Cambio climático, ríos contaminados, suelos dañados, aire viciado, etc. La lista de problemas vinculados al medio ambiente crece continuamente en nuestro país y todos los años se agrega uno nuevo y más acuciante.
Recientemente Presidencia de la República ha confirmado la contaminación del Río Negro, uno de los principales afluentes del país. Sin embargo, a pesar de semejante reconocimiento, no se ha respondido ni el alcance de esa contaminación ni las medidas para revertirlas o, al menos, no profundizarla.
Frente a la inminente instalación de la planta UPM2 a orillas del Río Negro estas preguntas son acuciantes y deben extremarse las medidas para no agravar la situación y seguir debilitando a uno de nuestros principales ríos.
La cuestión ambiental está instalada en el mundo y nuestro país no es la excepción. Si no la abordamos de forma seria e institucional ponemos en peligro el bienestar social y comprometemos la productividad del país.
La infraestructura ambiental del Uruguay debe ser protegida. Tenemos que cuidar nuestras aguas, nuestros suelos, nuestro aire, nuestras especies silvestres y todo aquello que constituye el patrimonio ambiental del país. Tenemos un compromiso ineludible con las futuras generaciones. Hipotecar nuestra riqueza natural es hipotecar nuestro futuro. Respetar el medio ambiente constituye un imperativo impostergable que genera, por eso mismo, un compromiso político ineludible.
Las inversiones son bienvenidas pero es necesario extremar los controles ambientales para que las empresas nacionales y extranjeras no hagan en Uruguay lo que tampoco pueden hacer en ninguna parte del mundo. Todas las obras deben integrarse con el medio ambiente y organizarse “en torno” a él y no en su “contra”.
El respeto al medio ambiente es algo demasiado importante para dejarlo librado al azar o a la coyuntura. Por el contrario, ese respeto debe ser garantizado por ley a través de medidas proactivas. Requiere en definitiva de un andamiaje institucional adecuado. El país – lo dijimos antes y lo repetimos – necesita un escudo ambiental que dé cumplimiento al mandato constitucional, que nos resguarde de los peligros de la contaminación y que prevenga y sancione, en su caso, conductas negligentes o dolosas.
Es necesario un abordaje distinto de la cuestión que le ofrezca al país una nueva institucionalidad que proteja al medio ambiente. El nuevo esquema responde a la necesidad de prevenir, monitorear y en su caso sancionar los comportamientos y actividades vinculadas con el medio ambiente. La prevención justifica la creación de un Defensor Nacional de Medio Ambiente. El monitoreo independiente justifica la creación de una Agencia Ambiental con autonomía política, técnica y financiera y los derechos y garantías que están en juego justifican la creación de Juzgados Ambientales Especializados.
- Agencia de Monitoreo Ambiental. El examen de la cuestión ambiental debe realizarse de forma independiente, libre de presiones políticas y de intereses corporativos y estar sujeta al control parlamentario. Estos objetivos no pueden cumplirse con agencias o secretarías dependientes de Presidencia o del Poder Ejecutivo o con organizaciones que no cuenten con fondos para su financiamiento. Sin autonomía política el control no puede ser independiente y sin fondos suficientes la tarea de monitoreo ambiental se torna ilusoria. Es necesario organizar una Agencia de monitoreo ambiental que sea independiente. La Agencia debe contar con autonomía técnica, política y financiera de tal modo de asegurar que sus pronunciamientos sean imparciales y eficaces, atiendan exclusivamente al interés nacional y no estén condicionados de ningún modo. Hemos presentado un proyecto de ley para crearla (Carpeta 968/2017 de la Cámara de Senadores, fecha 28 de noviembre de 2017).
- Defensor Nacional de Medio Ambiente. El Ombudsman ambiental debe convertirse en un actor fundamental en este esquema institucional. Debe ser protagonista activo de todas las denuncias y procesos vinculados a la protección del medio ambiente. En tal sentido debe estar empoderado y legitimado para comparecer y accionar en su caso ante la Justicia. Como hemos afirmado anteriormente, para que la tarea sea eficaz, el Ombudsman ambiental, además de la venda y la balanza, debe portar la espada de la Justicia. Hemos presentado un proyecto de ley para crear esta figura (Carpeta de Cámara de Senadores 837/2012 de fecha 17 de abril de 2012 y replanteado el 8 de junio de 2015, en Carpeta 251/2015). Además, como antecedente, debemos mencionar que planteamos una figura similar en oportunidad del Diferendo con la República Argentina, cuando el 19 de abril de 2007 presentamos una serie de medidas al Poder Ejecutivo del momento.
- Juzgados de Medio Ambiente. La cuestión ambiental debe contar con instituciones judiciales que puedan abordar el tema de forma especializada, que puedan dilucidar los conflictos y determinar –en el marco del debido proceso– las medidas que correspondan. De este modo aseguramos el acceso a la Justicia y ofrecemos garantías a todos los involucrados para el ejercicio legítimo de sus derechos. El derecho ambiental ha evolucionado mucho pero no así su aspecto procesal y judicial. Es necesario subsanar estas debilidades procesales y organizativas mediante la creación de Juzgados especializados en la materia. La especialización es necesaria por dos razones: en primer lugar porque los Juzgados especializados cuentan con lo que se denomina “perspectiva eco-sistémica” –una particular visión del fenómeno que resulta indispensable para decidir de forma justa los conflictos de intereses-, en segundo lugar porque es necesario dar una respuesta eficaz a las pretensiones de protección que aseguren el cumplimiento de las medidas dispuestas. Solo una Justicia ambiental especializada da cumplimiento efectivo al mandato constitucional de protección al medio ambiente. Hemos presentado un proyecto de ley para crear estos juzgados (Carpeta de Cámara de Senadores 837/2012 de fecha 17 de abril de 2012 y replanteado el 8 de junio de 2015, en Carpeta 251/2015).
El compromiso con el medio ambiente se ha tornado ineludible. Entendemos que estas tres medidas organizan un esquema institucional que da respuesta integral al fenómeno y que contempla adecuadamente las necesidades, intereses, derechos y garantías que están en juego.
No hay calidad de vida, ni bienestar social ni productividad con un medio ambiente devastado, con suelos destruidos, con aire viciado, con ríos contaminados. Las interconexiones son evidentes y por lo tanto es necesario velar por la salud de todo el sistema. En ese sistema vivimos todos y, por la misma razón, estamos todos comprometidos.
Jorge Larrañaga
