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Tras 15 años de “fracasos”, el gobierno va a “reprimir” y al que “no le guste la palabra se la va a tener que tragar”

Jorge Larrañaga dice que entrará al Ministerio del Interior “a fondo, porque no hay tiempo para perder” en materia de seguridad y que el “camino de tolerancia en buena medida” llevó a los problemas actuales

Para Jorge Larrañaga el mes de enero 2020 “ha sido un verano sin verano”, con una agenda completa que desde el arranque de 2020 lo tiene “con la pata a fondo en el acelerador” adaptándose a lo que será su próximo y más desafiante trabajo. Con una trayectoria política de 37 años en la que fue intendente, senador, líder de la oposición, presidente del Directorio del Partido Nacional, candidato a presidente y candidato a vicepresidente, nada parece compararse para lo que vendrá el 1º de marzo.
 
Cuando se enteraron de que había aceptado ser el próximo ministro del Interior, sus familiares y amigos le dijeron que estaba loco. Todavía se lo dicen y él entiende las razones: tendrá la tarea de intentar solucionar el problema que más preocupa a la población y que fue determinante para que la izquierda dejara el poder.
“Después de 12 años criticando las políticas de seguridad del gobierno, no podía echar para atrás”, dice hoy Larrañaga para justificar su decisión. “Es el trabajo que debo hacer, porque alguien tiene que hacerlo”, agrega sobre encabezar acaso el ministerio más complejo del gobierno. Sabe que está en juego su “destino político”.
A menos de cuarenta días para asumir el cargo, Larrañaga recibe “centenas” de pedidos y mensajes de aliento en la calle y en su celular, que en pocos meses pueden transformarse en quejas y críticas. Para evitar ese desenlace apostará a restablecer el “principio de autoridad”, según el cual “la Policía no va a dar marcha atrás” ante la delincuencia, sin inquietarse por “la sanata del gatillo fácil” que ya le achacan sus detractores.
A continuación un resumen de su entrevista con Búsqueda

—¿Qué razón cree que hay detrás de los últimos ataques contra policías?

—En Uruguay se ha perdido el respeto, la autoridad. Y en este embate contra los policías ¿hasta dónde incide una suerte de ajenidad y de percepción de la delincuencia de que el gobierno actual ya terminó? ¡Pero no terminó porque hasta el 1º de marzo sigue! También lo que coincide es un patrón donde buscan hacerse del arma del policía, porque se me ha expresado que esa arma después se comercializa para algún país vecino, entonces termina siendo un negocio hacerse de un arma de un policía. ¿A qué extremo hemos llegado? Existe gente que no vacila en disponer de la vida de un ser humano para hacerse de un pedazo de fierro que después comercializa.

—El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, dijo que ser policía y estar uniformado representa un blanco para los delincuentes.

—Esto de animársele a la Policía cada vez con más impunidad… nosotros no vamos a desarmar a la Policía bajo ningún punto de vista. Yo digo primero que no habrá zona donde la Policía no vaya a entrar. Segundo, que no vamos a desvestir a los policías para que no los identifiquen. Tercero, que los vamos a equipar y capacitar de la mejor manera y los vamos a respaldar, y si tienen que tirar, se tendrá que tirar, porque si no, ganan los delincuentes. Si la Policía en el marco de la Constitución y de la ley pierde, pierde la sociedad, y eso es lo que no podemos aceptar.

—¿Cree que es sintomático que los delincuentes desafíen a la Policía?

—Lamentablemente hay una desvalorización de la ley como instrumento de convivencia. Quiero ser muy claro y muy contundente: todo esto que estamos viviendo es un triple fracaso de las políticas sociales, educativas y de seguridad, más un cuarto factor que es el tema de la droga. Habrá otros aspectos que seguramente van a tener participación e incidencia: cambios en las políticas sociales, cambios en las políticas educativas, pero también hay un problema de convivencia que tenemos que restablecer rápidamente, y es cómo nos plantamos frente al tema de la delincuencia. Hay que terminar con esa suerte de camino de la relativización de las cosas. Se trata del principio de autoridad.

«Nosotros no vamos a desarmar a la Policía bajo ningún punto de vista. Yo digo primero que no habrá zona donde la Policía no vaya a entrar. Segundo, que no vamos a desvestir a los policías para que no los identifiquen. Tercero, que los vamos a equipar y capacitar de la mejor manera y los vamos a respaldar, y si tienen que tirar, se tendrá que tirar».

—¿Cómo se logra restablecer la convivencia?

—La autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce, y al Ministerio del Interior la Constitución le otorga la autoridad de ser el brazo armado para defender a la sociedad. Entonces esa es la tarea que nosotros ya tenemos por delante. Nosotros no podemos entrar el 2 de marzo a desplegar funciones y decirles a los delincuentes “che, paren un poquito, no cometan delitos porque estamos recién entrando” o a los presos “muchachos, no se escapen porque recién entramos”. ¡No! Tenemos que entrar a fondo y poner rápidamente quinta porque no hay tiempo para perder en el tema seguridad. Otros ministerios tendrán su tiempo para pararse en la cancha, nosotros tenemos que entrar a la cancha y patear el penal, no hay vuelta de hoja. Ese es el camino que nosotros tenemos por delante, no hay otra vuelta.

—Apenas asuma como ministro, ¿le dará órdenes precisas a los policías de no retroceder ante los delincuentes?

—Ya lo dijo el presidente de la República durante la campaña electoral y yo lo ratifico y estoy plenamente conteste con el presidente: la Policía no va a dar marcha atrás. ¡Y que no me vengan a mí con el viejo verso de que se está cultivando la represión y el enfrentamiento! Si no, ¿cuál es el camino?, ¿retroceder? El camino de tolerancia es el camino de cierta indulgencia, de que los responsables por la delincuencia poco menos que somos todos nosotros. Ese camino en buena medida nos llevó a todo esto. Empiezan con la sanata y con el verso del gatillo fácil, del gatillo duro, cuando en realidad no estamos para eso, no estamos para sacar pecho y decir “¡los vamos a pasar por arriba!” No es sacar patente de guapeza ni nada, es simplemente poner las cosas con el sentido común de la emergencia en materia de seguridad pública que hay hoy en el Uruguay. Queremos que la batalla entre la Policía y los delincuentes la gane la Policía, porque si no, pierde la gente y pierde la sociedad. Esa es la función que la gente está reclamando hoy: mano firme, mano justa.

—¿Se lo pide la gente en la calle?

—Yo lo palpo cuando me paro en los semáforos con mi vehículo y la gente me pone el pulgar para arriba, o cuando entro a un restaurante con mi señora a comer un churrasco, o cuando voy con mis amigos a un boliche a comer algo. ¡La gente nos está reclamando esto! Es lo que uno palpa, lo que uno percibe. Yo he estado prácticamente el último mes entrando y saliendo de un centro médico por un problema de salud de un familiar y ya perdí la cuenta de las centenas de personas con las que he hablado, también perdí la cuenta de la cantidad enorme de mensajes que me llegan por WhatsApp de gente que no conozco pero que me denuncia delitos, que me pide intervención. Es algo que me sucede a diario. Entonces hay una emergencia y hay que enfrentarla y por eso nosotros vamos a impulsar el tema de la ley de urgente consideración.

—¿Qué va incluir esa ley en materia de seguridad?

—Hay muchos temas. El Frente Amplio había presentado el año pasado un proyecto que ampliaba de 50 a 100 horas el 222, nosotros le vamos a agregar 20 horas más por situaciones excepcionales, por lo que podría llegar hasta 120 horas. También vamos a impulsar una cantidad de instrumentos en una batalla muy trascendente contra el narcotráfico, porque es absolutamente claro e indiscutible que somos un país de tránsito, que los países productores de droga nos han agarrado como vía de salida.

—¿Cuáles son esos instrumentos?

—Vamos a tener acciones, refuerzos del trabajo de inteligencia tanto policial como en coordinación con la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Vamos a tener la colaboración con agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la recuperación de los territorios que han sido abandonados por el Estado y la lucha contra las denominadas bocas de pasta base. Porque si la gente advierte que hay bocas de pasta base en el barrio y no se combaten, estamos generando una impunidad que no tiene retorno. Algunas de estas cosas van a estar en la ley.

—¿La ley prevé un aumento de las penas?

—Estamos estudiando algunos instrumentos procesales del CPP que han sido manejados con cierta desviación y por ello vamos a intentar el camino de restringirlos, por ejemplo, el tema de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva, porque no es ni vigilada ni intensiva. Es un instrumento que lo vamos a conversar con el Fiscal de Corte.

Jorge Larrañaga
Foto: Nicolás Der Agopián

—¿Qué otras iniciativas de seguridad están previstas?

—Vamos a darle más potestades a la Policía en cuanto a los controles en la vía pública, porque hoy tenemos que tener operativos de control de vehículos y de personas en determinados lugares que vamos a llevar adelante en forma aleatoria, contingente o permanente. Me parece que es necesario en la zona de frontera, donde queremos terminar de reglamentar la ley de guardia de frontera y tener la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de Policía. También la creación del delito de la rotura de las tobilleras electrónicas, que configuraría desacato y daño. Tenemos que crear un delito específico porque si yo como mandato judicial le pongo una tobillera y usted la rompe, usted ahora pasará a cometer un delito y tendrá que ir pa’ dentro, no hay otra solución. Y estamos analizando una disposición para que los cascos tengan la identificación de la patente que corresponda con la patente de la moto. Yo no quiero criminalizar la utilización de las motos, que además coincide con aquellas personas que tienen necesidades, pero es de público conocimiento que las motos son utilizadas por los motochorros y que en algunos casos derivan en motoasesinos. ¡Hay una cantidad de motos sin patente y eso no puede ser, no puede ser! Es el paso previo para el delito.

—¿El presidente electo le pidió disminuir los delitos en determinado porcentaje?

—No, no hemos hablado de eso. Nosotros no vamos a estar acuciados por las cifras ni vamos a hablar de cifras, porque hemos resistido una decadencia en materia de incremento de los delitos que venimos anunciando hace muchos años. No estamos levantando ningún escudo de autodefensa, somos conscientes de que aquí hay que tener resultados y vamos a pelear por esos resultados.

—¿No conseguir esos resultados será un fracaso de su gestión?

—Nosotros vamos a apuntar a la baja de los delitos, respecto a esa calificación dentro de un año hablamos. No vengamos ahora con teorías de lo que puede pasar en un año. Déjeme ponerme los zapatos, estoy en los vestuarios todavía, no es el momento de patear el penal.

«Queremos que la batalla entre la Policía y los delincuentes la gane la Policía, porque si no, pierde la gente y pierde la sociedad. Esa es la función que la gente está reclamando hoy: mano firme, mano justa».

—El director nacional de Policía, Mario Layera, afirmó que una cosa es estar en la cancha y otra verlo desde afuera.

—Yo le digo a Layera que los pingos se ven en la cancha. ¡Sí, señor, por supuesto que sí! Yo medio en broma, medio en serio, le dije en una conferencia con Bonomi que en el futuro ellos interpelen todo lo que quieran, pero que la primera parte de la interpelación va a comenzar con los 15 años de fracaso del Frente Amplio en materia de seguridad pública. Esta es la realidad, no me pongo un escudo para justificar nada ni estoy anticipadamente levantando la guardia. Después de haber sido 15 años responsables de una pronunciada y durísima caída en seguridad, ¿de qué hablan?

—¿Pero usted es consciente de que va a encontrarse con una situación y un ministerio complejo?

—Por supuesto, yo tengo una tarea y tengo que enfrentar esa tarea, que además para mí supone hasta un cambio de forma de vida, familiar, en el plano personal. Tengo hasta que empezar a ver el tema de la custodia, de analizar también la preocupación por la propia familia. Pero tenemos que dar vuelta la pisada en este tema y tenemos que enfrentar la delincuencia. Yo cuando agarre esta changa, la gente más cercana y la que más me quiere me dijo que estaba loco, ¡todavía me lo dicen! Y yo enseguida contestaba que después de 12 años criticando las políticas de seguridad del gobierno y después de que el presidente me ofreciera esta changa, no podía echar para atrás. No podía, porque la fragilización de las democracias está en la responsabilidad de los políticos que viven orejeando.

—¿Políticamente no es conveniente ser ministro del Interior?

—Yo si hubiera hecho una especulación política, seguramente no hubiera estado en esta posición. Pero es en donde me tocó jugar. Mi destino poco me importa, lo que me importa es que yo pueda tener el mayor de los éxitos para la sociedad y para el país. Lo que pase con el destino político de Jorge Larrañaga a mí, en lo personal, es algo que no me preocupa. Estoy empeñado en llevar adelante esta tarea de la mejor manera porque esto no da para más. Estoy convencido de que este es el trabajo que debo enfrentar, siendo consciente de que la mano es durísima, que la tarea es enorme, siendo sabedor de que los pronósticos son agoreros, pero estoy absolutamente tranquilo, convencido de que es el trabajo que debo hacer, porque alguien tiene que hacerlo.

Jorge Larrañaga

Foto: Nicolás Der Agopián

—¿Va a integrar a su equipo a jerarcas del ministerio actual?

—Vamos a elegir o procurar elegir a la mejor gente. Hemos hablado con el presidente sobre la designación de Diego Fernández como director nacional de la Policía y de Erode Ruíz como jefe de Policía de Montevideo. Ruiz fue, por ejemplo, jefe de Policía de gobiernos del Frente Amplio en Maldonado, en Canelones y en Lavalleja. Como director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) hemos hablado de Luis Mendoza, actual jefe de Policía de Paysandú. Y por ahí me quedo, todas las otras listas y nombres que andan en la vuelta son un invento.

—Más allá de los nombres, ¿qué políticas de seguridad pretende mantener?

—Nosotros vamos a mantener aquellas cosas que creamos que están en buen camino. Hay avances, nadie puede discutir los avances en materia de retribución, algunos en materia de tecnología, la parte de implementación vehicular. Siempre hay avances. Se ha incrementado de manera importante el presupuesto en materia de seguridad pública, nadie lo discute, eso es un avance, pero el tema son los resultados, y los resultados son y han sido malos.

—¿Ya tiene definido cómo será la reestructura de las comisarías?

—Vamos a hacer un estudio de las comisarías que existían en todo el país hace 15, 10 y cinco años, y las que tenemos ahora. Y vamos a hacer un relevamiento de recursos humanos en la misma cantidad de años, porque es evidente que en muchas partes del país donde había comisarías ahora hay taperas y en otras comisarías de tiempo completo ahora hay comisarías part time. Esto no excluye el tema PADO, el patrullaje, la disposición de los recursos humanos en el territorio, el uso de las cámaras de videovigilancia, porque hoy en el mundo hay cámaras que permiten fotografiar y emitir avisos de alertas de personas en situación sospechosa, en situación de merodeo. Eso es inteligencia, es tecnología, es trabajo para prevenir, para disuadir y también cuando llegue el caso reprimir. Porque no hay vuelta, si hay que reprimir, hay que reprimir, y al que no le guste la palabra se la va a tener que tragar porque es la tarea que me encomiendan a mí como ministro del Interior.

“Las cárceles me dan vergüenza”

Aunque Uruguay logró el año pasado terminar con el hacinamiento del sistema carcelario, las más de 11.500 personas que están hoy privadas de libertad transforman este problema en una amenaza continua. Al igual que autoridades policiales del actual gobierno, como la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, el próximo ministro del Interior, Jorge Larrañaga, considera que a mediano y largo plazo el sistema solo debe albergar cárceles de menor tamaño.

“Hoy la línea en el mundo son los establecimientos carcelarios que no son superiores a los 500, los 600 presos, no son estas megacárceles inmanejables”, dijo a Búsqueda sobre la Unidad Nº4 de Santiago Vázquez, que aloja a alrededor de 3.500 reclusos, y el Penal de Libertad, que tiene un número similar.

“Las cárceles a mí me dan vergüenza como ser humano y como político. Veremos en el marco del INR de qué manera se puede trabajar para solucionar esta situación extremadamente compleja que hay en esas cárceles y en las de Canelones y Maldonado”, señaló Larrañaga.

Por lo pronto, el programa del gobierno multicolor prevé la construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad. Además, el miércoles 22 Larrañaga se reunió con el futuro titular del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Bartol, para que le brinde su posición sobre cómo debe ser la rehabilitación de presos.

Fuente: Entrevista de Juan Pittaluga y Guillermo Draper para Búsqueda

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