Larrañaga: Convocaremos a una Asamblea General

Tener respuestas contundentes.
El senador y líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga habló sobre el proyecto del Partido Nacional que plantea modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia

Pedido de informes sobre Pérez Riestra

Otro que entró por la ventana¿?!!!!

Es de público conocimiento el procesamiento del Procurador del Estado, Dr. Gualberto Pérez Riestra.

Con respecto a ese lamentable hecho, el Diputado Gonzalo Novales, solicitó una serie de informes al Ministerio de Educación y Cultura tendientes a esclarecer detalles de la designación del ex Procurador.

Parte de la comunicación del Diputado Nacionalista se transcribe a continuación:

“Dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, como elemento garantista, no solo de los intereses estatales sino, y fundamentalmente, de forma de dar seguridad y transparencia a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, encontramos al Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.

En el año 2009, el entonces Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 317 de la Constitución de la República, estimó pertinente designar para esa función al Sr. Pérez Riestra. Sin duda alguna que, esta designación, debió estar precedida de un estudiado y pormenorizado análisis de la persona que ocuparía tan importante cargo.

Hoy en día, a la luz de los recientes hechos conocidos por todos, entendiendo que la designación no fue para nada acertada, solicito a usted se informe lo siguiente:

1. ¿Cuál es la fecha de ingreso a la función de Fiscal del Estado?
2. ¿Hubo un proceso de selección para el llenado de la vacante que ocupó el Dr. Pérez Riestra?
3. En caso afirmativo ¿cuál fue este proceso de selección y en que consistió el mismo?
4. El actual Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo ¿ha sido separado del cargo y desde que fecha?
5. En el caso de confirmarse los hechos que hoy en día se investigan, ¿se realizó una estimación pecuniaria del perjuicio causado por el accionar del Procurador del Estado? Además, en este mismo sentido ¿se realizó una estimación monetaria sobre los eventuales juicios que podremos hacer frente los uruguayos por esta errónea designación?
6. Cualquier otra información que entienda pertinente informar respecto de este tema”

Novales expresa su preocupación no sólo por la poco feliz designación, además porlos montos que el Pueblo Uruguayo deberá pagar para responder a los posibles juicios que el Estado pierda vinculados al tema.

Proyecto interpretativo reactiva procesamiento de los Peirano

Desde Alianza Nacional se busca corregir la situación generada en el Parlamento con la derogación de aquel artículo que permitió el archivo de la causa de los hermanos Peirano Basso. Para eso, se presentará un proyecto de ley interpretativo de normas vigentes. “Impulsamos este proyecto porque entendemos que es lo correcto. Acá lo justo es que los hermanos Peirano estén sujetos a procedimiento”, afirmó el senador Jorge Larrañaga.
Proyecto interpretativo reactiva procesamiento de los Peirano

“No nos queremos quedar con los brazos cruzados frente a una interpretación contradictoria que existió de la derogación del artículo 2 de la Ley 18.411 que derogó el artículo 76 de la ley 2230. Es evidente que hubo contradicción entre el fallo del Juzgado Letrado y del Tribunal de Apelaciones en lo Civil”, afirmó el senador Jorge Larrañaga en el programa En Perspectiva.

“Este proyecto fue redactado por el doctor Juan Andrés Ramírez que es un reconocido jurista y catedrático del país que, a su vez, tuvo la consulta de otros especialistas de la materia. Esto no es el impulso de brutalidad ferocidad del senador Larrañaga, del senador Moreira, del senador Da Rosa o del propio senador Abreu que va a ser firmante también de esta iniciativa. Es una iniciativa que está estudiada, discutida que podrá generar controversia en función de la existencia de distintos pensamientos jurídicos sobre una ley de estas características pero que pretende devolverle la condición general a aquella ley derogante que dos años después, por aplicación de fallos judiciales contradictorios, dejó al Parlamento en una posición de enorme fragilidad”, informó Larrañaga.

El líder de Alianza Nacional puso énfasis en que esta ley interpretativa tiene alcance general. “No solamente se va a aplicar al caso de los Peirano que van a ser encausados, sino que va a ser aplicada a todo otro caso similar”.

“De lo que se trata es de evitar de que una incorrecta interpretación judicial de los artículos 15 del Código Penal y séptimo del Código del Procedimiento Penal haya transformado el artículo 2 de aquella Ley 18.411 en una ley con nombre y apellido”, afirmó.

“Este proyecto de ley tiene como finalidad realizar una interpretación auténtica del orden jurídico vigente al tiempo de sanción del artículo 2 de la ley 18.411. Las leyes interpretativas no son asépticas, intentan modificar realidades planteadas. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que es totalmente pertinente la interpretación legislativa auténtica, determinando que la voluntad del legislador pueda ser la de rectificar total o parcialmente la interpretación judicial de ese momento, máxime cuando no atropella principios constitucionales de que no hay delito ni pena sin ley que lo establezca, máxime cuando no se atropella tampoco la retroactividad de la ley más benigna, porque no hay cosa jugada sobre este auto de clausura de los procedimientos de los hermanos Peirano”, explicó el parlamentario.

“Lo que queremos es rescatar que esta ley pueda ser interpretativa del inciso segundo del artículo 15 del Código Penal y del inciso segundo del artículo séptimo del Código del Proceso Penal, en cuanto no provoca la cesación del procedimiento si suprimiese un delito por el cual se hubiera procesado a un sujeto, si al tiempo de la promulgación de la ley derogante, este estuviese imputado de otro o de otros delitos en la acusación fiscal. En buen romance: esto restablece como ley interpretativa la situación anterior a la derogación famosa del artículo 76 de la Ley 2230”.

“No se quiso optar por el camino de la derogación de la ley derogante del artículo 76 de la Ley 2230. Se optó por la vía de una ley interpretativa que es una facultad del legislador que, como ley interpretativa, innova y tiende a buscar corregir las contradicciones que pudiera existir en la jurisprudencia, sin avanzar hacia el Poder Judicial, en el plano de las competencias del Poder Legislativo”, observó Larrañaga.

“En este caso, lo que pretendemos es devolverle a la ley derogante 18.411, que derogó el artículo 76 de la Ley 2230, devolverle su carácter genera y abstracto. Bajo ningún punto de vista pudo haber sido la intención del legislador que por carambola de la revocación de la sentencia del Juzgado Letrado, se termine con la clausura del procedimiento de los hermanos Peirano”.

“Esto lo que recobra es la continuidad del procedimiento interrumpido y sus efectos sobre los encausados”, agregó Larrañaga.

“No hay retroactividad de la ley más benigna, no hay violación del principio principio non bis in idem, no hay violación del principio nulla poena sin el previa ley, no hay violación tampoco de los derechos adquiridos porque acá se trata de una sentencia interlocutoria, la de clausura, que todavía no pasó en autoridad de cosa juzgada, en mérito de que está interpuesta de recurso ante la Suprema Corte de Justicia”.

Fuente: El Espectador
Lea el Proyecto de ley

Proyecto blanco intenta evitar clausura de caso Peirano Basso.

Larrañaga quiere interpretar la derogación del artículo 76 de la ley 2.230

El senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, junto a los senadores de su sector, está preparando un proyecto de ley para “rehabilitar” la causa de los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso, clausurada por la derogación del artículo 76 de la ley 2230, relacionada con el fraude.

La eliminación de ese delito fue incluida en una ley de 2008, dirigida a acelerar la entrada en vigencia de un nuevo procedimiento de quiebras. Uno de sus autores, el senador blanco Sergio Abreu, dijo que lo hizo a sugerencia del ex canciller frentista Gonzalo Fernández, algo que este niega.

El semanario Búsqueda informó ayer que la esposa del ex canciller, Cecilia Salom, incluyó a Fernández como abogado en la defensa de uno de los ex ejecutivos del Banco Montevideo. La publicación incluso dijo que la Justicia indaga si Fernández incurrió en el delito de “conjunción del interés personal y del público” al haber promulgado, como canciller, la ley que derogó el artículo 76 y que a la postre derivó en la clausura de la causa de los hermanos Peirano Basso. Esa clausura fue apelada.

Ley Larrañaga.
En tanto, el sector blanco Alianza Nacional está culminando la redacción de un proyecto de ley interpretativo del Código Penal y del Código del Proceso Penal para corregir “las dificultades interpretativas” provocadas por la derogación de la ley de fraude del artículo 76, dijo Larrañaga.

El líder blanco, junto a los senadores Carlos Moreira, Heber Da Rosa y Sergio Abreu, se ha estado reuniendo con especialistas para redactar el articulado.

“El proyecto de ley tiene por consecuencia la rehabilitación de los procesos penales clausurados, todo ello actuando en el plano que le corresponde al Parlamento sin vulnerar a la Justicia”, dijo Larrañaga.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry se refirió a la nueva información sobre Fernández, que a su juicio le “tomó el pelo” al Parlamento cuando se deslindó del caso Peirano Basso. “En este tema hay que manejarse con cuidado porque se trata de hechos muy graves que, de confirmarse, van a tener consecuencias de todo tipo”, agregó. Dijo incluso que “Fernández no fue leal”.

Fuente: El Observador

Sergio Abreu: “Estamos aspirando a que la reforma tributaria pase por un juez especializado”

El senador por Alianza Nacional Sergio Abreu convocó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al canciller, Luis Almagro. El legislador explicó que la “convocatoria es para que el ministro de Economía y el ministro de Relaciones unifiquen el criterio en materia de política comercial”. En especial explicó que “Argentina quiere incluir en el código aduanero la posibilidad de que haya detracciones como establecen las últimas políticas tributarias para las exportaciones”. “No compartimos ese criterio y creemos que no se debe incluir”, agregó.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el subsecretario, Pedro Buonomo, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, fueron convocados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para que expliquen la política cambiaria que va a aplicar el gobierno.

Se trata de una moción presentada por el senador de Propuesta Batllista José Amorín. La convocatoria se conoció el mismo día en que el BCU y el Ministerio de Economía resolvieron mantener la tasa de interés de referencia para operaciones entre bancos, basándose en la necesidad de monitorear presiones inflacionarias que derivan del contexto internacional.

Pero hay otros temas que se han abordado por el equipo económico en el Parlamento: la política comercial y la tributaria.

***

JAE – En materia de política comercial ha sido convocado, también, el canciller de la República, Luis Almagro, junto al ministro de Economía para que se refieran a los avances y las políticas que está impulsando el Ejecutivo. Quien impulsa esta moción es el doctor Sergio Abreu, senador del Partido Nacional (PN), Alianza Nacional (AN), con quien estamos en comunicación.

¿Cómo se llega a esto, se trata de dos mociones distintas, se van a unificar?

SERGIO ABREU:
Primero se va a convocar al ministro de Economía para que, como ustedes informaran, hablara sobre el tema de la política cambiaria y las distintas medidas que se están tomando, como moción del senador Amorín.

Después, a nuestra moción, se incorpora la presencia del ministro de Economía y del canciller en conjunto para analizar la reforma tributaria desde dos puntos de vista: los aspectos tributarios (la discusión sobre el alcance de esta reforma) y, por otro lado, la implementación de esta reforma desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, los acuerdos y los tratados internacionales que el Uruguay ha firmado y que va a firmar respecto de lo que es el derivado de la reforma tributaria.

En segundo lugar, el tema de la política comercial del grupo Mercado Común del Sur (Mercosur) que se empieza a trabajar en julio y que tiene que ver con el código aduanero con el arancel externo común y con aspectos que hacen a un avance en la uniformización de políticas comerciales en el ámbito del Mercosur.

JAE – ¿Le interesa como legislador abordar el tema política tributaria a la luz de los convenios que está firmando Uruguay con otros países?

SA – Obviamente porque ya hemos tenido algunos tratados. Por ejemplo, el tratado con Portugal, el tratado con México y algunos otros que se supone que tienen una conexión con la aspiración del Uruguay de salir de la lista gris de OCDE. Esos tratados internacionales tienen que ser bien definidos en su alcance porque incorporan el sistema de información que los países solicitan en materia tributaria y que se facilitan por la legislación en cuanto al levantamiento del secreto bancario y algunos otros instrumentos más.

JAE – ¿Por dónde pasan los elementos que le interesan a usted profundizar?

SA – Sobre todo ver hasta qué punto llega un tratado en materia de información porque eso se complementa con la legislación interna. Es decir, estamos aspirando a que la reforma tributaria pase, entre otras cosas, por el ámbito jurisdiccional que haya un juez especializado que pueda estudiarlo. Que además se pronuncie no exclusivamente sobre un aspecto formal sino material (en el sentido de que el fundamento pueda ser analizado por el juez y no simplemente un trámite).

Y además que esto de alguna manera refleje en un tratado internacional donde tengamos que poner los parámetros necesarios como para que no termine siendo un trámite administrativo donde el secreto bancario queda absolutamente por el camino sin ningún tipo de resguardo en relación con los tratados que se firman.

JAE – Uruguay, como se ha dicho en más de una oportunidad, va rumbo a la firma de al menos doce acuerdos -el mínimo que está estableciendo la OCDE hoy día-, pero se trata de convenios que en definitiva pasan por el Parlamento, ¿hay discusiones en ese entorno?

SA – Exactamente. Pero los acuerdos que pasan por el Parlamento -que se aprueban exclusivamente por sí o por no porque no tienen las posibilidades de ser modificados-se celebran por parte del Estado a nivel de Poder Ejecutivo. Es decir, la aprobación del tratado sí la realiza el Parlamento pero no puede modificar el contenido del tratado sino que puede rechazarlo o aceptarlo.

Queremos saber cuál es la posición que el Poder Ejecutivo tiene sobre cuáles son las cláusulas que va a incluir y cuáles son las condiciones que incluyen en los tratados internacionales respecto de la cooperación en materia de información tributaria y de levantamiento del secreto bancario.

JAE – Aquí sobrevuela el acuerdo con Argentina como un elemento que cada tanto se viene manejando y cada vez con más insistencia. Ayer la directora adjunta de política y administración de la OCDE, Grace Pérez Navarro, declaró a Búsqueda que “el gobierno debería firmar un acuerdo con Argentina a efectos de intercambiar información sobre inversiones que ciudadanos de ese país tienen aquí en Uruguay”. Dijo la funcionaria que “vemos una posición muy buena de Uruguay”. Destacó que Uruguay está haciendo los deberes, está dando los pasos correctos. Ya se han negociado varios acuerdos, se está cambiando la ley de secreto bancario esto hace viable los convenios. Sin embargo, aclaró que corresponde al Foro Global de la OCDE la tarea de evaluar los acuerdos que han alcanzado y que además es posible que se vean no solamente cuántos acuerdos tiene Uruguay firmados sino con quién -cuáles son los países con los que existe relación económica importante y con quienes se ha firmado un acuerdo-.

¿Cómo ve usted las declaraciones de Grace Pérez Navarro?

SA – Es un tema que va avanzando y que tampoco nosotros podemos estar legislando y haciendo foros internacionales simplemente por una visión de que el secreto bancario tiene que ser levantado sin ningún tipo de limitación.

Lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo que de acuerdo con la reforma tributaria que se está planteando tenga garantías y además no perjudique la imagen del país. Una cosa es luchar contra la evasión tributaria y otra es crear las condiciones cuando se modifica en el caso del Uruguay, desde la fuente universal a la fuente territorial, un criterio tradicionalmente aplicado por el Uruguay. Un mensaje que puede afectar la credibilidad del país en materia de inversiones o de determinada radicación de personas en residentes.

JAE – ¿Qué opina de lo que leí sobre el acuerdo con Argentina?

SA – Con la Argentina tenemos que manejarnos con un criterio lo más restrictivo posible en función de que tenemos una relación donde la radicación de capitales y de ciudadanos argentinos es muy importante. Hay una confianza en el Uruguay, y esto no significa utilizar el territorio uruguayo para cometer delitos.

JAE – ¿Por qué lo más restrictivo posible debería ser eso?

SA – Porque nosotros, por lo menos en el caso del PN, no somos partidarios de crear condiciones como para desalentar la inversión ni para cambiar el criterio de la forma que estamos cambiando por el lado de la legislación interna y por la firma de los tratados internacionales.

La información que se pide en un tratado internacional puede tener sus canales y su manera de limitarse. No es simplemente un trámite administrativo porque si no terminamos utilizando los tratados internacionales para perseguir como puede suceder en el caso de la Argentina a cualquier ciudadano argentino que quiera invertir o que tenga radicado en el Uruguay determinados bienes y que el gobierno argentino por un motivo u otro -a veces no tan legal simplemente político- pueda tener la intención de perseguirlos.

JAE – El estudio Ferrere Abogados ha alertado en los últimos días que si Argentina pide un acuerdo de intercambio de información exclusivo con Uruguay no hay posibilidad de negarse porque en ese caso Uruguay correría el riesgo de entrar en la lista negra otra vez tal como ocurrió el año pasado. ¿Cuál es su posición, efectivamente Uruguay no tiene margen de maniobra para esto?

SA – No, depende del alcance y el contenido del acuerdo. No creo que se pueda negar porque ya hemos venido celebrando varios acuerdos. Por ejemplo el de Portugal y el de México son acuerdos bastante amplios donde la información está más allá a veces de lo que uno le gustaría que fuera. De manera que cuando vamos a la negociación con Argentina y ese es el pedido a la Cancillería para ver qué criterios y de qué manera va a negociar un acuerdo tributario con la Argentina a los efectos de salvaguardar de alguna forma los intereses del Uruguay en su tradicional posición de radicar inversiones y de respetar al inversor extranjero y en particular al argentino.

El tratado hay que firmarlo si es que se sigue para adelante pero también tenemos que establecer los límites necesarios como para manejarnos con la debida prudencia y no simplemente estar sujetos a la presión de organismos internacionales o de los grandes países desarrollados más allá de los fundamentos que ellos tengan y menos aún del tema argentino en forma bilateral porque el Uruguay tiene que defender su tradicional posición de radicación de inversiones.

JAE – ¿Cómo entra esto en el paquete negociación multilateral o regional a propósito del Mercosur? Usted mencionaba que se vienen momentos importantes para el bloque económico porque hay cuestiones para resolver. ¿Cómo encaja esa negociación con esta otra, cómo ve al Uruguay encarnado una negociación a diferentes bandas en la región?

SA – Este es el gran tema, la convocatoria es para que el ministro de Economía y el ministro de Relaciones unifiquen el criterio en materia de política comercial. Estamos en las puertas de negociar nada menos que el arancel externo común, es decir eliminar el doble cobro, y entonces comienza a funcionar algunos mecanismos de la unión aduanera. Por otro lado, el código aduanero está pronto, no tenemos conocimiento de cuál es su contenido real, y hay aspectos muy importantes por ejemplo sabemos que Argentina quiere incluir en el código aduanero la posibilidad de que haya detracciones como establecen las últimas políticas tributarias para las exportaciones. No compartimos ese criterio y creemos que no se debe incluir.

De la misma manera, definir el tema de la admisión temporaria que es un mecanismo que el Uruguay ha defendido tradicionalmente porque es el que le permite importar insumos internacionales de última generación de tecnología a precios internacionales sin pagar el arancel externo común.

Todas cosas que tienen que ver con la estrategia de un país en materia comercial y además con los aspectos comerciales con Argentina y Brasil sobre el comercio administrado que estamos sufriendo. Hablamos de muchas aperturas de mercado pero hoy el sector alimenticio uruguayo -la galletería por ejemplo, las empresas como el caso de Bimbo, Monte Cudine, El Trigal- hay que preguntarle cuál es la situación que está teniendo por la limitación argentina simplemente porque a un señor Moreno se le ocurre hacer limitaciones de carácter personal aunque las niegue después y el sistema de cupo administrado está sustituyendo el acceso al mercado sin restricciones.

Entonces todo eso es un tema de política comercial, qué filosofía se va a encarar, cómo lo vamos a poder apoyar en ese sentido, no es un tema aislado, y cómo después nos proyectamos hacia fuera en lo que tiene que ver con las obligaciones de la Ronda Doha, qué posición vamos a tener si es en común o no, los cupos que Brasil nos está imponiendo por ejemplo en materia láctea. Son temas muy de fondo que a veces no estamos en condiciones de discutirlos antes de que se tomen algunas definiciones.

Entonces el tema es: ¿el gobierno está en condiciones de tener una política comercial común? ¿Los dos ministros lo pueden explicar en forma clara? Y si eso es así, ¿se puede buscar una manera de respaldar algunos temas o de discutir otros antes de que se tomen decisiones en el ámbito del Mercosur como las dificultades que tiene? Esa es la gran pregunta y lo que nosotros queremos reflexionar para poder ir acompañando o no determinadas medidas que el gobierno va a verse enfrentado en los próximos meses.

Fuente: El Espectador