En la jornada de ayer la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley referente al Derecho de Admisión. Al respecto, el Diputado aliancista por Paysandú, Nicolás Olivera, indicó: “La principal preocupación de muchos es evitar y erradicar la violencia en el deporte, asegurando espectáculos públicos pacíficos para que las familias puedan retornar a esos eventos de concurrencia masiva”.
Señaló que la iniciativa parte de la premisa de establecer quién es el primer y último responsable de la seguridad en este tipo de eventos.
Explicó que el proyecto es muy amplio, ya que en su primer artículo hace referencia a «espectáculos públicos de índole artística, recreativa, social, cultural, deportiva o de cualquier otra naturaleza».
Admisión, permanencia y responsabilidad
Olivera expresó que el proyecto de ley regula tres temas muy importantes. Por un lado, el derecho de admisión, que es aquella potestad que se confiere a los organizadores del evento para que, configurados ciertos extremos permitan, o no, el ingreso de determinadas personas. Agregó que “se busca un mecanismo que garantice la no discriminación de las personas al momento de acceder a un lugar”.
El segundo gran aspecto de la norma es el de regular el derecho de permanencia; se introducen ajustes y esto se define como derecho de exclusión, y por último, el proyecto l busca zanjar la discusión en torno a quién es el responsable de la seguridad en los eventos o espectáculos públicos.
Ministerio y organizadores.
El legislador nacionalista indicó que “el Ministerio del Interior, la Policía, tiene una función de garante del resultado de la seguridad en espectáculos públicos. Con este proyecto de ley, la implementación de las medidas, la puesta de recursos humanos y materiales y, obviamente, los desembolsos económicos consecuentes, deben hacerlos los organizadores”.
Sostuvo que “el propio Ministerio del Interior terminará siendo el garante de la seguridad. No nos olvidemos de que en esa función prevento-represiva del delito en determinados espectáculos públicos, sobre todo de concurrencia masiva, hay cuestiones de seguridad que trascienden a las del propio el evento, por ejemplo, en los encuentros deportivos, que es el tema que más nos convoca”.
El legislador puso como ejemplo los casos de venta de droga, o las conductas reñidas con la ley que en muchas oportunidades se dan en los partidos en el estadio centenario.
Subrayó que “la función de la Policía es, precisamente, prevenir y reprimir el delito, esté donde esté, y cuando se da en un espectáculo público, también debe hacerlo”.
Indicó que el Ministerio del Interior tendrá una obligación de resultado, porque deberá garantizar la seguridad del evento. Será el primer responsable en tanto le dirá al organizador qué es lo que tiene que hacer, y también será el último responsable, debiendo intervenir si las directivas que impartió no dieron resultado.
Sustitutivo
Olivera propuso un sustitutivo mediante el cual se busca delimitar aún más las responsabilidades, tanto del Ministerio del Interior como de los organizadores. “No podemos permitir es que el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo o el Estado, representado por esa Cartera, autolimiten su responsabilidad ante algún vacío o duda que se pueda generar”.
Del mismo modo planteó una pequeña modificación en materia edilicia, a fin de dejar claro que los recintos, estadios u otros ámbitos públicos o privados deben cumplir con las medidas de seguridad que se establezca por parte de la reglamentación.
El diputado sanducero subrayó que en la Comisión, el Ministerio del Interior, en la persona de Charles Carrera, indicó: «El mantenimiento y la seguridad pública es responsabilidad nuestra y no nos sacamos la responsabilidad de arriba», refrendando su obligación de garante, es decir, de prestar garantías.
“Las normas existen pero el Ministerio del Interior no las ha cumplido”
Olivera manifestó que se está ante una situación que no sabe si se arreglará solo con leyes porque, de hecho, ya existen y no se han cumplido. Como decíamos más temprano, la Ley Orgánica Policial es clara y contundente cuando le atribuye al Estado ‑a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional‑ la responsabilidad de garantizar la seguridad en este tipo de espectáculos, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
“Las normas existen, pero el Ministerio del Interior no las ha cumplido”
El legislador blanco culminó indicando que “hay que trabajar para la gente que cuando concurre a un espectáculo público quiere tranquilidad de que no le va a pasar nada”. Y añadió que “esa tranquilidad se la debe dar el Estado, porque lo dicen Constitución y las leyes”.
