La interpelación a la ministra de Industria y Energía cumplida el miércoles pasado, confirmó el fracaso del proyecto de la planta regasificadora. Durante el desarrollo de la misma, fue notorio que la ministra Cosse vino preparada para leer un escrito referido a temas de su interés, sin preocuparse por responder a las interrogantes que formulamos como interpelantes, la gran mayoría de las cuales no tuvieron respuesta.
En nuestra intervención inicial dijimos:
- Que estábamos frente a un proyecto fracasado, caracterizado por la turbiedad y la falta de transparencia, que había generado pérdidas y le había provocado daño al Estado y a los particulares.
- Que el contrato de concesión que se había firmado era leonino y perjudicial para los intereses del Estado, porque este asumía todas las cargas y todos los riesgos para beneficiar la posición del concesionario.
- Que la garantía de 100 millones de dólares era barata e insuficiente para un negocio cercano a los 3000 millones de dólares de valor, prueba de lo cual es que no alcanzará a cubrir lo que el Estado ya gastó en las obras de dragado y de conexión al gasoducto, y lo que deberá gastar como consecuencia de las “imprevisiones” derivadas de la ausencia de adecuados estudios de suelo.
- Que el proceso de selección que se llevó adelante y concluyó con la adjudicación resultó pésimo, oscuro y lleno de elementos sospechosos, porque la oferta “ganadora” no fue la más conveniente, ni técnica ni económicamente, y porque se adjudicó a pesar de informes técnicos que recomendaban lo contrario.
- Que, por lo tanto, lo que hubo fue una adjudicación política, premeditada y tendenciosa, lo que podría configurar abuso de autoridad o desviación de poder.
- Que las empresas internacionales que se hicieron cargo de la concesión, tanto las que integran el consorcio como la empresa constructora, tienen muy mala reputación y antecedentes de casos de corrupción (coimas, defraudación tributaria y lavado de activos) en distintas partes del mundo.
La ministra, a su turno, se limitó a leer una exposición con referencias generales a la política energética, a la importancia del gas natural y a las características técnicas del proyecto. En ese contexto, anunció como gran noticia un acuerdo para la rescición del contrato, consistente en el cobro de la garantía de 100 millones y la transferencia de activos (sin especificar cuáles). Asimismo, dijo que la obra se haría (algún día, porque en Sala no habló de tiempos ni de fechas, más allá de alguna versión de prensa posterior) que se estaban “evaluando opciones” y que se debería “salir nuevamente al mercado para determinar los costos con precisión”. En base a esto, la ingeniera Cosse afirmó y reiteró que el proyecto no había fracasado.
Esa fue la respuesta que vino a dar la ministra. Tuvimos que recordarle que habíamos realizado una serie de imputaciones de entidad (o graves) y que le habíamos acercado un cuestionario con doce preguntas, que en su mayoría habían quedado sin contestar. Fue entonces que retomó la palabra y, sobrevolando las interrogantes, hizo algunos comentarios superficiales, por ejemplo, que los antecedentes de corrupción de las empresas que vinieron eran “hechos aislados”.
Este es el resumen, y la indisimulable conclusión es que el proyecto fracasó. El “acuerdo” alcanzado no es más que la rescicion del contrato (por tanto, su incumplimiento). Que se cobre la garantía no es novedad, y quedó claro que la misma no compensa todo lo que ya se gastó y comprometió y, menos, las contingencias que puedan venir por la garantía soberana del Estado que se otorgó de manera ilimimitada. Los activos transferibles en si mismos no tienen valor, pues solo lo tendrían asociados a un proyecto sustentable, el que hoy no existe.
Cuando la ministra dice que la obra se va a hacer, ¿cuál es? ¿A qué proyecto se refiere? ¿Quién lo va a hacer? ¿Se va a licitar? ¿Cuáles son las bases? ¿Quién y dónde las está elaborando? ¿Quién se va a hacer cargo de lo anterior? ¿El Estado seguirá poniendo dinero? Lo preguntamos varias veces y nunca se contestó. Es más, se puso como excusa la prudencia.
Aunque se lo quiera obstinadamente desconocer, el proyecto fracasó. Lo que quedan de él son graves secuelas.
Diputado Pablo Abdala
