La reciente suspensión de la construcción del llamado “Antel Arena” tal vez puede tomarse, más allá de lo que en sí misma representa, como el emblema del tiempo que estamos viviendo.
Los hechos vinieron a dar razón a quienes desde la oposición sostuvimos, cuando esta historia comenzó, que la obra era inoportuna e inconveniente. No porque el país no se mereciera uno o varios centros de ese tipo – ojalá pudieran construirse muchos en Montevideo y el interior – sino porque destinar recursos públicos a esa finalidad significaba una imprudencia, en la perspectiva de las urgencias y prioridades que el Uruguay tiene.
Así vino a entenderlo el gobierno del Frente Amplio ahora, varios años después de que se planteara el desatino, y cuando los nubarrones económicos empiezan a verse en el horizonte, y eso es lo más emblemático.
La “postergación” indefinida de la obra del Antel Arena, y la tormenta que generó en la interna del partido de gobierno, son un símbolo elocuente del momento político y económico que atravesamos. En verdad, se trata de un ejemplo de recorte presupuestal entre muchos que podrían invocarse, pero la magnitud del proyecto, el volumen de la inversión y la espectacularidad que rodeó su lanzamiento, así como las sucesivas etapas que jalonaron el trunco proceso, le otorgan un carácter especial. De todo aquello quedó tan solo alguna maqueta, y apenas el recuerdo de la parafernalia, el fervor y el papel picado.
Sin embargo, el episodio que comentamos, de ribetes incluso irónicos, se da en un contexto más amplio, que es el de la desaceleración económica, cuyas consecuencias resultan preocupantes.
Desaceleración no es recesión, es verdad, pero ese fenómeno económico aplicado a un gobierno que ha llevado el gasto público hasta el límite de la recaudación y que después lo traspasó, dejando un déficit de 3,5 puntos, no es cosa menor. Las consecuencias empiezan a verse en diferentes planos, porque la conducción económica no tiene más remedio que sincerarse, y las malas noticias empiezan a aparecer y a multiplicarse.
En lo que concierne a las empresas públicas, los malos resultados son, en general, notorios, y el gobierno ha salido a reconocerlos sin ambages.
El Cr. Astori ha denunciado la falta de coordinación de las inversiones y la imprudencia en los gastos operativos, con referencia evidente al déficit financiero de Antel y al descalabro que aconteció en Ancap. Parece claro que el ministro de economía no está en condiciones de fingir demencia o inocencia, pues mientras los desaciertos de los entres mencionados estaban en pleno desarrollo, él ocupaba la Vicepresidencia de la República, y era una figura más que influyente en el gobierno que integraba.
Lo cierto es que la coyuntura económico-financiera desnudó la irracionalidad de esos gastos e inversiones, y obligó al Poder Ejecutivo a interponer frenos e introducir recortes. Más allá del Antel Arena, está claro que ya no habrá más lugar a la irracionalidad, ni a las decisiones desorbitadas que generan deudas desproporcionadas que terminan en déficit y pérdidas. Ancap, sin duda, es el ejemplo más elocuente de esto último, con su resultado negativo de 323 millones de dólares, su abultado pasivo y su deterioro patrimonial avanzado.
El proceso de elaboración del presupuesto nacional se encamina en similar dirección. Con gran sentido del marketing político – en eso hay que reconocer gran oficio – el gobierno insiste en el concepto de “prudencia fiscal”, en vez de hablar de ajuste, que es lo que verdaderamente proyecta.
El margen fiscal se achica, pero el gasto ya dispuesto es inelástico, y también lo son las demandas de gremios y sindicatos, fuertemente estimuladas por los discursos preelectorales. Entre muchas interrogantes, ¿cumplirá cabalmente el gobierno con el 6% del PBI para la educación, o deberá inflarlo con el presupuesto de la enseñanza militar y la policial, el del INAU, y el Sistema de Cuidados? Es solo un ejemplo.
Otro tanto ocurre con la negociación salarial, y también en esto hay manipulación de los términos. Las pautas que comunicó el ministro de Trabajo equivalen a la desindexación lisa y llana, pero el Poder Ejecutivo habla de “autoclasificación” (por las tres categorías de empresas que definió). No es necesario ser augur, adivino o pitonisa, para advertir que los consejos de salarios serán, en esta ronda, fuente de insatisfacción y conflicto.
En general, no le será sencillo al gobierno cumplir sus promesas. Los hechos demuestran que se llegó demasiado lejos con ellas, a la luz de lo que se venía. No lo decimos de manera autocomplaciente sino, más bien, con preocupación.
Es frecuente decir que si al gobierno le va mal, nos va mal a todos y le va mal al Uruguay, y eso es verdad. También lo es que el desprestigio por los malos resultados, o por el virtual incumplimiento de lo anunciado, no afecta exclusivamente al oficialismo, y termina por alcanzar al sistema político en su conjunto, por lo que todos los partidos debiéramos reflexionar sobre eso con detención.
En esa actitud estamos desde la oposición. Con temperamento constructivo y poniendo por delante la suerte del país. Ante el nuevo escenario, el gobierno debería saber que puede contar con nosotros. Habrá que ver si apuesta al entendimiento y, para ello, se da un baño de humildad.}
Dr. Pablo Abdala
