Proyecto blanco intenta evitar clausura de caso Peirano Basso.

Larrañaga quiere interpretar la derogación del artículo 76 de la ley 2.230

El senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, junto a los senadores de su sector, está preparando un proyecto de ley para “rehabilitar” la causa de los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso, clausurada por la derogación del artículo 76 de la ley 2230, relacionada con el fraude.

La eliminación de ese delito fue incluida en una ley de 2008, dirigida a acelerar la entrada en vigencia de un nuevo procedimiento de quiebras. Uno de sus autores, el senador blanco Sergio Abreu, dijo que lo hizo a sugerencia del ex canciller frentista Gonzalo Fernández, algo que este niega.

El semanario Búsqueda informó ayer que la esposa del ex canciller, Cecilia Salom, incluyó a Fernández como abogado en la defensa de uno de los ex ejecutivos del Banco Montevideo. La publicación incluso dijo que la Justicia indaga si Fernández incurrió en el delito de “conjunción del interés personal y del público” al haber promulgado, como canciller, la ley que derogó el artículo 76 y que a la postre derivó en la clausura de la causa de los hermanos Peirano Basso. Esa clausura fue apelada.

Ley Larrañaga.
En tanto, el sector blanco Alianza Nacional está culminando la redacción de un proyecto de ley interpretativo del Código Penal y del Código del Proceso Penal para corregir “las dificultades interpretativas” provocadas por la derogación de la ley de fraude del artículo 76, dijo Larrañaga.

El líder blanco, junto a los senadores Carlos Moreira, Heber Da Rosa y Sergio Abreu, se ha estado reuniendo con especialistas para redactar el articulado.

“El proyecto de ley tiene por consecuencia la rehabilitación de los procesos penales clausurados, todo ello actuando en el plano que le corresponde al Parlamento sin vulnerar a la Justicia”, dijo Larrañaga.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry se refirió a la nueva información sobre Fernández, que a su juicio le “tomó el pelo” al Parlamento cuando se deslindó del caso Peirano Basso. “En este tema hay que manejarse con cuidado porque se trata de hechos muy graves que, de confirmarse, van a tener consecuencias de todo tipo”, agregó. Dijo incluso que “Fernández no fue leal”.

Fuente: El Observador

Uruguay no puede resignar intereses

La nueva cumbre del Mercosur, esta semana, tratará de enfrentar muchos de los temas comerciales que han desnaturalizado su funcionamiento.

La Unión Aduanera, objetivo planteado en Ouro Preto en 1994, necesita de un arancel externo común y de políticas comerciales concertadas que consoliden el funcionamiento del mercado ampliado. Hasta ahora, el arancel externo común se paga dos veces dentro del bloque si el producto ingresa en más de una Aduana; por otra parte, el Código Aduanero aún no fue aprobado, y se va a discutir su puesta en vigencia bajo una gran incertidumbre sobre su contenido.

Uruguay debe mantener una posición inflexible con respecto a las detracciones que la Argentina aplica a sus exportaciones, por ser violatorias de las normas del Mercosur. Asimismo, el instrumento de la admisión temporaria debe prorrogarse para que los insumos de mayor calidad y tecnología de terceros países, puedan importarse exentos de arancel para aumentar la productividad y la competitividad de determinados procesos productivos.

Además de esto, no se ha reparado debidamente sobre la consolidación de una bilateralidad argentino-brasileña, que ha cambiado la metodología de acceso al mercado, imponiendo cupos y cuotas de exportación e importación para determinados productos. Todos estos temas, de neto cuño comercial, necesitan de una estrategia del país definida técnicamente y respaldada políticamente. De una clara definición depende la colocación de nuestros productos, la igualdad de tratamiento a la inversión extranjera y la flexibilidad que debe otorgarse a las economías más pequeñas en sus relaciones con terceros mercados.

Por Sergio Abreu Senador del Partido Nacional

Sergio Abreu: “Estamos aspirando a que la reforma tributaria pase por un juez especializado”

El senador por Alianza Nacional Sergio Abreu convocó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al canciller, Luis Almagro. El legislador explicó que la “convocatoria es para que el ministro de Economía y el ministro de Relaciones unifiquen el criterio en materia de política comercial”. En especial explicó que “Argentina quiere incluir en el código aduanero la posibilidad de que haya detracciones como establecen las últimas políticas tributarias para las exportaciones”. “No compartimos ese criterio y creemos que no se debe incluir”, agregó.

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el subsecretario, Pedro Buonomo, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, fueron convocados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para que expliquen la política cambiaria que va a aplicar el gobierno.

Se trata de una moción presentada por el senador de Propuesta Batllista José Amorín. La convocatoria se conoció el mismo día en que el BCU y el Ministerio de Economía resolvieron mantener la tasa de interés de referencia para operaciones entre bancos, basándose en la necesidad de monitorear presiones inflacionarias que derivan del contexto internacional.

Pero hay otros temas que se han abordado por el equipo económico en el Parlamento: la política comercial y la tributaria.

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JAE – En materia de política comercial ha sido convocado, también, el canciller de la República, Luis Almagro, junto al ministro de Economía para que se refieran a los avances y las políticas que está impulsando el Ejecutivo. Quien impulsa esta moción es el doctor Sergio Abreu, senador del Partido Nacional (PN), Alianza Nacional (AN), con quien estamos en comunicación.

¿Cómo se llega a esto, se trata de dos mociones distintas, se van a unificar?

SERGIO ABREU:
Primero se va a convocar al ministro de Economía para que, como ustedes informaran, hablara sobre el tema de la política cambiaria y las distintas medidas que se están tomando, como moción del senador Amorín.

Después, a nuestra moción, se incorpora la presencia del ministro de Economía y del canciller en conjunto para analizar la reforma tributaria desde dos puntos de vista: los aspectos tributarios (la discusión sobre el alcance de esta reforma) y, por otro lado, la implementación de esta reforma desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, los acuerdos y los tratados internacionales que el Uruguay ha firmado y que va a firmar respecto de lo que es el derivado de la reforma tributaria.

En segundo lugar, el tema de la política comercial del grupo Mercado Común del Sur (Mercosur) que se empieza a trabajar en julio y que tiene que ver con el código aduanero con el arancel externo común y con aspectos que hacen a un avance en la uniformización de políticas comerciales en el ámbito del Mercosur.

JAE – ¿Le interesa como legislador abordar el tema política tributaria a la luz de los convenios que está firmando Uruguay con otros países?

SA – Obviamente porque ya hemos tenido algunos tratados. Por ejemplo, el tratado con Portugal, el tratado con México y algunos otros que se supone que tienen una conexión con la aspiración del Uruguay de salir de la lista gris de OCDE. Esos tratados internacionales tienen que ser bien definidos en su alcance porque incorporan el sistema de información que los países solicitan en materia tributaria y que se facilitan por la legislación en cuanto al levantamiento del secreto bancario y algunos otros instrumentos más.

JAE – ¿Por dónde pasan los elementos que le interesan a usted profundizar?

SA – Sobre todo ver hasta qué punto llega un tratado en materia de información porque eso se complementa con la legislación interna. Es decir, estamos aspirando a que la reforma tributaria pase, entre otras cosas, por el ámbito jurisdiccional que haya un juez especializado que pueda estudiarlo. Que además se pronuncie no exclusivamente sobre un aspecto formal sino material (en el sentido de que el fundamento pueda ser analizado por el juez y no simplemente un trámite).

Y además que esto de alguna manera refleje en un tratado internacional donde tengamos que poner los parámetros necesarios como para que no termine siendo un trámite administrativo donde el secreto bancario queda absolutamente por el camino sin ningún tipo de resguardo en relación con los tratados que se firman.

JAE – Uruguay, como se ha dicho en más de una oportunidad, va rumbo a la firma de al menos doce acuerdos -el mínimo que está estableciendo la OCDE hoy día-, pero se trata de convenios que en definitiva pasan por el Parlamento, ¿hay discusiones en ese entorno?

SA – Exactamente. Pero los acuerdos que pasan por el Parlamento -que se aprueban exclusivamente por sí o por no porque no tienen las posibilidades de ser modificados-se celebran por parte del Estado a nivel de Poder Ejecutivo. Es decir, la aprobación del tratado sí la realiza el Parlamento pero no puede modificar el contenido del tratado sino que puede rechazarlo o aceptarlo.

Queremos saber cuál es la posición que el Poder Ejecutivo tiene sobre cuáles son las cláusulas que va a incluir y cuáles son las condiciones que incluyen en los tratados internacionales respecto de la cooperación en materia de información tributaria y de levantamiento del secreto bancario.

JAE – Aquí sobrevuela el acuerdo con Argentina como un elemento que cada tanto se viene manejando y cada vez con más insistencia. Ayer la directora adjunta de política y administración de la OCDE, Grace Pérez Navarro, declaró a Búsqueda que “el gobierno debería firmar un acuerdo con Argentina a efectos de intercambiar información sobre inversiones que ciudadanos de ese país tienen aquí en Uruguay”. Dijo la funcionaria que “vemos una posición muy buena de Uruguay”. Destacó que Uruguay está haciendo los deberes, está dando los pasos correctos. Ya se han negociado varios acuerdos, se está cambiando la ley de secreto bancario esto hace viable los convenios. Sin embargo, aclaró que corresponde al Foro Global de la OCDE la tarea de evaluar los acuerdos que han alcanzado y que además es posible que se vean no solamente cuántos acuerdos tiene Uruguay firmados sino con quién -cuáles son los países con los que existe relación económica importante y con quienes se ha firmado un acuerdo-.

¿Cómo ve usted las declaraciones de Grace Pérez Navarro?

SA – Es un tema que va avanzando y que tampoco nosotros podemos estar legislando y haciendo foros internacionales simplemente por una visión de que el secreto bancario tiene que ser levantado sin ningún tipo de limitación.

Lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo que de acuerdo con la reforma tributaria que se está planteando tenga garantías y además no perjudique la imagen del país. Una cosa es luchar contra la evasión tributaria y otra es crear las condiciones cuando se modifica en el caso del Uruguay, desde la fuente universal a la fuente territorial, un criterio tradicionalmente aplicado por el Uruguay. Un mensaje que puede afectar la credibilidad del país en materia de inversiones o de determinada radicación de personas en residentes.

JAE – ¿Qué opina de lo que leí sobre el acuerdo con Argentina?

SA – Con la Argentina tenemos que manejarnos con un criterio lo más restrictivo posible en función de que tenemos una relación donde la radicación de capitales y de ciudadanos argentinos es muy importante. Hay una confianza en el Uruguay, y esto no significa utilizar el territorio uruguayo para cometer delitos.

JAE – ¿Por qué lo más restrictivo posible debería ser eso?

SA – Porque nosotros, por lo menos en el caso del PN, no somos partidarios de crear condiciones como para desalentar la inversión ni para cambiar el criterio de la forma que estamos cambiando por el lado de la legislación interna y por la firma de los tratados internacionales.

La información que se pide en un tratado internacional puede tener sus canales y su manera de limitarse. No es simplemente un trámite administrativo porque si no terminamos utilizando los tratados internacionales para perseguir como puede suceder en el caso de la Argentina a cualquier ciudadano argentino que quiera invertir o que tenga radicado en el Uruguay determinados bienes y que el gobierno argentino por un motivo u otro -a veces no tan legal simplemente político- pueda tener la intención de perseguirlos.

JAE – El estudio Ferrere Abogados ha alertado en los últimos días que si Argentina pide un acuerdo de intercambio de información exclusivo con Uruguay no hay posibilidad de negarse porque en ese caso Uruguay correría el riesgo de entrar en la lista negra otra vez tal como ocurrió el año pasado. ¿Cuál es su posición, efectivamente Uruguay no tiene margen de maniobra para esto?

SA – No, depende del alcance y el contenido del acuerdo. No creo que se pueda negar porque ya hemos venido celebrando varios acuerdos. Por ejemplo el de Portugal y el de México son acuerdos bastante amplios donde la información está más allá a veces de lo que uno le gustaría que fuera. De manera que cuando vamos a la negociación con Argentina y ese es el pedido a la Cancillería para ver qué criterios y de qué manera va a negociar un acuerdo tributario con la Argentina a los efectos de salvaguardar de alguna forma los intereses del Uruguay en su tradicional posición de radicar inversiones y de respetar al inversor extranjero y en particular al argentino.

El tratado hay que firmarlo si es que se sigue para adelante pero también tenemos que establecer los límites necesarios como para manejarnos con la debida prudencia y no simplemente estar sujetos a la presión de organismos internacionales o de los grandes países desarrollados más allá de los fundamentos que ellos tengan y menos aún del tema argentino en forma bilateral porque el Uruguay tiene que defender su tradicional posición de radicación de inversiones.

JAE – ¿Cómo entra esto en el paquete negociación multilateral o regional a propósito del Mercosur? Usted mencionaba que se vienen momentos importantes para el bloque económico porque hay cuestiones para resolver. ¿Cómo encaja esa negociación con esta otra, cómo ve al Uruguay encarnado una negociación a diferentes bandas en la región?

SA – Este es el gran tema, la convocatoria es para que el ministro de Economía y el ministro de Relaciones unifiquen el criterio en materia de política comercial. Estamos en las puertas de negociar nada menos que el arancel externo común, es decir eliminar el doble cobro, y entonces comienza a funcionar algunos mecanismos de la unión aduanera. Por otro lado, el código aduanero está pronto, no tenemos conocimiento de cuál es su contenido real, y hay aspectos muy importantes por ejemplo sabemos que Argentina quiere incluir en el código aduanero la posibilidad de que haya detracciones como establecen las últimas políticas tributarias para las exportaciones. No compartimos ese criterio y creemos que no se debe incluir.

De la misma manera, definir el tema de la admisión temporaria que es un mecanismo que el Uruguay ha defendido tradicionalmente porque es el que le permite importar insumos internacionales de última generación de tecnología a precios internacionales sin pagar el arancel externo común.

Todas cosas que tienen que ver con la estrategia de un país en materia comercial y además con los aspectos comerciales con Argentina y Brasil sobre el comercio administrado que estamos sufriendo. Hablamos de muchas aperturas de mercado pero hoy el sector alimenticio uruguayo -la galletería por ejemplo, las empresas como el caso de Bimbo, Monte Cudine, El Trigal- hay que preguntarle cuál es la situación que está teniendo por la limitación argentina simplemente porque a un señor Moreno se le ocurre hacer limitaciones de carácter personal aunque las niegue después y el sistema de cupo administrado está sustituyendo el acceso al mercado sin restricciones.

Entonces todo eso es un tema de política comercial, qué filosofía se va a encarar, cómo lo vamos a poder apoyar en ese sentido, no es un tema aislado, y cómo después nos proyectamos hacia fuera en lo que tiene que ver con las obligaciones de la Ronda Doha, qué posición vamos a tener si es en común o no, los cupos que Brasil nos está imponiendo por ejemplo en materia láctea. Son temas muy de fondo que a veces no estamos en condiciones de discutirlos antes de que se tomen algunas definiciones.

Entonces el tema es: ¿el gobierno está en condiciones de tener una política comercial común? ¿Los dos ministros lo pueden explicar en forma clara? Y si eso es así, ¿se puede buscar una manera de respaldar algunos temas o de discutir otros antes de que se tomen decisiones en el ámbito del Mercosur como las dificultades que tiene? Esa es la gran pregunta y lo que nosotros queremos reflexionar para poder ir acompañando o no determinadas medidas que el gobierno va a verse enfrentado en los próximos meses.

Fuente: El Espectador

Senador Sergio Abreu: La oposición no comparte adjudicar “logro” a Mujica

Integrantes de la oposición se mostraron contrarios a atribuirle al presidente José Mujica una victoria política relacionada al levantamiento de los puentes. Los dirigentes se pronunciaron en contra del monitoreo dentro de la planta.

El senador nacionalista Sergio Abreu (Alianza Nacional) dijo que no se puede hablar de triunfo o derrota del gobierno de José Mujica con relación al levantamiento de los piquetes. “Esto no puede medirse como si fuera un clásico rioplatense, hay que verlo como un nuevo relacionamiento con los vecinos”, señaló.

Abreu propuso que el gobierno plantee en el Mercosur la creación de un protocolo ambiental que tenga como modelo los requerimientos que Uruguay le exigió a la planta de celulosa UPM (ex Botnia). Este protocolo podría ser aplicado a todas las plantas de celulosa de la región.

Para el senador, en la sentencia de La Haya no hubo perdedores. “Ganamos todos. Si yo fuera un vecino de Gualeguaychú estaría contento de que un organismo internacional como es la Corte Internacional de Justicia haya dicho que la planta no contamina”.

Con relación al monitoreo por parte de técnicos argentinos dentro de la empresa, señaló: “El artículo séptimo estableció el monitoreo de las aguas. Lo que no podemos es desviarnos de la buena fe compartida, y guiarnos por los que perdieron la objetividad y quieren ganar en la liga lo que no consiguieron en la cancha. La empresa podrá colaborar, o no, con información pero no se puede poner un comando de ocupación tecnológico en territorio uruguayo. No es digno de quien lo pide ni de quien lo acepta. La soberanía no es un objeto de utilería”, concluyó.

Fuente: Últimas Noticias

La cola no mueve al perro

Hace dos días asistí a la presentación del libro de mi amigo el ex canciller del Brasil Luiz Felipe Lampreia; distinguido diplomático, de un reconocido estilo duro y sincero para expresar sus ideas.

Allí recordé una frase que me espetó cuando el Uruguay reclamaba hace varios años, una actitud más comprensiva del Brasil en el Mercosur. En la descripción más gráfica de la asimétrica que haya escuchado hasta ahora, Lampreia me dijo en tono de pregunta: “¿desde cuándo la cola mueve al perro?”

La geografía ya no es una limitación a la participación del Brasil en el nuevo escenario multipolar, por lo que los objetivos básicos de su política exterior se han centrado en alcanzar la calidad de Miembro Permanente en el Consejo de Seguridad y de impulsar una conclusión satisfactoria de la ronda Doha de la OMC.

Los dos objetivos están en peligro: el segundo por el juego de complejos intereses de más de 150 Estados en la OMC, incluidos los que defiende el Brasil; y el primero por el manejo de su política exterior, que por su apartamiento de tradicionales posiciones, lo empuja al aislamiento. Apoyar a Irán es alinearse con una dictadura teocrática que actúa fuera del Derecho Internacional y del respeto a los Derechos Humanos, que impulsa el odio y la desaparición del Estado de Israel de la faz de la tierra, transformándose en una amenaza para la convivencia pacífica, al desoír las advertencias que la OIEA y el Consejo de Seguridad le vienen haciendo sobre su política nuclear.

El Brasil no puede ignorar que el gobierno turco ha cambiado de orientación política y sus objetivos son otros. Los kemales laicos han dejado lugar a los “hermanos musulmanes” y la alianza estratégica se orienta hacia el mundo islámico y también árabe en el ejercicio de un liderazgo destinado a sustituir el tradicional y equilibrado rol de Egipto en la región. No se trata de una lucha ideológica; por eso, el escenario multipolar actual no admite un análisis simplista que se resuma en definir contra quién se está o una interpretación a la ligera de la conducta brasileña por alcanzar un rol relevante en el plano global, ya que no lo permite ni su economía, aún con los éxitos que expone, como tampoco las posibilidades de aumentar su peso político, al tratar de controlar el ciclo completo del enriquecimiento de uranio para tener el componente nuclear de sus desiguales socios del llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

Lamentablemente, el Brasil se equivoca al potenciar el diagnóstico de que las economías emergentes asumirán el comando político del mundo multipolar; sobre todo cuando desconoce la importancia de detener el acceso a armas nucleares de un gobierno liderado por una fanática dictadura religiosa, que sintoniza con Hamas en la faja de Gaza y Hezbollah en El Líbano. Tampoco debe serle ajeno que Turquía alimenta una estrategia de confrontación con el mundo occidental, sin que esto signifique que “sus nuevos amores” olviden sus diferencias con la vieja Persia y la histórica impronta del Imperio Turco-Otomano.

Las sanciones dejan una puerta abierta para el diálogo, pero el Presidente Lula, al insistir en calificar la decisión como un error, corre el riesgo de quedar aislado en la ONU, y aún en el continente. Y en este sentido, para los que insisten en la importancia del Mercosur político, o de la cojitranca Unasur, sería bueno escuchar la voz del gobierno argentino y del novel secretario general de esta última respecto del requerimiento que la Justicia argentina ha dispuesto de ministros del gobierno de Irán por encontrarlos implicados en el atentado terrorista de la AMIA.

La más recurrente y resistente de las enfermedades políticas es la “inflación de autoestima”. Y como ha dicho en la prensa en estos días el Embajador Marcos Azambuja, un ícono de la diplomacia brasileña, el Brasil, más que votar en contra de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, al asociarse a una ínfima minoría, “quedó aislado al lado de Turquía y de Irán, contra sus aliados históricos”.

Esperamos que la referencia que sobre “la cola y el perro” nos hiciera el ex canciller Lampreia hace mucho tiempo, pueda servirle al Brasil para reflexionar sobre su pretendida incidencia global.

SERGIO ABREU

Sergio Abreu analiza el encuentro Mujica- Fernández

El Senador por Alianza Nacional, Sergio Abreu, criticó el rol de Brasil en la región y analiza el encuentro entre los Presidentes de Uruguay y Argentina. Lo que sigue es el audio de su intervención en el programa ” A Viva Voz” que transmite 1410 AM Libre.

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Sergio Abreu: ‘Lo del corte [de ruta] es una violación de derechos humanos básicos’.

Mañana se reunirán en la estancia de Anchorena los presidentes de Uruguay y Argentina. Es el segundo encuentro luego del fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia en La Haya. “Hay que levantar la agenda bilateral que estaba absolutamente congelada”, dijo a En Perspectiva el senador Sergio Abreu. Para el ex canciller, “tenemos que buscar una declaración conjunta de ambos gobiernos para los temas que nos resultan prioritarios”. El nacionalista se opuso a la opinión de José Mujica sobre el corte de ruta, quien señaló que es “lo menos” importante de los asuntos en la agenda.

EMILIANO COTELO:
Los presidentes José Mujica y Cristina Fernández van a mantener mañana, en la estancia de Anchorena, el segundo encuentro luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

Mujica ha manifestado que entre los 27 temas incluidos en la agenda bilateral el asunto del corte del puente General San Martín es “lo de menos”. Después de ese comentario que el mandatario uruguayo realizó durante el fin de semana, el líder del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Lacalle, discrepó con él. Según Lacalle “el presidente debe ser todo lo firme que nos permita nuestra posición” y agregó que “si a este tema le quitamos importancia estamos devaluando lo que es la posición del país”.

En la crónica del matutino La Diaria se agrega que el ex presidente aclaró que no le gusta dar lecciones y menos indicaciones al presidente pero manifestó su visión diferente a la que ha hecho conocer Mujica. “Discrepo con que no le dé importancia a lo que es la violación de la constitución argentina y del Tratado de Asunción y que tiene un laudo arbitral del Tribunal del Mercosur diciendo que es ilegal, sostuvo Lacalle, quien reclamó que Argentina unilateralmente y cuanto antes tiene que proceder a ejercer el poder del Estado dentro de su territorio obligando a levantar el piquete”.

Estas declaraciones ocurrieron a la salida de la mesa redonda, después de La Haya, que fue organizada por el Instituto Manuel Oribe y en la que participaron los delegados de la oposición que concurrieron a recibir la sentencia: los senadores Ope Pasquet por el Partido Colorado (PC), Sergio Abreu por el PN y el abogado Heber Gatto del Partido Independiente (PI). Estaba invitado también el excanciller Pedro Vaz, que encabezó la delegación a La Haya en nombre del gobierno, pero según se aclaró ayer en la tarde comunicó al Instituto Manuel Oribe que no podría concurrir.

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EC: El diálogo es a partir de este momento con el senador Sergio Abreu, uno de los participantes de esa mesa.

Previo de la cumbre de Anchorena, ¿por dónde tiene que fijar las prioridades el gobierno uruguayo?

SERGIO ABREU:
Hay un tema de levantar la agenda bilateral que estaba absolutamente congelada. El hecho positivo es que se van a sentar los dos gobiernos en forma institucional, presidente con sus distintos representantes diplomáticos, para discutir toda la agenda bilateral. Es un tema importante porque estaba congelada esta agenda.

Uruguay va a tener que establecer prioridades. No podemos llevar 27 puntos como si fuera una especie de lista de pedidos. Simplemente, tenemos que manejarnos con aquellos temas que son prioritarios para el país.

EC – De hecho se van a llevar una importante cantidad de temas, al punto de que las delegaciones de los dos países van a estar compuestas por todos los ministros.

SA: Exacto. Lo que pasa que esto puede tener un resultado positivo en el entendido de que se dinamiza todo y un resultado negativo en el entendido de que todo comienza a andar y nada tiene una prioridad efectiva. Acá tenemos un dragado del canal Martín García, la fijación del peaje, simplemente es una llamada por teléfono del gobierno argentino a la CARU para confirmar, ya ni siquiera es un tema de autorización porque está decidido hasta por la propia Comisión bilateral.

El segundo tema está vinculado a la energía que es un aspecto más importante. El tercero asunto es respecto al comercio que de alguna manera está vinculado con el nuevo sistema de comercio administrado que han impuesto dentro del Mercosur; y algunos aspectos del transporte marítimo. Todo lo que tiene que ver con una agenda que el Uruguay debe priorizar algunos aspectos.

Ahora, esta agenda no puede dejar de lado lo que son las obligaciones internacionales que ha asumido la Argentina y el Uruguay y fundamentalmente un fallo internacional como el de La Haya que ha sido solicitado, entre otras cosas, al requerimiento argentino que fue quien demandó a Uruguay.

Estos temas políticos se tienen que manejar en la doble dimensión, y no se puede decir en forma ligera que lo del corte [del puente internacional] es lo de menos. Lo del corte es una violación de derechos humanos básicos, de la libertad de circulación, de muchos aspectos que están hoy en la agenda del ámbito internacional. Incluso la propia denuncia que Brasil le hace a Israel sobre el bloqueo, hablando de la libre circulación. A Brasil se le ha ocurrido tarde levantar esa bandera en Medio Oriente cuando podía haberlo tenido muy cerca hablando de la libre circulación.

Pero esos temas son muy importantes por la seguridad jurídica, por el derecho constitucional, por los derechos humanos y hasta por el propio respeto que se merece el gobierno argentino que los piquetes argentinos ya redoblan la apuesta en el momento que tienen la reunión y le plantean un bloqueo multiplicado por tres.

EC – De todos modos, supongo que el presidente Mujica estaba aludiendo a que en buena medida, también por el bloqueo y por el conflicto por la planta de celulosa, la agenda bilateral está cargada de esos asuntos que han ido quedando trancados y que tienen mucha relevancia: el comercio, la actividad portuaria …

SA – …Creo que sí, estaba aludiendo a eso. Pero también es un tema de manejar un poco las palabras porque los mensajes de los presidentes se escuchan y se interpretan. Yo soy la presidenta argentina y digo “el corte es lo de menos” de alguna manera puedo tener una interpretación que después tengo que aclarar.

EC – ¿Cómo debería introducir ese tema en particular, el del corte, la delegación uruguaya mañana en la cumbre de Anchorena?

SA – En primer lugar, tenemos que buscar una declaración conjunta de ambos gobiernos para los temas que nos resultan prioritarios. Un documento escrito, un compromiso que exista la voluntad definida de ambos Estados para los temas que les parecen prioritarios. En segundo lugar, la CARU debe comenzar el monitoreo –que ya está definido en el fallo de La Haya-, definir los delegados y dar las instrucciones para comenzar a trabajar en el monitoreo dentro de los límites que establece la propia sentencia, que no incluye entre otras cosas la participación dentro de la propia fábrica para analizar el proceso de producción.

EC – O sea no incluye lo que ahora sí se está reclamando desde Argentina.

SA – Exacto. La sentencia de la Corte Internacional habla del régimen de las aguas, el estatuto del Río Uruguay lo dice así, y además se ha negado los aspectos ambientales referidos al olor, el color, y el paisaje, que fueron argumentados por Argentina porque es un tema exclusivamente de competencia de lo que dice el estatuto del Río Uruguay que habla del régimen de las aguas. Así que es un tema muy importante pero lo tenemos que seguir adelante.

Por otro lado, si yo fuera Uruguay -en el sentido de lo que me gustaría que fuera- hace rato hubiera propuesto un protocolo ambiental para el Mercosur sobre este tema. Sí hemos exigido los máximos requerimientos ambientales, le pedimos a Brasil, Paraguay y Argentina que se atengan a los requisitos uruguayos y le puedo asegurar que la mayoría de las fábricas, si se aplica estrictamente, tienen que cerrar de la Argentina y del Brasil. Del Brasil por un lado, de Argentina no sabemos porque tienen varios criterios para estos temas.

Por otro lado, esta declaración conjunta tiene que recoger el compromiso de los Estados de acatar el fallo de La Haya. El fallo tiene como elemento indirecto que al no existir una comprobación de una contaminación ambiental -porque Argentina no lo pudo probar- no se justifica de ninguna manera la queja. Yo estaría muy contento si fuera un ciudadano de Gualeguaychú cuando se me dice en el máximo nivel internacional que se analiza el tema ambiental que los peces no son de dos cabezas ni que los niños van a nacer deformes.

Todos esos temas son político-jurídicos pero no podemos hacerle una descalificación al tema de la seguridad jurídica porque los países grandes siempre tienen la oportunidad de incumplir. Los países chicos, como el nuestro, tienen el escudo más importante que es el derecho. Tenemos que buscar que se involucre Brasil, que de una vez por todas asuma la responsabilidad mercosuriana en un río que es además ribereño con Argentina y Brasil. Sobre todo que hay una importante empresa Algarabí en el norte y que va a haber obras adicionales.

Es decir, una visión política que nos dé confrontación de propuestas, de ideas, de una política de frontera activa. A mi me gustaría no ir discutiendo los puntos como si fuera a ver quién estudió la bolilla, sino ir claramente con las prioridades, sin agredir, sin descalificar, pero diciendo “no es lo de menos, ustedes hagan lo que tengan que hacer porque tienen que cumplir con el derecho y las obligaciones internacionales”.

La agenda es nueva. Hay que replantearla. Hay una nueva vecindad. No es ajeno a Brasil esto. Tenemos que ejercer un liderazgo profesional, institucional, con apoyo político y sobre todo hacerle sentir a la Argentina que las relaciones bilaterales no son un traje de medida en función de lo que quiere la Argentina sino que están regidas por el derecho y por los compromisos asumidos.

Fuente: El Espectador

La Haya: gobierno invita a partidos a integrar delegación

El gobierno convocó a todos los partidos políticos a integrar la delegación oficial que asistirá a Holanda el 20 de este mes, día en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su fallo respecto al litigio que mantiene Uruguay con Argentina.
A instancias del presidente José Mujica, el canciller Luis Almagro mantuvo en los últimos días contacto con las principales autoridades de los partidos de oposición para que envíen sus respectivos representantes.

Los partidos respondieron positivamente al planteo y analizan quienes serán las personas que integren la delegación.

En el Partido Nacional el Directorio ya decidió que quien concurrirá será el senador y ex canciller, Sergio Abreu, según constata El País.

Fuente: El Espectador

Abreu quiere una regla fiscal.

Se lo planteará al Ministro Lorenzo en el Senado

El senador nacionalista, Sergio Abreu planteará al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, cuando éste comparezca ante la Comisión General el 7 de abril, la creación de una regla fiscal que elimine el déficit fiscal, que hoy se encuentra en un 2%, un porcentaje “bastante alto”.
A su vez, propondrá, si existe espacio fiscal para hacerlo, la creación de un fondo anticíclico con el que se puedan manejar situaciones distintas y complicadas de la economía.
Estas habían sido dos ideas manejadas por el Partido Nacional durante la campaña electoral, considerando que el establecimiento de un tope al déficit fiscal ayudaría a imponer un marco de políticas contracíclicas que ayudaran a crear un escenario más confiable para el inversor.
Abreu también sugerirá que el gobierno asuma el compromiso de mejorar la calificación del riesgo país, más allá de la administración de turno. En este sentido, explicó que es necesario que la clasificación de riesgo -inversión vuelva a hacer del tipo triple A, que es la mejor y laque más atrae a los inversores. Uruguay obtuvo esta calificación durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, siendo ministro de Economía el Ec. Luis Mosca.
“Hoy la deuda externa ha crecido en capital y en intereses y lo único que tiene como elemento positivo es un porcentaje diferente entre el producto interno y la deuda, pero está afectando la calificación de riesgo. Hay que volver a la calificación triple A para que el inversor vea que Uruguay en materia internacional está calificado”, señaló el senador.
Por último, Abreu le consultará a Lorenzo qué proyección real tiene sobre el tipo de cambio y sobre la inflación y cómo el gobierno va a manejar estos dos factores.

Fuente: Últimas Noticias

El gobierno y el fin del “fetichismo”

Se ha puesto en duda si nos encontramos frente al fin de las ideologías. Sin entrar en discusiones de fondo, por lo menos, podemos afirmar que el fetichismo está en estado de extinción. La estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio único, el combate a la inflación, la necesidad de honrar el pago de la deuda externa, y la disciplina fiscal parecen fuera de discusión al inaugurarse esta nueva administración. El capitalismo, la ética del riesgo, la competencia, el mercado, la reforma del Estado, la limitación de los corporativismos son parte de una agenda compartida por todas las fuerzas políticas. La ley de zonas francas, la ley de reforma portuaria, la ley de inversiones, el régimen de la concesión de la obra pública y la participación de la inversión privada como el punto central del desarrollo del país, ya no son motivo de discusión, y los que durante años marcaron sus discrepancias, se incorporan pacíficamente a un camino que, por los obstáculos planteados, atrasó al país durante décadas en su proceso de modernización. La apertura económica y comercial ha reemplazado cómodamente al viejo modelo de sustitución de importaciones y los conceptos de productividad y competitividad se han instalado como las dos grandes columnas de la inserción comercial del país. El conocimiento y el valor agregado se relacionan ya con una visión moderna en la que la economía de los servicios integra el núcleo central del programa del nuevo gobierno.

En este contexto, las coincidencias entre el oficialismo y la oposición sobre temas como la educación, energía, medio ambiente y seguridad y la integración de los diversos organismos del Estado, se deben fundamentalmente a que el modelo de ruptura y de distanciamiento que la izquierda planteó durante tantos años, se ha visto superado por un corrimiento de su pensamiento hacia un punto facilitador de todos los acuerdos.

Esta conjunción de esfuerzos hace a la gobernabilidad del país; y las coincidencias no sólo deben encontrarse en su proyección estratégica, sino en aquéllos cambios estructurales que hasta ahora no han podido ser implementados. Las tan anunciadas reformas del Estado, y de la educación, sólo podrán concretarse si el gobierno enfrenta aquellos intereses que se han opuesto durante tantos años a su puesta en marcha. Y como el Frente Amplio ya no es más oposición, podrá contar con el apoyo de todos los demás partidos en esta tarea central.

Todo ello, va pavimentando un camino de entendimiento impensado años atrás. El nuevo gobierno ya no discute la importancia del desarrollo de la infraestructura y de los servicios asociados al transporte y al comercio; menos aún, la definición del rol geopolítico y geoeconómico de Uruguay como polo de integración y conectividad del Cono Sur. La puerta al Atlántico para Bolivia, Paraguay y el interior de Argentina y Brasil requiere la rehabilitación del transporte ferroviario, la mejora del sistema carretero y de las telecomunicaciones y de una importante inversión en infraestructura que sólo será viable por el aporte del capital privado. El acuífero Guaraní como recurso compartido entre varios países, el dragado de los canales de Martín García, la extensión de la plataforma continental, la navegabilidad del Río Uruguay y la posibilidad de la construcción de un puerto atlántico son prioridades que el gobierno ha venido asumiendo luego de años de intensas negociaciones comerciales y políticas relacionadas a una clara visión de administraciones anteriores.

Pero sin perjuicio de esta sintonía, el proyecto de país diseñado entre la oposición y el gobierno, pasa indefectiblemente por el rol y la gestión de las empresas públicas. Para ello, es importante destacar tres aspectos; el primero, que la cuestión esencial no es la propiedad estatal de las empresas públicas, sino la eficiencia y transparencia de su gestión, y la forma de relacionarse con el resto de las actividades económicas y en especial, con el contribuyente. El segundo, refiere a la necesidad de asegurar la prevalencia del Gobierno Central en la definición de las políticas, la planificación sectorial y el control de los operadores en los sectores de los servicios públicos básicos; y ello se refleja en que deben quedar claros los roles entre el Poder Ejecutivo, las unidades reguladoras y los operadores comerciales e industriales, en especial del sector público. El tercero, hace a la profundización de la competencia en las áreas en que operan las empresas públicas. En la medida en que debe procurarse que los monopolios legales o de hecho no se conviertan en una carga para los consumidores y se transformen en aislados objetivos de intereses corporativos.

Por otra parte, la participación de la oposición en los distintos organismos del Estado debe centrarse en sus funciones de control, en su capacidad de propuesta y en su decisión de dar a la administración, un sesgo de austeridad en la contención del gasto público y en el compromiso de acompañar algunas de las reformas estructurales pendientes. En otras palabras, el clima de relacionamiento debe ambientar acuerdos sobre el Presupuesto Nacional y metas fiscales que respondan a la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica; y para ello, las discusiones sobre los objetivos fiscales para el próximo quinquenio, deberían tener en cuenta tres factores: en primer lugar, el aumento significativo del gasto público durante la administración que termina, que se expresa en un déficit fiscal de 2,1% frente al 0,4% previsto, y en particular en el gasto primario que alcanza un preocupante nivel del 26% del PIB. En segundo lugar, la necesidad de medir adecuadamente los ingresos y los egresos, ya que el resultado fiscal no tiene una relación directa con el PIB, sino con la recaudación ya que la diferencia entre aquellos está más allá del presupuesto, y puede ser objeto de seguimiento a medida que se produce. En tercer lugar, se debe asumir que las empresas públicas se vinculan a los resultados fiscales por dos elementos; uno, porque el Estado es propietario del capital, y recibe de aquéllas la parte de sus utilidades netas que no afecte su capitalización y capacidad de inversión; y otro, que los ingresos de estas empresas dependen fundamentalmente de las tarifas, que son fijadas por el Poder Ejecutivo. Y en tal sentido, lo razonable sería que las tarifas tiendan a reflejar los costos efectivos de la prestación de los servicios o los bienes que comercializa el Estado, y que esos costos se beneficien por la mejora de la eficiencia y por una mayor apertura hacia la competencia.

En este escenario, la participación de la oposición en las empresas públicas del Estado, no puede quedar desconectada de una visión general del país y de un objetivo de desarrollo manifestado en forma explícita. Una expresión integral vincula la reducción del déficit fiscal y el no incremento del gasto público con una meta presupuestal razonable que tenga en cuenta que los ingresos van a tender a estabilizarse por una reducción de las tasas de crecimiento de la actividad económica y porque la recaudación, más allá de su eficiencia, tarde o temprano tiene un límite. En otras palabras, sin perjuicio de las demandas que la educación, la seguridad y otras políticas sociales que legítimamente plantean, no puede ignorarse que el gasto actual tiene un tope, y que debe encararse con un exigente criterio de gestión y evaluación para no quedar expuesto a una simple tendencia incremental derivada de presiones corporativas.

En esta línea, el nuevo relacionamiento que se esboza implica descartar el viejo enfoque de reparto de cargos de base clientelista y la necesidad de designar para asumir responsabilidades en el sector público, no sólo a personas políticamente representativas, sino técnicamente idóneas en las materias en que deban desempeñarse.

Ya no se trata de una lucha por sacar ventajas partidarias puntuales sino de promover o defender las concepciones políticas que hacen a las distintas visiones que los partidos políticos tienen sobre la proyección del país. Pero a partir de esta administración, las coincidencias serán clave para que la Izquierda termine de expurgar el viejo fetichismo y comience a entender que la realidad y la historia, en particular en materia económica, le vienen marcando un rumbo que la acerca al viejo y cuestionado modelo liberal.

SERGIO ABREU para Economía y Mercado

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