Al cierre de la primera etapa del análisis de la comisión investigadora sobre la planta regasificadora de Puntas de Sayago, el balance para el Partido Nacional es que las situaciones detectadas parecen encaminarse a terminar ante la Justicia. Una de las imputaciones que se hacen es «abuso de autoridad» por parte de los responsables de decidir el negocio, concebido durante el gobierno del expresidente José Mujica.
En la presentación del balance por parte del denunciante, el diputado Pablo Abdala, en una conferencia de prensa donde participaron los líderes partidarios Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, además del titular del Directorio, Luis Alberto Heber, se concluyó que las pérdidas por el fracaso del proyecto son de US$ 100 millones al presente por problemas de gestión y construcciones deterioradas, y pueden trepar hasta los US$ 140 millones por una serie de reclamos de empresas nacionales acreedoras de la constructora OAS, que había sido contratada por el consorcio GNLS para llevar adelante el frustrado proyecto de la regasificadora.
Abdala explicó que al final del trabajo de la comisión investigadora se resolverá si se pasan los antecedentes del caso a la Justicia, como ocurrió en 2016 con el resultado del trabajo de la comisión investigadora del Senado sobre Ancap.
«Con objetividad, la probabilidad de que las actuaciones y los elementos que se van recogiendo en la investigadora, los indicios y los testimonios, terminan en la Justicia parece claro. Además, ya hay denuncias en la Justicia penal y en la de Crimen Organizado con relación a estos hechos. Es de sentido común que al cabo del trabajo de la comisión si hay causas judiciales en marcha, todas las actuaciones se le aporten a la Justicia», admitió Abdala.
La comisión investigadora, que retomará sus actividades en agosto tras el paso de la Rendición de Cuentas al Senado —hoy insume mucho tiempo en Diputados—, espera la comparecencia del expresidente de Ancap, Raúl Sendic, de la ministra de Industria, Carolina Cosse, y del exministro de la cartera, Roberto Kreimermann, entre otros.
En los primeros cuatro meses de trabajo de la comisión investigadora se recibió a 38 delegaciones.
Según Abdala, ya hay «conclusiones primarias» a partir del trabajo de la comisión. En lo general, dijo que «durante el gobierno pasado (Mujica) el proceso fue irregular porque las empresas adjudicatarias GNLS y OAS actuaron en forma especulativa», y se les adjudicó «en tiempo récord» la obra de la regasificadora.
Lula, OAS y el exhorto a Brasil.
Sobre la posible intervención del gobierno brasileño presidido por Lula para adjudicar la obra a OAS, la comisión investigadora espera la respuesta al exhorto formulado a través de la Cancillería uruguaya. OAS fue denunciada por estafa ante la sede de Crimen Organizado, causa que está en curso.
Fuente: El País
