Gabriela Fossati
Abogada – Integrante del Equipo Técnico de Sumar por Alianza 2004.-
En las próximas elecciones de octubre 2024, además de elegir a las autoridades que nos gobernarán y dirigirán nuestro país durante el período 2025-2030, los uruguayos deberán pronunciarse sobre un tema de gran trascendencia que será plebiscitado. En sus manos estará la definición sobre si se reforma el artículo 11 de la Constitución y se le entrega a la Policía Nacional una nueva herramienta para poder continuar con la difícil lucha contra la delincuencia: la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos con orden judicial.
Nuestro líder de Alianza Nacional, lista 2004, Carlos Daniel Camy, continuó con la iniciativa que tuviera nuestro referente Jorge Larrañaga, en realidad todo el grupo que éste lideraba, quienes comprendieron lo que significaba que en ese extenso horario del día los barrios se convirtieran en “tierra de nadie”, o “tierra de delincuentes”. Fue así que el Senador se ocupó de encargar un estudio al Dr. Franklin Fuentes, para conocer cuál era la realidad en el derecho comparado sobre esta problemática, como se trabajaba en otros países frente a esta realidad.
Luego de analizar la situación en doscientos tres países, se comprobó que en ciento ochenta y seis se prevé el derecho a la inviolabilidad del domicilio en sus constituciones, pero solo cuatro no permiten el allanamiento durante la noche (Cabo Verde en su Constitución de 1980; Guatemala en la Constitución de 1985; Mozambique en la Constitución del 2004; y Uruguay en la Constitución de 1967).
Es importante que conozcan que la norma de la Constitución Uruguaya se mantiene desde la Constitución de 1830, en la que se refería a “la casa”, y a partir de 1918 la referencia fue al “hogar”. Se impone ubicarnos en el momento histórico en que esa prohibición se incluyó en la Carta Magna porque explica las razones que la motivaron. En el año 1805 Montevideo no tenía más de diez mil habitantes. Las calles durante las noches eran oscuras y la luminosidad de los domicilios por supuesto también. En horas de sueño y sin luminosidad, los riesgos que una diligencia de allanamiento generaba eran importantes. Hoy vivimos en un mundo diferente, la luminosidad es otra y la delincuencia también.
El Senador Camy destaca que la imposibilidad de realizar allanamientos en hora de la noche debilita las posibilidades del combate exitoso contra el narcotráfico, contra el narco menudeo y contra el crimen organizado, una realidad incuestionable. Estos grupos delictivos suelen utilizar a mujeres y niños como escudos protectores para poder realizar tranquilamente su “trabajo”. Está en ustedes, al momento de votar, poner un punto final a estos abusos.
Quienes se oponen a esta necesidad de actualizar la caja de herramientas disponible para la Policía alegan, fundamentalmente, que los allanamientos nocturnos aumentan las posibilidades de una confrontación armada “que quizás no se daría de otra forma. Ello se debe que los delincuentes responden al asalto con fuego o porque son sorprendidos durmiendo y creen que están siendo atacados… o con vecinos que creen ser víctimas de un copamiento “ (El Observador on line “Ventajas y desventajas de los allanamientos nocturnos”). Debo reconocer que me llaman la atención estas objeciones. En primer lugar, porque difícilmente los delincuentes estén durmiendo en sus horas de trabajo. La realidad es que ellos duermen durante el día. Es fácil comprobarlo, vayan a los barrios más complejos en horas de la mañana y observarán que son mucho más tranquilos que en la tardecita-noche. En segundo lugar, porque suponer que los vecinos están armados y reaccionarían de esa manera es asumir una hipótesis difícilmente comprobable. Mi experiencia me dice que esos vecinos son las víctimas principales de estos delincuentes organizados, que sienten temor, que no pueden salir en las noches y que su vulnerabilidad aumenta por no poder ser cuidados por la autoridad policial cuando sus vecinos se adueñan de sus barrios. Finalmente, porque la presencia o no de la policía no evita que estos enfrentamientos armados se produzcan. Cada día son más frecuentes y ya no quedan códigos al momento de atacarse, de otra manera no estaríamos observando cómo son heridos en estos sucesos niños y adolescentes.
El artículo 11 de la Constitución autoriza los allanamientos diurnos “sólo con orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. Esos resguardos no serán modificados. A ello se suma que, a partir del nuevo CPP, hay otro funcionario responsable de requerir la medida y de su buen desarrollo, el Fiscal, cuyo buen nombre y credibilidad está en juego si la medida que requiere se realiza de manera inadecuada. Pero, por si ello fuera poco, también hay un funcionario policial, el Oficial del caso, que deberá responder ante sus superiores y ante la Fiscalía si se apartan de la legalidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa y/o penal.
En síntesis, estamos hablando de la posibilidad de trabajar durante las veinticuatro horas del día o continuar como ahora y seguir tolerando que las horas de oscuridad (tarde noche y noche) los delincuentes tengan carta blanca para cometer sus fechorías, ante la mirada atónita de los vecinos, quienes solo pueden optar por encerrarse en sus casas.
No es lo mismo que nuestra policía pueda preparar sus intervenciones de manera organizada, con personal y equipo adecuado, para responder ante una noticia de que se están cometiendo hechos de apariencia delictiva en horario nocturno, a tener que mantenerse pasivos y esperar a que salga el sol para intervenir. Muchas veces ello implica el resguardo del perímetro con funcionarios policiales, quienes en tales condiciones quedarán expuestos a la reacción de los responsables, generalmente mucho más conocedores de la zona (con casas conectadas entre sí y con salidas escondidas para poder escaparse).
Nosotros creemos que debemos “cuidar a quienes nos cuidan” y ello implica no exponerlos a condiciones de trabajo desorganizados. La forma de trabajo en horarios nocturnos y en barrios especialmente difíciles estará protocolizada, y ese protocolo emergerá de un análisis profundo y sin apuro sobre las mejores maneras de intervenir.
