03.03.2011 – Homenaje al Gral. Leandro Gómez
La Comisión de Homenaje a los Héroes Servidores del Partido Nacional, el Instituto Manuel Oribe, la Fundación para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate, el Instituto Aportes, el Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe, el Instituto Dr. Carlos Abdala y el Directorio Juvenil, con el auspicio del Honorable Directorio del Partido Nacional, tienen el agrado de invitar a Ud. al acto académico en homenaje al Gral. Leandro Gómez en el bicentenario de su nacimiento, que se realizará el próximo jueves 3 de Marzo a la hora 19.30 en la casa del Partido Nacional en la Plaza Matriz.
Hablarán por los Institutos respectivos: Sr. Guillermo Seré, Gral. (R) Luis Abraham., Dr. Rodolfo Saldain, Dr. Romeo Pérez Antón, Esc. Beatriz Argimón, Prof. Sylvia Puentes de Oyenard y Sr. Federico Ricagni, en breves semblanzas del héroe.
Los proyectos público-privados en escuelas y cárceles suman US$ 420:
Goñi. Instó al Partido Nacional a aprobar la ley y no “cobrar cuentas viejas”.
A través de asociaciones público-privadas el gobierno prevé que se inviertan US$ 420 millones en infraestructura social (cárceles y escuelas) y unos US$ 270 millones en infraestructura turística, según los proyectos que maneja la CND.
Una vez que se apruebe la ley marco de asociaciones público-privadas el primer proyecto a ponerse en marcha será la construcción de una o dos cárceles para 1.800 reclusos, en lo que se prevé una inversión de US$ 120 millones, según la cartera de proyectos que maneja la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), adelantó a El País el director del organismo Rodrigo Goñi.
La CND será la encargada de estructurar las iniciativas y hacer la calificación de ofertas según señala el proyecto de ley a estudio del Parlamento. Además, se prevén proyectos por US$ 300 millones para construir y reacondicionar centros de educación.
Ayer, Goñi disertó en una actividad organizada por el Instituto Manuel Oribe y la Fundación Ferreira Aldunate, titulada “Las Asociaciones Público-Privadas ¿una herramienta eficiente para el desarrollo de infraestructura en Uruguay?”.
El director de la CND -que integra el sector Alianza Nacional- intentó convencer a los legisladores del Partido Nacional de apoyar el proyecto a estudio del Parlamento. A la interna del partido gobernante, Frente Amplio, el mismo genera alguna discrepancia. De hecho, “desde el Partido Comunista se recuerdan las batallas antiprivatizaciones que se libraron”, informó el diario El Observador, el domingo.
“Espero convencerlos de que tenemos que contribuir a que esta herramienta exista, a que sea la mejor posible”, dijo Goñi ante un auditorio en el que estaban el senador blanco Jorge Larrañaga y el diputado de ese partido Jaime Trobo, entre otros. “Tenemos que actuar con grandeza, podemos tener la tentación de cobrar cuentas viejas pero no ayuda ni es bueno”, enfatizó Goñi.
De todas formas, aclaró que las asociaciones con privados si bien “son una buena alternativa, no hacen magia; aún teniendo en cuenta las ventajas no son recomendables siempre ni en cualquier caso, hay que hacer una correcta evaluación”.
OTROS PROYECTOS. En proyectos turísticos se estima canalizar US$ 270 millones por la vía de asociaciones entre el Estado y los privados. Unos US$ 200 millones corresponden a un centro de convenciones y complejo deportivo en Montevideo, otros US$ 30 millones a un centro de convenciones en El Jagüel (Punta del Este) y otros US$ 40 millones a la reconstrucción y operación de 300 metros de muelle en La Paloma. A su vez, en rutas se proyectan inversiones por US$ 500 millones en asociaciones y en vías férreas por US$ 315 millones por ese modo.
En cuanto a proyectos en el ámbito portuario en Montevideo (como uno nacional e internacional de pesca, una terminal para la carga de celulosa y una nueva terminal de contenedores), no hay cifras estimadas. De todas maneras, esa cartera de proyectos no determina que todos se canalicen mediante asociaciones público-privadas, ya que se hará un análisis para determinar si el modelo público-privado “es el que permite al Estado obtener el mayor `Valor por dinero`”, se señala en el proyecto de ley. Esto es que con los mismos recursos el Estado pueda tener más obras si son hechas con asociaciones.
Al llevar adelante los proyectos a través de asociaciones, el privado se encarga de financiar, construir, mantener y gestionar el proyecto y tras 25 o 30 años lo transfiere al Estado. El ente público o Ministerio deberá repagar la obra mediante un canon o subvención por el uso. También la obra puede ser paga por el usuario a través de peajes en el caso de rutas.
CULTURA EMPRESARIAL.
Para el director de la CND, además de promover la mejora de la infraestructura, las asociaciones público-privadas sirven para “desarrollar la cultura empresarial”. Dijo que “es una buena oportunidad para que los privados y los públicos nos hagamos un replanteo de nuestra relación” y llamó a “mejorar la relación sobre la base de la transparencia”. Goñi -que está en el sector público como director de la CND y también en el privado como gerente general del frigorífico PUL- señaló que “el sector privado tiene que prepararse para hacer mejor las cosas que el público” y “demostrar que los privados pueden tomar a su cargo obras por 25 años y lo pueden hacer bien”.
Proyecto de ley es mejorable
El abogado Carlos Delpiazzo afirmó en el evento que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento “válido, útil, pero mejorable”. Según Delpiazzo uno de los aspectos a mejorar es que para aprobar un proyecto público-privado “tienen que intervenir muchos organismos y no se establecen plazos, con lo cual puede ser que aprobemos el proyecto de ley y naufraguemos en el intento”. Señaló que “es terrible” que no haya plazos determinados porque “si el que va a evaluar se toma 18 meses y la OPP otro tanto” no van a salir las iniciativas. Otro aspecto negativo que marcó es que se deroga la ley de iniciativa privada y si bien este proyecto prevé en parte ese mecanismo, no es tan amplio como la ley existente. Además pidió que el texto sea “más equilibrado” entre el Estado y el privado. “¿Ustedes celebrarían un contrato en el que todas las sanciones son para ustedes?”, se preguntó. Reconoció como “muy positivo” la posibilidad de renegociar contratos.
Fuente: El País
Los ‘mitos’ del Estado que impiden su reforma. Informe. Inamovilidad, funcionarios y gasto público
Los “mitos” respecto al Estado impiden su reforma. Un estudio hecho por un experto demuestra cuáles son los aspectos en los que se puede avanzar, como la mejora de calidad de los servicios públicos y la economía de esfuerzos.
Lejos de verla como un imposible, el economista Alberto Sayagués considera que la mejora de la eficiencia del Estado es una “tarea difícil” y que, a pesar de estar “llena de mitos”, aún se puede generar “economías importantes” y “mejorar la calidad de los servicios” públicos.
Estas conclusiones serán presentadas hoy por el experto, durante un encuentro regional de jóvenes del Partido Nacional de los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo, organizado por el Centro de Estudios de esa fuerza política y la Fundación Konrad Adenauer. El evento se llevará a cabo en el NH Columbia, a partir de las 9.30 horas y será inaugurado por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle.
Sayagués, economista y contador, además de licenciado en Administración, desempeñó varios puestos públicos entre 1990 y 2005, casi en todos los casos vinculados a trabajar por la eficiencia del Estado y sus funcionarios.
En el estudio realizado para este evento, al que accedió El País, Sayagués señala como “mitos” la imposibilidad de bajar el gasto público, el exceso de funcionarios públicos, la inamovilidad de los públicos y el elevado costo de funcionamiento del Estado.
Respecto al primero, concluye que no se puede disminuir sustancialmente el gasto público aunque estima que hay algunos egresos que pueden ser más eficientes y menos costosos. “Tampoco se puede disminuir fácilmente el peso de las tarifas de las empresas públicas”, sostiene.
Con las cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) a la vista, que son de diciembre de 2009, Sayagués analiza que la disminución de funcionarios públicos se ha dado en los últimos veinte años. Para el experto es destacable la fuerte disminución de la participación porcentual de los públicos en la Población Económicamente Activa (PEA), que bajó del 23,2% al 14,7% en ese lapso. “Esto evidencia una importante creación de empleos productivos en el sector privado, la que es la mejor solución al exceso de funcionarios”, apunta.
DESIDIA.
La inamovilidad de los estatales “no es un problema, sino más bien lo es la desidia para castigar las omisiones de los malos funcionarios”, añade. Al respecto, aporta en su estudio cifras oficiales que señalan que en 2009 el Senado aprobó 41 venias de destitución enviadas por el Poder Ejecutivo, pero solo una de ellas tenía directa relación con la omisión de deberes funcionales prevista en la Constitución como causal de destitución. “No se despide a los malos funcionarios públicos”, concluye.
Gasto público.
Acerca de la inamovilidad, Sayagués recuerda en su estudio que ésta alcanza sólo al 13% de los funcionarios estatales. “Comprende a los funcionarios presupuestados, civiles, de carrera, del Poder Ejecutivo, los cuales al 30 de junio de 2009 eran 14.176. Y también a 17.508 funcionarios de los gobiernos departamentales en similar situación”, explica.
Sayagués estima que no es imposible disminuir el gasto público, sino que “no es posible bajarlo mucho por su propia composición”.
“Parece bastante obvio que no se puede dejar de pagar las pasividades y los intereses de la deuda pública, y que la inversión pública es imprescindible”, afirma en referencia a conceptos que representan la mitad del gasto público.
Además, sostiene que “el uso eficiente de los recursos públicos permite disminuir despilfarros y mejorar su aplicación, dando mejores servicios” a los contribuyentes.
Sobre el costo de las tarifas de los servicios públicos, el especialista anota que el problema no está en la cantidad de funcionarios sino en “un nivel de gastos inadecuados” e inversiones que no son las mejores.
“Se necesitan personas más eficientes para administrar estas empresas y eso tiene su dificultad y su costo”, analiza.
Fuente: El País
La visión wilsonista en el próximo gobierno del Partido Nacional
septiembre 23, 2009 by admin
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Concebimos al Uruguay como una sociedad políticamente plural, liberal y solidaria, con una economía de mercado, competitiva, abierta, orientada y regulada por el Estado – en lo que sea necesario – de acuerdo con políticas públicas adecuadas, al servicio de la sociedad.
Entre otras, son funciones básicas del Estado la formulación y control de las reglas, la producción de bienes públicos, la consideración de las fallas del mercado y, en especial, la protección de los débiles y garantizar la adecuada distribución del ingreso.
Debe haber un adecuado equilibrio entre lo público y lo privado en el marco del respeto a los derechos de las personas.
La definición de Uruguay como una “comunidad espiritual”, al decir de Wilson Ferreira Aldunate, resalta la necesidad de integrar a todos sus miembros a los bienes y servicios que el Uruguay puede ofrecer.
No es justo que haya sectores de conciudadanos marginados del bienestar posible, generalmente debido a las circunstancias de su nacimiento. Es necesario integrarlos para el funcionamiento armónico de la sociedad uruguaya.
Y en esa dirección centenares de técnicos han hecho un esfuerzo de análisis colectivo, generado documentos y elaborado propuestas, la mayor parte de las cuales se resumen en este documento.
Que son aportes para la acción.
Son un insumo para el país.
Entre todos.
Programa de gobierno: Un país políticamente independiente, socialmente justo, y económicamente próspero.
agosto 30, 2009 by admin
Filed under Propuestas
Un país políticamente independiente, socialmente justo, y económicamente próspero. Esa es la propuesta del Partido Nacional. Esta visión de país se traduce en medidas concretas a implementar en el Gobierno Nacional desde 2010 a 2015.
El documento sintetiza los trabajos del Instituto Manuel Oribe, la Fundación para la democracia Wilson Ferreira Aldunate y el Instituto Aportes y es el compromiso de la fórmula Lacalle Larrañaga y de todo el Partido Nacional para con el Uruguay.
