Durante nuestra trayectoria política hemos impulsado la idea descentralizadora, priorizando una visión nacional con anclaje en lo local para lograr un pleno desarrollo integral.
Ha sido histórica la visión antagónica de capital e interior como si el desarrollo de uno, dependiera de la sangría del otro. Hay que superar esa visión que ha sido nefasta y ha postergado el crecimiento armónico del país.
Descentralizar es acercar el poder a la gente, supone un acto de justicia. Implica integrar e incluir la realidad local, municipal y departamental en los procesos de decisión. Implica también “descentralizar la caja”, los recursos económicos.
Hemos alertado en numerosas ocasiones que ha existido una pérdida de autonomía financiera de los gobiernos departamentales en los últimos 25 años. Véase que a nivel de los presupuestos departamentales, en 1990 los recursos de percepción local oscilaban en el entorno del 90%, y los de transferencia nacional, eran menos del 10%. Sin embargo, en la actualidad esa realidad ha cambiado y la relación es casi de 50-50. La Constitución de la República otorgó desde el año 1952 instrumentos de autonomía que, por distintas vías, las administraciones centrales han ido erosionando.
El artículo 297 de la Constitución establece fuentes de recursos para garantizar la autonomía financiera. Esos recursos son originarios de los departamentos y no deberían sufrir intervenciones por parte del Poder Ejecutivo.
La realidad actual -con el incremento productivo- ha sobrecargado la red de caminería nacional y departamental. Para sostener un proyecto de país productivo se hace necesario atender la demanda de reparación, mantenenimiento y mejora de nuestras rutas y caminos. Téngase presente que la red vial departamental se compone de unos 60.000 km.
Los gobiernos departamentales no pueden afrontar solos esa tarea.
Para atender esa necesidad socio-productiva es que el interior precisa urgentes recursos, porque del mismo modo que se necesita mejorar la red vial para la producción, se necesita para brindar calidad de vida a la familia rural.
Que llegue un ómnibus, que pueda entrar una ambulancia, que la gente pueda tener más a mano los centros urbanos, hace la diferencia para miles de uruguayos dispersos por nuestra campaña. Sin esos caminos, villas, pueblos y las familias allí radicadas quedarán cada vez más alejados y continuará el éxodo rural, acentuando los procesos migratorios que engrosan los cinturones de nuestras ciudades.
Una de las vías de financiamiento que han tenido los gobiernos departamentales para atender la caminería ha sido el Impuesto al Patrimonio. De lo recaudado una parte iba para la Universidad Tecnológica -10%- distribuyéndose el restante 90% entre las intendencias y el Ministerio de Transporte. A partir de ahora, ese 90% irá directamente a Rentas Generales, es decir, al gobierno nacional. Por tanto, los gobiernos departamentales dejarían de percibir esos significtivos recursos (en 2014 lo que fue a las intendencias por este concepto ascendió a unos 15 millones de dólares).
A nuestro criterio es justo y necesario que el gobierno nacional continúe otorgando a los gobiernos departamentales la participación de lo recaudado por el Impuesto al Patrimonio, de modo de viabilizar la obra pública destinada a mejorar la caminería rural.
Véase que en el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, en su artículo 631 asigna, a partir del ejercicio 2017, 285 millones de pesos para ¨financiar obras viales, de transporte¨ y su ¨interrelación con infraestructuras de importancia nacional¨ para el área metropolitana, área que circunscribe a Montevideo y Canelones, excluyendo a San José.
Esto es sencillamente que el gobierno nacional va a financiar obras para las intendencias de signo frenteamplista. Los uruguayos de todo el país vamos a financiar las obras que tanto se necesitan en Montevideo, pero que por las pésimas gestiones frenteamplistas no se han hecho; pero a su vez se le quitan a las intendencias del interior, como hemos dicho, valiosísimos recursos. Esta discriminación es injusta e inaceptable.
Para tener verdadera descentralización se necesita una distribución más justa y racional de los recursos económicos que, en definitiva, son de todos. Por todo lo anterior sumamos nuestra voz de reclamo a la de los intendentes, para que mientras Montevideo y Canelones reciban recursos del gobierno nacional, las intendencias del interior puedan continuar percibiendo lo recaudado por el Impuesto al Patrimonio. El incremento de la producción acelera el deterioro de los caminos. El producido de los impuestos de la misma van en su inmensa mayoría a las arcas del gobierno nacional.
Es de justicia expresar que no hay autonomía con “tutelaje” y sin recursos. El gobierno nacional no puede retacear la participación que hemos mencionado con destino al interior del país, responsable directo del crecimiento, del desarrollo y del progreso nacional.
Jorge Larrañaga
