El Uruguay en estos últimos 14 años ha tenido uno de los mayores periodos de bonanza de la historia del país, pero esta debió venir acompañada de cambios estructurales que aseguraran un desarrollo real de nuestro potencial. Lamentablemente esto no fue así, por lo que la bonanza fue efímera y muy poco es lo que va a quedar al continuar el ciclo económico.
El crecimiento de la economía no se plasmó en aumento de empleo y reducción del desempleo. Pese a que el producto de la economía ha crecido 67% desde 2005, medido a través del índice de volumen físico, el desempleo se mantiene por encima del 8% con niveles de empleo descendentes desde 2014. A lo que debe sumarse que el estado registró un incremento de 70.000 empleados públicos entre 2004 y 2017. De no haberse registrado este incremento (con sus consecuencias sobre el gasto estatal y sobre la productividad de la plantilla del estado) las cifras de desempleo seguramente serían aún mayores.
En definitiva los últimos tres gobiernos fracasaron en materia de creación de empleo. En estos últimos 14 años lo natural hubiera sido una fuerte caída del desempleo y aumento del empleo, sin embargo esto no se verificó. La realidad actual marca que el viento de cola llegó a su fin, la economía se encuentra estancada y sin perspectivas claras, las condiciones han cambiado. Tenemos un Estado que no ha podido desandar las políticas macroeconómicas, fiscales y laborales que ahogan a las empresas, que ahogan a quienes crean empleo.
El proceso de cambio tecnológico y digital es otro factor que plantea un gran desafío para el futuro inmediato ya que el mercado laboral va a experimentar cambios críticos. La robotización, la automatización, el internet de las cosas y la inteligencia artificial plantean un proceso de destrucción creativa que tiene como consecuencia la reasignación de empleos entre los diferentes sectores productivos con los costos transicionales pertinentes.
Lo que se está necesitando es un Pacto por el Empleo y los Salarios con la finalidad de crear las condiciones para reconvertir la matriz productiva del país, estimulando a las empresas privadas a contratar la mayor cantidad de empleados. Para esto es necesario pactar sobre una batería de medidas que apuntan a dinamizar el mercado de trabajo:
- Mantener e incrementar incentivos a la inversión, en especial cuando se trate de inversiones generadoras de empleo permanente, inversiones que fomenten las exportaciones de productos con alto valor agregado nacional y las inversiones que cooperen a la creación de cadenas de valor que impulsen la articulación productiva intersectorial.
- Los Consejos de Salarios son un marco adecuado para la negociación colectiva y deben de mantenerse, y se debe insertar la Productividad en la negociación de los mismos. El objetivo es que los Consejos de Salarios que estén orientados a promover el ámbito de negociación para celebrar acuerdos entre empresarios y trabajadores, a los efectos de obtener, una mayor eficiencia de los recursos humanos. Al mismo tiempo, en la medida que los trabajadores podrán generar más valor para la empresa, recibirán de sus empleadores una remuneración adicional por concepto de productividad, transformándose en un procedimiento económicamente eficiente y a la vez justo.
- Incentivos fiscales para promover la productividad laboral. Proponemos exonerar de tributación las partidas salariales generadas por ese aumento de la productividad.
En la última década, el gobierno aprobó cientos de proyectos de inversión para incentivar el desarrollo económico, a través de la inversión nacional y extranjera.
La filosofía de estos incentivos se basa en otorgar exoneraciones impositivas a cambio de que las empresas cumplan con el compromiso de desarrollar un proyecto, que supone llevar a cabo una determinada inversión que genera más puestos de trabajo. Para el empresario -cuando hace las cosas bien-, la inversión se paga sola con los beneficios fiscales obtenidos. Y para el gobierno, la renuncia fiscal, se debería compensar con una inversión privada que de otra forma no se realizaría. Pero este sistema de incentivos fiscales solo es efectivo en tiempos de bonanza. Por eso, en los últimos dos años se han desplomado la cantidad de proyectos de inversión aprobados y los montos de la inversión promovida. La explicación es simple: como el principal incentivo del régimen de promoción de inversiones, radica en la posibilidad de descontar una parte sustancial del monto de la inversión mediante la exoneración del pago del IRAE que se genere en el futuro, si la empresa no tiene rentabilidad, el incentivo fiscal pierde sentido. Por otra parte, para determinar la magnitud del beneficio fiscal a otorgar, la COMAP toma en cuenta – entre otros indicadores – la cantidad de puestos de trabajo que genera el proyecto, los que deben mantenerse por un determinado período de tiempo. Esa medida que en su momento apalanco el empleo, hoy no impide que las empresas que realizaron importantes inversiones y dejaron de pagar una parte sustancial del IRAE devengado, luego de transcurrido el plazo determinado por la COMAP, despidan a los trabajadores que oportunamente contrataron para obtener los beneficios fiscales. Por eso, insistimos en que la forma genuina de mantener un nivel satisfactorio de empleo y del salario es aumentando de manera progresiva la productividad laboral, para lo cual se requiere mejorar la educación de la población en general y al mismo tiempo la capacitación continua de los trabajadores activos. Como el objetivo es promover la productividad del trabajo, como forma de aumentar la productividad de las empresas, y al mismo tiempo, el salario de los trabajadores y el crecimiento económico a partir de una mayor competitividad de las empresas nacionales, el Estado debe acompañar esa política con incentivos fiscales, de la misma forma que hoy se incentiva a las empresas a través de la ley de inversiones.
- Crear y operar un Sistema Integrado de formación técnica y capacitación laboral. Es imprescindible la capacitación constante con la finalidad de afrontar de la mejor forma posible el impacto del cambio tecnológico sobre el empleo.
- Modificar toda disposición legal existente que atente contra el derecho de propiedad, libre gestión de la empresa y los derechos de los trabajadores, sindicalizados o no.
- Fomento de la clase media. Los sectores medios de la sociedad conforman un factor imprescindible de cohesión social. Además de la trascendencia cultural y económica, constituye el escalón más cercano a los sectores más vulnerables de la sociedad. Dada su cercanía, se constituye en el “espacio” social hacia donde encaminar la salida de la pobreza. Si la clase media desaparece, se cierra un horizonte hacia donde encaminar a quienes “salen” de la pobreza y, por tanto, los instrumentos sociales se transforman en lugar en mecanismos de “salida” en estrategias de protección “en” la pobreza. Sin clase media no pueden implementarse con éxito rutas de salida, porque no hay hacia donde “ir”.
En el marco de la estrategia anteriormente señalada, y para impulsar la ejecución de estas y otras políticas y programas, convocaremos a los actores sociales, empresarios y trabajadores, a una mesa de diálogo social con la finalidad de lograr un gran Pacto por el Empleo y los Ingresos Dignos para todos.
