En el curso de una semana, la oposición promovió y votó dos llamados a Sala – finalmente en régimen de interpelación – en la Cámara de Diputados. Uno de ellos recayó sobre la ministra de Desarrollo Social, fue propuesto por el Partido Colorado, y tiene relación con la grave situación del SIRPA y los abusos cometidos con los menores infractores allí internados. El otro lo impulsó el Partido Nacional, la convocada es la ministra de Industria y Energía, y el objeto del mismo está referido al fracaso del proyecto de la regasificadora y las complejas consecuencias que ello habrá de acarrearle al país. Nos corresponderá a nosotros, en este último caso, actuar como miembro interpelante.
Vale la pena preguntarse, aunque solo sea como mero ejercicio, si esa reiteración de llamados constituye un exceso de la oposición, como alega continuamente el Frente Amplio. La respuesta clara y contundente es NO, y ella se confirma aún agregando al análisis las dos interpelaciones ya cumplidas y las numerosas convocatorias a Comisión que se han concretado en los primeros seis meses de gobierno. Y la explicación es muy sencilla.
El rol de la oposición es de distinto signo, pero tan importante como el del gobierno. La democracia y la buena salud de las instituciones necesitan de una oposición fuerte y activa, eficaz en el ejercicio de su tarea, tanto como necesitan del Parlamento mismo. La función de contralor le está reservada a los partidos que no están en el gobierno, y resulta esencial e irrenunciable para la transparencia y, por ende, para que la opinión pública pueda tener acceso a los asuntos públicos.
Si lo dicho es así siempre, en nuestro país y en cualquier otro en el que imperen el derecho y la libertad, mucho más lo es en el contexto de una coyuntura como la que atravesamos en el Uruguay, muy cercana a la de gobierno de partido. Es verdad que la minoría está representada en los directorios de diversos organismos, pero también es verdad que eso es a los efectos de la fiscalización y que, fuera de ello, el partido que gobierna concentra la suma del poder y conforma en exclusividad el gabinete.
La Constitución de la República consagra solo tres instrumentos para el cumplimiento del contralor: los pedidos de informes, los llamados a sala y las comisiones investigadoras. La utilización de esas armas democráticas no solo es legítima sino que, además, resulta absolutamente necesaria para el adecuado funcionamiento institucional. Es obvio que deben administrarse con racionalidad, pero no debe dudarse sobre su uso cuando las circunstancias lo justifiquen, aún a riesgo de que los temas y los hechos políticos se superpongan o acumulen. Tales circunstancias, dicho sea de paso, habitualmente no son un invento de la oposición y es el gobierno el responsable de generarlas.
Volvamos a los dos ejemplos invocados al comienzo que son, además, los más recientes. Las golpizas y maltratos constatados en el INAU configuran una muy seria violación de los derechos humanos. ¿Podría el Parlamento, que debe ser el garante de la legalidad, permanecer ajeno y mirar para el costado? El proyecto de la planta regasificadora representa una obra de más de mil millones de dólares, y su interrupción (lleva más de seis meses) expone al Estado al riesgo de un grave daño económico, después de un proceso licitatorio oscuro y sospechoso. ¿Cumpliría el Parlamento con su obligación si, ante ello, permaneciera indolente e impasible? Parece de toda evidencia que no.
Por otra parte, a lo ya dicho debe agregarse que, en ambos casos, el planteo inicial consistió en un llamado a los jerarcas respectivos en régimen de comisión general, no de interpelación. Con ello se quiso significar que el propósito no era condenar anticipadamente a los ministros, sino propiciar una instancia de información, reflexión y debate. Como el oficialismo no proporcionó los votos, y los mismos eran indispensables, la oposición quedó librada a sus fuerzas y debió, inexorablemente, recorrer el camino de la interpelación.
Los gobiernos tienen que exhibir humildad republicana, y ella debe ser tanto mayor cuanto más significativo sea el poder político que aquellos concentran. Eso implica que deben estar siempre dispuestos a que se los controle, y a brindar – y en tiempo real – toda la información que se les solicite. No ha sido la actitud demostrada por el Frente Amplio durante todo este tiempo, al menos de manera suficiente. Por lo general, ha sido refractario a dar sus votos para concretar los llamados a Sala y, muy especialmente, para conformar las comisiones investigadoras que se han solicitado.
La transparencia no ha sido la virtud, y por eso seguiremos interpelando. Con más razón.
Dr. Pablo Abdala
