Días pasados remití un pedido de informes acerca de convenios que hubiera realizado el MIDES con entidades no gubernamentales, como procedimiento de excepción y que supusieron importantes erogaciones de dineros públicos. Según información que pude relevar previamente, en el marco del acuerdo con una organización en particular, el MIDES habría destinado alrededor de U$$ 500.000 dólares.
Más allá de la respuesta que remita el citado Ministerio, que aún no me ha llegado, el pedido ocasionó que desde algunos sectores involucrados se ensayara una serie de justificaciones y explicaciones a la contratación con el Ministerio. Pretendiéndose responder al reclamo de las autoridades de Facultad de Derecho en el sentido de que la contratación benefició a un gremio en lugar de beneficiar a la propia Facultad, se indicó que el dinero público entregado por el MIDES está destinado a la “extensión universitaria”.
Mi vínculo con la actividad gremial y universitaria es ampliamente conocido. No solo fui fundador y vice-presidente de ASCEEP en 1982 sino que participé en la refundación del CED, fundé la FEI y la Corriente Gremial Universitaria, además de haber cursado y finalizado mis estudios en la Facultad de Derecho. Ello me confiere credenciales suficientes, además de la obligación moral, de desmentir afirmaciones, al menos, incorrectas.
La extensión universitaria, una de las funciones básicas de la Universidad junto con la enseñanza y la investigación, es un proceso a través del cual la misma, con su conocimiento científico, humanístico y cultural, entre otros, interactúa con la sociedad. Esa vinculación entre el saber científico y el saber popular, posibilita encontrar la solución a los problemas sociales y enriquecer el conocimiento universitario con la realidad. De lo que viene de decirse surge que, evidentemente, para que una actividad pueda considerarse extensión universitaria deben, mínimamente, estar presentes dos actores, Universidad y Sociedad y será su participación la que brinde la necesaria institucionalidad a la actividad y opere como garantía de calidad de la misma.
Las entidades gremiales son parte de la sociedad por lo que ese vínculo, especialmente en el caso de los gremios estudiantiles, no solo no es extensión universitaria sino que ni siquiera es extensión y, mucho menos, debe ser rentado. Los gremios estudiantiles interactúan con la sociedad y su problemática porque son parte de la misma, por solidaridad y porque es su imperativo moral. Evidentemente el convenio celebrado entre el MIDES y el Centro de Estudiantes de Derecho, no financia extensión universitaria sino que solventa con dineros públicos actividades que los gremios y sindicatos deben desarrollar y desarrollan por sí mismos.
Como gremialista ratifico a diario mi compromiso con el bienestar social y la búsqueda de espacios de encuentro entre los distintos actores y en ello me han encontrado y me encontrarán porque allí radica la razón esencial de la existencia de la herramienta gremial.
PABLO ITURRALDE VIÑAS
