Abdala alertó por el millonario gasto en sueldos en Gas Sayago

ABDALA-PABLO

Gas Sayago «vive el lujo de la miseria», dijo a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala, que por la obra de regasificadora, que el gobierno sigue considerando esencial para el futuro, interpelará en septiembre a la ministra de Industria y Energía Carolina Cosse.

El Estado lleva invertidos en el proyecto de la regasificadora entre US$ 130 millones y US$ 140 millones, a pesar de que la obra está paralizada y en un etapa de negociación para el cumplimiento de los contratos originales, que se prevé —por parte de la empresa en caso de cancelación definitiva— un resarcimiento de US$ 100 millones.

Las firmas GNLS —consorcio conformado por GDF Suez y Marubeni para llevar a cabo la planta regasificadora— y Gas Sayago, formada por UTE (90%) y Ancap (10%) que licitó la obra, se encuentran actualmente negociando la rescisión del contrato de construcción.

Más que el presidente.

Abdala dijo a El País que «hay cientos de millones de dólares ya gastados, son recursos perdidos y la regasificadora no tiene futuro. El proyecto naufragó, no se va a construir».

«Gas Sayago tiene una enorme burocracia, con escala de sueldos de otro país. La gerente general gana más que el presidente. Ella gana cerca de $ 400.000 y el presidente gana $ 318.000; lo mismo pasa con el subgerente», agregó.

Según el balance de la empresa, al que accedió el legislador, el gasto en 2014 fue de US$ 2 millones solo en salarios de los funcionarios. «Es un 70% más que en 2013. Y ojo que es una empresa que tiene menos de 30 funcionarios», sostuvo.

Indicó que por concepto de gastos en general, en 2014 se fueron US$ 4 millones (sin salarios), lo que da un crecimiento del 100% respecto a 2013.

Abdala también reseñó que en la construcción de la escollera «los estudios y batimetría estaban mal y se terminaron dragando cinco millones de m3 cuando se creía que con dos millones de m3 alcanzaba».

El diputado Abdala sostuvo que los 100 millones de garantía son insuficientes porque el Estado ha tenido que invertir ya más de 140 millones.

Fuente: El País

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