Debe haber un punto
Mujica está convencido que la Suprema Corte de Justicia declarará la inconstitucionalidad de la anulación de la ley de Caducidad y la imprescriptibilidad. Por ello cumplió con los sectores más radicales de su partido avalando la ley que se votó y no buscó otro Semproni, sabiendo que el pastel lo arreglará la SCJ en unos meses. Ya no será cosa de él y estos sectores no podrán acusarlo de no jugársela.
Le importa más la paz interna en el FA que el costo político por no cumplir con su palabra de respetar los plebiscitos. Este es el centro real de toda esta movida, pero la pelota empezó a rodar y nuevamente el tema de la dictadura, las citaciones, los resentimientos y denuncias de todos contra todos empujarán nuevamente el tema a los primeros planos, incluso la decisión de la SCJ cuando suceda, que sucederá en el sentido anunciado, generará frustraciones y polémicas.
Mujica comenzó su gestión dando señales fuertes en el sentido de liderar la superación del pasado. Podía hacerlo como nadie por haber sido protagonista de aquella época y tener la autoridad en el seno del FA para que nadie le discutiera estar a favor de la “impunidad”. ¿Quién lo podía acusar de ello, con qué autoridad? Intentó hacerlo, pero al final no se animó. Por la mente de muchos surgió la figura de un Mandela, que a partir de su peripecia vital convenció a los suyos de dar vuelta la página y unió a Sudáfrica, como recordó nuestro amigo el diputado Pablo Iturralde esta semana. Pero Mandela hay pocos, y por aquí no llegó. A Mujica no le dio el naipe y perdió la oportunidad histórica de liderar y cerrar esta etapa usando su propia historia. Esto no acontecerá, como él cree, por la biología, cuando no estén los que se enfrentaron, será fruto de la política y para ello se requiere liderazgo y no pensar en los costos.
Dentro del FA hay sectores que solo justifican su existencia si este tema, mal llamado de los derechos humanos, sigue arriba de la mesa. El conocimiento de la verdad es algo que golpea el corazón de muchas familias y hay que comprenderlo y respetarlo, pero lamentablemente para muchos políticos y sectores del FA lo único que interesa de esto es la bandera política y no la angustia de los familiares. Por eso apenas aparecieron restos humanos en un batallón empezaron a hacer política menor y bastardear el tema. Las sociedades llega un momento que piden no olvidar pero sí superar ese pasado trágico y no lo hacen por ser insensibles ni por socios de la “impunidad” como, revolcándose en el barro, acusó el senador Lorier, que reivindicó esta semana el apoyo del Partido Comunista al golpe de Estado de los militares en Boiso Lanza. Los uruguayos empiezan a exigir que el país mire para adelante y ojean con sorpresa como se reavivan discusiones que creían laudadas.
El peligro es que hacer política con este tema lo termina degradando. Salvo para los militantes más duros la sesión de las cámaras de esta semana no tuvo mayor atención, y eso es un dato no menor.
Por eso, con mucho respeto y también con convicción, de una buena vez se requiere empezar a transitar un punto final. Sé que puede ser duro, pero es imprescindible.
JAVIER GARCÍA
¿Renuncia F. Huidobro?
El lunes el Senado y el miércoles la Cámara de Diputados aprobarán con votos del oficialismo lo mismo que no pudo aprobar por una disidencia en mayo pasado. Ahora la unanimidad de los votos frentistas aprobará llevarse por delante la voluntad popular y dejar sin efecto la ley de Caducidad y además eliminar los plazos de prescripción de los delitos cometidos en la dictadura referidos a violaciones de derechos humanos. Interpretaciones jurídicas aparte la sustancia de lo que se aprobará es lo mismo que se quiso hacer cinco mese atrás y no pudieron concretar. Ahora se han alineado todos los legisladores del FA, el mero añejamiento de la propuesta sazonó las disidencias.
Se suma, como dijimos, la declaración de imprescriptibilidad mencionada modificando sobre la hora los plazos que vencen el próximo 1º de noviembre. Analizaron, también, la idea de una declaración de la Asamblea General para presionar a la Justicia indicándole bajo qué figuras penales debía juzgar los delitos. Justifica el oficialismo que todo es para alinear al país con los organismos internacionales que le dicen a Uruguay lo que no se animan a decirle a Brasil, que no metió a un solo militar preso. La Suprema Corte de Justicia analizará cuando se interpongan recursos la norma que se aprobará y seguramente la declare inconstitucional, pero desde ya hay algo que no es materia de análisis jurídico sino simplemente ético-político y es no pisotear los pronunciamientos populares, y eso lo condena el pueblo y no los órganos de Justicia. El presidente de la República para ganar votos dijo en reiteración real y durante la campaña electoral que los pronunciamientos populares “se acatan y punto”, pero ahora, al igual que en mayo, se encuentra en la disyuntiva de honrar su palabra o hacer como Pilatos, o mejor dicho intentar hacer como él. La promulgación de la norma la deberá hacer él inmediatamente para que cumpla ese efecto; de no hacerlo antes del 1º no surtirá efecto pero además si está tan preocupado ahora co-mo en mayo de que no se vio- le la voluntad popular, debería vetarla.
El doble juego de decir una cosa y hacer otra tiene un límite muy obvio. Pero además seguramente pierda un ministro porque no podemos creer que F. Huidobro, ministro de Defensa, que renunció al Senado en la misma sesión de mayo pasado por el voto del FA a la eliminación de la ley, continúe en su cargo y no renuncie al gabinete inmediatamente si esta ley se aprueba. Dijo entonces: “de lo que aquí se trata es de acatar el mandato popular”.
Esta postura del ex senador y actual ministro, así como el intento de frenar a su bancada que hizo Mujica en aquel momento, son prueba elocuente de que lo que está en juego no es ni el acatamiento a los dóciles organismos internacionales ni por supuesto un tema de derechos humanos, sino simplemente el respeto a la voluntad popular. Y agrego algo tan importante como eso y es que en un Estado de Derecho las garantías individuales deben respetarse como una religión, incluso para los sátrapas que violaron la Constitución y luego los derechos humanos, porque eso es, entre otras cosas, lo que nos diferencia de ellos.
Javier García
¿Quién manda?
El pasado 11 de octubre convocamos al Ministro de Educación y Cultura y al Codicen al Senado. El objetivo era conocer si existía, desde la autoridad educativa autocrítica y desde el gobierno, voluntad de cambio.
Pretendíamos que el gobierno fijara posición sobre el estado de la educación. No resulta admisible que el gobierno practique un “equilibrismo retórico” y no asuma su responsabilidad en el tema.
Durante la sesión expusimos propuestas y promovimos un Acuerdo Nacional por la Educación, junto a una hoja de ruta para su concreción.
Hay que realizar cambios radicales. Si todo sigue como está, estaremos legitimando diferencias y exclusiones, y afectando las oportunidades de generaciones de uruguayos que quedarán al margen del proceso de la construcción de futuro.
Planteamos durante la sesión 12 propuestas, que abarcan desde la escuela pública, promoviendo “la escuela los 365 días del año”; la nueva gestión de los centros de educación media, integrando la experiencia del liceo con la UTU, dotando a los centros de cierta autonomía que les permita adaptarse a su entorno; pasando por la formación docente, promoviendo la concreción del Instituto Universitario Superior y exigiendo la convalidación de los títulos docentes en títulos universitarios, para jerarquizar a quienes representan el motor de la enseñanza. Promovemos asimismo la creación de una segunda Universidad en el interior, acentuando el proceso descentralizador de la UdelaR.
Además del conjunto de propuestas presentamos dos proyectos de ley, uno sobre autonomía de los centros educativos y otro con reformas a la ley de educación 18.437.
En la oportunidad, le reclamamos al gobierno cumplir lo acordado en 2010, fijándole plazos a la Administración. Exigimos que para el comienzo del año lectivo 2012 no haya ningún centro educativo que no esté en condiciones de dictar clases.
Logramos lo que buscábamos: el compromiso de cambio de las autoridades, así como el respaldo del sistema político a un gran Acuerdo Nacional. Por unanimidad el Senado emitió una declaración donde establece la voluntad de “estimular un acuerdo institucional y una profunda convergencia social”. Pero además, lo que consideramos de mayor trascendencia, la fijación de un plazo para que la institucionalidad educativa elabore una agenda de cambios: 45 días.
En ese término el gobierno de la educación deberá realizar la selección de temas que elevará al Presidente de la República. Será éste quien luego convoque a los partidos políticos y sectores sociales para procesar el Acuerdo Nacional, del cual el Parlamento realizará un seguimiento de su cumplimiento.
Desde el Parlamento pretendimos que la Política reasumiera el rol conductor del proyecto país. Ni más ni menos.
Tenemos la convicción que desde ciertos sectores de la educación hay una equivocada comprensión del concepto de autonomía y una errónea percepción de que la “representación social” -la representación sindical- debe conducir la estructura educativa nacional. Discrepamos totalmente.
Ni violentamos la autonomía ni queremos marginar a la representación gremial del gobierno de la educación. Pero ni la autonomía supone una divorcio o una ruptura con la conducción nacional que se manifiesta a través de los poderes representativos, ni la representación de intereses sectoriales puede diluir el interés general.
Estamos dispuestos a dar la discusión sobre quién debe “gobernar” la educación de los hijos de los uruguayos.
La autonomía no puede oficiar como traba para los cambios. Y la “representación social” no puede “corporativizar” al proceso de conducción educativo.
En un Estado republicano debe respetarse la representación de la sociedad, encarnada por los poderes públicos, que no pueden estar bajo sujeción de intereses particulares y parciales.
Nuestro planteo no es excluir a los representantes sindicales de los Consejos. No tenemos una visión excluyente y exclusivista. Lo que no admitimos es que los Consejos Directivos de la enseñanza esquiven la “estrategia país” diseñada por los representantes de la ciudadanía, los representantes de la soberanía del Estado. No es posible que existan “islas corporativas” alejadas del proceso de construcción nacional.
El Presidente nos da la razón, ha dicho recientemente: “en nuestro país (los partidos) son los que representan las distintas corrientes de opinión que operan en la nación”, y que buscará un acuerdo para “delinear una política de enseñanza que se sostenga en el tiempo”.
Entendemos trascendente haber logrado una agenda para el cambio.
Corresponderá a la autoridad educativa dar cumplimiento a lo reclamado por el Senado.
El gobierno tiene la oportunidad y el deber de cumplir lo acordado.
Somos constructivos. Privilegiamos los acuerdos por sobre las rencillas. Le damos una oportunidad al gobierno, para que genere oportunidades para los uruguayos.
La Educación no puede esperar. Es un derecho para todos, no un privilegio para algunos.
Corresponde al gobierno asumir su responsabilidad.
La educación genera libertad, su ausencia, exclusión.
Sin educación no hay oportunidades, y sin oportunidades, el presente es marginación y el futuro es una condena. No estamos dispuestos a permitirlo.
JORGE LARRAÑAGA
Acuerdo nacional educativo
Realizamos la convocatoria con la mejor disposición de ayudar al país para que retome el rumbo que nunca debió perder. Quiero ayudar, colaborar con la mayor transformación que una sociedad puede generar, la revolución educativa, la revolución de las oportunidades. La revolución de la esperanza.
Con espíritu de construcción nacional es que presentamos esas propuestas. Creo que hablo por todos cuando señalo que compartimos el espíritu del discurso del Sr. Presidente Mujica, cuando recién electo, dirigiéndose ante la Asamblea General nos dijo que debíamos privilegiar a la educación: “Educación, educación, educación. Y otra vez, educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escribiendo 100 veces, “debo ocuparme de la educación”.
Con espíritu de construcción nacional es que el 17 de agosto de 2010 en el Senado de la República nos dirigimos al cuerpo en una exposición sobre la escuela pública y las políticas sociales. No hubo novedad en nuestras palabras de alerta sobre la delicada situación en la que nos encontramos, porque no hay novedad en los problemas.
Sigue sin ejercerse el liderazgo de la educación por parte del poder político. La educación en el Uruguay va a la deriva. Se viene consolidado un fenómeno de privatización de las oportunidades. La gente lo percibe, y reclama soluciones inmediatas.
Todos sabemos que no vamos bien y que esto tiene que cambiar.
Hace falta una verdadera operación de rescate y salvataje de la educación uruguaya, un verdadero plan libertad para nuestros niños y jóvenes. La capacidad de generar expectativas y oportunidades para su sociedad es lo que define a un país. ¿Tenemos la capacidad de generar sueños, generar esperanzas como sociedad?
Tenemos la convicción que hay problemas en la gestión de la educación uruguaya que están impactando sobre los resultados de la misma. El pueblo uruguayo hace mucho esfuerzo. Muchos recursos son asignados a la educación. Ese esfuerzo justifica o requiere, mejores resultados. El gasto público en educación; en 2010 llegó a 1800 millones de dólares.
¿Cuál es la explicación de este fenómeno? Está en el fracaso de la matriz educativa: hay un fracaso del modelo. Hay que cambiarlo. El modelo tradicional de la educación secundaria, fue concebido hace casi un siglo para una sociedad, una cultura y un tipo de alumno, que hoy no existen. Hay que superar esa concepción envejecida y desajustada del sistema educativo. Tenemos que modernizarnos, tenemos que transformar el modelo educativo.
Hace 2500 años Pitágoras enseñaba que había que educar al niño para no castigar al hombre. Hay que reaccionar, tenemos que cambiar. La educación hoy es una fábrica de exclusión.
No hay más tiempo que perder ni dilatorias posibles a las decisiones a tomar.
Si el gobierno hoy no estuviera dispuesto a asumir lo que es su responsabilidad primera, que es ponerse al frente de la transformación necesaria, si titubea en dar el paso de un acuerdo efectivo y necesario de todas las fuerzas políticas, el país y los uruguayos estaremos perdiendo una gran oportunidad.
Tenemos que encarar el problema desde sus distintas aristas.
En la sesión del Senado del martes nos referimos a los resultados, a lo aprendido. Pero también tenemos que abrir un frente en lo que refiere a la infraestructura.
Muchos de los que aquí estamos conocemos la realidad del Interior del país, donde los gobiernos departamentales colaboran activamente con la educación en sus departamentos. Desde las refacciones hasta la colaboración en el traslado de los alumnos.
Por eso entendemos que debe explorarse la vía legislativa para habilitar expresamente la posibilidad que los gobiernos departamentales actúen en la infraestructura educativa de sus departamentos.
Otro de los frentes a reformar es el de la autonomía. Esta ha pasado de ser una fortaleza a una debilidad del sistema. Estamos trabados y la autonomía oficia de excusa para los cambios trabando y obstaculizando. La autonomía no puede suponer un divorcio con las necesidades del país.
Necesidades y objetivos que en un sistema democrático, representativo y republicano lo define la ciudadanía junto a los partidos políticos. En la gestión de la educación existen trabas de naturaleza corporativa. No se puede avanzar con el freno de mano puesto.
No planteo quitar la representación social de la educación. Quiero que la representación del interés general no sea diluida por los intereses sectoriales ni corporativos. La representación social tiene su rol pero no puede conducir por sí sola la educación nacional
Estamos reclamando un acuerdo nacional educativo como instrumento de dilucidación y administración de los intereses públicos, para reasumir el rol conductor de un proyecto país.
Queremos el cambio.- Para que haya cambio tiene que participar el resto del sistema político. El gobierno, el Frente Amplio, sólo no puede hacerlo.
El pasado martes se aprobó una declaración que recoge nuestro espíritu para enfrentar las distintas aristas de la problemática educativa. En 45 días se deberá presentar una hoja de ruta. Seguiremos de cerca el tema.
Jorge Larrañaga
Cada vez hay más luces amarillas
Desde hace tiempo vengo escribiendo sobre la situación excepcional que estamos viviendo y sobre cómo nos estamos manejando frente a ella. Si es excepcional, quiere decir que no es normal y por lo tanto da lugar a consecuencias más allá de las normales. Y esto es precisamente lo que conduce a tomar decisiones acerca de cómo enfrentar la situación.
Las consecuencias de la situación excepcional, originada desde afuera, es decir totalmente exógena, son básicamente dos: primero, un mayor crecimiento de la economía, que está por encima de la tasa normal de crecimiento desde hace ya varios años y que ha llevado a la actividad económica a ubicarse en un nivel también superior al normal, claramente por encima del nivel correspondiente a la tendencia de largo plazo; segundo, una apreciación de la moneda nacional, es decir su valorización real y un encarecimiento local en moneda extranjera. Cabe agregar que aquel crecimiento económico excepcional da lugar a uno similar en materia de recaudación impositiva y a un fuerte aumento de la demanda en el mercado de trabajo que reduce el desempleo a su nivel estructural.
Hasta aquí lo que es “importado”: más crecimiento, más impuestos, pleno empleo y moneda apreciada. A partir de este punto, entonces, hay que ver lo que “aporta” la política económica local, que puede atenuar o reforzar esos resultados.
Todo lo anterior, que describe la situación de la economía uruguaya, también sirve para reflejar lo que está sucediendo en otras economías de nuestro continente. No por casualidad se han empezado a escuchar voces de alerta. Una de estas fue la de Nicolás Eyzaguirre, Director del FMI para el Hemisferio Occidental al cual pertenece nuestro continente, en un reciente seminario sobre metas de inflación en Río de Janeiro.
Según O Estado de Sao Paulo del 12 de mayo, Eyzaguirre “afirmó que los fundamentos económicos de América Latina parecen estar en buena forma, pero instó a los formuladores de política a tomar medidas para impedir que sus economías queden recalentadas, y dejar reservado lo que fuera posible de las ganancias obtenidas con el boom actual. En caso en que eso no ocurra, la región podrá ver sus monedas debilitarse dramáticamente como resultado de un shock externo repentino, tales como una caída de los precios globales de los commodities o un aumento rápido e inesperado de los intereses en los Estados Unidos”. Eyzaguirre mencionó específicamente a Brasil, diciendo que “el gobierno de la presidente Dilma Rousseff debe continuar controlando la economía por medio de una gama de medidas para evitar la exuberancia, o puede acabar en lágrimas. Si una corrección grande ocurre, el capital puede dejar de venir al país repentinamente y ustedes pueden tener una gran crisis financiera”.
Se trata de un punto de vista compartible, ciertamente más que otro, contradictorio con este, que ha venido expresando el FMI con relación a que las economías emergentes debían dejar apreciar aún más sus monedas como forma de restablecer los equilibrios mundiales, o, en otras palabras, para facilitar el ajuste de los Estados Unidos.
Otra de las voces que se ha escuchado recientemente es la de Andrés Oppenheimer, que en una de sus últimas columnas, titulada “¿Se acerca una crisis en Latinoamérica?”, comenta que “varios estudios nuevos publicados durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington D.C. confirman lo que el sentido común debería haberles enseñado a los economistas hace varios meses: que existe un verdadero peligro de que el actual ciclo de crecimiento económico de Latinoamérica sea demasiado bueno para ser cierto, y que -si no se adoptan urgentes medidas en la región- tal vez no dure mucho. A diferencia del optimismo sobre América Latina que proyectaban las instituciones financieras internacionales y las agencias de calificación crediticia hace apenas unos meses, cuando muchas de ellas pronosticaban que ésta podría ser `la década latinoamericana`, el clima de las reuniones de este fin de semana en Washington fue de nerviosismo sobre el futuro económico de América Latina”. Oppenheimer inicia su columna relatando que “durante el reciente torneo de tenis Sony Ericsson realizado en Key Biscayne, me sorprendió ver que la mayoría de la gente que me rodeaba en el estadio eran turistas latinoamericanos, cuyas conversaciones giraban en torno de cuantas cosas acababan de comprar en Miami. Pensé para mis adentros: `Si esta afluencia económica parece una nueva burbuja económica, probablemente lo sea“`.
La clave, evidentemente, está en cuál es la respuesta de la política económica local frente al shock externo positivo. Si esa política es cautelosa y prudente, buscará compensar el impulso proveniente del exterior, es decir que será contracíclica y las consecuencias del shock externo serán un mejor resultado fiscal, una reducción de la deuda pública y un tipo de cambio real que empeorará versus las economías que no reciben el mismo shock pero que se mantendrá estable vis a vis con las que también, como ella, lo reciben.
La política económica local, en nuestro país, por el contrario, ha tendido a amplificar ese shock externo positivo, ha sido procíclica, le ha estado echando más leña al fuego. Se ha gastado todo el ingreso excepcional y tiene déficit fiscal en vez del necesario superávit. Como consecuencia de esa política expansiva, la moneda local se ha apreciado aún más de lo que lo habría hecho por el impacto del shock externo, hemos tenido más inflación en dólares que casi todo el resto del mundo y se ha deteriorado nuestro tipo de cambio real por unanimidad, excepto con Brasil.
El aumento del ingreso y el “dólar barato” llevan a consumir más de todo. Cuando aumenta la demanda por servicios provistos localmente, tienden a subir sus precios. Cuando aumenta la demanda por bienes que se exportan o importan, tiende a crecer el déficit comercial. El shock externo y su amplificación interna dan lugar al mismo tiempo a dos resultados: más inflación en pesos y en dólares y más déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
A todo esto, ¿se verifican esas situaciones aquí y ahora? Lo de la inflación es obvio: ella ha estado oscilando en torno al techo del rango meta, que parece ser más el verdadero centro de dicho rango, y la inflación local en dólares ha estado casi siempre por encima de la mundial. Lo que no es tan obvio es lo otro, lo referido a la cuenta corriente, seguramente porque la información se divulga cada tres meses y con atraso.
Según mis estimaciones, la cuenta corriente de la balanza de pagos ha registrado un deterioro de 2,4 puntos porcentuales del PIB entre los períodos de 12 meses finalizados en agosto y marzo. La mitad del deterioro se debe al sector público y la mitad al privado. Se trata de un cambio demasiado grande para tan breve período, que, de mantenerse en los próximos meses, puede empezar a mostrar números preocupantes en la cuenta corriente.
Dicho deterioro se debe a que las importaciones crecen más que las exportaciones. Desde el Gobierno se pone el énfasis en la buena tasa de crecimiento que estas últimas siguen exhibiendo y se desestima todo planteo referido al tipo de cambio. Pero no es oro todo lo que reluce: el volumen físico de las exportaciones ha desacelerado fuertemente su crecimiento y ahora está cayendo. Los muy buenos y crecientes precios de exportación esconden la caída en términos reales de las exportaciones. Si se ajustan las exportaciones en términos de dólares por la evolución de sus precios, las tasas interanuales de crecimiento se han comprimido: 30% en el segundo trimestre del año pasado, 17% en el tercero, 5% en el cuarto, 3% en el primero de este año. Y en los últimos dos meses, marzo y abril, 8% menos que un año atrás.
Javier de Haedo
¡Viva la República!
Escribo esta nota saliendo de la sesión de la Cámara de Diputados donde quedó sin efecto la famosa ley “interpretativa” de la Caducidad. Lejos, bien lejos, dejemos de lado cualquier gesto de victoria partidaria o política.
Medir en términos de partidos esto sería de una mezquindad enorme. En juego estuvieron valores y principios. Logramos que primara la Constitución y pusimos en el centro del debate su vigencia plena que es la única garantía de respeto de los derechos humanos. Llegó a decirse por un legislador del oficialismo que era más importante la Justicia que la Constitución, cómo si pudiera haber Justicia sin la plena vigencia de la ley.
Algunos no entendieron nada. El resultado va más allá de la permanencia o no de una ley determinada. Su eliminación hubiera significado el desconocimiento a decisiones de la ciudadanía expresadas libremente en ejercicio de la democracia directa. En juego estaba la República, sin dramatismos, la defensa de un sistema que se funda en la vigencia del Estado de Derecho en forma radical y sin cortapisas.
El presidente de la República entró tarde a la discusión y sentó una tesis increíble que decía que éste no era un tema de él sino de la “fuerza política” y del Parlamento. Si la vigencia de la Constitución no es tema del presidente, la cosa es preocupante. Reaccionó tarde y por lo tanto mal.
Fue la oposición quien sacó las castañas del fuego, porque a Mujica su partido lo dejó solo. Quedan tres años y medio de un presidente muy débil. Fue necesario que se quebrara el FA por primera vez en cuarenta años, pero también es verdad que esto sucedió porque desde la oposición desde hace meses se ejerció una fuerte advertencia y militancia por lo que estaba en juego. El mismo diputado Semproni en octubre había votado esta misma ley en la Cámara y defendido ardorosamente su aprobación. No cambió solo.
El FA en su intento de defender lo indefendible intentó interpretar los plebiscitos en algo tan insólito como afirmar que en octubre del 2009 se sabía que quería el 47% que perdió pero no el 53% que ganó ya que este último no había colocado papeleta en el sobre. Sólo la dictadura en el plebiscito del 80 se atrevió a insultar tanto la inteligencia de la gente. Y luego utilizó la peor herramienta que es agraviar a los demás para licuar y ocultar los errores propios.
Hasta aquí llegaron porque no tuvieron el pálpito democrático de creer, aunque sea por un instante, que los demás pueden tener razón, como la teníamos. Este fue un daño autoinfligido por soberbia y falta de criterios republicanos en muchos de sus miembros. Sobre todo cuando no se asume que la legitimidad radica en quienes son electos y no en organismos que nadie sabe ni quien integra ni a quien representan. Una cosa es el Parlamento y otra un Comité de Base.
Esperemos que se haya aprendido que no hay mayoría que se pueda llevar por delante los pilares de nuestra República sin que se genere una reacción popular, respetuosa pero firme, como la que contribuyó a evitar este avasallamiento. Este fue, a su vez, el mejor homenaje a Artigas que podíamos haberle hecho en esta semana de Bicentenario.
Javier García
Otros derechos humanos
Debatimos tanto sobre los derechos humanos violados hace cuarenta años que perdemos de vista los que no defendemos hoy. Quizás estos últimos tengan menos militantes que aquellos y menos prensa, hasta orfandad de ONGs que los promuevan, no son rentables.
Sin embargo hoy voy a dedicar estas líneas a los derechos de miles de mujeres uruguayas que enfrentan la eventualidad de padecer cáncer sin que puedan acceder a medios que lo eviten por estrictas razones económicas. Si la política no se dedica a estas cosas, está de más.
Horas atrás presentamos con toda la bancada de legisladores del Partido Nacional un proyecto de ley para que la vacuna contra el virus del Papiloma Humano (HPV) sea incluida en el certificado esquema de vacunación y puedan acceder a ella en forma gratuita y obligatoria todas las niñas y adolescentes sin distinción alguna e independientemente de las posibilidades económicas que tenga su familia. Este cáncer, el tercero en incidencia entre nuestras compatriotas, produce la muerte de una uruguaya cada poco más de dos días. Hoy morirá una y durante el próximo lunes otra y así sucesivamente. Se diagnosti- can 350 casos por año y en los últimos registros se nota un aumento de la mortalidad por esta enfermedad.
Desde el período pasado el Partido Nacional, tanto desde la Cámara de Representantes co-mo desde su Convención y las comisiones y centros de estudios que lideran nuestras compañeras, insistió con la necesidad de que se autorizara su ingreso al país, cosa que la anterior ministra de Salud Pública negaba, hasta que la movilización y la evidencia se impusieron, y ahora proponemos un paso más. La vacuna está en el país pero a ella solo pueden acceder quienes disponen de importantes recursos, es muy cara. Por lo tanto solo pueden prevenir este cáncer tan frecuente quienes pertenecen a una familia que se la puede costear, que es la minoría. Es una inmoralidad que esto pase: mientras pocas pueden prevenir el cáncer, otras, la mayoría, están echadas a su suerte.
En el mundo este tema está muy avanzado. En Europa se incluye en inmensa cantidad de países, en EEUU vacunan también a los hombres, y por aquí Argentina y Brasil están en la línea de lo que estamos proponiendo nosotros.
No creemos necesario entrar a argumentar la posibilidad económica que tiene el país para financiar su administración a las niñas, porque nos importa antes que nada los costos humanos, pero si allí nos llevan hablaríamos de los valores altísimos que tienen los tratamientos una vez producida la enfermedad, aquí también más vale prevenir que curar. Ni hablar del dinero mal gastado en el Estado.
Por eso vamos a trabajar y a tratar de convencer que se apruebe, porque es de justicia social, de equidad y es una política en materia de salud pública de alto impacto. Los derechos humanos de las 140 uruguayas que mueren todos los años por cáncer de útero, pudiendo evitarse, también importan.
Los políticos tenemos la opción de vivir enchufados cobrando cuentas de cuarenta años atrás o dedicarnos a defender los derechos humanos de esta generación. Se violan en silencio, pero son igual de importantes.
JAVIER GARCÍA
Agrupación 250 comenzó trabajo por Montevideo
Con banderas típicas de la izquierda, agrupación 250 comenzó trabajo por Montevideo; a Gandini le “encantaría” ser candidato a intendente.
Cerca de 400 congresales de la agrupación 250, a partir del sábado llamada Héctor Gutiérrez Ruiz, se reunieron en el teatro El Galpón para comenzar “el camino largo” de trabajo político y mejorar las chances del Partido Nacional (PN) en la capital. En un congreso cargado de símbolos tradicionalmente vinculados a la izquierda, la agrupación liderada por Jorge Gandini afirmó ser “diferente” dentro del PN, cuestionó la falta de apoyo del partido a los candidatos a intendente en Montevideo y dijo que “estaría bueno” conversar con Jorge Saravia “cuando se decida”.
Dos hechos caracterizaron el Congreso de la 250 que podrían tomarse como un “cambio de cultura” en la forma de hacer política de los blancos. Por cuatro horas los congresales debatieron informes preparados en reuniones previas, y después sí, terminaron escuchando discursos. Gandini aseguró que la lista busca retomar, con la modalidad de congresos a cuatro años de las elecciones, “el camino que muchos iniciamos con Wilson” y “cambiar nuestra cultura: los blancos estamos acostumbrados a venir a una reunión a sentarse, escuchar y aplaudir, participar de esa manera”.
Los congresales también marcaban una diferencia. Debían ser integrantes de alguna organización social, desde sindicatos a comisiones barriales o cooperativas, y esta impronta se notaba al ver que Gustavo Macedo, secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio y prácticamente el único dirigente blanco del PIT-CNT, integraba la mesa del congreso.
Algunos temas sonaban extraños para un mitin nacionalista. El actor de teatro Roberto Jones, también de la agrupación, recordó que este año se cumplen 35 años de cuando “el dictador Bordaberry” clausuró El Galpón, expropió sus bienes y obligó a todos los integrantes a “huir al exilio”. Aunque reconoció “grandes diferencias ideológicas” con la dirección del teatro, homenajeó al director Atahualpa del Cioppo, fundador de El Galpón y militante del Partido Comunista. Más adelante, al fundamentar para que la agrupación adoptara el nombre de Gutiérrez Ruiz, Macedo recordó que “Bordaberry y Videla son los responsables de su muerte”, y aludió a Pedro Bordaberry y al sector blanco que hoy recolecta firmas: “Cuando hoy se criminaliza la juventud y se sale a juntar firmas para bajar la edad de imputabilidad, debieran referirse también a ese pasado, a ese terrorismo de Estado que borró de la faz de la Tierra a ciudadanos ilustres del Uruguay”.
Gandini explicó a la diaria que se eligió El Galpón como lugar de reunión porque “al Galpón venimos todos, y hay un montón de manifestaciones de la cultura que no tenemos que dar por ajenas, el carnaval por ejemplo. Hay que desafiar a partir de estos símbolos”. El diputado por Montevideo destacó que Matilde Rodríguez, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, es la presidenta de la agrupación, “y fue presidenta de la comisión pro referéndum en 1989 cuando yo voté la Ley de Caducidad”. “Son símbolos que hablan de algunas cosas, somos diferentes dentro del partido”, consideró.
En su discurso ante el congreso Gandini reflejó estas diferencias. Dijo que en parte las elecciones nacionales de 2009 se perdieron porque a algunos “nos costó mucho llevar adelante una campaña con Lacalle como candidato. No podemos ocultar estas cosas, por nuestra impronta y por nuestro arraigo, por nuestro compromiso social, nuestro trabajo cercano a la gente, tuvimos dificultades para convencer de que nuestro modo de entender el futuro estaba encarnado en la figura de Lacalle”. Aseguró que los blancos nunca le ganarán al Frente Amplio (FA) “si creemos que es un fenómeno político. El FA es esencialmente un fenómeno cultural que ha logrado dominar la cultura en el sentido amplio, y se ha apropiado -y lo hemos dejado- de algunas banderas como si le pertenecieran”.
En diálogo con la diaria Gandini definió la agrupación como “radical con los principios fundamentales; liberales; y asumimos compromisos que son muy típicos de la izquierda en este país, pero que no le pertenecen”. En virtud de este énfasis y en relación al eventual retorno del senador del FA Jorge Saravia al PN, Gandini dijo que “estaría bueno conversar con él el día que se decida”.
Ese clavo
En el congreso fueron varios quienes reclamaron que la alta dirigencia del PN tenga “actitud y compromiso más urbano”, y se convocó a comenzar el trabajo político -no electoral- en la capital. Un informe leído en el Congreso señala que el PN “es una muy buena máquina electoral, pero tiene falencias como organización política”, y critica la forma como se eligen los candidatos en Montevideo: “Esperar a ver cómo nos va en la nacional para definir los candidatos a intendentes es condenarnos al fracaso electoral”.
El ex candidato a intendente por Alianza Nacional, Javier de Haedo, dijo que el PN “actúa como si las elecciones de Montevideo y Canelones fueran accesorias, porque se dan por perdidas, y se los manda a la cancha [a los candidatos] sin demasiado apoyo. Otros no sólo no apoyan sino que molestan bastante”, contó. Aunque reconoció que lo importante sería fijar una estrategia a largo plazo, dijo no ser optimista de que la alta dirigencia se comprometa a eso: “A ese nivel están ocupados en otras cosas, y no creo que cambie la visión respecto a las candidaturas y los tiempos políticos electorales en Montevideo”.
En el mismo sentido, Gandini aseguró que no hay candidato, “por bueno que sea, capaz de asumir si el partido toma esa decisión en enero del año electoral”. A cuatro años de las próximas elecciones departamentales, el diputado dijo a la diaria que todavía “no es tiempo de candidaturas, aunque no falta tanto”, y sugirió que se deberían comenzar a proponer este año y con tiempo, como lo hace el PN en el interior. “Hay que generar condiciones atractivas para que varios sientan que es una oportunidad y un honor ser candidato, y no que se genere aquello de que era un sacrificio o una misión que el partido te encomendara, seis meses antes, ser el candidato”, señaló. Gandini aseguró que “si el partido le da relevancia a ese tema y hay condiciones para creer que vale la pena, me encantaría ser candidato”.
Cecilia Álvarez para La Diaria
En el gobierno de la Heladera los cambios siguen en el freezer
Presupuesto: más de lo mismo, sin audacia y no resuelve los problemas de la ciudad
Desde que la Intendencia Municipal de Montevideo envió para su aprobación el Presupuesto Quinquenal Municipal en los primeros días de enero, hemos estudiado detenida y detalladamente cada artículo, cada previsión, cada gasto.
Entre febrero y marzo recibimos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y Cuentas a los distintos jerarcas municipales que fueron explicando lo que correspondía a cada departamento.
Y llegamos al día 6 de abril, donde en una Sesión Extraordinaria, se aprobó el Presupuesto con los votos de la mayoría frenteamplista.
Tengo la más firme convicción que este Presupuesto no viene a contemplar las necesidades y requerimientos de la gente, del ciudadano de Montevideo, sino las obligaciones fiscalistas que desde hace 20 años vienen teniendo los distintos gobiernos de izquierda.
Lo que podría significar una herramienta eficaz y eficiente para visualizar un Montevideo moderno, limpio, con servicios a la altura de los impuestos que los contribuyentes pagamos, con una mirada de futuro y civilidad, nos encontramos con un instrumento que preconiza más de lo mismo, poco audaz, retrógrado en algunas áreas y no resuelve los problemas de la ciudad. Estudiamos los presupuestos de cada Intendencia, comparamos los gastos de inversión y funcionamiento, conversamos con ediles del interior del país y nos encontramos con intendencias en cuyo presupuesto han apostado a la inversión. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué sucede en esas Intendencias? ¿Es que Intendencias con menos población y recursos son capaces de una mirada y una visión de la realidad apostando al futuro, no atada al pasado, al clientelismo político y a los malos manejos de la administración pública?
En cada reunión de Comisión, en cada encuentro informal, en el debate y en la opinión pública manifestamos que Montevideo se pierde la oportunidad de contar con un presupuesto capaz de trascender las visiones particulares e ir a un conjunto de propuestas y contenidos que consensuados sean generadores de crecimiento y superación de los habitantes de la capital del país. Lo que opiné públicamente en su momento, lo ratifico hoy: “nos encontramos con los campeones de la mano enyesada”. “El Frente Amplio tiene la mayoría en la Junta Departamental, por lo tanto es muy difícil encontrar puntos de acuerdo para tratar de modificar lineamientos políticos. No hemos podido modificar ninguno. Lo que hemos intentado, hemos alertado desde el punto de vista de las normas presupuestales cuestiones que creíamos que jurídicamente eran altamente inconvenientes, pero en cuanto a las decisiones políticas, el 100% es autoría del Frente Amplio para bien o para mal”.
¿Qué nos queda por decir y hacer?
Como Partido de oposición seremos celosos guardianes del cumplimiento de lo votado. Cada vez que nos apartemos de la Norma Presupuestal dejaremos constancia de ello. A pesar de la frustración y de la impotencia, continuaremos argumentando y proponiendo ideas para un Montevideo mejor.
Tenemos que mirar al futuro: seguir trabajando, aportando, buscando alternativas para crecer. Estoy convencido que modernidad y progreso no es un concepto opuesto o antagónico a democracia participativa como nos han hecho creer. Podemos convivir y compartir la modernidad desde el supuesto que el ciudadano es capaz de transformar la realidad para mejorarla, para superarla, para ser artífices de un futuro mejor.
Los invito a redoblar esfuerzos, a no ser vencidos por el pesimismo y la resignación. Se puede pensar, se puede hacer, se puede construir desde el aporte y la convicción. Ahí está la fuerza del cambio.
En política se hace lo que se debe
La discusión que estamos teniendo en estos últimos días sobre la Ley de Caducidad me lleva a realizar algunas reflexiones que trascienden el tema y me llevan a preguntarme sobre cuál es el rol que tenemos como Parlamento y como parlamentarios.
Esto viene a consideración luego que en la última reunión de la Comisión de Constitución y Códigos, con motivo de estarse votando el proyecto sobre la anulación de la Ley referida, consulté al cuerpo la posibilidad de analizar otras posibilidades para solucionar el problema en cuestión.
Se me señaló por el Sr. Presidente de la Comisión que los integrantes del Frente Amplio, fuerza mayoritaria, tenían mandato de su fuerza política para votar el proyecto enviado desde el Senado, más allá de otras consideraciones.
Parece ser que existe un mandato imperativo de la mesa del FA, el que no puede ser desacatado por los legisladores de dicha fuerza. Según esto, alcanzaría con 4 jefes de bancada, que nos trajeran un mandato proporcional a los votos de cada fuerza y punto. Es más, nos ahorraríamos las retribuciones de los legisladores; y porque no, de paso podríamos cerrar el Palacio Legislativo, con el considerable ahorro que significaría, y en su lugar poner una oficinita con una un telefonista, y hasta se me ocurre que directamente se instalara en la sede del Frente Amplio, ya que total, son mayoría y nunca están dispuestos a aceptar otras ideas
Volviendo a los sucesos de estos días, me da por preguntarme quien es el responsable de estas resoluciones, ¿El Plenario del FA? Los legisladores se descansan en las decisiones que toma el plenario y dicen muy sueltos de cuerpo que lo más importante a tutelar es la “UNIDAD DE ACCION DE LA FUERZA POLITICA”. Vemos como los problemas de una fuerza política, y sus discusiones internas, distraen a quienes deben ejercer el gobierno de todos los uruguayos.
Parece que más allá de lo que indicó la ciudadanía en los dos pronunciamientos populares, más allá de la eventual inconstitucionalidad, de las diferentes soluciones, más allá de su conciencia, importa más “LA UNIDAD DE ACCIÓN”. No existe problema de soberanía ni expresión directa del pueblo ni nada. Lo que les importa es lo que opina una fuerza política.
Le voy a enviar una nota al Presidente de la Comisión de Constitución y Códigos, señalándole que si cree que NO podrá discutirse estos temas antes de que lo resuelva su fuerza política, tenga a bien generarnos una entrevista con las autoridades de la fuerza política, para que todos aquellos que pertenecemos a otras fuerzas políticas, y queremos ejercer nuestros deberes como legisladores tengamos con quien discutirlas. Quizás debamos pedir que los catedráticos vayan derecho a Colonia y Ejido a explicarles la barbaridad jurídica que es este proyecto.
En medio de todas estas idas y venidas, aparecieron el Sr. Presidente y el Vicepresidente, tratando, según la prensa, de convencer a sus legisladores de parar con el proyecto.
Lo preocupante es que el fundamento para detener el proyecto no es una eventual inconstitucionalidad o que no se respete el pronunciamiento del pueblo. El problema es que si esto pasa pueden perder una próxima elección. Bien supremo tutelado es GANAR ELECCIONES, NO PAGAR COSTOS POLÍTICOS. Cuidar la democracia, respetar principios jurídicos, son bienes supeditados a ganar.
En el Senado, un Senador del FA votó en contra, otro votó y renunció, el vice puso tres votos y después se cuestionó…. Resulta que una mayoría de los legisladores oficialistas declaran abiertamente estar en contra de esta Ley interpretativa, resulta que muchos que no lo declaran abiertamente, también están en contra; votan en contra de sus convicciones sin que les de vergüenza…
El Presidente comienza diciendo que no se le puede enmendar la plana a la gente, después manda al canciller a presentar el proyecto, para luego mandarlo al muere, y sostiene que el problema es legislativo y de la fuerza política, como que no fuera co-legislador e integrante de esa fuerza y no tuviera influencia para incidir, y como si acaso su gobierno y quienes integran su organización política fueran cosas diferentes.
Nos ponen por delante que técnicamente puede votarse algo diferente a lo que el pueblo se pronunció. Es cierto. Pero es legítimo?
El Dr. Martín Risso preguntaba en la Comisión ¿Qué hubiera pasado si el Poder Ejecutivo hubiera mandado una Ley similar sobre Empresas Públicas? Luego que el pueblo se pronunció en contra.
Quieren actuar acaso como Pacheco, cuando volvía a implantar MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD, luego que el parlamento las levantaba. Técnicamente podía, pero ¿era legítimo?
Parece que es natural desconocer los pronunciamientos de la ciudadanía, parece natural que el ámbito no sea el parlamento, acá llega todo pronto y cocinado, acá sólo lo formal.
Nunca denostamos la Democracia formal, pero también queremos la sustancial.
Como decía Hipólito Irigoyen: “suele ser habitual en política preguntarse si se hace lo que se quiere o lo que se puede; ninguna de las dos, en política se hace lo que se debe.
En un debate con el Gral. Seregni, sobre la Ley de Caducidad, Wilson le respondió: “Que poca cosa sería la vida política, sino hubiera que pagar costos políticos.
Estamos convencidos de que es necesario buscar alternativas, las hay seguro.
Diputado Pablo Iturralde
