Certeza o deriva

Lo que los uruguayos definiremos en pocos días no es el rumbo que le daremos al país; es mucho más que eso, resolvemos si vamos a tener rumbo.
El peor escenario para una comunidad es no tener dirección, ir a la deriva política, trayendo rezago social y humano que termina siendo su inexorable consecuencia.
El Pacto de Convivencia Política que dominó el país desde el retorno a la democracia está en riesgo. José Mujica representa un modelo populista, antiguo, anclado en ideologías perimidas y sobretodo, ineficientes para generar el progreso y el crecimiento de una sociedad.
Tengo por el Senador Mujica respeto, pero mantengo enormes diferencias en lo político. No entramos en lo personal, cuestionamos sus declaraciones y pensamiento.
No es el pasado de Mujica el que nos preocupa, es el futuro del país con una hipotética presidencia suya, lo que convoca a la incertidumbre y a la falta de previsibilidad de su gestión.
Le reconocemos capacidad de diálogo, quizás la que no tuvo el resto del gobierno en estos años de gestión, que se recostó en sus mayorías parlamentarias en una aplicación jacobinista de la política. Pero la Presidencia de las República requiere más que eso. Mujica no pudo con el Ministerio de Ganadería. De la única posición ejecutiva que ocupó, se fue abrumado y vencido por la “burocracia del Ministerio” como él mismo confesó. No pudo con un Ministerio, por lo que cabe preguntarnos ¿cómo va a hacer para gobernar al país?.
Nos habla del equipo que conforma con su compañero de fórmula el Cr. Astori. Pero durante su coexistencia como ministros pasaron enfrentados, discrepando y el Sr. Presidente desactivando renuncias en el medio del gobierno.
El Frente del Dr. Vázquez no es el Frente del Senador José Mujica.
La segunda versión -con Mujica- necesariamente supone recorrer un proceso de radicalización populista y facilista.
Es evidente que las mayorías internas del Frente Amplio van a estar en el MPP y los partidos más radicales. Los mismos, con “su barra” y el MPP se transformarán en los principales adversarios del senador Astori.
¿Alguien puede creer que los que ganaron la interna van a dejar que Astori maneje la “caja” del gobierno? Estamos frente a la crónica de una ruptura anunciada. ¿Qué piensa el senador Astori de que la tierra tenga que estar en propiedad del Estado para ser arrendada por éste? ¿Qué piensa por ejemplo de derogar las Sociedades Anónimas? ¿Del secreto bancario? ¿Qué piensa de las propuestas del Partido Comunista de crear un Frigorífico Nacional o de aplicar detracciones a las exportaciones de carne y demás productos agropecuarios?. O qué piensa acerca del comentario de Mujica cuando expresó que “Astori no es bueno para negociar en el Senado”.
El Frente durante 25 años confrontó para ganar el gobierno; cuando lo logró también confrontó. Ahora para intentar mantenerlo, sigue confrontando.
La decisión de octubre y noviembre será fundamental. Elegimos entre República y Populismo, entre Democracia o Intolerancia, entre Desarrollo -igualando hacia arriba- o una “Cultura del Pobrismo” concebida como botín electoral.
Elegimos si vamos a ser una Comunidad espiritual como expresara Wilson, esa que comparte, principios y sueños, y priman valores como el respeto, la paz y la tolerancia.
“El camino de Mujica es el caos…” dijo Astori. “Dice estupideces…” expresó el Presidente Vázquez desde Estados Unidos.
LA PROPIA IZQUIERDA ALERTA AL URUGUAY. José “Pepe” Mujica no reúne las condiciones para conducir el destino nacional.
Él mismo expresó que no quería ser presidente, que aceptó porque “su barra se lo pedía”. Es la misma “barra” que se va a insolentar cuando quieran cambiar el rumbo económico que marque Astori o el llevado adelante por el Presidente Vázquez.
Necesitamos certeza. El candidato del Frente Amplio no las ofrece. Nos despertaríamos un día bajo la noticia que el Presidente se va para su chacra “porque está podrido”.
No me preocupa el traje, no me preocupa lo que dice, no me preocupa donde vive. ME PREOCUPA LO QUE PIENSA Y NO DICE.
-Me preocupa lo que puede hacer y no ha dicho.
-Me preocupa lo que ha dicho y después negó haberlo hecho.
-Me preocupa que siempre tenga que descalificar a alguien.
-Me preocupa que no tenga la responsabilidad de pensar en el día después.
-Me preocupa el cuestionamiento al valor justicia.
-Me preocupa que a los 74 años diga que está haciendo un curso acelerado para aprender.
-Me preocupan sus afinidades internacionales
Los errores que Mujica cometió en el pasado los cargará en su conciencia, generaron daño y los uruguayos los llevarán grabados en su memoria colectiva; el problema hoy es que los errores que se puedan cometer en el futuro los va a pagar la sociedad entera, los van a pagar nuestros hijos.
En octubre la alternativa es entre la República y el Populismo, entre comunidad y división, entre la libertad y la deriva.
Elegimos qué modelo de contrato político vamos a tener los uruguayos, cómo nos vamos a relacionar. Desde el propio Frente expresan que quieren ganar en primera vuelta. Quieren llegar al cincuenta por ciento, para seguir prescindiendo de la otra mitad de los uruguayos.
Uruguayos “contra” uruguayos, o sociedad de uruguayos “con” uruguayos.
Las cualidades “camaleónicas” de Mujica le sirvieron hasta aquí. Su capacidad de metamorfosearse y adaptar el discurso al auditorio de turno llegó a un límite. La calidad institucional, el contenido sustancial de nuestro modelo democrático no puede reposar en “como te digo una cosa te digo la otra.” Sólo se avanza en una dirección.
Los uruguayos somos más que una aglomeración humana, somos más que la mera sumatoria de ciudadanos, no podemos dejar de ser un colectivo enlazado por valores superiores de solidaridad y fraternidad. Juntos podemos más, juntos podemos dejar el rezago y crecer. Partidos hay muchos, país uno sólo.
El Partido Nacional ofrece confianza y certeza frente a la incertidumbre y la duda institucionalizada, rumbo seguro ante la marcha y contramarcha permanente. Ofrece experiencia, juventud y capacidad, equipo, trabajo y propuestas. Es INCLUSIÓN, JUSTICIA Y EQUIDAD
Pero más que eso ofrece voluntad de no generar la “fractura política” de la sociedad uruguaya.
Rumbo cierto que implique una convocatoria a todos los uruguayos resueltos a construir sociedad, destino, República sobre la base de más Democracia y más Libertad.
El 28 de junio elegimos acompañar al Dr. Luis Alberto Lacalle complementando la fórmula del Partido Nacional. Lo hicimos con la convicción de que el país iba a afrontar horas difíciles.
No nos equivocamos.
Hoy nuestra colectividad política adquiere un sentido mucho más nacional e inclusivo.
Representa el camino de la tolerancia, encarna la esperanza y se constituye en la paz de la República, bajo un modelo de sociedad que una a los uruguayos.

A todos los uruguayos.

Jorge Larrañaga

Carlos Moreira (PN): el FA no supo ejercer el principio de autoridad

El senador de Alianza Nacional Carlos Moreira sostuvo que la administración frenteamplista exhibió una “indulgencia manifiesta” y que, como contrapartida, la seguridad pública y el reestablecimiento del principio de autoridad serán prioridades en un eventual gobierno de Luis Alberto Lacalle. Entrevistado por En Perspectiva, el legislador propuso aplicar penas alternativas para delitos de baja peligrosidad y delincuentes primarios, endurecer algunas penas relativas a los menores infractores y emitir bonos de deuda pública con un destino específico para atender la inversión en materia de seguridad. Además, ahondó en el proyecto de creación de una guardia republicana, consideró que es necesario construir cárceles más pequeñas y aseguró que hay que “eliminar” el Interj.

(emitido a las 8.59 hs.)

EMILIANO COTELO:
Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones, la seguridad pública ocupa buena parte de los discursos de los candidatos.

Todos los días gobierno y oposición hablan del tema, cruzan acusaciones sobre las causas que llevaron a la situación actual y debaten sobre qué hay que hacer para enfrentar el problema.

La semana pasada el Partido Nacional (PN) presentó su programa de gobierno, que incluye una serie de propuestas en materia de seguridad pública. Cambios en leyes, aumentos en las penas, construcción de nuevas cárceles y modificación de la normativa sobre menores infractores son algunas de las iniciativas que promueve la fórmula integrada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.

Para conocer el alcance de estos planteos, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador de Alianza Nacional (AN) Carlos Moreira, ex subsecretario del Interior y uno de los referentes del PN en este asunto.

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EC – El capítulo “Seguridad publica” del programa del PN comienza con la idea de “aplicar políticas firmes y asignar suficientes recursos para combatir el avance de la delincuencia”. Y a esos efectos se enumera una serie de acciones, la primera de las cuales es: “Rescatar el principio de autoridad como obligación ineludible del gobierno”. Es un concepto que figura permanentemente en los discursos de los dirigentes blancos.

CARLOS MOREIRA:
Sí, el doctor Lacalle particularmente, y también el doctor Larrañaga, hace especial hincapié en ese tema.

EC – ¿Qué quiere decir eso de que un gobierno del PN se propone “restablecer el principio de autoridad”?

CM – Porque ese principio de autoridad y esa firmeza que deben exhibir los responsables de la seguridad pública y los integrantes del Poder Ejecutivo se traduce también en el discurso y en la acción. Recuerdo como hecho en ese sentido de signo inverso algunas declaraciones del ex ministro Díaz, cuando aquellas manifestaciones en la calle en las que se rompían vidrieras y se tiraban bombas molotov y la policía no intervenía porque el ministro decía que había que evitar un mal mayor, la policía pasivamente dejaba hacer porque si intervenía podía haber algún incidente de violencia. La policía tiene que prevenir, tiene que disuadir y después tiene que reprimir. Esa exhibición de tolerancia, de indulgencia manifiesta no es propia de un principio de autoridad bien ejercido. Ejercer el principio de autoridad es impedir, por ejemplo, que un senador de la República se lleve menores en una camioneta del INAU y le dé órdenes a la policía de no intervenir. Eso es negar el principio de autoridad. Ha habido un discurso de este gobierno de izquierda, sobre todo al inicio, liberando presos, permitiendo ese tipo de cosas que son la negación de una autoridad bien ejercida. Decimos autoridad dentro de la Constitución y de la ley, no decimos arbitrariedad.

EC – ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Supongamos que el PN se hace con el gobierno y asume el 1º de marzo; ¿qué hace el 1.º o el 2 de marzo en esta dirección? ¿Qué señal da?

CM – Una señal de respaldo total al instituto policial, de respaldo total a su ministro del Interior, a su jefe de Policía, a sus directores nacionales para que apliquen, por ejemplo, el nuevo Código de Procedimiento Policial, que prevé determinados tipos de detenciones; que aplique el Código Penal en lo que refiere a las faltas; hay todo un capítulo de faltas que prácticamente no se aplica. Ahí también tiene que ver la justicia, porque uno ve gente que causa desorden en las calles en estado de ebriedad, pintando grafittis obscenos, gente perturbando el orden público, y la policía no interviene, muchas veces deja correr. Y eso provoca en mucha gente una verdadera sensación de indefensión, de que está todo bien, de que todo se puede hacer.

EC – ¿Eso es responsabilidad de la policía o de la justicia? Porque usted mencionó que la justicia tiene algo que ver.

CM – La justicia tiene su parte de responsabilidad, porque normalmente esos tribunales de faltas dejan pasar el plazo sin aplicar sanciones de multa o prisión equivalente, entonces no existe el capítulo de faltas del Código Penal.

EC – Y ¿qué puede hacer el gobierno, el Poder Ejecutivo para que la justicia modifique esa conducta?

CM – Hay que coordinar con el Poder Judicial, que es un poder independiente del Estado. Y hay un reclamo de la población en ese sentido. Por ejemplo, el manejo del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) es absolutamente caótico, lo sabe todo el mundo en Uruguay. El padre Mateo Méndez se fue hablando de la corrupción, del corporativismo y del caos existentes en el INAU, donde estos menores infractores, muchos de alta peligrosidad, entran y salen como perico por su casa.

EC – Los problemas de orden en el Interj no empezaron en este período de gobierno.

CM – No, pero se han multiplicado en este período de gobierno, es motín, tras motín, tras motín; fuga tras, fuga, tras fuga. El Código de la Niñez y la Adolescencia, que es de reciente aprobación, de 2004, habla de privación de libertad en caso de delitos gravísimos, pero esas privaciones de libertad no existen, porque no existe un lugar donde el menor permanezca privado de su libertad, el menor entra y sale, entonces delinque, ingresa y a los tres días está fuera delinquiendo de nuevo. Eso también es principio de autoridad. Corregir eso, vamos a tocar la campanilla, no puede ser que la sociedad uruguaya se vea sometida a estos excesos, a estos abusos por una minoridad infractora que es cada día más peligrosa. Estamos proponiendo medidas en eso, medidas legislativas y administrativas.

EC – En el capítulo “Seguridad pública” entre las propuestas aparecen varios cambios en la legislación. En algunos casos se propone un endurecimiento de las penas y en otros penas alternativas a la prisión. ¿No es algo contradictorio?

CM – No, porque las penas alternativas no son para reincidentes, son para primarios, para delitos de menor cuantía. El tema de penas alternativas no ha funcionado. Este Poder Ejecutivo ha anunciado 10 veces que va a mandar un proyecto de penas alternativas, que creo que ingresó hace un mes y medio y no va a ser aprobado en esta legislatura. Las penas alternativas son buenas, porque no mezclan delincuentes habituales y reincidentes con primarios de baja peligrosidad, permiten que con trabajos comunitarios la gente pueda rehabilitarse, que es también un tema esencial, la rehabilitación del delincuente primario de baja peligrosidad. Tampoco podemos perder las esperanzas de que todos los que delinquen vuelvan a hacerlo. Tenemos que bajar esos coeficientes de reincidencia, y por ahí hay que trabajar muchísimo.

EC – ¿En qué casos se iría a las penas alternativas? Algunos ejemplos.

CM – Por ejemplo en un delito como el hurto, un delito menor, un delito de lesiones, los delitos que agreden bienes jurídicos pero no con la nota de peligrosidad que provoca alarma social como en una rapiña, un homicidio, en las lesiones gravísimas. Los delitos más leves, los que tienen pena de prisión pero son excarcelables, admiten la libertad provisional. Para ese tipo de delito, y sobre todo si se trata de delincuentes no reincidentes, ya hay una ley de Penas Alternativas. Lo que pasa es que se aplica poco porque hay que hacer participar al Estado en estas cosas, por ejemplo a los gobiernos departamentales para tareas comunitarias, a algunas empresas públicas, para que estos delincuentes aprendan a trabajar, se rehabiliten y vuelvan a la sociedad como ciudadanos de primera categoría. Eso es muy importante. De la misma forma que quizás habría que penalizar con más severidad hechos horribles que a veces pasan, como homicidios múltiples. Ahí sí, aunque tenemos penas bastante severas que pueden llegar a privaciones de libertad de hasta 45 años.

EC – ¿Cuál sería la idea en este caso? ¿Por qué aumentar las penas?

CM – Yo no soy muy partidario de aumentar penas porque ha quedado demostrado que en general no rinde demasiado. Quizás en algunos casos. Por ejemplo, el otro día se planteaba tener agravantes para determinadas modalidades delictivas, por ejemplo rapiñas en unidades de transporte colectivo de pasajeros, que causan una verdadera alarma social porque van los ómnibus llenos de gente y someten a los pasajeros a un peligro, donde puede haber varias muertes y se expone a muchas personas al peligro de sufrir lesiones gravísimas o perder la vida. Hay que hacer un proyecto de ley, proponerlo y aprobarlo. Ahora tenemos dos comisiones, una que está estudiando la reforma del Código Penal y otra que está estudiando la reforma del Código del Proceso Penal, que todavía no han terminado su trabajo. Eso es otro déficit de este gobierno.

EC – Justamente, ¿cómo se logra que iniciativas como las que usted está resumiendo avancen, se concreten? ¿Qué tipo de acuerdos parlamentarios requieren?

CM – Acuerdo va a haber que lograr, a ningún uruguayo le escapa el hecho de que el próximo gobierno no va a tener mayoría legislativa. En esa materia de seguridad pública hay que tratar de consensuar soluciones porque tiene que haber por lo menos una suerte de política de Estado, en aspectos mínimos como estos nos tenemos que poner de acuerdo. Lo hemos hecho en este período en algún caso, por ejemplo con el Código de Procedimiento Policial, que para mí es un buen proyecto de ley que se modificó en su proceso legislativo, se mejoró, y lo votamos todos los partidos políticos. Lo bueno sería que este tipo de soluciones legislativas fueran objeto y fruto del consenso y del acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque eso les brinda mucha mayor posibilidad de aplicación efectiva.

EC – ¿Es factible que esto sea una política de Estado, teniendo en cuenta lo duro que ha sido el debate, la polémica permanente, el enfrentamiento político constante que en torno a estos asuntos hemos visto en estos años?

CM – Yo no digo que el problema de la seguridad pública se haya iniciado con este gobierno, sería tonto afirmar eso, pero este gobierno ha hecho muy poco por mejorar un estado de situación que se agrava año a año. Entonces hemos criticado algunas cosas, es cierto, con dureza, pero nunca se nos llevó el apunte. Desde el año 2005 estamos reclamando la construcción de nuevas cárceles; el ex ministro Díaz decía que no eran necesarias nuevas cárceles, que había que liberar presos; liberó 800 y pico de presos y ahora en las cárceles hay más de mil presos más que los que había. Se equivocó, hizo un cálculo que no le resultó adecuado, y recién hoy se están haciendo licitaciones para construir nuevas cárceles o nuevos módulos en algunas cárceles viejas, y para trasladar presos a unidades militares, cuando con el doctor Larrañaga hace un año y medio le propusimos a la ministra del Interior y al ministro de Defensa llevar presos a Punta de Rieles, pero como lo pedía el doctor Larrañaga no se lo atendía. Recién ahora el presidente de la República en el mes de marzo le dio 15 días perentorios a la ministra Tourné, antes de cesarla en el cargo, para trasladar los presos a Punta de Rieles. Todavía estamos esperando y los presos van a ir a Punta de Rieles a mediados del año que viene.

EC – Mi pregunta es: teniendo en cuenta el enfrentamiento político que ha habido en esta materia, al punto que en el Frente Amplio (FA) se denuncia que la oposición no le ha dado tregua en materia de seguridad pública, ¿es posible pensar en acuerdos, en políticas de Estado en un nuevo período de gobierno?

CM – Siempre es posible pensar en acuerdos en la medida que un gobierno muestre eficiencia, velocidad en la respuesta a algunos problemas que hoy la ciudadanía demanda con una nota de urgencia absoluta. Porque hoy ya no es un problema de los partidos políticos, esto cruza horizontalmente a la sociedad uruguaya, hoy usted será frentista, independiente, blanco o colorado, todo el mundo reclama seguridad. Es el reclamo de la gente, fíjese que hay gente que mide la opinión de los uruguayos y dice que el principal problema es la seguridad, antes que el empleo. Es increíble que Uruguay esté viviendo eso. Es una exigencia que nos viene desde la sociedad hacia los partidos políticos. Este gobierno del FA en esto ha dado una respuesta mala, han rotado ministros. El actual ministro el otro día concurrió voluntariamente a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario con una actitud diferente, de discreción, de aceptar cosas, pero es un ministro de transición, a este gobierno le quedan pocos meses. Se ha fallado en la elección de los responsables al frente del Ministerio del Interior en esta materia.

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EC – El doctor Carlos Moreira es senador de la República y dirigente de AN, PN. Entre 1990 y 1993 fue subsecretario del Interior durante el gobierno del ex presidente Luis Alberto Lacalle; entre 1995 y 2005 fue intendente de Colonia, y tuvo un período como diputado por Colonia entre 1985 y 1990.

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EC – En el programa de gobierno del PN en el capítulo “Seguridad pública”, hay propuestas para menores infractores. Por ejemplo, se habla de cambiar los criterios de imputabilidad penal según las edades. De esto se fueron divulgando trascendidos y distintas ideas durante varios meses; ahora hay una formalización del planteo. ¿Cómo es?

CM – El Código de la Niñez y la Adolescencia establece un sistema de responsabilidad penal juvenil para los adolescentes infractores, los jóvenes infractores de entre 13 y 18 años. Se puede aplicar una serie de medidas que van desde medidas como reclusión abierta, reclusión cerrada, medidas cautelares, presentación a la autoridad, entrega a los padres, hay todo un capítulo de sanciones en esa materia. Lo cierto es que este código establece dos tipos de delitos: delitos graves y delitos gravísimos, y si un menor infractor de entre 13 y 18 años comete un delito gravísimo puede ser privado por su libertad por el juez de menores, el juez de adolescentes, por un plazo de hasta cinco años. Nosotros proponemos que cuando se cometen delitos gravísimos –homicidio, rapiña, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes– en la franja etaria de entre 16 y 18 años la privación de libertad pueda elevarse de cinco a 10 años. Por supuesto que cumpliéndose en establecimientos de reclusión que no son los de los mayores de edad, no mezclar delincuentes juveniles con delincuentes mayores. Es un aumento de la pena privativa de libertad en eso, pero manteniendo la competencia de la justicia de menores, no llevándolo a la justicia de mayores, no llevándolo a los mínimos y máximos que manda el Código Penal, porque eso sería darles un tratamiento igual al de los mayores. Por otra parte, también proponemos algo que el propio Poder Ejecutivo propuso en su momento, que es penar la tentativa en caso de delito grave.

EC – ¿Cómo es esto?

CM – La tentativa de hurto, por ejemplo, que es el delito más común cometido por menores –también cometen rapiñas y otros delitos–, hurtos de automóviles y cosas, descuidistas que andan en la calle. Si hoy un policía encuentra a un menor con el motor prendido robándose un auto no lo puede ni apercibir porque la tentativa de hurto no está penada, no puede llevarlo al juzgado. Eso es absurdo, entonces proponemos que la tentativa y la complicidad –porque tampoco la complicidad se pena–, en el caso de esos delitos graves, que son más bien leves que graves, también se pene, si no, es una fiesta todo el día y usted ve grupitos de chicos que están esperando la oportunidad para robar en un comercio, para entrar. No ya para rapiñar sino para hurtar simplemente. Eso hay que penalizarlo.

Y además, una cosa fundamental para este tema de la minoridad infractora es eliminar el actual Interj, que es un caos. Hay que crear un nuevo instituto de rehabilitación que cuando haya que privar de libertad a los menores los prive, porque el Código de la Niñez dice que deben ser privados de su libertad en lugares que aseguren su permanencia en el recinto. Privación de libertad es privación de libertad, no es libertad ambulatoria, porque se cometen delitos gravísimos, de repente un chico de 17 años tiene una manifiesta peligrosidad, la gente lo sabe, entonces no podemos tolerar más esto, que sea un cielo abierto y que entren, salgan, hagan lo que quieran, hagan motines, huelga de funcionarios, que no admitan más de tantos menores en la Colonia Berro. Eso hay que cambiarlo.

EC – ¿Este instituto nacional de rehabilitación juvenil estaría fuera del INAU, sería una institución nueva que incluso contaría con infraestructura nueva? Porque ¿dónde se consiguen edificios que aseguren la reclusión de estos jóvenes?

CM – Por supuesto que esto no se puede hacer en tres días, no hay duda. Seguramente en el Interj existen funcionarios capaces, honestos, que pueden utilizarse, pero va a haber que poner muchos más técnicos, porque ahí tiene que haber, además de reclusión, programas de rehabilitación; no debemos perder la esperanza de que estos muchachos se rehabiliten, porque son muy jóvenes todavía. Entonces técnicos, más técnicos, y después funcionarios que se encarguen de las tareas, de mantener el orden, la tranquilidad, especializados en ese tema. La sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo, porque hoy esta minoridad infractora es un azote.

EC – Le preguntaba en particular por los edificios, los locales.

CM – En el programa no está el detalle, pero habrá que hacer locales adecuados o reciclar algunos locales del Estado para este fin. Tampoco son tantos, estos jóvenes son entre 200 y 300, entonces tratando de ser eficientes y tener una respuesta rápida eso es perfectamente posible y no necesita una inversión tremenda. Se puede hacer. Recuerdo que en el año 90 lo intentamos con el viejo penal de Miguelete, aunque en ese momento había una minoría infractora mucho menor que la actual. ¿Recuerda al Pelado, aquel famoso delincuente juvenil que mató a dos o tres personas en un comercio, que era un símbolo de la minoridad infractora de esos tiempos? Esa fue una experiencia; no le digo el viejo penal de Miguelete porque está en el centro de Montevideo, pero se puede.

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EC – En el programa del PN se habla de mejoras sustanciales en el salario policial, y también de dar vivienda digna a los efectivos policiales. ¿A cuánto se busca llevar el sueldo?

CM – Hoy tenemos un grave problema en la policía, no solo en lo que hace a las asignaciones en materia salarial, que se aumentaron en este gobierno -tenemos que reconocerlo-, pero hay que aumentarlo mucho más, porque uno de los problemas que tiene hoy la policía es el famoso 222. Estos servicios prestados al Estado en sus distintas reparticiones o a particulares para servicios de seguridad en variadas actividades prácticamente tienen a los policías, sobre todo a los de Montevideo y el área de metropolitana y de Maldonado en especial, trabajando ocho horas más, trabajan 16 horas por día. Eso los hace estar agotados, y a veces están mucho más atentos en su función de 222 que en su función de policías. Eso crea una duplicación de funciones en la policía para permitir sobrevivir que tenemos que solucionar. Proponemos salarizar ese 222.

EC – En este período de gobierno ya se ha ingresado en una regularización del 222.

CM – Sí, lo que se hizo en este período de gobierno fue que el 50% del 222 aporte montepío y sirva para el cómputo del haber jubilatorio. Eso se puso cuando se modificó la ley de Retiros Policiales; yo estuve en contra porque dentro de seis o siete años, pasado un período de transición, el sistema de retiros policiales va a ser igual al sistema común de los ciudadanos, y creo que la función del policía es muy diferente, esencial y cualitativamente, de la de cualquier otro funcionario público. Como compensación, el Estado paga el 50% del montepío, y todo va a servir para el cómputo jubilatorio. Pero un policía no puede trabajar 16 horas por día, porque no puede ser eficiente, entonces hay que incorporar eso a su salario. La contrapartida es que si usted va eliminando el 222, lo incorpora al salario del policía y le exige más al policía en su labor de policía, puede hacer crecer el ingreso de las empresas de seguridad privadas, que pagan IVA, pagan impuesto a la renta; por ese lado tiene ingresos que van a compensar lo que presupuestalmente le a va a tener que asignar al sueldo del policía.

EC – Usted concibe que esas horas que dejarían de hacer los funcionarios policiales en 222 se harían por el lado del sector privado.

CM – Claro, porque el sector privado de la seguridad ha aumentado extraordinariamente en estos años.

EC – Paga salarios muy bajos.

CM – Sí, pero para eso están los Consejos de Salarios, para eso está la negociación colectiva, se acaba de aprobar un proyecto ahora. Eso correrá por la vía común. Evidentemente tienen que ganar más, se pagan salarios muy bajos, pero hay 93 empresas de seguridad privada, hay más o menos 15.000 personas trabajando en la seguridad privada hoy, y eso es porque la policía no da abasto con este tema de la inseguridad, por algo ha crecido este sector. Es un sector que tiene que pagar impuestos, que tiene que servir también para apuntalar presupuestamente a la policía.

EC – ¿En qué plazos se puede terminar de eliminar el 222? Porque supongo que esa es una idea que comparten todos los partidos. ¿Qué tiene pensado el PN?

CM – Es una ley viejísima la del 222, creo que ahí coincidimos todos los partidos, tenemos que trabajar en eso. En este gobierno pasaron cuatro años y medio y no se hizo nada con respecto a eso, tampoco se hizo nada antes. Pero el tema ha llegado al punto límite, no puede ser.

EC – ¿Manejan algunos plazos y cifras?

CM – La Jefatura de Policía de Montevideo recibió por concepto de ingresos por 222 algo así como 22 millones y pico de dólares el año pasado, Canelones 3,5 y Maldonado 1,7 millones. Es mucha plata, estamos hablando de plata importante en esta materia. Pero yo creo que se puede compensar perfectamente, tenemos que trabajar en eso. Establezcamos un pasaje gradual año por año, y lleguemos a eliminarlo, porque a veces las circunstancias llevan, por su propio peso, a convencernos de que hay cosas que deben retribuirse bien, y si uno quiere una buena policía le tiene que pagar bien, y hoy con el avance de la actividad delictiva, con las nuevas formas de la delincuencia, con lo que hace a este campo de adicciones terrible que hace que los delitos se cometan cada vez con mayor ferocidad, a la policía hay que pagarle bien, y tenemos que invertir más, más y más, no hay ninguna duda. Porque el mundo cambió, porque las circunstancias de Uruguay cambiaron, entonces hay que destinar recursos cada vez más importantes.

EC – Por otro lado, se reforzaría la policía con efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas; ¿esa es la idea de la guardia nacional republicana?

CM – Exacto. Hoy tenemos a las Fuerzas Armadas en funciones policíacas en el exterior, en las misiones de paz, que reciben elogios de las Naciones Unidas y de todo el mundo porque son eficientes en esos cometidos actuando bajo la supervisión de un organismo internacional. ¿Por qué no utilizar 2.000 efectivos de esas Fuerzas Armadas, los reinstruimos, les cambiamos el estatuto de funcionario público, los convertimos en policías, les pagamos bien, les equiparamos los salarios -porque los soldados perciben salarios muy bajos, salvo el que reciben en las misiones de paz, sus retribuciones son notoriamente inferiores a las de la policía- y los hacemos actuar, convenientemente reinstruidos, reequipados, como una guardia nacional republicana en determinadas actividades –no digo en todas– policíacas?

EC – ¿Qué refuerzo implican para la policía 2.000 efectivos más?

CM – Es un 10% más, deben de haber unos 21.000 policías ejecutivos en el país, algunos de los cuales no cumplen funciones ejecutivas por el efecto de esas famosas comisiones. Pero los soldados tienen instrucción, saben lo que es el mando, pertenecen a un instituto armado, hay que cambiarles un poco la cabeza, es mucho más fácil convertir a un soldado en policía que a un cartero o a un funcionario de la UTE, porque saben usar armas, saben obedecer órdenes, tienen buen entrenamiento físico y además son jóvenes.

EC – No se produciría una integración completa de estos ex soldados a la policía, tendrían un ámbito propio de actuación.

CM – En AN habíamos propuesto eso, pero hemos conciliado esta idea con el doctor Lacalle, porque ellos tenían una idea diferente y hemos llegado a un programa mixto: incorporamos esta gente, le cambiamos el estatuto, la convertimos en policía y la hacemos depender de la jerarquía de la Guardia Republicana, que hoy tiene jurisdicción departamental, es un programa presupuestal de la Jefatura de Policía de Montevideo con jurisdicción solamente en Montevideo, le damos jurisdicción nacional.

EC – ¿Qué tareas tendría esta guardia nacional republicana?

CM – Una de las tareas fundamentales es la tarea de prevención y disuasión, patrullaje, presencia policial en los barrios, en las zonas que registran mayores índices de actividad delictiva, patrullajes nocturnos, por ejemplo ahora las unidades de transporte colectivo están pidiendo policías en cada ómnibus, no le digo en cada ómnibus, pero esa Guardia Republicana con 2.000 efectivos más puede asegurar una presencia permanente que a veces evita la represión, porque si usted previene y disuade en las etapas previas a la represión se evitan muchas actividades delictivas. Y esa guardia en ese terreno, en esas tareas sería fundamental para disuadir en el combate a la distribución de la pasta base, a esas bocas de venta familiares de las que hay cientos, quizás miles en los barrios de Montevideo, de Canelones, de algunas ciudades del interior, apoyar lo que están haciendo las unidades especializadas, apoyar a las comisarías. Sería un aporte sustancial que ya está en el presupuesto nacional, habría que aumentar las retribuciones, y podrían volcarse a la calle en muy poco tiempo. Porque si creamos vacantes de policía en el próximo presupuesto quinquenal, tenemos que esperar al otro año, tenemos que llenar las vacantes, pasamos dos años y mientras tanto no hay nada. En este gobierno se crearon vacantes, pero muchas se están llenando o se llenaron el año pasado. Tenemos que actuar con la nota de urgencia que requieren las circunstancias. Y esta es una buena idea, no podemos atarnos a preconceptos, ya no podemos pensar en conspiraciones o en cosas raras respecto a las Fuerzas Armadas; esto se puede hacer y sería una cosa de sentido común y prácticamente sin costo para la sociedad uruguaya.

EC – ¿En qué consiste la idea de los bonos de seguridad pública, que también está en el programa?

CM – Esa es una idea bien nueva. Son bonos de deuda pública que se emiten con un destino específico: atender todo lo que hace a la inversión en materia de seguridad: nuevos equipamientos, patrulleros, todo lo que hace a los equipamientos de seguridad con destino específico. Sería bueno que la gente sintiera, el que compra un bono de esos –que además va a recibir interés y puede tener un plazo largo como tienen los bonos, es una nueva forma de financiamiento de las inversiones de la policía– dijera “voy a ver si se compran patrulleros, a ver qué se hace, si se hacen licitaciones, si el equipamiento existe”. Puede ser que el que compre un papel de estos del Estado sienta que está haciendo un aporte para la sociedad y hasta se sienta participante y vigile, controle si las cosas se hacen o no se hacen.

EC – Implica aumentar el endeudamiento público.

CM – Pero no en grado extraordinario. De cualquier modo, las asignaciones presupuestales también son un gasto, una inversión. Acá cambia nada más que la forma como se procesa.

EC – En vez de financiar con otro tipo de papeles de deuda que habitualmente emite el Estado, se buscaría que estos papeles específicos, con un fin específico, implicaran mayor compromiso de la sociedad a la hora de adquirirlos y de controlar.

CM – Sería estimulante para los uruguayos decir: “Voy a comprar un bono de estos, voy a tener un interés, una renta, y al mismo tiempo voy a vigilar a ver si estos equipamientos de los cuales se habla se hacen, se cumplen, son efectivos”. Es una forma de hacer participar a la sociedad en esto. Porque el uruguayo medio no sabe, ningún uruguayo lee el presupuesto nacional, lo leemos los legisladores, sabemos cuáles son las cifras destinadas a cárceles, a equipamiento, a sistemas de vigilancia electrónica, a armas, a lo que fuere. Y después informar a la gente qué se está haciendo con el producido de estos bonos.

EC – En materia de cárceles proponen crear nuevas cárceles regionales. ¿Cómo es el proceso que prevén?

CM – Hay que crear cárceles más pequeñas, no podemos tener cárceles con 3.000 reclusos, tenemos que terminar urgentemente con el hacinamiento, que provoca tragedias como la del otro día en el Compen (ex Comcar)., en la que murieron quemados, incinerados cinco presos, como consecuencia de ese hacinamiento crítico que se viene denunciado desde hace muchos años. Hay que hacer cárceles manejables, pequeñas, de 500 reclusos, no de 3.000.

EC – ¿Cómo se financiarían esas obras?

CM – Hay que asignar recursos presupuestales. Al final de este gobierno se están asignando recursos para eso, se va a construir un pabellón en Libertad, una cárcel de alta seguridad en Libertad, se va a reciclar Punta de Rieles y se va a hacer un nuevo módulo en el Compen. Pero al final del gobierno, se demoró demasiado, entonces ahora hay que invertir más en esto, sin ninguna duda, hay que terminar con ese hacinamiento carcelario, porque el problema no son solo los derechos humanos de los presos, el problema es la rehabilitación y el porcentaje de reincidencia. En las cárceles grandes, en Libertad y Santiago Vázquez, la reincidencia pisa el 70%, y tenemos 8.500 reclusos.

EC – Estamos hablando de una serie de medidas que requieren mayor gasto, cuando por otro lado se anuncia que se recortaría el gasto público.

CM – En esto no se va a recortar, esto es una inversión que hay que hacer, y por eso está en el programa. Esta va a ser una de las prioridades de la nueva administración cuando el doctor Lacalle sea presidente. Estamos firmemente convencidos de eso, hoy no hay uruguayo que no lo reclame, si estamos gastando en otras cosas, no le quiero hablar de Pluna, pero si pusimos 75 millones en Pluna, ¿cómo no vamos a poner 75 millones en el sistema carcelario de Uruguay? Tenemos que bajar la reincidencia de este 70% de las grandes cárceles uruguayas a la mitad, si no, no terminamos más con el círculo vicioso de la inseguridad. Las cárceles son escuelas para el crimen, así no progresamos nada, en esto sí hay que invertir, no hay que medir en esta materia.

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Transcripción: María Lila Ltaif para En Perspectiva

Una gran esperanza recorrió Montevideo

Spot de la caravana de la fórmula nacionalista. Miles de corazones con un mismo rumbo. Muchas Gracias. Lacalle – Larrañaga : El rumbo seguro.

La soberbia, escudo de intolerantes

En toda contienda electoral, es absolutamente legítimo pretender salir victorioso. Los wilsonistas le exigimos a esos triunfos el requisito de su justificación. Que valgan la pena. En esta campaña asistimos atónitos, a los intentos más burdos por retener el poder por el poder mismo.

Hay quienes sostienen que en política lo único que vale es ganar, y bajo esa lógica, todo vale para ganar. Poco importan los límites constitucionales y legales, poco importa el sentido común, e importan menos las necesidades de la gente. El erario público es puesto a disposición de un proyecto de poder. El aparato estatal y las jerarquías de gobierno ingresan en la disputa electoral sin ningún recato. Lo que reclama la gente poco importa.

Ese es un comportamiento políticamente cuestionable. Éticamente irresponsable. Pero hay más. Desde que asumió el gobierno, el 1º de marzo de 2005, el Frente Amplio exhibió soberbia y arrogancia. Estuvo amparado en su mayoría parlamentaria mecánica y automática. El Frente se tornó autorreferencial, pretendió ser refundador de la República, romper con un proceso de continuidad histórica que nos explica como nación. Redefinición de las fechas patrias, cambio de símbolos institucionales, hasta el pretendido traslado de los restos del mejor de los orientales.

Esta izquierda ha sido soberbia y arrogante. La fórmula presidencial oficialista exhibe también atributos de altanería e insolencia. Desde ella se ha iniciado una creciente secuencia de agravios contra los candidatos del Partido Nacional.

El episodio más reciente ha sido atribuirle a la fórmula del Partido Nacional, los deméritos de ineptitud e ignorancia, relevándonos al menos -en generosa postura- de la sospecha de la mala fe, evidentemente también manejada por los oficialistas. Los motivos de tales exabruptos, han sido cuestionar los números del gobierno. Ejercer la responsabilidad cívica de marcar nuestras diferencias. ¿Somos ignorantes o ineptos por decir las cosas como son? ¿Lo somos por dar a conocer los números que este gobierno va a dejar al próximo? ¿Por revelar la herencia progresista?

Hemos dicho que en la actual Administración la deuda bruta del sector público aumentó unos US$ 4.000 millones. Al cierre de 2009 el déficit fiscal se va a ubicar en 3% del PBI (US$ 1.000 millones). Esos son datos objetivos de la realidad en un país que creció 32% en los últimos cuatro años.

Soberbia, desprecio y una total falta de respeto para con el Partido Nacional. Esa es la muestra diaria de la fórmula Mujica- Astori. Se deja de lado lo político para ingresarse en el agravio y la descalificación. Y lo hacen por carecer de argumentos. Conductas como esas, primero contradicen una tradición en el relacionamiento político nacional, y segundo, buscan la confrontación entre los uruguayos. Buscan aislarnos entre nosotros mismos.

En política no se pueden volar los puentes, porque sin puentes el país queda partido, habrá unos de un lado y otros del otro, como si fuéramos dos pueblos en un solo país. Y eso no debe ser así, no puede ser así. No más al juego de los buenos contra los malos, no más maniqueísmo. Las diferencias políticas no pueden dirimirse sino en la dimensión política, que supone diálogo, equilibrio, respeto y buena fe.

Mujica y Astori representan a ese gobierno, que aumentó la deuda, que aplicó un impuesto injusto a la clase media, que castigó al trabajo y que desamparó a la producción nacional. Son el gobierno. El mismo que ha desprotegido al ciudadano uruguayo honesto, que no supo ejercer la autoridad. Un gobierno que ha dejado a miles de uruguayos desamparados.

Defeccionó porque prometió lo imposible, materia prima de la injusticia y porque gobernó para sí mismo. Pretendiendo gobernar para todos estableció la división del “nosotros” o “ellos” y no pensando en “todos”. Lógica excluyente y confrontativa impregnada muchas veces de intolerancia y reacciones reñidas con la democracia. ¿Desde qué pedestal puede un candidato presidencial rehuir un debate sumando periódicamente condiciones de conveniencia, estrategia, tiempo, lugar? ¿O contestar despreocupada y livianamente a las preguntas comprometidas?

La ciudadanía no será indulgente con la falta de seriedad ni con la improvisación. ¿Desde qué lugar puede alguien atribuirse como portavoz de la verdad absoluta, que no pueda discutirse de cifras? ¿Desde qué pináculo de soberbia doctoral puede un protagonista político calificar a sus adversarios de “ignorantes o ineptos”?

El Uruguay que se viene exige otras cualidades. La política demanda respuestas. Será importante la elección del 25 de octubre y del 29 de noviembre, pero el gran desafío comenzará el lunes 30 de noviembre, cuando tras los pronunciamientos de la soberanía popular, los políticos deban tender los puentes de diálogo, de entendimiento para enfrentar los enemigos reales de la gente, que son la pobreza, la inseguridad, la educación, la salud y el empleo. Les debemos a los uruguayos un país gobernable y no dejarles un país trabado, anclado en ideologías, en divisiones del pasado o atado a intereses sectoriales.

El Uruguay es uno. Los valores que nos dan identidad son el resultado de un proceso de construcción nacional donde desde ya convocamos a un gran Pacto Nacional a todos los uruguayos.

Debemos darle contenido a la democracia, respeto a la gente, significado a la tolerancia. Y esos valores, no se gritan al viento, sino que se deben practicar con el ejemplo. No se pueden sustituir propuestas y respuestas por agravios y descalificaciones.

El Partido Nacional es la paz de la República. Priorizamos a los uruguayos y buscamos construir prosperidad y justicia en una verdadera “comunidad espiritual”, como decía Wilson Ferreira. Con más república y más democracia. Con mejores contenidos de república y de democracia.

Fiel a ese mandato ético, grabado en la historia del país por la entrega de tantos y tantos nacionalistas, le ofrecemos al país lo máximo, pero le exigimos a nuestros contendores lo mínimo: respeto.

Jorge Larrañaga

El candidato Vázquez

Al auxilio de Mujica salió el gobierno. La campaña oficialista, la del senador, es pobre, no logra salir del agravio y de la contramarcha y además de allí no cae ni una sola idea. Por ello un operativo rescate diseñado desde las alturas del poder empezó a ser visible en los últimos días.

La oposición enfrenta dos campañas, la oficialista y la oficial. La segunda, además, tiene la particularidad que sus costos están financiados por todos los uruguayos, por los que votan al FA y por la mayoría de orientales que no lo hacemos. Se está usando plata de los contribuyentes para sostener esta campaña política.

Abruptamente, un sarampión publicitario aqueja al gobierno. Más de trece millones de dólares están destinados a “informar”, se dice, la gestión. Un informe divulgado por El País el domingo habla de 420.000 segundos de inversión televisiva en siete meses, es decir 116 horas de avisos, equivalente a cinco días continuos de propaganda oficial. Se puede entender la política comercial de una empresa pública que compite y justificar a Ancel en su disputa con las privadas, pero no a ministerios, entes y a organismos monopólicos.

La presidencia de la República, el ministerio de Vivienda, el BHU, el Sodre, Ancap, BPS, BROU, BSE, ASSE, ANEP, Corporación para el Desarrollo, entre otros, asisten a este carnaval. La Intendencia de Montevideo, que aumentó casi en 50% la pauta, se ha transformado en una enorme agencia de publicidad. Es un escándalo donde se aprovecha de dineros públicos para fines proselitistas.

A eso se suma la participación directa del presidente Vázquez en la elección. Desembozadamente salió a hacer política. La duda se genera por cuánto es dudoso si la hace para su partido o para sí mismo, pensando en posicionarse como futuro candidato para el 2014. Es burdamente inconstitucional.

Su discurso en Bella Unión fue de una simpleza llamativa, presentando estadísticas de combate a la pobreza manejadas sin fundamento científico alguno. Mucho populismo y poco rigor.

Pero además reveló cierto estilo mesiánico, mágico, que trasuntó en una frase que lo dice todo: “cierren los ojos, cuando estos niños tengan 18 años, saldrán al mercado laboral sabiendo usar computadoras y hablar inglés”, refiriéndose al Plan Ceibal. De aplaudir esta iniciativa, como lo hacemos, a pensar en su contenido mágico hay una distancia.

El éxito del Plan de Emergencia no es tal o por lo menos Mujica piensa que no fue tan eficaz. El mismo día que el presidente hablaba en Bella Unión, el presidenciable de su partido adelantó en el sindicato de la construcción que va a decretar, si gana, un “estado de emergencia” por falta de viviendas para los pobres. Si estamos en situación de emergencia habitacional el saldo social es muy débil. Es Mujica el que cuestiona a Vázquez, no la oposición.

Llama la atención, también, los silencios del discurso presidencial, por ejemplo que no haya hablado de la seguridad pública. El tema que más preocupa no estuvo presente. Confiesa, por omisión, el estruendoso fracaso en la materia.

Pidió defender al gobierno como una “trinchera”. Las trincheras se usan en las guerras, esto es apenas una elección democrática, aquí a nadie se mata si no que apenas se elige.

En marzo el presidente hizo un acto que costó 120.000 dólares; este último también unos cuantos y la publicidad oficial es un escándalo.

Dice defender su gestión, pero en verdad empezó su campaña, con plata ajena.

Javier GarcÍa para El País Digital

Programa de gobierno: Un país políticamente independiente, socialmente justo, y económicamente próspero.

Un país políticamente independiente, socialmente justo, y económicamente próspero. Esa es la propuesta del Partido Nacional. Esta visión de país se traduce en medidas concretas a implementar en el Gobierno Nacional desde 2010 a 2015.

El documento sintetiza los trabajos del Instituto Manuel Oribe, la Fundación para la democracia Wilson Ferreira Aldunate y el Instituto Aportes y es el compromiso de la fórmula Lacalle Larrañaga y de todo el Partido Nacional para con el Uruguay.

Ver el documento

Larrañaga: Se aportan `las mejores soluciones´.

PN lanzó programa de gobierno apelando `al reencuentro´ de todos los uruguayos. Tono conciliador. Lacalle anunció propuestas ante un desbordado Salón de Fiestas del Palacio Legislativo

Con un discurso de tono conciliador, basado en que después de las elecciones nacionales deberá producirse el “reencuentro sí o sí” de todos los uruguayos, la fórmula presidencial del Partido Nacional presentó ayer su programa de gobierno denominado “Un país independiente, justo y próspero”.
La ceremonia se desarrolló ante un desbordado Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con la presencia de legisladores, intendentes, dirigentes nacionalistas y público en general. En el estrado, los integrantes de la fórmula presidencial Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, estuvieron rodeados por los técnicos del Instituto Manuel Oribe, la Fundación Wilson Ferreira y el Instituto Aportes, que elaboraron la mayor parte de los contenidos del programa.
Lacalle comenzó su oratoria destacando la presentación del programa de gobierno como “una convocatoria a todos nuestros compatriotas”. Dijo que lo que hará en el marco de la campaña electoral será presentar “planteos positivos, sin descalificaciones ni insultos que dificulten la indispensable tarea de reencuentro que tendrá lugar sí o sí, después de las elecciones nacionales del mes de noviembre”.

“No vamos a hacer otra cosa que plantear ideas y si quieren, a cada piedra que se nos arroje, la ubicaremos para ir armando un cimiento. A cada ataque y a cada descalificación, una propuesta positiva, para que se vea cuál es el ánimo con el que estamos dispuestos a llevar adelante estos dos meses de campaña, y hasta el fin de noviembre”, sostuvo el candidato nacionalista. Por tanto, “no venimos aquí a ser factor de división, a acrecentar ni aumentar las divisiones de la sociedad uruguaya, entre otras cosas, porque reivindicamos una vez más la condición de Partido Nacional, también en el sentido de ser representativos de toda la sociedad”. El ex mandatario dijo que “todas las categorías sociales, todas las ubicaciones geográficas, todos los niveles educativos encuentran en el Partido Nacional y en la palabra compañero, la solidez de e-sa estructura y por eso creemos tener la capacidad necesaria, para después de los episodios electorales y por haber tenido el comportamiento de respeto que tenemos y que tendremos, aun con aquellos que en el día de hoy se empeñan en aumentar las divisiones y en hacernos objeto de ataques de todo tipo, a todos ellos, la respuesta sigue siendo la mano tendida para la paz y para la concordia”.

Lacalle puso énfasis en dejar en claro que, si la ciudadanía elige al Partido Nacional en las próximas elecciones, se ejercerá desde el gobierno el principio de autoridad. Concretamente, señaló que “conviene que desde hoy se sepa que ejerceremos en plenitud absoluta la autoridad legítima que se nos va a dar”.
Agregó que los cuerpos intermedios de la estructura institucional del país serán atendidos y escuchados, pero “debe saberse que hay un solo centro de poder en el país, que por provenir como emanación directa de la soberanía, que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, son los que tienen la responsabilidad exclusiva en la conducción de la sociedad, y sus actos deben ser y seguramente serán reconocidos como legítimos y cumplidos, justamente por la legitimidad que tienen en su origen”. Al mismo tiempo, el candidato dijo que “todo aquel que haya sido votado, todo aquel que haya llegado, a ocupar un cargo en esta casa (el Palacio Legislativo) mediante el sufragio popular, tiene la misma jerarquía de origen, la misma legitimidad y la misma fuerza en sus diplomas, y a tocios los partidos convocaremos para escuchar, para proponer y para buscar, hasta donde sea posible, más allá de las mayorías que necesitaremos para hacer funcionar el Poder Legislativo y poder aprobar las normas necesarias para las transformaciones (porque) necesitamos bases más anchas para algunas cosas que queremos sacar de la discusión partidaria, partidista, a veces innecesariamente adjetiva y pequeña”. Teniendo en cuenta que blancos, colorados y frenteamplistas ya han estado en el poder, Lacalle reclamó “actos de grandeza y patriotismo para elegir dos o tres temas, para ingresar a ellos con inevitable humildad. No podemos hacer de la discusión de una nueva ley de educación, una batalla, sino un gran encuentro”, dijo a modo de ejemplo. “No podemos negarnos a lo que aquí se propone (en el programa nacionalista), un pacto fiscal, para que el gasto público no siga creciendo en función del crecimiento del producto nacional”, al tiempo que exhortó a dejar de lado las críticas a las propuestas del adversario, por el simple hecho de que provengan desde otro sector, y abogó por”los comunes denominadores”.

Seguridad Pública

El Partido Nacional dedicó un capítulo especial, al tema de la seguridad pública. Lacalle dijo que existe un “clamor popular” por recuperar la “tranquilidad social” y en ese sentido, dijo que el Partido Nacional garantizará mayor seguridad para la población. Para ello, anunció una serie de medidas concretas que se describen en el programa.
Entre las propuestas se destacan las de aumentar las remuneraciones del personal policial y emitir bonos como deuda flotante, para financiar inversiones del Ministerio del Interior.
Según Lacalle, esta herramienta permitirá que la población invierta en títulos públicos y le otorgue liquidez al Estado para comprar equipamiento para la Policía y refaccionar los establecimientos de la cartera. Por otro lado, se propone “elevar las penas a los delincuentes reincidentes en delitos gravísimos” y “terminar en el menor plazo posible y mediante la inversión requerida-corcel actual hacinamiento carcelario”. En el caso de la minoridad infractora, se plantea “hacer efectiva la rebaja de la edad de imputabilidad prevista en el Código de la Niñez y de la Adolescencia elevando a 10 años la pena de privación de libertad máxima para aquellos mayores de 16 y menores de 18 años, generalizando la penalización de la tentativa, coautoría y complicidad en los delitos gravísimos y extendiéndola a otras modalidades delictivas de menor gravedad como por ejemplo el hurto”.
El Partido Nacional también plantea “eliminar” las llamadas “zonas rojas” y “reformular y potenciar las comisarías seccionales de todo el país”. Por otro lado, se propone “reformular el servicio 222 sin afectar los ingresos de los policías”.

Se aportan `las mejores soluciones´. Larrañaga
El candidato a la vicepresidencia Jorge Larrañaga centralizó su oratoria en el repaso de algunos aspectos puntuales del contenido del programa.
Consideró que el programa es “el rumbo seguro” que el Partido Nacional le quiere imprimir al país.
Larrañaga destacó que hay un capítulo específico dedicado al fortalecimiento del Estado de Derecho. “En este programa planteamos 14 medidas concretas, que buscan asegurar la independencia, la eficiencia y la eficacia del Poder Judicial”, indicó.
Tras repasar algunas cifras de la economía, comparando los datos al asumir el Frente Amplio y los números actuales, dijo que desde un eventual gobierno nacionalista se responderá con “disciplina fiscal, reactivación económica y menos impuestos al trabajo y a la producción”.
En el marco de la reactivación económica que se propone, Larrañaga destacó el plan nacional de modernización de la infraestructura, que calificó como el “más ambicioso de los últimos 50 años”. Destacó como prioritarias la eliminación del IASS, el desmontaje del impuesto a la clase media, la eliminación de aportes patronales, la reducción de las imposiciones sobre la energía eléctrica y los combustibles.
“Es injusta la pobreza -prosiguió Larrañaga- pero también es injusto sacarle al que trabaja para darle al que no trabaja. Por eso nos oponemos a este invento injusto”, dijo en relación al IRPF.

Fuente: La República

El Frente tiene que prepararse para perder la elección

“El Frente Amplio tiene que prepararse para perder y tiene que decirle a su gente que a lo mejor el Primero de Marzo tiene que entregar el gobierno a otro partido que les ganó democráticamente” dijo a La Democracia el diputado Jorge Gandini, primer titular de la Lista 2004. Reveló que se plantea el desafío de “volver a ser la lista más grande del Partido en Montevideo”. Con respecto a la reciente interpelación a la Ministra de Salud Pública, Gandini dijo que “el gobierno proclama transparencia y luego la niega” y agregó que “al Frente no le gusta que lo controlen y niega toda información”.

¿Que lectura puede hacer se del episodio del Maciel y de la forma en que el Frente Amplio encaró la interpelación a la Ministra Muñoz?

La primera es que el gobierno proclama transparencia y luego la niega. Que se auto define como un gobierno honrado y tiene episodios de corrupción que van a quedar en la nebulosa siempre. Hace a veces afirmaciones que no puede demostrar. La ministra dijo en la interpelación que en este gobierno no hay nadie procesado y se olvidó que ella era Secretaria General de la Intendencia de Montevideo y que la gestión de los casinos municipales derivó en cinco procesamientos, dos de los cuales eran jerarcas de este gobierno, integrantes del equipo económico, y que entre los delitos por los cuales fue procesado el Cr. Bengoa están algunos vinculados a a la gestión de los casinos en esta administración.
Dijo la ministra que respaldaba al director del Hospital Maciel, que está siendo precisamente investigado. Se parece mucho a lo que hizo el Cr. Astori, respaldando hasta último momento al Cr. Bengoa que terminó procesado.
Pasados todos estos episodios, el Frente Amplio no aprende. Prometió cortar las manos y no hay un solo manco. Han sido respaldados todos.
Yo creo que el episodio revela descontrol por un lado y favoritismos por el otro. La justicia determinará si hay corrupción, si hay tráfico de influencias, si hay fraude al Estado. Ya hay algún funcionario preso por un episodio parecido en la gestión municipal, por firmar el service de máquinas de slots por más de lo que realmente se hacía. Muy parecido a esto de firmar y pagar horas de limpieza que nunca se hicieron.
Pero yo creo que el gran mensaje de la interpelación es que al Frente no le gusta que lo controlen y niega toda información al respecto. Por lo que creo que el Partido Nacional tendrá que ser muy responsable cuando asuma la administración y poner auditorías de gestión, tanto jurídicas como contables, en varios organismos que, a nuestro juicio, han llevado adelante gestiones y decisiones que merecen ser estudiadas a fondo.

¿Algún ejemplo concreto?

Creo que deberemos instalar auditorías de gestiones en Ancap, no sólo por los negocios de Alur sino por los negocios con Venezuela. En Pluna, por lo que el Estado ha tenido que pagar a una empresa que ha sido seleccionada sin la debida competencia. En el Ministerio de Salud Pública, donde hay notorios favoritismos e irregularidades. En la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, que está lejos de la mano del control parlamentario porque su director tiene nivel ministerial pero no puede ser controlado. En la Ose donde hay muchísimas denuncias de gastos indebidos. En Casinos del Estado donde se prepara una mega licitación cuando el gobierno no ha definido cuál es el plan estratégico del juego en el país y sin embargo se convoca a abrir una cantidad de nuevos casinos en un régimen mixto con privados. En la cooperación internacional que administra OPP, que está pretendiendo ser utilizada como una forma de desviar los controles parlamentarios, y ya no lo maneja OPP, lo maneja la Corporación Nacional para el Desarrollo que es una persona de derecho público no estatal que ahora no controla ni el Tribunal de Cuentas ni el Parlamento y a través de ésta y por encargo de la OPP se contrata a la gente. En el Ministerio de Transporte y Obras públicas, donde hay una gestión de muchísimos recursos económicos, con decisiones del actual ministro que favorecen claramente a algunas empresas.
En esos lugares, el Partido Nacional tendrá que ser muy severo y responsable, porque no puede recibir la administración sin saber lo que hay adentro.

¿La denuncia penal que anunciaste en la interpelación sería concretamente contra quién?

Yo voy a denunciar hechos. Será la justicia la que establezca si éstos configuran delitos. Yo, obligado por la ley que establece que todo funcionario público debe dar conocimiento de una situación que pueda eventualmente constituir delito, informé en el Parlamento de mi conocimiento por testimonios, de lo siguiente: la empresa Clanider SA, que se transformó en sociedad anónima muy pocos días antes de que el director del Maciel la contratara de manera directa y luego fuera beneficiaria de una licitación, a mi juicio hecha a medida para que esa empresa la ganara, además de facturar 8 millones de pesos que no corresponden por horas no trabajadas y por supervisores cuyo sueldo debía absorber la empresa, en horas en que sus funcionarios están trabajando en el Maciel y por lo tanto el Maciel le paga por ellos, son trasladados con camionetas y con equipos de limpieza, a limpiar casas, empresas, colegios –no todos los días pero con habitualidad- y la empresa cobra dos veces por las mismas horas. Y sus funcionarios cobran por el Maciel y por el trabajo extra que hacen. No es imputable a los funcionarios, pero sí a la decisión que toma la empresa que, a mi juicio, está mintiendo a la administración sobre el servicio que le presta.

Pasemos a temas electorales ¿Encabezar la lista troncal de Alianza Nacional en Montevideo, donde se concentra prácticamente la mitad del electorado constituye una responsabilidad, un desafío o un compromiso extra para ti?

Totalmente. Además nos auto imponemos el desafío de pagar la deuda que tenemos los montevideanos con el Partido Nacional.
La elección, se define en buena medida en Montevideo. No podemos permitir que el Frente siga obteniendo la mayoría absoluta en la Capital, porque es muy difícil recuperar esa diferencia en el Interior.
Tenemos que votar mejor. Y para votar mejor tenemos que estar más cerca de la gente. Tenemos que interpretar mejor a los montevideanos. Tenemos que ser verdaderos representantes de su sentir y de su pensamiento. Y tenemos que serlo fieles a un partido nacional y policlasista. No es éste el partido del Interior: es de todos. No es éste el partido de unos vecinos y no de otros. No es el partido de unos contra otros.
Por lo tanto el Partido debe desplegarse más aún en todo el territorio y en todos los sectores sociales.
Tenemos dificultad, no para representarlos cuando estamos en el gobierno o en el Parlamento, sino para que se interprete adecuadamente que los representamos.

¿A qué atribuyes esa dificultad?

Me parece que falta comunicación con la gente, que no es la de los medios. Se puede salir todos los días en televisión y eso no asegura que la gente nos vote. Falta –como yo le llamo- infantería. Hay que caminar más, hay que estar más cerca. El Partido tiene que entender más a Montevideo.
Hay que tomar conciencia de que Montevideo elige 12 senadores, si se eligieran por departamento.
Montevideo está dividido en 18 zonales para la circunscripción municipal. Si uno va al zonal 5, que es Pocitos y Punta Carretas fundamentalmente, o si va al zonal 9, que es desde la Curva de Maroñas por el Este Camino Maldonado hasta el límite con Canelones, cualquiera de ellas tiene la misma población que todo el Departamento de Maldonado. Son dos zonales que si fuera a elegir diputados, eligen 5 cada uno, igual que Maldonado. Sin embargo, capaz que vamos 10 veces a Aiguá y ninguna a Punta de Rieles. No nosotros, pero tal vez los dirigentes o la fórmula.
Tenemos que darle mayor importancia. Tenemos que tener mayor presencia. A veces ponemos muchos pasacalles y muchas columneras, pero no pasan de Avenida Italia Norte. Montevideo es grande. Hay que caminarlo más y nunca da el tiempo si lo hacemos tres meses antes de la elección.
La elección es la cosecha, para la que hay que arar y sembrar los cinco años. La gente nos acompaña si trabamos una relación de confianza y fidelidad. Y para ello hay que golpear muchas puertas, hay que tomar mucho mate, hay que hablar mucho con los vecinos, hay que embarrarse, chapotear en las aguas servidas, caminar basurales, escuchar a la gente cuando nos habla de sus problemas fundamentales. Y, por ejemplo, es fundamental, para alguien que no pase el ómnibus a las 5 de la mañana cuando va a trabajar. Es fundamental para la gente no vivir al lado de una fábrica que contamina. Es fundamental para la gente poder vivir tranquila. No tener que dejar un custodia familar cuando sale a un cumpleaños o no poder ir. Y la gente sabe que estamos en eso cuando le hablamos mano a mano, lo que requiere gastar mucha suela y muchos días y sacrificar los fines de semana.

¿Y eso se ha hecho?

Creo que en esta oportunidad vamos a cosechar más. Porque el Partido tiene una generación política al frente de las listas montevideanas que ha aprendido, está más comprometida con eso. Yo aspiro a que todos los dirigentes del Partido recojan los frutos del esfuerzo que han hecho. Y deseo que a la 71 de Penadés, todos los muchachos del Herrerismo y a la 33 de Pancho Gallinal y Verónica Alonso y a la 404 de Lacalle Pou y de Alvarito Delgado, así como a nosotros, les vaya bien. Nos merecemos que nos vaya bien. Y si nos va bien, esta generación va a poder seguir adelante construyendo un proyecto que, a lo mejor, no es de corto plazo, sino de mediano plazo, para hacerle honor a Fernández Crespo, que fue el único que le plantó la bandera del Partido Nacional a la Capital.
Con la 2004 también tenemos un desafío autoimpuesto. En la elección pasada fue la lista más votada del Partido en Montevideo. Sacó 100 mil votos. Nos hemos propuesto tener una votación igual y que Alianza Nacional tenga 5 o 6 diputados por Montevideo. Creo que podemos. Hay un equipo formidable que nos hemos reencontrado. Todos hemos militado juntos. Cuando llega la hora de marcar democráticamente lo hacemos, competimos entre nosotros, pero todos llevando a Larrañaga, y ahora nos hemos juntado y tenemos el desafío de volver a ser la lista más grande del Partido en Montevideo.

Mencionaste algunos temas importantes que tienen más bien carácter municipal. ¿Qué temas de carácter nacional crees tú que son particularmente sensibles para los montevideanos?

Creo que la seguridad, la marginalidad, que ocasiona problemas diversos de integración social especialmente para los jóvenes, son temas centrales.
La seguridad se vive en Montevideo, como en cualquier ciudad grande, con más violencia, miedo y distanciamiento de las relaciones personales, que en el Interior del país.
Nos va cambiando la forma de ser. Se acabó la esquina. Se acabó dejar que los chicos salgan a la calle a jugar.
Se terminó la tranquilidad. Te roban en un apartamento del décimo segundo piso de Pocitos y te roban en una casa muy humilde de un asentamiento. A uno el televisor y a otros el Primus. Y a lo mejor, el Primus es más importante que el televisor relativamente para quien lo tiene.
Entonces hay que darle seguridad a la gente. A través de la prevención, pero también a través del control y la represión.
No es posible que en los barrios, sobre todo en aquellos que siguen siendo barrios, todo el mundo sepa quiénes son los delincuentes, todo el mundo sepa donde está la pasta base, todo el mundo sepa a quién le tiene que tener miedo y con quién no debe meterse porque pertenece a una barra o porque tiene un hermano que después toma venganza, y no podamos protegerlos.
Nuestra obligación, desde el gobierno, es proteger a la gente honesta. Y si no podemos hacer eso no nos merecemos estar en el gobierno. Ese es un gran desafío y un tema muy montevideano.
Y la desintegración social, también.
Si uno anda por La Comercial, por La Aguada , si uno hace una cuadras en el entorno de la torre de Antel o por Arroyo Seco, verá barrios con todos los servicios. Tienen hormigón, tienen saneamiento, alumbrado público, mucho ómnibus… lo que no tienen es gente. La gente se fue yendo a la periferia. Gente expulsada del Centro que estaban socializados, en vivienda bien establecida, familias estables, con trabajo regular, pasaron a la periferia por no tener para pagar el alquiler y además porque la familia se ha ido desestructurando. Nuestros asentamientos están llenos de mujeres solas con muchos hijos. No hay en los barrios guarderías. Si la madre sale a trabajar esos niños quedan tirados a la suerte del medio en el que viven.
Tenemos que integrar a esa gente. Y alguna de esa gente es muy difícil de integrarla. Porque para trabajar no sólo hay que tener necesidad de trabajar, Hay que tener cultura de trabajo. Eso es parte de la ecuación que se recibe. Y cuando no se recibe, cuando no hay una cadena generacional que transmita eso, sólo la escuela pública puede hacerlo. Que además de enseñar a escribir tiene que integrar y sustituir as la familia cuando no existe. O cuando aún existiendo, no transmite valores.
Entonces, allí es donde tenemos que estar. Y esa no es una tarea municipal. Es una tarea nacional y multidisciplinaria que requiere una enorme voluntad política, pero también una gran inteligencia y conocimiento de la realidad, para que la plata de los uruguayos no se quede por el camino pagando consultorías y grandes sueldos, o repartida entre quienes no la merecen. Y por último, que llegue a donde debe y no termine alimentando el círculo vicioso. Buena parte del dinero del Plan de Emergencia termina en alcohol, cigarros y pasta base, aunque también hay gente que la utiliza bien.
A mi me gusta más la tarjeta que hace que la gente humilde pueda adquirir alimento de manera más digna.
El INDA de antes daba una bolsa negra de plástico con 7 kilos de comida de mala calidad, para la cual había que hacer cola como en la puerta de una cárcel. Ir al supermercado del barrio con una tarjeta, como la de cualquier otro y poder comprar alimentos es más digno y es más seguro, aunque siempre pueda tener algún desvío. Pero es mucho mejor.
El Estado tiene que ser más eficiente en los mecanismos de distribución de recursos públicos para ir cortando esa cadena de pobreza que se transforma en marginalidad.
Me gusta el Plan Ceibal. Me gustan las escuelas de tiempo completo. Me gustan los planes asistenciales en los que participa la gente y aquellos que se llevan adelante con honestidad y sin clientelismo. Ese es todo un desafío.

La campaña política está empezando a ponerse muy dura, con una actitud muy agresiva de los dirigentes frenteamplistas contra el Partido Nacional. ¿Crees que el Partido debe salir a responder los agravios?

Un partido es un equipo y dentro de él cada cual tiene un papel. No me imagino a la fórmula entrando en el terreno chico del ataque, porque ni es nuestro estilo ni vamos a ganar así.
Pero también hay que tener una buena defensa. Creo que es tarea de otros de nosotros defender al Partido y no dejarse agraviar. Porque no pueden decir cualquier cosa de nuestro partido y de nuestros candidatos. Y si las dicen, pues que aguanten el debate. No hay por qué tolerar que nos peguen afiches por toda la ciudad ridiculizando una propuesta seria. Creo que hay que responder.

Pero muchos agravios no vienen sólo de los afiches, sino de la propia fórmulapresidencial frenteamplista.

Si, pero yo leo en esa actitud un cambio que surge como reacción al problema que tienen ellos. El Partido Nacional votó mejor que el Frente Amplio en las elecciones internas. Los frenteamplistas no fueron a votar. Y muchos rompieron su lista para ponerla en el sobre. Hay una protesta velada en lo que pasó con la militancia frenteamplista el 28 de junio. El salir a atacar es un mecanismo para movilizar y salir a unir. Es confrontar e identificar al adversario, convirtiéndolo en enemigo, para que la gente se mueva. Están tratando de desperezar a los frenteamplistas que tal vez no pusieron todavía la bandera en la ventana. Y eso es notorio.
Puede ser que con eso logren que los militantes frenteamplistas se despierten de la siesta, se pinten la cara y salgan a pelear. Pero también me parece que muchísima otra gente que está viendo a quien vota, no quiere un país de agravios, enfrentamientos y de unos contra otros. A lo mejor ganan entusiasmo por un lado y pierden votos por el otro.

¿Esa es una elección más o tiene características que la hacen especial?

Es diferente. El Frente se preparó 35 años para ganar la elección y fue construyendo piedra sobre piedra la victoria del 2004. Pero no destinó un solo minuto a prepararse para entregar el gobierno. No están preparados. No está en la estructura mental del frentista poder perder. Y en la medida que lo empiezan a ver como posible, no aceptan que tal vez dentro de pocos meses tengan que entregar el poder.
Eso hace que esta elección sea diferente. La hace más radical. Por eso los dirigentes tienen que ser muy prudentes. Porque, aún sin quererlo, pueden estar dando manija en un ambiente propicio para recibirla y actuar sin medir las consecuencias. La gente sigue a los dirigentes. Y si hay ambiente para el radicalismo, podemos tener episodios que estoy seguro no los quieren tampoco Mujica ni Astori. Y hay que tener cuidado, porque después las piedras se las tiran también a ellos. Ese es el peor escenario que podemos tener para una elección.
Nosotros ya vivimos en el 2004 un día de elección en el que había barrios en los que no se podía entrar. Era complicado andar por Belvedere, por La Teja, por Nuevo parís. Estaba difícil. De pronto uno iba con una bandera y se encontraba en una esquina con una barra que no lo dejaba pasar. Y la gente se asustaba y se daba vuelta.
Y bueno, lograron el objetivo: cerrar una parte de Montevideo. Eso no es bueno para el Uruguay. El Frente tiene que prepararse para perder y tiene que decirle a su gente que a lo mejor el Primero de Marzo tiene que entregar el gobierno a otro partido que les ganó democráticamente. Si traslada eso, vamos a tener una mejor elección. Si no, va a ser diferente.

Por Aníbal Steffen para La Democracia

Mano a mano

Para los convencidos y para los indecisos la semana dejó muchas conclusiones interesantes.

La primera, Mujica volvió a mostrar que su verdadero rostro no es sólo ocurrencias de boliche, frases ambiguas y falta de preparación, es también intolerancia. Cuando se lo aprieta se descarrila, y si ese defecto es inadmisible en un Senador y líder de opinión, es absolutamente prohibido en alguien que quiere presidir los destinos de un país.

Un comentario tan vulgar como el propinado hacia el Dr. Larrañaga dinamitaría en el ejercicio de la presidencia la relación con la mitad de la población, y en el mundo internacional conllevaría a romper relaciones con un país amigo.

Pero en esta semana no sólo se lo vio intolerante y nervioso, también se lo vio acorralado y con cierto susto por el sólo hecho de tener que debatir con el candidato del Partido Nacional.

Ante el acoso de la prensa que refleja que todo el Uruguay quiere un debate presidencial para tomar la decisión en octubre, Mujica salió con otra típica ocurrencia: hacer un debate inédito entre las fórmulas blancas y frentistas, demostrando el temor que tiene en quedar sin argumentos frente al Dr. Lacalle.

Ante tremendo absurdo, hicimos un listado de temas que podrían hacer de este debate entre cuatro las delicias de la audiencia y desnudar las interminables contradicciones que el binomio gubernista se tiene para consigo mismo.

Política internacional, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cual sería la posición de uno y del otro cuando dejaron pasar el tren en una oportunidad única para la historia del país?

Atraso cambiario, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio?, ¿el que mantuvo Astori en todo su mandato o aquel que pretendía Mujica -si no se iba del Ministerio de Ganadería- y nunca llegó?

Secreto Bancario, ¿se cumplirá la intención del Mujica de hacer todos los esfuerzos para eliminarlo?, ¿o su segundo le recordará que para hacer política “hay que ser serio y coherente y el requisito no es levantar alarmas sobre temas delicados”?

Inversiones extranjeras, ¿se cumplirá la teoría del Pepe de analizarlas y de limitarlas o será la visión del ex ministro la que prevalecerá?

Frigorífico Nacional, ¿quedará en una intención programática? O Astori volverá a oponerse enfáticamente como lo ha hecho hasta ahora.

Con respecto a la seguridad, ¿se encerrarán a los adictos a la pasta base? ¿Se aumentarán las penas? ¿Se autorizará el uso irrestricto de armas o cuál es la solución? Lógico es pensar que como hace unos pocos meses, la fórmula del Frente no tendrá acuerdos en estos temas.

Para terminar el debate se nos ocurrió esta frase del Blog de Astori a horas de la elección interna: “Mujica señala que un presidente tiene que saber hacer huelga de hambre, tiene que pelearse con instituciones fundamentales de la sociedad en que está trabajando, tiene que adoptar actitudes extraordinarias para que se lleven adelante sus planteos. Y eso a mí no me parece un camino que siembre confianza”.

Sin duda que en un debate de a cuatro los uruguayos descubrirían la falta de coherencia en el oficialismo, pero para ser serios y que queden mejor aclaradas las propuestas es que exigimos un debate presidencial. Mano a mano, dónde y cuándo quiera.

Sebastián Da Silva para El País Digital

Los blancos despejan el camino para largar a pleno

Listas y programa. Lacalle y Larrañaga definen el orden y acuerdan sobre propuestas

Recorrieron buena parte del país en cinco días y se sacaron fotos abrazados en cada capital. Después de esa maratónica gira, Lacalle y Larrañaga están dedicados a zurcir sus internas y armar el programa único.

En una decisión de carácter estratégico, el primer gran acto de la fórmula blanca será con jóvenes en el Palacio Peñarol a fines de julio o inicios de agosto. Unos diez días después vendrá otro momento clave: la convención blanca proclamará la fórmula Luis Alberto Lacalle-Jorge Larrañaga.

Para ese momento, los líderes blancos quieren tener absolutamente resueltos dos escollos: la confección del programa único y el armado de las listas al Senado y Diputados.
Desde esta semana funciona una comisión de técnicos que acordará un programa único, que tendrá unas 30 páginas, propuestas concretas, y no sólo grandes líneas programáticas.

Hay algunos puntos que serán resueltos mano a mano por Lacalle y Larrañaga. Los dos más complicados pasan por resolver si efectivamente se bajará la edad de imputabilidad -como plantea Lacalle- y si se creará una Guardia Nacional, como pide Larrañaga.

Desde el comando nacionalista se afirma que los dos líderes buscarán soluciones intermedias, cediendo posiciones. El senador Luis Alberto Heber dijo el jueves en el programa Quién es Quién de Diamante FM que “habrá acuerdo y habrá solución” sobre el programa. “Los dos entienden que deben aflojar. No será tanto como lo planteó Larrañaga ni tanto como lo planteamos nosotros. Hay concesiones y se contemplarán las aspiraciones de los dos”, adelantó Heber.

Larrañaga indicó a El País que, en el tema imputabilidad, él coincide con Lacalle en que exista un instituto correccional encargado de rehabilitar y albergar a los menores. “Será un nuevo instituto o se reforzará lo que ya existe”, afirmó. Resta definir si efectivamente bajarán la edad de imputabilidad, pero Larrañaga -que en la campaña se empeñó en marcar diferencias con su adversario- ahora sale en defensa del candidato: “Nunca se pensó en enviar a un adolescente a la cárcel. Siempre se habló de rehabilitarlo en un instituto adecuado para ello”.

En la campaña Larrañaga también insistió con crear una Guardia Nacional. Tal como fue planteada, esa guardia no existirá, pero Lacalle ha afirmado que debe darse un carácter nacional y de mayor relieve a la Guardia Republicana.

Lo de las listas es un problema que importa mucho a los dirigentes. En Unidad Nacional (UNA) esperan que el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, resuelva con Lacalle si presentará su lista propia al Senado o si integrará la lista oficial del sector. La firme voluntad de Lacalle es que haya lista única de la UNA, pero debe negociarlo porque en diciembre se había comprometido con Vidalín a que presentara su lista.

Presentar dos listas puede hacerle perder a la UNA alguna banca en Diputados. Vidalín y sus dirigentes insisten con la necesidad de presentar una segunda lista, aunque por lo bajo muchos creen que eso es muy difícil que se concrete, hasta por motivos económicos. En la lista de Vidalín también iría el diputado Luis Lacalle Pou.

Vidalín no acepta quedar en el sexto lugar en una lista única al Senado, detrás de Lacalle, Gallinal, Heber, Juan Chiruchi y Gustavo Penadés. A la hora de armar el orden, Lacalle tendrá la última palabra. En cifras globales, el Herrerismo obtuvo 162.000 votos en las internas, si se cuentan los de Lacalle Pou. Correntada Wilsonista (Gallinal) 55.000 votos, Soplan Vientos Nuevos (Vidalín) 37.000 y Concordia Nacional (Ignacio de Posadas y Ana Lía Piñeyrúa) 24.000. En la UNA estiman que lograrán 7 u 8 senadores.

En Alianza Nacional, Larrañaga también pretende listas únicas y hace pocos días pasó un claro mensaje a sus dirigentes: anunció que él definirá la plancha y su orden. “Y al que no le guste, que se vaya”, afirmó, según relataron a El País participantes en una reunión.

Ingeniería electoral compleja

¿A qué se debe la insistente preocupación de los blancos por presentar listas únicas por sector al Senado y Diputados? Si Lacalle y Vidalín presentan listas separadas, cada una deberá tener su correspondiente hoja departamental. Y esos votos no se acumulan en cada departamento. Así, se dispersan los esfuerzos y se le cede terreno al rival en la interna: en este caso, Jorge Larrañaga. Así lo explicó el senador Luis A. Heber: “Es importante no dividir arriba para no dividir abajo. Si tenemos dos listas al Senado, tenemos dos candidaturas a Diputados y quizás nos gane las bancas Jorge, que presentará una sola lista. La interna continúa. Espero que se entiendan. Estamos tratando de convencer (a Vidalín) que es mejor tener una lista sola”.

Fuente: El País Digital

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