Larrañaga respalda gravar con IRPF depósitos en el extranjero.

El líder de Alianza Nacional también está dispuesto a apoyar la flexibilización del secreto bancario si el gobierno acepta modificaciones .
Javier de Haedo ya se reunió con Fernando Lorenzo para analizar la reforma tributaria.

El líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que está dispuesto a votar el proyecto de ley para gravar con Impuesto a la Renta de las Personas Físicas los depósitos que los uruguayos tienen en el extranjero, y también apoyará la flexibilización del secreto bancario si el oficialismo acepta hacerle algunos retoques a la iniciativa.

Larrañaga analizará el proyecto con la bancada de su sector y luego comunicará lo resuelto al resto del Partido Nacional.

El economista blanco Javier de Haedo ya se reunió con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para acordar determinados asuntos que le permitan a Alianza Nacional acompañar al gobierno en esta reforma tributaria. “Estamos de acuerdo con la aplicación del Impuesto a la Renta. Y coincidimos con el gobierno acerca de que es equitativo que también paguen los depósitos que están en el extranjero”, dijo Larrañaga a El Observador.

Además, su sector tiene una propuesta alternativa pero complementaria a la decisión del oficialismo de otorgarle potestades a la Dirección General Impositiva (DGI) para que pueda solicitar a la Justicia el levantamiento del secreto bancario cuando sospeche actividades ilícitas. Si el juez no se expide sobre el caso, se entiende que hubo una aceptación tácita del pedido de la DGI.

Alianza Nacional votará este proyecto si se establece que debe haber un pronunciamiento expreso de la Justicia, y si se crean juzgados especializados para tratar las solicitudes de la Impositiva. De Haedo le transmitió esta inquietud a Lorenzo para que el próximo Presupuesto la recoja. “Los especialistas nos han dicho que con la creación de un solo juzgado alcanza para atender los pedidos de levantamiento del secreto bancario”, dijo Larrañaga. El líder blanco reconoció que en el resto de la oposición existe una actitud “más radical” ante la reforma tributaria propuesta por el gobierno de José Mujica. “Tenemos una diferencia en este aspecto que la vamos a trasladar a la bancada del Partido Nacional. Nuestros técnicos están trabajando para que podamos presentar con prolijidad nuestra propuesta definitiva”, afirmó Larrañaga.

El senador blanco recordó que su sector estuvo a favor de la aplicación del IRPF pero discrepó con el porcentaje y las franjas aplicadas a los salarios. Desde la campaña electoral, Larrañaga ha manifestado su disposición a esforzarse por acompañar las iniciativas del presidente Mujica para dotar de mayor peso político a las leyes votadas en el Parlamento.

Extracto de El Observador.

Se debe repensar el Presupuesto

Es tan evidente que las modificaciones a la política cambiaria (y, más precisamente, el salto inducido desde el gobierno en el tipo de cambio) no estaban en los planes del equipo económico, que sólo hace pocas semanas se difundieron las pautas para el presupuesto quinquenal con un tipo de cambio, para todo el quinquenio, inferior al que ahora se señala como el objetivo de corto plazo, de entre 21 y 22 pesos por dólar (se lo estimaba en $ 21,20 en 2014). El ajuste en el tipo de cambio, aunque es menor e insuficiente para corregir el atraso cambiario, obliga al equipo económico a volver a efectuar las proyecciones presupuestales, dado que hay pagos en dólares, como notoriamente es el caso de los intereses, que ahora van a representar más pesos y una proporción mayor del PIB.

Es posible que también se aproveche para ajustar la trayectoria esperada para el PIB, que en las pautas de hace un mes y medio fue estimado creciendo 5,1% este año, 4,2% el próximo y 4,0% luego. Los datos sobre el comportamiento del nivel de actividad económica que se difundieron a mitad de este mes hacen pensar en un crecimiento cercano al 7% para el año en curso y ya se puede asegurar un piso de 5,3% para el caso en que el producto se mantuviera en el resto del año en el nivel alcanzado en el primer trimestre.

Creo que se trata de una buena oportunidad para que el equipo económico reflexione a propósito del escenario externo sobre el cual se está elaborando el presupuesto para los próximos cinco años dado que se está trabajando sobre bases optimistas, que no se condicen con la gran incertidumbre que hay en el mundo. Y también para que repiense el presupuesto en su conjunto, en particular la magnitud del gasto y su rigidez, así como los objetivos en materia fiscal.

La situación actual me recuerda lo ocurrido entre mediados de 2007 y mediados de 2008, cuando la bomba ya había explotado en las economías avanzadas pero las emergentes seguíamos aprovechando de una situación extraordinariamente positiva en materia de precios de commodities y de paridades cambiarias. En esos tiempos la palabra que más se escuchaba era “desenganche” o, más precisamente, su traducción al inglés, “decoupling”. Con ese término se aludía al hecho de que las emergentes parecían haberse desenganchado de la crisis que sacudía a las economías avanzadas y todos nos preguntábamos si esa situación podría sostenerse en el tiempo. Poco tiempo después se vio que no se pudo sostener y los precios de los commodities se desplomaron y las paridades cambiarias se alteraron significativamente, con un mundo que se abarató en dólares súbitamente.

Es cierto que para las economías emergentes, como la nuestra, el sacudón duró poco y fue más leve de lo que se temía. Y rápidamente se volvió a ingresar en un proceso como el que terminó en julio de 2008, de suba de los precios de los commodities y caída del dólar frente a casi todas las monedas del mundo, aunque sin llegar a los niveles extremos de aquel mes. Esta resurrección se originó en el optimismo sobre la salida de la crisis financiera de las economías avanzadas en 2007.

No obstante, si bien en los Estados Unidos las cosas marchan bien, en Europa la crisis no se termina de resolver y nuevos coletazos se suceden casi sin interrupciones. Varios países han venido quedando expuestos en situaciones críticas, mientras que el conjunto debate una salida al mismo tiempo efectiva y equitativa hacia su interior. Europa debe abaratarse y en particular lo deben hacer los países que están en mayores dificultades. Lo primero se logra con la devaluación del euro; lo segundo, dada la existencia de la moneda común, con deflaciones diferentes, mayores en los países con problemas. Deflaciones que son posibles por ejemplo con el recorte de salarios y pensiones y ajustes fiscales por el lado del gasto público. Deflaciones que duelen especialmente en sociedades que estaban viviendo por encima de sus posibilidades.

Mientras tanto, por acá andamos fenómeno, enganchados a la locomotora brasileña. Las emergentes vuelven a vivir a contramano del Hemisferio Norte, aunque en este caso sea sólo de una parte de él. ¿Cuánto tiempo puede durar? Hablando en plata, ¿cuánto puede durar el dólar en Brasil en R$ 1,80 con el euro en caída? Hasta mediados de 2008, el dólar bajaba en Brasil pero se mantenía estable en torno a R$ 2,70 frente al euro. Ahora se ha estabilizado en R$ 1,80 frente al dólar, pero está en sólo R$ 2,20 frente al euro. Brasil no ha recuperado competitividad frente al dólar y la ha perdido notoriamente frente al euro.

Si hay una cosa que hemos aprendido de la realidad, es que con los shocks externos positivos debemos ser desconfiados, y eso implica que debemos considerarlos como transitorios y no como permanentes, porque si nos equivocamos en el diagnóstico, el error es menos serio que si lo asumimos como permanente. Sin embargo, da la impresión que el equipo económico está trabajando con el supuesto de que es permanente. Que esta vez la burbuja no se va a pinchar. Y siempre se pinchan, porque está en su naturaleza.

El gobierno parece actuar de ese modo cuando presenta pautas para el presupuesto que le restan todo tipo de margen de maniobra, con un objetivo fiscal muy poco ambicioso y con el gasto absolutamente rígido a la baja, como vimos en columnas anteriores.

El día que se difundieron los nuevos datos sobre el PIB, correspondientes al primer trimestre, el vicepresidente Astori expresó la necesidad de mantener la calma y la prudencia en el ámbito fiscal. Eso significa que el mayor crecimiento que se ha comprobado no debería trasladarse al presupuesto sino a un objetivo fiscal más ambicioso. Entre el mayor crecimiento económico y algo más de inflación que vamos a tener por el mayor tipo de cambio, la recaudación nominal resultará superior a la esperada y dado que el gasto está dado, habrá un mejor resultado fiscal. Por otro lado, los números siguen andando muy bien en la UTE y a pesar de que posiblemente habrá alguna rebaja de tarifas a los efectos de que el IPC no suba demasiado, también por acá habrá mejores números al final del año. No es para nada imposible pensar en llegar al equilibrio fiscal este año y en ese caso, el objetivo debería ser mantenerlo en el resto del período.

Al presidente Mujica le preocupa el tipo de cambio. Tiene razón y la tuvo especialmente cuando hace algunas semanas mandó al equipo económico a hacer algo al respecto. Pero para que ese algo que se pueda hacer sea relevante, y no sólo una acción sobre las expectativas, debe haber dinero con el cual hacerlo. Y ese dinero, genuinamente, sólo puede salir del resultado fiscal. El objetivo del gobierno debe ser por lo tanto volver lo más rápido que sea posible a poder comprar los dólares que necesita para pagar los intereses, unos mil millones anuales, con pesos obtenidos en su gestión fiscal y no mediante deuda.

Los temas de la economía están ligados entre sí y no se ubican en compartimentos estancos. El atraso cambiario que heredó el actual gobierno se debió a la inconsistencia de las políticas económicas en que incurrió el anterior, especialmente cuando apretaba monetariamente mientras que expandía fiscalmente y lo financiaba con más deuda, lo que sucedió en los últimos dos años. El actual gobierno debe antes que nada evitar que esa situación se mantenga, lo que agravaría las cosas. Pero debe también tratar de corregir la situación que heredó. Para poder hacerlo en forma sostenida y genuina, y evitar que un buen día se caiga la estantería, hay que mejorar fiscalmente cuanto antes y en forma permanente. La instancia presupuestal es clave para ello.

JAVIER DE HAEDO

Un proyecto con luces y sombras

Me propongo, aquí y ahora, efectuar algunas consideraciones y reflexiones sobre las normas propuestas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria y de secreto bancario, que se conocieron en su versión final hace dos semanas. En el respectivo proyecto de ley se plantean modificaciones a los impuestos a la renta y al patrimonio, por las cuales se pasa a gravar los activos financieros radicados en el exterior, de las personas físicas residentes. En el caso del secreto bancario, se facilitan las condiciones para su levantamiento por la vía judicial con fines tributarios.

Se trata de cambios importantes e inesperados. Por lo tanto no llama la atención que en forma inmediata a la difusión de una versión inicial del proyecto, se precipitaran comentarios y análisis críticos sobre la iniciativa. Dicha versión inicial iba más lejos que el proyecto definitivo, ya que también ampliaba la tributación a las personas jurídicas, lo que fue removido seguramente como consecuencia de las reacciones provocadas. Pero la intención inicial del gobierno quedó en evidencia, lo que contribuyó a exacerbar los temores que en diversos ámbitos causan cambios como los propuestos.

También coadyuvó a generar temores y dudas sobre el futuro, el hecho de que estas propuestas resulten contradictorias con el discurso y la acción del gobierno Vázquez, y con las contundentes afirmaciones realizadas en su momento tanto por el entonces Presidente, como por su Ministro de Economía, el actual Vicepresidente. Es posible que el notorio cambio de postura de Astori, quien es visto en importantes círculos como el garante de cierto status quo, y proclamado líder del actual equipo económico por el propio Presidente, haya complicado aún más las perspectivas para muchos de quienes se manifestaron opuestamente al proyecto de ley en cuestión, que creen que se ha abierto una Caja de Pandora de la que, auguran, seguirán saliendo peligrosas novedades en el futuro.

Pero resulta que ahora el Presidente es Mujica, y no ya Vázquez ni Astori, quien perdió la interna con Mujica. Y éste expuso el año pasado, en tiempos de la campaña, una visión más afín con lo que ahora se propone.

También creo que hay que ver las tendencias que prevalecen en el mundo en la materia. Hace una semana escribí que no comparto el argumento de que cambiar las reglas de juego es siempre malo y negativo. Hay cambios en usos y costumbres, hay avance del conocimiento y de la tecnología, hay nuevos marcos globales, en fin, puede haber numerosas razones que justifiquen cambios en las reglas de juego.

Y en este caso, guste o no, hay cambios importantes a nivel global. La tendencia mundial es ir hacia una uniformización de los regímenes fiscales en materia de transparencia e información y a que no haya perforaciones al sistema tributario a nivel global, como indudablemente las son los casos de baja o nula tributación. Esto es una realidad aunque resulte falaz el argumento que se incluye en la exposición de motivos del proyecto de ley, que expresa que “la reciente crisis financiera internacional ha dejado en evidencia las deficiencias de las administraciones tributarias para controlar la tributación de los flujos de capitales colocados en el exterior. La enorme materialidad de las cifras que escapan al control de las referidas administraciones, ha sido calificada como una de las principales causas de la crisis financiera”. En realidad la causa de la crisis fue la existencia de controles malos o nulos en los sistemas financieros del Hemisferio Norte. Pero más allá del fundamento equivocado, el mundo va para ese lado.

Y esa tendencia también existe en nuestro país, como la misma exposición de motivos se encarga de destacar, con varios ejemplos: la derogación del régimen especial de tributación de las SAFIs, la creación del IRPF y el IRNR, el levantamiento del secreto bancario en una instancia penal tributaria, la posibilidad de celebrar convenios de intercambio de información para la aplicación del régimen de precios de transferencia.

Veamos ahora las normas concretas que se proponen.

Primero, encuentro razonable que se iguale el tratamiento tributario de los activos financieros de las personas físicas residentes independientemente de que dichos activos estén radicados en Uruguay o en el exterior. Si pagamos IRPF e IPAT sobre depósitos y otros activos que tenemos en nuestro país, no veo argumentos para no tratar de igual modo a los depósitos y otros activos que tengamos afuera. Hablando en plata, en el caso de una persona que tenga un millón de dólares en el exterior a una tasa del 6%, a lo sumo pasaría a tributar US$ 11.200 de los US$ 60 mil que percibe anualmente como renta. Es el caso extremo, con el ajuar al 20% y la tasa máxima del IPAT, de 2%. Es decir que equivaldría a una reducción del retorno del 6% referido, al 4,88% anual.

Segundo, si bien es técnicamente inobjetable, no encuentro sentido a tratar de modo desigual a los extranjeros residentes en el país según sea el caso del IRPF y el del IPAT. En el IRPF se considera a los residentes fiscales en el país mientras que en el IPAT se considera a esos residentes, pero si también son ciudadanos uruguayos. Más allá de que se genera un incentivo perverso, a querer perder la ciudadanía o a no procurar obtenerla, sería conveniente que las mismas condiciones que se requieran para el IPAT se apliquen también al caso del IRPF. Es decir que también se requiera la ciudadanía uruguaya para ser sujeto pasivo del IRPF.

Tercero, en este contexto, el gobierno debería volver a plantearse para el IPAT su utilización como un “impuesto de control” como propuso inicialmente el gobierno Vázquez. La tasa del IPAT debería ser única y muy baja, casi nula pero sin llegar a serlo. En todo caso, el gradualismo previsto para su reducción debería acelerarse. Dado que las medidas propuestas no tienen un propósito fiscal, podría utilizarse la mayor recaudación que se obtuviera, para abatir el IPAT del modo indicado.

Cuarto, si no se procediera de ese modo con el IPAT, la mayor recaudación obtenida debería aplicarse a subir el mínimo no imponible del IRPF. Sería razonable que se incluyera esta norma en el proyecto de ley a efectos de que quede claro que las normas se plantean por razones conceptuales y no fiscales.

Quinto, en el caso de la flexibilización del secreto bancario, la DGI aprovecha a equiparar a sus contribuyentes a los de los países con los que Uruguay tenga convenios de intercambio de información. En el marco de un acuerdo con otro país, Uruguay debe cooperar enviando la información solicitada, previo levantamiento del secreto bancario por la vía judicial. En aquel país se habrán cumplido previamente los procedimientos que estén establecidos en su derecho positivo. Pero eso no es extrapolable a los contribuyentes de la DGI, máxime cuando aquella situación apenas comprende a un puñado de países y es hoy la excepción y no la regla. En Uruguay ya rige un mecanismo para levantar el secreto bancario a efectos tributarios, en caso de defraudación. Extender esto a situaciones de mera fiscalización por parte de la DGI es un exceso evidente.

Sexto, si se optara por mantener la idea de levantar el secreto bancario ante un simple pedido de la DGI, se debería generar una instancia no civil, como está previsto, sino de juzgados especializados en materia tributaria. Y debería vincularse la vigencia de estos cambios a la existencia de dichos juzgados.

JAVIER DE HAEDO

De todo como en botica

Desde mi columna anterior en Voces, la primera, a hoy, han surgido numerosos temas, lo que me lleva a querer tratarlos a todos, aún a riesgo de ser escaso en el análisis de cada uno, antes que a priorizar a uno por sobre el resto. Por eso el título elegido.

Primero, la marcha de nuestra relación con Argentina. Transcurrió un nuevo encuentro presidencial sin conclusiones claras para el público, pero, como expresé aquí hace dos semanas, debemos todos asumir que hay aspectos que no trascienden y que seguramente no tenemos toda la información para juzgar el desempeño de nuestro Presidente. Esta vez asomó un camino de solución, en la medida en que se expresó por la delegación argentina que si hubiera un fallo judicial que lo ordenara, se desalojaría el piquete en Puerto Unzué. Y, más aún, se estaría en las cercanías de un fallo judicial en la sede de Concordia que habilitaría ese proceso.

Segundo, la Asamblea General, con los votos del Frente Amplio, aprobó una fórmula para la integración de la delegación uruguaya en el Parlamento del Mercosur. Este órgano puede decidir su propia integración y los países de mayor tamaño y población impulsan una “representación proporcional atenuada”, es decir que se les reconozca más bancas que a los países de menor tamaño y población, pero no en proporción estricta con las respectivas poblaciones. En las elecciones de octubre el Frente Amplio no llegó al 50% de los votos. En el Parlamento sí tiene mayoría en ambas cámaras pero no la suficiente como para quebrar una proporción de paridad entre oficialismo y oposición si el número de bancas en disputa, como en este caso, es par, ya que son 18. El Frente Amplio impuso por mayoría simple su propia fórmula, con 10 bancas para sí mismo y ocho para la oposición (cinco para el Partido Nacional y tres para el Colorado), que no guarda relación con la realidad política del país. Creo que el Frente perdió, una oportunidad para dar una señal de que es partidario de políticas de Estado en temas como el de la política exterior, que es precisamente y por su naturaleza, uno cantado para el consenso nacional. Debería haber cedido una banca al Partido Independiente de modo que todos los partidos con representación parlamentaria local estuvieran representados en el del bloque. Tercero, he visto que la profesora Olivera ha vuelto a señalar, ahora electa, que no podrá bajar las patentes en Montevideo cuando sea Intendenta y que en todo caso sólo podría hacerlo si recibiera mayores transferencias desde el Gobierno Central. Si hay una cosa que le reconozco a Olivera es su previsibilidad: no se podía esperar otra cosa de ella. Así que de la situación actual, en la que los montevideanos huyen en la búsqueda de lugares donde pagar menos patente, porque en Montevideo es cara por la extraordinaria magnitud de su presupuesto, sólo se puede salir pidiendo a los ciudadanos del Interior que paguen más impuestos para que en Montevideo las patentes puedan bajar. En fin, ¡qué cinco años que nos esperan en la Capital! Cuarto, el Presidente manifestó su preocupación por la baja cotización del dólar, en su audición del viernes 4. Dijo que el aumento de la productividad no alcanza para compensar la caída del dólar.

Recientemente el Presidente del BCU acudió a indicadores alternativos a los convencionales, sobre tipo de cambio real, para relativizar la situación. Sin embargo, los indicadores que el propio BCU publica en su Web muestran una considerable pérdida de competitividad con todos los mercados excepto Brasil y niveles de tipo de cambio real muy inferiores en esos casos a los promedios históricos. El “atraso cambiario” con relación a los promedios históricos llega a superar el 20% con el resto del mundo y el 35% con fuera de la región.

Siguiendo la tradición de pegarnos al más caro del barrio, nos hemos ligado en esta oportunidad a Brasil, que es objeto de una burbuja financiera que tiende a fortalecer su moneda. El lunes 7 el MEF anunció que reforzará las compras de dólares a partir de la emisión de papeles en moneda nacional. O sea, más de lo mismo de lo que se venía haciendo por el BCU. Es el mismo perro con distinto collar. Las medidas deberían ir por el lado monetario, reduciendo al mínimo las tasas de interés que paga el Estado por papeles en moneda nacional, y también reduciendo al mínimo la emisión de esos papeles, que en mayo, sin ir más lejos, fue de unos US$ 140 millones netos de vencimientos. Alta oferta de papeles con tasas altas incentiva la entrada de capitales especulativos y tiende a deprimir más el tipo de cambio. Y debería evitarse entrar en el camino de las devaluaciones fiscales, mediante medidas tributarias sectoriales que compensen el bajo nivel del tipo de cambio para sectores concretos.

Quinto, y quizá el tema que más ha estado en el tapete en las últimas dos semanas, las modificaciones anunciadas a la tributación al IRPF y al régimen de secreto bancario. Sin entrar hoy al análisis de lo que se ha anunciado, creo que hay un elemento que no ha sido mencionado y viene al caso. Se ha dicho por parte de funcionarios del Gobierno que el propósito de la reforma en el IRPF no es “fiscalista” o recaudatorio, sino de tipo conceptual. Estimaciones privadas sitúan en unos US$ 30 millones al posible aumento de la recaudación que se puede obtener una vez que estén vigentes las nuevas normas tributarias. Sea la cifra que sea, y para reafirmar el propósito no recaudatorio de las medidas, haría bien el Gobierno en comprometerse a que todo peso que se recaude por esa vía se destine a reducir el mismo impuesto para quienes menos niveles de ingreso tienen. En este sentido,, sería pertinente que el Gobierno se comprometiera a subir el mínimo no imponible del IRPF y el IASS por un importe equivalente al de la mayor recaudación obtenida.

Por último, he leído y escuchado comentarios y análisis que advierten sobre algunos peligros implícitos en diversas acciones, omisiones, medidas o políticas que impulsa el Gobierno. Se habla de que el Gobierno tiende a ceder en materia de soberanía y a avanzar en materia de meterse en la privacidad de las personas. Ha habido connotadas figuras públicas que han coincidido en ese sentido, y enumeran “perlas” de un collar que a su juicio ya ostenta demasiadas.

Quienes sostienen que el Gobierno cede soberanía, señalan que se afloja ante la OCDE en materia de secreto bancario, que no se hace frente con firmeza ante la actitud del gobierno argentino con relación al conflicto binacional que ya lleva varios años, y que, como en el caso aludido del Parlamento del Mercosur, se cede ante los países más grandes en su pretensión de tener una mayor representación en ese órgano. También consideran que se avanza en cuanto a meterse en la privacidad de las personas, cuando se propone la flexibilización del secreto bancario, o la obligación de declarar activos financieros en el exterior, o la difusión por parte del BCU de la categorización y montos de deudas de las personas, o la eventual difusión de deudores de la DGI. Es cierto que todo ese collar, así planteado, es preocupante, pero en él hay de todo, ya que contiene cosas más o menos compartibles. En cualquier caso, no deja de ser una luz amarilla que se ha encendido y respecto de la cual deberemos estar muy atentos.

Javier de Haedo

Dólar: el gobierno se quedó solo

En recientes presentaciones públicas, el presidente del BCU, Mario Bergara, se refirió al mercado cambiario uruguayo de una forma muy gráfica y acertada. Dijo que dicho mercado consiste en que el Estado le compra anualmente dólares al sector privado por unos 10 puntos del PIB, unos US$ 3.000 millones, mientras que la desdolarización, al ritmo que se viene procesando, agrega que se vendan dólares por otros cinco puntos del PIB anuales.

Lo que Bergara describe acertadamente es una realidad estructural de nuestro mercado de cambios, más allá de los números involucrados. Dejando de lado por el momento el efecto de la desdolarización, es evidente que en nuestro país el sector privado es generador neto de divisas y por lo tanto participa en la oferta de dólares, mientras que el sector público es demandante neto de dólares. ¿Por qué demanda dólares el Estado? Muy sencillo: es obvio que no los produce, ya que sus ingresos, es decir los impuestos o los ingresos de las empresas públicas, son en moneda nacional, mientras que tiene egresos en dólares por intereses, petróleo, maquinaria y equipos importados y, en los últimos años, electricidad.

Por fin aparece un funcionario de alto nivel describiendo esa realidad estructural de nuestro mercado y que viene a explicar implícitamente que no toda compra de dólares por el Estado es para “sostener” el tipo de cambio o “defender” el precio del dólar, como equivocadamente leemos y escuchamos casi a diario. Queda claro que hay una cifra extraordinaria de dólares que compra el Estado porque debe hacerlo y punto. Obsérvese que 3.000 millones en 240 días hábiles dan un promedio de US$ 12,5 millones por día.

Pero este punto nos lleva inmediatamente a otro que ni Bergara ni otros funcionarios han señalado como deberían haber hecho. ¿Qué pasa cuando el Estado no compra esos aproximadamente 3.000 millones? Porque precisamente esto es lo que ha venido sucediendo desde 2008. El Gobierno Central no ha venido generando el superávit primario en pesos que necesita para comprar genuinamente los casi mil millones de dólares que le insume la cuenta de intereses. ANCAP y UTE, mientras tanto, tampoco han estado comprando con pesos los dólares necesarios para pagar sus importaciones. ¿De dónde han salido entonces los dólares que el Gobierno Central, ANCAP y UTE han utilizado para pagar sus intereses, petróleo y electricidad? Simplemente de más deuda pública. En el caso del gobierno es obvio, ya que no ha realizado las compras habituales en el mercado y ha pagado puntualmente los intereses. En el caso de las dos empresas públicas referidas, se acumularon deudas por cientos de millones de dólares, alcanzando cifras de endeudamiento considerables a finales de 2009, más de 500 y de 800 millones de dólares respectivamente.

Ahí es donde empiezan los problemas. Al salir parcialmente del mercado el demandante neto de dólares, mientras que el oferente neto sigue ahí, se produce un desequilibrio en el mercado que tiende a la caída del precio del dólar. Esto es tan viejo y conocido en nuestro país, como pocas cosas: si en vez de comprar dólares con recursos genuinos el Estado se endeuda, genera atraso cambiario.

Quienes generan dólares y los quieren convertir en pesos para realizar las transacciones domésticas, van a ir al mercado a ofrecerlos y esta vez no van a encontrar al comprador habitual y principal. Entonces aparece el BCU “defendiendo” el precio del dólar, sólo en apariencia. Y compra dólares y emite Letras en pesos para sacar los pesos que inyectó con la compra de dólares. Y son muchos dólares y las tasas son altas. Y con tasas altas, hay incentivos para “desdolarizar” depósitos o activos financieros locales y también para quienes especulan desde afuera como suelen hacer cada vez que en algún lugar del mundo se les da la oportunidad de ganar dinero fácilmente. No se trata en su mayor parte de una desdolarización auténtica sino espuria, pero tiene el mismo efecto y ahí están los cinco puntos adicionales del PIB a que alude Bergara.

En definitiva el Estado no está comprando los dólares que debería comprar y con los recursos que debería utilizar para ello, y en cambio aparece comprando los dólares por otra vía, que le resulta extraordinariamente costosa y que contribuye a agravar el problema en la medida en que incentiva un cambio de portafolios adicional al que quizá naturalmente se daría.

Lo que no es cierto ni justo es que aparezca, en este contexto, el BCU como el bueno de la película porque defiende un tipo de cambio determinado. Y exhibe millonarias compras de dólares como justificación de su acción, lo que es creído como cierto hasta por el Ministro de Ganadería y Agricultura, que termina apoyando una política monetaria y cambiaria que afecta más que a ninguno, a su propio sector productivo, el más exportador de todos.

Felizmente el gobierno se va quedando sólo en esa visión y colegas que hasta hace poco tiempo la compartían y por lo tanto le daban sustento a la posición oficial ya se han dado vuelta, incluso hasta los más monetaristas. En un reciente foro de economistas se escucharon cosas muy fuertes en ese sentido: que no nos podemos pegar a Brasil porque allí se está generando una burbuja excepcional de precios en dólares; que de hecho el BCU trabaja con un tipo de cambio fijo; que los diferenciales entre las tasas de títulos en pesos y en dólares estimulan la entrada de capitales y eso a su vez pronuncia más la baja del tipo de cambio; que la situación actual se parece a las de 1979 y 1998; que la política monetaria no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar fenómenos de expansión del consumo que presionan al alza al peso uruguayo; que se requieren esfuerzos en el terreno fiscal y en la política salarial; que debería llevarse a cero la tasa de interés de corto plazo; que los fundamentos cambiarios del actual precio del dólar son tramposos; que por ser una economía altamente dolarizada se debería poner mucho mayor énfasis en el papel contra cíclico de la política fiscal para evitar que el esfuerzo antiinflacionario recaiga excesivamente en el tipo de cambio.

En fin, una batería de argumentos que no es nueva, al menos para los lectores de esta columna, pero que viniendo ahora del destacado conjunto de colegas que la sostiene adquiere una fuerza considerable. Esperemos que desde el gobierno se escuche más y se hable menos y que, especialmente, se empiece a trabajar para que este esquema perverso se sustituya por uno virtuoso, donde el Estado compre dólares con superávit y donde deje de estimular al alquiler transitorio de la confianza en el peso, que distorsiona la visión sobre la verdadera y saludable desdolarización de la economía.

Mientras tanto, mes a mes se sigue deteriorando el tipo de cambio real. Ahora se conocen los datos oficiales a abril, producidos por el mismo BCU que preside Bergara, y que muestran que se está más de 20% por debajo del nivel de tipo de cambio real promedio histórico con relación al resto del mundo y casi 35% por debajo, con relación a fuera de la región. Con el resto del mundo estamos igual que en el segundo trimestre de 2002 y con fuera de la región, igual que en el trienio 1998-2000. Tenemos el mismo tipo de cambio nominal de agosto de 2008, pero con precios internos 12% más caros y salarios más de 20% superiores. Mientras tanto, nuestros precios de exportación están un 20% por debajo de los de entonces. ¿Qué más evidencia se necesita?

JAVIER DE HAEDO

Los números psicológicos

Ya casi han transcurrido tres meses desde que asumió el actual gobierno y hay quienes empiezan a sacar las cuentas sobre lo que se ha hecho o no en tantos días, semanas o meses de gestión.
Seguramente se escribirán artículos y se hablará en entrevistas del “balance de los primeros 100 días” e incluso algunos van a salir a decir que se ha perdido la tal oportunidad de hacer cosas, que los primeros 100 días son claves, y cuestiones por el estilo.

Es habitual que se busquen referencias numéricas para casi todo, desde el deporte hasta la política o la propia vida de uno, o el tipo de cambio. Incluso hay quienes definen a algunos números como barreras psicológicas, nada menos. Seguramente ese sea el caso de los 20 pesos para el dólar, o el uno a uno cada vez más cercano del dólar frente al euro, o los números redondos de las edades.
También es el caso de los primeros 100 días de gobierno.

Yo no creo en esas barreras numéricas, si bien los números son, para mí, muy importantes, sin ir más lejos debido a mi propia profesión. En el caso de un gobierno, para empezar, eso de los cien días o tantos meses depende de si el gobierno en cuestión tiene mayoría propia o si no la tiene.

Si la referencia a los plazos se efectúa por la capacidad de aprobar leyes, el gobierno de Tabaré Vázquez la tuvo hasta el último día. De hecho a poco de irse Vázquez logró imponer la realización de las elecciones municipales a las que se oponían quienes entonces eran el presidente y el vicepresidente electos. A poco tiempo de terminar su mandato Vázquez exhibió como un logro la aprobación legal de una “reforma de la enseñanza”, nada menos.

Ahí hay un claro ejemplo de capacidad de aprobar leyes hasta el final del período usufructuando una mayoría propia y apelando al affectio societatis partidario.

El actual gobierno también tiene mayoría propia en las dos cámaras del Parlamento y por lo tanto no tiene por qué andar a las apuradas. Obviamente, la capacidad de aprobar leyes no asegura la calidad de las leyes aprobadas.
El apuro en realizar las elecciones municipales coadyuvó al rechazo popular, especialmente en Montevideo, que tuvo el nuevo régimen electoral.
El otro ejemplo referido, la ley sobre la enseñanza, también viene al caso, porque fue más un saludo a la bandera que un conjunto normativo adecuado y relevante.

Entonces no debemos ser ansiosos y debemos ver las cosas con tranquilidad. Efectivamente, tenemos un gobierno al que todavía se le puede considerar “nuevo”, si bien se trata del mismo partido que gobernó en el período anterior y muchas de las personas que tuvieron roles importantes en aquél también lo tienen ahora. Quizá el caso más notorio en ese sentido sea el del equipo económico.

Pero hay varios más, en ministerios y entes autónomos. Yo creo más en las continuidades que en los sobresaltos y tiendo a ver bien los relevos de gobierno que trasmiten continuidad más que rupturas. No creo en los gobiernos fundacionales sino que cada nuevo gobierno sea como un enano que se sube en los hombros de un gigante. De lo otro ya tenemos bastante en el barrio y por suerte nos parecemos bien poco a esos casos.

De todos modos, en estos casi tres meses han pasado unas cuantas cosas, gusten o no. ¿Qué tal si hacemos un repaso?

Primero, sin tener necesidad de hacerlo, porque cuenta con mayoría propia, el Presidente Mujica dio entrada a los partidos de la oposición en la estructura de cargos de dirección en el Estado, asignándoles más de 50 posiciones. No tenía obligación constitucional de hacerlo, pero igual lo hizo. Ahora cabe esperar que los partidos tradicionales respondan a esa invitación con nombres que los prestigien y que prestigien a los cargos a ocupar, a diferencia de lo que muchas veces sucedió en el pasado, como por ejemplo cuando se utilizaban estos cargos como “premios consuelo”. Y que quienes los ocupen no sólo vayan con el mandato de “controlar”, como se ha expresado, sino también con el de ayudar a gobernar.

Segundo, el restablecimiento de las relaciones con Argentina. Soy parte de la mayoría que no quedó feliz con el apoyo (que lo fue) a la candidatura de Kirchner a la Unasur. Pero le concedo la derecha a quien está al mando, que seguramente ha de tener bastante más información que yo para proceder de ese modo. Creo que se trata de un caso en el que hay que darle tiempo al tiempo para verle las patas a la sota. A propósito, ¿qué es la Unasur? ¿Para qué nos puede llegar a servir?

Tercero, hemos cambiado de gobierno en momentos en que vuelven a manifestarse síntomas de una crisis mundial no resuelta y la confianza en el país se mantiene. El nuevo gobierno invita a inversores del exterior a venir y todo indica que encuentra buena receptividad.

Cuarto, se anuncia por parte del gobierno que las prioridades serán la emergencia en materia de vivienda, la infraestructura mediante asociaciones público-privadas y las políticas en materia de seguridad pública. ¿Alguien puede discrepar con la agenda?

Quinto, el Presidente es coherente con su discurso del primero de marzo en materia de política comercial y decide poner sobre la mesa el tema de la importación de carne aviar. Sexto, Mujica juega fuerte (por ahora sólo en el discurso, es verdad, pero en Uruguay y en el Frente, no es poca cosa) con relación a la Reforma del Estado, a la situación de los funcionarios públicos y a los recursos para la enseñanza pública.

El ¿Presidente puso en el foco de la atención a los funcionarios del sector público, a las inequidades salariales en el Estado, a la inamovilidad y a su productividad. En el caso de la enseñanza pública, el Ministro Lorenzo anunció que se mantendrá el 4,5% del PIB pero que no habrá ni un peso más. En el caso de los sueldos públicos, sólo habrá mejoras puntuales y concretas en incisos sumergidos, como Interior y Defensa. Hay que ver si después se banca todo esto, pero en principio está muy bien.

En fin, a mi modo de ver las cosas, no es poco todo esto. No es cuestión de aprobar leyes para batir récords de cantidad o de tiempo. Cantidad y apuro no son garantía de calidad legislativa. Es preferible ir marcando la cancha como se ha hecho en estos meses con claridad y luego vendrán las iniciativas acordes con las definiciones realizadas.

Una de ellas, y de las primeras, será la Ley de Presupuesto, dado que existen plazos constitucionales para su tratamiento parlamentario. Allí se verá la coherencia entre el discurso y la acción y hasta dónde podrá “bancar” el gobierno la embestida desde los sindicatos de funcionarios públicos, que será muy fuerte. ¿Se mantendrá unido el Frente ante esa situación? ¿Mantener la unidad será al precio de ceder? ¿Terminará votando dividido? ¿Necesitará de votos de la oposición para aprobar el Presupuesto? ¿Se los dará la oposición? El gobierno anterior optó por priorizar la unidad partidaria y el costo fue el “no al TLC”.

Nos quedamos sin saber qué habría pasado si el Frente hubiera votado dividido y si en ese caso la oposición hubiera o no dado sus votos para sacar las castañas del fuego al gobierno. ¿Podremos averiguarlo esta vez?

Por Javier de Haedo

Javier de Haedo cierra su campaña junto a los jóvenes.

Este jueves 6 de mayo Javier de Haedo cierra su campaña municipal junto a la juventud de Alianza Nacional.

Te esperamos a las 19:30 hrs. en la Sede Central (18 de julio 2060 c/ Martín C. Martínez).

De Haedo denuncia falta de presencia de Olivera

Según Javier de Haedo, candidato nacionalista a la comuna montevideana, Ana Olivera no solo no quiere debatir sino que permanece alejada de los medios para no discutir sus propuestas.
Imágenes gentileza de Teledoce.

En el camino de la historia

Javier De Haedo, el candidato de Alianza Nacional a la IMM, dijo que si gana el Frente Amplio ésta será su peor gestión. Aseguró que los ciudadanos se acostumbraron a una ciudad sucia y a las patentes caras y por eso llama a “despertar Montevideo”. Por otra parte sostuvo que junto a Ana Lía Piñeyrúa está contribuyendo a cambiar la historia del Partido Nacional.

Javier De Haedo nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1961. Economista de profesión, también estuvo vinculado al periodismo en los últimos 25 años. Integró el equipo económico del gobierno del Partido Nacional (1990 – 1995), llegando a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Después de un paréntesis largo y autoimpuesto, decidió volver a la actividad pública al inicio de 2009 apoyando la entonces precandidatura de Jorge Larrañaga, siendo electo convencional y senador suplente de Larrañaga. Ahora es candidato a la Intendencia de Montevideo.

-¿Por qué considera que si gana el Frente Amplio ésta va a ser su peor gestión?

-Porque los gobiernos del Frente Amplio vienen de mal en peor, cada uno fue peor que el anterior.

-¿A qué se refiere concretamente?

-A los resultados: cada vez la ciudad está más sucia, con menos seguridad, yo creo que está cada vez peor. La prueba es que ahora el Frente Amplio no tiene ni siquiera la mayoría que tuvo en las últimas elecciones, cuando (Ricardo) Ehrlich ganó con el 61%. La gente se está dando cuenta que no hay que votar con la camiseta, sino que en el caso de la comuna hay que buscar al mejor intendente. Creo que la permanencia de un mismo partido en una función de gobierno tiende a que haya una modorra, una falta de renovación y si hay alguien que no puede renovar Montevideo es Ana Olivera.

-¿Qué quiere expresar con el slogan de su campaña “Despertá Montevideo”?

-Cuando irrumpió el Frente Amplio hace 20 años en Montevideo y hace cinco años a nivel nacional la palabra clave era “cambiemos”. En el caso del país van cinco años con buenos resultados, pero a nivel departamental 20 años es mucho. El paso del tiempo no es gratuito y lo tenemos que hacer valer. Nos hemos acostumbrado a la ciudad sucia, a los carritos, a las patentes caras, a las contribuciones caras, a las colas en la intendencia, entonces “Despertá Montevideo”. No dicho desde una nube, no con un sentido de sabelotodo: despertemos todos.

-Otra de sus fuertes discrepancias con el Frente Amplio es la relación que tiene la IMM con Adeom, donde señala que hay una especie de cogobierno. ¿A qué hechos se refiere?

-El Frente Amplio en Montevideo nunca terminó de asumir que era gobierno, está en una indefinición de roles, si es gobierno o si es correligionario de los dirigentes de Adeom. Esa confusión llevó a que en última instancia no fuera claro el mando en la Intendencia. El intendente es un representante de la soberanía popular, de los electores, de los ciudadanos, y no puede representar a ninguna corporación. Tiene que estar por encima del bien y del mal.

-¿Entiende que el Frente Amplio estaría representando a Adeom?

-No representando, pero sí dando un espacio que no debe tener. No se pueden plantear los sueldos mínimos que ha propuesto Adeom cuando no son las realidades de nuestro país. Si se siguiera la línea del gremio, el presupuesto de la Intendencia sería mayor, la proporción de salarios en el presupuesto sería todavía más grande y habría que cobrarle más impuestos a la gente, entonces habría que subir más la patente, lo que forma un círculo vicioso.

-¿Qué propuestas implementaría en el primer año de gobierno en caso de que resultara electo?

-Lo primero es la seguridad. Este no es un tema de color político ni de jurisdicción geográfica, tiene que involucrar al gobierno departamental y al gobierno nacional.
En segundo lugar está la limpieza. Tenemos dos sistemas en paralelo: uno que realiza la Intendencia y otro que realizan 10.000 carritos. Creo que la IMM tiene que retomar el control general del proceso y rediseñarlo para que esas mismas personas puedan seguir trabajando pero en condiciones humanas y dignas.
El tercer asunto es modificar la proporción entre lo que la gente paga de impuestos y lo que recibe en servicios y obras. El propósito sería hacer una auditoría de Recursos Humanos para evaluar al personal, ver si hay excedentarios, establecer un plan de prejubilaciones y generar ahorro a corto plazo para poder invertir y brindar mejores servicios.

-Esta contienda donde cada sector del Partido Nacional presenta sus candidatos por separado, ¿sirve también para mostrar sus diferencias ante la ciudadanía después de la fusión que exhibieron en las elecciones nacionales?

-Aquí lo que se está haciendo no es separar ni nada que se le parezca, sino actuar como lo hace el Partido Nacional en todo el país y como también lo hace el Partido Colorado y el Frente Amplio con mínimas excepciones. A nivel de Montevideo el Partido Nacional está teniendo una recuperación importante. Creo que con la candidata Ana Lía Piñeyrúa estamos contribuyendo a cambiar la historia del Partido Nacional: que ahora esté segundo en la intención de voto y creciendo, es histórico. Se están modificando los escenarios y yo me siento parte de la historia.

-Según las encuestas Ana Olivera será la futura intendenta de Montevideo. En vista de este pronóstico, ¿cuáles son las aspiraciones de su candidatura?

-Es ver qué pasa el 9 de mayo. La última encuesta de Factum mostró un 45% para Ana Olivera que a mí me llevó a pensar que está perdiendo entre 1% y 2% por semana. Si se mantiene esa tendencia de pérdida de votos, el día de la elección puede estar abajo del 40% y si está abajo del 40% puede pasar cualquier cosa. Por eso es que yo estoy llamando a los votantes independientes, colorados y frentistas que puedan estar cansados de esta gestión que no ha dado buenos resultados. La alternativa al Frente Amplio es el voto al Partido Nacional.

-Aunque usted no gane las elecciones municipales y lo haga Ana Olivera con un 40%, ¿esa ya sería una batalla ganada?

-Creo que cambiar una tendencia histórica es un muy buen principio, pero el final es llegar al gobierno. La carrera esta es una maratón, hay que dejar el barco bien rumbeado para que enfile para el puerto que queremos.

Patricia Sabelin / Montevideo Portal

Acto de cierre de campaña junto a Larrañaga, Matilde y Javier de Haedo

Este lunes 3 de mayo a las 19:30 hrs.
Matilde cierra su campaña por la candidatura a la alcaldía del municipio CH. La cita es en Che Montevideo (Rambla Gandhi 630 esq. 21 de setiembre).
¡Los esperamos!

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