Los ‘mitos’ del Estado que impiden su reforma. Informe. Inamovilidad, funcionarios y gasto público
Los “mitos” respecto al Estado impiden su reforma. Un estudio hecho por un experto demuestra cuáles son los aspectos en los que se puede avanzar, como la mejora de calidad de los servicios públicos y la economía de esfuerzos.
Lejos de verla como un imposible, el economista Alberto Sayagués considera que la mejora de la eficiencia del Estado es una “tarea difícil” y que, a pesar de estar “llena de mitos”, aún se puede generar “economías importantes” y “mejorar la calidad de los servicios” públicos.
Estas conclusiones serán presentadas hoy por el experto, durante un encuentro regional de jóvenes del Partido Nacional de los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Montevideo, organizado por el Centro de Estudios de esa fuerza política y la Fundación Konrad Adenauer. El evento se llevará a cabo en el NH Columbia, a partir de las 9.30 horas y será inaugurado por el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle.
Sayagués, economista y contador, además de licenciado en Administración, desempeñó varios puestos públicos entre 1990 y 2005, casi en todos los casos vinculados a trabajar por la eficiencia del Estado y sus funcionarios.
En el estudio realizado para este evento, al que accedió El País, Sayagués señala como “mitos” la imposibilidad de bajar el gasto público, el exceso de funcionarios públicos, la inamovilidad de los públicos y el elevado costo de funcionamiento del Estado.
Respecto al primero, concluye que no se puede disminuir sustancialmente el gasto público aunque estima que hay algunos egresos que pueden ser más eficientes y menos costosos. “Tampoco se puede disminuir fácilmente el peso de las tarifas de las empresas públicas”, sostiene.
Con las cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) a la vista, que son de diciembre de 2009, Sayagués analiza que la disminución de funcionarios públicos se ha dado en los últimos veinte años. Para el experto es destacable la fuerte disminución de la participación porcentual de los públicos en la Población Económicamente Activa (PEA), que bajó del 23,2% al 14,7% en ese lapso. “Esto evidencia una importante creación de empleos productivos en el sector privado, la que es la mejor solución al exceso de funcionarios”, apunta.
DESIDIA.
La inamovilidad de los estatales “no es un problema, sino más bien lo es la desidia para castigar las omisiones de los malos funcionarios”, añade. Al respecto, aporta en su estudio cifras oficiales que señalan que en 2009 el Senado aprobó 41 venias de destitución enviadas por el Poder Ejecutivo, pero solo una de ellas tenía directa relación con la omisión de deberes funcionales prevista en la Constitución como causal de destitución. “No se despide a los malos funcionarios públicos”, concluye.
Gasto público.
Acerca de la inamovilidad, Sayagués recuerda en su estudio que ésta alcanza sólo al 13% de los funcionarios estatales. “Comprende a los funcionarios presupuestados, civiles, de carrera, del Poder Ejecutivo, los cuales al 30 de junio de 2009 eran 14.176. Y también a 17.508 funcionarios de los gobiernos departamentales en similar situación”, explica.
Sayagués estima que no es imposible disminuir el gasto público, sino que “no es posible bajarlo mucho por su propia composición”.
“Parece bastante obvio que no se puede dejar de pagar las pasividades y los intereses de la deuda pública, y que la inversión pública es imprescindible”, afirma en referencia a conceptos que representan la mitad del gasto público.
Además, sostiene que “el uso eficiente de los recursos públicos permite disminuir despilfarros y mejorar su aplicación, dando mejores servicios” a los contribuyentes.
Sobre el costo de las tarifas de los servicios públicos, el especialista anota que el problema no está en la cantidad de funcionarios sino en “un nivel de gastos inadecuados” e inversiones que no son las mejores.
“Se necesitan personas más eficientes para administrar estas empresas y eso tiene su dificultad y su costo”, analiza.
Fuente: El País
La visión wilsonista en el próximo gobierno del Partido Nacional
Septiembre 23, 2009 by admin
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Concebimos al Uruguay como una sociedad políticamente plural, liberal y solidaria, con una economía de mercado, competitiva, abierta, orientada y regulada por el Estado – en lo que sea necesario – de acuerdo con políticas públicas adecuadas, al servicio de la sociedad.
Entre otras, son funciones básicas del Estado la formulación y control de las reglas, la producción de bienes públicos, la consideración de las fallas del mercado y, en especial, la protección de los débiles y garantizar la adecuada distribución del ingreso.
Debe haber un adecuado equilibrio entre lo público y lo privado en el marco del respeto a los derechos de las personas.
La definición de Uruguay como una “comunidad espiritual”, al decir de Wilson Ferreira Aldunate, resalta la necesidad de integrar a todos sus miembros a los bienes y servicios que el Uruguay puede ofrecer.
No es justo que haya sectores de conciudadanos marginados del bienestar posible, generalmente debido a las circunstancias de su nacimiento. Es necesario integrarlos para el funcionamiento armónico de la sociedad uruguaya.
Y en esa dirección centenares de técnicos han hecho un esfuerzo de análisis colectivo, generado documentos y elaborado propuestas, la mayor parte de las cuales se resumen en este documento.
Que son aportes para la acción.
Son un insumo para el país.
Entre todos.
Programa de gobierno: Un país políticamente independiente, socialmente justo, y económicamente próspero.
Agosto 30, 2009 by admin
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Un país políticamente independiente, socialmente justo, y económicamente próspero. Esa es la propuesta del Partido Nacional. Esta visión de país se traduce en medidas concretas a implementar en el Gobierno Nacional desde 2010 a 2015.
El documento sintetiza los trabajos del Instituto Manuel Oribe, la Fundación para la democracia Wilson Ferreira Aldunate y el Instituto Aportes y es el compromiso de la fórmula Lacalle Larrañaga y de todo el Partido Nacional para con el Uruguay.




