El artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas viene a ser la expresión más simbólica de un fenómeno que ha marcado toda la gestión de los gobierno del Frente Amplio: el poco apego a la noción de Estado de Derecho y el valor de la Ley.
Ese artículo proclama, paradójicamente por una ley, que el Estado no estará obligado a cumplir las leyes. Que si es condenado a pagar, paga cuando quiera -y si quiere-.
Pero lo grave está en que ese artículo proyectado no es un accidente, no es una excepción sino que es un eslabón más en una cadena de embestidas a ciertos pilares que nos han dado identidad como país.
En este tiempo donde se cumple la mitad de mandato del actual gobierno, puede hacerse una evaluación sobre una de las peores tendencias que ha tenido el Frente Amplio en sus tres gobiernos (para la propaganda del gobierno estará todo el aparato publicitario que Ministerios y Entes lanzan sin ningún recato) y es que han debilitado la noción de Estado de Derecho.
Ese debilitamiento del Estado de Derecho tiene por lo menos cuatro fuentes. La primera es la violación de la Constitución; las declaraciones de inconstitucionalidad a lo largo de estos doce años muestran a las claras que al gobierno no le importa el marco constitucional al momento de darle forma legal a una política pública; y lo que es más grave, cuando esto ocurre, lejos de reconocerse este hecho -para revisar esa manera de pensar y de legislar- se atribuye intencionalidad política a los jueces que señalaron esa violación constitucional. La Ley de Medios es un ejemplo claro del irrespeto por ciertos principios de nuestra Carta de Derechos, o la interpretación de que la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión del derecho de huelga.
Otro ejemplo es lo que sucede con la ley de inclusión financiera, donde se vulnera la libertad como derecho básico del ciudadano. O la ley ¨holística¨ de alcohol, por la cual se le prohibirá a los uruguayos mayores de edad que compren alcohol a determinada hora y en determinado lugar.
En el fondo de este irrespeto por la Constitución y por la Ley en sentido amplio, está la convicción que lo político no tiene motivos para atarse a ningún límite jurídico (lo que revela una incomprensión de lo político y de lo jurídico a la vez).
Una segunda fuente es la ignorancia y el desconocimiento de la Ley. Lo que ha ocurrido recientemente con el caso de la marihuana es un claro ejemplo de la más absoluta desconsideración de la normativa al momento de implementar este invento.
La tercera fuente tiene que ver con el incumplimiento de la Ley -el gobierno no tiene reparos en eludir ese cumplimiento, como si las leyes de la República fueran obstáculos que es necesario remover para llevar adelante su programa. Es el caso del proyecto de Rendición de Cuentas y el tan mentado artículo 15.
Bajo esta misma lógica, cada tanto se despiertan los espasmos fiscales y surgen las voces para apropiarse los excedentes de Fonasa.
La cuarta fuente, y quizás la que refleja más acabadamente el fundamento político para su accionar, refiere a la pulsión entre lo corporativo y lo republicano.
El corporativismo, tan connatural a la matriz ideológica de la fuerza de gobierno, imperó y venció a la noción republicana. Esa pulsión estuvo presente desde el primer día de gobierno del Frente y se consolidó en estado total en el actual período cuando el gobierno decidió excluir a la oposición de la ANEP, de ASSE y del BPS porque allí había representación social. En su momento lo denunciamos claramente: nada podía sustituir a la oposición en el gobierno de los organismos del Estado. Lo graficábamos en que ni siquiera el hecho de colocar a un juez letrado en cada organismo podría asimilarse al control de los partidos políticos de la oposición, porque la Constitución fija nuestra forma de gobierno como una Democracia Representativa, donde a los Partidos no los sustituye nadie. A los Partidos de la Oposición no los sustituyen los representantes corporativizados, no porque no sean capaces o no lo quieran hacer, sino porque no pueden, porque la razón de las cosas hace que la representatividad política de los uruguayos esté en su sistema de partidos. La vocación de representatividad popular y de defensa de intereses generales, solo se encuentra en el sistema de partidos políticos.
Esa tendencia corporativa y tan desligada de lo republicano ha permitido y alentado la asfixia presupuestal que han tenido organismos clave del control como son el Tribunal de Cuentas de la República, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el propio Poder Judicial.
En el fondo de todo está la concepción del Poder del Estado y razón para el uso de Poder. El Poder está al servicio de la Ley y no la inversa, sin embargo, para el gobierno pareciera que la Ley está al servicio del Poder.
El Poder está al servicio de la Ley porque la Ley no es el instrumento de ninguna Corporación. La Nación no es patrimonio de nadie, de ninguna fracción, de ningún grupo.
Los representantes se deben al pueblo porque como también dice claramente nuestra Carta “la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación”.
El deber republicano de todo representante es representar no los intereses de un grupo sino los intereses de toda una nación.
Pertenezco orgullosamente a un Partido que nació para defender la Ley. Porque solo la Ley nos garantiza el equilibrio que necesitamos para convivir en paz, solo la defensa de la Ley nos resguarda de la barbarie. La consigna que nos dio origen, nos sigue reclamando en este tiempo.
Jorge Larrañaga
