No puede haber negociaciones secretas en materia de exoneraciones fiscales ni gastos presupuestales.
Desde hace más de un año el gobierno, con el Presidente Vázquez a la cabeza, viene negociando bajo el más absoluto secretismo un acuerdo con UPM.
Cada tanto se filtra a la prensa la información que el gobierno entiende conveniente para generar la sensación en la opinión pública que las negociaciones son durísimas y que los gobernantes a cargo están defendiendo -con “uñas y dientes”- los intereses públicos ante una empresa finlandesa que pide enormes concesiones para concretar la inversión. Pero al mismo tiempo el Ministro de Transporte anuncia que en octubre va publicar los pliegos del llamado a licitación para una obra ferroviaria sin precedentes, lo que es absolutamente contradictorio. Como también es contradictorio que el pasado 15 de agosto el Presidente de la República declarara en una conferencia de prensa que la obra férrea -que tendría 273 kilómetros de extensión, una docena de carriles secundarios para cruces de trenes y más de 40 puentes, por un costo de mil millones de dólares- se realizará aunque UPM no concrete su inversión. Todos sabemos que eso no es cierto. Solamente un gobierno que perdió la cordura podría comprometerse a realizar una obra ferroviaria de mil millones de dólares si no hay planta de celulosa, máxime cuando el país no ha cumplido siquiera con el pago de la deuda con los funcionarios judiciales por 40 millones de dólares y vergonzosamente se aprueba una norma inconstitucional para no cumplir con la sentencia judicial de condena.
Seamos honestos, el ferrocarril es una obra que exige UPM para abaratar el costo del transporte de la materia prima que piensa exportar por el puerto de Montevideo. A su vez la planta de UPM se ubicaría en el centro del país para acercar la industria a los montes y reducir el costo de los fletes de madera hacia la planta de UPM en Fray Bentos.
Pero además de la construcción -a costas del Estado- de las obras férreas, el gobierno está dispuesto a otorgarle a UPM importantes exoneraciones fiscales.
Los contenidos de esa negociación secreta -y las concesiones que parece hacer el gobierno- han marcado la salida del Ec. Masoller.
No es la primera vez que los gobiernos del Frente escamotean información cuando se trata de grandes inversiones extranjeras. En el 2011 la justicia levantó la reserva del acuerdo confidencial entre el gobierno y la empresa Montes del Plata. Pero lo más grave es que el gobierno no aprende de sus propios errores, al contrario, persiste y a pocos días de que se publiquen los pliegos de la licitación para la construcción de las vías férreas, el Parlamento sigue sin ser informado de los términos del acuerdo.
Y eso no pude ser tolerado en una República, por dos sencillas razones:
La primera es que la potestad tributaria para establecer exoneraciones fiscales la tiene exclusivamente el Parlamento y no el Poder Ejecutivo que solo tiene iniciativa privativa en esta materia.Según trascendidos de prensa, las negociaciones secretas entre el Gobierno y UPM pasan principalmente por las exoneraciones fiscales que se le otorgarían a esta empresa y, como dijimos, las exoneraciones solo las puede establecer el Parlamento y ni siquiera el Legislador las puede asegurar por un plazo determinado porque siempre las puede derogar otra Ley posterior. Obviamente en ese caso, como lo dice el art 42 del Código Tributario, el Estado podría incurrir en responsabilidad. Y ese es el peligro de asegurarle por contrato a una empresa privada una serie de franquicias fiscales de larguísimo plazo sin contemplar que los países determinan la cuantía de sus impuestos en función de sus necesidades fiscales en cada momento histórico. Además, desde el punto de vista económico, siempre que se establece una exoneración a favor de un sector de la economía o de una sola empresa como sucede en este caso, indirectamente se podría estar incrementando la carga tributaria de los restantes ciudadanos y empresas. Entonces, resulta inadmisible que se negocien franquicias fiscales por parte del Poder Ejecutivo, en secreto y a espaldas del Parlamento.
La segunda razón por la cual el Parlamento debe ser informado previamente del tenor de las negociaciones con la empresa finlandesa es que el acuerdo a firmarse implicaría el compromiso estatal de realizar una enorme inversión y en nuestro país, como en la mayoría de los países republicanos, es el Parlamento el que aprueba el presupuesto de gastos del Estado. Si bien la sola firma de una acuerdo de inversiones con UPM no implicaría la aprobación del gasto presupuestal, en los hechos el resultado económico es el mismo. En efecto, luego que el Poder Ejecutivo firme un contrato secreto con UPM, si el Parlamento no aprueba los rubros presupuestales para afrontar la inversión comprometida, el Estado habría de incurrir en una enorme responsabilidad patrimonial.
En definitiva, no estamos en contra de las inversiones extranjeras, pero el secretismo con el cual se están llevando a cabo las negociaciones nos obliga a sospechar y exigir públicamente que se informe inmediatamente al Parlamento del tenor de las negociaciones con UPM. Y si es necesario hacerlo en una Comisión Parlamentaria reservada que así sea, pero basta de secretos por parte de un gobierno que hace gárgaras con haber promovido leyes de acceso a la información pública y al mismo tiempo negocia en secreto inversiones y exoneraciones millonarias que pueden comprometer el futuro de varias generaciones.
Por último, no hablamos de la licencia ambiental, la cual presenta innumerables interrogantes.
Todo nos hace pensar que estamos ante una operación electoral que se quiere llevar adelante a cualquier precio. Quien negocia apremiado termina otorgando concesiones inadmisibles.
¿Y la producción nacional?
Jorge Larrañaga
