En el transcurso del día de hoy, el Partido Nacional, como el reglamento lo indica, va a presentar ante la presidencia de la Cámara de Representantes la correspondiente denuncia a los efectos de solicitar la conformación de una comisión investigadora. La misma está referida a todo cuanto concierne al fallido intento de construir una regasificadora en la zona de Puntas de Sayago.
En el período de gobierno anterior, la administración de la época impulsó dicha construcción, con el proclamado propósito de introducir el gas natural al país y diversificar su matriz energética. Tal objetivo no se cumplió y el Uruguay, que de acuerdo a lo proyectado debería estar produciendo 10 millones de metros cúbicos diarios de ese insumo (desde julio de 2015, fecha de pre inicio), sufrió las consecuencias de dicho fracaso. No solo por no contar con gas natural sino, además, por el daño múltiple que generó un proceso lleno de errores, imprevisión y decisiones polémicas.
La adjudicación del contrato para la construcción de la planta regasificadora; el proceso irregular que la antecedió; las decisiones políticas sin fundamento técnico que se adoptaron y su posible motivación; la mala reputación de las empresas que estuvieron a cargo; y el mal desempeño y las pérdidas registradas en Gas Sayago S.A. son -esencialmente- los aspectos que componen la denuncia y que se propone sean objeto de investigación.
El Estado uruguayo ha perdido hasta el momento 65 millones de dólares, como consecuencia de las capitalizaciones realizadas por UTE y ANCAP, los pasivos asumidos por Gas Sayago, los trabajos de geotecnia y de ingeniería encargados recientemente, los gastos asociados a los mismos y los gastos de funcionamiento desde el año 2011 a la fecha. Sin embargo, las pérdidas que el proyecto fallido provocó a la sociedad no se limitan a los recursos del estado. También los particulares que suministraron a GNLS y OAS los más diversos insumos y servicios mantienen créditos impagos por varios millones de dólares, cuyas posibilidades de cobro se debaten en un proceso concursal que se tramita ante la justicia ordinaria, aunque sin mayores perspectivas de éxito.
El proceso que condujo a la adjudicación está cargado de irregularidades e ilicitudes. Asimismo, parte importante de los contenidos del contrato finalmente suscrito parece definido “a imagen y semejanza” del interés de la contraparte, en vez de contemplar cabalmente el interés del estado uruguayo. La propuesta que resultó, a la postre, adjudicataria del contrato, no surge de los antecedentes, que fuera la oferta más conveniente, ni técnica ni económicamente.
Desde el punto de vista económico, GNLS representó la segunda más cara, entre cuatro que se presentaron. Desde el punto de vista técnico, informes encargados a UTE y a una consultora internacional especializada en terminales de regasificación, plantearon dudas y formularon cuestionamientos al proyecto de GNLS que las autoridades debieron tomar en cuenta. Sin embargo, no los consideraron, y decidieron adjudicar.
Sin embargo, hay un asunto que se tramita en Brasil y que mucho debiera preocuparnos, porque se refiere a un eventual caso de corrupción, por lo que solicitamos sea parte importante de la investigación. Nos referimos a la posible injerencia o intercesión de las autoridades del gobierno de Rousseff ante las nuestras para asegurarle la adjudicación a OAS. La empresa constructora OAS, como es público, está asociada a los mayores escándalos que se ventilan en la Justicia brasileña. La operación Lava-Jato que ésta ha impulsado, condujo a numerosos procesamientos y condenas, tanto de gobernantes como de empresarios, por el pago de sobornos relacionados con el otorgamiento de obras y proyectos a la firma referida, entre otras. El presidente de OAS, José Aldenario Pinheiro, se encuentra en la actualidad cumpliendo pena de prisión.
No obstante, la presunción de una posible conexión de las autoridades brasileñas con la adjudicación de la regasificadora y de la extensión del gasoducto, surgió a partir de un acuerdo de delación realizado en un tribunal de Brasil entre un empresario imputado y el fiscal del caso. Los hechos denunciados en el mismo indican que el actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, siendo en 2013 ministro de desarrollo, industria y comercio exterior del gobierno de Dilma Rousseff, habría realizado gestiones ante el gobierno del presidente José Mujica para lograr que se otorgaran a OAS los proyectos mencionados. A cambio de eso, habría cobrado de la constructora una coima por 3 millones de reales.
Queda claro, entonces, que razones sobran para promover una comisión investigadora parlamentaria. Confiamos en que llegue a constituirse y, si es posible, con el voto de todos los partidos. Este instrumento es, junto los llamados a Sala y los pedidos de informes, uno de los tres que prevé la Constitución para el ejercicio del control parlamentario. Es de esperar que esto se tenga en cuenta porque, de lo contrario, la ciudadanía concluirá que el gobierno no está dispuesto a ser investigado, y que en la política no hay transparencia. De todos depende demostrar lo contrario.
Dr. Pablo Abdala para La Democracia
