En 2012, la empresa Gas Sayago decidió contratar estudios técnicos a la consultora privada CSI, uno de cuyos accionistas era entonces el gerente general adjunto de esa empresa, Pedro de Aurrecoechea, exdirector de UTE.
La situación quedó en evidencia ayer en la comisión investigadora sobre la planta regasificadora de Puntas de Sayago, proyecto que prácticamente el gobierno ha abandonado.
La actividad de esta empresa y sus vinculaciones con autoridades de Gas Sayago es una parte del objeto de la investigación parlamentaria sobre la regasificadora.
En la reunión de ayer, donde participaron autoridades de Gas Sayago (90% de Ancap y 10% de UTE), quedó a la vista que los estudios técnicos aludidos fueron encargados de urgencia por la empresa para verificar asuntos relativos a los fondos marinos y otros.
Tras escuchar a los invitados, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que promovió la comisión investigadora, dijo haber extraído la conclusión de que la empresa OAS, cuando ganó la licitación para construir el proyecto no tenía un proyecto de ingeniería apropiado porque el Estado uruguayo, es decir Gas Sayago, «nunca supo cuál era el proyecto a tal punto que se limitaba a certificar la obra a medida que avanzaba», dijo el legislador a El País.
Recordó que la Cámara de la Construcción en 2016 elaboró un informe asegurando la mala calidad del proyecto. «Fue una improvisación absoluta», precisó Abdala.
Para Abdala «esto lleva a la conclusión política de que OAS y GNLS», el consorcio conformado por la francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni, contratado por Gas Sayago que a su vez contrató a aquella para la obra, «no hicieron un trabajo serio que permitiera esperar que la planta se construyera».
Problemas.
El proyecto siempre estuvo rodeado de situaciones complicadas. OAS subcontrató para una parte del trabajo a la firma uruguaya Costa Fortuna.
El 17 de marzo de 2015, GNLS rescindió unilateralmente el contrato con OAS luego que en más de un año no hubiera proyecto ejecutivo e invocando diferencias técnicas. El 2 de abril de ese año, OAS le rescindió el contrato a Costa Fortuna y cuatro días después se presentó a concurso de acreedores.
Costa Fortuna denunció penalmente por estafa a varios ejecutivos de GNLS y OAS al entender que fue engañada y recibió un perjuicio de unos US$ 10 millones.
Cuando el Estado aceptó a OAS «no se valoraron los malos antecedentes que tenía», dijo Abdala.
El barco.
En esta jornada, viernes 31 de marzo, expira la segunda prórroga pedida a la empresa japonesa MOL encargada de la construcción del barco regasificador. Búsqueda informó ayer que no se pedirá una nueva prórroga a los constructores. Esto llevó a Abdala a interpretar que «el proyecto ya no existe más. No habrá barco».
Cuando Abdala preguntó sobre este tema en la comisión desde Gas Sayago se negaron a hablar del tema con el argumento de que estaba fuera del objeto de la investigación legislativa.
Sostuvo que parte de las pérdidas del ejercicio 2016 de Gas Sayago corresponden al dragado, un aumento de los gastos en juicios laborales, una asesoría legal externa por US$ 400.000, US$ 2 millones por concepto de salarios en el año, y un rubro por US$ 2,5 millones por otros gastos de consultoría. «Lo que indigna es que todo eso salió cuando el proyecto estaba detenido desde 2015», precisó el legislador.
Los representantes de Gas Sayago no contestaron sobre una pregunta del legislador acerca de los despidos que comenzaron a ejecutar, argumentando que estaba fuera de la investigación.
Según Abdala, en la comisión se confirmó que hay negociaciones con la petrolera Shell pero no dieron detalles.
Jara, presidenta de Ancap, reservó su cargo.
Una vez que asumió como presidenta de Ancap, Marta Jara dejó en reserva su cargo como gerenta general de Gas Sayago por las dudas si en el futuro volviera a esa empresa. El paquete accionario de Gas Sayago es en un 90% propiedad del ente energético y un 10% de UTE. La situación quedó expuesta ayer en la comisión investigadora sobre el frustrado proyecto de la planta regasificadora de Puntas de Sayago cuando se habló sobre el nombramiento de los sucesivos gerentes generales de aquella empresa. En ese momento, el diputado nacionalista Pablo Abdala preguntó si era cierto que en marzo de 2016, cuando Jara fue nombrada presidenta de Ancap, se informó a UTE que ella había solicitado licencia extraordinaria como gerenta general de Gas Sayago. Y dijo que le resultaba «llamativo», preguntando si ella había consultado sobre la legalidad o la eventual incompatibilidad del asunto con el departamento Jurídico de Ancap. Ella respondió que volvería a la investigadora con Jurídica de Ancap para explicar la situación. Ella en representación de Ancap, accionista mayoritario, es miembro del directorio de Gas Sayago junto a otra persona del ente y dos de UTE. En 2015, en Gas Sayago tenía un sueldo mensual de más de $ 400.000, lo cual es bastante superior a lo que percibe en Ancap como presidenta. Abdala apuntó que «esto no es normal en la actividad pública ni en la privada, porque ninguna empresa del derecho privado sostiene a un gerente por tiempo indeterminado».
Fuente: El País
Hubo conjunción de intereses en la regasificadora. Quedó claro en la sesión de ayer. https://t.co/Pwm8wghFZ3 via @elpaisuy
— PABLO ABDALA (@pabloabdala66) 31 de marzo de 2017
