El pasado 11 de abril, el diputado por Paysandú, Nicolás Olivera, presentó una exposición escrita dirigida al Ministerio del Interior, al Poder Judicial con destino a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la Fiscalía General de la Nación; a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), a la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), al Colectivo Mujeres de Negro.
El mismo solicita el análisis, la coordinación y adopción de un protocolo de atención a los denunciantes y víctimas de delitos. Busca “evitar los perjuicios que se derivan de las demoras en los procedimientos y trámites que deben afrontar los mismos en las actuaciones relativas a los asuntos que se sustancian tanto ante Sedes penales como aquellas que son competentes en materia de violencia doméstica”.
Olivera indica en su exposición escrita que “en nuestra sociedad se ha procurado reafirmar la idea de la importancia que supone que todos los habitantes realicen las denuncias”.
Subraya que la ciudadanía plantea la necesidad de procurar reducir los tiempos de espera que se generan en ocasión de prestar declaración o ratificar la denuncia ante la Sede Judicial.
En su exposición el legislador nacionalista subraya que “La estadística indica que por cada delito denunciado, se cometen otros tres o cuatro sin que se radique la correspondiente denuncia”. Agrega que “el ciudadano de a pie siente muchas veces que denunciar y comenzar al transitar el largo derrotero de las instancias policiales y judiciales resulta estéril”.
Manifiesta que “esta situación requiere premura en su tratamiento de manera de generar confianza en el universo de ciudadanos víctimas de diversos delitos que no denuncian para no someterse a lo que consideran un largo y tortuoso camino”.
A continuación transcribimos la exposición escrita cursada por el diputado Nicolás Olivera.
Montevideo, 11 de abril de 2016.-
Sr. Presidente de la Cámara de Representantes
Dr. Gerardo Amarilla
Presente.
De nuestra mayor consideración:
De conformidad con lo que determina el artículo 155 del Reglamento de este Cuerpo es que solicito a Usted se curse la siguiente exposición escrita al Ministerio del Interior, al Poder Judicial con destino a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la Fiscalía General de la Nación; a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), a la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS), al Colectivo Mujeres de Negro, a todas las Juntas Departamentales del país y a los medios de prensa nacionales y especialmente del Departamento de Paysandú, con el fin de solicitar el análisis, coordinación y adopción de un protocolo de atención a los denunciantes y víctimas de delitos para tratar de evitar los perjuicios que se derivan de las demoras en los procedimientos y trámites que deben afrontar los mismos en las actuaciones relativas a los asuntos que se sustancian tanto ante Sedes penales como aquellas que son competentes en materia de violencia doméstica.
Reconociendo la importancia y dimensión que ha adquirido en nuestra sociedad las consecuencias derivadas de la delincuencia y la violencia de género, se ha procurado reafirmar la idea de la importancia que supone que todos los habitantes realicen las denuncias en uno de los casos. En este ámbito, y sin perjuicio de reconocer los esfuerzos que desde el Poder Judicial y el Ministerio del Interior se realizan, somos sabedores que la ciudadanía plantea la necesidad de procurar reducir los tiempos de espera que se generan en ocasión de prestar declaración o ratificar la denuncia ante la Sede Judicial.
La situación que se describe atiende a que el contexto de referencia, opera en algunos casos, como un elemento disuasivo a la hora de decidir la realización de la denuncia o su ratificación posterior, optando en muchos casos por no efectivizar la misma para evitar las largas horas de espera que trascurre en la vía judicial o ante el propio Ministerio del Interior.
La estadística indica que por cada delito denunciado, se cometen otros tres o cuatro sin que se radique la correspondiente denuncia. En este sentido, resulta ilustrativo señalar que según datos del año 2013 existieron unas 200.000 denuncias, número que pone en dimensión la cantidad de delitos que a la postre no terminan siendo denunciados.
El ciudadano de a pie siente muchas veces que denunciar y comenzar al transitar el largo derrotero de las instancias policiales y judiciales resulta estéril, llegando en muchos casos a pensar que el privilegio en el trato dispensado por las autoridades se centra en el lado equivocado de la ecuación denunciante/denunciado.
Esta situación requiere premura en su tratamiento de manera de generar confianza en el universo de ciudadanos víctimas de diversos delitos que no denuncian para no someterse a lo que consideran un largo y tortuoso camino (muchas veces hasta inútil).
En este sentido creemos que se impone adoptar medidas: a) que permitan tomar contacto con el denunciante o víctima del delito de forma inmediata; b)que tanto en sede policial como penal el tiempo de espera para declarar y/o ratificar su denuncia no supere los 30 minutos; c) evitar cualquier instancia de re victimización o victimización secundaria adoptando los mecanismos necesarios que aborten al mínimo la posibilidad de contacto entre víctima y denunciado en el mismo recinto, bregando por extremar el cuidado en este sentido.
La solicitud se encuentra enmarcada en un contexto actual, donde se comprueba la existencia de una tasa delictiva creciente, en el que población es renuente a denunciar, entre otros motivos por las complicaciones que ello apareja. El Ministerio del Interior ha sido explícito en su pedido a la población para que denuncie todos y cada uno de los delitos de los que son víctima para de esa manera llevar con más eficiencia una lucha frontal contra la inseguridad. Una carga que la autoridad pública pone en los ciudadanos, que no tiene su correlato en la adecuación de los mecanismos que generen confianza y las garantías de que eso no se traduce en una pérdida de tiempo o un esfuerzo estéril.
Teniendo en cuenta dicha relación, trasmitimos la preocupación instalada en la ciudadanía, con la intención de avanzar en la obtención y puesta en práctica de medidas o protocolos que desde el Poder Judicial y el Ministerio del Interior se estimen necesarios, para que en definitiva se alcancen soluciones a este aspecto.
Esperando se acceda a nuestro planteo, se despide de Ud. atentamente,
Diputado Nicolás Olivera
