García: Palabras en la sesión de la Cámara de Representantes, referido a las agresiones sufridas por periodistas uruguayos.

El diputado nacionalista Javier García repudió ayer los ataques que sufrieron en los últimos días los periodistas Antonio Ladra de canal 12 y Leonardo Carreño, fotógrafo de El País.

Hablando en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, García recordó que el pasado 3 de octubre, durante una manifestación de las cooperativas del transporte urbano, Ladra fue agredido por un sindicalista mientras filmaba con su teléfono celular. Se trató de una “actitud patotera”, afirmó García.

El diputado también condenó la agresión que sufrió el fotógrafo Carreño el pasado lunes cuando cubría una asamblea del sindicato metalúrgico.

García dijo que estos hechos son de una “gravedad manifiesta”, que merecen ser repudiados y que el sistema político debería estar alerta.

“Son ataques a los derechos humanos”, afirmó el legislador. “Las democracias deben estar atentas cuando se llevan adelante ataques a la libertad de prensa, como son estos dos, que son ataques hechos por personas en actitud, como decía, de claro patoterismo, pero que tienen un fin y es reprimir el trabajo de una persona que el único objetivo que tiene, es cubrir una instancia para que tenga conocimiento público”, agregó.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: queremos referirnos a dos episodios sucedidos en días anteriores ‑el último tuvo lugar ayer‑ que, por su importancia, merecen tratarse en esta Cámara. Me refiero a la agresión que sufrieron dos periodistas uruguayos, trabajadores de medios de prensa nacional: uno de los medios gráficos y el otro de la televisión.

El 3 de octubre, el señor Antonio Ladra, conocido periodista de distintos programas de Canal 12, pasaba por el Centro de Montevideo y se cruzó con una manifestación de los sindicatos del transporte que, según tengo entendido, era del sector de las cooperativas.

Ustedes saben que los periodistas, al igual que cualquier otro trabajador vocacional, ejercen su profesión las veinticuatro horas del día. Por lo tanto, si bien este trabajador pasaba por allí sin los implementos que habitualmente utiliza para desempeñar su tarea, empezó a cubrir esa manifestación y comenzó a filmar con un celular, su celular. Esto motivó que se le acercaran algunos de los trabajadores que se estaban movilizando. En ese momento, él se identificó con su nombre y su profesión. Además, no se trata de una persona difícil de reconocer; lo conocemos todos por ser, reitero, un periodista de larga data en un medio televisivo. Sin embargo, fue objeto de una golpiza importante. Tanto es así que sus lentes cayeron al piso, le destrozaron su celular y fue insultado.

Este ataque fue realizado por gente que participaba de esa movilización, en una actitud claramente patotera, sin discriminar y sin dejar de lado la eventualidad de que se estaba llevando adelante un delito. Este hecho fue denunciado públicamente; se conoció ese mismo día y, al siguiente, los diferentes medios de prensa se hicieron eco de esta situación que, como dije, ocurrió el 3 de octubre.

En el día de ayer sucedió un caso similar con un periodista gráfico, un fotógrafo del diario El País, cuyo nombre es Leonardo Carreño. Mientras cubría una asamblea del sindicato metalúrgico fue agredido por uno de sus integrantes. En este caso, se reconoció que el agresor era integrante del sindicato, aunque posteriormente hubo un desmentido. Me consta que en las últimas horas hubo contactos entre el sindicato de trabajadores de la prensa y el de los metalúrgicos.

Estos dos episodios tienen una gravedad manifiesta y, sin duda, requieren nuestro máximo repudio y un alerta muy importante por parte del sistema político. Las democracias deben estar atentas cuando se ataca a la libertad de prensa, como sucedió en estos dos casos. Se trata de ataques realizados por gente en actitud de claro patoterismo, que tiene un fin: reprimir el trabajo de una persona cuyo único objetivo es cubrir una instancia para que tome estado público.

Además, aquí se da una circunstancia paradójica: se agrede a trabajadores. Porque quienes estaban llevando adelante esta tarea son trabajadores igual que un metalúrgico, un transportista, un panadero o un médico. Estamos hablando de un trabajador de un medio de prensa que está llevando adelante su tarea. Por lo tanto, esto también fue un ataque a la libertad de trabajo.

En consecuencia, no dudamos en calificar estos hechos como ataques a los derechos humanos, que no se puede dejar que pasen desapercibidos y sin hacer una denuncia expresa en un ámbito institucional como el Parlamento, el Poder Legislativo.

(…)

En otras realidades, el camino de atacar periodistas y la libertad de expresión comienza así, imperceptiblemente, en forma aislada, luego se reitera y muchas veces los sistemas democráticos tardan en repudiar, rechazar y enfrentar estos hechos que terminan siendo un ataque a la democracia misma.

Entonces, queremos manifestar nuestro rechazo y repudio a estos hechos y nuestra solidaridad con los dos trabajadores periodistas que fueron objeto de este acto vil y patotero, que lesiona la esencia misma del sistema democrático.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Asociación de la Prensa Uruguaya, al PIT-CNT y a la Sociedad Interamericana de Prensa.

Muchas gracias.

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Fuente: Diario de sesiones
Crónica: El País

Larrañaga: 45 días para elaborar cambios en la educación.

A instancias del Senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, el Senado de la República elaboró una declaración conjunta sobre el tema educativo:

Montevideo, 11 de octubre de 2011

La Cámara de Senadores reunida en el día de la fecha en régimen de Comisión General con la presencia del Sr. Ministro de Educación y Cultura y del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, ha considerado el estado de la educación nacional.
Considerando que:
- Que el miembro convocante, con el propósito de alentar un acuerdo nacional en materia de Enseñanza Pública presentó una agenda de contenidos para el cambio educativo y una propuesta para la construcción de un entendimiento nacional;
- Que el Poder Ejecutivo, a través del Sr Ministro de Educación y Cultura, realizó un pormenorizado análisis de las medidas adoptadas en el marco de los acuerdos interpartidarios y anunció las principales medidas a desarrollar en 2011 y 2012 en materia de educación. Asimismo expresó voluntad de profundizar acuerdos en materia educativa.
- Que el CODICEN de la ANEP, a través de su Presidente ha manifestado la voluntad del órgano para acompañar las convergencias nacionales y, como forma de contribuir a la construcción de ese entendimiento, está abierta a acompañar la decisión que acuerde el Senado de la República;
- Que las expresiones de voluntad, acordes al marco legal vigente y concordantes en el propósito de búsqueda de acuerdos para la mejora educativa expuestas en Sala por los miembros del Senado de todos los partidos han quedado claramente de manifiesto;
La Cámara de Senadores Declara:
• Su voluntad de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la educación en calidad y equidad.
• Su voluntad de estimular también un acuerdo institucional y una profunda convergencia social.
• La ratificación de los acuerdos interpartidarios realizados el pasado año y la necesidad de su cumplimiento.
• La petición de que el Sistema de Educación Pública elabore una Agenda para la mejora educativa en los próximos 45 días a presentar al Sr. Presidente de la República.
• Su aspiración a que el Sr. Presidente de la República convoque a todos los Partidos Políticos con representación parlamentaria, para que consideren la Agenda presentada por las autoridades educativas, y en forma simultánea, a los actores sociales vinculados con la educación para considerar la Agenda planteada.
• Su voluntad de dar seguimiento, a través de las Comisiones Parlamentarias de Educación, al Plan Nacional acordado, así como la evaluación de los resultados que se obtengan.

Daniel Corbo (Codicen): hay que combinar voluntades políticas para transformar la Educación

Ayer el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) aprobaron en el Senado una declaración por la cual pretenden coordinar acciones para lograr una mejora en la “calidad y equidad” de la Educación. En conversación con En Perspectiva, el licenciado Daniel Corbo, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), opinó que “ayer fue un día importante para la República” porque “se debatió, se intercambiaron ideas y se asumieron compromisos”. Corbo, quien además es asesor del senador Jorge Larrañaga, dijo que el objetivo del encuentro en la Cámara de Senadores fue “colocar a todo el sistema político atrás de los cambios necesarios para desbloquearlos”. En este sentido, reflexionó que si bien “hay importantes coincidencias en todos los partidos y en los actores institucionales”, existen “bloqueos que están impidiendo ir adonde hay que ir”. El especialista expresó que uno de los caminos para avanzar en la transformación de la Educación “pasaría por construir una agenda de cambio, que luego sería analizada y respaldada por todos los partidos políticos del país con representación parlamentaria y por el propio Gobierno”.

EMILIANO COTELO:
Había gran expectativa, parecía el día D para la educación. Finalmente, los tres partidos políticos con representación en el Senado aprobaron ayer en esa Cámara una declaración en la que manifiestan su “voluntad de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la Educación en calidad y equidad” y su “voluntad de estimular también un acuerdo institucional”.

La sesión de ayer, donde Jorge Larrañaga había convocado al ministro Ricardo Ehrlich y a las autoridades del Codicen, dejó sobre la mesa, además de esta declaración de consenso, un documento de Alianza Nacional (AN) que incluye 12 propuestas y dos proyectos de ley, y dos informes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC): uno que resume los avances en la puesta en marcha del acuerdo interpartidario sobre educación firmado el año pasado y otro con el detalle de 42 medidas que está previsto implementar entre 2011 y 2012.

En la declaración suscrita por frenteamplistas, blancos y colorados se establece “una hoja de ruta” para enfrentar esta nueva etapa: se fija un plazo de 45 días para que el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) diseñe “una Agenda para la Mejora Educativa” y se la presente al presidente de la República, para que este a su vez convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para su consideración. Se sugiere además que, en forma simultánea, el mandatario llame “a los actores sociales vinculados con la educación” para examinar esa misma agenda. Y se consigna la “ voluntad de dar seguimiento a través de las Comisiones Parlamentarias de Educación, al Plan Nacional acordado, así como la evaluación de los resultados que se obtengan”.

Tuvimos más temprano algunas lecturas sobre lo que ocurrió ayer en el Senado, escuchamos al senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, Frente Amplio, y después tuvimos el análisis en la Tertulia.

Ahora vamos a charlar con el licenciado Daniel Corbo, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), el único representante de la oposición, y asesor por otro lado del senador Jorge Larrañaga.

¿Quedó conforme con la presencia de este debate instalado ayer con tanta fuerza en la Cámara Alta?

DANIEL CORBO:
Sí, ayer fue un día importante para la República, para las instituciones republicanas, porque allí en la Cámara Alta, con la institución más elevada del Parlamento Nacional y la institucionalidad educativa representada por el Codicen y el ministro de Educación como representante del Gobierno, se debatió, se intercambiaron ideas y se asumieron compromisos.

Y creo que eso es un paso adelante, porque este tema de la educación hace a la construcción del futuro de oportunidades para los jóvenes, hace al futuro también del entramado de convivencia del país, al tejido de integración social, hace al desarrollo nacional, todo eso está implicado. La educación es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de todos, y está muy bien que los poderes públicos ventilen una discusión de esta naturaleza, que además arroja un saldo que habíamos previsto, que es que, más allá de matices, también existen muchas coincidencias, muchas convergencias en las miradas, en las visiones, tanto en el diagnóstico como también en el rumbo futuro.

EC – Por ejemplo, el ministro fue muy enfático en su exposición en detallar lo que se está haciendo; medidas ya puestas en marcha y otras que están en preparación en lo que entiende es cumplimiento del acuerdo multipartidario al que se llegó el año pasado. ¿Cómo ve ese saldo de ese lado?

DC – El ministro presentó un informe pormenorizado de la situación en la visión del Gobierno. Me parece que era una mirada importante. Esto permitió que también estuvieran las otras miradas, y el reconocimiento del ministro de que estamos haciendo cosas, pero hay lentitud o estamos atrasados en cosas, hay cosas a las que tenemos que imprimirles un ritmo diferente, una convicción más fuerte, ir más lejos, eso también estuvo. De manera que ayer todas las partes admitieron que había problemas estructurales en la educación y problemas de gestión. Todo eso estuvo sobre la mesa, las distintas miradas ayudan a enriquecer la visión conjunta.

EC – Fue importante la manifestación expresa que hizo el ministro de la voluntad del Poder Ejecutivo de trabajar en busca de un acuerdo multipartidario, de la renovación del respaldo político de todos los partidos a una serie de cambios.

DC – Efectivamente, porque hay una situación de opinión crítica, de estado crítico en el país sobre la educación, y esas expresiones muchas veces terminan debilitando o deslegitimando a la autoridad para conducir los cambios. Ayer todos nos dimos una oportunidad, decía el senador Larrañaga y creo que tiene razón, porque el Parlamento se dio la oportunidad de presentarle al país una vocación de reflexionar y analizar en profundidad un gran tema nacional. El Gobierno se dio la oportunidad de expresar lo que estaba haciendo, pero también de recoger lo que otros entienden que hay que hacer, las cosas que están faltando, luces y sombras decía el ministro. Y la institución educativa también pudo, por medio del Codicen, manifestar dónde está, qué está haciendo, pero también el camino que tiene por delante recorrer, en el que hay bloqueos, hay dificultades. Creo que uno de los objetivos de la jornada de ayer y de este intento de acuerdo nacional es colocar a todo el sistema político atrás de los cambios necesarios para desbloquearlos, para hacer un blindaje a la convicción y a la acción de los cambios y las transformaciones que el país necesita.

EC – Me parece que ese punto hay que explicarlo, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las observaciones y dudas que surgían hace un rato en la Tertulia. Decían algunos de los integrantes de la mesa: “Acuerdos ya hemos visto tantos, y parecería que las coincidencias sobre qué es lo que hay que hacer no son nada misteriosas. El problema es que se haga”. El problema es que se haga, se necesita ejecutividad, ¿y para eso el acuerdo político puede a su vez ayudar? ¿Cómo es el mecanismo que se está pensando?

DC – Sí, lo que se pensó, lo que ha estado en la motivación de esta convocatoria realizada por el senador Larrañaga, es la visualización de que existe un rumbo en el país, de que hay importantes coincidencias en todos los partidos y en los actores institucionales, sin embargo hay bloqueos que están impidiendo ir adonde hay que ir o se está haciendo ese viaje muy lento, con muchas dificultades.

EC – ¿Puede manejar algún ejemplo?

DC – Por ejemplo, el profesor cargo, la idea de terminar en la enseñanza media con los profesores taxi, profesores que tienen disueltas sus horas en varias instituciones, que por lo tanto no pueden comprometerse con ninguna comunidad educativa, con ningún proyecto institucional, con ninguna propuesta pedagógica, desarrollar un sentido de pertenencia. Todos estamos de acuerdo en que hay que pasar de horas sueltas a un cargo donde se concentre al profesor en una institución. Eso incluso fue objeto de una negociación con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, llegó a firmarse un acuerdo sobre eso, pero a la hora de implementarlo, a la hora de definir cómo sería el profesor cargo, cuáles serían sus perfiles, sus tareas y todo lo demás, Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria) ha rechazado su aplicación. Y también la aplicación de otra medida muy importante que es evitar la elección de horas todos los años, lo cual implica que todos los años los profesores rotan.

Y sin esas dos cosas no podemos constituir comunidad educativa en las instituciones, porque comunidad educativa significa que yo trabajo en un lado y no en 10; que no cambio todos los años sino que permanezco y por lo tanto puedo construir una visión compartida de lo que queremos hacer en esa institución.

EC – Acaba de mencionar dos ejemplos de bloqueos. En ese caso por resistencia de la Fenapes. ¿Qué otro?

DC – Otro muy importante es la carrera docente. Tenemos que introducir en la carrera docente un mecanismo distinto del que ha operado hasta ahora, que se basa casi unilateralmente en la antigüedad calificada del docente. La idea es colocar la posibilidad de concursos para los profesores que tienen formaciones, que se han capacitado, que tienen buenas prácticas, que consiguen buenos resultados, en definitiva premiar al que hace bien las cosas y que se forma y se profesionaliza. Eso se pudo implementar, se está empezando a implementar en primaria.

EC – Es una buena noticia de los últimos días, la conversábamos con el presidente del Consejo de Primaria, Óscar Gómez.

DC – Sí, pero solo se pudo hacer en primaria. En secundaria y UTU no se ha podido implementar porque ha habido resistencia.

EC – Resistencias ¿de quién?

DC – También a nivel de los sindicatos. Entonces los consejos no tienen disposición de ir a la aplicación de estas cosas sin alcanzar un acuerdo con los sindicatos. En definitiva, todas estas cosas están imprimiendo un freno, un bloqueo a cosas centrales que hay que hacer. Tenemos que desarrollar la profesionalidad de los docentes, tenemos que formar comunidad educativa.

EC – ¿Cómo funcionaría ese blindaje político del cual usted hablaba recién a efectos de lograr que estos temas se muevan y se puedan implementar?

DC – Pasaría por construir una agenda de cambio, que luego sería analizada y respaldada por todos los partidos políticos del país con representación parlamentaria, y por el propio Gobierno. Eso significaría un respaldo político, y para nosotros los partidos juntos es la República entera atrás de los cambios.

EC – ¿Qué hay que entender? ¿Que si una determinada medida demuestra que tiene el apoyo de todos los partidos políticos, presidente de la República incluido…?

DC – Eso le da una capacidad para llevar a cabo esos cambios.

EC – ¿Piensan que en esas condiciones va a aflojar la resistencia que pueda estar poniendo un determinado sindicato?

DC – No, tal vez no, pero las condiciones de fuerza cambian, porque allí no están solamente las autoridades educativas, sino que atrás están el Parlamento Nacional, el Gobierno de la República elegido por el pueblo, los partidos políticos que representan a la ciudadanía. Esa es una cosa muy importante. Pero a su vez este acuerdo abre un camino de negociación con el área social, empresarios…

EC – Eso iba a preguntarle. El procedimiento que se establece en la declaración que se aprobó ayer es: se le pide al SNEP que elabore una Agenda para la Mejora Educativa en los próximos 45 días, “a presentar al señor presidente de la República su aspiración a que el señor presidente de la República convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que consideren esa Agenda presentada por las autoridades educativas, y en forma simultánea convoque a los actores sociales vinculados con la educación para considerar la agenda planteada”. ¿Cómo sería esto?

DC – Tampoco queremos dejar a ningún actor de la sociedad uruguaya afuera. La idea es convocarlos para considerar esa agenda, en la idea más bien de construir hacia delante otra cosa de que ayer hablábamos, que son las bases para un Plan Nacional de Educación. Diríamos que hay un acuerdo sobre dos tiempos. Un tiempo que son las medidas que tenemos que tomar ahora, las acciones que necesariamente hay que realizar y no pueden esperar, algunas que son más coyunturales y otras que son cambios de envergadura pero que no pueden esperar.

Pero a su vez sentimos que esa transformación que requiere el sistema educativo tiene que ser radical, exigente, de toda su matriz, de todo el modelo de diseño institucional, y eso requiere una acción de largo aliento, un horizonte temporal amplio, que va mucho más allá de una administración. Sostener en el tiempo ese proceso de cambio y ese rumbo requiere un plan nacional que logre grandes entendimientos nacionales. Hacia la construcción de ese entendimiento nacional es que va este diálogo con actores sociales además de los actores políticos en la construcción de una visión del conjunto de la sociedad.

EC – Pero ¿cuánto tiempo lleva llegar a los acuerdos? La Agenda de Cambios la propone el SNEP, integrado por el MEC, el Codicen y la Universidad de la República. En 45 días está pronta esa agenda, llega al presidente de la República, este convoca a los partidos… ¿y qué pasa?

DC – La idea es que los partidos, que ya hemos estado conversando, que tenemos también acuerdos de base, porque en el país han pasado cosas positivas; a veces uno tiende a cargar mucho las cosas sobre lo negativo pero también han pasado algunas cosas positivas. Una es que en el país ha permeado un sentido de cuál es la realidad de la educación, porque antes teníamos una visión idealizada de que estábamos muy bien, lo que era una falsedad, era una imagen del pasado. Hoy somos conscientes de cuál es la realidad, primera cosa importante.

Una segunda cosa importante es que hemos avanzado en un entendimiento común, a partir de muchos diagnósticos, de cuáles son las razones de ese estado de la educación, por qué estamos como estamos. Y a partir de ello también empiezan a existir confluencias muy fuertes en torno al rumbo a dar a la educación.

EC – Ustedes suponen que la agenda que va a venir del SNEP está en sintonía con esas inquietudes.

DC – Sí, en las propuestas se vio ayer que no hay cosas tan originales que uno diga “mirá qué carta sacó, mirá qué propuesta desconocida sacó”. No hay eso, hay que caminar sobre un trillo ya hecho, y para hacerlo se requiere conjuntar voluntades políticas para darle un ritmo a ese cambio, a esa transformación más acelerada, más contundente, una voluntad más clara y un compromiso más fuerte.

EC – Usted estima que la agenda que venga en esos 45 días del SNEP va a andar muy cerca de lo que los partidos están reclamando.

DC – Efectivamente, por lo que se discutió ayer.

EC – Los partidos, por tanto, aprobarían o darían su visto bueno en pocos días, no sería que ahí empezaría otro plazo de 60, 90, 180 días. Usted entiende que ahí se iría rápido. Pero ¿cómo entrarían en este esquema los actores sociales?

DC – Ahí también se empieza una discusión más amplia.

EC – Pero la agenda de cambios ¿se aprueba allí, se aprueba simplemente entre todos los partidos políticos?

DC – Ahí ya hay un acuerdo. Ese acuerdo luego puede ser ampliado y la legitimidad de ese cambio abordada por otros actores sociales, que pueden ser los sindicatos de la enseñanza, puede ser el PIT-CNT, pueden ser las cámaras empresariales, que también tienen mucho que ver con la educación en tanto cualquier proceso de desarrollo nacional necesita una articulación con la calificación de los recursos humanos del país.

Si eso permite una ampliación, una legitimación más amplia de esa agenda de cambio, bienvenido, pero a su vez todos esos actores van a traer sus otros temas, sus otras miradas, sus otras propuestas, y todo eso va a ir acumulando hacia un escalón más allá, que es sentar las bases para un Plan Nacional de Educación a 15 o 20 años. Eso también es un horizonte importante. Esta es una construcción en etapas.

***

EC – El consejero Corbo estuvo ayer en el Senado en una doble condición: como integrante del Codicen, que estaba convocado, y al mismo tiempo como asesor del doctor Jorge Larrañaga. Usted ha trabajado mucho con el doctor Larrañaga en los planteos que hizo ayer en su presentación.

DC – Efectivamente, a veces esas situaciones se dan. Pero lo importante aquí, más allá de actuaciones personales, es que se vio en la jornada de ayer a partidos que representan distintas tradiciones de pensamiento comulgando un compromiso común. Eso cambia absolutamente el panorama de oportunidades en la educación, y eso es lo que se quiso producir.

EC – Quizás ya estuvo dicho en las respuestas anteriores, pero desde la audiencia Mercedes pregunta: “¿El ministro tiene autoridad sobre la ANEP?”. No la tiene, entonces, ¿cómo juega el tema de las autonomías en lo que viene ahora?

DC – Constitucionalmente el ministro no tiene autoridad. Ayer comenzamos nuestra intervención con este tema, y planteamos cómo las cuestiones que hacen a toda la ciudadanía, que hacen a fines y valores de toda la sociedad, son cuestiones que se resuelven en los poderes públicos y requieren una conducción nacional. No hay que confundir la especialidad orgánica de un ente, la autorregulación o autolegislación que un ente se da, con las políticas públicas que se definen en materias nacionales como la educación.

Ayer se pudo apreciar al Codicen discutiendo con el Ministerio, es decir con el Gobierno, y con el Parlamento, trabajando juntos, y eso se da también mediante el SNEP. La idea es encarar esto como un trabajo conjunto, como un esfuerzo nacional. No podemos seguir poniendo fronteras, trincheras para justificar por qué no hacemos las cosas.

EC – ¿En ese esfuerzo están todos los integrantes del Codicen? Por ejemplo, hoy en la prensa se menciona que durante los días previos la consejera Nora Castro tenía reservas, por no decir directamente discrepancias, con la idea de un acuerdo multipartidario y nacional en esta materia. ¿Qué pasa por otro lado con los consejeros que desde la última ley de educación, la del período pasado, representan a los docentes? ¿Cómo está funcionando el Codicen en esta sintonía de la que usted habla?

DC – Ayer el Codicen se expresó como órgano, más allá de las posiciones individuales, más allá de “me gusta esta idea o no me gusta”, se expresó como órgano por medio de su presidente de una forma muy categórica, muy contundente en el sentido del compromiso de trabajar juntos en la solución que el Senado resolviera ayer, de recorrer este camino, que habíamos hablado. A algunos miembros les gusta un poco más, a otros un poco menos. A mí me entusiasma, porque yo quiero cambiar, quiero transformar. Para eso fui al Codicen, para transformar positivamente esta realidad. En ese sentido me parece que no puede haber fronteras entre instituciones, y yo no quisiera tener tampoco fronteras entre partidos, quiero trabajar con todos.

EC – Ayer durante el debate, el senador Jorge Larrañaga manejó una serie de propuestas para el Acuerdo Nacional por la Educación. Por ejemplo, presentó 12 medidas. ¿Cómo encajan estas medidas en el proceso que viene ahora?, ¿qué es lo que ustedes conciben?

DC – Las medidas, o lo que sería un contenido posible para una Agenda de Cambio, son un insumo y un aporte que está en sintonía con las cosas que se vienen conversando y las que ayer se discutieron. Hay algunas cuestiones de esa agenda que están en trámite, pero están frenadas en la instancia parlamentaria, por ejemplo. El Instituto Universitario de Educación requiere una ley orgánica para que se le dé estatuto universitario a la formación de los docentes. El Instituto de Evaluación Educativa tiene un proyecto de ley que está trancado. El proyecto del Instituto Terciario Superior también se presentó y no hemos avanzado.

EC – Ahí tenemos tres ejemplos en los cuales quien está en deuda es el Parlamento.

DC – Efectivamente, por eso mismo es un compromiso múltiple. La educación reconoce que hay cosas que hay que hacer más rápido, que hay que ir más lejos, y el Parlamento reconoció que tiene cosas por resolver. Por eso el compromiso que está en el primer punto de la voluntad de los senadores de coordinar un rápido camino político y legislativo para la mejora de la educación en calidad y equidad. Lo que pretende con este impulso el senador Larrañaga es que en corto plazo –y él plantea allí algunos tiempos– esto esté aprobado, tenga una sanción parlamentaria, legislativa, y sea ley y que empiece a funcionar un Instituto Terciario en materia tecnológica, que esté funcionando un Instituto Universitario que otorgue títulos universitarios a la formación docente, con las formaciones académicas correspondientes, y tengamos un Instituto de Evaluación que sea un factor muy importante en este proceso de transformación para monitorear los cambios, para verificar dónde hay problemas y dónde hay que cambiar, dónde hay que meter la mano y avanzar.

EC – Otras medidas propuestas en el documento de Larrañaga no son de responsabilidad del Parlamento. Ahí ya entran en juego el Codicen y los consejos desconcentrados.

DC – Por eso se plantean 45 días para una agenda. Hay planteos que están en sintonía con cosas que se vienen discutiendo, como la autonomía y el protagonismo de los centros y las instituciones de educación media. Las instituciones de educación media serían una sustitución del liceo y la escuela técnica por una institución de educación media básica que conjugue las tradiciones académicas de secundaria con las tradiciones tecnológicas y de talleres de la UTU para conformar una nueva propuesta educativa.

La autonomía de los centros es una cuestión muy trascendente en términos de cambio del sistema educativo, permitiría darles diversidad a las propuestas educativas, permitiría que los centros tuvieran margen para construir una protesta pedagógica propia, contextualizada en la realidad de sus alumnos, enmarcada en un plan nacional y una vocación universalista, permitiría construir comunidades educativas.

Y algunas medidas están orientadas a estas cosas que hablábamos que están trancadas, que están frenadas, con la idea de decir: esto lo colocamos en una agenda pública, esto lo refrenda el Gobierno, esto lo refrenda el Parlamento. Atrás de esto están los partidos políticos, la República entera, para que efectivamente tenga un impulso, un fortalecimiento.

Creo que el senador Larrañaga no ha pretendido ser original sino ser un agente transformador de esta realidad, para ayudar a transformar la realidad educativa.

EC – Vayamos por ejemplo a la escuela pública. Dice el documento de AN: “Proponemos una política social de base territorial con centro en las escuelas públicas, abriendo sus locales los 365 días del año y haciendo de la escuela de los niños una escuela de toda la familia”. ¿Esto está en consideración hoy?

DC – Hay una pequeña experiencia a nivel de liceos o de educación media, en la que están colaborando la ANEP, el INJU y el Mides. Es una idea que inicialmente planteó Unesco en Brasil y que ha tenido un impacto muy importante en el descenso de los valores de violencia en los lugares donde se ha aplicado. El senador Larrañaga ha planteado esto por lo menos desde el año 2007. Desde entonces viene insistiendo en esta idea de tomar la escuela pública, que es un centro de referencia para todas las familias en todos los barrios, que tiene además una infraestructura muy desarrollada en todo el país, y usar esa infraestructura que hoy se abre 180 días solamente en el año, porque 180 días permanece cerrada por los períodos de vacaciones, sábados y domingos. Usar la capacidad de convocatoria que tiene la escuela pública para desarrollar una serie de espacios de recreación, de socialización sana y de capacitaciones dirigidas por ejemplo a los jóvenes que están fuera del sistema educativo, a los adultos, para ayudarlos a generar mayores oportunidades de inserción laboral, de desarrollo personal.

EC – ¿Usted dice que hay alguna experiencia corriendo?

DC – Empieza a haber una experiencia corriendo, se está trabajando en ello.

EC – ¿Dónde?

DC – En liceos y escuelas técnicas. El proyecto está aprobado y empieza una experiencia piloto el próximo año.

EC – ¿Se pretende que esta medida incluida ahora en este documento de AN venga en la agenda que van a discutir dentro de 45 días?

DC – Sí.

EC – ¿Se pretende que se implemente a corto plazo?

DC – Claro, la idea es tratar de desarrollar un plan que permita una implementación progresiva. Aquí no está desarrollado, pero la propuesta del senador Larrañaga tiene unos indicadores sociológicos que permiten establecer una progresión con una selección de algunos territorios donde hay mayor dificultad en términos de fragilidad familiar. La idea es que la escuela de los niños se convierta en la escuela de los niños y de la familia entera, y que sea un factor para promover, para concentrar allí políticas sociales. No necesariamente tiene que estar en el local escolar, a lo mejor una actividad puede ser deportiva y estar en un club deportivo de la zona, pero la escuela tiene que ser el centro donde se articulen a nivel de micropolítica acciones territoriales de políticas sociales.

***

EC – En el documento presentado por AN ayer hay, además de los que ya conversábamos, dos nuevos proyectos de ley. Obviamente, pasan a consideración del Parlamento. Veamos uno de ellos. Punto uno, modifica algunos artículos de la Ley General de Educación, entre ellos aspectos de la conducción de la educación pública y de los cometidos del Codicen. Usted integra el Codicen, ¿puede explicar de qué se trata, cuál es la inquietud en esta materia?

DC – Sí, puedo informar el contenido de la propuesta; no me puedo expedir sobre ella, porque ya es un nivel político que no me corresponde. La propuesta básicamente plantea ampliar el concepto de laicidad retomando la visión que estaba en la ley anterior, porque se entiende que falta la asunción de que los profesores van a actuar con imparcialidad al exponer sus lecciones, sus temas, y falta también algo que estaba en la ley anterior en el sentido de que no harán proselitismo en ninguna clase, en el ejercicio de sus funciones. Allí se intenta reafirmar un principio que creo que todos compartimos.

Un segundo punto tiene que ver con devolverle al Codicen algunas potestades que tenía, que le permitan, según dice el proyecto, conducir la política nacional dentro de la ANEP, porque al quedar hoy distribuidas esas potestades entre los consejos de Primaria, Secundaria, Universidad del Trabajo y Formación en Educación, se termina encapsulando un poco el sistema y faltan condiciones para que exista una conducción unificada de todo el organismo. Esto tiene que hacerse en la construcción de un conjunto de acuerdos entre los consejos, lo cual representa todo un proceso de tiempo.

EC – Aquí queda de manifiesto que el diagnóstico incluye que una parte del problema está en la falta de sintonía, la falta de coordinación que ustedes perciben se está dando entre el Codicen y algunos de los consejos.

DC – En cualquier caso el sistema tiene un problema de fragmentación y encapsulamiento por subsistemas, y si uno quiere tener una orientación de política común, compartida, necesita una política de conjunto, una visión de conjunto. Eso se vio, por ejemplo, en la última Rendición de Cuentas, en que la sumatoria de las propuestas dio una cifra inalcanzable, faltó una visión compartida, una visión común. Eso se aprecia cuando en primaria uno propone a los muchachos que tengan un solo maestro durante todos sus cursos, incluso en sexto año, pero al pasar al siguiente nivel pasan a tener 13 profesores, 13 materias. Ahí hay ausencia de visión compartida. Para esto se ha formado ahora una comisión de interfase que va a ayudar a pensar en común esos tránsitos, porque allí uno ve claramente la fragmentación y el encapsulamiento.

Y un tercer elemento es renovar o rediscutir…

EC – El artículo 2 dice: “El Poder Ejecutivo deberá asegurar la pluralidad política en la integración del Consejo Directivo Central y de los órganos directivos de los consejos desconcentrados”. ¿En qué se piensa?

DC – Plantea que exista un acuerdo político sobre cómo integrar los órganos. Esto abre una ley que está cerrada, pero que tiene muchas críticas, muchos cuestionamientos desde muchas partes. No eliminamos la ley, sino que vamos a conversar ciertas cosas de nuevo para buscar unos equilibrios que tal vez estén faltando en las soluciones que la ley da por ejemplo en este punto.

EC – Usted alude a los cambios que se introdujeron en la Ley General de Educación votada en el período de Gobierno anterior cuando se incorporó la participación de representantes de los docentes tanto en el Codicen como en los consejos desconcentrados. ¿Es así?

DC – Se está aludiendo a qué representación tiene el Gobierno, qué representación tiene la oposición, qué representación tienen los educadores, cómo se equilibra ese juego de modo que no sea un factor que impida la gobernanza de la educación, que impida tener una gobernabilidad adecuada, una ejecutividad como necesita el estado de la educación.

EC – Yo le preguntaba ayer al senador Jorge Larrañaga si lo que AN propone es eliminar esa representación de los docentes que se incorporó en la última ley, y Larrañaga contestaba: “Nosotros tenemos una propuesta, pero no queremos hacerla pública en este momento. Lo que sí buscamos es que se discuta”.

DC – El elemento que pesó allí fue decir: si ponemos una propuesta, automáticamente parecería que cerramos la propuesta. La idea es que hay algo que está cerrado, la ley que está cerrada; abrámosla, volvamos a discutir este punto. Uno de los problemas de la ley es que salió votada por un solo partido, por la mitad del país, y la otra mitad quedó afuera. Entonces, busquemos ahora rediscutir este tema, busquemos equilibrios. El senador Larrañaga adelantó ayer que su posición no es que se excluya a los educadores.

***

EC – Veamos el otro proyecto de ley nuevo que introdujo el senador Larrañaga en la sesión de ayer, un proyecto de “fortalecimiento y protagonismo de los centros educativos de la ANEP”.

DC – De esto estuvimos hablando hace un rato, cuando hablamos de darles a los centros educativos capacidades, márgenes para a partir de un currículo mínimo común generar una propuesta pedagógica contextualizada en su realidad, ajustada a las condiciones de sus alumnos. Esto también significa dar espacios para la innovación, atender la diversidad como contextos que pueden facilitar, potenciar las respuestas educativas, porque llegamos todos a la conclusión –fue afirmado ayer por todos los partidos– de que una política única, un camino único como se ha establecido hasta ahora, una sola propuesta uniformizada, termina generando más inequidades. Las brechas sociales en el país son enormes, la inequidad en el sistema educativo es impresionante, termina siendo un actor activo en la reproducción de las desigualdades sociales. Para evitar eso, necesitamos fortalecer los centros educativos.

EC – ¿Y por qué se precisa una ley? Se lo pregunto teniendo en cuenta que desde que usted asumió, e impulsado por usted, según recuerdo, hay en ejecución en el Codicen un programa que va en esta dirección.

DC – Efectivamente, empezamos por una experiencia piloto, pero hemos encontrado algunas dificultades importantes de resistencias, y se ha considerado que esto es darle un estatus legal, una forma de fortalecer una transformación del sistema educativo en que el centro no serían la autoridad central, las inspecciones, sino las comunidades educativas, a las que se empodera para que generen respuestas, construyan propuestas pedagógicas, desarrollen un plan de mejora tanto en gestión como en convivencia, como en aprendizaje, que exista en la institución un sistema de autoevaluación, de monitoreo de su desarrollo que permita fortalecer el protagonismo de los centros y capacitarlos para una transformación positiva.

EC – Para eso se precisa una ley.

DC – En este caso se entiende que una ley puede dar un marco más sólido, más fuerte para esta transformación, que implica incluso trasladar recursos a cada uno de estos centros educativos, darles la capacidad de hacer convenios con las intendencias para solucionar problemas edilicios, por ejemplo.

EC – ¿La ley también permitiría vencer las resistencias de las que hablaba?

DC – Efectivamente, si se convirtiera en un texto legal sería de aplicación determinada.

EC – ¿De quiénes son las resistencias?

DC – Las resistencias siempre vienen en este caso de la Fenapes, que desde el primer momento ha intentado frenar este proceso y ha convocado a los docentes a no participar en esta experiencia, intentando evitar que se elabore un proyecto piloto para verificar si esta es una dirección adecuada, positiva, si da resultados o no. Una ley permitiría darle una fortaleza, un blindaje a esto que me parece que ayer todos los partidos acordaron que era absolutamente imprescindible.

EC – Este fue otro punto de coincidencia.

DC – Sí, darle protagonismo a los centros, apostar a la diversidad dentro de la universalidad. En ese sentido le dejo un documento que presentamos, donde argumentamos la necesidad de recrear las políticas universalistas en el país a partir no de una visión uniformizante, sino de una visión que atiende y solventa, incorpora, la diversidad como parte central.

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Transcripción: María Lila Ltaif
Fuente: Espectador.com

Senadores buscarán reformular gobierno de la educación pública

Encuentro. Mañana acuden autoridades de ANEP y del MEC al Senado

Dos proyectos de ley y doce puntos de cambio educativo presentará mañana el senador nacionalista Jorge Larrañaga, en el segundo gran encuentro político del año relacionado con la crisis en la educación.

En febrero, el presidente José Mujica había citado a los cinco integrantes del Codicen y a representantes de la Universidad de la República a una reunión con el Consejo de Ministros. En esa instancia, las autoridades de la ANEP presentaron un documento con las estrategias para el período, y los ministros y el presidente se limitaron a escuchar y expresar sus preocupaciones.

Mañana, el senador de Alianza Nacional Jorge Larrañaga convocó al Codicen y al ministro de Educación y Cultura al Senado en régimen de comisión general. Es decir, una instancia similar a una interpelación, donde el debate se abre a los 31 legisladores de la Cámara Alta. “Muchas veces se dice, por parte de analistas, de periodistas o de la gente, que el Parlamento no se ocupa de los grandes temas de los uruguayos”, comentó Larrañaga. “Esta es una oportunidad que muestra lo contrario”, indicó.

La semana pasada, luego de que Larrañaga anunciara su intención de lograr un acuerdo nacional sobre educación, Mujica recogió el guante y lo llamó para decirle que coincide con la necesidad de plantear una estrategia común.

“Por un lado, el Presidente y el Poder Ejecutivo quieren cambiar, pero parte de la institucionalidad educativa no”, comentó Larrañaga. “Cierta parte de un corporativismo sindical radical se resiste a los cambios y los acuerdos, y de alguna manera impugna la intervención de la política en la conducción de la educación”, comentó.

En ese sentido, el senador planteará el debate sobre la integración de los consejos de la ANEP. Según el legislador, la integración actual de los consejos “ha sido un problema. Allí está el divorcio que hay entre el Codicen y Primaria, Secundaria y UTU”.

“No proponemos necesariamente que no haya representantes de los docentes. Eso lo dejamos para la discusión”, manifestó, y planteó que “pueda haber representación del sector docente, pero no en la dimensión que se dio en la ley actual”.

Los demás líderes de la oposición coinciden en este punto. El senador colorado Pedro Bordaberry fue más lejos y consideró que se debe “derogar” la ley de Educación, según dijo a El Observador. “Está claro que lo que está pasando hoy en la educación y la salud es porque están dirigidas por un sector de la sociedad y no por un representante electo cada cinco años que designa a quien representa a toda la sociedad”, afirmó.

Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió la semana pasada en una columna que “la sustitución de los actuales Consejos por una nueva integración que surja de un gran acuerdo multipartidario es el paso crucial, es el `santo y seña` de que ocurrirá un cambio real en la educación de nuestro país”. Para Mieres, de otro modo, se habrá “perdido el tiempo en la definición de las grandes líneas sin superar la capacidad de bloqueo interno”.

Larrañaga afirmó que incluso sectores del Frente Amplio, como el que dirige el vicepresidente Danilo Astori, coinciden en las dificultades que existen en la conducción de la enseñanza.

Plazos: En su propuesta Larrañaga planteará plazos para algunos temas educativos que están demorados. Por ejemplo, propone la aprobación en 180 días de la ley que crea el Instituto Universitario de Educación (IUDE), que reformulará y le dará un carácter universitario a la formación docente.

Un plazo similar se planteará para la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que evaluará los resultados de la educación primaria y media tanto pública como privada.

En este caso, el Partido Nacional insistirá en que el instituto cuente con evaluadores externos a las instituciones educativas, algo que en la ley actual no está planteado. “No es posible que las instituciones a evaluar designen la integración del instituto que evalúa”, afirmó Larrañaga.

Otra de las metas propuestas es que para 2013 se construyan 29 nuevos liceos (la mitad de los que se acordó crear en 2010). Además, para el 2013 se propone que la mitad de los liceos tenga implementados los “docentes-cargo”, para evitar la rotación de los profesores y lograr un plantel estable.

El País Digital

Jorge Larrañaga: “Demostraremos si el gobierno quiere cambiar o no”

Los acuerdos sobre educación de 2010 no se han cumplido, según Larrañaga, quien además descartó que su convocatoria al Parlamento sea una “movida política” en respuesta a la campaña de firmas que anunció Pedro Bordaberry.

-¿En qué pretende avanzar más allá de los acuerdos educativos de la comisión multipartidaria de 2010?

-Los acuerdos programáticos sobre la educación del 2010 en buena medida no se han cumplido. Es necesario dar este paso porque lo anterior es insuficiente. Porque nosotros sentimos que el sistema político perdió la conducción de la educación. Hay una suerte de divorcio del sistema político y la conducción de la educación.

-¿Qué es lo que aspira obtener, concretamente, de este encuentro?

-Esperamos lograr un fuerte compromiso de cambio por parte del gobierno y de las autoridades de la educación. Vamos a intentar demostrar con claridad y contundencia si el Poder Ejecutivo y el resto de la institucionalidad de la educación quieren cambiar o no.

-Algunos consideran que su convocatoria es una movida política, en respuesta a la iniciativa de Pedro Bordaberry de juntar firmas para impulsar cambios educativos.

-Yo vengo reclamando esto desde el arranque del gobierno. Además, estamos ante una extraña paradoja. Frente a la emergencia nacional de la educación, debiera ser el gobierno, que tiene mayorías parlamentarias, quien esté intentando un gran acuerdo nacional con el resto de los partidos políticos. Por el contrario, es un senador de la oposición quien le pide al gobierno un acuerdo nacional sobre educación. Entonces, ¿de qué movida estamos hablando? No entendió nada el que dijo eso. Y creo que no va a entender nunca nada. Porque no entiende que un político de la oposición pueda tener la buena fe y el deseo superior de buscar un acuerdo nacional.

-Eso no quita que tenga motivaciones políticas.

-Y si fuese así, ¿qué? ¿Todo lo político es espurio? ¿Tenemos derecho a seguir esperando? ¿Vamos a tener mayor credibilidad y legitimación si lo que podemos hacer ahora lo prometemos dentro de 30 meses cuando venga la campaña electoral próxima? Seríamos unos mentirosos y unos enormes hipócritas. Yo creo que se pueden hacer cosas en el país. Y lo digo de manera terminante: yo no me muevo en función de los demás. Yo no diseño mi accionar político en función de la estrategia o de lo que haga el resto de los políticos.
Cambios en la ley educativa

Uno de los proyectos que presentará el Partido Nacional busca modificar la ley de Educación para cambiar la integración de los consejos desconcentrados. También se propone modificar la definición sobre laicidad en la ley, para darle “un alcance mucho más firme y preciso”, según Larrañaga, y también cambiar los cometidos del Codicen, para “retornarle potestades” de la ley anterior.

El otro proyecto busca plasmar en ley la autonomía de los centros educativos.

12 puntos para un acuerdo

1. Autonomía: Otorgar autonomía y protagonismo a los centros de enseñanza, con la posibilidad de configurar un proyecto pedagógico propio.

2. Escuela pública:Apertura de los locales los 365 días del año. Desarrollar políticas para abordar los factores que inciden sobre el fracaso escolar.

3. Educación media:Combinar tradiciones educativas de secundaria y educación técnica. Construcción de 29 nuevos liceos en 2013.

4. Infraestructura: Política de adquisición de tierras; relevamiento de la infraestructura disponible; programas de mantenimiento y construcción de obra nueva.

5. Instituto tecnológico: Establecimiento del Instituto Tecnológico Superior (ITS), con una ley orgánica a aprobarse en 2012.

6. Alta tecnología: Crear centros de investigación y desarrollo, concebidos en conexión con polos de desarrollo regional. El primero debería funcionar en 2013.

7. IUDE:Aprobar la ley orgánica del Instituto Universitario de Educación para jerarquizar la carrera docente.

8. Estatuto docente:Reformar el texto actual para que incluya incentivos efectivos y justos y para cambiar la asignación de horas docentes, entre otros puntos.

9. Evaluación:Aprobar en un plazo de 180 días el Instituto de Evaluación Educativa, externo al sistema.

10. Ley de educación:Reforma para incluir cambios en la integración de los órganos de conducción.

11 y 12. Universidad: Creación de una Universidad en el interior del país, reformar la Ley Orgánica y crear una Ciudad Universitaria.

El País Digital

Blancos auguran enfrentamientos si la enseñanza no cambia

El 11 de octubre el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, elevará en el Parlamento su propuesta a autoridades de la Educación

Más explícito imposible. “Si luego del 11 de octubre el gobierno no toma medidas drásticas para mejorar la educación, vendrán tiempos de enfrentamientos. Lamentablemente, vendrán tiempos de enfrentamientos. No podemos esperar más”, dijo a El Observador el líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) para anunciar que, en pocos días, la relación de su sector con el oficialismo frenteamplista puede pegar un vuelvo inevitable.

Ese martes 11 de octubre, insistió Larrañaga, representará “un punto de inflexión, una jornada decisiva” en la que estará en juego el talante de su futura oposición al presidente José Mujica que, hasta ahora, ha sido la mas generosa de todos los líderes ajenos al oficialismo.

Ese día concurrirán al Senado el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y las autoridades del Codicen y escucharán de boca del dirigente blanco la propuesta de llegar a un “gran pacto nacional” sobre educación que englobe iniciativas tales como la multiplicación de las escuelas de tiempo completo y la creación de una Universidad pública en el interior del país.

Larrañaga ya se reunió el 6 de junio con el presidente Mujica para plantearle estas cosas y no descarta volver a hacerlo en los próximos días. Pero hasta el momento las respuestas han escaseado y en el Partido Nacional se empiezan a impacientar. “No nos vamos a quedar solo en el diagnóstico, vamos a establecer una hoja de ruta para un acuerdo nacional. Y si no hay respuestas rápidas que cada cual asuma las consecuencias”, sostuvo Larrañaga. Este “no va más” del líder de Alianza Nacional no significa que embestirá sin medida contra el gobierno de Mujica.

En ese sentido, el lunes 26 en Florida durante la reunión del directorio blanco, Larrañaga volvió a defender su tesitura de votar todas las cosas que al país le convengan aunque tenga costos políticos. “El Partido Nacional es la oposición y tenemos que convencernos de eso más allá de los diferentes tonos que le podamos ponerle. Porque quien aspira a gobernar debe tener la legitimidad y la credibilidad de haber dado su apoyo cuando correspondía”, señaló el parlamentario.

Pero, dijo Larrañaga a El Observador, el gobierno está haciendo muy poco para merecer una mano y, por tanto, está dispuesto a interpelar a las autoridades de la enseñanza si no se avanza en un acuerdo multipartidario. “Si no hay acuerdo sobre esto, el gobierno desperdiciará nuestros aportes y nuestro espíritu constructivo. Y, si eso es lo que quiere, si lo que elige es no escuchar ni ver, entonces se avecinan nuevos enfrentamientos”, insistió Larrañaga.

En los últimos meses Larrañaga fue una de las figuras con mayor exposición pública al convertirse en el representante más visible del rechazo a la campaña de recolección de firmas que impulsa el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad. Así, en este tema el líder blanco quedó del lado del gobierno lo que fue aprovechado por el líder colorado Pedro Bordaberry y sus dirigentes quienes lo encasillaron en el bando de los que “defienden a los delincuentes”.

Por otro lado, Larrañaga ha sido de los dirigentes políticos más preocupados por el estado de la educación uruguaya que, según considera, tiene jugada su suerte a la buena o a la mala de gremialistas demasiados corporativos y funcionarios bastante ineficaces.Pero, prontamente, Bordaberry salió con la idea de organizar una nueva juntada de firmas para instalar una universidad pública en el interior del país. Los blancos lo acusaron entonces de plagiar las ideas de sus rivales políticos sin adjudicarles el crédito correspondiente. Larrañaga consideró poco serio eso de andar juntando firmas para resolver asuntos que bien puede solucionar el Parlamento, y siguió adelante con su idea de cambiar radicalmente el sistema educativo. “Es un asunto que no tiene el gancho de la seguridad pública pero no es menos importante. Bordaberry agarró la bandera de la imputabilidad y Larrañaga agarró la de la educación”, dijo una fuente nacionalista.

El jueves 29 en El Observador el consejero del Codicen en nombre del Partido Nacional, Daniel Corbo, escribió: “La iniciativa del senador Larrañaga abre una oportunidad única para caminar hacia un acuerdo nacional, pero la palabra definitiva la tiene el gobierno, que es el responsable primero de la conducción de la enseñanza. En este juego es mano y tiene todos los comodines”.

Todo parece indicar que el 11 de octubre no será un día más en el Parlamento. Ni para la oposición ni para el gobierno que desde hace bastante tiempo viene legislando con los votos justos.

Leonardo Pereyra para El Observador

Proyecto de ley: Creación del Centro Nacional de Adicciones

El Senador y líder de Alianza Nacional Dr. Jorge Larrañaga, presentó en el día de hoy, miércoles 8 de junio, un proyecto de ley respecto a la creación del Centro Nacional de Adicciones

CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES

C r e a c i ó n

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Centro Nacional de Adicciones (CENA), el cual funcionará en la órbita del servicio descentralizado, Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que actuará en coordinación con la Junta Nacional de Drogas, el que tendrá competencia a nivel nacional.

El Centro Nacional de Adicciones tendrá como cometido principal la atención, tratamiento y/o internación y la rehabilitación que garantice la reinserción social de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con o sin privación de libertad, para la reducción del riesgo o daño derivados del uso de drogas, así como también a la familia de los mismos, y a las situaciones de emergencia derivadas de las complicaciones agudas por el uso problemático de sustancias psicoactivas. En caso de niños y niñas en situación de uso de drogas, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Los adolescentes en infracción a la ley penal estarán bajo la órbita de Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), de acuerdo al Código referido anteriormente.

En las situaciones de jóvenes y adultos en infracción a la ley penal por adicciones, se actuará en coordinación con el Ministerio del Interior. En todos los casos de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que no se encuentren en infracción a la ley penal, se actuará en coordinación con los organismos competentes.

Artículo 2º.- En caso de egreso del Centro, para los pacientes que no tienen familia o referentes que los alberguen, y teniendo en consideración el pronunciamiento de los especialistas tratantes sobre la conveniencia del retorno al lugar que pudo dar origen a la patología, deberán crearse lugares protegidos mientras continúen con el tratamiento en forma diurna o ambulatoria, los que deberán estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Los profesionales actuantes determinarán el lapso de tiempo de monitoreo de la persona una vez egresada del “CENA”.

Artículo 3º.- Créase el Consejo Asesor en Materia de Rehabilitación y Reinserción Social de niños/as, adolescentes, Jóvenes y adultos adictos amparados por los instrumentos que crea la presente ley, quien tendrá a su cargo la coordinación y articulación de las actividades de formación educativa y laboral, como así también la efectiva aplicación de los instrumentos que se creen en el ámbito de su competencia, con la finalidad de asegurar la incorporación de esta población objetivo, a los ámbitos educativos y laborales que conformen las vías de salida de su situación original de dependencia. El Consejo Asesor estará integrado por un representante de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social, Educación y Cultura y Salud Pública, del Interior, por el Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Inau, un delegado del Congreso de Intendentes y Asse, quien lo presidirá.

Artículo 4º.- En caso de solicitudes de ayuda, cualquiera sea su carácter, -personal o familiar-, ante situaciones de riesgo por uso problemático de drogas, en caso de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos será el “CENA” quien determinará el tratamiento, sin perjuicio de lo que estable el artículo 121 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente creación del “CENA” utilizando los recursos humanos y materiales dentro de las unidades ejecutoras de los Ministerios, Servicios Descentralizados y organismos de que disponga, compatibles con la especialización del Centro. Asimismo Asse determinará el lugar físico de la sede del CENA, así como también de los centros de tratamiento regionales y/o departamentales.

Montevideo, junio de 2011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde siempre, el consumo de drogas -legales e ilegales, socialmente aceptadas o no- ha estado presente en toda sociedad como problemática habitual, principalmente entre los y las adolescentes, en especial, entre aquellos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, como lo son los adolescentes y jóvenes pertenecientes a sectores excluidos socialmente.

Esto ha pautado que estos consumidores de sustancias psicoactivas transiten de diversas formas por sus espacios cotidianos, a veces de modo desafiante y violento, otras pidiendo ayuda explícitamente. Cuando hablamos de drogas legales, socialmente aceptadas, nos referimos al alcohol y al tabaco en especial; aquí debemos prestar suma atención todos los actores sociales y políticos porque aunque sabemos que son una droga, generalmente no las consideramos como tales. En estos casos, pueden ser el peldaño de una escalada que puede llevar al consumo de drogas ilegales, y a su vez relacionadas, como lo es en el caso del alcohol, con accidentes de todo tipo, sobre todo automovilísticos, violencia en general, incluso sexual, intento de autoeliminación, pérdida de autocontrol, potenciales situaciones de mal desarrollo psicofísico de hijos de padres alcohólicos, o sea, situaciones de riesgo en diversos casos.

Por ello, en nuestro país funciona, por decreto del Poder Ejecutivo número 463/988, del 13 de julio de 1988, la Junta Nacional de Drogas (JND) con el objeto de encarar una eficaz lucha contra el narcotráfico y el uso abusivo de drogas.

En dicho decreto se establecen quiénes la integran y funciona en la órbita de la Presidencia de la República, siendo el Prosecretario de la Presidencia de la República quien la preside.

En él también se enumeran sus competencias y la creación de la Secretaría Nacional de Drogas con el fin de coordinar la ejecución de las políticas de investigación, prevención, tratamiento, rehabilitación y represión de acuerdo a las directivas instrumentadas. La Secretaría Nacional de Drogas presentó en marzo del 2007 su plan de trabajo para dicho año, el cual manifestó debe ser éste modal e interinstitucional, siendo ésta la metodología para avanzar en el logro de los planes y contribuir a una estrategia nacional.

Se ha promovido un abordaje integral frente a la emergencia de la pasta base, pero focalizado ya que no se atiende a la enorme demanda de parte de la sociedad toda. Se ha sensibilizado también sobre el consumo abusivo del alcohol como prioridad en un enfoque abierto que incorpora el modelo de reducción de daños como un abordaje serio, científico, eficiente y respetuoso de los usuarios como sujetos de derechos.

Hoy, el aumento del consumo problemático de drogas ha llegado a tales extremos de violencia que han tenido como una de las consecuencias la configuración de delitos tales como rapiñas, homicidios, que afectan tanto al consumidor como a quienes lo rodean, desde su entorno familiar, local, como la sociedad toda, al irrumpir en situaciones muy críticas, urgentes y riesgosas que invaden la vida cotidiana.

Resulta notoria la saturación de la demanda que se está produciendo desde la familia del adicto/a y de la comunidad, ante la cual el sistema sanitario actual en general, público y/o privado, no se encuentra preparado para dar suficientes respuestas tanto desde el punto de vista de su infraestructura, como desde sus equipos técnicos ,multi interinstitucionales e interdisciplinarios. Por ello, entendemos que estamos ante un tema de seguridad individual, ciudadana, de salud pública, de derechos humanos y del derecho a ser libre y vivir como tal en una sociedad tolerante que no deba soportar las consecuencias del uso problemático de drogas.

Por estos motivos urge desde el Estado, con la ayuda de la sociedad civil organizada, generar una estrategia de intervención, no focalizada -como lo es hasta la fecha- sino una verdadera política de Estado,no solo en la prevención, sino en el tratamiento y/o la internación prolongada si fuere necesaria de esta población objetivo y su rehabilitación y reinserción social, que va desde niños-niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con y/o sin privación de libertad y que en la mayoría de los casos ellos y/o sus familias no encuentran respuestas para atacar esta problemática en forma integral a través de un trabajo multi e interdisciplinario y de diversas modalidades de atención (ambulatoria, tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, internación) y modalidades de atención complementarias como individuales, grupales, familiares, socio-comunitarias como forma de lograr la continentación que genera esta población para lograr sostener un proceso que apunte a reducir los daños del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Si bien el consumo de pasta base (pasta base de cocaína, es cocaína a medio tratar, macerada con solventes como parafina, bencina, ácido sulfúrico) se presenta como figura por sus efectos más dañosos e inmediatos a nivel individual y social, es en definitiva, este consumo, el emergente de una compleja red de circunstancias que confluyen para que esto suceda.

Como dice Wilbur Grimson, las adicciones se presentan como “el síntoma de profundos conflictos sociales”. Entiende la fragmentación social característica de la sociedad globalizada, una condición necesaria para que la persona se inicie en su “carrera de adicto”, en tanto da lugar al aislamiento social. Se entiende por uso problemático de drogas aquel que demostrablemente repercute de manera nociva en una o más áreas vitales del sujeto; inclúyese en este término todas las etapas del embarazo y las patologías que puedan incidir en la salud física y/o psíquica.

Dentro del consumo problemático de drogas tenemos entonces: los consumos ocasionales abusivos, el abuso sostenido y las adicciones, lo que por otra parte se asocia a las conductas de riesgo.

En un primer nivel tenemos consumos sin daño, en el cual no se entra en la etapa de salud, por lo que se trabaja desde la prevención. Cuando pasamos al segundo nivel, es decir, al abuso de drogas con daño reversible, se debe trabajar con un abordaje psicoterapéutico en centros ambulatorios especializados.

Aquí ya encontramos el primer escollo, ya que no existen los suficientes espacios de atención ambulatoria desde el Estado, donde se debe trabajar conjuntamente con su entorno familiar y social, y ni qué esperar en el tercer nivel de drogodependencia de primer grado, donde ya aparece el daño estable, y en el cuarto nivel de drogodependencia de segundo grado, donde además del daño estable aparece el deterioro progresivo.

En nuestro país, la pasta base se encuentra en el tercer y cuarto nivel antes mencionado, siendo en este momento una de las drogas que más se consume. Por ello, se debe profundizar y, en algunos casos, inaugurar la articulación con el MIDES-INAU-INFAMILIA-CODICEN-MEC-MTSS, y Desarrollo y Promoción de las Intendencias Municipales,INAU. Basta recordar que en la Colonia Berro (SEMEJI), bajo la dirección del INAU, donde se encuentran adolescentes en infracción a la ley penal, el 95% de los ingresos son por adicción y el 80% por consumo de pasta base.

Según algunas cifras, la mayor cantidad de motines, desacatos e incidentes ocurren, además de otros hechos, en el período de abstinencia. A partir de la creación de este Centro habrá un módulo especializado y de seguridad destinado a dichos adolescentes, donde se deberá operativisar realizando acciones transversales en varias áreas del Estado y la sociedad. Actualmente se encuentra a estudio del Parlamento la creación de un Instituto especializado y separado del INAU como servicio descentralizado para atención y rehabilitación de adolescentes en infracción a la ley penal.

Además de los factores sociales y familiares, el adolescente entra en circuito de riesgo, y daño y consecuencias como deserción escolar, exclusión social, conflicto con la ley, desvinculación y anomia familiar, problemáticas y reyertas familiares que desencadenan en el abandono y exclusión del hogar, desintegración familiar a corta edad, la vulnerabilidad aumenta a menor edad del joven.

Por ello creemos que debemos contribuir desde el Estado con el apoyo de la sociedad civil organizada (comunidades terapéuticas y organismos especializados) a reducir los riesgos y daños y a detener el deterioro progresivo en las diferentes áreas vitales de los sujetos, generando condiciones que favorezcan la resocialización de esta población objetivo y su reinserción en los ámbitos familiares, comunitarios, laborales y educativos, lo que conlleva a que la familia del adicto/a mejore con la ayuda debida en el desempeño de su rol de referentes.

Por lo antes dicho urge que el país cuente con un Centro Nacional de Adicciones (CENA). .

Véase que hoy no existe en el país un centro de atención e internación para niños/as por esta problemática ni tampoco para adultos, ni una puerta de emergencia destinada a usuarios de drogas (intoxicación aguda, abstinencia excitada).

Si bien se exige a las mutualistas treinta días de internación en tales casos para la desintoxicación (Etchepare, Hospital de Clínicas), lo que no existe es una internación prolongada ni pública ni privada salvo en comunidades terapéuticas, las que resultan onerosas para la mayoría de esta población objetivo. Sí existen centros de tratamientos públicos como el Portal Amarillo (ambulatorio, residencial y diurno), El Jagüel en Maldonado (diurno y residencial), fármaco-dependencia en el Hospital Maciel, equipos formados en policlínicas barriales tanto formados en ASSE como en la Intendencia Municipal de Montevideo, adicciones en el INAU (el Centro de tratamiento diurno y residencia en San José (se trasladó a Montevideo ya que no dio resultado en dicho departamento ,con 12 camas para la atención a de adolescentes de 12 a 16 años) y Centro Diurno en Montevideo, que abre en pocos días), pero los que siguen quedando cortos y de necesidad imperiosa son los cupos y/o las camas para el mejor tratamiento (casos que requieren de internación prolongada y seguimiento en el egreso, como así también la falta de una puerta de emergencia para usuarios de drogas, que ni de lo público ni lo privado se están dando respuestas adecuadas).

Sabemos que en el Portal Amarillo se atienden a niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos de 12 a 35 años, en el centro ambulatorio aproximadamente hoy se atienden doscientas cuarenta personas y sus familias por semana; en el diurno tienen unos dieciocho pacientes, y en el Centro de Internación hay habilitadas 35 camas para la atención de adolescentes y jóvenes de quince a treinta años.

El INAU estaría por habilitar 15 camas más exclusivamente para adolescentes de doce a dieciocho años. El CENA funcionará además como un Centro Nacional de Información y referencia de la Red de Drogas a través de su coordinación con la Junta Nacional de Drogas.

Por todo ello y como política integral de Estado para suplir estas carencias, entendemos que el Portal Amarillo,unidad ejecutora de Asse deberá continuar , bajo su órbita, además de los centros regionales y/o departamentales que se creen y además se deberá contar con una puerta de emergencia especial para usuarios con problemas de drogas y también que sirva para el tratamiento e internación de usuarios privados de libertad, y de lugares protegidos para el egreso del CENA cuando éstos deban continuar con el tratamiento y su rehabilitación

Cuando nos referimos al artículo 121 del Código del Niño y Adolescente que ordena la internación en caso de riesgo de vida sabemos que la realidad de hoy en esta situaciones por la falta de un centro, son derivadas a Psiquiátricos lo que deja demostrado que no existe la rehabilitación que demanda la enfermedad de la adicción. Entonces para no llamarle internación compulsiva se debe proponer que se cuente para estos casos, con un centro de puertas cerradas ya sea para usuarios de drogas y/o alcohol. Debemos argumentar también que el 70% de las demandas que llegan al Portal Amarrillo son voluntarias y comprenden a jóvenes entre 20 y 22 años que ya han pasado por ser adolescentes en infracción a la ley penal.

Demandan a los 22 años su internación y ello se debe a que han llegado al tope del consumo (prácticamente desde los 12 años entran y salen de INAU por cometer infracciones y en su mayoría a causa de la adicción, luego de Inau se fugan o salen y vuelven a cometer la infracción ya que no hay un centro que los desintoxique y los rehabilite a través del abordaje integral e interinstitucional por el uso de esta problemática adictiva).

La propuesta consignada en el artículo cuarto va en el sentido que las vías de salida sean objeto de planes concretos y obligue a la coordinación entre organismos tales como ANEP,ASSE,MTSS,MSPMIDES,INAU,ASS Creemos, además, oportuno presentar este proyecto como compromiso del país en el mes del “Día Internacional de la Familia” que ha sido declarado por las Naciones Unidas a celebrarse en todos los países que la integran, el 15 de mayo a partir de 1994, proyecto que fue presentado en el período legislativo próximo pasado con fecha19 de mayo de 2009 por la ex-Representante Nacional Sandra Etcheverry.

Montevideo, junio de 2011

Gandini criticó amnistía de BPS

El diputado nacionalista Jorge Gandini explicó a Montevideo Portal por qué argumentó en contra del proyecto de ley para perdonar la deuda a quienes no votaron en las elecciones del BPS. “Alguien tiene que representar a los ciudadanos que fueron a votar” dijo Gandini sobre su postura, agregando que, muchos, “se sienten los nabos de siempre”

El diputado del Partido Nacional Jorge Gandini fue el único legislador que argumentó en contra del proyecto de ley tratado este martes en Diputados, que exonera del pago de multa a quienes no votaron en las elecciones del Banco de Previsión Social, el pasado 27 de marzo.

Según Gandini, su argumentación se basó en que “alguien tiene que representar a los ciudadanos que fueron a votar, cumpliendo con la norma”. Para Gandini, las reglas estaban claras antes de la votación, incluyendo las sanciones que establecían a quienes no votaran. “Se podrá cambiar para la próxima votación pero para esta las reglas estaban claras de antemano” subrayó el diputado.

Gandini dijo además que la amnistía es “una pésima señal que se le da a la ciudadanía”, porque “se le dice que da lo mismo que no vote aunque sea obligatorio, porque después se le va a sacar la sanción”.

El nacionalista cree que “hay muchos uruguayos que se sienten los nabos de siempre”, y que tienen el mismo sentimiento que “los que pagamos los impuestos y luego sale una amnistía que beneficia a los que no pagaron”

“Debería premiarse al que cumple y no al que no lo hace” prosiguió el diputado, agregando que gran parte de la población tiene “derecho a sentirse engañada, porque fue a votar, dejando de hacer ciertas cosas o trasladándose para votar, y si no lo hubiera hecho dada igual”.

En la sesión de Diputados Gandini propuso que se discuta si las próximas elecciones del BPS deben ser obligatorias para los jubilados. Además, planteó la necesidad de incluir “mecanismos para facilitar la presentación de listas que representen otras corrientes”, de formas de hacer “más atractivas” las elecciones.

La posición de Gandini en el Parlamento fue acompañada por los diputados nacionalistas Daniel Mañana, Antonio Chiesa, Maute Saravia, y Federico Ricagni

Fuente: Montevideo Portal

Gandini: “Es un buen avance. Pero todavía está lejos de lo que pensamos”.

JAE – Contra reloj, el oficialismo y la oposición buscan acuerdos para dos leyes sobre menores delincuentes. Estamos con el diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional (AN), PN, vicepresidente de esta comisión que ha estado trabajando y que ya por febrero y marzo termina con este informe con recomendaciones. ¿Están las cosas dadas para que este mismo miércoles haya alguna aprobación en el caso del instituto de rehabilitación?

JORGE GANDINI:
Habría que acelerar la comisión. El trabajo que hizo la comisión bicameral fue enviado luego a la Cámara de Diputados y esta lo envió a la comisión que corresponde, que es la de Constitución. La comisión de Constitución ha estado ocupada y enfocada en el tema de la ley de Caducidad, por lo tanto recién esta semana habría liberado agenda para enfocar este tema. Los que tuvimos responsabilidad en la comisión bicameral hemos intentado conversar por fuera de la comisión. Se da la particularidad de que ninguno de nosotros integra la comisión de Constitución. Es el caso de Bango y el mío. Incluso hemos conversado con los senadores que estuvieron trabajando en la comisión y tenemos algún acercamiento informal. Ahora hay que procesar esto en la comisión y luego citar a la Cámara.

JAE – ¿Hay acuerdo para que se apruebe la creación del instituto de responsabilidad penal adolescente?

JG – Todavía hay algunas diferencias. Hay dos textos, el nuestro y el del Frente. Pero no están lejos. Creo que todos tenemos claro que tiene que haber una etapa transitoria. A nuestro juicio, no es simplemente una comisión delegada, sino que hay que precisar exactamente cómo se va a administrar la transición. Pero la transición debe culminar, y eso lo debe decir la ley con un organismo descentralizado…

JAE – …Que no dependa del INAU…

JG – …No compartimos que siga siendo el INAU el que se haga cargo de los menores infractores. Tiene que haber una transición para que se construyan las cárceles para menores. Dejémonos de eufemismos: cárceles para menores donde no se escapen. El gran tema que tenemos es la contención, donde haya funcionarios especializados para la tarea. No pueden ser funcionarios del INAU. Hay que hacer una cosa nueva, con gente nueva, con cabeza nueva, con otra formación y con procedimientos y mecanismos de seguridad adecuados, tanto en la infraestructura como en los procedimientos para que no se escapen. Si en los últimos dos años no se hubieran escapado todos los que se escaparon, hoy tendríamos muchísimos menos problemas en materia de seguridad.

JAE – ¿Cómo se dirimirá esta diferencia que hay entre el FA y el PN con respecto a los antecedentes? ¿El PN está dispuesto a ir hacia esta idea de dos años de plazo para que se conserven los antecedentes?

JG – Dos años nos parece muy poco, aunque quizás podríamos flexibilizar la posición. Lo que no nos parece adecuado es que sea una pena accesoria. No entendemos bien lo que es una pena accesoria. En el Código Penal, una pena accesoria se da, por ejemplo, cuando el código prevé que a una persona se la sanciona con dos años de prisión y la inhabilitación –y ésta es la pena accesoria– para ejercer la profesión durante cuatro años. Queremos que un juez pueda tener los antecedentes de un menor que cometió rapiñas y que cometió otros delitos. Ahí tampoco estamos de acuerdo, porque el Frente los circunscribe a cinco delitos gravísimos y nosotros creemos que hay que incluir otros delitos…

JAE – …Sí, el Frente dice delitos más graves como violación, rapiña, copamiento, secuestro y homicidio. ¿Qué dice el PN?

JG – Hay otros delitos que se cometen, vinculados por ejemplo al narcotráfico, en los cuales hay jóvenes involucrados. Yo no quiero opinar en los nombres porque estamos conversando, pero hay que ampliar ese listado con algunos delitos graves que son frecuentemente cometidos por jóvenes. Luego, el juez no los puede desechar; los tiene que considerar, así como si el menor tiene antecedentes y si cometió esos delitos cuando era menor y es considerado por un delito cometido en la etapa adulta.
De accesorio nada. Si viene con tres rapiñas se lo tiene que considerar para la pena que se le impone cuando es adulto, para el lugar de reclusión, para considerar una eventual libertad anticipada, etcétera, como siempre se consideran los antecedentes. Hay un grado de peligrosidad de un menor que pudo haber cometido esos delitos entre por ejemplo los 16 y 18 años. Ahí estamos lejos. Nos consta que el Frente ha hecho un esfuerzo. Estaba en una negativa cerrada a considerar este tema y algunos legisladores han ido flexibilizando la posición de todo el FA y han llegado hasta aquí. Es un buen avance para lo que era el punto de partida del Frente. Lo tenemos que reconocer. Pero todavía está lejos de lo que pensamos.

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Escuche la entrevista a Jorge Gandini

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Fuente: espectador.com

Oposición exige soluciones para seguridad y educación

Blancos y colorados exigirán al gobierno que solucione los temas de seguridad y educación. La intención de los partidos tradicionales es cerrar el tema Caducidad y plantear al Poder Ejecutivo los asuntos “postergados”.

El Directorio del Partido Nacional se reunirá hoy para discutir sobre los temas que se elevarán a la Convención Nacional en junio. “Para nosotros el tema Caducidad está cerrado y no vamos a analizar la posibilidad que maneja el FA de derogar la norma, porque es un tema de ellos. A nosotros nos preocupa la seguridad”, señaló el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional). Subrayó la importancia que dan los nacionalistas a que se concrete “cuanto antes” la creación del “Instituto Adolescente y el mantenimiento de los antecedentes de los menores de edad una vez cumplidos los 18”. Consideró que el gobierno “está dejando de lado los temas que realmente importan como la seguridad” y subrayó que “hasta que el FA no muestre el naipe completo sobre la Caducidad, no vamos a analizar nada porque cambian todos los días”.

En tanto el senador Sergio Abreu (Alianza Nacional) dijo a Ultimas Noticias que “todavía es incierto saber adónde va el gobierno”. Aseguró que no se puede seguir insistiendo con la Caducidad “porque el pueblo ya se pronunció dos veces (1989-2009). “Hay muchos más temas que importan y mucho como la seguridad y la educación”, agregó. Sostuvo que las diferencias y fracturas dentro del FA “no pueden incidir en el gobierno”.

Mientras tanto el diputado Javier García (Alianza Nacional), coincidió con el resto sobre que el tema de la Caducidad “está cerrado por la ciudadanía” y es hora de trabajar con seriedad en materia de seguridad”.

Manifestó que el gobierno debe tomar en cuenta la encuesta de Barómetro Iberoamericano y “hacerse cargo de que todavía no se aprobó en el Parlamento la creación del Instituto de Rehabilitación Adolescente”. Fuentes aseguraron que en la reunión del Directorio nacionalista no se descarta que algún sector introduzca en la discusión la posibilidad de que exista un “pronunciamiento formal” sobre este tema. “Lo de la inseguridad ya dejó de ser una sensación térmica”, indicaron.

Extraído de Últimas Noticias

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