Diciembre fue un mes sintomático de la crisis existencial del gobierno y del proyecto frenteamplista. Ha sido revelador de sus contradicciones frente a su discurso – y frente a la realidad-.
Hay pruebas de ello. Han vuelto a votar la presencia de tropas en Haití. Lejos quedaron aquellas pintadas por los muros de Montevideo exigiendo el retiro de tropas, la votaron todos los legisladores del oficialismo.
Luego, entre turrones y pan dulce, con Papá Noel todavía sobrevolando la ciudad, se presentó la capitalización de ANCAP. Los autoproclamados defensores de las empresas públicas fundieron la principal y monopólica empresa nacional. Fueron peores que los más exacerbados neoliberales, la arruinaron.
Cuando parecía que el año no podía traer más malas noticias, pasado el día de los inocentes, al mejor estilo de los delfines kirchneristas, se dictó el decreto 359/015.
Este decreto modifica el cálculo de la renta fiscal base de imposición del Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE). Lo hicieron amparados en una delegación aprobada por la ley de reforma tributaria, delegación que es de dudosísima constitucionalidad.
¿Este cambio qué es? Es un zarpazo a las empresas, pero con una consecuencia mucho más trascendente y negativa: es un ataque a la confiabilidad que como país se debe brindar.
Es un fiscalazo, porque en las estimaciones más conservadoras de analistas privados y especialistas tributarios ubican la recaudación fiscal incremental en 300 millones de dólares.
Además de atacar a las finanzas de algunas empresas viene a golpear a la previsibilidad normativa, a atacar a las reglas de juego. Con el decreto se derogó el ajuste en la liquidación de IRAE por inflación, siempre que esta se encuentre por debajo del 10%, pero también se derogó uno de los eslóganes que desde el gobierno se repetía como una letanía: “no al cambio de reglas de juego”.
Todo “Por unos dólares más”, como rezaba el título de la película de Clint Eastwood; por unos dólares más –no pocos por cierto- el gobierno arriesga un capital mayúsculo, la confianza. Se trueca la seguridad y confiabilidad del país.
Haberlo hecho sobre el cierre del año y con vigencia para el ejercicio en curso lleva a que esta modificación sea retroactiva “por la vía de los hechos”, determinando un cambio violento en las reglas tributarias y agregando un nuevo elemento al ya deteriorado “clima de negocios”.
Esta medida erosiona la seguridad jurídica que el país debe ofrecer.
Hay que repasar algunos hechos para determinar que no estamos en una cadena de casualidades sino de causalidades.
Si analizamos una serie de hechos se puede explicar la oportunidad y “conveniencia” para el gobierno de implementar esta medida de una manera tan abrupta y opaca.
En primer lugar hay una desconfianza entre los propios integrantes del gobierno.
Este cambio que viene a incrementar la recaudación se produce con posterioridad a la aprobación del Presupuesto Nacional –que esta vez fue bianual- en una clara demostración de falta de confianza del equipo económico hacia el resto del gobierno y en particular de su bancada parlamentaria. Es evidente que de “decretarse” este cambio en medio de la discusión presupuestal la nueva recaudación se habría volcado a más gasto público. Por lo tanto, primero, se trampearon entre ellos.
En segundo lugar, se viene a socializar las pérdidas causadas por ANCAP.
Las pérdidas que le ocasiona a la Administración Central la capitalización de ANCAP se verán parcialmente compensadas por la nueva recaudación que el sector empresarial deberá realizar por esta modificación.
En tercer lugar, se intenta salvar la meta fiscal. La profundización de la desaceleración del crecimiento económico, con su consecuente impacto negativo en la recaudación fiscal lleva a que ni siquiera en 2015 se cumpla la meta fiscal establecida por el gobierno en el presupuesto. Con esta medida de alguna manera se compensa este deterioro fiscal y se pretende disimular la fragilidad de las finanzas públicas.
Con las cartas vistas, la medida es posible de instrumentar en tanto la inflación del año no supere el 10%. Si bien este dato se conocerá públicamente en el correr de la semana entrante, es evidente que la primicia llegó al Ministerio de Economía y a partir de ella decidieron decretar este “manotón de ahogado”.
Para evitar que la inflación trepe por encima del 10% el gobierno ha acudido al Sector Privado, a los empresarios, a los efectos de acordar en forma “voluntaria” la fijación de precios hasta fines de enero, en esta segunda ronda. A esos mismos empresarios a los que se les pidió tolerancia y sacrificio ahora se los trampea con un fiscalazo de última hora. ¿Le da al gobierno esta medida el derecho moral y ético de volver a pedir colaboración?
Finalmente, esta medida provoca un daño difícil de reparar sobre la confianza y la inversión.
Una economía desacelerada al borde de la recesión, sin margen fiscal para llevar adelante políticas anticíclicas, con un desempleo creciente, necesita impostergablemente de la inversión en infraestructura –entre otros tipos de inversión- para reactivarse. ¿Quién va a financiar esa nueva inversión? ¿En qué marco jurídico? ¿En el actual o en uno que se acomoda de acuerdo a las necesidades? Es imposible que se transmita confianza con estos parámetros.
Fundieron PLUNA, fundieron ANCAP y ahora funden la credibilidad como país, todo por unos dólares más.
Jorge Larrañaga
