Visión

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Nuestros principios y valores

Desde Alianza Nacional reivindicamos el aporte que nuestro Partido ha hecho en la lucha por la libertad y la igualdad de los orientales, sin por ello desconocer el realizado por otros partidos políticos y ciudadanos han hecho para la construcción de la Patria.

Somos un Partido cuya historia se asocia con la de la Patria misma. Nuestra ejecutoria, a lo largo de la misma, se sintetiza en dos pilares comunes y continuos: NACIONAL y POPULAR.

NACIONAL en el sentido del origen común iberoamericano y regional concretado en la identidad partidaria original: la Independencia y el Americanismo de Oribe, de raigambre democrática, republicana, artiguista y federal.

NACIONAL por la permanente defensa de los principios del derecho internacional: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias.

NACIONAL al luchar por la inclusión de todos sin distinción de raza, género, credo, clase social, orientación política, y sin ningún otro tipo de discriminación.

Y NACIONAL también porque hemos bregado siempre por el desarrollo nacional integral, luchando contra el centralismo, sea éste territorial o institucional.

POPULAR porque siempre defendimos a la Patria como un todo, sin exclusiones, siendo objetivo de nuestras luchas, promover reformas políticas y sociales para hacer partícipes del desarrollo y la riqueza nacional a todos los compatriotas.

POPULAR porque creemos que la persona humana es el centro y razón de toda acción política, y no reconocemos colectivo alguno, sea éste privado o estatal, que deba ni pueda ponerse por encima de ella.

POPULAR por defender el desarrollo de todos los rincones de la Patria, para evitar que el origen territorial sea un factor discriminatorio ni condicionante del desarrollo personal y familiar.

Y POPULAR también porque luchamos por la igualdad, contra los privilegios y la discriminación, como presupuesto básico de la libertad.

En la última declaración de principios del Partido esto se traduce en la definición liberal igualitaria, la que junto a la identidad nacionalista, nos da un ideario claro que define al Partido como una formación política de CENTRO.

En suma, nuestra colectividad históricamente ha conjugado de forma armónica una visión de CENTRO, NACIONAL Y POPULAR.

Nuestra visión del futuro

Nuestra mira está puesta en el FUTURO.

Queremos que el Uruguay supere los enfrentamientos del pasado y pueda, de una vez por todas, trabajar en clave de futuro. Todos juntos, sin divisiones de derecha e izquierda, de progresistas y conservadores, de la capital o del interior, de trabajadores y empresarios.

Por eso hablamos de COALICIÓN NACIONAL.

Para ello es necesario superar la dicotomía de los últimos 35 años, alcanzando consensos políticos y sociales, apostando a la actitud convergente de los distintos liderazgos y a su visión nacional, por encima de sus intereses particulares, sean éstos políticos o económicos.

Por eso hablamos de PACTO SOCIAL.

QUEREMOS una sociedad civil fuerte, abierta, plural y dinámica que pueda generar mecanismos superadores de la realidad.

CREEMOS en la iniciativa privada como motor de la economía, pero también en la responsabilidad social.

CREEMOS en ciudadanos libres, ejerciendo sus derechos y luchando por superarse, pero también asumiendo sus responsabilidades para con la sociedad y reconociendo límites en respeto a los demás.

Por eso hablamos de LIBERTAD, RESPONSABILIDAD Y RESPETO.

QUEREMOS una institucionalidad fortalecida y legitimada, definida por su capacidad de integrar a todos los sectores sociales del País.

QUEREMOS un Estado orientador, regulador, garante, y compensador. Transparente y eficiente; que asegure al ciudadano el ejercicio de todos sus derechos y deberes en el marco de una concepción solidaria. Por eso hablamos de ESTADO SOLIDARIO que no asfixie la iniciativa privada y la dinámica empresarial, que respete al contribuyente.

QUEREMOS un País en el que se haga cumplir la ley, en el que la autoridad legítima se ejerza sin relativizaciones ni distinciones.

QUEREMOS un País en el que el crecimiento económico, la educación, y el empleo sean los ejes de políticas redistributivas que ayuden a la superación individual y familiar, revirtiéndose la preocupante brecha social que sufre el país.

Por eso hablamos de:

  • Oportunidades para los jóvenes y los niños.
  • Justicia para los trabajadores.
  • Dignidad y respeto para los adultos y mayores.

Nuestros objetivos y propuestas

Basados en los estudios y propuestas de la “Fundación Para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate”, entregados al Dr. Jorge Larrañaga el pasado 9 de diciembre formulamos nuestros lineamientos programáticos que se sintetizan en las siguientes ideas:

El Uruguay del desarrollo

Nuestro concepto de DESARROLLO se basa en la prosperidad y crecimiento del país, en una adecuada inserción externa y en políticas que aseguren la estabilidad macroeconómica y fortalezca la credibilidad del País.

En nuestra visión el sector privado debe ser el motor de la economía y la generación de empleo. La competencia se debe asegurar por una acción reguladora que elimine los factores distorsionantes y que faciliten el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, base del tejido social del País.

Esta idea tiene como referencia central a la persona, y en particular a los más postergados, a los que se debe integrar promoviendo su desarrollo personal evitando un asistencialismo que desvirtúe los valores de la superación en base al esfuerzo.

En este contexto un proyecto de DESARROLLO NACIONAL INTEGRAL involucra una política de DESCENTRALIZACIÓN tanto territorial como administrativa, que reestablezca y genere equilibrios, crecimiento homogéneo y oportunidades, y armonice la estrategia nacional con las locales.

El futuro gobierno debe asegurar al sector productivo nacional reglas de juego estables que le permitan desarrollar su capacidad empresarial. La estabilidad de precios, del tipo de cambio real, un adecuado manejo de las finanzas públicas para evitar la sobre presión fiscal y endeudamiento son condiciones para el desarrollo del sector privado y ante todo de la inversión privada.

En este sentido se hace impostergable y por tanto planteamos la necesidad de un Pacto Fiscal, con el objetivo de mantener el gasto público dentro de límites sustentables. No es posible que Uruguay una y otra vez desaproveche los ciclos de crecimiento económico aumentando el gasto público en forma irracional.

No es admisible que en el País prevalezca desequilibrio fiscal, déficit fiscal. Es por ello que proponemos una administración anticíclica que permita estabilizar el gasto y preservar los requerimientos financieros del Sectror Público; fijando por ejemplo el “techo presupuestario” en función de la tasa de variación prevista para el PBI potencial.

A diferencia del resultado obtenido en la reciente reforma del sistema tributario, se deber ir hacia un sistema moderno, eficiente, simple y fácil de administrar que distribuya la presión tributaria equitativamente según la capacidad de tributación efectiva de personas físicas y jurídicas; al tiempo que no signifique un freno al crecimiento de la economía, de la inversión, y del desarrollo empresarial y personal.

El agro, la cadena industrial y la economía de los servicios son la base de la estructura productiva de Uruguay. El sector agroexportador, el turismo, la logística, la biotecnología, y sectores de punta conforman una visión estratégica que debe impulsarse desde el gobierno, independiente a intereses sectoriales o corporativos que la puedan limitar. El interés nacional no solo tiene que estar definido sino también defendido con proyección de corto y mediano plazo.

No existe un política económica sustentable sino está respaldada por políticas comerciales activas que interpreten la realidad y proyección de los sectores productivos. El agro, la industria, los servicios, el comercio; en definitiva, la inversión productiva tiene que estar referida a un proyecto de País de carácter integral.

Es por esto que la inversión pública y privada en INFRAESTRUCTURA es vital para el desarrollo. Debe asegurarse el fortalecimiento y expansión de los puertos, la profundidad adecuada para el transporte marítimo y fluvial, la extensión de los ejes multimodales, la agilidad de los pasos fronterizos, la facilitación del transporte, la defensa de nuestras zonas francas para que compitan en igualdad de condiciones con las de otros países de la región, etc.

A la visión tradicional del Uruguay Frontera, Pradera y Puerto debemos agregar la defensa de nuestros recursos naturales y una política de cooperación con los Estados que los compartimos para asegurar nuestro rol en la Región y fundamentalmente nuestra soberanía.

El recurso “agua” y en especial el Acuífero Guaraní son los mejores ejemplos de esta preocupación política.

La hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, y el fortalecimiento de los corredores de exportación en el marco de la política de los meridianos son parte del compromiso histórico del Partido Nacional y en particular de Alianza Nacional como intérprete de un modelo de desarrollo de carácter nacional.

En este contexto la política energética, la interconexión eléctrica, la integración enriquecida por estos temas van de la mano del Uruguay del siglo XXI, y en particular de políticas de Estado que sean capaces de proyectar al País más allá de un período de gobierno.

El objetivo principal de Alianza Nacional es superar la insuficiencia estructural en materia de generación de energía. Y para ello debemos impulsar una diversificación de la matriz, una menor dependencia al petróleo, y la puesta en funcionamiento de fuentes energéticas como la nuclear, que nos permitirá consolidar nuestra soberanía y profundizar lazos de cooperación e integración a nivel regional.

La POLÍTICA ENERGÉTICA política energética, las unidades reguladoras y el rol de las empresas públicas y privadas estarán claramente delineadas. Las políticas tarifarias, los costos, y las transferencias de las empresas públicas serán transparentes para defender los derechos de los consumidores.

La modernización y actualización de los servicios de comunicaciones y su desarrollo en mercados en competencia son condiciones para una mejor competitividad de la economía nacional.

Un capítulo especial es el sector TELECOMUNICACIONES, de rápido crecimiento y gran impacto en la sociedad. Proveer los mejores servicios de comunicaciones es una ineludible responsabilidad de públicos y privados, y una condición necesaria para el desarrollo económico y social.

El Estado debe AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES PRIVADOS en la administración y el control de la cosa pública. Productores y consumidores son los primeros interesados en la mejor gestión de la administración estatal. Son además sus dueños y los que pagan sus gastos. Su involucramiento es el mejor y más económico sistema de control de gestión.

Toda política sectorial será cotejada transversalmente con POLÍTICAS EN LAS MATERIAS DEMOGRÁFICA Y AMBIENTAL. En esta última será objetivo nacional preservar nuestro estatus de país líder en America en materia de sostenibilidad ambiental, manteniendo nuestra “imágen país” asociada a “Uruguay Natural”. El país debe plantearse como meta cumplir con los mejores estándares de cuidado del medio ambiente. El turismo, tan importante para el país, depende de ello. Pero mucho más importante es que del Medio Ambiente depende la calidad de vida de los uruguayos.

El Uruguay inclusivo

La INCLUSIÓN POLÍTICA Y SOCIAL será el eje de la acción gubernativa. Se buscará superar la dinámica presente por la cual aún en tiempos de crecimiento económico hemos retrocedido socialmente.

La inclusión parte del respeto a la diversidad de la sociedad e implica la lucha contra todo tipo de discriminación y la tolerancia a las orientaciones religiosas, filosóficas, sociales e individuales.

En materia social la inclusión implica una clara definición de recuperación y promoción de la CLASE MEDIA como pilar y equilibrio de la sociedad, y SENSIBILIDAD SOCIAL para atender la pobreza, la marginalidad y la indigencia, en base al incentivo del esfuerzo, la iniciativa y el mérito como medios de superación personal y familiar.

La inclusión social requiere un especial énfasis en la educación, la salud, la vivienda y el empleo, de modo de conformar una política social que ayude a generar independencia personal, estimulándose el hábito de trabajo, exigiendo contraprestaciones a quienes reciben la ayuda social y amparando a través del MINISTERIO DE LA FAMILIA a niños, embarazadas, jefas de hogar en situación de pobreza con hijos a cargo y ancianos.

Desde esta concepción, en el plano político, la inclusión significa una convocatoria amplia a que todos los sectores políticos se integren al gobierno formando una COALICIÓN NACIONAL que supere las dicotomías del pasado y permita encarar tanto políticas públicas de largo plazo como medidas de impacto inmediato. La calidad de una democracia “se mide por el grado de respeto a la libertad de las minorías”

El Uruguay del orden y el respeto

El ESTADO DE DERECHO significa la sujeción a la ley de las personas y del propio Estado, de forma de asegurar el goce de los derechos humanos y dar garantías de igualdad a los ciudadanos.

La ley no puede depender de la voluntad de quien la aplica, y en este sentido el Estado uruguayo debe recuperarse del deterioro que ha significado la acción de este Gobierno, afectando la libertad, el derecho al trabajo, el derecho de propiedad, la libertad de educación y de elección de servicios de salud, entre otros.

Un concepto de ciudadanía integral, con DERECHOS y RESPONSABILIDADES, debe estar orientado a la convivencia social con RESPETO a los demás. En este sentido se debe ser intransigente con el cumplimiento de las leyes y se debe ser duro e inflexible en el combate a su incumplimiento. Y en particular toda desviación será sancionada sin tomar en cuenta el origen, la naturaleza de aquellos que no hubieran respetado su observancia. Para ello un proceso de desburocratización estará acompañado de políticas que aseguren la TRANSPARENCIA y HONESTIDAD en la gestión pública.

El respeto a la ley y el ejercicio de la AUTORIDAD legítima serán restituidas, aplicando una política de MANO FIRME y JUSTA frente a la violencia y el delito, y garantizando el ORDEN público.

Unos de los aspectos más resentidos ha sido la SEGURIDAD PÚBLICA. La seguridad es un derecho humano presupuesto del goce de los demás: CON MIEDO NO HAY VERDADERA LIBERTAD.

La prevención de la violencia y el combate al delito reposan mayormente en la eficacia policial. El fortalecimiento de la Policía en su factor humano y en sus medios materiales y técnicos será un objetivo central. La atención al desarrollo social y familiar de los miembros de la fuerza será atendida con planes de vivienda y educación especiales a tal fin.

Se deberá converger a un gasto en seguridad equivalente al 2% del PBI, siguiendo los estándares internacionales.

En materia carcelaria se creará el Instituto Nacional de Rehabilitación, sacando las cárceles y los centros de reclusión de menores de sus órbitas actuales.

La construcción de cárceles con transferencia de locales militares con funcionalidad carcelaria será ejecutada compensando al Ministerio de Defensa, pero atendiendo con premura una situación de emergencia, con hacinamiento y superpoblación que no permite el tratamiento diferencial de primarios, procesados por delitos no violentos o culposos y reclusos de buena conducta.

En materia de minoridad infractora se modificará el régimen penal juvenil, estableciendo que los antecedentes sean considerados en la etapa de mayoría de edad, pero manteniendo a los menores fuera del sistema penal y carcelario de los mayores, aplicando la ya existente responsabilidad penal diferenciada para los menores.

El combate a la droga con focalización en la pasta base serán prioritarios, aplicándose recursos y medios adecuados, de modo de dar una cobertura integral.

La JUSTICIA es esencial al Estado de Derecho y es la garantía última de las personas en la protección de sus derechos, y en las garantías del proceso para quien haya transgredido la ley. El PODER JUDICIAL es fundamental, y además de pasar por la dotación de recursos materiales y la mejora en la capacitación de sus integrantes, habrá un respeto irrestricto a su independencia desde el Poder Ejecutivo, sin limitación alguna, mejorando la coordinación y cooperación con la Policía y el Ministerio Público.

El Uruguay de la institucionalidad

El DESARROLLO INSTITUCIONAL del Estado uruguayo formará parte de la agenda gubernativa.

Las Instituciones deben servir al ciudadano, y no constituir un obstáculo para su crecimiento. Esto implica una concepción sobre la Política y el sentido del Poder. El sentido de la política no es alcanzar el poder para servirse del mismo en beneficio de unos pocos; y ninguna mayoría, por legítima que sea, puede convalidar exclusiones en la determinación del rumbo común que como Nación tenemos.

El poder es de la gente y su delegación implica RESPONSABILIDAD y no privilegios.

A la búsqueda de consensos políticos hay que sumarle el fortalecimiento de las Instituciones, la MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN de lo público, la recuperación de la autoridad legítima, y también a una visión política inclusiva que convoque a definir y ejecutar en común políticas públicas: educación, inserción internacional, infraestructura, desarrollo local, estructura estatal.

El Estado uruguayo hoy está a contramano de las necesidades reales de la gente, sus funciones más deprimidas son precisamente aquellas más fundamentales en cuanto buscan la igualdad de oportunidades, la equidad y el desarrollo del Estado de Derecho: la Educación, la Salud, la Seguridad, la Justicia.

Creemos en la COMPETENCIA. Los monopolios públicos, la mayoría obsoletos por la globalización y el avance tecnológico, deben dar paso a la competencia, otorgando a las empresas públicas las herramientas jurídicas que las pongan en pie de igualdad con los privados, y asegurando a éstos que en ningún caso habrá coincidencia del rol regulador con el de competidor.

Queremos que las Empresas Públicas se desempeñen en mercados competititivos, para que los usuarios –a la vez que dueños- no paguen el costo de la ineficiencia. Pero tenemos una definición clara, que surge de un pronuncamiento de la ciudadanía: NO SOMOS PRIVATIZADORES. Estas empresas son propiedad del Estado por definción soberana de los uruguayos.

El Uruguay en el mundo

Uruguay ha sido modelo en la región en cuanto a apertura, democracia, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. Su inserción internacional, coherente con esas cualidades, la entendemos en base a un REGIONALISMO ABIERTO.

Uruguay necesita definir su proyecto de inserción de acuerdo a sus características únicas e intransferibles. Para ello debe moverse con base a un sistema que interprete la interdependencia regional y sus conexiones con la globalización; pero, sobre todo, que sea capaz de aplicar un nuevo concepto de soberanía que interprete en forma dinámica el INTERÉS NACIONAL.

Nuestra vocación de integración regional y sudamericana debe ser correspondida por nuestros vecinos más grandes con condiciones que potencien nuestro desarrollo en lugar de limitarlo, habilitando la firma de ACUERDOS DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS CON TERCEROS PAÍSES, como ya se hizo con México.

La ubicación geográfica del Uruguay, la distribución de sus recursos naturales, su conectividad física con la región y su concepto del proyecto de integración no debe provenir de un alineamiento ideológico ni de un estado anímico de resignación ante los vecinos grandes.

Los principios del Derecho Internacional como la no intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias deben ser acompañados del debido REALISMO Y PRAGMATISMO. Pero, sobre todo, entendiendo su política regional y de integración como una plataforma para insertarse adecuadamente en la dinámica comercial y política del mundo. Esto debe definirse como un proyecto político, que aun teniendo un núcleo central de comercio, debe ser parte de una estrategia que concentre los debidos entendimientos entre las distintas fuerzas políticas.

En la acción parlamentaria reciente, nuestro Sector ha conectado la política comercial del País con su proyección multilateral, y fundamentalmente en el MERCOSUR donde aspira, desde el Gobierno, a reencauzar la presencia de las economías pequeñas con un concepto mucho más amplio que el que dio origen al Tratado de Asunción.

Debemos fijar una política estratégica sobre el uso de la plataforma continental y los recursos naturales, la NAVEGACIÓN DE LOS RÍOS, la administración de los acuíferos compartidos y los roles a jugar en el área del TRANSPORTE MULTIMODAL profesionalizando recursos humanos y definiendo objetivos. Todo ello de manera compatible con la estrategia de desarrollo nacional.

Todo ello supone una NUEVA VECINDAD, tanto en el proyecto de integración como en la relación bilateral.

En relación al conflicto existente con la República Argentina somos claros en definir el vínculo con ese país como esencial para nuestro desarrollo y en tal sentido concretaremos la propuesta hecha a este gobierno, de plantear un NUEVO ESTATUTO DEL RÍO URUGUAY, que incluya a Brasil, y que permita “saltar por encima” del conflicto con un enfoque innovador y removedor de la situación presente.

El liderazgo necesario

La gran tarea del gobierno y la articulación política necesaria que la sostenga, en un escenario en el que ningún partido tendrá mayorías parlamentarias propias, solo pueden ser llevadas adelante con UN LIDERAZGO NUEVO Y DISTINTO al que dominó en el pasado.

UN PAÍS CON BUENAS IDEAS FRACASA CON UNA MALA CONDUCCIÓN.

Uruguay no puede seguir discutiendo sobre el pasado. No hay que discutir de los ´60 ni de los ´90, hay que proyectar el siglo XXI.

Es necesaria una conducción política que termine con la ideologización y con las definiciones tecnocráticas aisladas de la gente, que sea pragmática y que impulse a un nuevo tiempo. Sin preconceptos, con una visión amplia, con tolerancia y aceptación a las ideas ajenas, con un equipo solvente y actualizado técnicamente, es posible este cambio de enfoque en el Gobierno Nacional.

Para que Uruguay se inserte en el siglo XXI y pueda ser conducido adecuadamente, no es posible abroquelarse en la fácil división que algunos hacen entre izquierda y derecha, conservador y progresista, etc. Las premisas básicas para modernizar una acción de Gobierno residen en la simple conjunción de un buen candidato para ganar, de la debida armonía de un Partido para gobernar y de un equipo de Gobierno en condiciones de concretar cambios en los tiempos y a la velocidad necesaria.

Pero, también, para Alianza Nacional el liderazgo no es sólo alentar el amor a una divisa o refugiarse en el caudal afectivo de un capital partidario. Un Partido con opción de Gobierno no puede ignorar que el país no se construye en soledad.

Un buen Presidente debe buscar en forma permanente los entendimientos extra partidarios que sin desnaturalizar la confianza depositada en él, hagan posible la gobernabilidad.

El nuevo liderazgo no se resume en describir los problemas y, menos aún, proponiendo medidas que por efectistas se alejan de un concepto integral de gestión.

Gobernar no es concursar por titulares de prensa. Es demostrar que la conducción de un País está en manos de un constructor de consensos y de una personalidad capaz de entender y atender los desafíos de la Administración.

Pero por sobre todas las cosas se requiere un LIDERAZGO MODERNO y CON AUDACIA basado en valores y principios permanentes, más que en ideas rígidas de cómo hacer las cosas, que sean el factor que de cohesión a la comunidad. Que pueda unir a los uruguayos y a sus líderes políticos y sociales en pos de un proyecto común.

Una convocatoria política amplia solo puede hacerse desde una posición de CENTRO, que pueda tender puentes hacia ambos extremos del espectro político nacional y que no haya sido protagonista de los enfrentamientos del pasado reciente.

La tarea de inclusión social solo puede hacerse desde una visión que conjugue el respeto a la LIBERTAD y la INSTITUCIONALIDAD, con la SENSIBILIDAD SOCIAL que permita, desde el gobierno, percibir los problemas de la gente y ocuparse de su superación mediante un LIDERAZGO ÉTICO Y HUMANO.

Uruguay es un todo; en particular, pertenece mayoritariamente a aquellos que no tienen ni un gremio, ni un sindicato, ni un grupo de poder que les permita hacer escuchar su voz. Por eso, el liderazgo no surge espontáneamente desde una aislada intelectualidad, sino de la firmeza y la humildad de quienes pueden comprender el todo sin comprometerse aisladamente con el interés de una de las partes.

El Partido Nacional integra el patrimonio histórico del País, y es lo que le ha permitido trascender a aquellos liderazgos que con su desaparición parecían arrastrar la vida misma de la colectividad. Porque es más “Nacional” que “Partido”. Desde nuestro Sector impulsamos un proyecto de País, un liderazgo renovador y una estructura orgánica en condiciones de respaldar una gestión más allá de un período de Gobierno. Por esas razones estamos comprometidos con el Uruguay que viene, que será el de la oportunidad para los jóvenes; el de la dignidad y respeto para los adultos y mayores; el de la justicia para los trabajadores.

El Dr. JORGE LARRAÑAGA, es el único pre candidato que conjuga su JUVENTUD madura con CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN, experiencia gubernativa y parlamentaria, firmeza en las CONVICCIONES, APERTURA AL DIÁLOGO sin preconceptos, IDEAS RENOVADORAS Y UN EQUIPO SOLVENTE técnicamente que combina experiencia y juventud.

CONSIDERACIONES FINALES

Nuestro Sector ha nacido como respuesta a una necesidad: un Partido Nacional abierto a la gente, que brinde respuestas a las inquietudes de los uruguayos de todo el País, donde predomine la justicia social, la libertad, la igualdad, un País descentralizado, moderno y con oportunidades reales para todos sus habitantes.

Ese modelo de País que representa Alianza Nacional posibilitó un resurgimiento del Partido Nacional como opción de gobierno. Fuimos la ALTERNATIVA POSITIVA PARA EL PARTIDO NACIONAL, pasando de aquel 21,5 % de 1999 al 35 % en 2004.

Asumimos la conducción partidaria y le dimos unidad y dignidad. Juntamos la fuerza que da la unidad, con las ideas que nos dan sentido.

Y hoy, este sector grande, hace al Partido Grande y lo transforma en la ALTERNATIVA POSITIVA PARA EL PAÍS. Desde la Oposición construimos la Alternativa.

Hemos sido coherentes, firmes, estamos aquí, por lo hecho en este tiempo. Este Sector está llamado a ser el agente de cambio del País. Sabemos lo que queremos como Sector y parte de un Partido que hoy se dispone a consolidar un renovado liderazgo.

Aquella coyuntura, donde el Partido estuvo relegado y excluido por la gente de la oportunidad de gobierno, ha quedado atrás y no puede volver.

Ahora nos convoca el futuro, el País que queremos para nosotros y nuestros hijos, esa es la meta que perseguimos.

Un País donde se premie el éxito, donde el esfuerzo genere progreso y donde no se castigue al que triunfa.

Un País que se inserte en la región y el mundo sin sufrir resabios de ideologías caducas o al menos probadamente ineficientes para generar oportunidad y esperanza para la gente.

Es la hora de dejar los enfrentamientos, dejar atrás las excusas para discutir y procurar los entendimientos para gobernar y avanzar.

Para cumplir con esta meta, para construir ese destino mejor, Alianza Nacional tiene una serie de fortalezas:

Posee la MAYOR ESTRUCTURA PARTIDARIA, compuesta por 6 Senadores, 24 Diputados, 4 Intendentes y centenares de Ediles, así como la base de militancia juvenil más significativa.

Alianza Nacional representa una opción integradora, descentralizadora, renovadora, moderna y transparente. Es la OPCIÓN DE CENTRO, con un carácter nacional y popular en el sistema político uruguayo.

Alianza Nacional cuenta con probados hombres y mujeres de gobierno, de comprobada experiencia y probidad en la gestión pública.

Cuenta con el APORTE TÉCNICO Y PROFESIONAL que proporcionan los más de mil hombres y mujeres que integran la Fundación Para la Democracia Wilson Ferreira Aldunate. Hombres y mujeres de reconocida capacidad técnica y solvencia moral, constituyendo el mejor equipo para un gran País.

El Dr. JORGE LARRAÑAGA representa un liderazgo firme, coherente y moderno. Reúne condiciones personales y políticas óptimas para el desafío que el futuro le reserva al País. Puede hacer de Uruguay un país gobernable. Es aceptado, reconocido y respetado por todos los agentes de la vida política nacional.

Alianza Nacional y JORGE LARRAÑAGA son la opción de VICTORIA del Partido Nacional.

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