Las finanzas públicas del Uruguay se han caracterizado por contar con ingresos volátiles y egresos rígidos a la baja, además de un componente altamente pro cíclico. El sector público es, además, históricamente deficitario, pero desde 2013 a esta parte el déficit ha crecido sostenidamente, siendo hoy de 4.8% del Producto Bruto Interno.
En el Uruguay del FA, a contracara de lo que recomienda cualquier buena práctica en la materia, la regla fiscal es heredera de la negociación política, en donde primero se establece el gasto, luego se lo corrige al alza, luego se observa qué financiamiento se requiere como resultado de lo anterior y luego se ajusta el tope de endeudamiento a esas las necesidades.
Vamos por una regla en serio, no un chicle, para contener el malgasto.
Si tomamos, solo a modo de ejemplo, una regla fiscal referida exclusivamente a los gastos de funcionamiento en los incisos del 2 al 19, esto es sin tocar Educación ni Políticas Sociales, con un tope del crecimiento del 3% más inflación, se hubiesen generado más de 5000 millones de dólares disponibles para un fondo de estabilización. Una regla de este tipo es simple, transparente, en tanto son cifras disponibles en cada Rendición de Cuentas y para la cual, de ser necesario, apelaremos a un mecanismo legislativo para que tenga el apoyo parlamentario que haga obligatorio su cumplimiento.
Ni recorte ni ajuste: compromiso con una responsabilidad fiscal que conduzca a una mayor eficiencia del gasto público que ayudaría a reducir la presión fiscal que, durante los últimos años ha sido factor distorsionante en el sector productivo y que a la vez sea el cobijo de los más necesitados en los momentos de mayor necesidad.
