En la sesión del Senado de ayer planteamos la necesidad de incluir los tratamientos endovasculares dentro de la canasta básica de prestaciones del Plan Integral de Atención en Salud.
SEÑOR CAMY.- Quiero plantear ante el Senado de la República una situación que nos inquieta y que tiene que ver con la necesidad que existe en nuestro país de incluir los tratamientos endovasculares dentro de la canasta básica de prestaciones o PIAS, Plan Integral de Atención en Salud.
Me refiero a medidas de atención específicas ante lo que es un ACV isquémico cuando se obstruye una arteria en el cerebro y este comienza a infartarse, o un ACV hemorrágico o hemorragia cerebral, que sucede cuando se rompe una arteria en el cerebro. Muchas veces es un aneurisma, o sea, la dilatación de una arteria cerebral, lo que provoca una hemorragia.
La incidencia internacional de ACV es de entre 185 y 385 casos cada 100.000 personas por año. Es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en general. Para tener una idea, en nuestro país se producen alrededor de 3.000 fallecimientos por año por esta causa, según se desprende de un informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2012.
El tratamiento endovascular es una subespecialidad de la neurocirugía, que aplica técnicas que navegan en las arterias hasta llegar al problema, y no existe necesidad de abrir el cerebro u otras partes para curar, tal como ocurre con las enfermedades del corazón. Existe evidencia Clase I A –la de mayor grado científico posible– que especifica la necesidad de incluir estas técnicas dentro de todos los sistemas de salud en el caso de los tratamientos de ACV isquémicos. Así lo destacan y sugieren las pautas expresadas en las principales referencias internacionales en la materia: American Heart Association, World Stroke Organization, Instituto Karolinska, guías de Canadá, etcétera.
En este aspecto no hay discusión en ningún plano. En nuestro país no se aplica, salvo en Mucam. Allí se hace por fuera de la canasta, a pesar de que la institución integra el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto hace que el sistema sea inequitativo para el resto de la población, que no tiene la posibilidad de acceder a estas técnicas, o –lo que es peor– porque su acceso está determinado por la arbitrariedad del director del centro privado en cuestión.
El ACV isquémico constituye la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa a nivel general en nuestro país. Hay trece accidentes cerebrovasculares isquémicos por día, y uno de cada seis individuos en todo el mundo sufrirá un ACV. Esto es tan frecuente, que en Estados Unidos cada cuatro minutos un paciente padece esta afección. Imaginemos qué ocurriría si esto fuese provocado por una infección: estaríamos en un ataque de pánico.
Se estima que para 2020 la cifra total de ACV en el mundo ascenderá a 29:000.000 por año, mientras que en la actualidad es de 17:000.000 y es responsable de más del 12 % de los gastos totales en salud, según indica la Organización Mundial de la Salud.
Según datos oficiales, en el Uruguay mueren por esta causa unas 3.000 personas por año. Esto hace que el tema sea mucho más problemático, dado que se trata de una cuestión muy seria de salud pública. Hasta el momento todas las mutualistas reciben por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud las partidas o cápitas por afiliado, lo que hace que muchos de los centros apuesten a la cantidad para poder mantenerse y brinden a sus afiliados cada vez menos en relación con lo que se presta en el resto del mundo. Cada vez es más frecuente vivir situaciones desesperantes en las cuales, frente a una enfermedad con serios riesgos de vida, los administradores de la salud privados comunican a la familia que ellos no se hacen cargo de los gastos que es necesario realizar para que el paciente se salve, aun cuando la indicación esté hecha por un especialista de dicha institución. En esos casos hay dos caminos: se consigue el dinero y se paga o se sufren las consecuencias –que son fatales– al no poder lograrlo.
En relación con los tratamientos endovasculares para el aneurisma cerebral, también hay evidencia Clase I B –en este caso– para la aprobación de estos tratamientos en forma efectiva y segura, según está publicado por las guías más prestigiosas del mundo.
La División Evaluación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública evaluó satisfactoriamente la incorporación de estos tratamientos en el PIAS el año pasado, pero no sabemos por qué las autoridades de dicha cartera aún no los han incluido.
Existen tres incongruencias por parte de las autoridades de Salud Pública y de ASSE: la primera es que ASSE licita frecuentemente estas técnicas para ofrecerlas a sus afiliados; la segunda es que el Ministerio de Salud Pública ya tiene un informe positivo que sus propios técnicos han elaborado al respeto, y la tercera es que esta cartera ha pagado por varios juicios de amparo llevados a cabo por gente desesperada que recurre a la Justicia para que el Ministerio pague, aunque en realidad no obliga.
Señor presidente: el próximo 12 de marzo se va a desarrollar un importante evento mundial, por segunda vez consecutiva en el país, con la presencia de los más destacados neurocientíficos de Estados Unidos, Europa y la región; entre los disertantes, se encuentra el profesor uruguayo Fernando Viñuela, quien se ha destacado a nivel mundial como uno de los especialistas más probos en la historia de los Estados Unidos. En función de esta circunstancia de que el profesor Viñuela es uruguayo, hemos pensado que sería una oportunidad vincular la temática particular que sufrimos en el país, enviando la versión taquigráfica de estas palabras a la Comisión de Salud Pública del Senado, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a la Cátedra de Neurocirugía de la Universidad de la República, a efectos de analizar en detalle este tema que produce una creciente preocupación en el país; incluso, los principales profesionales involucrados nos han alarmado con respecto a la situación que se presentaría en caso de que esto no se corrigiera inmediatamente.
Muchas gracias. Es cuanto quería manifestar.
