mejor calificación del país en foros internacionales y ante la calificación que la OCDE en particular hace de paraísos fiscales. Yo creo que el secreto bancario como está en Uruguay hoy es más que suficiente. El gobierno dice, y es razonable, que si les vamos a otorgar potestades especiales a administradoras tributarias de otros países, también tenemos que tener derecho nosotros. El proyecto está en discusión en el Parlamento, y creo que podría acotarse a los casos en los cuales administraciones tributarias de otros países soliciten información, no generalizarlo.

EC – ¿Cómo es eso?

WR – Claro, vamos a intentar desarrollar un ejemplo. Si yo, administración tributaria de Suiza, país con el que Uruguay puede llegar a tener un convenio, les solicito información a la administración tributaria y al BCU sobre Emiliano Cotelo, me la tienen que dar por el convenio. Lo que se establece en el proyecto de ley es que si la administración suiza tiene esa potestad, que la administración tributaria uruguaya también la tenga, pero no exclusivamente sobre Cotelo, que es el supuesto problema en este caso, sino sobre toda la población uruguaya. Esto se puede acotar a los casos en los cuales la administración tributaria del tercer país solicite información, sobre esa persona.

EC – Que las autoridades tributarias uruguayas también tengan la posibilidad de pedir información bancaria sobre una determinada persona si sobre ella pesa una solicitud que venga de fuera.

WR – Exacto, por el régimen nuevo, que es el de presunción y no exclusivamente de evasión. Esa puede ser una forma de acotarlo.

JAE – Eso inhabilitaría a la DGI a pedir información ante la presunción a nivel local sobre tal persona y sobre la situación.

WR – Sobre el universo de personas. Es una opción. Repito, está en tratamiento parlamentario, y tengo entendido que esas son algunas de las iniciativas que se le van a plantear a la bancada de gobierno.

***

JAE – El BCU tiene además un rol de supervisión del sistema financiero. ¿Cómo evalúa la situación del sector, cuando los bancos a veces se quejan de la regulación, dicen que cada vez les piden más controles, lo que les genera más costos y les corta la posibilidad de ofrecer más servicios al público?

WR – El sistema financiero es mucho más que el sistema bancario, incluye otra serie de agentes, entre los cuales están la Bolsa de Valores, las empresas de intermediación financiera, claramente los bancos, las administradoras de crédito, las administradoras de seguros, las AFAP, infinidad de agentes. Es cierto que a raíz de la crisis de 2002 y de una tendencia internacional el sistema regulatorio es cada vez más complejo y seguramente les genera más costos a las instituciones. La regulación tiene el sentido de proteger a los ahorristas, y la forma de subsanar eso es generar mayor actividad. En un país en crecimiento debemos estimular líneas de crédito, líneas de financiamiento a largo plazo –que tal vez sea uno de los déficits que el país tiene–, y eso pasa por estimular a la Bolsa de Valores para apalancar proyectos de inversión en infraestructura y de otro tipo que vengan a generar mayor competitividad en el país. Un mayor nivel de actividad va a generar mayor renta, con lo cual esos costos se van a diluir.

JAE – Pero la Bolsa de Valores ha criticado enormemente la nueva regulación, dice que deja a muchísimos pequeños corredores de bolsa fuera de la posibilidad de seguir operando por la cantidad de controles, porque incluso se exige que se graben conversaciones telefónicas de clientes con el corredor a efectos de dejar registro de los movimientos que el cliente quiere hacer.

WR – Reconozco que la nueva reglamentación, que ya tiene dos o tres meses, es muy compleja y exhaustiva. Pero pasa por generar mayor volumen de negocios, que viene dado por la necesidad mayor de financiamiento que el país tenga en proyectos de inversión a largo plazo.

JAE – ¿Cómo se hace? ¿Se requiere alguna otra norma para apuntalar esta idea? Porque da la impresión de que con la situación tal como está las cosas no se generan solas.

WR – Por supuesto que no se generan solas. También va en un aspecto cultural, el uruguayo no tiene cultura de ir al mercado de valores, al mercado de capitales para obtener financiamiento. Seguramente será un proceso lento, el país y la regulación bancaria y financiera se están modernizando y adecuando a la tendencia internacional. Es cierto también que muchas veces lo que se les exige a los países chicos como Uruguay no se cumple en los países de origen, los países que nos califican, como por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea; ya hemos visto lo que pasó con una crisis impresionante. Son esos países los que nos exigen mayores controles a nosotros. Forma parte de la relación y la negociación internacionales que el país como país tenga con esas economías. Y hay que generar medidas que alivien el exceso de regulación y de costos producto de una mayor regulación en la economía doméstica.

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JAE – Se maneja que en el final de este año 2010 los bancos van a empezar agresivamente a ofrecer créditos para pequeños operadores, pequeños clientes, para el consumo doméstico. ¿Cómo ve esto?

WR – ¿Créditos al consumo o microcréditos?

JAE – Hay de todo, vivienda, automóviles.

WR – Lo veo bien, no puedo juzgar la política comercial de un banco. En la medida que esté dentro de las normas y de las reglas que se establecen, bienvenido sea el desarrollo del sector.

JAE – ¿Efectivamente es esperable una mayor oferta de crédito?

WR – Eso forma parte de la política comercial de uno o varios bancos y será producto de la competencia que se dé en el mercado. No puedo prever las políticas comerciales de instituciones privadas.

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Transcripción: María Lila Ltaif para El Espectador

Se debe repensar el Presupuesto

Es tan evidente que las modificaciones a la política cambiaria (y, más precisamente, el salto inducido desde el gobierno en el tipo de cambio) no estaban en los planes del equipo económico, que sólo hace pocas semanas se difundieron las pautas para el presupuesto quinquenal con un tipo de cambio, para todo el quinquenio, inferior al que ahora se señala como el objetivo de corto plazo, de entre 21 y 22 pesos por dólar (se lo estimaba en $ 21,20 en 2014). El ajuste en el tipo de cambio, aunque es menor e insuficiente para corregir el atraso cambiario, obliga al equipo económico a volver a efectuar las proyecciones presupuestales, dado que hay pagos en dólares, como notoriamente es el caso de los intereses, que ahora van a representar más pesos y una proporción mayor del PIB.

Es posible que también se aproveche para ajustar la trayectoria esperada para el PIB, que en las pautas de hace un mes y medio fue estimado creciendo 5,1% este año, 4,2% el próximo y 4,0% luego. Los datos sobre el comportamiento del nivel de actividad económica que se difundieron a mitad de este mes hacen pensar en un crecimiento cercano al 7% para el año en curso y ya se puede asegurar un piso de 5,3% para el caso en que el producto se mantuviera en el resto del año en el nivel alcanzado en el primer trimestre.

Creo que se trata de una buena oportunidad para que el equipo económico reflexione a propósito del escenario externo sobre el cual se está elaborando el presupuesto para los próximos cinco años dado que se está trabajando sobre bases optimistas, que no se condicen con la gran incertidumbre que hay en el mundo. Y también para que repiense el presupuesto en su conjunto, en particular la magnitud del gasto y su rigidez, así como los objetivos en materia fiscal.

La situación actual me recuerda lo ocurrido entre mediados de 2007 y mediados de 2008, cuando la bomba ya había explotado en las economías avanzadas pero las emergentes seguíamos aprovechando de una situación extraordinariamente positiva en materia de precios de commodities y de paridades cambiarias. En esos tiempos la palabra que más se escuchaba era “desenganche” o, más precisamente, su traducción al inglés, “decoupling”. Con ese término se aludía al hecho de que las emergentes parecían haberse desenganchado de la crisis que sacudía a las economías avanzadas y todos nos preguntábamos si esa situación podría sostenerse en el tiempo. Poco tiempo después se vio que no se pudo sostener y los precios de los commodities se desplomaron y las paridades cambiarias se alteraron significativamente, con un mundo que se abarató en dólares súbitamente.

Es cierto que para las economías emergentes, como la nuestra, el sacudón duró poco y fue más leve de lo que se temía. Y rápidamente se volvió a ingresar en un proceso como el que terminó en julio de 2008, de suba de los precios de los commodities y caída del dólar frente a casi todas las monedas del mundo, aunque sin llegar a los niveles extremos de aquel mes. Esta resurrección se originó en el optimismo sobre la salida de la crisis financiera de las economías avanzadas en 2007.

No obstante, si bien en los Estados Unidos las cosas marchan bien, en Europa la crisis no se termina de resolver y nuevos coletazos se suceden casi sin interrupciones. Varios países han venido quedando expuestos en situaciones críticas, mientras que el conjunto debate una salida al mismo tiempo efectiva y equitativa hacia su interior. Europa debe abaratarse y en particular lo deben hacer los países que están en mayores dificultades. Lo primero se logra con la devaluación del euro; lo segundo, dada la existencia de la moneda común, con deflaciones diferentes, mayores en los países con problemas. Deflaciones que son posibles por ejemplo con el recorte de salarios y pensiones y ajustes fiscales por el lado del gasto público. Deflaciones que duelen especialmente en sociedades que estaban viviendo por encima de sus posibilidades.

Mientras tanto, por acá andamos fenómeno, enganchados a la locomotora brasileña. Las emergentes vuelven a vivir a contramano del Hemisferio Norte, aunque en este caso sea sólo de una parte de él. ¿Cuánto tiempo puede durar? Hablando en plata, ¿cuánto puede durar el dólar en Brasil en R$ 1,80 con el euro en caída? Hasta mediados de 2008, el dólar bajaba en Brasil pero se mantenía estable en torno a R$ 2,70 frente al euro. Ahora se ha estabilizado en R$ 1,80 frente al dólar, pero está en sólo R$ 2,20 frente al euro. Brasil no ha recuperado competitividad frente al dólar y la ha perdido notoriamente frente al euro.

Si hay una cosa que hemos aprendido de la realidad, es que con los shocks externos positivos debemos ser desconfiados, y eso implica que debemos considerarlos como transitorios y no como permanentes, porque si nos equivocamos en el diagnóstico, el error es menos serio que si lo asumimos como permanente. Sin embargo, da la impresión que el equipo económico está trabajando con el supuesto de que es permanente. Que esta vez la burbuja no se va a pinchar. Y siempre se pinchan, porque está en su naturaleza.

El gobierno parece actuar de ese modo cuando presenta pautas para el presupuesto que le restan todo tipo de margen de maniobra, con un objetivo fiscal muy poco ambicioso y con el gasto absolutamente rígido a la baja, como vimos en columnas anteriores.

El día que se difundieron los nuevos datos sobre el PIB, correspondientes al primer trimestre, el vicepresidente Astori expresó la necesidad de mantener la calma y la prudencia en el ámbito fiscal. Eso significa que el mayor crecimiento que se ha comprobado no debería trasladarse al presupuesto sino a un objetivo fiscal más ambicioso. Entre el mayor crecimiento económico y algo más de inflación que vamos a tener por el mayor tipo de cambio, la recaudación nominal resultará superior a la esperada y dado que el gasto está dado, habrá un mejor resultado fiscal. Por otro lado, los números siguen andando muy bien en la UTE y a pesar de que posiblemente habrá alguna rebaja de tarifas a los efectos de que el IPC no suba demasiado, también por acá habrá mejores números al final del año. No es para nada imposible pensar en llegar al equilibrio fiscal este año y en ese caso, el objetivo debería ser mantenerlo en el resto del período.

Al presidente Mujica le preocupa el tipo de cambio. Tiene razón y la tuvo especialmente cuando hace algunas semanas mandó al equipo económico a hacer algo al respecto. Pero para que ese algo que se pueda hacer sea relevante, y no sólo una acción sobre las expectativas, debe haber dinero con el cual hacerlo. Y ese dinero, genuinamente, sólo puede salir del resultado fiscal. El objetivo del gobierno debe ser por lo tanto volver lo más rápido que sea posible a poder comprar los dólares que necesita para pagar los intereses, unos mil millones anuales, con pesos obtenidos en su gestión fiscal y no mediante deuda.

Los temas de la economía están ligados entre sí y no se ubican en compartimentos estancos. El atraso cambiario que heredó el actual gobierno se debió a la inconsistencia de las políticas económicas en que incurrió el anterior, especialmente cuando apretaba monetariamente mientras que expandía fiscalmente y lo financiaba con más deuda, lo que sucedió en los últimos dos años. El actual gobierno debe antes que nada evitar que esa situación se mantenga, lo que agravaría las cosas. Pero debe también tratar de corregir la situación que heredó. Para poder hacerlo en forma sostenida y genuina, y evitar que un buen día se caiga la estantería, hay que mejorar fiscalmente cuanto antes y en forma permanente. La instancia presupuestal es clave para ello.

JAVIER DE HAEDO

Un proyecto con luces y sombras

Me propongo, aquí y ahora, efectuar algunas consideraciones y reflexiones sobre las normas propuestas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria y de secreto bancario, que se conocieron en su versión final hace dos semanas. En el respectivo proyecto de ley se plantean modificaciones a los impuestos a la renta y al patrimonio, por las cuales se pasa a gravar los activos financieros radicados en el exterior, de las personas físicas residentes. En el caso del secreto bancario, se facilitan las condiciones para su levantamiento por la vía judicial con fines tributarios.

Se trata de cambios importantes e inesperados. Por lo tanto no llama la atención que en forma inmediata a la difusión de una versión inicial del proyecto, se precipitaran comentarios y análisis críticos sobre la iniciativa. Dicha versión inicial iba más lejos que el proyecto definitivo, ya que también ampliaba la tributación a las personas jurídicas, lo que fue removido seguramente como consecuencia de las reacciones provocadas. Pero la intención inicial del gobierno quedó en evidencia, lo que contribuyó a exacerbar los temores que en diversos ámbitos causan cambios como los propuestos.

También coadyuvó a generar temores y dudas sobre el futuro, el hecho de que estas propuestas resulten contradictorias con el discurso y la acción del gobierno Vázquez, y con las contundentes afirmaciones realizadas en su momento tanto por el entonces Presidente, como por su Ministro de Economía, el actual Vicepresidente. Es posible que el notorio cambio de postura de Astori, quien es visto en importantes círculos como el garante de cierto status quo, y proclamado líder del actual equipo económico por el propio Presidente, haya complicado aún más las perspectivas para muchos de quienes se manifestaron opuestamente al proyecto de ley en cuestión, que creen que se ha abierto una Caja de Pandora de la que, auguran, seguirán saliendo peligrosas novedades en el futuro.

Pero resulta que ahora el Presidente es Mujica, y no ya Vázquez ni Astori, quien perdió la interna con Mujica. Y éste expuso el año pasado, en tiempos de la campaña, una visión más afín con lo que ahora se propone.

También creo que hay que ver las tendencias que prevalecen en el mundo en la materia. Hace una semana escribí que no comparto el argumento de que cambiar las reglas de juego es siempre malo y negativo. Hay cambios en usos y costumbres, hay avance del conocimiento y de la tecnología, hay nuevos marcos globales, en fin, puede haber numerosas razones que justifiquen cambios en las reglas de juego.

Y en este caso, guste o no, hay cambios importantes a nivel global. La tendencia mundial es ir hacia una uniformización de los regímenes fiscales en materia de transparencia e información y a que no haya perforaciones al sistema tributario a nivel global, como indudablemente las son los casos de baja o nula tributación. Esto es una realidad aunque resulte falaz el argumento que se incluye en la exposición de motivos del proyecto de ley, que expresa que “la reciente crisis financiera internacional ha dejado en evidencia las deficiencias de las administraciones tributarias para controlar la tributación de los flujos de capitales colocados en el exterior. La enorme materialidad de las cifras que escapan al control de las referidas administraciones, ha sido calificada como una de las principales causas de la crisis financiera”. En realidad la causa de la crisis fue la existencia de controles malos o nulos en los sistemas financieros del Hemisferio Norte. Pero más allá del fundamento equivocado, el mundo va para ese lado.

Y esa tendencia también existe en nuestro país, como la misma exposición de motivos se encarga de destacar, con varios ejemplos: la derogación del régimen especial de tributación de las SAFIs, la creación del IRPF y el IRNR, el levantamiento del secreto bancario en una instancia penal tributaria, la posibilidad de celebrar convenios de intercambio de información para la aplicación del régimen de precios de transferencia.

Veamos ahora las normas concretas que se proponen.

Primero, encuentro razonable que se iguale el tratamiento tributario de los activos financieros de las personas físicas residentes independientemente de que dichos activos estén radicados en Uruguay o en el exterior. Si pagamos IRPF e IPAT sobre depósitos y otros activos que tenemos en nuestro país, no veo argumentos para no tratar de igual modo a los depósitos y otros activos que tengamos afuera. Hablando en plata, en el caso de una persona que tenga un millón de dólares en el exterior a una tasa del 6%, a lo sumo pasaría a tributar US$ 11.200 de los US$ 60 mil que percibe anualmente como renta. Es el caso extremo, con el ajuar al 20% y la tasa máxima del IPAT, de 2%. Es decir que equivaldría a una reducción del retorno del 6% referido, al 4,88% anual.

Segundo, si bien es técnicamente inobjetable, no encuentro sentido a tratar de modo desigual a los extranjeros residentes en el país según sea el caso del IRPF y el del IPAT. En el IRPF se considera a los residentes fiscales en el país mientras que en el IPAT se considera a esos residentes, pero si también son ciudadanos uruguayos. Más allá de que se genera un incentivo perverso, a querer perder la ciudadanía o a no procurar obtenerla, sería conveniente que las mismas condiciones que se requieran para el IPAT se apliquen también al caso del IRPF. Es decir que también se requiera la ciudadanía uruguaya para ser sujeto pasivo del IRPF.

Tercero, en este contexto, el gobierno debería volver a plantearse para el IPAT su utilización como un “impuesto de control” como propuso inicialmente el gobierno Vázquez. La tasa del IPAT debería ser única y muy baja, casi nula pero sin llegar a serlo. En todo caso, el gradualismo previsto para su reducción debería acelerarse. Dado que las medidas propuestas no tienen un propósito fiscal, podría utilizarse la mayor recaudación que se obtuviera, para abatir el IPAT del modo indicado.

Cuarto, si no se procediera de ese modo con el IPAT, la mayor recaudación obtenida debería aplicarse a subir el mínimo no imponible del IRPF. Sería razonable que se incluyera esta norma en el proyecto de ley a efectos de que quede claro que las normas se plantean por razones conceptuales y no fiscales.

Quinto, en el caso de la flexibilización del secreto bancario, la DGI aprovecha a equiparar a sus contribuyentes a los de los países con los que Uruguay tenga convenios de intercambio de información. En el marco de un acuerdo con otro país, Uruguay debe cooperar enviando la información solicitada, previo levantamiento del secreto bancario por la vía judicial. En aquel país se habrán cumplido previamente los procedimientos que estén establecidos en su derecho positivo. Pero eso no es extrapolable a los contribuyentes de la DGI, máxime cuando aquella situación apenas comprende a un puñado de países y es hoy la excepción y no la regla. En Uruguay ya rige un mecanismo para levantar el secreto bancario a efectos tributarios, en caso de defraudación. Extender esto a situaciones de mera fiscalización por parte de la DGI es un exceso evidente.

Sexto, si se optara por mantener la idea de levantar el secreto bancario ante un simple pedido de la DGI, se debería generar una instancia no civil, como está previsto, sino de juzgados especializados en materia tributaria. Y debería vincularse la vigencia de estos cambios a la existencia de dichos juzgados.

JAVIER DE HAEDO

De todo como en botica

Desde mi columna anterior en Voces, la primera, a hoy, han surgido numerosos temas, lo que me lleva a querer tratarlos a todos, aún a riesgo de ser escaso en el análisis de cada uno, antes que a priorizar a uno por sobre el resto. Por eso el título elegido.

Primero, la marcha de nuestra relación con Argentina. Transcurrió un nuevo encuentro presidencial sin conclusiones claras para el público, pero, como expresé aquí hace dos semanas, debemos todos asumir que hay aspectos que no trascienden y que seguramente no tenemos toda la información para juzgar el desempeño de nuestro Presidente. Esta vez asomó un camino de solución, en la medida en que se expresó por la delegación argentina que si hubiera un fallo judicial que lo ordenara, se desalojaría el piquete en Puerto Unzué. Y, más aún, se estaría en las cercanías de un fallo judicial en la sede de Concordia que habilitaría ese proceso.

Segundo, la Asamblea General, con los votos del Frente Amplio, aprobó una fórmula para la integración de la delegación uruguaya en el Parlamento del Mercosur. Este órgano puede decidir su propia integración y los países de mayor tamaño y población impulsan una “representación proporcional atenuada”, es decir que se les reconozca más bancas que a los países de menor tamaño y población, pero no en proporción estricta con las respectivas poblaciones. En las elecciones de octubre el Frente Amplio no llegó al 50% de los votos. En el Parlamento sí tiene mayoría en ambas cámaras pero no la suficiente como para quebrar una proporción de paridad entre oficialismo y oposición si el número de bancas en disputa, como en este caso, es par, ya que son 18. El Frente Amplio impuso por mayoría simple su propia fórmula, con 10 bancas para sí mismo y ocho para la oposición (cinco para el Partido Nacional y tres para el Colorado), que no guarda relación con la realidad política del país. Creo que el Frente perdió, una oportunidad para dar una señal de que es partidario de políticas de Estado en temas como el de la política exterior, que es precisamente y por su naturaleza, uno cantado para el consenso nacional. Debería haber cedido una banca al Partido Independiente de modo que todos los partidos con representación parlamentaria local estuvieran representados en el del bloque. Tercero, he visto que la profesora Olivera ha vuelto a señalar, ahora electa, que no podrá bajar las patentes en Montevideo cuando sea Intendenta y que en todo caso sólo podría hacerlo si recibiera mayores transferencias desde el Gobierno Central. Si hay una cosa que le reconozco a Olivera es su previsibilidad: no se podía esperar otra cosa de ella. Así que de la situación actual, en la que los montevideanos huyen en la búsqueda de lugares donde pagar menos patente, porque en Montevideo es cara por la extraordinaria magnitud de su presupuesto, sólo se puede salir pidiendo a los ciudadanos del Interior que paguen más impuestos para que en Montevideo las patentes puedan bajar. En fin, ¡qué cinco años que nos esperan en la Capital! Cuarto, el Presidente manifestó su preocupación por la baja cotización del dólar, en su audición del viernes 4. Dijo que el aumento de la productividad no alcanza para compensar la caída del dólar.

Recientemente el Presidente del BCU acudió a indicadores alternativos a los convencionales, sobre tipo de cambio real, para relativizar la situación. Sin embargo, los indicadores que el propio BCU publica en su Web muestran una considerable pérdida de competitividad con todos los mercados excepto Brasil y niveles de tipo de cambio real muy inferiores en esos casos a los promedios históricos. El “atraso cambiario” con relación a los promedios históricos llega a superar el 20% con el resto del mundo y el 35% con fuera de la región.

Siguiendo la tradición de pegarnos al más caro del barrio, nos hemos ligado en esta oportunidad a Brasil, que es objeto de una burbuja financiera que tiende a fortalecer su moneda. El lunes 7 el MEF anunció que reforzará las compras de dólares a partir de la emisión de papeles en moneda nacional. O sea, más de lo mismo de lo que se venía haciendo por el BCU. Es el mismo perro con distinto collar. Las medidas deberían ir por el lado monetario, reduciendo al mínimo las tasas de interés que paga el Estado por papeles en moneda nacional, y también reduciendo al mínimo la emisión de esos papeles, que en mayo, sin ir más lejos, fue de unos US$ 140 millones netos de vencimientos. Alta oferta de papeles con tasas altas incentiva la entrada de capitales especulativos y tiende a deprimir más el tipo de cambio. Y debería evitarse entrar en el camino de las devaluaciones fiscales, mediante medidas tributarias sectoriales que compensen el bajo nivel del tipo de cambio para sectores concretos.

Quinto, y quizá el tema que más ha estado en el tapete en las últimas dos semanas, las modificaciones anunciadas a la tributación al IRPF y al régimen de secreto bancario. Sin entrar hoy al análisis de lo que se ha anunciado, creo que hay un elemento que no ha sido mencionado y viene al caso. Se ha dicho por parte de funcionarios del Gobierno que el propósito de la reforma en el IRPF no es “fiscalista” o recaudatorio, sino de tipo conceptual. Estimaciones privadas sitúan en unos US$ 30 millones al posible aumento de la recaudación que se puede obtener una vez que estén vigentes las nuevas normas tributarias. Sea la cifra que sea, y para reafirmar el propósito no recaudatorio de las medidas, haría bien el Gobierno en comprometerse a que todo peso que se recaude por esa vía se destine a reducir el mismo impuesto para quienes menos niveles de ingreso tienen. En este sentido,, sería pertinente que el Gobierno se comprometiera a subir el mínimo no imponible del IRPF y el IASS por un importe equivalente al de la mayor recaudación obtenida.

Por último, he leído y escuchado comentarios y análisis que advierten sobre algunos peligros implícitos en diversas acciones, omisiones, medidas o políticas que impulsa el Gobierno. Se habla de que el Gobierno tiende a ceder en materia de soberanía y a avanzar en materia de meterse en la privacidad de las personas. Ha habido connotadas figuras públicas que han coincidido en ese sentido, y enumeran “perlas” de un collar que a su juicio ya ostenta demasiadas.

Quienes sostienen que el Gobierno cede soberanía, señalan que se afloja ante la OCDE en materia de secreto bancario, que no se hace frente con firmeza ante la actitud del gobierno argentino con relación al conflicto binacional que ya lleva varios años, y que, como en el caso aludido del Parlamento del Mercosur, se cede ante los países más grandes en su pretensión de tener una mayor representación en ese órgano. También consideran que se avanza en cuanto a meterse en la privacidad de las personas, cuando se propone la flexibilización del secreto bancario, o la obligación de declarar activos financieros en el exterior, o la difusión por parte del BCU de la categorización y montos de deudas de las personas, o la eventual difusión de deudores de la DGI. Es cierto que todo ese collar, así planteado, es preocupante, pero en él hay de todo, ya que contiene cosas más o menos compartibles. En cualquier caso, no deja de ser una luz amarilla que se ha encendido y respecto de la cual deberemos estar muy atentos.

Javier de Haedo

Larrañaga afirmó que el ‘atraso cambiario en el país es grande’

Oposición política espera acciones más concretas.

Las reacciones negativas desde la oposición política por las medidas para frenar la caída de la moneda norteamericana no se hicieron esperar.

CUANDO el gobierno era consultado por las sucesivas caídas del dólar los integrantes del equipo económico afirmaban que el mercado monetario “era seguido desde cerca” y no eran tiempos de aplicar medidas. En ese momento los dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado aseguraban que el Uruguay vivía una época de atraso cambiario.

El viernes las autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por el primer mandatario, José Mujica, salieron a decir que se iban a anunciar medidas para evitar que la competitividad de los exportadores uruguayos siga cayendo frente a los principales mercados del mundo. La reacción instantánea de la oposición política fue: “Nosotros los veníamos advirtiendo”.
Ayer cuando el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dio a conocer la política “más agresiva” para sacar dólares del mercado y así lograr que el precio en pizarras suba, los líderes de la oposición manifestaron su descontento con la decisión. Algunos dijeron que es una decisión equivocada, otros que son medidas insuficientes, y otros salieron a consultar a sus asesores económicos para tomar una posición más sólida.

El secretario general del Partido Colaborado, Pedro Bordaberry, dijo a la salida de la presentación de los acuerdos multipartidarios en el Palacio Legislativo que el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solucionara el problema de fondo y por el contrario generará problemas en las cuentas públicas.
“Es muy malo lo que anunció el ministro (Lorenzo) porque está dispuesto a emitir deuda en pesos, lo que implica generar déficit y generar préstamos y actuar a partir de superávit. Me parece que el presidente le pidió al ministro algo más concreto: le dijo que el dólar así no tenía que seguir pero así no lo va a parar”, manifestó el líder colorado a la prensa.

Para Bordaberry, aún con la decisión del Poder Ejecutivo de comprar dólares, la moneda norteamericana seguirá bajando. Para él, Lorenzo “se debe poner las pilas” porque de lo contrario los sectores productivos y los sectores exportadores van a registrar prejuicios en la rentabilidad de sus negocios.

“Ven que sus ingresos bajan porque exporta en un dólar que baja mientras sus costos en pesos siguen en subida”, afirmó el secretario general del Partido Colorado. A su vez, manifestó que no se debe dejar de tener en cuenta los posibles efectos de la crisis europea en el país: “Tendría que trabajar más y buscar soluciones a partir de superávit y no de déficit. Hay que atender la competitividad que estamos perdiendo. Europa está enfrentando momentos difíciles y hay que prepararse. Zafamos de la última crisis, que fue fundamentalmente de empresas, y parece que por eso a esta no le prestamos atención”, concluyó el senador Bordaberry.
Por su parte el senador de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, expresó que el atraso cambiario en el país es “grande y el gobierno debe definir elementos fuertes para frenar el fenómeno”.

“Hay un atraso cambiario manifiesto y notorio que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Espero que las medidas puedan fructificar. Vamos a ver que impacto van a tener, vamos a consultar a especialistas para tener una expresión más acabadas de este conjunto de medidas”, manifestó el líder nacionalista.

Fuente:Últimas Noticias
Video gentileza del Centro Montecarlo de Noticias

Dólar: el gobierno se quedó solo

En recientes presentaciones públicas, el presidente del BCU, Mario Bergara, se refirió al mercado cambiario uruguayo de una forma muy gráfica y acertada. Dijo que dicho mercado consiste en que el Estado le compra anualmente dólares al sector privado por unos 10 puntos del PIB, unos US$ 3.000 millones, mientras que la desdolarización, al ritmo que se viene procesando, agrega que se vendan dólares por otros cinco puntos del PIB anuales.

Lo que Bergara describe acertadamente es una realidad estructural de nuestro mercado de cambios, más allá de los números involucrados. Dejando de lado por el momento el efecto de la desdolarización, es evidente que en nuestro país el sector privado es generador neto de divisas y por lo tanto participa en la oferta de dólares, mientras que el sector público es demandante neto de dólares. ¿Por qué demanda dólares el Estado? Muy sencillo: es obvio que no los produce, ya que sus ingresos, es decir los impuestos o los ingresos de las empresas públicas, son en moneda nacional, mientras que tiene egresos en dólares por intereses, petróleo, maquinaria y equipos importados y, en los últimos años, electricidad.

Por fin aparece un funcionario de alto nivel describiendo esa realidad estructural de nuestro mercado y que viene a explicar implícitamente que no toda compra de dólares por el Estado es para “sostener” el tipo de cambio o “defender” el precio del dólar, como equivocadamente leemos y escuchamos casi a diario. Queda claro que hay una cifra extraordinaria de dólares que compra el Estado porque debe hacerlo y punto. Obsérvese que 3.000 millones en 240 días hábiles dan un promedio de US$ 12,5 millones por día.

Pero este punto nos lleva inmediatamente a otro que ni Bergara ni otros funcionarios han señalado como deberían haber hecho. ¿Qué pasa cuando el Estado no compra esos aproximadamente 3.000 millones? Porque precisamente esto es lo que ha venido sucediendo desde 2008. El Gobierno Central no ha venido generando el superávit primario en pesos que necesita para comprar genuinamente los casi mil millones de dólares que le insume la cuenta de intereses. ANCAP y UTE, mientras tanto, tampoco han estado comprando con pesos los dólares necesarios para pagar sus importaciones. ¿De dónde han salido entonces los dólares que el Gobierno Central, ANCAP y UTE han utilizado para pagar sus intereses, petróleo y electricidad? Simplemente de más deuda pública. En el caso del gobierno es obvio, ya que no ha realizado las compras habituales en el mercado y ha pagado puntualmente los intereses. En el caso de las dos empresas públicas referidas, se acumularon deudas por cientos de millones de dólares, alcanzando cifras de endeudamiento considerables a finales de 2009, más de 500 y de 800 millones de dólares respectivamente.

Ahí es donde empiezan los problemas. Al salir parcialmente del mercado el demandante neto de dólares, mientras que el oferente neto sigue ahí, se produce un desequilibrio en el mercado que tiende a la caída del precio del dólar. Esto es tan viejo y conocido en nuestro país, como pocas cosas: si en vez de comprar dólares con recursos genuinos el Estado se endeuda, genera atraso cambiario.

Quienes generan dólares y los quieren convertir en pesos para realizar las transacciones domésticas, van a ir al mercado a ofrecerlos y esta vez no van a encontrar al comprador habitual y principal. Entonces aparece el BCU “defendiendo” el precio del dólar, sólo en apariencia. Y compra dólares y emite Letras en pesos para sacar los pesos que inyectó con la compra de dólares. Y son muchos dólares y las tasas son altas. Y con tasas altas, hay incentivos para “desdolarizar” depósitos o activos financieros locales y también para quienes especulan desde afuera como suelen hacer cada vez que en algún lugar del mundo se les da la oportunidad de ganar dinero fácilmente. No se trata en su mayor parte de una desdolarización auténtica sino espuria, pero tiene el mismo efecto y ahí están los cinco puntos adicionales del PIB a que alude Bergara.

En definitiva el Estado no está comprando los dólares que debería comprar y con los recursos que debería utilizar para ello, y en cambio aparece comprando los dólares por otra vía, que le resulta extraordinariamente costosa y que contribuye a agravar el problema en la medida en que incentiva un cambio de portafolios adicional al que quizá naturalmente se daría.

Lo que no es cierto ni justo es que aparezca, en este contexto, el BCU como el bueno de la película porque defiende un tipo de cambio determinado. Y exhibe millonarias compras de dólares como justificación de su acción, lo que es creído como cierto hasta por el Ministro de Ganadería y Agricultura, que termina apoyando una política monetaria y cambiaria que afecta más que a ninguno, a su propio sector productivo, el más exportador de todos.

Felizmente el gobierno se va quedando sólo en esa visión y colegas que hasta hace poco tiempo la compartían y por lo tanto le daban sustento a la posición oficial ya se han dado vuelta, incluso hasta los más monetaristas. En un reciente foro de economistas se escucharon cosas muy fuertes en ese sentido: que no nos podemos pegar a Brasil porque allí se está generando una burbuja excepcional de precios en dólares; que de hecho el BCU trabaja con un tipo de cambio fijo; que los diferenciales entre las tasas de títulos en pesos y en dólares estimulan la entrada de capitales y eso a su vez pronuncia más la baja del tipo de cambio; que la situación actual se parece a las de 1979 y 1998; que la política monetaria no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar fenómenos de expansión del consumo que presionan al alza al peso uruguayo; que se requieren esfuerzos en el terreno fiscal y en la política salarial; que debería llevarse a cero la tasa de interés de corto plazo; que los fundamentos cambiarios del actual precio del dólar son tramposos; que por ser una economía altamente dolarizada se debería poner mucho mayor énfasis en el papel contra cíclico de la política fiscal para evitar que el esfuerzo antiinflacionario recaiga excesivamente en el tipo de cambio.

En fin, una batería de argumentos que no es nueva, al menos para los lectores de esta columna, pero que viniendo ahora del destacado conjunto de colegas que la sostiene adquiere una fuerza considerable. Esperemos que desde el gobierno se escuche más y se hable menos y que, especialmente, se empiece a trabajar para que este esquema perverso se sustituya por uno virtuoso, donde el Estado compre dólares con superávit y donde deje de estimular al alquiler transitorio de la confianza en el peso, que distorsiona la visión sobre la verdadera y saludable desdolarización de la economía.

Mientras tanto, mes a mes se sigue deteriorando el tipo de cambio real. Ahora se conocen los datos oficiales a abril, producidos por el mismo BCU que preside Bergara, y que muestran que se está más de 20% por debajo del nivel de tipo de cambio real promedio histórico con relación al resto del mundo y casi 35% por debajo, con relación a fuera de la región. Con el resto del mundo estamos igual que en el segundo trimestre de 2002 y con fuera de la región, igual que en el trienio 1998-2000. Tenemos el mismo tipo de cambio nominal de agosto de 2008, pero con precios internos 12% más caros y salarios más de 20% superiores. Mientras tanto, nuestros precios de exportación están un 20% por debajo de los de entonces. ¿Qué más evidencia se necesita?

JAVIER DE HAEDO

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