En la Sesión del día 15 de marzo de 2016, en ocasión de hacer uso de la media hora previa, el Diputado Dr. Nicolás Olivera hizo referencia incumplimiento contumaz, reiterado, de la Ley Nº 19.272, de descentralización, por parte de distintos intendentes, con la intención de poner en evidencia la situación que diariamente enfrentan varios Municipios del país. En su discurso, el Diputado Aliancista refirió a situaciones concretas, como lo acontecido en los Municipios de Guichón y Piedras Coloradas, requiriendo que sus palabras fueran enviadas al Congreso de Intendentes, a todos los municipios del país, a todas las Juntas Departamentales del país, a los medios de prensa nacional y departamental, especialmente a los medios de prensa de nuestro departamento de Paysandú, solicitud que no fue acompañada por la bancada del partido de gobierno, que en una clara actitud cómplice, impidió que la denuncia trascendiera más allá del ámbito parlamentario.
Cabe destacar que en su alocución, el Diputado Nicolás Olivera resaltó con especial énfasis la situación que se presenta en los Departamentos de Paysandú y Río Negro, destacando el hecho sin precedentes que supone el “robo de un pueblo” por parte del Intendente Departamental de Paysandú, al disponer en forma unilateral la asunción de jurisdicción sobre el Centro Poblado de Almirón – Municipio de Guichón
El Diputado Aliancista fustigó duramente la medida, señalando que la misma fue arbitraria e ilegítima por la cual se desconoce flagrantemente las leyes nacionales y departamentales que en forma expresa fijaron la jurisdicción del Municipio de Guichón. Al respecto señaló “De esta manera, por una simple resolución de un intendente, se contravino el Decreto Nº 6063, del año 2010, de la Junta Departamental, que fue el que creó el Municipio de Guichón y su jurisdicción y se violaron las leyes Nº 18.653 y Nº 19.319, que son las que votamos en el Parlamento para dar jurisdicción a cada municipio del país. También se violentó el Decreto Nº 2803 de 1996, que daba estatus de centro poblado a Almirón; hasta el 13 de enero, ese centro poblado perteneció al municipio de Guichón y ahora pasa a depender del intendente.
Evidentemente, hubo un quebranto social y territorial de la unidad municipal, que es un eje rector de la Ley Nº 19.272, concebida en su artículo 1º. El acto administrativo dictado por el intendente no posee la jerarquía necesaria para modificar el marco jurídico vigente, y lamentamos que el señor intendente tampoco la haya tenido para articular con el consejo municipal una buena salida, dialogando, buscando acuerdos y consensos, como debe generar y procurar un gobernante.”
En el mismo sentido, resaltó la discordancia en la que se incurre desde el propio Gobierno Nacional, al referirse a las manifestaciones vertidas en ocasión del Consejo de Ministros de fecha 22 de febrero pasado, el contador Álvaro García, Director de Planeamiento y Presupuesto, dijo a los ciudadanos que pidieran a los alcaldes obras y servicios porque ellos estaban dando recursos para que pudieran cumplir con sus cometidos. Pero, días después, el señor Pedro Apezteguía en una nota de prensa, contradictoriamente dice que los recursos van a parar a los gobiernos departamentales, a las intendencias. Será el intendente entonces, indicó el Diputado Dr. Nicolás Olivera, el que pueda dar o no pueda dar, conforme a su estado de ánimo.
Como referíamos al inicio, el planteo formulado no alcanzó los consensos necesarios y no fue acompañado por la Bancada de Diputados del Partido de Gobierno, haciendo naufragar la solicitud de dar a difusión la denuncia realizada en la Cámara de Representantes.
(Se acompaña la versión taquigráfica de la Media Hora Previa)
Señor presidente: en el día de hoy nos vamos a referir a un tema que en su momento fue tratado elípticamente en esta Cámara por el señor diputado Omar Lafluf aunque, lamentablemente, no se consiguieron los votos necesarios para ser declarado asunto político como debió suceder , que en forma permanente está en la mesa de trabajo de muchos de nosotros y tiene que ver con el incumplimiento contumaz, reiterado, de la Ley Nº 19.272, de descentralización, por parte de distintos intendentes.
Lamentablemente, las denuncias de incumplimiento se posan sobre todo sobre intendentes del mismo partido e incluso del mismo sector, demostrando que es una suerte de modus operandi que se viene desarrollando.
El 13 de enero en Paysandú acaeció un fenómeno realmente insólito. Conocemos de arbitrariedades e ilegalidades que los gobernantes pueden llevar adelante, pero nunca en la historia del país un intendente se robó un pueblo. Sin embargo, eso pasó en Paysandú el 13 de enero de 2016, cuando el intendente de ese departamento, a través de una resolución absolutamente ilegal, contraria a la ley de descentralización y a la Constitución, quitó de la jurisdicción del Municipio de Guichón las Termas de Almirón que, más allá de ser un centro termal en el que hay un chorro de agua caliente y piscinas, ha sido declarado centro poblado. De esta manera, por una simple resolución de un intendente, se contravino el Decreto Nº 6063, del año 2010, de la Junta Departamental, que fue el que creó el Municipio de Guichón y su jurisdicción y se violaron las leyes Nº 18.653 y Nº 19.319, que son las que votamos en el Parlamento para dar jurisdicción a cada municipio del país. También se violentó el Decreto Nº 2803 de 1996, que daba estatus de centro poblado a Almirón; hasta el 13 de enero, ese centro poblado perteneció al municipio de Guichón y ahora pasa a depender del intendente.
Evidentemente, hubo un quebranto social y territorial de la unidad municipal, que es un eje rector de la Ley Nº 19.272, concebida en su ar-tículo 1º. El acto administrativo dictado por el intendente no posee la jerarquía necesaria para modificar el marco jurídico vigente, y lamentamos que el señor intendente tampoco la haya tenido para articular con el consejo municipal una buena salida, dialogando, buscando acuerdos y consensos, como debe generar y procurar un gobernante.
Lamentamos que se vulnere de esta forma la ley de descentralización, porque los distintos alcaldes del país —hoy electos— se presentaron ante la ciudadanía en función de una ley que les atribuía potestades y de un programa de gobierno que sometieron a consideración de la voluntad popular para, en caso de ganar, llevar adelante las obras y los servicios que la ciudadanía reclamaba. Lamentablemente, eso quedó poco más que en la teoría porque este gobierno, en verdad, no ayuda mucho a cumplir con la ley de descentralización.
Lo mismo sucede con el alcalde de Piedras Coloradas de nuestro departamento, que no pertenece a nuestro Partido Nacional sino al Partido Colorado. Las mismas denuncias hizo el alcalde sobre la situación de vulneración permanente a la ley de descentralización y las autonomías municipales.
Resulta que en el Consejo de Ministros que hubo el 22 de febrero pasado, el contador Álvaro García, Director de Planeamiento y Presupuesto, dijo a los ciudadanos que pidieran a los alcaldes obras y servicios porque ellos estaban dando recursos para que pudieran cumplir con sus cometidos. Pero, días después, el señor Pedro Apezteguía una persona que nos inspira confianza , en una nota de prensa dice que los recursos van a parar a los gobiernos departamentales, a las intendencias. Será el intendente el que pueda dar o no pueda dar, conforme a su estado de ánimo; esto último lo agregamos nosotros. Según el color político es cuánto queremos penar a determinado municipio o concejo municipal de cierta localidad.
Para nosotros, hoy es un día muy especial porque recordamos la desaparición física de alguien que marcó la vida de la democracia del país, como Wilson Ferreira Aldunate, quien hizo de la descentralización una forma de vida. Por eso es muy cara para nosotros esta fecha y por ello hoy estamos hablando de este tema. Evidentemente, se impone que el Parlamento en eso vamos a estar ahondando en las próximas semanas trate un proyecto de ley que dé garantías a los gobiernos municipales sobre el fiel y estricto cumplimiento de la ley de descentralización, de manera que no se permita más el avasallamiento de los gobiernos departamentales o de los intendentes, quienes actúan discrecional o arbitrariamente.
Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Congreso de Intendentes, a todos los municipios del país, a todas las Juntas Departamentales del país, a los medios de prensa nacional y departamental, especialmente a los medios de prensa de nuestro departamento de Paysandú.
Muchas gracias, señor presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Felipe Carballo).- Se va a votar el trámite solicitado.
(Se vota)
——Veinticuatro en sesenta y uno: NEGATIVA.
