Desde el Gobierno se intima judicialmente a integrantes de Comisiones de Apoyo a responder con sus propios bienes por aportes al BPS
El Diputado del Partido Nacional, Representante por Soriano, Gonzalo Novales comenzó su oratoria ante la Cámara de Representantes expresando que su intención era: “exponer ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ASSE, MTSS y BPS respecto de la situación en la que se encuentran los ex integrantes de la Comisión de Apoyo de la Policlínica Fátima de la localidad de Florencio Sánchez y seguramente la misma realidad se repita en varias Comisiones de apoyo en el País.”
Son incontables las actividades donde las Comisiones de Apoyo, integradas por vecinos de la zona, de forma noble, desinteresada, participan y gestionan activamente para beneficiar directamente Organismos pertenecientes al Estado. Para lograr sus objetivos las Comisiones de Apoyo necesitan recaudar fondos por lo que reciben donaciones de los pobladores, organizan rifas, hacen beneficios, etc. Las Comisiones de Apoyo no disponen libremente –a su criterio- de esta recaudación sino que la misma deberá ser destinada a lo que disponga el MSP, ASSE, Primaria, instituciones rectoras de los respectivos servicios.
Días pasados, en ocasión de la visita a Cardona de Autoridades de ASSE, cientos de personas concurrieron a dar respaldo a los ex integrantes de la Comisión de Apoyo de Policlínica Fátima quienes han sido intimados judicialmente al pago de aportes a la seguridad social de un ex funcionario contratado de dicha Policlínica.
Parecería como de justicia total, que ASSE, quien no pago el sueldo del funcionario en cuestión, se haga cargo de los aportes a la seguridad social, y se libere a los ex integrantes de la Comisión de Apoyo.
Tanto en la legislatura pasada con mi suplente el señor Jorge Rodríguez Britos, como en la actual, junto al Senador Guillermo Besozzi, hemos generado reuniones con el Banco de Previsión Social y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tanto en el Presidente del BPS, el Sr. Galli, como en el Ministro de Trabajo el Sr. Murro hemos encontrado voluntad de buscar una solución a estas situaciones, pero que en los hechos no se ha concretado.
En diciembre de 2012, mi suplente el Diputado Jorge Rodríguez Britos presentó un Proyecto de ley; luego en ocasión de la Rendición de Cuentas 2013 y de conversaciones con la señora Lucía Topolansky que integraba la Comisión encargada de su estudio, nuevamente se presentó una solución legislativa al tema.
Hay antecedentes de que Organismos recaudadores del Estado (DGI – BPS) han condonado, renunciado a cobrar sumas debidas por empresas y empresarios. Acá se está afectando en sus derechos a tres vecinos trabajadores, que en su generosidad y solidaridad, brindaron tiempo y trabajo para colaborar con la comunidad de Cardona/Florencio Sánchez usuarios de los servicios de ASSE de la Policlínica Fátima.
Como podemos ver esta situación es totalmente injusta: por un lado, el Estado, que no cumple cabalmente una obligación, un servicio esencial que le corresponde prestar y, además, recauda yendo contra los patrimonios de los integrantes de las Comisiones de Apoyo, quienes colaboran en la organización en forma honoraria y por su vocación de servicio. ¿Quién integrará las comisiones asumiendo el riesgo de tener que hacer frente con sus bienes para hacer aportes al propio estado?”
