Con la tranquilidad por primera vez de tener los votos para impulsar una comisión investigadora, el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) llegará al despacho del presidente de la Cámara Baja para formalizar su planteo.
Llevará una carpeta repleta de papeles con las denuncias que a su criterio deben investigarse.
Decisiones equivocadas, elección de empresas que están involucradas en investigaciones de corrupción en Brasil; y pérdidas económicas para el Estado uruguayo, dejan un manto de dudas que el legislador busca transparentar.
Abdala, rodeado de toda la bancada blanca apuntó contra el fallido proyecto del gobierno del expresidente José Mujica por el cual se contaría con gas natural para el país y para exportar a Argentina, con el que se tiene una conexión de gasoductos.
El diputado dijo ayer a El Observador que en todo el proceso previo a la selección de las empresas que harían la planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago, «no hay presunción de irregularidades sino que lo que hay son claras irregularidades».
«Estamos frente a un proyecto que fracasó y generó daño», afirmó Abdala.
«El proceso está plagado de errores y decisiones polémicas que parecen difícil de explicar con objetividad», por ejemplo las vinculadas a la elección de las empresas GNLS, que obtuvo el contrato del gobierno uruguayo y la constructora OAS, cuyo presidente está preso en Brasil tras una investigación por corrupción.
Además, explicó Abdala, GNLS –que fue constituida en Uruguay– surgió de la asociación de Gaz de France (Brasil) y de la compañía Marubeni (Japón). Esta última fue condenada por la Justicia de EEUU por pago de coimas y lavado de activos según los documentos que presentará hoy el legislador.
A nivel político, Abdala reclamó contra la ministra de Industria, Carolina Cosse, por no responder ninguno de los seis pedidos de informes que presentó desde el año pasado por la planta regasificadora.
El legislador dijo a El Observador que «es claro el propósito de la ministra y por tanto del gobierno de no hablar». También recordó que la gerente general de Gas Sayago –la empresa formada por ANCAP y UTE para la regasificadora– era Marta Jara quien hoy es la presidenta de ANCAP.
Denuncias para investigar:
Selección de empresas
El gobierno de José Mujica a través de Gas Sayago eligió a GNLS y OAS para la construcción de la planta regasificadora. «Se percibe un aprovechamiento excesivo del régimen de derecho privdo y de la consecuente ausencia de los requisitos de la licitación pública, las normas del Tocaf y la intervención del Tribunal de Cuentas», dice la denuncia del diputado Abdala. Afirmó también que las empresas seleccionadas no presentaron la oferta más conveniente ni en lo técnico ni en lo económico.
Conexión Brasil
La empresa OAS, afirmó Abdala, está asociada a los mayores escándalos de corrupción que se indagan en Brasil en la operación Lava-Jato que llevó a la cárcel a empresarios y gobernantes por el pago de sobornos vinculados a la concesión de obras. El presidente de OAS, José Aldenario Pinheiro, que tenía una relación cercana con el expresidente Lula, está en prisión. Además, se investiga si el exministro de Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, realizó gestiones con el gobierno de Mujica para beneficiar a OAS como constructora de la regasificadora.
Pérdidas económicas
De acuerdo a la denuncia parlamentaria, el Estado uruguayo perdió en el proyecto de la regasificadora US$ 65 millones por capitalizaciones realizadas por UTE y ANCAP; pasivos asumidos por Gas Sayago, trabajos de geotécnica e ingeniería contratados y gastos de funcionamiento de Gas Sayago desde 2011. Además, 380 empresas uruguayas que suministraron insumos y servicios a GNLS y OAS perdieron más de US$ 22 millones que buscan cobrar en un proceso concursal ante la justicia. Seguramente esa deuda es mayor, acotó Abdala.
Diseño y ubicación
En la denuncia se afirma que la escala productiva del proyecto fue una de las causas centrales de su inviabilidad económica. Primero se pensó como un proyecto binacional con Argentina pero luego ese país desistió de ser socio. También se cuestiona la «inadecuada» ubicación de la planta «en una zona de fuerte anegamiento y alto grado de sedimentación» donde el Estado debió invertir millones de dólares en dragado «que se perdieron completamente», afirmo Abdala.
Fuente: El Observador
Video y Foto: Teledoce
