A fines de julio, la directora de la escuela N° 119 de Piedras Blancas fue apercibida por un funcionario del Servicio de Inspección General de la Intendencia de Montevideo. Según detalló la maestra en una carta que le envió al alcalde del Municipio «F», Francisco Fleitas, el municipal le explicó que a raíz de una denuncia sabía que auxiliares de limpieza afectadas a la escuela habían arrojado bolsas con residuos en el contenedor ubicado en la esquina de Matilde Pacheco y César Batlle Pacheco.
El inspector le indicó que ello está prohibido y que el contenedor está destinado exclusivamente a los residuos domiciliarios, lo cual le fue ratificado después a la directora por la División Limpieza de la Intendencia, desde donde se le comunicó que la escuela debía contratar un servicio privado de recolección. La basura «no domiciliaria» también puede ser retirada por la IMM, pero este servicio tiene un costo.
La directora también se comunicó con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el cual le respondió que viene trabajando en la elaboración de un protocolo de acción con la comuna para «regularizar la situación» y que mientras no se llegue a su diseño final, seguirá «con plena vigencia el alcance del digesto sobre la gestión de residuos».
Frente a este caso y otros similares que llegaron a su despacho, el edil nacionalista Javier Barrios Bove consultó por escrito a la Intendencia sobre el sistema de recolección para las entidades de enseñanza pública. Casi dos meses después, la comuna le respondió que exige a todos los generadores de residuos no domiciliarios, «entre ellos las instituciones de educación», la gestión de los mismos con un servicio especial. También adjuntó el listado de empresas registradas para hacer la tarea, que está disponible en la página web de la Intendencia.
Crítica.
El edil Barrios consideró «una aberración» que la Intendencia obligue a los centros de enseñanza a pagar para que les retiren sus residuos.
«Que las comisiones de padres tengan que poner plata para pagar el camión de basura en vez de para reparar los vidrios es terrible», opinó.
«Difícilmente se pueda estar ajeno a las dificultades que atraviesan las instituciones educativas públicas, entre ellas, las limitaciones económicas. Ante tal dificultad, los ingresos deberían emplearse en aquellas actividades o infraestructuras referidas a la educación, ya sea directa o indirectamente, tales como la compra de una heladera, una cocina, el arreglo de un salón o la adquisición de útiles. Sin embargo, el gobierno departamental entiende que existen otras prioridades para la utilización de los fondos, como lo es la recolección de residuos», se quejó el legislador departamental.
Compromiso.
La directora de la Escuela N° 119 (en la cual también funciona la N° 59 en el turno vespertino), informó en carta al alcalde Fleitas que este centro «tiene un amplio compromiso con el cuidado del medio ambiente, a través de la inclusión de nuestra propuesta educativa en Repapel (asociación civil dedicada a la educación para el desarrollo sostenible); el programa de huertas orgánicas y el reciclado de botellas de plástico, reduciendo significativamente el volumen de basura que se genera».
También aclaró que la escuela «no tiene un marco normativo que habilite el pago de un servicio de recolección» y que quedó expuesta «a la problemática de carácter grave y urgente de acumulación de la basura».
Javier Barrios: «Que se tire en el contenedor».
«Posiblemente la mala gestión o la mala utilización de fondos por parte de la Intendencia sea la causa por la cual se deba idear un desconocido e innecesario servicio que menoscaba y vulnera a aquellas instituciones más necesitadas, como lo son las de educación pública», opinó el edil de Alianza Nacional Javier Barrios Bove.
El legislador presentó en la Junta Departamental una minuta de aspiración para que las escuelas, liceos y locales de UTU «queden exoneradas de la contratación del servicio de recolección y continúen desechando los residuos en contenedores domiciliarios, como se venía haciendo hasta ahora».
«Las instituciones no solo se ven limitadas al obtener ingresos; también deben emplearlos en un servicio lejano a las prioridades educativas», concluyó Barrios.
Fuente: El País
