A raíz de la llegada de dos multas para que la Junta Departamental de Montevideo aprobara por la contaminación causada por efluentes industriales vertidos a la bahía y al arroyo Pantanoso por las plantas de Ancap de La Teja y La Tablada, el Edil Javier Barrios remitió un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo.
De ese informe surge que entre el año 2010 y junio de 2015, se tomaron 38 muestras y el 100% de esas muestras dieron por encima de los límites establecidos. Si bien La Tablada pudo revertir la situación, la refinaría de La Teja sigue contaminando.
“A los efectos de poder calibrar el grado de contaminación de la planta de La Teja, es igual a los vertidos que genera una ciudad de 18.000 habitantes. Para nosotros esto es muy grave. Primero, un ente público debe dar el ejemplo, debe cumplir con las normas; y segundo, pensemos si esto fuera UPM, los problemas que nos hubiese causado por estar fuera de los parámetros, tendríamos no solo la clausura de la planta, sino un problema binacional”, explicó el edil.
Agregó que “Ancap debe tomar las medidas para cesar lo antes posible los vertimientos y la Intendencia debe ser más estricta con los entes públicos. Hemos tenido que clausurar algún taller mecánico que tira el aceite usado al saneamiento no haciendo el tratamiento correspondiente.”
Barrios no comparte la apreciación del Intendente Daniel Martínez que relativiza la gravedad del problema. “Esta es una situación de desastre ambiental, estas cosas no pueden ocurrir. Es un desastre que no se haya hecho nada y es un desastre que se juzgue con distinta vara una misma situación. Se permite que Ancap siga año tras año contaminando y ahora, como sale la noticia, recién las autoridades se van a sentar a conversar del tema. Para mi si es un desastre medioambiental.”
El legislador departamental propondrá una modificación en la legislación “para que no se cobren multas por un caso puntual, sino que se aplique el concepto de astreintes, que es una multa periódica hasta que se realicen los tratamientos necesarios para, de esa forma, obligar a las empresas a realizar las obras para que las condiciones se ajusten a la normativa vigente. En definitiva para que resulte más barato realizar el tratamiento que pagar la multa”, indicó.
Barrios quiere que se trabaje para que se solucione de una vez por todas este problema, “las sanciones a los delitos ambientales, como en otros países, deben ser importantes porque el medio ambiente es la casa de todos nosotros, es el único planeta que tenemos para habitar”, terminó diciendo.
