La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto de ley que reestructura la institucionalidad referida a los juegos de azar, estableciendo la creación de la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado en calidad de servicio descentralizado, que remitió el Poder Ejecutivo. A tales efectos recibieron al Subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y a autoridades de la Dirección General de Casinos y de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
El Diputado nacionalista Jorge Gandini celebra que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley de estas características, “porque es un tema pendiente de regulación, de discusión, de abordaje legal. Tenemos una vieja y saludable legislación en la materia pero que debe ser adaptada a los nuevos tiempos, porque ha sido claramente superada. Hay que desarrollar nuevas modalidades de gestión, de explotación. Bienvenido el proyecto.”
En esta oportunidad se analizó el Capítulo 1 de la ley, donde se ratifica que el Estado ejerce el monopolio de todo tipo de juego, apuesta, suerte, rifas y similares. La discusión estuvo centrada en la consideración de los juegos de azar a través de tecnologías electrónicas o informáticas, por internet, televisión interactiva y telefonía.
Lo dejaron crecer y hoy es un problema
El Diputado Gandini (legislador que en su momento presentó un proyecto de ley y una enmienda al Código del Proceso Penal para regular la explotación de las máquinas tragamonedas), consideró que “con el juego on line nos está pasando lo que nos sucedió con las máquinas tragamonedas: lo dejaron crecer y hoy es un problema. El juego on line penetra, y ya hace publicidad. Lo dije hace un tiempo, lo conté en relación al primer partido por las eliminatorias entre Uruguay-Colombia. Me refiero al Spingol. Mientras Uruguay jugaba con Chile en el Estadio Centenario la publicidad de Spingol aparecía detrás de los dos arcos. Se trata de un sitio autorizado a mi juicio ilegalmente a funcionar solo en la Provincia de Misiones (Argentina). Es un juego de apuestas deportivas y por lo tanto depende de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Sin embargo, hace publicidad en el país. No se debe permitir, pero se permite”, indicó.
Este ejemplo lleva al legislador a pensar que “ratificar el monopolio no alcanza. Necesito que se ejerza el monopolio”, enfatizó.
¿Es necesario tener juego on line en Uruguay?
Señaló que “las máquinas tragamonedas compiten más con la Quiniela y el 5 de Oro que con los casinos, obviamente, porque es un juego al menudeo con una red más grande que las Agencias de Quinielas y están una al lado de la otra. Pero el juego on line compite con los casinos, que son estatales.”
“Un casino genera impuestos, inversión necesaria y empleo. Son tres rubros que le dejan al país. Le pregunto al Poder Ejecutivo: ¿es necesario tener juego on line en Uruguay? ¿Qué le deja al país? ¿Qué retorno tiene para nosotros? Es un problema, no podemos controlarlo, entra a todas las casas, basta acceder a una tarjeta de crédito —se sea mayor o menor de edad para que cualquiera pueda jugar, no controlamos la adicción, la ludopatía, cosa que responsablemente intenta hacer la Dirección General de Casinos, generando una respuesta al ludópata. ¿Cuál es el negocio para Uruguay del juego on line? Yo sostengo: si vamos a tener juego on line lo debemos aprobar por ley”, expresó en la comisión.
Pero Gandini no recibió respuestas a sus preguntas. “Nadie me contestó qué le aporta al país la modalidad on line en materia de empleos, impuestos, crecimiento económico, inversión. Nada, y no sé por qué tenemos que tenerla. Quiero dar ese debate.”
El Diputado de Alianza Nacional solicitará que asistan a la Comisión de Hacienda algunas organizaciones estatales. “Me interesa que concurriera la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, porque tiene mucho que ver con el juego clandestino y la plata en negro, que es la que se lava. Acá hay mucha plata que se lava. Buena parte de los sitios de juego on line están en paraísos fiscales.” Recordó que Uruguay hizo un “compromiso internacional para no tener vínculos y combatir el lavado de activos”.
