Nuestra Constitución está edificada sobre principios republicanos y democráticos de gobierno.
A partir de esos pilares, el constituyente diseñó todo el aparato estatal y sus mecanismos de control y participación. Lo hizo sobre la base de la pluralidad y la convivencia de las distintas miradas de país.
Se pretende que haya más de un partido en la dirección de los intereses nacionales. Es la forma de vencer las apetencias exclusivistas, ya desterradas hace décadas, en donde se confundía partido con Estado y facción con Nación.
Por ello, la razón de ser del gobierno colectivo de los diversos organismos. Acaso porque no hay mejor control que el que hacen los ojos del adversario político.
Ese es el modelo de participación y control que quiso el constituyente, donde además del control de legalidad, se efectúe un control político.
También el constituyente creó mecanismos para accionar la responsabilidad política desde el Parlamento.
Claro que para ello se necesitan los votos, votos que la oposición hoy no tiene. Si en el pasado hemos visto caer Ministros en largas y míticas interpelaciones, no solo ha sido por el destaque de los interpelantes –muchos de ellos brillantes- sino por la capacidad de reunir mayorías contra el gobierno de turno. Eso no pasa en el país ni pasará por los próximos 5 años.
Uruguay tendría 15 años sin poder disparar los mecanismos de responsabilidad política y por tanto el control desde el Parlamento será más de denuncia y acusación que sancionatorio; más de fiscal que de juez.
Por todo ello cobra relevancia el control desde la misma gestión de los organismos del Estado. Y en este escenario se agrega el modelo del gobierno electo de desconocer el rol representativo de los Partidos de la Oposición.
Somos claros en decir que es un error pensar que la “representación social” en ANEP, BPS y ASSE puede sustituir a la “representación política” de los partidos de la Oposición.
Nada sustituye a la Oposición en el gobierno de los organismos del Estado. Ni siquiera si se colocase a un Juez Letrado en cada organismo podría asimilarse al control de los partidos de la Oposición.
Y eso porque, como escribimos al comienzo, nuestra Constitución fija nuestra forma de gobierno como una democracia representativa. Y en ella, a los partidos no los sustituye nadie. A los partidos de la Oposición no lo sustituyen los representantes corporativizados, porque no pueden; no porque no sean capaces o no lo quieran, -repito- porque no pueden. Porque la razón de las cosas hace que la representatividad política de los uruguayos está en su sistema de Partidos. La vocación de representatividad popular y de defensa de intereses generales –no corporativos- sólo se encuentra en el sistema de Partidos Políticos.
Se dirá: los partidos tradicionales no daban espacio al Frente Amplio en el pasado.
Estuvo mal. Pero no porque antes se haya actuado mal, esto sirva para seguir haciéndolo.
Se nos ha adjudicado la intención de “bombardear” el eventual acuerdo entre gobierno y oposición. Eso no es así.
Tan solo estamos ejerciendo el derecho a discrepar con el modelo propuesto en áreas como la educación, la salud y la previsión social. Queremos que las políticas públicas, en áreas tan vitales para el país, surjan del diálogo político amplio y plural.
Podemos exhibir una trayectoria marcada por el compromiso en la búsqueda de los consensos y acuerdos. Siempre estamos abiertos al diálogo y a los acuerdos, sin callar las discrepancias.
En educación y salud, junto a seguridad, es donde Uruguay ha tenido menores avances en los últimos años. Particularmente en materia de educación es donde se observa un grave deterioro de los resultados, con las consecuencias que ello conlleva tanto para el país como para los individuos en términos de desarrollo social, económico y en términos de calidad de convivencia.
Con independencia de las posiciones políticas circunstanciales, con el mismo énfasis con que hemos criticado los resultados educativos, hemos elaborado propuestas de mejora y acción. Lo hemos hecho tanto a través de nuestro representante en la ANEP como desde el Parlamento, llegando incluso a promover – y suscribir- un acuerdo educativo en 2012.
EL GOBIERNO ELECTO HA EXPRESADO VOCACIÓN DE DIÁLOGO. LO VALORAMOS. INVITÓ AL DIÁLOGO PERMANENTE CON LA OPOSICIÓN. ACEPTAMOS TAL INVITACIÓN. En tal sentido le haremos llegar al gobierno nuestras ideas programáticas en materia educativa. No estamos reclamando posiciones políticas, si reclamamos espacios institucionales de discusión, porque es nuestro derecho, el de la ciudadanía que también representamos.
Hacemos política porque tenemos vocación de gobierno y servicio. No renunciamos a esa vocación por estar circunstancialmente en la oposición. El gobierno expresó su temor a que los representantes de la oposición se asocien con los corporativismos para trabar la gestión en materia educativa, de salud y de previsión social. Los antecedentes demuestran que nosotros no nos asociamos ni a los corporativismos ni a los gobiernos, nos asociamos exclusivamente a la búsqueda de resolver los problemas que el país tiene.
El diálogo, más allá de una forma de relación política debe ser útil y fructífero, resultando en medidas de gobierno. Queremos ser escuchados para proponer y que esas propuestas junto con las agendas del gobierno y demás partidos se traduzcan por ejemplo en una Reforma Educativa de consenso nacional. Si el gobierno entiende que esa Reforma la puede implementar exclusivamente con sus representantes pues bien, que lo haga. Nosotros queremos aportar.
Vamos a ejercer la función de control, vamos a aportar todo lo que tengamos porque somos generosos con el país, y nunca vamos a renunciar a plantear las discrepancias.
Siempre, como ha sido hasta ahora, proponiendo caminos alternativos. Sabedores que los intereses del país son más grandes que nosotros, claro, pero también, mucho más grandes que el gobierno de turno.
Ni bombardeamos ni nos callamos.
En definitiva, el Partido resolverá.
Jorge Larrañaga
