Palabras del Senador Carlos Camy en la sesión de la Comision de Presupuesto del Senado, con la presencia del Equipo Económico de Gobierno encabezado por el Cr. Danilo Astori y el Director de OPP.En ellas se denuncia que el Gobierno ejerce discriminación al departamento de San José. Camy expresó que dentro de los 285 millones de pesos que serán invertidos en caminería rural en la zona metropolitana, solo se prevé un gasto en Montevideo y Canelones dejando afuera al departamento maragato.
SEÑOR CAMY: Saludo la presencia del señor Ministro, del Subsecretario y del equipo económico.
Voy a ser muy breve. Creo que es oportuno, por ser la primera reunión de trabajo de la Comisión –se constituyó en el día de ayer y entre los colegas de los distintos partidos nos saludamos en términos de convivencia, que será casi permanente porque seguramente vamos a dedicarle más horas que a nuestras familias y a otras actividades diarias–, señalar que nosotros aspiramos y tenemos la expectativa de transitar por un andarivel que es uno de los dos posibles para trabajar. Aquí podríamos legítimamente –por cierto–, desde la oposición o desde los distintos partidos que la componen, criticar pertinazmente al Gobierno por lo que no hace o hizo mal y decir que antes se hizo de otra manera o que se haría de distinta forma ahora si estuviera en el ejercicio del Gobierno, y desde el Gobierno o las distintas composiciones que lo representan en este Parlamento se podría tener la actitud automática de defensa y, si es posible, argumentarla en función de lo que se hizo mal o no se hizo cuando fue oposición. La otra forma es la de intentar hallar –aun estribando en eso– las mejores soluciones, incluso, a través de acuerdos entre las distintas representaciones políticas. Mi aspiración es que, aunque más no sea con respecto a algunos temas puntuales, pueda abrirse el presupuesto, como se dice habitualmente en la jerga parlamentaria. Seguramente, esta no es la oportunidad para indagar en cuáles serían esas posibilidades, ya que el Ministro hoy comparece para dar una visión macro del presupuesto y de la situación del país y no para abordar aspectos puntuales; ni siquiera está aquí representando al Inciso. Cuando venga para tratar lo relativo al Inciso, seguramente haremos alguna propuesta concreta.
En ese marco general quiero señalar dos temas conceptuales. El primero de ellos, tiene que ver con lo que ha expresado el señor Senador Cardoso. Como hombres del interior, conocemos desde siempre este reclamo y hemos estudiado el tema detalladamente. El punto al que ha hecho referencia el señor Senador Cardoso comprende una de las dos vías que a partir de la reforma de la Constitución de 1996 se establecieron para avanzar con el concepto de descentralización. Me refiero a lo que se ha establecido en el inciso segundo del artículo 298 de la Constitución.
La otra fuente de aportes a los gobiernos departamentales, que incluso es más importante que la primera, es la que surge del artículo 214 y prevé una forma distinta de definir la base de cálculo a la que está en la Ley Nº 17.930, de presupuesto para el período 2006 – 2010, que fue la que estableció el 11%. Incluso, esa disposición fue mejorada en la Ley Nº 18.719 del Presupuesto Nacional para el período 2011 – 2015, porque a partir de allí se asignó un porcentaje mayor al que se había establecido para el presupuesto de 2006 – 2010; esto es algo que quiero reconocer, porque así fue. El porcentaje era del 25% y pasó a 33,35%. Digo esto porque quiero plantear el tema conceptual; aclaro que no se trata de decir algo para la tribuna, sino que estoy hablando de una convicción acerca de cómo se han distribuido, se distribuyen y van a distribuir en estos cinco años los recursos que en el territorio nacional se generan a partir de la producción y del trabajo de los uruguayos. A modo de ejemplo –y dejando de lado mi condición de oriundo de San José, que reivindico con orgullo– voy a analizar la situación del Gobierno departamental de San José. Voy a considerar solamente lo relativo al período que va de 2011 al 2014 que, reitero, es el período en el que se tomó la decisión de aumentar el porcentaje, que pasó del 25% al 33,35%. Aclaro que explico esto con mucho respeto, porque es un detalle que tal vez algunas personas no conozcan y sí manejamos bien aquellos a quienes nos importan mucho los gobiernos departamentales. Ese porcentaje incluido en el 11%, que la ley determinó para reglamentar el inciso segundo del artículo 298 de la Constitución, va directamente a los gobiernos departamentales, ya que parte de esos recursos están destinados a políticas que son de descentralización y favorecen el desarrollo del interior, pero no son ejecutadas por los gobiernos departamentales sino por organismos nacionales, como es el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese porcentaje que benefició más que al concepto de descentralización a los Gobiernos Departamentales en el período pasado, implicó para mi departamento de San José que dejara de recaudar USD 2:794.619, tomando el tipo de cambio promedio anual del Banco Central en cada uno de los años, billete comprador. Y USD 65:294.481 en todo el país, por lo cual no dudo de la cifra que redondeaba el Senador Cardoso de USD 100:000.000. Reivindico el tema, lo planteo, pero puntualmente no es el señalamiento acusatorio por un país cada vez más centralizado porque no se lo puedo decir al señor Ministro, sino a varios gobiernos. Y por eso señalo que ha habido distintas conductas o, por lo menos, intentos en cada uno de los diversos gobiernos.
Quisiera conocer la razón por la cual la base de cálculo para imponer los mecanismos que en definitiva atribuyen o asignan los recursos a los gobiernos departamentales es distinta cuando se determina para reglamentar el artículo 214 que cuando se trata del artículo 298 de la Constitución. Esa es la pregunta puntual porque entiendo que es, en definitiva, lo que está en el fondo de quienes reclamamos más recursos y la posibilidad de lograrlos.
El otro aspecto puntual tiene que ver con el artículo 662 del proyecto que viene de la Cámara de Representantes. En el inciso 24, «Diversos Créditos», Unidad Ejecutora «Dirección General de Secretaría, Ministerio de Economía y Finanzas», Programa 492, «Apoyo a Gobiernos Departamentales y Locales», se asigna una partida anual de $ 285:000.000 a partir del ejercicio 2017. Y se expresa: «con el objetivo de contribuir al financiamiento de obras de infraestructura viales, de transporte y de desarrollo logístico destinadas a mejorar el funcionamiento del área metropolitana de los Departamentos de Montevideo y Canelones.» Si hoy ingresamos a la página web de la Presidencia de la República vamos a encontrar definido qué es área metropolitana, cuando se institucionalizó la agenda metropolitana en el año 2005 con la comparecencia de los tres Intendentes de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José. Cuando leemos esta norma, que tiene como propósito impulsar –bienvenido sea– distintas obras de infraestructura, transporte y desarrollo logístico en áreas metropolitanas, no entendemos por qué se comprende a Montevideo y Canelones –que naturalmente constituyen el área metropolitana– y no así a San José. Analizando la recaudación por domicilio fiscal de los años 2013 y 2014 –que figura en la DGI– e intentando fundamentar lo que planteamos, vemos que Canelones, del 1,9% en 2013 –de lo que recaudó a la caja central– pasó al 4,8%; Montevideo disminuyó del 88,9% al 80,6% y San José aumentó del 0,5% al 1,4%, o sea, casi triplicó la cifra. La pregunta es, entonces, por qué la discriminación al departamento de San José. Y aclaro que hablo de discriminación señalada como un fenómeno sociológico en el que se atenta contra la igualdad, sin ningún sentido de otro orden que no sea el de intentar definir esta situación de desigualdad. En el caso de Canelones, que se beneficia, aumentó el aporte y podría decirse que se hace un criterio de justicia con quien recaudó más. En el caso de Montevideo, disminuyó el aporte a la caja central y podría señalarse que se quiere reparar a un departamento que disminuyó sus recursos, por distintas cuestiones que podrían ser válidas. Pero, ¿por qué no el departamento de San José, que constituye el área metropolitana? Justamente, en lo único que funciona de manera institucionalizada el departamento de San José, actualmente lo integra con un delegado, junto a Montevideo y Canelones, y funciona físicamente en la Presidencia de la República. A mi juicio, dicho departamento tiene hasta el mérito de haber triplicado el aporte a la caja central, fruto de la producción del departamento y de los trabajadores. Entonces, quiero saber por qué se lo saca y formulo eso como una pregunta. Quiero saber si existió quizás una compensación puntual de otro orden con mi departamento. Soy el primer suplente del intendente actual y, quizás en algún momento ocupe transitoriamente esa distinción, aunque aspiro a que no suceda ya que sería por motivos que no querría que sucedieran, al menos en este período.
La consulta al señor Ministro y sus asesores sobre los dos temas es, entonces, a modo de interrogante, dejando sentado simplemente que somos de los que estamos afiliados –y queremos trabajar en este período intensamente en eso– a la idea de que el Uruguay todos los días debe discutir cómo va a distribuir los recursos que genera en todo el territorio. Reitero: con las cuentas a favor y en contra de este Gobierno, los anteriores y los futuros. Tal vez existe una deuda desde fines de los 60, cuando Wilson Ferreira Aldunate, con la CIDE, se animó a pensar con el criterio de manejar con luz larga.
(…)
Quiero honrar mis palabras, cuando dije que nos íbamos a focalizar en un tema concreto, advirtiendo que no pretendíamos ser exegéticos en el análisis; para ello, concurrirá el señor Ministro en otra oportunidad. Acá se hablaron de los grandes conceptos, y por eso planteamos los dos temas desde el punto de vista conceptual. Pero no recibí la respuesta del señor Director de la OPP respecto a ninguno de los dos planteamientos.
Como dije antes, quiero honrar mis palabras y abordar el tema seria y objetivamente. Por ejemplo, señalamos la especificidad del planteamiento del señor Senador Cardoso –al que adherimos totalmente– en relación con las medidas legislativas que le dan sentido a dos normas constitucionales, esto es, los artículos 214 y 298. El señor Senador habló, precisamente, de la disposición vinculada al otorgamiento de menos recursos a los Gobiernos Departamentales.
Calculando grosso modo –no tengo en este momento los números–, puedo decir que la cifra correspondiente al departamento de San José tal vez sea el 15%, porque el 85% proviene por lo dispuesto en el artículo 214, que es efectivamente el porcentaje que no se calcula por el anclaje del año de menor recaudación, sino sobre la base que determina la ley que establece que se toman en cuenta los recursos percibidos en ese mismo período.
Señalé, asimismo, que la medida adoptada para mejorar, no directamente los recursos sino a los Gobiernos departamentales, surgió por una decisión política –por cierto, los Gobiernos departamentales no son los únicos que ejecutan las propuestas de descentralización– que llevó a que el porcentaje fuera mayor que el establecido por la norma que reglamenta el artículo 298 y que en lugar del 25% fuera del 33,5%. Esto se hizo en el Gobierno anterior, presidido por el actual Senador Mujica.
No me han contestado. No obstante, reitero: hago un esfuerzo, porque considero que el Uruguay merece que, en un ámbito como el Senado de la República –el Parlamento Nacional–, junto con las principales jerarquías del área económica del Gobierno, discutamos cuando tenemos posiciones distintas, pero con la intención de hacer aportes y de dar respuestas.
Al decir de campaña, el director de la OPP me ha «petizado», me ha bajado el nivel. El director de la OPP dice que mi fuerza política es la principal abanderada de la descentralización en el Uruguay, pero no es esa la discusión; ni siquiera pretendo discutir si lo es o no, seguramente quien habla tenga otra percepción.
Le hice dos preguntas concretas porque quiero hablar del concepto de la descentralización. ¿Cuál es la abanderada de la descentralización? En el año 1996 se reformó la Constitución y se generaron los aportes que usted dice que han aumentado y que su fuerza política es la abanderada del tema de la descentralización. ¿Usted estaba de acuerdo con la reforma que creó estos mecanismos, con su fuerza política, la tal descentralizadora? ¿Qué le dice a Copay en Paysandú que recibe la mitad del subsidio que las empresas de transporte…
(…)
En la Comisión de Transporte y Obras Públicas recibimos a la empresa Copay de Paysandú junto con otras empresas de transporte del interior, y explicaron que reciben la mitad del subsidio que el Gobierno uruguayo destina para las empresas de transporte de Montevideo. ¿Eso es descentralización?
Cuando se fundaron los Gobiernos departamentales y las escuelas, los liceos y la UTU rurales –hace poco el Senado de la república hizo un homenaje a Figari– su fuerza política ni siquiera existía. Así que este tipo de respuesta que me dio está fuera de lugar o fuera del nivel que usted tiene que representar.
Le pregunté otra cosa, ni siquiera la base de cálculo. Le pregunté por qué no se realiza el anclaje para determinar la base del cálculo sobre la que se soporta el porcentaje para establecer las partidas que van a los Gobiernos departamentales y, en general, al marco del concepto de descentralización del artículo 298 con el mismo criterio que se determina para el 214. Ni siquiera le protesté por el 99 que es donde se recaudó menos. ¡No! Le pregunto por qué el concepto no es distinto y por qué en uno es fijo y en otro es variable como es el 214 y el 298.
Hice una consulta en la que me respondió que gana un departamento y pierde otro, pero no estoy preguntando sobre si tiene que ganar Canelones, Montevideo y San José. ¡No! Sería igualmente malo que Montevideo y San José ganen y Canelones no. El tema es el concepto del área metropolitana. Recuerdo, aunque yo no era Legislador, que en el período pasado se pretendió, de parte de algunas ideas, impulsar un concepto distinto de regionalización. Entonces, el concepto es ese, tenemos definido –¡y está bien!– una nueva categorización urbana en Uruguay: el área metropolitana. Pregunto, si se determina por un artículo específicamente recursos –y está bien porque es una nueva categorización urbana del Uruguay– por qué se retacea al área que está comprendida en esa definición; por qué no se toma en cuenta a un departamento o la parte de esa área que está dentro de los límites administrativos del departamento de San José. Esta fue la pregunta.
Voy a aplaudir todas las cosas que hizo mejor que otro partido, cuando ejercieron el Gobierno; si esa es la preocupación. Yo lo voy a aplaudir, no tenga dudas. Acabo de reconocer que a mi juicio, el Gobierno que presidió el Presidente Mujica fue mejor en medidas concretas a estos efectos y en estas áreas que el Gobierno anterior que también fue del Frente Amplio. No me duelen prendas. ¡No me preocupa! Y si tenemos que analizar lo haremos cuando venga por el inciso que corresponda y si se quiere comparar con el del Gobierno nacional también voy a defender y criticar lo que corresponda. Me parece que es el camino que tenemos que transitar, si no, vamos a empezar muy mal. Vamos a empezar muy mal si cuando queremos escuchar respuestas técnicas y específicas, se hagan consideraciones de índole político. Con franqueza no quiero ser parte de eso; en esta instancia no, hay otras.
En esta oportunidad quiero llevar una respuesta a miles de uruguayos que la quieren tener, acerca de por qué calculamos lo relativo a los Gobiernos departamentales sobre la base de lo que los territorios generan. Asimismo, quiero saber por qué al departamento de San José, con 35.000 habitantes, que representan casi un tercio de la población que integra el área metropolitana, se lo comprende para todo menos para recibir parte de los US$ 10:000.000 que se especifican en el artículo 662 que se votó en la Cámara de Representantes. Esas son las dos preguntas que quiero plantear desde un punto de vista conceptual y no específico.
En lo personal, no quiero hablar del tema de los Intendentes, en primer lugar, porque se trata de un espacio legítimo entre ellos y la OPP como parte del Gobierno nacional. Quiero hablar muy claro y sin eufemismos: los Intendentes precisan recursos y, seguramente, algunos de nosotros si fuéramos Intendentes –hay aquí quienes lo fueron– podríamos tener legítimamente apreciaciones distintas cuando se trata de un tema que se maneja desde un punto de vista conceptual y general que cuando se trata de llenar su caja para dar respuesta en el momento en que los vecinos golpean la puerta. Esto es así y está bien; nadie ha planteado eso. Lo que sí estamos planteando es por qué se aplican criterios distintos que se instrumentan en la ley. En esto no tienen nada que ver los Intendentes, porque la que reglamenta los porcentajes es la ley y, por lo tanto, el Parlamento sí tiene que ver en la discusión.
Si cada uno consulta, o no, a los Intendentes está bien, eso será asunto de los Intendentes y de quienes estamos sentados acá. Pero quien determina el porcentaje, el anclaje que fija la base de cálculo que opera sobre ese porcentaje y significa que haya más o menos plata destinada a la Intendencia, es el Parlamento. Esa fue mi pregunta concreta.
Siento que no se han respondido las dos preguntas que formulé y, por eso, solicito que el señor Director me responda, porque al menos yo no pregunté nada que tenga que ver con la negociación con los Intendentes sobre estos dos temas. Simplemente plantee si existía alguna contrapartida –que no encontré– que haya justificado que el departamento de San José fuera discriminado. Tal vez hay otra medida y por esa razón se entendió que no era parte de los recursos excepcionales que vamos a votar para el área metropolitana.
En base a Montecarlo, Icn Diario y Actas de la Comisión.
