«Más allá de la concordancia o no frente a las normas, hay indiscutibles efectos económicos y políticos» tras la firma del decreto 359/015, el 29 de diciembre pasado, el que modifica el cálculo de la renta fiscal base de imposición del Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE), dijo a EL TELEGRAFO Jorge Larrañaga. El senador, que se encuentra en Brasil, indicó que se trata de «un mecanismo previsto por la ley», aun cuando «muchos tributaristas opinan que la delegación prevista en la ley que creó la reforma tributaria y en la cual se amparó el decreto es inconstitucional» en la medida en que «esa delegación legislativa no sería ajustada a lo que preceptúa la Constitución».
Sobre lo que no duda Larrañaga es que «económicamente implica un fiscalazo sobre las empresas», pues «muchas van a pagar más y eso traerá consecuencias. Si el margen de ganancia se afecta, todos sabemos que eso luego se traslada, ya sea a precios o a reducción de costos».
«Me preocupa mucho algo que el gobierno parece no contemplar», agregó el senador del Partido Nacional. «Estas medidas afectan el trabajo, al trabajador. Se vienen tiempos donde la lucha no será tanto por salario, sino por mantener las fuentes de trabajo. Eso no lo pondera adecuadamente el gobierno. Esta medida afecta al trabajo nacional».
Además, hay «otra consecuencia, que es sobre la imagen país: no se hacen cambios normativos como estos con efectos retroactivos, sin informar, y menos a dos días del cierre de los balances. No es una medida de un país serio, es casi un manotón de ahogado al estilo kirchnerista. Con esto se afecta la credibilidad del país», subrayó Larrañaga.
«Estamos ante un gobierno que gasta como socialista, dilapida como izquierda, es voluntarista y con rasgos populistas, pero recauda como capitalista. En suma: grita con la izquierda, pero ejecuta usando recetas de derecha», opinó Larrañaga.
EL CAMBIO DE CRITERIO
El decreto 359/2015 dejó sin efecto el ajuste por inflación a los efectos de la liquidación del IRAE. Antes, el ajuste por inflación tenía como objetivo contemplar las pérdidas y ganancias que se puedan generar como consecuencia del efecto económico de la inflación sobre determinados activos y pasivos de los contribuyentes del IRAE. Esto es, si los pasivos superaban a los activos, el resultado del ajuste se computaba como una ganancia a los efectos del IRAE, y si los activos superaban a los pasivos, como una pérdida.
Tres días antes de terminar 2015, el decreto del Poder Ejecutivo estableció un drástico cambio al indicar: «Cuando el porcentaje de variación del índice dispuesto por el inciso primero del artículo 28 del título 4 del texto ordenado en 1996, ocurrido entre los meses de cierre del ejercicio anterior y del que se liquida no haya superado el 10%, no deberá realizarse el ajuste por inflación establecido en el artículo 27 del citado título». El decreto hace referencia al Texto Ordenado de la Dirección General Impositiva, aprobado en 1996 y sobre el cual estableció este drástico cambio de criterio.
Esto cambió la ecuación económica de las empresas, pues si los rubros del activo computable superan a los del pasivo en 2015, no pueden liquidar una pérdida por inflación y deberán pagar un impuesto mayor. Por otra parte, aquellas empresas en las cuales los pasivos superan a los activos computables, ya no podrán liquidar una ganancia por el mismo concepto.
PEDIDO DE INFORMES
Alianza Nacional, sector que lidera Jorge Larrañaga, realizará «un pedido de informes para que se indique cuáles han sido las razones para el cambio de criterio –hace décadas que se utilizaba un criterio y de un día para el otro se le dio al gobierno por modificarlo– y las valoraciones sobre el momento para hacerlo: dos días antes del cierre de balance de muchas empresas».
«Además –dijo Larrañaga– queremos conocer cuáles son las estimaciones oficiales de recaudación. No se hace un cambio tributario tan violento e intempestivo sin la debida estimación, por eso vamos a preguntar cuánto pretenden recaudar incrementalmente».
«ES UNA PÉSIMA SEÑAL»
El senador nacionalista destacó que sin el estímulo de UTE Premia, por el que se otorga una bonificación a los clientes por diversos motivos, uno de ellos simplemente que se constate que haya ingresado al menos una vez en el año a la página web de la empresa, la inflación hubiera superado el 10%.
«El mecanismo UTE Premia rige desde 2012 y evidentemente impacta en los registros de inflación. Es casi un 1%. Por tanto, sin ese estímulo, si en 2015 se hubiere resuelto no aplicar ese beneficio, la barrera del 10% se hubiera superado y la inflación anual 2015 hubiera sido de 10,44%».
«Lo claro es que el día que se desmonte el UTE Premia, va a resultar en una inflación más alta el año que se saque y más baja al año siguiente en la misma magnitud», destacó Larrañaga y subrayó: «más grave que el UTE Premia es el 3,6% de déficit que deja al gobierno sin margen fiscal, que conduce a aumentar todas las tarifas en al menos igual proporción que la inflación».
«Además, hay que tener en cuenta los acuerdos de precio que propició el gobierno», lo que significó «una pérdida de autoridad moral del gobierno frente al empresariado. ¿Qué confianza le pueden tener cuando el Poder Ejecutivo recurra a los empresarios para discutir y acordar precios? ¿Los empresarios van a creer en el gobierno? Ese daño a la confianza es difícil de remontar», aseguró Larrañaga en la medida que el acuerdo de precios contribuyó a mantener ligeramente por debajo del 10% la inflación y posteriormente eso se tornó en contra de los propios empresarios.
«Es una pésima señal, impropia de la trayectoria de un país que pretende –y necesita– ser serio. Hay que ser previsibles. No se pueden modificar las reglas de juego con tanta liviandad y opacidad. La seriedad debe ser un elemento fundamental frente al empresariado, frente al inversor. La confianza, la confiabilidad es fundamental para un sistema económico. Y eso se logra con reglas claras y reglas claras que se cumplen», sostuvo.
«TIENEN RAZÓN EN ESTAR ENOJADOS»
«Los empresarios tienen razón en estar enojados», destacó Larrañaga. «Uruguay es cada vez más caro. Es caro para el productor, el empresario y para el consumidor. Ha habido incrementos tributarios y ninguna rebaja sustancial de tarifas, por el contrario, hay subas por encima de lo que las propias empresas solicitan al Poder Ejecutivo. La fragilidad de las finanzas y excesivo gasto del gobierno provoca este espiral de costos que recae sobre el empresario, el productor y, finalmente, en el consumidor».
«Toda esa cadena de mecanismos están dirigidos a conservar los registros por debajo del 10% porque el gobierno se había puesto ese límite ‘sicológico'», afirmó.
El IRAE corregido, los aumentos de tarifas y, sobre todo, la no baja de los combustibles con el petróleo en niveles históricamente bajos son ejemplos de cómo la población paga las consecuencias de la irresponsabilidad fiscal de la década de gobierno del Frente Amplio».
«TERMINAN SOFOCANDO EL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES»
Para Larrañaga, este «tarifazo» tiene como objetivo reducir el déficit de «Ancap y ainda mais». Aseguró que «es evidente que desde Economía se intenta salvar la meta fiscal.
La profundización de la desaceleración del crecimiento económico, con su consecuente impacto negativo en la recaudación fiscal lleva a que ni siquiera en 2015 se cumpliera la meta fiscal establecida por el gobierno en el presupuesto. Con esta medida, de alguna manera se compensa ese deterioro fiscal y se pretende disimular la fragilidad de las finanzas públicas», explicó.
Destacó que: «analistas privados estiman que esta maniobra contenida en el decreto 359/2015 supone una recaudación de 300 millones de dólares. Es una suma atractiva para el gobierno, pero penosamente termina perjudicando la credibilidad nacional, no ya a la del gobierno».
«Entiendo que el gobierno y el Frente han perdido credibilidad y eso se verá en los tiempos que vienen», dijo en la parte culminante de sus declaraciones. «No cumple las expectativas ni sus compromisos de campaña: hoy tenemos peor seguridad pública, una educación que hipoteca el futuro de los muchachos y encima han perdido la lucha ideológica en el manejo de las empresas públicas: fundieron Pluna y ahora, Ancap. Han sido peores que los neoliberales. Y encima gastan y gastan y terminan sofocando el bolsillo de los trabajadores, de los ciudadanos, que son los que pagan sus excesos», concluyó.
Fuente: El Telégrafo
